CSJ - AP3576-2022(59945)

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS Magistrado ponente AP3576-2022 Radicación n° 59945 Aprobado según acta n° 183 Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintidós (2022).

I. ASUNTO

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL, contra el auto de 4 de febrero de 2021, mediante el cual la Sala Especial de Primera Instancia resolvió las solicitudes probatorias presentadas por los sujetos procesales y la petición de nulidad invocada por la defensa.

Segunda Instancia No. 59945 CUI 11001024800020190000402

JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL

II. HECHOS

2. De acuerdo con lo expresado por la Fiscalía en la resolución de acusación, JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL, como Gobernador del Departamento de Arauca, el 30 de diciembre de 2005, suscribió el contrato No. 814 con el señor Onésimo Javier Díaz Macualo, por valor de $59.232.000, para la interventoría del Convenio No. 695 denominado “Implementación de la cátedra regional en las unidades educativas del departamento de Arauca”, sin que se hubiesen elaborado los estudios previos de conveniencia y necesidad.

III. ANTECEDENTES PROCESALES

3. En el proceso seguido en contra de José Rafael Zúñiga Castañeda, Secretario de Educación Departamental de Arauca, entre otros; la Fiscalía ordenó compulsar copias con el fin de que se investigaran las

presuntas irregularidades en que pudo incurrir JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL, en la celebración del contrato 814 de 20051. En razón de lo anterior, la Fiscalía Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución de 1 Cuaderno original No. 2 de la Fiscalía, fl. 239. 2 Segunda Instancia No. 59945 CUI 11001024800020190000402 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL 3 de octubre de 2017, abrió la instrucción penal en su contra2.

4. El 22 de mayo de 20183, el indiciado fue escuchado en indagatoria por la posible comisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; y el 16 de agosto de 2018, al resolver su situación jurídica, la Fiscalía se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento4.

5. Clausurado el ciclo instructivo5, el 19 de noviembre de 20186 se profirió resolución de acusación en contra de ACOSTA BERNAL, como presunto autor de la referida conducta punible contra la administración pública, tipificada en el artículo 410 de la Ley 599 de 20007. Ante el recurso de reposición interpuesto por la delegada del Ministerio Público contra esta decisión, se confirmó y cobró ejecutoria el 10 de diciembre siguiente8.

6. Corrido el traslado de que trata el artículo 400 de la Ley 600 de 20009, la Sala Especial de Primera Instancia,

2 Cuaderno original No. 3 de la Fiscalía, fs. 77-82. 3 Cuaderno original No. 3 de la Fiscalía, fs. 274 y 275.

4 Cuaderno original No. 4 de la Fiscalía, fs. 60-67. 5 Cuaderno original No. 4 de la Fiscalía, fl. 93. 6 Cuaderno original No. 4 de la Fiscalía, fs. 173-183. 7 Sin ninguna modificación. Su texto original establece lo siguiente: “El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años”. 8 Cuaderno original No. 4 de la Fiscalía, fs. 226-231. 9 “ARTÍCULO 400. APERTURA A JUICIO. Con la ejecutoria de la resolución de acusación comienza la etapa del juicio y adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el Fiscal General de la Nación o su delegado la calidad de sujeto procesal. Al día siguiente de recibido el 3 Segunda Instancia No. 59945 CUI 11001024800020190000402 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL mediante auto de 4 de febrero de 2021, se pronunció sobre las solicitudes probatorias presentadas por los sujetos procesales y la petición de nulidad invocada por la defensa10. Contra esta determinación el apoderado de JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL interpuso recurso de reposición, como principal, y el de apelación en subsidio.

7. El 8 de julio de 2021, la Sala de Primera Instancia de esta Corporación no repuso la decisión impugnada y concedió la alzada en el efecto diferido11.

8. El 28 de julio de 2021, el expediente fue repartido al Despacho de la Magistrada Myriam Ávila Roldán; no obstante, ante su manifestación de impedimento para conocer de este asunto, en auto de 18 de mayo de 2022

(AP2038), se declaró fundado el mismo.

IV. LA DECISIÓN IMPUGNADA

9. La Sala Especial de Primera Instancia se pronunció sobre las nulidades planteadas por el apoderado de JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL y respecto de las peticiones probatorias de los sujetos procesales; sin embargo, para proceso por secretaría se pasarán las copias del expediente al despacho y el original quedará a disposición común de los sujetos procesales por el término de quince (15) días hábiles, para preparar las audiencias preparatoria y pública, solicitar las nulidades originadas en la etapa de la investigación y las pruebas que sean procedentes”.

10 Cuaderno original No. 1 de la Sala Especial de Primera Instancia, fs. 77-121. 11 Cuaderno original No. 1 de la Sala Especial de Primera Instancia, fs. 158-174. 4 Segunda Instancia No. 59945 CUI 11001024800020190000402 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL los efectos de este auto, solo se relacionarán aquellos puntos que son objeto de impugnación, así: De las nulidades

10. En primer lugar, no se decretó la ineficacia de lo

actuado desde la decisión adoptada el 23 de mayo de 2018 por el Fiscal Segundo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la cual, comisionó al Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Arauca para que recepcionara las declaraciones de Carlos Eduardo Pinilla Ruiz, Carlos Augusto Rincón y Martha Rocío Vivas Mejía12. Lo anterior, debido a que el defensor no mencionó de qué manera se afectaron los derechos del procesado al no ser notificado de la misma ni cómo esa presunta irregularidad incidió en la calificación del sumario. Aunado a ello, se resaltó que, no es dable acceder a la pretensión de nulidad, ante el manifiesto conocimiento que tenía el defensor de la actuación, por lo que, en los términos del artículo 37 -numeral 1º-13 de la Ley 1123 de 2007 (Código Disciplinario del Abogado), le asistía el deber de estar pendiente del proceso. 12 Carlos Eduardo Pinilla Ruiz, Carlos Augusto Rincón y Martha Rocío Vivas Mejía se desempeñaron como Secretario de Educación, Asesor Jurídico y Coordinadora de Proyectos de la Secretaría de Educación del Departamento de Arauca, respectivamente. 13 “ARTÍCULO 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional: 1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas. (…)”. 5 Segunda Instancia No. 59945 CUI 11001024800020190000402

JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL

11. De igual forma, la Sala Especial de Primera

Instancia consideró que, como la Fiscalía está en la obligación de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable para el implicado14, en los cuestionarios remitidos al despacho comisionado para la práctica de las declaraciones de Carlos Eduardo Pinilla Ruiz, Carlos Augusto Rincón Jiménez y Martha Rocío Vivas Mejía, se evidencia esa rigurosidad para obtener objetivamente toda la información posible de los testigos; esto es, tanto lo que beneficia como lo que afecta a ACOSTA BERNAL. Además, recordó al defensor que el principio de contradicción no fue desconocido, por cuanto la protección de esta garantía no está dada únicamente por la posibilidad de interrogar a un testigo, sino que dicho postulado también se puede ejercer solicitando pruebas, confrontándolas entre sí o con otros medios de convicción y recurriendo las decisiones que les sean desfavorables.

12. En lo concerniente a la imposibilidad de recaudar el testimonio de Carlos Augusto Rincón Jiménez (Asesor Jurídico del Departamento de Arauca para la fecha de los hechos), la primera instancia estimó que el defensor faltó a la verdad, en la medida en que dicha prueba sí fue decretada, solo que, las comunicaciones enviadas para ese efecto resultaron infructuosas, pues la Gobernación de Arauca informó que éste ya no laboraba allí; y, respecto de la remitida a la dirección registrada en su hoja de vida, la 14 Artículo 20 de la Ley 600 de 2000. “El funcionario judicial tiene la obligación de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable a los intereses del imputado”.

6 Segunda Instancia No. 59945

CUI 11001024800020190000402 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL empresa de correo 472 la devolvió por la causal “No Reside”. Es decir, si no se le escuchó fue por causas ajenas al ente investigador. Así mismo, se estableció que, en el traslado del artículo 400 de la Ley 600 de 2000, el defensor pidió el testimonio de Carlos Augusto Rincón Jiménez, por lo que, conforme con las previsiones del artículo 310 -numeral 5º- del estatuto referenciado15, cuenta con otro medio idóneo capaz de superar la presunta irregularidad alegadaprincipio de residualidad de las nulidades-.

13. En torno al alegato defensivo, consistente en que no pudo acceder a la declaración de Onésimo Javier Díaz Macualo, se estimó que ese argumento carece de soporte probatorio, toda vez que lo que demuestra el expediente es que el Fiscal Segundo Delegado siempre estuvo receptivo y dispuesto a atender las solicitudes de copias presentadas por el defensor.

14. En segundo lugar, para la Sala Especial de Primera Instancia no se desconoció el debido proceso por ausencia de motivación de la resolución de acusación, en atención a que el mismo apoderado de ACOSTA BERNAL reconoció que la Fiscalía tuvo en cuenta sus argumentos en procura de los intereses del procesado, solo que “no los compartió”. 15 “ARTÍCULO 310. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA DECLARATORIA DE LAS NULIDADES Y SU CONVALIDACIÓN. (…) 5. Sólo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para

subsanar la irregularidad sustancial”. 7 Segunda Instancia No. 59945 CUI 11001024800020190000402 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL Igualmente, advirtió que se cumplieron los requisitos previstos en los artículos 39716 y 39817 de la Ley 600 de 2000, para convocar a juicio a JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL como presunto autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por lo que carece de sustento la nulidad deprecada. De la petición probatoria

15. Se inadmitió la prueba documental solicitada por la representante del Ministerio Público, relacionada con la copia de las decisiones de fondo proferidas dentro del proceso adelantado en contra de José Rafael Zúñiga Castañeda, quien, en su condición de Secretario de Educación del Departamento de Arauca, junto con JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL, suscribieron el contrato de interventoría No. 814 de 2005.

16. En criterio de la Sala Especial de Primera Instancia, y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia18, las decisiones de otros 16 “ARTÍCULO 397. REQUISITOS SUSTANCIALES DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN. El Fiscal General de la Nación o su delegado dictarán resolución de acusación cuando esté demostrada la ocurrencia del hecho y exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que señale la responsabilidad del sindicado”. 17 “ARTÍCULO 398. REQUISITOS FORMALES DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN. La resolución de

acusación tiene carácter interlocutorio y debe contener: 1. La narración sucinta de la conducta investigada, con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que la especifiquen. 2. La indicación y evaluación de las pruebas allegadas a la investigación. 3. La calificación jurídica provisional. 4. Las razones por las cuales comparte o no, los alegatos de los sujetos procesales”. 18 CSJ. SP, 15 mar. 2017, rad. 46788, citada en CSJ SP, 8 ag. 2018, rad. 53054; AEP 00029-2019, 4 mar. 2019, rad. 51630; AEP 007-2020, 6 febr. 2020, rad. 50647 y AP 503-2020, 19 febr. 2020, rad. 55697. 8 Segunda Instancia No. 59945 CUI 11001024800020190000402 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL funcionarios judiciales respecto de los hechos a que alude el proceso penal no constituyen tema de prueba, si se tiene en cuenta que, por un lado, la labor del juzgador es resolver de manera autónoma e independiente el asunto sometido a su conocimiento; y, por otro, la responsabilidad penal es individual.

V. EL RECURSO DE APELACIÓN

17. La inconformidad del defensor de JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL radica en los siguientes aspectos: De la nulidad

18. En sentir del censor, contrario a lo establecido en el auto impugnado, sí determinó en qué consistió la vulneración de las garantías del procesado; esto es, que se le impidió interrogar a Carlos Eduardo Pinilla Ruiz, Carlos

Augusto Rincón Jiménez y a Martha Rocío Vivas Mejía, en atención a que a él (abogado) no le fue notificada la decisión de 23 de mayo de 2018, que dispuso la recepción de sus declaraciones. De ese modo, afirmó que no fue enterado de esa actuación, en contravía de lo señalado en los artículos 169 9 Segunda Instancia No. 59945 CUI 11001024800020190000402 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL -numeral 4-19 y 17620 de la Ley 600 de 2000, que ordenan la notificación de las resoluciones de carácter interlocutorio emitidas por la fiscalía, como lo es, la decisión que resuelve sobre unas pruebas. Por ello, alegó que no es viable acudir al deber que le asiste a la defensa de estar atento del proceso, porque quien incumplió sus funciones fue el ente acusador; pretendiendo la primera instancia que tuviera conocimiento de una actuación que no le fue comunicada.

19. Insistió en que no ejerció el derecho de defensa interrogando a los testigos convocados por el ente investigador, entre ellos, a Onésimo Javier Díaz Macualo; motivo por el que dicha prueba es nula de pleno derecho, ya que fue obtenida con violación del debido proceso; máxime, que no se le permitió obtener copia de la misma.

20. Igualmente, reprochó el hecho de que no se le haya informado sobre la dificultad para recaudar la declaración de Carlos Augusto Rincón Jiménez (Asesor 19 “ARTÍCULO 169. CLASIFICACIÓN. Las providencias que se dicten en la actuación se

denominarán resoluciones, autos y sentencias y se clasifican así: (…) 4. Resoluciones, si las profiere el fiscal. Estas podrán ser interlocutorias o de sustanciación”. 20 “ARTÍCULO 176. PROVIDENCIAS QUE DEBEN NOTIFICARSE. Además de las señaladas expresamente en otras disposiciones, se notificarán las sentencias, las providencias interlocutorias y las siguientes providencias de sustanciación: la que suspende la investigación previa, la que pone en conocimiento de los sujetos procesales o el dictamen de peritos, la que declara cerrada la investigación, la que ordena la práctica de pruebas en el juicio, la que señala día y hora para la celebración de la audiencia pública, la que declara desierto el recurso de apelación, la que deniega el recurso de apelación, la que declara extemporánea la presentación de la demanda de casación, la que admite la acción de revisión. En segunda instancia se notificarán las siguientes providencias: la que decreta la prescripción de la acción o de la pena cuando ello no haya sido objeto del recurso, la que imponga la medida de aseguramiento y la que profiera resolución de acusación. Las providencias de sustanciación no enunciadas o no previstas de manera especial serán de cumplimiento inmediato y contra ella no procede recurso alguno”. 10 Segunda Instancia No. 59945 CUI 11001024800020190000402 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL Jurídico del Departamento de Arauca); pues “nuestro deber era colaborar con la administración de justicia para ubicarlo”.

21. En lo concerniente a la invalidez de la resolución

de acusación proferida en contra de MUÑOZ LOPERA, el recurrente afirmó que su cuestionamiento no está dirigido al incumplimiento de los prepuestos legales para calificar el mérito del sumario; sino, en razón a que no contó con la posibilidad de presentar argumentos defensivos. De la prueba inadmitida

22. El impugnante refirió que la primera instancia se equivocó cuando inadmitió la incorporación de las copias de las decisiones de fondo proferidas en el proceso adelantado en contra de José Rafael Zúñiga Castañeda

(Secretario de Educación del Departamento de Arauca), por cuanto en el sistema procedimental penal, establecido en la Ley 600 de 2000, es procedente la prueba trasladada.

23. A través de memorial de 14 de julio de 202121, el censor invocó lo dispuesto en el artículo 194 -inciso 4º- de la Ley 600 de 200022. En consecuencia, adicionó su impugnación y alegó que la Sala Especial de Primera Instancia interpretó erradamente los artículos 169 y 176

21 Cuaderno original No. 2 de la Sala Especial de Primera Instancia, fs. 215-220. 22 “ARTÍCULO 194. SUSTENTACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN. (…) Cuando se interponga como principal el recurso de reposición y subsidiario el de apelación, negada la reposición y concedida la apelación, el proceso quedará a disposición de los sujetos procesales en traslado común por el término de tres (3) días, para que, sí lo consideran conveniente, adicionen los argumentos presentados, vencidos los cuales se enviará en forma

inmediata la actuación al superior”. 11 Segunda Instancia No. 59945 CUI 11001024800020190000402 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL de la Ley 600 de 2000, como quiera que, al tratarse de una resolución interlocutoria la emitida el 23 de mayo de 2018, la Fiscalía Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia debió notificarla, sin que así haya procedido; lo que conlleva a la anulación de la actuación desde ese momento procesal.

VI. INTERVENCIÓN DE LOS NO RECURRENTES

24. La Fiscal Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, de forma principal, solicitó se declare desierto la impugnación de la defensa, en la medida en que no refutó las consideraciones de la primera instancia, sino que se limitó a repetir y completar las razones por la que considera deben prosperar sus pretensiones.

Subsidiariamente, peticionó se confirmó el auto recurrido. En su criterio, el apoderado de ACOSTA BERNAL, al deprecar la nulidad, desconoció los principios de trascendencia y residualidad que gobiernan la ineficacia de los actos procesales; y, además, la prueba solicita es abiertamente impertinente.

25. El representante del Ministerio Público y el apoderado de la Gobernación de Arauca (parte civil) manifestaron no tener observaciones por realizar.

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JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL

VII. CONSIDERACIONES

26. De acuerdo con el numeral 6° del artículo 235 de

la Constitución Política, modificado por el artículo 3º del Acto Legislativo 01 de 201823, la Sala de Casación Penal es competente para proferir esta decisión, en tanto que el auto recurrido fue emitido por la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporación. Esta facultad se circunscribe a los asuntos objeto de impugnación, pudiendo extenderse únicamente a aquellos que resulten inescindiblemente vinculados a los mismos, conforme al principio de limitación (artículo 204 de la Ley 600 de 200024). Cuestión preliminar

27. Previo a abordar el estudio de la alzada, la Corte debe indicar que le asiste razón a la Sala Especial de Primera Instancia al conceder el recurso, pese a la petición de la Fiscal Delegada de que se declare desierto por indebida o insuficiente sustentación. 23 “ARTÍCULO 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: (…) 6. Resolver, a través de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas por la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”. 24 “ARTÍCULO 204. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. En la apelación, la decisión del superior se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación

(…)”. 13 Segunda Instancia No. 59945 CUI 11001024800020190000402 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL En efecto, como pacíficamente lo ha sostenido esta

Colegiatura25, basta una exposición en la que el recurrente manifieste los argumentos fácticos, jurídicos y/o probatorios de discrepancia con la decisión judicial, ya que la norma procesal no impone solemnidades ni formalidades determinadas para el cumplimiento de tal obligación. Por ello, habilitada se encuentra la Sala para examinar el auto impugnado, en tanto el defensor apelante cuestionó la manera como la primera instancia interpretó los artículos 169 y 176 de la Ley 600 de 2000, para arribar a la conclusión de que no fueron desconocidas las garantías fundamentales del procesado, discrepancia que constituye el aspecto medular del recurso de alzada. Caso concreto

28. Delimitada la atribución que le asiste a la Corte Suprema de Justicia en este asunto, corresponde examinar primero, según el principio de prioridad, el tema de las nulidades planteadas por el impugnante, en el entendido que de tener eco sus argumentaciones, no habría lugar a realizar pronunciamiento diferente al de acceder a su pretensión invalidatoria.

De las nulidades

25 CSJ AP2391-2015, SP973-2019, SP709-2019, SP708–2019 y AP2862-2021.

14 Segunda Instancia No. 59945 CUI 11001024800020190000402

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29. Para declarar la ineficacia de lo actuado, es necesario acreditar, conforme el principio de taxatividad26, la irregularidad sustancial que afecta el proceso; determinar la forma en que rompe su estructura o afecta las garantías de los sujetos procesales, y la fase en la que

se produjo. Dicha fundamentación debe obedecer a los principios que gobiernan las nulidades, establecidos en el artículo 310 de la Ley 600 de 2000, que son, “los de convalidación27, protección28, instrumentalidad de las formas29, trascendencia30 y residualidad31, pues si se avizora que el defecto denunciado no logra afectar en grado sumo el desarrollo de la actuación, ni alterar lo decidido en el fallo censurado, no hay lugar a decretarlo”32. Nulidad por violación al derecho de defensa

30. Esta garantía fundamental autónoma está ligada inescindiblemente al debido proceso, el cual permite salvaguardar otras prerrogativas esenciales, como la contradicción33. 26 Las únicas nulidades objeto de alegación son las expresamente consagradas en la ley. 27 Las irregularidades pueden convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado. 28 El sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuración del vicio, no lo puede alegar, salvo que se trate de ausencia de defensa técnica. 29 Como las formas no son un fin en sí mismo, siempre que se cumpla con el propósito que la regla de procedimiento pretendía proteger, no habrá lugar a la declaración de la nulidad. 30 La magnitud del defecto debe tener incidencia en el sentido de justicia incorporado a la sentencia. 31 La declaratoria de nulidad debe ser el único remedio procesal para superar el yerro detectado. 32 CSJ SP4124-2020, 28 oct. 2020, rad. 55056. 33 Corte Constitucional, sentencia T-436 de 1992.

15

Segunda Instancia No. 59945 CUI 11001024800020190000402 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL Así, en cumplimiento del mandato del artículo 29 de la Constitución Política (debido proceso), en la Ley 600 de 2000 se regularon varios mecanismos idóneos y eficaces para ejercer a cabalidad el derecho de defensa dentro del proceso penal, a favor de quien haya sido objeto de una incriminación delictiva, como la posibilidad de pedir al funcionario instructor que le reciba versión libre o indagatoria, impetrar nulidades, solicitar pruebas, ejercer el contrainterrogatorio frente a las de carácter testimonial de cargo e interponer los recursos ordinarios o el extraordinario de casación. Para esta Corporación, “todas estas herramientas procesales garantizan que el ejercicio del derecho de defensa, en el marco de la persecución penal, de naturaleza en esencia desigual, sea una realidad, facilitándole al ciudadano repeler, en condiciones de semejanza, el ataque frontal del Estado y salvaguardar su presunción de inocencia como prerrogativa mínima orientada a afianzar el derecho a la libertad” 34.

31. Ahora, entre tales instrumentos, cobra especial importancia el de notificación de las providencias, como quiera que solo cuando las partes e intervinientes conocen lo decidido por la autoridad encargada de definir el asunto, se habilita la oportunidad efectiva e idónea de que elaboren la estrategia más acorde a sus intereses o muestren su inconformidad mediante los recursos de ley. 34 CSJ SP17467-2016, 30 nov. 2016, rad. 43941.

16 Segunda Instancia No. 59945 CUI 11001024800020190000402 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL Sobre ese acto de notificación, la Corte Constitucional35 se ha ocupado de resaltar su relevancia sustancial, en la medida en que, (…) su realización no es solo una formalidad. La notificación adquiere trascendencia constitucional en la medida en que este acto procesal permite a la persona adquirir conocimiento de las decisiones que le conciernen y establecer el momento exacto en que empiezan a correr los términos procesales, de modo que se convierte en presupuesto para ejercer los derechos de defensa y contradicción en todas las jurisdicciones36. (…) En materia penal, la Corte ha dicho que las notificaciones adquieren especial importancia por cuanto un proceso indebidamente notificado puede culminar en la condena judicial de un ciudadano, en la pérdida de la presunción de inocencia, y en la obligación de soportar el ejercicio del poder sancionador del Estado, que le impone límites al goce de sus derechos fundamentales a la libertad de locomoción, la libertad personal, etc., por un espacio considerable de tiempo37. Igualmente, para la Sala de Casación Penal38: 35 Corte Constitucional, T-1049-2012. 36 Ver, entre otras, la sentencia C-648/01 M.P Marco Gerardo Monroy Cabra. 37 Ver sentencias T-211/09 M.P Luis Ernesto Vargas Silva y T-1123/03 M.P Álvaro Tafur Galvis. 38 CSJ SP, 10 mar. 2010, rad. 30.361. 17 Segunda Instancia No. 59945

CUI 11001024800020190000402 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL (…) la notificación se erige como acto procesal de suma importancia dentro de las actuaciones judiciales, en claro sustento del debido proceso y del derecho de defensa, en la medida en que ese acto de comunicación señala, incluso, el inicio de los términos legales que corren desde el día siguiente al de la notificación. Se sabe que a partir de las notificaciones se determina la efectividad y ejecutoria de las decisiones judiciales. Si las partes dentro de los términos legales no hacen valer los recursos de ley, a pesar de haberse enterado de las decisiones, o habiendo ejercido el derecho a controvertir omiten manifestar en qué consiste su desacuerdo, la providencia queda en firme, sin que en su contra proceda medio de impugnación ninguno.

32. En este caso, de acuerdo con los anteriores derroteros, se debe establecer si, según lo alegado por el censor, el derecho a la defensa de JULIO ENRIQUE ACSOTA BERNAL fue vulnerado, debido a que el Fiscal Segundo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia no notificó la resolución que profirió el 23 de mayo de 2018, por medio de la cual, comisionó al Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Arauca para que recepcionara las

declaraciones de Carlos Eduardo Pinilla Ruiz, Carlos Augusto Rincón y Martha Rocío Vivas Mejía39. 39 Carlos Eduardo Pinilla Ruiz, Carlos Augusto Rincón y Martha Rocío Vivas Mejía se desempeñaron como Secretario de Educación, Asesor Jurídico y Coordinadora de Proyectos de la Secretaría de Educación del Departamento de Arauca, respectivamente.

18 Segunda Instancia No. 59945 CUI 11001024800020190000402 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL Para ese propósito, es necesario acudir al artículo 169 de la Ley 600 de 200040, que clasifica las providencias que se dictan en la actuación en resoluciones, autos y sentencias. Las primeras, son aquellas emitidas por la fiscalía y pueden ser interlocutorias, esto es, si resuelven algún incidente o aspecto sustancial; o, de sustanciación, si se limitan a disponer cualquier otro trámite de los que la ley establece para dar curso a la actuación o evitan su entorpecimiento. A su vez, la citada norma debe integrarse con el artículo 176 del mismo estatuto procedimental (Ley 600 de 2000), que precisa cuáles son las decisiones que deben ser notificadas, así: ARTÍCULO 176. PROVIDENCIAS QUE DEBEN NOTIFICARSE. Además de las señaladas expresamente en otras disposiciones, se notificarán las sentencias, las providencias interlocutorias y las siguientes providencias de sustanciación: la que suspende la investigación previa, la que pone en conocimiento de los sujetos procesales o el dictamen de peritos, la que declara cerrada la investigación, la que ordena la práctica de pruebas en el juicio, la que señala día y hora para la celebración de la audiencia 40 “ARTÍCULO 169. CLASIFICACIÓN. Las providencias que se dicten en la actuación se denominarán resoluciones, autos y sentencias y se clasifican así: 1. Sentencias, si deciden sobre el objeto del proceso, bien en primera o segunda instancia, en virtud de la casación o de la acción

de revisión. 2. Autos interlocutorios, si resuelven algún incidente o aspecto sustancial. 3. Autos de sustanciación, si se limitan a disponer cualquier otro trámite de los que la ley establece para dar curso a la actuación o evitan el entorpecimiento de la misma. 4. Resoluciones, si las profiere el fiscal. Estas podrán ser interlocutorias o de sustanciación”. 19 Segunda Instancia No. 59945 CUI 11001024800020190000402 JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL pública, la que declara desierto el recurso de apelación, la que deniega el recurso de apelación, la que declara extemporánea la presentación de la demanda de casación, la que admite la acción de revisión. En segunda instancia se notificarán las sigu