CSJ - AP3787-2024(59090)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS

Magistrado Ponente AP3787-2024 Radicación N° 59090 Acta No. 162 San José de Cucuta, cinco (5) de julio de dos mil veinticuatro (2024).

I. ASUNTO

1. La Sala de Casación Penal decide acerca de la admisión de la demanda de casación presentada por el defensor de MICHAEL MAURICIO COTE REVELO, contra la sentencia dictada en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó la emitida en el Juzgado Cuarenta y Dos Penal del Circuito de esta ciudad, mediante la cual fue condenado como autor de lesiones personales dolosas, agravadas.

Casación N° 59090

CUI N° 11001600004920120195101

Michael Mauricio Cote Revelo

II. SÍNTESIS FÁCTICA Y PROCESAL

2. En el año 2011, en Bogotá, MICHAEL MAURICIO COTE REVELO, médico especialista en urología, valiéndose de un informe (N 143169-11) de patología alterado, hizo creer a Ana Inés Roa de Moya que padecía un tumor cancerígeno en los riñones («carcinoma renal de células claras») el cual podría extirpar él directamente sin acudir a los trámites de la EPS CAFESALUD, por la cual venía atendiéndola, y que el procedimiento tenía un costo de $14°000.000; de esa suma la citada canceló un anticipo de $8000.000.

3. Tras hacer internar a la paciente en la Clínica Navarra,

el 22 de diciembre de 2011, COTE REVELO, presuntamente, le practicó la cirugía respectiva, y días después, en enero de 2012, informó a la señora Ana Inés Roa de Montoya que para eliminar todas las células cancerígenas requería dos inyecciones especiales, cada una por valor de $1°500.000, las cuales ella canceló, y le entregó $1°000.000 adicional por concepto de abono a la “deudd” del anterior procedimiento.

4. Como Ana Inés Roa de Moya continuó con las dolencias, consultó otro especialista quien, al no encontrar en su cuerpo evidencia de la cirugía que COTE REVELO supuestamente le había practicado, le aconsejó averiguar en el «Laboratorio de Patología Especializada de Alta Tecnología — Centro de Diagnostico en Citopatología» de donde provenían los resultados, y en razón de ello se descubrió que el informe N° 143169-11, en el cual se le diagnosticaba un «carcinoma renal de células claras» no ostentaba

Casacion N° 59090

CUI N° 11001600004920120195101

Michael Mauricio Cote Revelo las caracteristicas de los emitidos por esa entidad, pues el respectivo numero coincidia con el original de un estudio practicado a José Guillermo Rueda Forero, en el que se advertia la presencia de un quiste renal «seroso simple».

5. Además, según la información reportada por la Clínica Navarra, también se determinó que allí no le practicaron a la señora Ana Inés Roa de Montoya cirugía alguna, sino «dilataciones uretrales y ecografía realizadas por COTE REVELO,

cuyos honorarios la respectiva EPS sufragó.

6. Todo lo anterior condujo a develar otro caso de características similares respecto de José Guillermo Rueda Forero, paciente atendido también por COTE REVELO a través de la EPS CAFESALUD, donde el mismo implicado, luego de unos exámenes de rutina (dos «TAG) en los que se evidenciaban unas masas benignas en sus riñones, le diagnosticó la presencia de una «masa maligna» o «cáncer renab en el riñón izquierdo, por lo que era urgente que, de manera particular, a través de él, se practicara una «cistoscopia para realizar una biopsia y luego de ello «nefrectomía parciab del riñón izquierdo, la cual ciertamente efectuó el 22 de septiembre de 2011; intervenciones por las que, no obstante que la EPS canceló los respectivos honorarios, le cobró a Rueda Forero $15°000.000; además, para mantenerlo en el engaño le presentó al citado ciudadano el informe de patología N° 143169-11 alterado en su resultado original («quiste seroso simple»), con el diagnóstico de «carcinoma renal de células claras».

7. A consecuencia del referido procedimiento médico Rueda Forero quedó con una cicatriz de 26 centímetros en el

Casacion N° 59090

CUI N° 11001600004920120195101

Michael Mauricio Cote Revelo abdomen, determinante de una secuela médico legal consistente en deformidad fisica que afecta el cuerpo de carácter permanente.

8. Con base en las denuncias presentadas por Ana Inés

Roa de Moya, José Guillermo Rueda Forero (ambos pacientes de

avanzada edad), y el patólogo, doctor Carlos Humberto Colegial Gutiérrez, cuya firma electrónica aparecía en el informe de laboratorio auténtico N 143169-11, la Fiscalía General de la Nación, el 18 de febrero de 2013, imputó a MICHAEL MAURICIO COTE REVELO los delitos de estafa agravada (en concurso), falsedad en documento privado (en concurso), y abuso de condiciones de inferioridad, con base en los artículos 246, 2476, 267-1, 289 y 251 del Código Penal, en concurrencia de las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 ibidem, numerales 2, 5 y 7, cargos a los que no se allanó y por los que, en segunda instancia, fue afectado con detención domiciliaria.

9. El 17 de junio de 2013, el órgano investigador, con base en los hechos atrás decantados, presentó escrito de acusación por las mismas conductas punibles, a las que adicionó la de lesiones personales dolosas, agravadas agotadas en José Guillermo Rueda Forero —, según los artículos 104-4, 111, 113-2 y 119 de la Ley 599 de 2000, pliego de cargos formalizado el 21 de enero de 2014 en audiencia pública ante el Juez Cuarenta y

Dos Penal del Circuito de Bogotá.

10. Durante la fase de juzgamiento, debido al tortuoso desarrollo de la audiencia preparatoria, el 27 de febrero de 2018, al instalar el juicio oral, el funcionario de conocimiento

Casacion N° 59090

CUI N° 11001600004920120195101

Michael Mauricio Cote Revelo declaró la extinción de la acción penal por prescripción respecto de los delitos de falsedad en documento privado y abuso de condiciones de inferioridad; y tras concluir el debate probatorio, el 3 de mayo de 2019 el cognoscente anunció sentido de fallo condenatorio por los delitos de estafa agravada, en concurso, y lesiones personales dolosas agravadas, y corrió traslado a las partes para efectos del artículo 477 de la Ley 906 de 2004, actuación que quedó pendiente concluir.

11. Después de varios aplazamientos, en sesión de 20 de septiembre de 2019, las víctimas del delito de estafa indicaron que habían sido reparadas de manera integral, y se concluyó el trámite del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal.

Luego, el 11 de octubre de 2019, el juez dictó la sentencia de rigor, en la cual dispuso la extinción de la acción penal por reparación integral frente a los punibles de estafa, y declaró al acusado autor responsable de lesiones personales dolosas agravadas, por cuya virtud le impuso las penas principales de cuarenta y ocho (48) meses de prisión y multa equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes, así como las accesorias de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio, ambas por un tiempo igual al de la sanción privativa de la libertad.

12. Del expresado fallo apeló la defensa del condenado, y mediante decisión del 5 de febrero de 2020, la Sala Penal del

Tribunal Superior de Bogotá la confirmó en su integridad, y dispuso «aclaran el respectivo pronunciamiento en cuanto la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, Casacion N° 59090

CUI N° 11001600004920120195101

Michael Mauricio Cote Revelo industria o comercio, porque, según la lectura del juez plural, el a-quo olvidó especificar que se concretaba al desempeño de la profesión de médico, y consecuente con ello ordenó oficiar a las autoridades concernidas con el ejercicio de la misma.

III. LA DEMANDA

13. Contra la sentencia de segundo grado la defensa, en tiempo, interpuso y sustentó el recurso extraordinario de casación, inconformidad que expuso en seis cargos, cuyo fundamento se concreta como sigue: 13.1. Como cargo principal y con apoyo en el artículo 181, numeral 2, de la Ley 906 de 2004, adujo la falta de congruencia entre los cargos expresados en la imputación y los delitos por los cuales se emitió condena, ya que en la audiencia inaugural no se incluyó el delito de lesiones personales con deformidad fisica de carácter permanente ni la circunstancia de agravación punitiva por las que se materializó la condena. 13.2. Agregó que en la imputación y en la acusación, no se mencionó que las lesiones personales estuvieran referidas a la cicatriz que quedó en el cuerpo de José Guillermo Rueda Forero tras la intervención médica que le fue practicada por su representado, pues en la primera diligencia apenas se mencionó que se puso en riesgo su vida por ese procedimiento, mientras

en la segunda el fiscal se limitó a adicionar la calificación jurídica de la conducta, sin especificar el resultado ni establecer Casacion N° 59090

CUI N° 11001600004920120195101

Michael Mauricio Cote Revelo una conexion clara entre los hechos imputados y los que constituyen el tipo penal, razones por las que entiende el censor que en este asunto se vulneró el debido proceso por desconocimiento del artículo 448 de la Ley 906 de 2004. 13.3. Con apoyo en igual motivo extraordinario, adujo un primer cargo subsidiario por desconocimiento de la prohibición de doble incriminación, prevista en el artículo 8° de la Ley 599 de 2000, habida cuenta que a lo largo de la actuación se tuvo en cuenta por los funcionarios varias veces una misma circunstancia, cual fue el incremento patrimonial obtenido por el procesado, considerado como constitutivo del delito de estafa, como agravante del delito de lesiones personales, y como circunstancia de mayor punibilidad respecto de esa misma hipótesis punible, por la que en últimas se produjo condena. 13.4. Precisó que si las lesiones personales fueron atribuidas en modalidad agravada, con sujeción al artículo 119 del Código Penal, en armonía con el 104, numeral 4, del mismo ordenamiento, el cual hace referencia a que la conducta se cometa «por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o cualquier otro motivo abyecto o fútib, no podía a la vez considerarse en la acusación la circunstancia genérica prevista en el artículo 58, numeral 2°, de la Ley 599 de 2000, que hace referencia exactamente al mismo supuesto fáctico, y a la vez considerar

que ese aspecto tipifica el delito de estafa agravada. 13.5. Como segundo cargo subsidiario, con sustento en el artículo 181, numeral 3°, de la Ley 906 de 2004, denunció la configuración de falsos juicios de identidad en la valoración de Casacion N° 59090

CUI N° 11001600004920120195101

Michael Mauricio Cote Revelo los testimonios de: (i) Juan Guillermo Cataño —urólogo—; (ii) Carlos Humberto Colegial Gutiérrez —patólogo—; (iii) Alvaro Enrique Martínez Munévar —radiólogo—; y (iv) Fabiola Jiménez Ramos —forense—, con base en los cuales el censor considera que, según los fragmentos que transcribió de esos testimonios, al contrario de lo concluido por los juzgadores, la intervención quirúrgica practicada a José Guillermo Rueda Forero si era viable y, en consecuencia, el obrar reprochado no se adecuaría al tipo penal enrostrado. 13.6. Alegó un tercer cargo subsidiario con base en el citado artículo 181, numeral 3”, de la Ley 906 de 2004, bajo cuyo amparo sostuvo la configuración de un falso raciocinio por desconocimiento del principio de razón suficiente, porque según las declaraciones de los galenos referidas en el anterior cargo, todas coinciden en que «con los diagnósticos reales practicados al paciente [José Guillermo Rueda Forero) los dias 10 de junio y 28 de julio de 2011, y que informaban la existencia de un quiste complejo Bosniak IL, era perfectamente posible realizar el procedimiento quirúrgico» que

le fue practicado; es decir que «al lado de la hipótesis de condena, coexiste una igualmente plausible que da cuenta de lo contrario», y por tanto hay duda razonable frente a la responsabilidad del enjuiciado, deviniendo ello en vulneración de su presunción de inocencia, motivo por el que, concluye el censor, se debe casar la sentencia recurrida y absolver al procesado. 13.7. Como cuarto cargo subsidiario, con apoyo en el artículo 181, numeral 1°, de la Ley 906 de 2004, denunció la violación directa de la ley sustancial, por desconocimiento de la prohibición de reforma en peor, dado que el Tribunal, so Casacion N° 59090

CUI N° 11001600004920120195101

Michael Mauricio Cote Revelo pretexto de aclarar el fallo de primera instancia, lo adicionó con aspectos que agravan la situación del procesado, al disponer que la sanción accesoria de inhabilidad para el ejercicio de la profesión, arte, oficio o comercio, irrogada en primera instancia, lo era respecto de la profesión de médico del acusado y, en consecuencia, ordenar, para hacerla efectiva, oficiar a las autoridades que ejercen control sobre la misma, pese a que tal aspecto fue pretermitido por el juzgador, la omisión no fue impugnada por parte alguna con interés y, por tanto, el fallador de segundo grado carecía de competencia para adoptar esa decisión, pues la naturaleza de la misma escapa a las materias previstas en las normas procesales sobre adición y aclaración de autos y sentencias. 13.8. Finalmente, con soporte, también, en el artículo

181, numeral 1°, de la Ley 906 de 2004, en un quinto cargo subsidiario el recurrente adujo la violación directa de la ley sustancial, por indebida aplicación del artículo 3 de la Ley 1762 de 2015, que modificó el artículo 46 de la Ley 599 de 2000, toda vez que la primera norma citada no estaba vigente para la época de los hechos aquí juzgados y, en razón de ello, la duración de la «...pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o comercio. ..», tal y como originalmente estaba prevista en el segundo precepto, debió establecerse con base en lo normado en el artículo 51, inciso tercero, del Código Penal, el cual fija para aquella unos extremos máximo y mínimo que oscilan entre seis (6) meses y veinte (20) años, razón por la que no podía ser tasada en un monto igual al de la pena privativa de la libertad. Casacion N° 59090

CUI N° 11001600004920120195101

Michael Mauricio Cote Revelo 13.9. De acuerdo con lo anterior concluyó que, al corregir el yerro juridico denunciado, y seguir los mismos parametros de dosificación de la primera instancia, esa sanción accesoria debe imponerse en un monto de once, coma, cuarenta y cuatro (11,44) meses, sentido en el que solicita casar parcialmente el fallo impugnado.

II. CONSIDERACIONES

14. Esta Sala Penal, al tenor de lo previsto en el artículo 235, numeral 1°, en armonía con los artículos 31, numeral 1°,

y 184, incisos primero y segundo, de la Ley 906 de 2004, es competente para decidir acerca de la admisión de las demandas de casación presentadas contra las sentencias de segunda instancia proferidas por los Tribunales Superiores y el Tribunal Superior Militar.

15. Según lo establece el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal que rige este asunto, la casación es un mecanismo de control tanto constitucional

(artículo 235-1) como legal que procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia y que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 180 del mismo ordenamiento, tiene como propósitos (i) la efectividad del derecho material, (i) el respeto de las garantías fundamentales, (iii) la reparación de los agravios inferidos y (iv) la unificación de la jurisprudencia.

16. Para el cumplimiento de esos objetivos, el mencionado régimen procesal dotó a la Sala Penal de la Corte Suprema de

10 Casación N° 59090

CUI N° 11001600004920120195101

Michael Mauricio Cote Revelo Justicia de facultades sustanciales al conferirle, entre otras, la potestad de superar los defectos de la demanda para decidir de fondo cuando los fines de la casacion, fundamentacion de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso, e indole de la discusión, lo ameriten.

17. Lo anterior no implica, sin embargo, que este mecanismo sea de libre configuración, desprovisto de todo rigor y que tenga como finalidad abrir un espacio procesal semejante al de las instancias, para prolongar el debate respecto de puntos que han sido materia de controversia.

18. Por el contrario, dada su naturaleza extraordinaria,

quien acude al mismo debe ceñirse a ciertos requerimientos sistemáticos basados en la razón y en la lógica argumentativa, atinentes a la observancia de coherencia, precisión y claridad en el desarrollo de cada uno de los reparos efectuados (por vicios in procedendo o in iudicando) y desarrollarlos conforme a las causales de procedencia previstas en el artículo 181 del ordenamiento procesal, con el fin de persuadir a esta Corporación de revisar el fallo de segunda instancia en procura de corregir la decisión que se acusa de ser contraria a derecho.

19. De ahi que el inciso 2° del artículo 184 de la Ley 906 de 2004 consagre que no será admitida la demanda si el actor carece de interés para acceder al recurso; el escrito es inconsistente, esto es, si su motivación no evidencia la potencial violación de garantías; y, en términos generales, “cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso”, lo que puede

11 Casacion N° 59090

CUI N° 11001600004920120195101

Michael Mauricio Cote Revelo presentarse cuando la Corte observe que los aspectos reprochados no tienen una incidencia sustancial en relación con lo decidido en el caso concreto, o que puede responder a los planteamientos del demandante sin recurrir a valoraciones de fondo acerca de lo que ocurrió en la actuación.

20. Hechas las anteriores precisiones, desde ya advierte la Corte que, con base en la norma inmediatamente aludida, cinco de los seis cargos que en total componen la demanda serán

inadmitidos, como se precisará a continuación.

21. Para empezar, cuando se invocan condiciones que darían lugar a la nulidad —senda por la que están orientados el cargo principal y el primero subsidiario—, la jurisprudencia ha reconocido que aun cuando la proposición de esa situaciones ostenta unas exigencias más laxas que las previstas para las demás causales inherentes a este mecanismo extraordinario, quien acude a esa clase de censura debe tener en cuenta que los motivos enervantes de la actuación son taxativos! y que la denuncia, bien sea de vicios de estructura o de garantías fundamentales, requiere de claras y precisas pautas demostrativas, dado que no cualquier anomalía conspira contra la vigencia del trámite, pues la afectación debe ser esencial y estar vinculada en calidad de medio para socavar algún derecho fundamental de las partes o intervinientes. 1 Ley 906 de 2004, artículo 458. Son ellas: nulidad derivada de la prueba ilícita y cláusula de exclusión (artículos 23 y 455 ib.); nulidad por incompetencia del juez (art. 456 ib); y, la nulidad por violación a garantías fundamentales: derecho a la defensa y debido proceso, en aspectos sustanciales (art. 457 ib.).

12 Casacion N° 59090

CUI N° 11001600004920120195101

Michael Mauricio Cote Revelo

22. De ahí que la proposición de una irregularidad con el pretendido alcance debe ajustarse a ciertos parámetros lógicos que permitan comprender la situación que constituye agravio y la manera como, a consecuencia de esta, se quebranta la

estructura del proceso o se afectan garantías fundamentales, objetivos para los que es preciso atender los principios que orientan la declaración de nulidades, los cuales, como así lo tiene decantado esta Sala”, a pesar de no estar previstos en una determinada norma del Código de Procedimiento Penal que rige este asunto, son criterios de obligada observancia para asegurar el carácter serio y vinculante del correspondiente reproche.

23. En virtud de ello, sólo es posible solicitar la nulidad por los motivos expresamente previstos en la ley (principio de taxatividad); quien alega la configuración de un vicio enervante debe especificar la causal que invoca y señalar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya (principio de acreditación); no puede deprecarla en su beneficio el sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuración del yerro invalidante, salvo el caso de ausencia de defensa técnica (principio de protección); aunque se configure la irregularidad, ella puede convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, a condición de ser observadas las garantías fundamentales (principio de convalidación); no procede la invalidación cuando el acto tachado de irregular ha cumplido el propósito para el cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa 2 Cfr. Entre otras, sentencias de 18 de noviembre de 2008, 18 de marzo de 2009 y 9 de junio de 2011, radicaciones N° 30539, 30710 y 34022, respectivamente.

13 Casacion N° 59090

CUI N° 11001600004920120195101

Michael Mauricio Cote Revelo (principio de instrumentalidad); quien alegue la rescision tiene la obligación indeclinable de demostrar no sólo la ocurrencia de la incorrección denunciada, sino que ésta afecta de manera real y cierta las bases fundamentales del debido proceso o las garantías constitucionales (principio de trascendencia) y, además, que para enmendar el agravio no existe remedio procesal distinto a la declaratoria de nulidad (principio de residualidad).

24. En el cargo principal, esencialmente, el censor puso de presente el desconocimiento del principio de congruencia enunciado en el artículo 448 de la Ley 906 de 2004, de acuerdo con el cual el procesado «no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado conden?”, regla que entiende desatendida porque el supuesto fáctico de la conducta punible de lesiones personales, no habría sido adecuadamente expresado en la imputación, ni en la acusación, último acto en el que, asegura, apenas fueron citadas las normas legales que definen, en abstracto, esa hipótesis delictiva, por la que finalmente se emitió condena.

25. Pues bien, al revisar el devenir procesal la Sala concluye que la aludida censura está sustentada en el desconocimiento del principio de corrección material, y en una equivocada comprensión del principio de congruencia en correlación con los hechos jurídicamente relevantes. 25.1. En efecto, tal y como lo reconoce el actor en los fragmentos transcritos de la imputación, allí se especificó, y no

lo discute el demandante, que el procesado —en la situación que 14 Casacion N° 59090

CUI N° 11001600004920120195101

Michael Mauricio Cote Revelo aquí interesa resolver— mediante un diagnosticó falso convenció a José Guillermo Rueda Forero de la urgente necesidad de practicarle, como en efecto lo hizo, una nefrectomía (recepción parcial del riñón izquierdo), procedimiento médico por el que, no obstante ser cubierto por la EPS CAFESALUD, el galeno también cobró honorarios al paciente engañado, además que esa intervención quirúrgica en el cuerpo del citado, según se indicó en la imputación, atendida su innecesariedad, la avanzada edad de Rueda Forero, y sus particulares condiciones de salud, implicó un riesgo contra la vida de esa persona. 25.2. Ese supuesto fáctico, al momento de la imputación, fue el sustento de la atribución, apenas, del delito de estafa agravada (en concurso, por el obrar semejante agotado en Ana Inés Roa de Moya), falsedad en documento privado (en concurso, porque el mismo dictamen lo falsificó para dos pacientes: Rueda Forero y Roa de Moya), y abuso de condiciones de inferioridad (predicables de las dos víctimas), conductas descritas en los artículos 246, 247-6, 267-1, 289 y 251 de la Ley 599 de 2000. 25.3. Ahora bien, ya en el acto de acusación, con sujeción al mismo acontecer, sin cambiar o sumar circunstancias distintas a las ya decantadas, el órgano encargado de la

persecución penal explícitamente señaló:

«MEDIANTE ESTE ESCRITO DE ACUSACIÓN SE ADICIONA A LOS

CARGOS FORMULADOS, EL DELITO DE LESIONES PERSONALES,

CONFORME LO PREVÉ EL ARTÍCULO 111 Y 113 PÁRRAFO SEGUNDO, CON CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 119 DEL CP QUE REMITE AL ARTÍCULO 104 DEL MISMO ESTATUTO,

POR ADECUARSE LA CONDUCTA AL NUMERAL 4. ESTA ADECUACIÓN

15 Casación N° 59090

CUI N° 11001600004920120195101

Michael Mauricio Cote Revelo

JURIDICA SE APLICA AL CASO DEDEL SENOR JOSE GUILLERMO

RUEDA FORERO, LO CUAL GUARDA RELACION Y CONGRUENCIA

CON LA SITUACION FACTICA PLANTEADA EN LA FORMULACION DE

IMPUTACION, COMO QUIERA QUE SE CAUSARON LESIONES EN LA HUMANIDAD DE TAL CIUDADANO». 25.4. Lo atrás puntualizado evidencia la equivocada comprensión del censor del concepto de hechos jurídicamente relevantes, los cuales, según decantada jurisprudencia, no son nada distinto a «los presupuestos fácticos que encajan o pueden subsumirse en el supuesto jurídico previsto por el legislador en el estatuto sancionador. Dicho de otra manera, la relevancia jurídica del hecho se supedita a su correspondencia con la norma penab. Y en el asunto debatido es de objetiva constatación que el riesgo a la vida de José Guillermo Rueda Forero, a consecuencia del inútil procedimiento quirúrgico al que fue sometido (hecho jurídicamente

relevante advertido con insistencia desde la imputación, como lo reconoce el censor), la Fiscalía lo redujo a la transgresión o alteración de la integridad física de aquél, porque, precisamente, como la «nefrectomía fue realizada bajo engaño y era innecesaria, las secuelas inherentes (la incapacidad provocada y la cicatriz que quedó en su humanidad) a esa práctica médica devinieron injustificadas, carentes de auténtico consentimiento informado y válido de quien la padeció, razón por la que el correlativo daño en su cuerpo se concretó en la conducta punible endilgada. 25.5. En conexión con eso hechos jurídicamente relevantes determinados en el acto de acusación, en lo inherente al delito de lesiones personales conforme a la 3 Carpeta N° 5, folio 4. 4 Cfr. CSJ SP2042-2019, jun 5, Rad. 51007, entre muchas otras. 16 Casacion N° 59090

CUI N° 11001600004920120195101

Michael Mauricio Cote Revelo descripción prevista en los artículos invocados en el pliego de cargos, desde la audiencia preparatoria la defensa ejerció el contradictorio, pues con referencia ellos justificó los requisitos de utilidad, conducencia y pertinencia de las pruebas técnicas solicitadas y decretadas a instancia de aquellas, en aras de consolidar su estrategia dirigida —obviamente prescindiendo del artificio con el que convenció a la víctima de dejarse intervenir— a sostener que el respectivo acto médico (la nefrectomía) era potestativo del galeno, en tanto consistía una práctica médica

usual y válida, de cara al diagnóstico veraz del padecimiento que aquejaba a Rueda Forero, lo cual conduciría a tener por justificada y licita la secuela contingente a la operación.

26. Ese planteamiento enarbolado por la defensa desde la preparación del juicio, enseña que la imputación fáctica y sus consecuencias jurídicas plasmadas en el acto complejo de acusación fueron cabalmente comprendidas por la aludida parte, situación que objetivamente también es perceptible en el desarrollo probatorio, en particular en los interrogatorios y contrainterrogatorios de los peritos que concurrieron al debate por solicitud de ambas partes, como que la respectiva dialéctica se orientó a procurar establecer que con el diagnostico «veraz» del padecimiento de salud que aquejaba a Rueda Forero, la operación a él practicada por el procesado era «admisible», de cara a lo cual devendría inobjetable la atipicidad del delito de lesiones personales, dolosas, agravadas, atribuido en el pliego de cargos, tesis agitada en el recurso de apelación y en dos de los cargos formulados en casación. 5 Carpeta N° 3, folios 70-75, 183-203 y 209-216.

17 Casación N° 59090

CUI N° 11001600004920120195101

Michael Mauricio Cote Revelo

27. Por lo anterior resulta diafano que, como la garantia superior que ampara el principio de congruencia se concreta en impedir que el procesado sea condenado por hechos jurídicamente relevantes que no tuvo oportunidad de conocer y

controvertir, y dado que en este asunto los respectivos supuestos fácticos del delito de lesiones personales dolosas agravadas fueron anunciados en la audiencia de imputación y se concretaron jurídicamente en la de acusación, además de que la defensa ejerció a plenitud el contradictorio frente a los mismos, la alegación del demandante se inscribe en un craso desconocimiento del principio de corrección material, lo cual determina la intrascendencia de la queja, razones que son suficientes para concluir el rechazo del cargo principal.

28. Tampoco es afortunada la primera replica subsidiaria, igualmente presentada por vía de la nulidad, sobre la base del alegado desconocimiento del principio de non bis in idem, debido a que, a lo largo de la actuación, la obtención de un provecho o incremento patrimonial ilícito, fue considerada como: elemento constitutivo del delito de estafa (Ley 599 de 2000, art. 246); causal específica de agravación del delito de lesiones personales (idem, art 119 y 104-4 «Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútib); y como causal genérica de intensificación punitiva (idem, art. 58, numeral 2° «Ejecutar la conducta punible, por motivo abyecto, fútil, o mediante precio, recompensa, o promesa remuneratoria).

29. La sin razón de esa queja es elemental y esta sustentada en que, aun cuando el provecho económico ilícito

18 Casacion N° 59090

CUI N° 11001600004920120195101

Michael Mauricio Cote Revelo obtenido por el acusado fue, ciertamente, considerado en el debate como acto sustancial estructurante de la conducta punible de estafa; como circunstancia de agravacion frente al delito de lesiones personales; y como causal genérica de mayor punibilidad, aún si, en gracia de discusión, se acepta que ello constituye la imputación repetida del mismo supuesto fáctico, lo cierto es que no se materializó consecuencia sancionat