CSJ - AP5288-2024(66269)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO Magistrado ponente AP5288-2024 Radicación 66269 Acta 215 Bogotá D.C., once (11) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). VISTOS La Corte resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal delegado y el representante de la víctima Andrés Gonzalez Tamayo contra el auto de 23 de enero de 2024 —leido en audiencia del 22 de marzo de 2024— proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, por medio del cual se resolvieron las solicitudes probatorias de las partes, en el marco del proceso seguido contra MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO por los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones.

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MARIA EUGENIA TABORDA FRANCO

HECHOS

1. MARIA EUGENIA TABORDA FRANCO, se desempeña como Fiscal delegada ante los Jueces Penales del Circuito adscrita a la Dirección Seccional de Fiscalías de Risaralda.

Mediante Resolución N.° 037 de 11 de febrero de 2019, fue destacada como Fiscal Jefe y/o Coordinadora de la Unidad Regional Antinarcóticos (URA) con injerencia en los departamentos del Eje Cafetero, Cauca y Valle del Cauca. Para llevar a cabo su función recibió el apoyo del Investigador del C.T.I. Carlos Iván Salguero Zarabanda.

2. De acuerdo con la acusación, la Fiscal TABORDA FRANCO —con base en un informe de “fuente no formal” rendido por el investigador Salguero Zarabanda—, el 12 de marzo de 2019, en el marco de la indagación preliminar con radicado 66001-6000058-2019-00238, con el ánimo de favorecer a algunos miembros de los grupos de delincuencia organizada (GDO) denominados «la Cordillera, los Zombis, Némesis y los Tellus», ordenó interceptar los abonados celulares 3146151051 y 3117951695, pues a través de esas líneas telefónicas, alías “Mofre” —integrante del GDO La Cordillera—, al parecer contactaba a funcionarios de la Seccional Pereira de la Fiscalía General de la Nación, para obtener información «sobre los procesos que se adelantan en la institución contra los cabecillas de esa organización». 3.Los números telefónicos pertenecían a Andrés González Tamayo y Diego Alejandro Nova Guevara, que para entonces se desempeñaban, en su respectivo orden, como

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MARIA EUGENIA TABORDA FRANCO Fiscal 30 Especializado y Fiscal 25 Seccional, adscritos a la Dirección de Fiscalías de Risaralda. Éstos, tenían a su cargo investigaciones penales contra miembros de los grupos de delincuencia organizada (GDO) previamente referenciados.

4. Realizado el monitoreo, escucha y grabación de las comunicaciones sostenidas por los citados funcionarios, el

Analista de la Sala de Interceptaciones ZEUS de la Dirección Seccional de Fiscalías de Risaralda, Edison Jamith Sánchez Aguirre, presentó los resultados a la Fiscal TABORDA FRANCO, mediante informes fechados 8 y 11 de abril de

2019. En tales documentos, según el pliego de cargos, el analista Sánchez Aguirre, de manera dolosa, indicó que dos abonados eran usados por dos hombres desconocidos HD1 y HD2 que no se pudieron identificar, pese a que tenía conocimiento que los teléfonos intervenidos pertenecían a los funcionarios activos de la Fiscalía General de la Nación,

González Tamayo y Nova Guevara.

5. La Fiscal MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO, con el fin de efectuar el control judicial de los resultados de las interceptaciones, acudió en un primer momento ante el Juez 6° Penal Municipal de Control de Garantías de Pereira —para legalizar los hallazgos presentados en el informe de 8 de abril de 2019y, con posterioridad, ante el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de la Celia —para legalizar los resultados del informe de 11 de abril de 2019—.

6. Señaló la acusación que, al sustentar su petición, la doctora TABORDA FRANCO rindió un concepto contrario a

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MARIA EUGENIA TABORDA FRANCO la ley y faltando a la verdad, pues manifestó ante ambos despachos judiciales que no se conocía a los titulares de las líneas telefónicas interceptadas. De esa manera, logró que los

jueces de control de garantías declararan ajustado a la legalidad el acto investigativo especial de interceptación, el procedimiento y sus resultados.

7. Para el ente acusador la Fiscal TABORDA FRANCO sí conocía que las líneas telefónicas interceptadas pertenecían a los dos funcionarios de la Fiscalía Andrés González Tamayo y Diego Alejandro Nova Guevara y, además, sabía que aquellos adelantaban investigaciones contra integrantes de los grupos de delincuencia organizada «a Cordillera, los Zombis, Némesis y los Tellus». Lo anterior, por cuanto, el 10 de abril de 2019, TABORDA FRANCO asistió a un Comité Técnico Jurídico al que también concurrió el Fiscal Andrés González Tamayo que en esa ocasión expuso los casos de priorización a su cargo identificados con los radicados 66001-60-00058-2018-00248 —contra la banda criminal los Tellus— y 66001-60-00000-2019-00005 —contra la organización TellusApocalipsis—.

8. Agregó la acusación que ante una solicitud realizada por la propia MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO, el 26 de abril de 2019 —esto es, 16 días siguientes a la realización del Comité Técnico Juridico— la investigación con radicado 66001-6000000-2019-00005 le fue asignada a ella; sin embargo, al día siguiente, se declaró impedida para conocerla, para lo cual manifestó su amistad íntima con Eliana Patricia Aguirre Ramírez, quien figuraba entre las personas vinculadas a esa

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MARIA EUGENIA TABORDA FRANCO indagación en calidad de Jefe de Finanzas del Grupo de Delincuencia Organizada «Los Zombis II - Némesis».

9. Desde tal perspectiva, según el ente acusador, la interceptación que ordenó TABORDA FRANCO -en el marco de la indagación 66001-60-00058-2019-00238— a los Fiscales González Tamayo y Nova Guevara —quienes investigaban el actuar delictual de los GEO “La Cordillera”, “Los Zombis”, “Némesis” y “Los Tellus”-, SE encaminó a «conocer las posibles decisiones a adoptar en los referidos casos» y poder favorecer de esa forma a los implicados, motivada al parecer por «una íntima relación de amistad» que sostenía «con la jefe de finanzas de la organización criminal Eliana Patricia Aguirre Ramírez, dedicada al microtráfico de heroína en Risaralda».

10. La Fiscalía delegada, igualmente, destacó como hecho jurídicamente relevante que, sin haberse realizado actos investigativos adicionales a la orden de interceptación de comunicaciones, la procesada TABORDA FRANCO, el 31 de marzo de 2020, con base en lo previsto en el artículo 79 del C.P.P., archivó la indagación preliminar 66001-6000058-2019-00238.

11. Tal determinación, según la acusación, es falsa ideológicamente en la medida que «no se ajusta a la realidad

del proceso, puesto que consideró la inexistencia del hecho investigado, y lo hizo sin identificar a las personas sobre las que se profería la decisión», es decir, sin mencionar que se 1 Es oportuno precisar que la señora Eliana Patricia Aguirre Ramirez, finalmente fue condenada el 13 de septiembre de 2021 por el delito de Concierto para delinquir agravado, en calidad de Jefe de Finanzas del Grupo de Delincuencia Organizada «Los Zombis II - Némesis».

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MARIA EUGENIA TABORDA FRANCO trataba de dos funcionarios activos de la Fiscalia General de la Nación a quienes la acusada conocía. Esa circunstancia, corrobora, además, que la acusada tenía la «clara intención de únicamente interceptar y escuchar ilícitamente las comunicaciones» de aquellos servidores judiciales.

ACTUACIÓN PROCESAL

12. El 5 de enero de 20222, ante el Juzgado 1° Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira, la Fiscalía 53 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción, formuló imputación a MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO por los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones, conforme lo establecido en los artículos 413, 286 y 192 del Código Penal, respectivamente, los cuales habría cometido en su rol como Fiscal Jefe de la Unidad Regional Antinarcóticos

del Eje Cafetero, Cauca y Valle del Cauca. La imputada no aceptó cargos.

13. Debe indicarse que en virtud del fuero legal de la doctora TABORDA FRANCO se ordenó la ruptura de la unidad procesal para continuar el trámite contra ella por separados. 2 Expediente digital. Cuaderno actuaciones Tribunal. Págs. 21-23. 3 Lo anterior, por cuanto a la investigación también fueron vinculados el Investigador del C.T.I. Carlos Ivan Salguero Zarabanda —a quien se imputó cargos por los delitos de falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones—y el Analista de la Sala de Interceptaciones ZEUS de Risaralda Edison Jamith Sánchez Aguirre —a quien se imputó el cargo de falsedad ideológica en documento público—.

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14. El 21 de abril de 20224 fue radicado el escrito de acusación. La formulación oral del pliego de cargos lo llevó a cabo la Fiscalía 3° delegada ante el Tribunal de Bogotá, el 24 de noviembre de 20225. En esa oportunidad, se atribuyeron a la procesada los hechos jurídicamente relevantes y las conductas comunicadas previamente en la imputación. La Fiscalía, además, afirmó que concurría la circunstancia genérica de mayor punibilidad prevista en el artículo 58, numeral 10” del Código Penal, relativa a que la acusada obró en coparticipación criminal.

15. La audiencia preparatoria se desarrolló en las

sesiones del 30 de junio, 25 de agosto”, 21 de septiembres de 2023 y 22 de marzo”? de 2024. En esta última, se llevó a cabo la lectura del auto del 23 de enero de 20241", por medio del cual, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, adoptó las siguientes determinaciones: «PRIMERO: SE ADMITEN para su práctica en juicio oral la totalidad de las pruebas testimoniales y documentales solicitadas por el representante del órgano persecutor, con excepción de la minuta o registro biométrico de ingreso a las instalaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías de Risaralda el 12 de marzo de 2019, la cual se excluye al considerarse su ilegalidad. Igualmente, frente a dos de las pruebas admitidas se hace claridad, en el sentido que: (i) la declaración de la investigadora LADY MARCELA MUNOZ CASTILLO, acorde con lo sostenido en precedencia, únicamente lo será como testigo de acreditación de los documentos que en su calidad recolectó; y (ii) en lo atinente a los Cds contentivos de las interceptaciones que se efectuaron a los fiscales que hoy tienen la condición de víctimas, ordenadas dentro del proceso con radicación 2019-00238, se limitará a un monto que no supere las 10 interceptaciones -relevantesdel total de los 5 Cds y Dus, + Expediente digital. Cuaderno actuaciones Tribunal. Págs. 1-20. 5 Expediente digital. Cuaderno actuaciones Tribunal. Págs. 96-97. 5 Expediente digital. Cuaderno actuaciones Tribunal. Págs. 166-172.

7 Expediente digital. Cuaderno actuaciones Tribunal. Págs. 183-190. 3 Expediente digital. Cuaderno actuaciones Tribunal. Págs. 199-201. © Expediente digital. Cuaderno actuaciones Tribunal. Págs. 291-293. 10 Expediente digital. Cuaderno actuaciones Tribunal. Págs. 239-288.

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MARIA EUGENIA TABORDA FRANCO advirtiéndosele, como se dijo en párrafos precedentes, que los audios o ID que elija, no podrán contener conversaciones que puedan advertirse como violatorias per se, del derecho a la intimidad que le asiste a los allí interlocutores, a modo de ejemplo, que se trate de temas de índole sexual, relativo a sus finanzas o estado de salud, que deberán mantenerse en reserva.

SEGUNDO: SE NIEGAN por ser impertinentes y por falta de descubrimiento, como se plasmó en la parte motiva de esta providencia, la totalidad de las pretensiones probatorias tanto testimoniales como documentales arrimadas por el apoderado del fiscal ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO, con excepción, de la entrevista de diciembre 17 de 2021 que le fuera tomada al señor CARLOS ALFONSO PEÑA RAMÍREZ por el investigador de la defensa, la cual se autoriza únicamente para ser usada para los fines de ley, esto es, para refrescar memoria o impugnar credibilidad.

TERCERO: SE ADMITEN para su práctica en juicio oral la totalidad de las pruebas testimoniales y documentales pedidas por el

defensor de la Dra. MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO, con excepción de: (i) la declaración del señor ADRIÁN GRANADOS, adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalías, por falta de sustentación, (ii) el archivo de Excel suministrado por la Dirección Seccional de Fiscalías, sobre las bandas desarticuladas entre el 2017 y 2020 por parte de la Fiscalía 31 Seccional URA, al ser impertinente; y (iii) el Registro de las actuaciones del sistema SPOA de la Fiscalía 31 Seccional, radicado N° 582019-00005 y 00202100023, los cuales se excluyen por su ilegalidad e ilicitud»!.

16. Frente a lo anterior, en el decurso de la audiencia de lectura de decisión realizada el 22 de marzo de 202412, las

partes e intervinientes se pronunciaron así: (i) El representante del Ministerio Público, la apoderada de la Fiscalía General de la Nación —en calidad de víctima-—y el abogado de la víctima Diego Alejandro Nova Guevara, expresaron su conformidad con la decisión; (ii)El Fiscal delegado manifestó que interponian recurso de reposición frente a la decisión de admitir a su favor la declaración de Lady Marcela Muñoz Castillo, como testigo de acreditación, con el único propósito que se modifiquen las consideraciones que expuso en la parte motiva el Tribunal para decretar la prueba. De otra parte, formuló recurso de apelación contra la exclusión de la 11 Expediente digital. Cuaderno actuaciones Tribunal. Págs. 286-287. 12 Expediente digital. Gestor de audiencias. Registro audiovisual de la audiencia de lectura de auto

realizada el 22 de marzo de 2024. Récord: 01:17:58 hasta 01:20:28.

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MARIA EUGENIA TABORDA FRANCO prueba documental relativa a «la minuta o registro biométrico de ingreso a las instalaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías de Risaralda el 12 de marzo de 2019». (iii) El abogado defensor señaló que interponía recurso de reposición y en subsidio de apelación, frente a la exclusión de la prueba documental relativa al «egistro de las actuaciones del sistema SPOA de la Fiscalía 31 Seccional, radicado N° 2019000053; y, (iv) El apoderado de la víctima Andrés González Tamayo interpuso el recurso de alzada, pues la totalidad de sus postulaciones probatorios fueron denegadas.

17. Es de anotar que mediante auto del 22 de abril de 202414 —verbalizado en audiencia del 26 de abril de 202415la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, al pronunciarse frente a los recursos de reposición de la Defensa y el ente acusador, resolvió: por un lado, reponer parcialmente el auto impugnado en el sentido de admitir para su práctica en juicio «el registro de las actuaciones del sistema SPOA de la Fiscalía 31 Seccional, radicado N° 2019-00005» como lo pidió la defensa; y de otro lado, no reponer la decisión en los aspectos solicitados por la Fiscalía. Esta decisión fue

notificada en estrados, sin que las partes e intervinientes expusieran reparo alguno.

18. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 177 de la Ley 906 de 2004, el Tribunal concedió en el efecto suspensivo los recursos de apelación que de manera directa formularon tanto el Fiscal delegado como el apoderado de la víctima Andrés González Tamayo. 13 Ibidem. Récord: 02:47:16 hasta 03:00:10. 14 Expediente digital. Cuaderno actuaciones Tribunal. Págs. 298-311. 15 Expediente digital. Cuaderno actuaciones Tribunal. Págs. 313-314.

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DECISION RECURRIDA

1. Frente a la exclusión de la prueba documental de la Fiscalía.

19. En lo que interesa al recurso de alzada, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, decretó la exclusión de la prueba documental relativa a la «Minuta de ingreso a las instalaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías de Risaralda el 12 de marzo de 2019, conocido como registro biométrico» —relacionada en el numeral 2.3.1.2.3.5 del auto impugnado—.

20. Precisó que la Fiscalía sustentó la pertinencia en que con tal elemento probatorio pretendía demostrar que el 12 de marzo de 2019 a las instalaciones del edificio donde funciona la Unidad Regional Antinarcóticos (URA), nunca existió el ingreso de la persona que se identificó como una fuente no formal! y, que, por lo tanto, tampoco se llevó a

cabo entrevista alguna a dicha persona por parte de la Fiscal acusada.

21. En relación con esa postulación el Tribunal señaló que «si la Fiscalía General de la Nación, más concretamente la Dirección Seccional de Fiscalías de Risaralda, maneja una base de datos biométrico, de las personas que ingresan a las instalaciones de dicha entidad, ello a voces de lo reglado en la Ley 1581 de 2012, la convierte en un dato sensible». 16 Con base en la cual se creó la indagación preliminar y en el marco de la misma se ordenaron las interceptaciones de comunicaciones a los fiscales Andrés González Tamayo y Diego Alejandro Nova

Guevara. 10

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22. Desde tal punto de vista, agregó, «para su utilización con fines ajenos a la identificación de las personas que ingresan a tal dependencia requería, ya fuera la autorización de sus titulares, o en su defecto [...] la orden judicial de acceso a bases de datos por parte de un juez con función de control de garantías», como se desprende de los artículos 9° y 10° del citado cuerpo legal —Ley 1581 de 2012.

23. Explicó que como en el caso concreto la Fiscalía delegada indicó que ingresaría a juicio con su investigadora, como testigo de acreditación, la «minuta o registro biométrico de ingreso a las instalaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías de Risaralda el 12 de marzo de 2019», al provenir esta información de una base de datos que maneja de

manera institucional tal entidad pública, a juicio del Tribunal, se debían cumplir con una de estas dos exigencias: «(i) que existiera autorización de quienes aportaron sus datos a dicha Dirección para su tratamiento y entrega a personas ajenas a la entidad, y (ii) que se acudiera ante el juez con función de control de garantías para que autorizara el acceso previo a dicha base de datos, y obtener luego de los resultados pertinentes, su control posterior».

24. Sin embargo, como ninguna de tales circunstancias fue soportada por parte del delegado del ente acusador, concluyó el a quo que, «la incorporación a juicio de tal minuta o registro biométrico, puede afectar los derechos fundamentales de las personas que allí aparezcan registradas, concretamente el de habeas data o incluso el de la intimidad».

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2. Frente a las pruebas negadas a la representación de la victima Andrés Gonzalez Tamayo.

25. Como se indicó en precedencia, el Tribunal a quo, negó al representante de la víctima Andrés González Tamayo, los medios probatorios documentales —que pretendía introducir al juicio, a través del investigador Alberto de Jesús Vallejo Londoño— relativos a (i) la sentencia de condena proferida contra Carlos Alfonso Peña Ramírez el 9 de octubre de 2018 en la Jurisdicción de Justicia y Paz, por su condición de desmovilizado de las AUC;

(ii) la indagatoria rendida el 29 de septiembre de 2016 ante

las Fiscalías de Justicia y Paz de Pereira por Carlos Alfonso Peña Ramírez -testigo decretado a favor de la defensa—; (iii) la entrevista rendida el 17 de diciembre de 2021 por Carlos Alfonso Peña Ramírez; (iv) un video transmitido mediante la aplicación WhatsApp el 4 de enero de 2022 con duración de 1:15 minutos que muestra la suscripción e identificación de la entrevista del 17 de diciembre de 2021; y (v) el registro de profesionales en Salud (RETHUS).

26. En cuanto a la sentencia condenatoria proferida contra Carlos Alfonso Peña Ramírez el 9 de octubre de 2018 en la Jurisdicción de Justicia y Paz, señaló que el apoderado de víctimas no cumplió con la carga argumentativa de pertinencia. Recordó que la declaratoria de responsabilidad de Peña Ramírez contenida en la referida providencia judicial fue objeto de estipulación probatoria —en el numeral 2.2.2.12. del auto impugnado—, TaZón por la cual, su incorporación deviene impertinente y por ende impone su inadmisión.

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27. En relación con la indagatoria rendida el 29 de septiembre del año 2016 ante las Fiscalías de Justicia y Paz de Pereira por Carlos Alfonso Peña Ramírez, el Tribunal consideró que tampoco fue sustentada en debida forma su pertinencia, pues el libelista limitó su pretensión probatoria a «establecer cuál era la participación y actividad que

desarrollaba en las AUC» y a indicar que durante la injurada Peña Ramírez fue asistido por el profesional del derecho que en el marco de estas diligencias ejerce la defensa técnica de

la acusada MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO.

28. En gracia de discusión consideró el a quo que aún si se cumpliera con el presupuesto de pertinencia, de todas maneras dicha prueba no podía decretarse, pues al tratarse de una pieza procesal producida en una actuación judicial diferente, su obtención debió estar precedida de un control previo y posterior de legalidad por un Juez de Control de Garantías y, como ello no se verifica en el presente caso, lo que se impondría es decretar su exclusión al haberse obtenido con vulneración al debido proceso y al derecho a la intimidad.

29. Frente a la entrevista rendida el 17 de diciembre de 2021 por Carlos Alfonso Peña Ramírez, consideró el Tribunal que «al tratarse precisamente de una declaración anterior, que al parecer se le tomó con ocasión de este asunto, por parte del defensor privado de la defensa, la misma sí podrá ser usada para los fines ya indicados -refrescar memoria o impugnar credibilidad Y, solo para esos efectos se autorizará su uso».

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30. Sin embargo, frente al video transmitido mediante la aplicación WhatsApp el 4 de enero de 2022 con duración de 1:15 minutos que muestra la suscripción e identificación de la referida entrevista y, el documento relacionado con el

registro de profesionales en Salud (RETHUS), el Tribunal resolvió rechazarlos por cuanto minguno de esos documentos hicieron parte de la enunciación ni del descubrimiento probatorio al que estaba obligado hacer en curso de la audiencia de acusación».

31. De otra parte, en el auto de primera instancia se inadmitieron los testimonios de Alberto de Jesús Vallejo Londoño —investigador de la representación de víctimas—, Carlos Mario Jiménez Naranjo alias “Macaco” —excomandante general y jefe del Bloque Central Bolivar de las AUC— y de Jairo Humberto Velásquez López —médico y cirujano, excoordinador y/o Jefe de Médicos del Bloque

Central Bolivar de las AUC—.

32. En relación con Alberto de Jesús Vallejo Londoño, como testigo de acreditación de los documentos a los que antes se hizo alusión, el Tribunal lo inadmitió por impertinente, pues consideró que aquellos medios probatorios «no son prueba en sí mismas consideradas y en ese orden respecto de tales documentos sería inane escuchar la declaración del referido investigador».

33. Respecto de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias “Macaco”, en el auto impugnado se inadmitió su testimonio por impertinente. Precisó el a quo que en el caso concreto el tema de prueba a debatirse en juicio gira en torno a «sí en

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MARIA EUGENIA TABORDA FRANCO efecto la fuente humana, esto es, Carlos Alfonso Peña existió o por el contrario fue una invención de la ahora acusada para presuntamente lograr la interceptación de los abonados

celulares de sus colegas fiscales, con miras a aportarle información a una amiga suya, esto es Eliana Patricia Aguirre, quien en su momento era integrante de una organización delincuencial denominada “Némesis”».

34. Agregó que, desde tal perspectiva, la existencia o no de un vínculo entre el GDO “La Cordillera” y el Bloque Central Bolivar de las AUC en el que Jiménez Naranjo ejercía como uno de sus comandantes, no tiene relevancia en este asunto, y por consiguiente no hará más o menos probable la teoría del caso de la defensa ni de la Fiscalía».

35. Con relación al testigo Jairo Humberto Velásquez López, recordó el Tribunal que la pretensión del apoderado de la víctima Andrés González Tamayo con ese medio de prueba se encaminó a demostrar que Carlos Alfonso Peña Ramírez!7 no se desempeñó como médico del Bloque Central Bolivar de las AUC. Al respecto, en el auto impugnado se reiteró que, de acuerdo con el tema de prueba que se debatirá en el juicio, el rol que pudo haber desempeñado Carlos Alfonso Peña Ramírez al interior de las AUC es intrascendente.

36. Precisó que uno de los hechos motivo de estipulación probatoria fue que Peña Ramirez fue condenado 17 Persona que fue presentada por la defensa como la fuente no formal con base en la cual, presuntamente, la Fiscal acusada impartió la orden de interceptación telefónica que aquí se cuestiona.

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el 9 de octubre de 2018 por el Juzgado 40 Penal del Circuito Especializado de Villavicencio por concierto para delinquir agravado por pertenecer a las AUC como médico de la organización. Por tanto, el apoderado de la víctima no puede discutir en el juicio un hecho que se consensuó.

IMPUGNACIÓN

1. La Fiscalia®®.

37. Argumentó que el Tribunal excluyó por ilegal el documento relativo a la minuta de ingreso a las instalaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías de Risaralda el 12 de marzo de 2019, conocido como registro biométrico.

38. Se excluyó porque, como elemento que tiene relación con el derecho a la intimidad de las personas, era necesario acudir ante el Juez de Control de Garantías para que autorizara su obtención, mediante el procedimiento de búsqueda selectiva en bases de datos. 39.El apelante señaló que el documento cuya incorporación pretende solo revela un hecho puntual, el ingreso de una persona determinada a las instalaciones del edificio de la Fiscalía mencionado.

40. En ese sentido, recordó que la Fiscalía General de la Nación es una entidad pública, razón por la cual, «las bases 15 Expediente digital. Gestor de audiencias. Registro audiovisual de la audiencia de lectura de auto realizada el 22 de marzo de 2024. Récord: 01:20:43 hasta 01:36:54.

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MARIA EUGENIA TABORDA FRANCO de datos para efectos del ingreso [...] de una persona a una

entidad pública, esas son bases de datos públicas que no requieren agotar el procedimiento de búsqueda selectiva en bases de datos» con el aval del Juez de Control de Garantías.

41. Explicó que en el artículo 244, inciso 1° del Código de Procedimiento Penal se establece que la policía judicial, en desarrollo de su actividad investigativa, podrá realizar las comparaciones de datos registradas en bases mecánicas, magnéticas u otras similares, siempre y cuando se trate del simple cotejo de informaciones de acceso público».

42. En su sentir, dicha norma indica que no se requiere control judicial para acceder a una base pública para hacer una comparación de datos registrados, lo que ocurrió en el caso.

43. Agregó que el inciso 2° de la norma previamente citada indica que «cuando se requiera adelantar búsqueda selectiva en las bases de datos, que implique el acceso a información confidencial, referida al indiciado o imputado o, inclusive a la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas, deberá mediar autorización previa del fiscal que dirija la investigación», sin embargo, en el asunto bajo examen, no se cumplen esas circunstancias, pues «no nos encontramos ni al indiciado ni al inputado frente al ingreso de esa persona» a las instalaciones de la Fiscalía.

44. De otra parte, cuestionó que en la decisión recurrida no se indicó cómo se afectó al derecho a la intimidad, por

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conocer quién ingresó y quién se retiró de una entidad pública, cuyas bases de datos también son públicas.

45. Refirió que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia —en la decisión AP, 7 mar. 2018, rad. 51882— fijó como criterio jurisprudencial que para decretar la exclusión de un elemento probatorio el funcionario judicial debe explicar en qué consistió la afectación de los derechos y garantías fundamentales y, adicionalmente, señalar el nexo de causalidad entre esa vulneración y la evidencia. Empero en el auto impugnado, en sentir del recurrente, el Tribunal no cumplió con esa carga argumentativa.

46. Por lo anterior, solicitó que se revoque la decisión para que, en su lugar, se admita para ser incorporada en juicio, la prueba documental relativa a la minuta de ingreso a las instalaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías de Risaralda el 12 de marzo de 2019, conocido como registro biométrico.

2. El representante de la víctima Andrés González

Tamayo”.

47. Solicitó que se revoque el numeral segundo de la parte resolutiva del auto pr