CSJ - AP5551-2022(60007)

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

Magistrado Ponente AP5551-2022 Radicación No. 60007 (Aprobado Acta No. 279) Bogotá D.C. treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022) VISTOS La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la defensa de TRINO LUNA CORREA y ÓMAR RICARDO DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ contra el auto proferido por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual negó algunas solicitudes probatorias y de nulidad.

HECHOS

Segunda Instancia No. 60007 110010248000-2020-00007-01 Trino Luna Correa Y Omar Ricardo Díazgranados Velásquez De acuerdo con lo descrito en la resolución de acusación, lo hechos son los siguientes: El señor TRINO LUNA CORREA ejerció como Gobernador del departamento del Magdalena en el periodo 2004-2007. Por su parte, ÓMAR RICARDO DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ fue designado como secretario del despacho el 2 de enero de 2004, habiendo ejercido como Gobernador encargado por diferentes periodos comprendidos entre enero del 2004 a enero del 2006. En esa condición celebraron los siguientes contratos relacionados con la salud y educación, en cuya suscripción incurrieron en irregularidades tales como la no realización de estudios previos, pliegos de condiciones, actos de publicidad, evaluación de las ofertas, liquidación y supervisión. LUNA CORREA celebró los contratos 166 del 2004;

137S, 138S, 139S, 140S, 141S, 142S, 143S, 144S, 146S y

147S del 2006; igual se le imputan los números 30 bis, 45 y 90 del 2005 (delegados en el secretario DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ); 145S bis, 258 y 259 (suscritos, por delegación, por CARLOS MAESTRE CASTILLA); 156S, 162, 245, 246, 251 y 281 del 2006 (delegados en SANDRA RUBIANO

LAYTON).

Se indica, además, que en el periodo que ejerció como Gobernador, obtuvo un incremento patrimonial injustificado. 2 Segunda Instancia No. 60007 110010248000-2020-00007-01 Trino Luna Correa Y Omar Ricardo Díazgranados Velásquez DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ celebró los contratos 22, 23, 92, 94, 95, 96, 171, 183 del 2004, y 191 del 2005.

ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

1. El 14 de enero de 2009, en actuación disciplinaria que la Procuraduría General de la Nación adelantaba en contra del ex Gobernador del departamento del Magdalena TRINO LUNA CORREA, se dispuso la expedición de copias con destino a la Fiscalía a efecto de que se le investigara penalmente por las irregularidades cometidas durante su mandato en el trámite, celebración y ejecución de varios contratos relacionados con la adquisición de equipos e insumos para la Secretaría de Salud.

También se allegaron dos escritos anónimos que señalaban a LUNA CORREA de actuar en connivencia con

grupos “paramilitares” con el fin de apropiarse en forma indebida de recursos destinados a la salud, educación e infraestructura.

2. El 23 de septiembre de 2009 se inició una indagación preliminar, en cuyo desarrollo, el 26 de junio de 2013 se ordenó que la misma también se dirigiera en contra de ÓMAR RICARDO DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ, quien en su condición de Gobernador encargado había suscrito varios de los contratos cuestionados.

3. El 26 de abril de 2019 se abrió investigación formal, dentro de la cual fueron escuchados en indagatoria LUNA

3 Segunda Instancia No. 60007 110010248000-2020-00007-01 Trino Luna Correa Y Omar Ricardo Díazgranados Velásquez CORREA y DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ, a quienes el 5 de diciembre siguiente les fue resuelta su situación jurídica, absteniéndose la Fiscalía de imponerles medida de aseguramiento.

4. El 14 de mayo de 2020 se dispuso el cierre de la investigación y el 24 de agosto de ese mismo año la Fiscalía acusó a LUNA CORREA como coautor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y autor del de enriquecimiento ilícito. A DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ se le endilgó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo. Dicha decisión adquirió firmeza el 28 de septiembre siguiente.

5. La Sala Especial de Primera Instancia avocó conocimiento de las diligencias y dispuso surtir el traslado

procesal contemplado en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, término dentro del cual -para lo que interesa en esta decisiónla defensa de DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ solicitó, entre otras cosas, la nulidad de la actuación en razón a la existencia de irregularidades sustanciales que afectaron el derecho al debido proceso. Por su parte, la defensa de LUNA CORREA solicitó, entre otras cosas, se decretaran los testimonios de Sara González Rubio y Carlos Julio Cortés Sánchez. 5.1. Para sustentar la solicitud de nulidad la defensa de DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ afirmó que la resolución 4 Segunda Instancia No. 60007 110010248000-2020-00007-01 Trino Luna Correa Y Omar Ricardo Díazgranados Velásquez acusatoria no cumplió con una de las exigencias de forma y fondo establecidas en el artículo 398 de la Ley 600 de 2000, imponiéndose su invalidación por faltas al debido proceso y al derecho a la defensa. Ello en razón a que no se hizo una relación sucinta de las conductas reprochadas en cada uno de los 10 contratos, circunstancia que limita el derecho de contradicción. 5.2. En lo que atañe a los testimonios atrás referidos, la defensa de LUNA CORREA señaló lo siguiente: 5.2.1. Manifestó que Sara González Rubio actualmente funge como funcionaria de obras públicas del Departamento, quien podrá indicar cuáles son las condiciones actuales de la contratación, cuáles son sus funciones, y concretamente señalará que solo hasta el año 2019 se consolidó el archivo

físico y digital y que previo han existido múltiples problemas para la consecución de documentos por la pérdida de los mismos. 5.2.2. Carlos Julio Cortés Sánchez ilustrará sobre el origen de los recursos que se dice son injustificados, y expondría los principios fundamentales de la contaduría. Su conocimiento permitirá realizar un estudio pormenorizado sobre lo documentos que acreditan el patrimonio del acusado.

6. La Sala Especial de Primera Instancia mediante proveído AEP00042 del 22 de abril de 2021 -entre otras determinacionesresolvió no declarar las nulidades

5 Segunda Instancia No. 60007 110010248000-2020-00007-01 Trino Luna Correa Y Omar Ricardo Díazgranados Velásquez solicitadas por la defensora de DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ, y negar la recepción de los testimonios de Sara González Rubio y Carlos Julio Cortés Sánchez, solicitados por el defensor de TRINO LUNA CORREA.

7. Contra dicha determinación, la defensa de los aquí procesados interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación.

8. La Sala Especial de Primera Instancia mediante proveído AEP00068 del 1° de julio de 2021 -entre otras determinacionesresolvió no reponer su propia decisión en lo que respecta a las solicitudes atrás descritas, por lo que concedió el recurso de alzada, que es objeto del presente pronunciamiento.

9. La Sub-Sala A Especial de Conocimiento y Decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante Resolución

2522 del 12 de julio de 2022, aceptó el sometimiento voluntario que a esa jurisdicción realizó TRINO LUNA CORREA por los hechos que se juzgan en el presente asunto, concretamente los relacionados con el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo; la aludida resolución causó ejecutoria el 29 de julio de 2022.

10. La Sala Especial de Primera Instancia mediante proveído AEP100 del 17 de agosto de 2022 resolvió i) decretar la ruptura de la unidad procesal exclusivamente respecto de TRINO LUNA CORREA y en relación con el delito de contrato

6 Segunda Instancia No. 60007 110010248000-2020-00007-01 Trino Luna Correa Y Omar Ricardo Díazgranados Velásquez sin cumplimiento de requisitos legales; y ii) continuar con el juicio respecto de TRINO LUNA CORREA en relación con el delito de enriquecimiento ilícito, y de ÓMAR RICARDO DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ por el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. DECISIÓN RECURRIDA Para los efectos de esta decisión, corresponde señalar que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia -entre otras determinacionesresolvió i) no declarar las nulidades planteadas por la defensora de DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ; y ii) negar la recepción de los testimonios de Sara González Rubio y Carlos Julio Cortés Sánchez, solicitados por el defensor de TRINO LUNA

CORREA.

1. Frente a lo primero, el a quo sostuvo que la acusación

no incurrió en las falencias descritas por la defensa. Lo anterior en razón a lo siguiente: 1.1. En la narración de los hechos se indicó que la compulsa de copias ante la Fiscalía se produjo por las presuntas irregularidades en el trámite, celebración y ejecución de contratos relacionados con i) la adquisición de equipos e insumos para la Secretaría de Salud Departamental; ii) cubrimiento de salud para la población más pobre; y iii) mantenimiento y adecuación de centros educativos. 7 Segunda Instancia No. 60007 110010248000-2020-00007-01 Trino Luna Correa Y Omar Ricardo Díazgranados Velásquez 1.2. El pliego de cargos enfatiza que al señor DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ se lo acusa porque -en su condición de gobernador encargadosuscribió los contratos números 22, 23, 92, 93, 94, 95, 96, 171, 183 de 2004 y 191 de 2005, a pesar de la ausencia de requisitos esenciales. 1.3. La acusación cuenta con un cuadro en el que se relaciona cada uno de los contratos cuestionados, con su número y fecha exacta de celebración, la indicación del contratante, la condición en la que actuó y el nombre del contratista. 1.4. Se indicó que en la suscripción de los contratos se trasgredieron los principios de la contratación, dejando en claro que éstos están previstos en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, además de hacer mención expresa al Decreto 2170

del 2002. 1.5. Se precisó que el contrato 171 fue firmado por DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ como Gobernador encargado el 4 de noviembre de 2004 con la CLÍNICA DEL NORTE por valor de $150.000.000 con el objeto de prestar servicios de salud de II y III nivel de atención. 1.6. El mismo rasero siguió la acusación con los contratos 183 del 16 de noviembre de 2004 y 191 del 19 de diciembre de 2005. 1.7. De acuerdo con lo anterior, el a quo concluyó que la Fiscalía hizo una relación sucinta de las conductas 8 Segunda Instancia No. 60007 110010248000-2020-00007-01 Trino Luna Correa Y Omar Ricardo Díazgranados Velásquez imputadas con todas las circunstancias de tiempo y lugar que las especificaban, sin que a la parte defendida puedan quedar dudas respecto de cuáles son los hechos concretos sobre los que debe defenderse.

2. A efecto de negar los testimonios solicitados por el defensor de TRINO LUNA CORREA, la primera instancia sostuvo: 2.1. A la ciudadana Sara González Rubio no le consta lo sucedido en la Gobernación del Magdalena en el periodo comprendido entre el 2004 y 2007. Por ello, lo que pueda relatar la testigo no tendría incidencia alguna en relación con los hechos objeto de juzgamiento que mal pueden constarle, en tanto ninguna vinculación tuvo con ellos. 2.2. Afirmó el a quo que la “prueba pericial” de CARLOS JULIO CORTÉS SÁNCHEZ se compone por “la base de

opinión pericial” y el “testimonio que se rendirá en el juicio”. Sin embargo, señaló que en razón a que el dictamen pericial no fue aportado, no es posible decretar dicha prueba. Lo anterior en razón a que, como no se cuenta con el referido dictamen, no es posible valorarlo y correr el traslado legal correspondiente a los demás sujetos procesales a efecto de que puedan ejercer su derecho a contradecirlo. Finalmente, advirtió que el “…conocimiento del derecho aplicable corresponde al juez, quien a partir de la letra de la ley y los criterios auxiliares de interpretación lo aplicará al 9 Segunda Instancia No. 60007 110010248000-2020-00007-01 Trino Luna Correa Y Omar Ricardo Díazgranados Velásquez caso concreto, de tal forma que no resulta procedente que, al amparo de denominarlo perito o testigo, e introduzca una forma de indicarle al juez cómo realizar ese ejercicio”.

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

1. La defensa de ÓMAR RICARDO DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ no comparte la decisión adoptada por el a quo.

En su sentir la acusación no cumplió con el requisito descrito en el numeral 1° del artículo 398 de la Ley 600 de 2000, esto es, realizar una narración sucinta de la conducta investigada, con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que la especifique. Lo anterior en razón a lo siguiente: Pese a haberse discriminado cada uno de los contratos cuestionados, no se señaló -para cada uno de ellosel requisito o requisitos legales esenciales inobservados por el

procesado al momento de tramitarlos. Ello impide estructurar el ejercicio defensivo alrededor de circunstancias específicas contenidas en la acusación, por lo que, además de invertir la carga probatoria, impide el correcto ejercicio del derecho de defensa y de contera conculca el derecho al debido proceso. En virtud de lo anterior, solicita revocar la decisión adoptada en primera instancia, para que en su lugar se decrete la nulidad de la actuación a partir de la resolución de acusación. 10 Segunda Instancia No. 60007 110010248000-2020-00007-01 Trino Luna Correa Y Omar Ricardo Díazgranados Velásquez

2. La defensa de TRINO LUNA CORREA solicita se revoque parcialmente la decisión adoptada en primera instancia para que en su lugar se decreten los testimonios de Sara González Rubio y Carlos Julio Cortés Sánchez. A efecto de soportar dicha pretensión ofreció los siguientes argumentos: 2.1. Contrario a lo considerado por el a quo, el testimonio de Sara González Rubio resulta pertinente pues explicará que en la Gobernación del Magdalena se ha presentado un desafortunado manejo del archivo. Con ello se acreditará que, contrario a lo referido en la acusación, sí existían estudios de conveniencia, informes de auditoría y pliegos de condiciones -entre otros documentos-, pero que dichos documentos se extraviaron.

Así mismo, dicha ciudadana contará acerca de los inconvenientes que se presentaban en la búsqueda de la documentación, circunstancia que explicaría razonablemente que no se está ante una conducta delictiva, sino que se trata de un yerro en la Gobernación.

2.2. Pese a que la primera instancia manifestó que no se había aportado el dictamen pericial rendido por Carlos Julio Cortés Sánchez, lo cierto es que dicho documento se encuentra en el expediente desde el 6 de julio de 2020. Por ello, en virtud del principio de permanencia de la prueba, no era necesario volverlo a allegar al proceso. Adicionalmente, dicho testimonio resulta relevante en el 11 Segunda Instancia No. 60007 110010248000-2020-00007-01 Trino Luna Correa Y Omar Ricardo Díazgranados Velásquez presente asunto, comoquiera que el experto en contabilidad -Carlos Julio Cortés Sánchezindicará cuáles son los orígenes de los recursos que la Fiscalía considera injustificados y que los mismos provienen de actividades lícitas.

NO RECURRENTES

1. El delegado de la Fiscalía solicita mantener incólume la decisión adoptada por el a quo. A efecto de soportar su pretensión, manifestó: 1.1. El testimonio de Sara González Rubio no resulta pertinente comoquiera que a dicha ciudadana no le constan los hechos que son objeto de juzgamiento dentro del presente asunto. 1.2. El testimonio de Carlos Julio Cortés Sánchez no debe decretarse comoquiera que dicho perito no debe ser quien valore la prueba y determine si el origen de los dineros es lícito o no, pues esa actividad le compete al juzgador. 1.3. No debe decretarse la nulidad de la actuación pues los hechos descritos en la resolución de acusación son claros.

Soporta su afirmación a través de los argumentos expuesto en la decisión recurrida.

2. El delegado del Ministerio Público se pronunció

exclusivamente respecto del recurso de apelación formulado por la defensora de ÓMAR RICARDO DÍAZGRANADOS

VELÁSQUEZ.

12 Segunda Instancia No. 60007 110010248000-2020-00007-01 Trino Luna Correa Y Omar Ricardo Díazgranados Velásquez Considera que no le asiste razón a la recurrente, comoquiera que la Ley 600 de 2000 no le exige a la Fiscalía una descripción detallada de los hechos. Por el contrario, los aspectos temporales, espaciales y modales de la conductaexpuestos en la resolución de acusaciónson aproximaciones de lo que pudo haber acontecido y es posible que se haga de manera general.

CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones que profiera la Sala Especial de Primera Instancia, conforme a lo establecido en el numeral 6º del artículo 235 de la Constitución Política.

2. Delimitación del asunto.

En atención a que la Sala Especial de Primera Instancia decretó la ruptura de la unidad procesal exclusivamente respecto de TRINO LUNA CORREA en relación con el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales -luego de que la Sub-Sala A Especial de Conocimiento y Decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptara el sometimiento voluntario que a esa jurisdicción realizó el precitado-, se advierte que no le compete a la Sala resolver el recurso de alzada propuesto 13 Segunda Instancia No. 60007

110010248000-2020-00007-01 Trino Luna Correa Y Omar Ricardo Díazgranados Velásquez por la defensa de LUNA CORREA en contra de la decisión que negó la práctica del testimonio de Sara González Rubio. Lo anterior por cuanto dicho testimonio fue solicitado para desvirtuar la materialización de la conducta punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, lo que lo torna impertinente en la medida que los hechos relacionados con dicho punible no serán objeto de juzgamiento dentro del presente asunto. Bajo ese panorama, le corresponde a la Sala, exclusivamente, pronunciarse respecto de: i) la negativa de decretar la nulidad de la actuación, y ii) la negativa de decretar el testimonio de Carlos Julio Cortés Sánchez. Ahora, con el fin de resolver los recursos de apelación interpuestos, la Corte examinará los temas objeto de la impugnación, y de ser necesario, los inescindiblemente vinculados con ellos, en observancia del principio de limitación consagrado en artículo 204 de la Ley 600 de 2000. En acatamiento del orden que impone el principio de prelación, primero se abordará el estudio de la nulidad que planteó la defensa de ÓMAR RICARDO DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ, y solo secundariamente, de ser necesario, los temas vinculados con la negativa de decretar el testimonio de Carlos Julio Cortés Sánchez.

3. Las nulidades como garantía y salvaguarda del debido proceso.

14 Segunda Instancia No. 60007 110010248000-2020-00007-01 Trino Luna Correa Y Omar Ricardo Díazgranados Velásquez

El artículo 29 Constitucional establece el debido proceso como instrumento conceptual y normativo que permite proteger y hacer efectivos los demás derechos fundamentales en los procedimientos judiciales. La observancia a las reglas y principios que estructuran el mismo, y que orientan la acción punitiva del Estado, garantizan que esta no resulte arbitraria1. Para asegurar la eficacia del debido proceso y demás garantías fundamentales, en el ordenamiento jurídico está previsto el instituto de las nulidades procesales, el cual permite sancionar las irregularidades que afectan de manera grave la actuación, al obligar que, de modo excepcional, esta tenga que invalidarse2. La gravedad de una anomalía en el proceso se establece a partir de principios que permiten dilucidar si se requiere el remedio extremo de la nulidad o no, puesto que, de hallarse demostrados, esa situación conlleva a la invalidación del acto violatorio correspondiente. Tales principios han sido definidos por la Sala de la siguiente manera: “Taxatividad: significa que solo es posible solicitar la nulidad por los motivos expresamente previstos en la ley. Acreditación: que quien la alega debe especificar la causal que invoca y señalar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya. Protección: la nulidad no puede ser invocada por quien ha coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular. Convalidación: la nulidad puede enmendarse por el consentimiento expreso o tácito del sujeto 1 Cf. CC C-475/97, consideración jurídica No. 4. 2 Cf. CSJ AP, 18 abr. 2017, rad. 48965. Postura reiterada en CSJ AP, 6 dic. 2017,

rad. 49320. 15 Segunda Instancia No. 60007 110010248000-2020-00007-01 Trino Luna Correa Y Omar Ricardo Díazgranados Velásquez perjudicado. Instrumentalidad: la nulidad no procede cuando el acto irregular ha cumplido la finalidad para la cual estaba destinado.

Trascendencia: quien la alegue debe demostrar que afectó una garantía fundamental o desconoció las bases fundamentales de la instrucción o el juzgamiento. Residualidad: solo procede cuando no existe otro medio procesal para subsanar el acto irregular3”.

Según esos principios, no cualquier clase de irregularidad surgida dentro del proceso conduce al remedio extremo de la nulidad. Por el contrario, se debe indicar y probar aquel daño que, sin duda alguna, de manera fehaciente e indefectible, conduzca a la invalidación de la actuación, bien porque hubo quebrantamiento del rito procesal, o por la vulneración de derechos o garantías fundamentales. La declaratoria de nulidad, en últimas, de configurarse, evidencia uno de los fines del Estado Social de Derecho, esto es, “la realización del ius puniendi en condiciones de justicia”4, con plena observancia de las obligaciones de respeto y garantía que tiene el Estado respecto de los derechos fundamentales. Así las cosas, el análisis de una anomalía en el proceso no consiste en la verificación meramente formal sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para que el Estado pueda actuar frente a los ciudadanos, sino en constatar que la irregularidad denunciada haya trasgredido de tal manera el debido proceso

3 CSJ SP, 25 may. 2000, rad. 12781; CSJ AP, 9 jun. 2008, rad. 29092; CSJ SP, 3 feb. 2016, rad. 43356; CSJ AP, 6 dic. 2017, rad. 49320, entre otras.

4 CC C-828/10 y C-387/14.

16 Segunda Instancia No. 60007 110010248000-2020-00007-01 Trino Luna Correa Y Omar Ricardo Díazgranados Velásquez que no quede más remedio que salvaguardarlo con la declaración de una nulidad.

4. De la claridad y especificidad de la atribución fáctica en la acusación, y su incidencia en el proceso y las garantías de los procesados.

El legislador en el artículo 398 de la Ley 600 de 2000 delimitó una serie de exigencias formales que han de reunirse en desarrollo de la calificación del mérito del sumario, las cuales debe efectuar la Fiscalía General de la Nación, una vez se demuestre la existencia del hecho y los medios probatorios que apunten a la responsabilidad penal del sindicado. Dentro de ellas se encuentra “la narración sucinta de la conducta investigada, con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que la especifiquen”, al respecto esta Corporación ha manifestado: “(…) el procesado sólo puede ser juzgado por las conductas definidas fáctica y jurídicamente en la resolución de acusación e incluso, ha reafirmado que para que las circunstancias específicas y genéricas de agravación punitiva puedan ser consideradas en la sentencia es necesario que previamente le hayan sido imputadas al inculpado tanto fáctica como jurídicamente en la acusación.

Sólo de esta manera podrá cumplirse con la garantía al debido proceso y a un juicio público, expresadas mediante el conocimiento previo e inequívoco que tenga el procesado de los cargos que se formulan en su contra tanto por su contenido fáctico como jurídico. En consecuencia, la certeza sobre su contenido permitirá que correlativamente el acusado ejerza el derecho de defensa y a su vez, que el juez tenga definido el marco fáctico y jurídico dentro del cual podrá emitir el fallo que corresponda”5. 5 CSJ - SP. 28 jul. 2006, Rad. 25.648. Reiterado en: CSJ - SP. 23 sep. 2003, Rad. 16.320 y SP17720-2016. 05 dic. 2016, Rad. 41.622. 17 Segunda Instancia No. 60007 110010248000-2020-00007-01 Trino Luna Correa Y Omar Ricardo Díazgranados Velásquez Por consiguiente, la claridad y especificidad de la atribución fáctica en la acusación constituye una de las garantías al debido proceso, a fin de dotar a la defensa del conocimiento sobre el reproche por el cual está siendo procesado su representado, con miras a adoptar las estrategias defensivas adecuadas.

5. Respuesta al recurso de alzada propuesto por la

defensa de ÓMAR RICARDO DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ. 5.1. De acuerdo con lo descrito y la confrontación de la resolución del 24 de agosto de 2020, la Sala corrobora que no le asiste razón a la defensa de ÓMAR RICARDO DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ cuando afirma que pese a

haberse identificado de manera específica los contratos cuestionados, no se señaló -para cada uno de ellosel requisito o requisitos legales esenciales inobservados por el procesado al momento de tramitarlos. 5.2. Contrario a lo afirmado por la recurrente, la Sala advierte que en cada uno de los contratos se definieron -por parte de la Fiscalíalos requisitos legales desatendidos por DÍAZGRANADOS VELÁSQUEZ al suscribirlos. Veamos: 5.2.1. Contrato 22 de 2004: El artículo 13, inciso 2o, del decreto 2170 de 2002, disponía que siendo éste un proceso de contratación directa para la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad, respaldado en la 18 Segunda Instancia No. 60007 110010248000-2020-00007-01 Trino Luna Correa Y Omar Ricardo Díazgranados Velásquez falta de personal de planta suficiente para prestar el servicio, contendría la expresa constancia al respecto y las condiciones de su cumplimiento, incluyendo el detalle de los resultados esperados. Sin embargo, en el contenido del contrato de prestación de servicios nro. 22. suscrito el día lo de abril de 2004, por el gobernador encargado33, Omar Díazgranados, con la contratista Magaly Casado Chinchilla, se hace constar el primer aspecto, más no el segundo; es decir, no se hizo alusión a los resultados esperados, con el detalle demandado. (…) Sin embargo, la revisión del archivo digital remitido, no varió el análisis inicialmente efectuado, toda vez que tampoco se ubicó

documento que sustentara la constancia de los resultados esperados con la labor contratada, ni la efectiva elaboración del pliego de condiciones, conforme lo demandaba la norma en mención; tampoco, existe escrito o actuación, que permita inferir que dichos requisitos contractuales se hayan materializado. 5.2.2. Contrato 23 de 2004: La administración departamental tenía la facultad de contratar directamente, con soporte en lo establecido en el artículo 24 de la ley 80 de 1993, literal d. Así, este contrato fue antecedido de los estudios previos dispuestos en el artículo 8 del decreto 2170 de 2002, lo cual fue acatado, por el secretario de desarrollo de la salud que suscribió los estudios; sin embargo, no sucedió lo mismo, en relación con la realización de los pliegos de condiciones como lo demandaba el artículo 10 del referido decreto. (…) Por tratarse de un proceso de contratación directa, el artículo 13, inciso 2o, del decreto 2170 de 2002, disponía que la celebración de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad, respaldado en la falta de personal de planta suficiente para prestar el servicio, contendría como mínimo la expresa constancia al respecto, las condiciones de cumplimiento del contrato, incluyendo el detalle de los resultados esperados. En este punto, cuando el gobernador encargado42, Omar Díazgranados, el día 1° de abril de 2004, suscribió el contrato de prestación de servicios nro. 23. si bien es cierto cumplió con la constancia exigida, no ocurrió lo mismo en relación con los resultados esperados, como 19 Segunda Instancia No. 60007

110010248000-2020-00007-01 Trino Luna Correa Y Omar Ricardo Díazgranados Velásquez que en su contexto no se hizo referencia alguna a ello; ni tampoco verificó, como se indicó, la existencia de los pliegos de condiciones exigidos por la norma. 5.3.3. Contrato 92 de 2004: El proceso inició en el mes de mayo de 2004, cuando el secretario de desarrollo de salud del Departamento del Magdalena, presentó el estudio de conveniencia y oportunidad, que cumplió los parámetros del artículo 8o del decreto 2170 de 2002; también se aprecia la constancia de publicación de los prepliegos45, atendiendo los preceptos del artículo 1° del decreto en mención; sin embargo, en la carpeta digital, no obra el prepliego, o el pliego de condiciones, exigidos en el artículo 10 de dicha normativa. 5.2.4. Contrato 93 de 2004: En tratándose de un asunto de menor cuantía, este proceso se adelantó bajo la modalidad de contratación directa, el cual inició el 8 de junio de 2004, cuando el secretario de desarrollo de la salud del Departamento del Magdalena, presentó el análisis de conveniencia y oportunidad58, bajo las directrices del artículo 8o del decreto 2170 de 2002. Se observa en la carpeta, el pliego de condiciones (sin número, fecha, ni firma), cuyo contenido es adecuado a los preceptos del artículo 10 de la normativa en comento, que fuera objeto de publicación, en la página web de la entidad, según constancia adiada el 13 de julio de 2004; con posterioridad, en resolución (sin

fecha, número, ni firma), se dispuso la apertura del proceso de contratación, al que comparecieron las firmas Inversiones Santa María de Los Ángeles Ltda., VD & M Ltda. y Bolpin Cía. Ltda., según acta efectuada por la Secretaría Jurídica de la Gobernación, fechada el 13 de julio de 2004, lo que dio lugar al cierre del proceso el día 16 siguiente. Realizada la evaluación financiera, técnica y jurídica, el día 21 de julio de 2004, con soporte en sus resultados, el gobernador Trino Luna, a través de la resolución nro. 333, adjudicó el contrato a la firma BOLPIN CÍA. LTDA., y el 26 de julio siguiente, el gobernador encargado, Ornar Ricardo Díazgranados Velásquez, procedió a firmar el referido contrato de compra