CSJ - AP5608-2022(62520)

GERSON CHAVERRA CASTRO

Magistrado Ponente AP5608-2022 Radicación No. 62520 (Aprobado Acta No. 279) Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022). VISTOS Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por William Hernán Pérez Espinel ex Gobernador del Departamento de Casanare en su condición de procesado, contra el auto del pasado 5 de julio de 2022, por cuyo medio el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías (Meta) le negó libertad condicional.

ANTECEDENTES

1. Contra el ex Gobernador del Departamento de Casanare William Hernán Pérez Espinel, se profirieron los siguientes fallos penales: CUI: 11001020400020090145203

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Segunda Instancia William Hernán Pérez Espinel 1.1. Fue condenado mediante sentencia del 28 de octubre de 2009 por la Sala de Casación Penal en única instancia y previa aceptación de cargos (Rad.32081), a la pena principal de quince (15) años de prisión, multa equivalente a $2.400 millones y diez (10) años de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas y por concepto de perjuicios materiales a pagar el equivalente a 26.637.02 S.M.L.M., como responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por hechos acaecidos entre los años 2001 y 2003. 1.2. Fue condenado mediante sentencia del 13 de agosto de

2014 por la Sala de Casación Penal en única instancia (Rad.38438) a la pena principal de ocho (8) años y cuatro (4) meses de prisión, multa de $43260.000 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por diez (10) años y dos (2) meses, como responsable de los delitos de concusión e interés indebido en la celebración de contratos (A través de auto del 18 de agosto de 2021 la Corte le concedió impugnación especial), por hechos acaecidos entre los años 2001 y 2003. 1.3. Fue condenado mediante sentencia anticipada del 22 de junio de 2016 por la Sala de Casación Penal en única instancia (Rad.46243), a la pena principal de cincuenta y seis (56) meses de prisión, multa de $191552.634, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 56 meses como responsable del delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, por hechos acaecidos entre los años 2001 y 2005. 2

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Segunda Instancia William Hernán Pérez Espinel 1.4. Fue condenado mediante sentencia del 30 de mayo de 2019 por la Sala Especial de Primera Instancia (Rad.41817), a la pena principal de ochenta y seis (86) meses de prisión y multa de $138904.951 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 89 meses y en $ 92554.951 como indemnización de perjuicios a favor de la Gobernación del Casanare como responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por

hechos acaecidos entre los años 2001 y 2003. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por la Sala de Casación Penal mediante sentencia del 26 de mayo de 2021.

2. Mediante auto del 26 de diciembre de 2016, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías

(Meta), resolvió acumular las sentencias de 28 de octubre de 2009, 13 de agosto de 2014 y 22 de junio de 2016, declarando como pena acumulada y definitiva 300 meses de prisión y multa de $2.730588.950 e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años. Esta decisión fue modificada por la Sala de Casación Penal de la Corte a través de auto calendado el 16 de agosto de 2017 (Rad. 47953), en el sentido de precisar que la acumulación jurídica de las penas impuestas en las citadas sentencias, sería de 270 y no de 300 meses.

3. A su vez, mediante auto del 15 de octubre de 2021 el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías (Meta), resolvió entonces acumular a la referida decisión, -que acumuló en 270 meses de prisión la pena de los tres fallos citados-, la sentencia de 30 de mayo de 2019, para de esta manera,

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Segunda Instancia William Hernán Pérez Espinel finalmente, declarar como pena acumulada y definitiva 335 meses de prisión y multa de $2.773717.585 e inhabilitación para el

ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años. DECISIÓN IMPUGNADA Para negar la libertad condicional solicitada por William Hernán Pérez Espinel, el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías (Meta), parte de recordar que el procesado se encuentra purgando la pena de 335 meses de prisión acumulada dentro de las cuatro sentencias en que fue condenado y está privado de la libertad desde el 3 de febrero de 2009. Se plantea como disyuntiva en orden a la solicitud presentada, si tal y como es reclamado por el procesado, para resolver la solicitud de libertad debe aplicarse el original artículo 64 del Código Penal, o si dado que los hechos objeto de condena abarcan el período de 2001 a 2005, deben estudiarse las diversas modificaciones legislativas que dicho precepto ha tenido. Precisamente alude a decisión propia del pasado 26 de enero de 2022 dentro de esta misma actuación, en orden a recordar que uno de los delitos concurrentes, el de enriquecimiento ilícito de servidor público se reputó acaecido hasta el año 2005, con lo cual, en su criterio, resulta aplicable en este caso el referido artículo 64 “…pero sin la reforma que se hizo a través del artículo 5° de la Ley 890 de 2004 y si, con la modificación de que trata el art. 30 de la Ley 1709 de 2014, de un lado, porque si bien para el año 2005 al que se extendió ésta conducta penal, se encontraba vigente la 4

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primera reforma, de otro, porque exigía requisitos más gravosos para el condenado”, mismo que tiene respaldo en jurisprudencia de la Sala Penal (Rad.44195 de 2014). Para la Juez de Ejecución de Penas, no puede pretender el procesado con un criterio de favorabilidad que se aplique el original artículo 64 del C.P., sin reforma alguna, toda vez que los hechos que le fueron imputados como enriquecimiento ilícito abarcan hasta el año 2005 y para ese momento ya se encontraba vigente el artículo 5° de la Ley 890 de 2004, siendo la norma llamada a regular este caso el artículo 3° de la Ley 1709 de 2014 por obrar a favor de sus intereses, en lugar de la que le antecedía. Sobre esta base, recuerda que la conducta desplegada por el procesado se ha calificado de extremadamente grave, pues pesan en su contra cuatro condenas y pese a su acumulación, no ocultan que se está frente a un individuo proclive hacia el quehacer criminal y a pesar de tratarse de una persona con estudios superiores, a quien se confió las riendas de un Departamento, no le importó articular todo un entramado para apropiarse de los recursos públicos, de donde a pesar de reportar una buena conducta al interior de la cárcel, debe todavía permanecer en tratamiento penitenciario, dentro del cual se ubica en fase de mediana seguridad y debe avanzar más para ser liberado, circunstancias que predominan, pues si bien ya colma las 3/5 partes de la sanción y consta, como se indicó, adecuado desempeño y comportamiento carcelario, tampoco se ha acreditado arraigo familiar, ni hay prueba alguna del pago de los

perjuicios a los que fue condenado. 5

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Segunda Instancia William Hernán Pérez Espinel En conclusión, ante el incumplimiento de los requisitos de valoración de la conducta punible, como también la no demostración de arraigo familiar y no pago de perjuicios, es concluyente que se hace necesario continuar con el cumplimiento de la pena, negándose por consiguiente la libertad condicional reclamada. Por auto del 31 de agosto de 2022, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad mantuvo incólume su decisión del 5 de julio y concedió el recurso de apelación invocado. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN Descalifica el recurrente la decisión apelada por “anticonstitucional”, en tanto elude la aplicación favorable del artículo 64 del C.P., para lo cual afirma se cita un antecedente de la Corte que en su criterio no es viable en la solución del presente caso, máxime cuando ya al ratificar la decisión de acumulación jurídica del 22 de junio de 2016, la Sala Penal había señalado que la norma aplicable para resolver el tema de la libertad condicional debía ser dicha disposición. Para sustentar su disparidad, sostiene el actor que la pretensión de que en el presente asunto se aplique el artículo 64 del C.P. original, tienen sustento en el artículo 29 de la Constitución Política, pues la ley favorable aun cuando sea posterior debe preferirse a la restrictiva, de donde estima que para resolver la libertad condicional no deben considerarse las reformas a dicha norma introducidas por la Ley 890 o 1709.

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Segunda Instancia William Hernán Pérez Espinel Para el recurrente, los hechos a que se contrae la sentencia del 22 de junio de 2016 por enriquecimiento ilícito de servidor público, ocurrieron entre los años 2001 y 2003 y no entre 2001 y 2005 como se sostiene en la decisión impugnada. Además, en tal fallo de manera expresa se indicó que no era aplicable a dicho asunto la Ley 890 de 2004, pero en su lugar, como sostiene se extracta de algunos apartes del mismo cuya cita textual usa, imperó el criterio de favorabilidad a la hora de fijar la pena por sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000, pues se dedujo la mayor rebaja para el allanamiento propio de la Ley 906 de 2004. Desde esta perspectiva, solicita se revoque el auto impugnado, para en su lugar concederle la libertad condicional, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos exigidos por el artículo 64 del C.P.

CONSIDERACIONES

1. Competencia La Corte ha considerado, con apego en lo dispuesto en los artículos 75 - 7 de la Ley 600 de 2000 y el parágrafo 1° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004 (cuya aplicación favorable procede al admitir en relación con esta clase de decisiones la doble instancia), así como lo decantado por la jurisprudencia1, que le asiste competencia para conocer del recurso de apelación presentado contra las decisiones emitidas por los 1 CSJ AP1912-2019, Rad. 55399, CSJ AP1780-2019, Rad. 55138; y, CSJ AP1912-2019,

rad. 55399 7

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Segunda Instancia William Hernán Pérez Espinel Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en aquellos asuntos en los que actuó primigeniamente como juez de conocimiento de aforados, bajo el entendido que el fuero de investigación y juzgamiento determinante de su intervención cobija decisiones aún con posterioridad a cobrar firmeza la sentencia que puso fin al proceso, conforme resulta predicable en este caso, dado que procedió como cognoscente en única instancia (Rad.32081, Rad.38438, aun cuando en éste último caso se concediera la impugnación especial en orden a garantizar la doble conformidad judicial, advirtiendo que la misma mantiene el carácter de cosa juzgada, pues no ha sido derruida –Auto de 3 de febrero de 2021 Rad. 58799y Rad.46243) e intervino también como juez de segunda instancia (Rad.41817), pues prevalece en estos casos su participación como autoridad de conocimiento en los términos del precepto procesal citado.

2. Acumulación jurídica de penas 2.1. Como respuesta a aquellos eventos en que por diversos motivos una persona resulta condenada por la justicia penal en actuaciones separadas y le son consiguientemente impuestas distintas sanciones, originalmente se concibió la necesidad de concretar la pena que finalmente debía cumplir a través del mecanismo de agregación material de cada una, en forma tal que como resultado de dicho ejercicio la suma de la totalidad de las inferidas configuraba el objeto a descontar por el sujeto en quien

recaía el poder punitivo del Estado. 2.2. De tal metodología que solucionaba dichos casos mediante la acumulación material de penas cuyo rigor se criticó, 8

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Segunda Instancia William Hernán Pérez Espinel se pasó al extremo opuesto de escoger la sanción más alta impuesta para el hecho más grave, misma que entonces absorbía a las demás, para convertirse en la única medida para los diversos delitos por los que son proferidas las diferentes condenas. 2.3. Como tampoco este método se valoró adecuado a los fines perseguidos, por resultar evidente su extrema benignidad, se acudió con apoyo en los conceptos dogmáticos en esta materia existentes y que propiciaran articular los diversos principios de justicia y culpabilidad, a la denominada acumulación jurídica, que debía emplear nociones insertadas en la solución de los fenómenos de concurso de delitos, pero manteniendo como referentes aquellas premisas o criterios de dosificación punitiva establecidos en cada uno de los casos cuya fusión se procuraba y otros parámetros de esencia temporal en orden a que tal mecanismo procurara efectos favorables al procesado condenado a quien le debiera ser aplicado, en comparación con la técnica original de tener que responder por cada sentencia en forma independiente; marco teórico que a su vez da lugar a que se consolide una decisión monolítica integradora de todas las condenas, misma única ahora objeto de valoración para efectos de su ejecución. 2.4. Así, la acumulación jurídica de penas fue prevista por el artículo 470 de la Ley 600 de 2000, precepto aplicable en este

asunto y mismo en relación con el cual esta Corporación pacíficamente ha venido reiterando que dicha acumulación procede previos estos supuestos: 9

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Segunda Instancia William Hernán Pérez Espinel “(i) Que se trate de penas de igual naturaleza, (ii) que las penas a acumular hayan sido impuestas mediante sentencias y que las sentencias cuyas penas se pretende acumular, se encuentren en firme, (iii) que su ejecución no se haya cumplido en su totalidad, o no hayan sido suspendidas parcial o totalmente por virtud del otorgamiento de los subrogados penales previstos en los artículos 68 y 72 del Código Penal, (iv) que los hechos por los que se emitió condena no hayan sido cometidos con posterioridad al pronunciamiento de cualquiera de las sentencias –de primera o única instancia-, cuya acumulación se pretende, y (v) que las penas no hayan sido impuestas por delitos cometidos durante el tiempo que la persona estuviere privada de la libertad.” (Auto del 11 de marzo de 2015, Radicado 44773 de 2015). 2.5. Al propio tiempo, se ha precisado que cumplidos los presupuestos para la acumulación jurídica de penas, por integración normativa y para efectos de dosificar la pena, debe acudirse al artículo 31 del Código Penal que regula el concurso de conductas punibles, en aquellos aspectos que lógicamente lo posibilitan, toda vez que la suma jurídica no procede sobre las conductas individualmente imputadas al condenado en los procesos objeto de acumulación, sino sobre las penas dosificadas

en la forma y términos en que se haya dispuesto en las sentencias. 2.6. Por ende, la pena ha de establecerse al momento de la acumulación jurídica con estricta sujeción a los fundamentos expresados en los fallos cuya unificación se pretende, con lo cual, una vez aglutinados en la decisión unificada impone que la 10

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Segunda Instancia William Hernán Pérez Espinel valoración consiguiente de la condena a ejecutar lo sea en relación con el efecto de dicho ejercicio, por configurar su resultante una sentencia única e indivisible conforme lo ha precisado doctrina de la Sala, así: “Entonces, la pena que debe fijarse al momento de la acumulación jurídica se deduce, por remisión, de los fundamentos jurídicos y fácticos de la sentencia que va a ser unificada, sin acudir al sistema de cuartos como equivocadamente lo plantea el recurrente, toda vez que las conductas además de haber sido debidamente dosificadas en la sentencia, el objeto de la acumulación es que varias sentencias se conviertan en una, única e indivisible, en la cual se fija una pena razonable y dentro de los límites normativos”. (Auto del 16 de abril de 2015, Radicado. 45507). 2.7. Ciertamente, el artículo 470 de la Ley 600 de 2000, aplicable al presente asunto, dispone: “Las normas que regulan la dosificación de la pena, en caso de concurso de conductas punibles, se aplicarán también cuando los delitos conexos se hubieren fallado independientemente. Igualmente,

cuando se hubieren proferido varias sentencias en diferentes procesos. En estos casos la pena impuesta en la primera decisión se tendrá como parte de la sanción a imponer. No podrán acumularse penas por delitos cometidos con posterioridad al proferimiento de sentencia de primera o única instancia en cualquiera de los procesos, ni penas ya ejecutadas, ni las impuestas por delitos cometidos durante el tiempo que la persona estuviere privada de la libertad.” 11

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Segunda Instancia William Hernán Pérez Espinel Ahora bien, la remisión al artículo 31 del C.P., como precepto que se ocupa de regular la dosificación de la pena en los casos de concurso, se ha entendido imperiosa en los supuestos de acumulación jurídica, en el sentido de proceder comparando el quantum punitivo establecido en cada una de las sentencias a acumular para adicionar otro tanto a la mayor sanción allí contemplada2, sin que como se ha precisado pueda la misma superar la suma aritmética de las penas, ni el doble de la más grave, pero tampoco el límite máximo de 60 años de prisión. Resultado final que deberá ser determinado por el juez al que compete la ejecución de la sanción. Todas estas premisas han sido decantadas por doctrina de la Sala, así: “En esa labor de determinación de la proporción que aumenta la pena en los casos de concurso delictual, el Legislador otorgó al juez un poder discrecional, sin que ello implique un proceder arbitrario, caprichoso o antojadizo, pues el mismo debe sustentarse en la evaluación de las conductas punibles que fueron objeto de reproche, en las circunstancias

en que se cometió la conducta y en las condiciones personales del procesado3, como también en los bornes cuantitativos previstos en el artículo 31 del C.P., concretamente, (i) el incremento no puede superar la suma aritmética de las penas correspondientes, (ii) “hasta en otro tanto”, y (iii) sin sobrepasar los 60 años de prisión. En el mismo sentido, y con el propósito de fijar pautas claras que definan la facultad del juzgador para determinar la pena en estos eventos, aplicables también a los casos de acumulación jurídica de penas, la Corte unificó su jurisprudencia, a partir de la cual se resuelven los problemas de hermenéutica suscitados con la entrada en vigencia del artículo 31 del C.P. - Ley 599 de 2000 -, norma que omitió 2 Cfr. CSJ SP, 30 Abr 2014, Rad. 43474 3 Cfr. AP 1902-2015. Radicado 45507. 12

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Segunda Instancia William Hernán Pérez Espinel hacer referencia a criterios puntuales orientadores de la actividad jurisdiccional como sí acontecía en el Decreto Ley 100 de 1980, inciso 2º del artículo 61. En efecto, en la SP 5420-2014 de 30 de abril de 2014, rad. 41.350, la Sala recogió la postura conforme a la cual el incremento punitivo por el concurso de conductas punibles se sujetaba a la valoración de los criterios obrantes en el artículo 61 inciso 3º del Código Penal, como quiera que “(…) no sólo carecería de sustento normativo, sino además

reñiría con el principio de no volver sobre lo mismo dos veces, ya que tales aspectos debieron ser apreciados por el juez a la hora de individualizar la pena por cada comportamiento concurrente.” Así, sostuvo la Sala que “(…) tampoco es afortunado sugerir que en la concreción del aumento por el concurso no se puede apreciar el número de delitos que convergen, pues una tal valoración es inherente al sentido del artículo 31 de la Ley 599 de 2000, en el cual la infracción de «varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición» suscita la obligación de determinar las sanciones «que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas», además de considerar la prohibición de no exceder su «suma aritmética». La cantidad de ilícitos en la dosificación de la pena se trata, por lo tanto, de un factor que al funcionario no le es posible desconocer”. … De ahí que, cuando el funcionario ha fijado las penas por cada delito concurrente, escoge la sanción más grave y la incrementa en razón del concurso, no sólo tiene el deber de considerar límites numéricos como el hasta otro tanto, la suma aritmética o el máximo de sesenta (60) años de prisión, sino a la vez puede invocar aspectos valorativos como la cantidad de conductas y la mayor o menor gravedad de los comportamientos, así como las modalidades bajo las cuales fueron ejecutadas las acciones, en aras de que el resultado guarde armonía con los fines del derecho penal de amparar bienes jurídicos, evitar sanciones excesivas e impedir en las decisiones judiciales el subjetivismo o la irracionalidad.” (Auto, 10 de diciembre de 2015

Radicado 47158). 13

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3. Libertad condicional, normativa aplicable en este caso 3.1. Como fue advertido, al exgobernador del departamento del Casanare William Hernán Pérez Espinel se le condenó en los cuatro procesos independientes seguidos en su contra, como penalmente responsable de los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito de servidor público, por hechos comprendidos entre los años 2001 y 2005, imponiéndosele como sanción privativa de la libertad acumulada 335 meses de prisión. 3.2. Dado este conocimiento y el hecho de haberse acumulado la condena correspondiente a los diversos fallos proferidos en su contra, el primer problema a resolver tiene relación con la norma reguladora de la libertad condicional aplicable al presente caso, bajo el claro entendido que la única decisión ejecutable es la contenida en la sentencia que jurídicamente las aglutinó. 3.3. Así, el artículo 64 original de la Ley 599 de 2000 contemplaba la libertad condicional, así: “Libertad condicional. El Juez concederá la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad mayor de tres (3) años, cuando haya cumplido las tres quintas partes de la condena, siempre que de su buena conducta en el establecimiento carcelario pueda el

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Segunda Instancia William Hernán Pérez Espinel Juez deducir, motivadamente, que no existe necesidad para continuar con la ejecución de la pena. No podrá negarse el beneficio de la libertad condicional atendiendo a las circunstancias y antecedentes tenidos en cuenta para la dosificación de la pena. El período de prueba será el que falte para el cumplimiento total de la condena”4. Esta norma fue modificada por el artículo 5º de la Ley 890 de 2004, vigente desde el 1º de enero de 2005, en los siguientes términos: “Artículo 64. Libertad condicional. El juez podrá conceder la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad previa valoración de la gravedad de la conducta punible, cuando haya cumplido las dos terceras partes (2/3) de la pena y su buena conducta durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena. En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa y de la reparación a la víctima. El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como período de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto”5. En razón de no estar sujeta la vigencia de dicho precepto a la implementación gradual del sistema procesal contenido en la 4 La expresión subrayada fue declarada inexequible mediante sentencia C-806 de 2002. 5 La expresión “previa valoración de la gravedad de la conducta punible” fue declarada exequible, en el entendido de que dicha

valoración deberá atenerse a los términos en que fue evaluada la gravedad de la conducta en la sentencia condenatoria por parte del juez de la causa. Sentencia C-194 de 2005. 15

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Segunda Instancia William Hernán Pérez Espinel Ley 906 de 2004, el artículo 5° en cuestión, modificatorio del artículo 64, como fue observado, se ha entendido que entró a regir a partir del 1° de enero de 2005. A su vez, el artículo 64 en tales términos fue nuevamente modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014. Este su tenor: “Artículo 64. Libertad condicional. El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:

1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.

2. Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.

3. Que demuestre arraigo familiar y social.

Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer, con todos los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia del arraigo. En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se

demuestre insolvencia del condenado. 16

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Segunda Instancia William Hernán Pérez Espinel El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario”6. 3.4. Prevalido de considerar que el artículo 64 original del Código Penal estuvo vigente durante la ejecución de la mayoría de las conductas punibles por las cuales fue procesado William Hernán Pérez Espinel, como que dan cuenta del período 2001 a 2003 como lapso de su realización, se ha reclamado en orden a la libertad condicional su exclusiva aplicación, sin reparar en que al propio tiempo, hay hechos constitutivos del delito de enriquecimiento ilícito que se reputan acaecidos durante el lapso 2001 a 2005 y que por ende quedaron cobijados bajo los supuestos de la Ley 890 de 2004 que la modificó y determinan por tanto la normativa que en principio regula este mecanismo sucedáneo de la pena. Al propio tiempo, según se advirtió a través de la literalidad de su contenido, como quiera que la Ley 890 contempló para la libertad condicional algunos requisitos de mayor rigor que aquellos finalmente fijados por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014 (destacándose la previa valoración de la gravedad de la conducta punible, el cumplimiento de las 2/3 partes de la pena y el pago total de la multa y reparación de la víctima) y clarificado por lo demás el carácter monolítico, único, indivisible y unificado de la sentencia acumulada, la valoración de la medida alternativa

para obtener la liberación bajo ciertas condiciones procurada por 6 La expresión “previa valoración de la conducta punible” fue declarada exequible en el entendido de que las valoraciones de la conducta punible hechas por los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad para decidir sobre la libertad condicional de los condenados tengan en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean éstas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional. Sentencia C-757 de 2014 17

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Segunda Instancia William Hernán Pérez Espinel aquél, debe consiguientemente efectuarse con base en los presupuestos señalados en esta última normativa, por resultar la aplicable en este caso, pero además, aquella que regula dicho instituto con menor grado de exigencias considerada la situación procesal del condenado, conforme lo concluyó la decisión impugnada. 3.5. Ciertamente, en este sentido no asiste razón al recurrente en tanto aspira que la libertad condicional deba cotejarse con exclusiva referencia al contenido del artículo 64 original del Código Penal, pues la sentencia acumulativa de penas proferida -que le representó una disminución de la sanción punitiva en siete (7) años y tres (3) meses-, comprendió, según se ha insistido, delitos cometidos cuando ya tal norma había perdido vigencia, sin que quepa desde luego su aplicación ultraactiva, toda vez que no se trata de hacerle producir efectos respecto de un delito cometido cuando se encontraba rigiendo, sino que el lapso reprochado como de enriquecimiento ilícito lo

fue hasta el último día del período 2005, esto es, cuando ya la figura de la libertad condicional reclamada se encontraba regulada por los nuevos supuestos de la normativa que lo modificó (Ley 890); sólo que por cuanto a su vez como se ha advertido tal regulación fue sustituida (Ley 1709), en la solución del caso se debe consiguientemente consultar la última reforma por resultar dentro de dicho contexto más beneficiosa al procesado, analizada con el criterio de unificación que le es propio, esto es, que la totalidad de sus consecuencias se trasladan a todo el ámbito de influencia de su valoración por consolidar un solo cuerpo de decisión, como se ha indicado. 18

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4. El caso concreto 4.1. De la regulación contenida en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014 a la figura de la libertad condicional se sigue que, previa valoración de la conduc