CSJ - AP5644-2022(62563)

GERSON CHAVERRA CASTRO

Magistrado Ponente AP5644-2022 Radicación No. 62563 (Aprobado Acta No 279) Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

I. ASUNTO Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el defensor de SORREL PARISA AROCA RODRÍGUEZ, contra el auto del 14 de septiembre de 2022, por medio del cual la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó algunas de las pruebas documentales solicitadas por el recurrente, dentro del proceso que se adelanta por el delito de homicidio culposo.

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II. ANTECEDENTES 2.1 Fácticos De acuerdo con el auto de pruebas, se sintetizan del siguiente modo: «SORREL PARISA AROCA RODRÍGUEZ fue elegida Gobernadora del departamento de Putumayo para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019 y, según la acusación formulada por la Fiscalía, omitió llevar a cabo las medidas necesarias, a las que estaba obligada adelantar, para evitar las muerte de 327 personas identificadas y 9 sin identificar con ocasión del fenómeno natural de avenida torrencial o flujo de detritos acaecido el 31 de marzo y el 1 de abril de 2017, la cual afectó el cabildo Musurunakuna, la subestación de energía Junín,

destruyó los barrios San Miguel, San Fernando y Progreso, occidente de la cárcel municipal y perjudicó más de 30 barrios de Mocoa. «Para el ente acusador, la gobernadora conocía el grado de amenaza, vulnerabilidad y riesgo inminente en que se encontraba la población cercana a las cuencas hídricas y, en consecuencia, las altas probabilidades que un desastre de esta magnitud aconteciera en ese sector, por ello le imputó la muerte de 336 personas, por la concurrencia de los siguientes elementos facticos: «i) Tenia posición de garante. «ii) Mediaban condiciones naturales que generaban riesgo para la comunidad y, siendo conocidas por ella, le era exigible tomar las medidas a su alcance para prever y contener su resultado». 2

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Segunda Instancia Sorrel Parisa Aroca Rodríguez 2.2 Procesales 2.2.1. El 11 de diciembre de 2017, ante un Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con función de control de garantías, la Fiscalía atribuyó a SORREL PARISA AROCA RODRÍGUEZ la posible autoría en el delito de homicidio culposo en concurso homogéneo, cargos que no fueron aceptados por la imputada. 2.2.2. El 7 de marzo de 2018, fue radicado escrito de acusación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y el 14 de agosto siguiente, por competencia, el proceso se envió a la Sala Especial de esta misma corporación.

2.2.3. El 5 de octubre de 2021, se efectuó la audiencia de formulación de acusación, según el concurso de delitos imputados. Y, el 20 de abril y 19 de mayo de 2022 se realizó la audiencia preparatoria, en la que se fijaron las estipulaciones probatorias, la acusada manifestó no aceptar los cargos y se realizaron las solicitudes y oposiciones probatorias. 2.2.4. El 14 de septiembre de 2022, se decretó la incorporación directa de documentos públicos pedidos por la Fiscalía y la práctica de la prueba testimonial. Aparte, se negó la realización de algunas de las declaraciones. Sobre las peticiones probatorias efectuadas por la defensa, la Sala Especial decretó la incorporación directa de 3

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Segunda Instancia Sorrel Parisa Aroca Rodríguez varios documentos públicos y negó ingresar las documentales numeradas con los consecutivos 4.2.1.1., 4.2.1.3., 4.2.1.7., 4.2.1.8., 4.2.1.22., 4.2.1.27., 4.2.1.28., 4.2.1.33. y 4.2.1.35. 2.2.5. El 4 de octubre de 2022, en sesión de audiencia preparatoria se procedió con la lectura de la decisión, la defensa interpuso el recurso de apelación contra el auto que resolvió las solicitudes probatorias, por cuanto que la Sala

Especial negó la incorporación de los documentos identificados con la numeración 4.2.1.1., 4.2.1.3., 4.2.1.22. y 4.2.1.27. Realizado el trámite de apelación, la Sala Especial envió el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para la resolución del recurso.

III. PROVIDENCIA RECURRIDA 3.1 En auto del 4 de octubre de 2022, la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia, se pronunció sobre las solicitudes probatorias de la Fiscalía y la defensa del procesado; por consiguiente, decretó la práctica de algunas pruebas pedidas y negó otras de las requeridas.

Para los efectos de esta decisión, se relacionan las pruebas tocantes con el recurso de apelación. Es decir, aquellas integradas en el numeral 6.2.1.1, donde niega la incorporación de: (i) La video infografía titulada: “¿Qué pasó el 31 de marzo de 2017 en la ciudad de Mocoa?”. Numerada 4.2.1.1. 4

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Segunda Instancia Sorrel Parisa Aroca Rodríguez (ii) El informe técnico sobre el proyecto “Asociación de Vivienda Comunitaria San Miguel de Mocoa”, expedido por Corpoamazonía, regional Putumayo, el 23 de noviembre de

2000. Numerada 4.2.1.3.

(iii) El concepto de la Dirección General del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, emitido el 5 de mayo de 2017. Numerada 4.2.1.22.

(iv) El Oficio 20203000000181 suscrito por los subdirectores de Meteorología e Hidrología del IDEAM el 3 de febrero de 2020. Numerada 4.2.1.27. Al considerar sí admitía o no esos documentos, la Sala Especial consideró que: si bien se trata de instrumentos públicos que gozan de la posibilidad de ser incorporados sin necesidad de acudir a un testigo de acreditación, con estos elementos de prueba no puede actuarse de esa forma, porque tienen una finalidad demostrativa; según se advierte en la sustentación del recurrente. Es decir, por ir dirigidos a la obtención de conclusiones especializadas, se requiere contar con el testimonio de quienes los produjeron, actividad que solo puede surtirse en audiencia de juicio oral, donde se brindarían las explicaciones técnicas que ofrece la defensa.

IV. LA IMPUGNACIÓN 4.1. El auto emitido por la Sala Especial de la Corte fue apelado por la defensa, en cuanto a la inadmisión de algunas pruebas documentales. Al respecto, los demás sujetos

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Segunda Instancia Sorrel Parisa Aroca Rodríguez procesales e intervinientes se pronunciaron en calidad de no recurrentes. 4.2. Afirmó que la decisión de primera instancia es errónea por un razonamiento equivocado, de interpretación incorrecta que configura un «paralogismo» que afectó el debido proceso -artículo 29 de la Constitución Política-, el principio de igualdad -artículo 4o de la Ley 906 de 2004-, la violación del

derecho de defensa y el contenido mismo de la prueba. En este sentido, los argumentos que sustentan la apelación se corresponden a los siguientes documentos: 4.2.1 Vídeo infografía titulada: «¿Que pasó el 31 de marzo de 2017 en la ciudad de Mocoa?» - Servicio Geológico Colombiano - SGC La defensa argumentó que en el numeral 4.2.1.1 de la providencia se señaló lo relacionado con la video infografía, la cual describe como un documento público elaborado por el Servicio Geológico Colombiano que explica lo ocurrido el 31 de marzo del 2017 en la ciudad de Mocoa, Putumayo. La vídeo infografía no es un documento técnico ni científico, sino pedagógico de divulgación pública, que tiene por objeto comunicar las particularidades de un fenómeno; para el caso, una información esquemática que resume los datos y explica a través de gráficos o imágenes -videos sencillos de asimilar-, los posibles efectos del fenómeno natural que “contiene una multicausalidad y una explicación derivada de la técnica y de la ciencia”. 6

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Segunda Instancia Sorrel Parisa Aroca Rodríguez Agrega el recurrente que “La infografía tiene un guion elaborado por un grupo interdisciplinario de técnicos y de científicos, tiene un diseño, hay un locutor, hay una división específica y una conclusión”; además, cuenta con un ejemplo para ilustrar. Este documento fue emitido por un instituto científico y técnico, con personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, que hace parte del Sistema nacional de ciencia y tecnología

e innovación. Desde lo jurídico, se trata de un análisis sobre la posible vulneración de una norma, según los actores que resulten o no comprometidos en un hecho de esta naturaleza; por tanto, no se equipara a una experticia que exija una explicación por parte de un experto. Asimismo, es un elemento esencial y estratégico de política pública, orientado a sensibilizar a las personas sobre riesgos naturales similares al que sucedió en Mocoa. La video infografía incorpora “elementos de la ciencia, que como se sabe, la ciencia es acumulativa”, hace una reseña relacionada con los aspectos geológicos, geográficos, geomorfológicos que caracterizan la región amazónica en la cordillera oriental. En conclusión, es un documento público que no requiere de explicaciones técnicas, porque se explica por sí mismo, por ser expositivo, es tan claro, que hace referencia a testigos de distintos eventos; por ejemplo, forja reseñas para pobladores, personas que no son expertas y que simplemente pueden dar fe de su sentimiento natural y genuino, sin mayores explicaciones científicas. 7

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Segunda Instancia Sorrel Parisa Aroca Rodríguez 4.2.2. Informe técnico Proyecto «Asociación de Vivienda Comunitaria San Miguel de Mocoa», Corpoamazonía, regional Putumayo, noviembre 23 de 2000 Solicitud probatoria número 4.2.1.31 que se relaciona con el informe 3062 de noviembre 3 de 2000, que contextualiza el asentamiento de la población al pie del río

Taruca, afectado el 31 de marzo del 2017, contrariando el concepto de inviabilidad de zona de alto riesgo. La Sala Especial aplicó la misma argumentación para desestimar esta documental, y si bien motivó que la prueba tenía vocación de ingresar sin testigo de acreditación, contrariamente determinó que su aducción requiere del testimonio de quien produjo el instrumento, por tener la propuesta un propósito demostrativo para establecer conclusiones científicas. Sin embargo, al resolver sobre la solicitud en sede de pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba, la instancia no detalló ni cotejó el documento con las apreciaciones que hizo la defensa; ni atendió que este fue producido por expertos de nivel internacional de la Corporación para el desarrollo sostenible del sur de la Amazonia colombiana, Regional Putumayo, entidad de carácter público especializada en la Amazonía y de su problemática ambiental. 1 Gestor documental, audio recurso de apelación (04 oct., 2022), minuto: 00:31:00 8

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Segunda Instancia Sorrel Parisa Aroca Rodríguez Tampoco tuvo en cuenta, que el núcleo central del informe técnico se ocupa de «la invasión de tierras por parte de personas que se colocan en áreas protegidas cercanas al río, en este caso el barrio San Miguel, que es de los más afectados, en una zona de alto riesgo para asentamientos humanos». Se trata de un «Concepto técnico de viabilidad como documento preliminar, como requisito indispensable para continuar con el trámite legal en los procesos de un proyecto o para su desistimiento»2; Por tanto, no es una pericia ni un documento

técnico de fondo, porque apenas fue utilizado en el cierre de un trámite de licenciamiento ambiental, negado en noviembre 27 de 2000. Advierte que no es un documento científico, sino de orden administrativo, que por su naturaleza ilustra lo que encontraron en el barrio San Miguel, y a su vez, llama la atención sobre la intervención antrópica, la intrusión del hombre en áreas protegidas, cuya afectación tiene graves consecuencias en el medio ambiente y abre unas variables de riesgo para quienes ocupan esas zonas protegidas. Finalmente, sostuvo que de acuerdo con la providencia CSJ SP7732-2017, 1º jun., rad. 46278, sus argumentos son suficientes para que la prueba sea estimada y se disponga su incorporación al debate que se dará en el juicio oral. Por cuanto que «el testigo de acreditación solo se torna indispensable para introducir el juicio oral los documentos sobre los cuales no recae la presunción de autenticidad a qué se refiere el artículo cuatro 25 de la ley 906 de 2004» 2 Gestor documental, audio recurso de apelación (04 oct., 2022), minuto: 00:33:40 9

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Segunda Instancia Sorrel Parisa Aroca Rodríguez 4.2.3. Concepto del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, mayo 5 de 2017 Refirió que la solicitud probatorio se identifica con el numeral 4.2.1.223 y corresponde al concepto emitido y dirigido a la Corte Constitucional por la directora general del

Instituto de Investigaciones Científicas (SINCHI). El documento se ocupa de las causas que generaron el fenómeno de la avenida torrencial, es decir, la deforestación y la crisis ambiental; por tal razón, la Sala Especial consideró que su incorporación «exige un testigo de acreditación», dado el propósito demostrativo para establecer conclusiones científicas. Sin embargo, al ser un documento producido por un instituto público de importancia científica y técnica, dedicado al estudio de la Amazonía colombiana, no requiere de un testigo de acreditación. Además, no puede perderse de vista que se dirige a señalar las circunstancias propias de la calamidad, la multiplicidad de variables y la incidencia de la afectación antrópica por la urbanización en zonas deforestadas. 4.2.4. Oficio 20203000000181 de las Subdirecciones de meteorología e hidrología del IDEAM, emitido el 3 de febrero del 2020 Solicitud probatoria indicada con el numeral 4.2.1.274, al respecto refirió que es intrascendente que el documento se 3 Gestor documental, audio recurso de apelación (04 oct., 2022), minuto: 00:44:30 4 Gestor documental, audio recurso de apelación (04 oct., 2022), minuto: 00:50:25 10

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Segunda Instancia Sorrel Parisa Aroca Rodríguez haya utilizado en un trámite administrativo de reparación directa, ya que su importancia radica en su condición de público con un valor relevante; esto, por contener una contextualización del comportamiento de las precipitaciones

atmosféricas y los fenómenos meteorológicos que se presentaron en Mocoa entre el 31 de marzo y 1º de abril de 2017. La importancia del documento está centrada en suministrar información sobre: alertas de las condiciones meteorológicas; el boletín diario hidrológico; el informe diario de amenaza por deslizamiento de tierra; los vídeos institucionales; el aplicativo “mi pronóstico”; las vertientes, cuencas, microcuencas y los cuerpos de agua que integran el complejo hídrico que circunda la ciudad de Mocoa. Es un instrumento descriptivo que contiene el seguimiento hidro meteorológico que se realizó en la ciudad de Mocoa, sobre mediciones históricas de precipitaciones; por tanto, no puede ser descartado porque no requiere de un testigo de acreditación para su incorporación y posterior atención en el juicio oral, es un documento público que se explica por sí mismo. Destaca el recurrente que la Sala Especial, con un mismo argumento, desestimó las solicitudes probatorias de la defensa, sin atender el contenido de los medios materia de prueba ofrecidos y sin considerar que se trata de documentos públicos que no requieren de testigo de acreditación, dado 11

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Segunda Instancia Sorrel Parisa Aroca Rodríguez los argumentos de orden lógico, jurídico y científico técnico que los justifican para ser utilizados. Por consiguiente, pide la revocatoria de la decisión y se disponga el ingreso de los documentos; de este modo, poder realizar el contradictorio y llevar a cabo una defensa integral.

V. NO RECURRENTES

5.1. Fiscalía

No advierte el error que el apelante endilga al razonamiento expuesto por la Sala Especial, cuando inadmite las pruebas documentales; porque, ni concreta el error de razonamiento ni este emerge de manera sintética de los argumentos bajo los cuales la Corte negó las solicitudes probatorias. El recurrente al momento de pedir la introducción de los referidos documentos en la audiencia preparatoria, los calificó como informes técnicos, conceptos técnicos; pero al sustentar el recurso de apelación, pese a reconocer su contenido técnico, degrada su naturaleza, al señalar que apenas son instrumentos descriptivos, ilustrativos o simplemente informativos, y que por tener la condición de públicos no requieren de testigo de acreditación. En la vídeo infografía, como lo señala la Corte, es necesario conocer cómo se erigió la información, el concepto y la conclusión en sí mismos; para eso, se requiere que el 12

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Segunda Instancia Sorrel Parisa Aroca Rodríguez experto técnico que elaboró el documento concurra como testigo, a dar cuenta de las especificidades bajo las cuales procedió. Acota la Fiscalía que el recurrente eludió lo que le era exigible al fundamentar el recurso de apelación y, más bien, intentó mejorar los argumentos de pertinencia, cuestión que debió agotar en la audiencia preparatoria, momento oportuno para sustentar las solicitudes probatorias Por tanto, pide que no se revoque el auto recurrido en la parte atacada por la defensa y, en consecuencia, se

proceda a confirmarlo. 5.2. Víctimas Por una parte, mostró su acuerdo con la intervención de la Fiscalía y, por otra, efectuó una solicitud probatoria de manera impertinente, dado que al estarse en la sustentación del recurso de apelación como no recurrente, está limitado para hacer peticiones por fuera del tema de la apelación. De modo que la postulación que efectuó podrá decantarla ante el competente en el momento que le corresponda. 5.3. Ministerio Público La solicitud probatoria de la defensa tiene dos aristas: i) Clasificar el documento como un informe técnico que no requiere de un testigo para su autenticación; o ii) catalogarlo como publicación científica. En ambos casos se ubica dentro de 13

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Segunda Instancia Sorrel Parisa Aroca Rodríguez la especie de prueba pericial, la cual, para su incorporación en el juicio demanda de un perito o testigo técnico o de acreditación. Así, en lo que refiere a la petición probatoria relacionada con la video infografía, considera que se trata de una evidencia demostrativa que debe sujetarse a lo previsto en el artículo 423 de la Ley 906 del 2004, en la medida que la admisibilidad de ese tipo de evidencias aplica lo regulado para la prueba pericial; por tanto, la inclusión al proceso requiere de un testigo experto, pues debe tenderse a que la conclusión que reciba el juzgador sea la correcta. Respecto de las otras tres (3) documentales inadmitidas, encuentra que la defensa debió anunciar la

prueba testimonial para su incorporación. Por cuanto que las valoraciones realizadas por fuera de la actividad procesal penal, carecen de vocación interpretativa y no pueden incidir en la decisión que la Sala adopte; además, porque se desconocería el principio de inmediación procesal que impone valorar solamente las pruebas practicadas en juicio.

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 6.1. La competencia La Sala es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra el auto del 14 de septiembre de 2022, proferido por la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporación, de conformidad con el

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Segunda Instancia Sorrel Parisa Aroca Rodríguez numeral 6°, artículo 235 de la Constitución Política, modificado por el artículo 3° del Acto Legislativo 01 de 2018, en armonía con el artículo 177 de la Ley 906 de 2004. En este contexto, las facultades de la Corte se circunscriben a resolver los temas objeto de impugnación, pudiendo extenderse únicamente a aquellos que resulten inescindiblemente vinculados a los mismos, de donde surge precisar que no corresponde referirse a los argumentos que no tienen una conexidad sustancial con el objeto de la cuestión. Se deduce entonces que, el principio de limitación impide al superior jerárquico abordar temas ajenos a los resueltos en la decisión impugnada, como ocurre con aquella postulación de la defensa, acerca de lo que considera desconocer el principio de igualdad de armas y que más bien

se revela como una crítica frente a lo que sucede en la práctica judicial, pero que en modo alguno emerge suficiente para tenerse como fundamentación del desacuerdo. 6.2. Problema jurídico Con atención a la decisión objeto de impugnación y la sustentación del recurso de apelación interpuesto por la defensa de la acusada, la Sala identifica el siguiente problema jurídico a resolver: Determinar si la inadmisión de los documentos públicos negados a la defensa, requieren de incorporación por los 15

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Segunda Instancia Sorrel Parisa Aroca Rodríguez expertos que los produjeron, al demandar explicaciones y conclusiones técnicas, como también, garantizar la oportunidad de contradicción a cargo de la Fiscalía y demás intervinientes. 6.3. Reglas probatorias afines para la solución del caso Con el propósito decidir las críticas expuestas por el recurrente, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: (i) pertinencia y conducencia en el entorno de las pruebas inadmitidas; (ii) testigo de acreditación y su relación con la autenticidad de la prueba documental; (iii) testigo experto e incorporación de documentos de contenido especializado; (iv) incorporación de elementos materiales de prueba existentes en otros procesos judiciales o administrativos. 6.3.1. Pertinencia y conducencia en el entorno de las pruebas inadmitidas La Corte ha expuesto5 que el artículo 375 de la Ley 906 de 2004 precisa que el medio cognoscitivo es pertinente, cuando se refiere «directa o indirectamente, a los hechos o

circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado», añadiendo que también lo es, cuando “sólo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o perito». Por tanto, el concepto y alcance de pertinencia de la prueba, está 5 CSJ AP948-2018, 7 mar., rad. 51882 y CSJ AP4640-2022, 24 ago., rad. 61078, entre muchas más. 16

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Segunda Instancia Sorrel Parisa Aroca Rodríguez definido por el legislador e integrado por las nociones de pertinencia directa y pertinencia indirecta.

La pertinencia directa: entendida como aquella prueba que se refiere al hecho principal objeto de debate, por circunscribirse a una explicación que suele ser más simple, «como cuando se solicita el testimonio de una persona que presenció el delito o de un video donde el mismo quedó registrado».

La pertinencia indirecta: son pruebas que tienen una relación indirecta con el hecho jurídicamente relevante «como cuando sirven para demostrar un dato a partir del cual pueda hacerse una inferencia útil para la teoría del caso de la parte»6; por tanto, exige mayor rigor argumentativo, en el sentido de ofrecerle al juzgador los suficientes elementos de juicio para decidir sobre su práctica o no.

La pertinencia de la prueba, en general, se determina por su correspondencia con los hechos jurídicamente relevantes de la acusación o en el caso de la defensa, por su

teoría alterna, que debe probarse en cada caso. Por tanto, quien solicita la prueba debe demostrar su relevancia directa con los hechos, o si se relaciona con la identidad del acusado, o hace más o menos probable alguno de los hechos o circunstancias relevantes, entre otras funciones. Por tal razón, las partes están obligadas a exponer y diferenciar con claridad y precisión la pertinencia directa o indirecta de los medios de convicción que pretenden que sean 6 CSJ AP 5785-2015, 30 Sep. 2015, Rad. 46153, CSJ SP 8 Jun.2011, Rad 35130. 17

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Segunda Instancia Sorrel Parisa Aroca Rodríguez decretados para llevar a juicio y convencer al juez de su teoría del caso; así, demostrar los hechos que requieran prueba propuestos en la acusación, según las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en la ley, cumpliendo la regla del artículo 376 ibídem., que dispone «toda prueba pertinente es admisible», con las excepciones consagrados en esta misma norma. En cuanto a la conducencia de la prueba, la Corte ha reiterado que: «[L]a conducencia se refiere a una cuestión de derecho. Sus principales expresiones son: (i) la obligación legal de probar un hecho con un determinado medio de prueba; (ii) la prohibición legal de probar un hecho con un determinado medio de prueba, y (iii) la prohibición de probar ciertos hechos, aunque en principio puedan ser catalogados como objeto de prueba7. Por ello, quien alega falta

de conducencia debe indicar cuál es la norma jurídica que regula la obligación de usar un medio de prueba determinado u otra de las situaciones que acaban de mencionarse» CSJ AP5785-2015, 30 sep., rad. 46153 y CSJ AP948-2018, 7 mar., rad. 51882, entre otras. De esta manera, cuando la situación a resolver envuelve las normas que regulan el medio de prueba, se está ante un tema de conducencia y no de pertinencia; esto pasa en la incorporación de elementos materiales que demandan la aplicación de un determinado procedimiento, como ocurre con la aducción de documentos que requieren de explicación especializada por quien los produjeron (inciso 2º, artículo 431 de 7 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Bogotá: Ed. Temis, 2002. 18

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Segunda Instancia Sorrel Parisa Aroca Rodríguez la Ley 906 de 2004), o en el caso de la prueba pericial (artículo 405 y siguientes, ibídem). 6.3.2. Testigo de acreditación y su relación con la autenticidad de la prueba documental La Corte, en su amplia consideración sobre el concepto y alcance del testigo de acreditación, inició por indicar que: «el documento que se pretendiera aducir en juicio, lo fuera a través de un testigo de acreditación que debía declarar sobre dónde y cómo lo obtuvo, quién lo suscribe, si es original o copia y los datos generales relativos a su contenido, a fin de acreditar aspectos que permitan determinar su autenticidad y pertinencia» AP1644 de 2

de abril de 2014, radicado 43162. Por eso, el testigo de acreditación se define como «fuente indirecta del conocimiento de los hechos8 y como la persona que recopila, asegura y custodia la evidencia y documentos, que por cuyo medio se pretende ingresar al juicio, en orden a establecer la confiabilidad y validez del documento ingresado a través de su testimonio» (CSJ AP69802016, 12 oct., rad. 48115). Sin embargo, hubo intermedios en que la Corte estimó que de conformidad con el artículo 425 de la Ley 906 de 2004, «los documentos que gozan de la presunción de autenticidad no requieren testigo de acreditación» (CSJ AP, 26 ene. 2009, rad. 31049 y CSJ SP, 24 jul. 2012, rad. 38187). Posteriormente, la Corte reconsideró parcialmente el criterio al precisar que: 8 CSJ SP-2009, 9 may., rad. 35595. 19

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Segunda Instancia Sorrel Parisa Aroca Rodríguez «el testigo de acreditación sólo se torna indispensable para introducir al juicio oral los documentos sobre los cuales no recae la presunción de autenticidad a que se refiere el artículo 425 de la Ley 906 de 2004, de tal manera que aquellos que gozan de esa presunción pueden ser ingresados directamente por la parte interesada». De este modo, si el propósito del testigo de acreditación es demostrar la autenticidad del documento, no tiene ningún sentido hacerlo cuando el mismo goza de tal presunción. Para poder ejercer la debida confrontación, se consideró

que la contraparte tiene derecho a conocer el contenido del documento; lo cual se garantiza con el descubrimiento que se realiza en las oportunidades procesales que la ley prevé en la audiencia preparatoria. Esto significa que los documentos que no gozan de la presunción de autenticidad requieren obligatoriamente del testigo de acreditación (CSJ SP SP77322017, 1º jun., rad. 46278). De acuerdo con esto, el testigo de acreditación hace relación exclusiva a la autenticidad del documento, es decir, que sobre el mismo no recaiga sospecha; por ejemplo: por haber sido obtenido con el propósito de inducir en error a un servidor público por contener información falsa o parcial de la verdad. Este tipo de testigos tienen por objeto dar fe de la autenticidad del documento, si es requerido; sin que sus manifestaciones impliquen explicaciones para el entendimiento de su contenido, con este fin, se demanda el cumplimiento del procedimiento pertinente, como el ingreso del documento con las elucidaciones del profesional que lo 20

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Segunda Instancia Sorrel Parisa Aroca Rodríguez elaboró o quien se constate está en condiciones de hacer lo propio, y si se trata de un dictamen pericial, acudiéndose a las reglas previstas en ese trámite. 6.3.3. Testigo experto e incorporación de documentos de contenido especializado La copia simple de documentos de contenido especializado puede ser valorada por el Juez como prueba documental. Sin embargo, si en el proceso penal se propone tener en cuenta esta variedad de información técnica especializada, se debe cumplir con la normatividad procesal penal correspondiente.

En primer lugar, los documentos de contenido especializado no pueden ingresar al proceso a través de un testigo de acreditación, cuando su presentación requiera las explicaciones del experto acerca del contenido de los documentos, como ocurre con los informes o conceptos técnicos que, sin tener el carácter de prueba pericial9, recogen información entendida que se fundamenta en la ciencia, la técnica o las artes, como,