CSJ - AP6486-2024(62686)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO

Magistrado Ponente AP6486-2024 Radicación No. 62686 (Acta No. 154) Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticuatro (2024) ASUNTO Se pronuncia la Sala sobre el recurso de apelación interpuesto por la víctima, contra la providencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán (Cauca) el 24 de octubre de 2022, mediante la cual se decidió favorablemente la solicitud de la Fiscalía de precluir la investigación a favor de PATRICIA MARÍA OROZCO URRUTIA, investigada por el delito de prevaricato por acción, en su condición de Juez Promiscuo del Circuito de Caloto.

CASACION 62686

CUI 19001600060220180708002

PATRICIA MARIA OROZCO URRUTIA

I. HECHOS El Tribunal los relató de la siguiente manera: «El señor Carlos Arturo Donado Durán es propietario de tres lotes que adquirió mediante las escrituras públicas N193 del 29 de agosto de 1979, N°68 del 26 de abril de 1980 y N°88 de 8 de mayo de 1981; los cuales por adyacentes los englobó mediante la escritura pública N 206 del 14 de julio de 1981, como finca rural “La Margarita”, ubicado en el paraje de San Nicolás o Morales; y través de la escritura pública N 51 del 21 de febrero de 1990 también compró los derechos sucesorales en cabeza de María Sixta

Tulia Carabali, predio adjunto a esa propiedad. A los señores Jaime Salguero Ruíz y Lucy Estela Agredo Urbano (acreedores), por sentencia judicial! les fue adjudicado el predio de la escritura pública N° 51; mismo que, por escritura pública N° 1216 del 11 de abril de 2007, de la Notaría 14 de Cali, Valle, vendieron a los señores William Galíndez Caicedo y Diomar Ortiz Bravo, actualmente colindantes, y -según el señor Carlos Arturo Donado Duránquienes al tomar posesión lo hicieron sobre terrenos de mayor extensión, pasando más allá de los linderos, accediendo y acreciendo la propiedad de ellos (William y Diomar), además que en forma arbitraria crearon una servidumbre para vehículos automotores que no ha sido reconocida por activa o pasiva, y por ello está privado de la posesión material de los predios, puesto que la posesión la tienen actualmente los señores William Galíndez Caicedo y Diomar Ortiz Bravo, desde el mes de septiembre de 2007. Los señores William Galíndez Caicedo y Diomar Ortiz Bravo por medio de la escritura pública N° 1458 del 2 de mayo de 2007 compraron otra propiedad -junto a la anteriory también colinda con el predio del señor Carlos Arturo Donado Durán; habiendo sido el vendedor el señor José Emilio Viáfara quien adquirió ese predio por escritura pública N° 409 del 30 de octubre de 1991 ante la Notaría Única de Caloto. El señor Carlos Arturo Donado Durán instauró demanda reivindicatoria de dominio en contra de los señores Diomar Ortiz

1 El señor Carlos Arturo Donado Durán habia hipotecado ese predio a los dos citados, Jaime Salguero Ruiz y Lucy Estela Agredo Urbano, quienes lo demandaron a través de proceso ejecutivo que culminó con tal adjudicación. El juzgado civil del circuito de Caloto, mediante providencia del 17 de julio de 1997, resolvió adjudicar a los señores Jaime Salguero Ruiz y Lucy Stella Agredo Urbano, como únicos acreedores, para el pago de su crédito y costas, el siguiente inmueble: un predio rural, ubicada en la vereda “La Loma”, municipio de Caloto, denominado “La Palma”, de una extensión superficiaria de 14 plazas con 883 m? con todas sus mejoras, dependencias y anexidades.

CASACION 62686

CUI 19001600060220180708002 PATRICIA MARIA OROZCO URRUTIA Bravo y William Galindez Caicedo, para que restituyan los predios invadidos ubicados en la parte frontal y atrás del lote que queda pasando la primera cañada. Y la doctora Patricia María Orozco Urrutia, juez promiscuo del circuito de Caloto, Cauca, en desarrollo de ese proceso civil por acción de dominio profirió la sentencia civil N 02 de 18 de febrero de 2011, considerando los “Presupuestos de la acción reivindicatoria™, entre los que destacó, por los hechos de la demanda, que el demandante aseguró ser propietario del predio “La Margarita” con 11 ha 1.600 m2., pero al revisar la E.P. N 206 constató que ese inmueble no tiene la extensión superficiaria

alegada en el “hecho primero”, porque corresponde a 9 ha y 1.600 m2, y como, por la inspección judicial y el dictamen pericial con su aclaración, nunca se identificó el predio invadido, y los demandados alegaron haber adquirido el inmueble que el demandante había hipotecado y les fue adjudicado mediante aquella sentencia a la pareja Salguero-Agredo con 14 plazas y 883 m2, compradores de buena fe, declaró evidenciada la excepción de mérito, interpuesta por la parte demandada, denominada buena fe sobre bienes adquiridos por escritura pública y de la posesión de los mismos».

II. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

1. El 10 de febrero de 2021 la Fiscalía radicó -ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán (Cauca)- solicitud de preclusión de la investigación a favor de PATRICIA MARÍA OROZCO URRUTIA, con sustento en la causal contenida en el numeral 4° del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, esto es, por atipicidad del hecho investigado.

2. El Tribunal instaló la respectiva audiencia el 19 de 2021, la cual fue aplazada por solicitud de las víctimas. El 3 de junio siguiente se continuó con la diligencia y, 2 1. El demandante sea titular del derecho de propiedad sobre la cosa cuya restitución demanda; 2. cosa singular reivindicable o cuota determinada de cosa singular; 3. identidad entre lo poseído y pretendido; y 4. que el demandado tenga la calidad jurídica de poseedor.

CASACION 62686

CUI 19001600060220180708002

PATRICIA MARIA OROZCO URRUTIA mediante proveído de ese mismo dia, el Tribunal resolvió reconocer como víctimas a Carlos Arturo Donado Duran y a la Rama Judicial. De otro lado, dispuso no reconocer dicha calidad a los ciudadanos Giancarlo Donado Medina y Melvin Arturo Donado Medina. Inconformes con dicha determinación, los precitados interpusieron recurso de reposición y apelación, los que sustentaron de manera inmediata. El Tribunal no repuso su decisión y concedió el recurso de alzada, asunto que fue resuelto por la Sala mediante decisión AP2579-2022 del 15 de junio de 2022, confirmando lo dispuesto por el a quo.

3. El 25 de agosto de 2022 continuó la audiencia de preclusión, diligencia en la que los hijos del señor Carlos Arturo Donado Durán informaron del fallecimiento de su padre el 3 de febrero del año en curso, solicitando se les autorizara su intervención en calidad de herederos de la víctima reconocida, a lo cual se accedió por parte del Tribunal. Luego, el magistrado ponente concedió la palabra al señor fiscal delegado ante esa Corporación, quien procedió a sustentar la solicitud de preclusión de la investigación seguida en contra PATRICIA MARIA OROZCO URRUTIA, fundamentándola en la causal del numeral 4° del artículo 332 de la ley 906 de 2004.

4. El 1 de septiembre de 2022 continuó el desarrollo de la audiencia de preclusión, presentándose oposición

CASACION 62686

CUI 19001600060220180708002

PATRICIA MARIA OROZCO URRUTIA únicamente por parte de Giancarlo Donado Medina, hijo del señor Carlos Arturo Donado Durán (fallecido).

5. El 24 de octubre de 2022 El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Cauca, Sala de Decisión Penal, resolvió decretar la preclusión incoada por el ente persecutor en favor de PATRICIA MARÍA OROZCO URRUTIA, Juez Promiscuo del Circuito de Caloto, por la investigación que le adelantaba por la conducta punible de prevaricato por acción, dada la atipicidad absoluta de la conducta.

Luego de presentarse manifestaciones de las partes e intervinientes en torno a la legitimidad para intervenir por parte de los sucesores de la víctima fallecida, el magistrado ponente indicó que la Sala resolvió reconocer como víctimas a los señores Giancarlo Donado Medina y Melvin Donado Medina, concediendo el uso de la palabra al abogado Giancarlo Donado Medina, quien intervino en su nombre y el de su hermano Melvin Donado Medina, para sustentar el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán.

III. LA DECISIÓN APELADA La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán accedió a la petición de la Fiscalía delegada al no

CASACION 62686

CUI 19001600060220180708002 PATRICIA MARIA OROZCO URRUTIA hallar configurada la tipicidad del delito de prevaricato por accion, considerando que: La sentencia civil N. 02 de 18 de febrero de 2011,

proferida por la Juez Promiscuo del Circuito de Caloto, PATRICIA MARIA OROZCO URRUTIA, en desarrollo del proceso civil ordinario reivindicatorio iniciado por el senor Carlos Arturo Donado Duran, estuvo ajustada a derecho. Dicha sentencia declaró evidenciada la excepción de mérito interpuesta por la parte demandada, denominada buena fe sobre bienes adquiridos por escritura pública y de la posesión de estos, decisión confirmada por la Sala CivilFamilia del Tribunal Superior de Popayán el 16 de mayo de 2012. Luego de un largo discurrir probatorio por parte del a quo, estableció que dicha decisión emitida por la funcionaria judicial investigada había partido del problema jurídico debidamente resuelto en la providencia, el cual consistía en la pregunta por la mala fe en la actuación de los demandados, cuya respuesta fue negativa. Tanto la primera como segunda instancia civil, encontraron que los demandados en el proceso ordinario reivindicatorio eran adquirentes de buena fe, por lo que los señores Diomar Ortiz Bravo y William Galíndez Caicedo adquirieron un inmueble con escritura pública registrada y de la cual se les hizo entrega física, por tanto, entraron a poseerlo como lo establece la ley.

CASACION 62686

CUI 19001600060220180708002 PATRICIA MARIA OROZCO URRUTIA Asi pues, consideró la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán que la sentencia reprochada respondía a una valoración probatoria prudente y ajustada a la legalidad por parte de la juzgadora, toda vez que, tal y como

se sustentó ampliamente en el fallo, no se demostraron todos los presupuestos necesarios para el ejercicio de la acción reivindicatoria o de dominio, al no identificarse plenamente sobre qué parte del inmueble estaría la reivindicación, puesto que se practicaron pruebas como la inspección judicial y un dictamen pericial, y la parte demandante no demostró claramente “los predios invadidos” por los demandados, sobre los cuales se pretendía recayera la sentencia. Aunado a ello, la parte demandante no allegó en la oportunidad procesal correspondiente la prueba documental de estudio de títulos, para que la parte demandada tuviera conocimiento y pudiera referirse a la misma, tanto que no se descorrió al traslado de las “excepciones de mérito” presentadas por los demandados ni se llevó a la inspección judicial, sino mucho después de haberse presentado el dictamen pericial y su aclaración. Lo anterior, pues el “informe técnico” se arribó al proceso mediante memorial del 1 de octubre de 2010, y a dicho elemento probatorio se refirió el demandante en los “alegatos de conclusión”, como si hubiese sido una prueba legalmente aportada dentro de las oportunidades procesales legales; como tampoco fue enseñado a tiempo el “informe técnico del oficial del catastro”, el cual aclara lo sucedido dentro de los inmuebles del demandante y demandado.

CASACION 62686

CUI 19001600060220180708002 PATRICIA MARIA OROZCO URRUTIA En consecuencia, el Tribunal declaró la atipicidad absoluta de la conducta investigada y su consecuente preclusión, rechazando las alegaciones de la víctima, en cuya

defensa entremezcló la investigación penal con el procedimiento y fines del proceso civil.

IV. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO Las víctimas Giancarlo Donado Medina y Melvin Donado Medina estuvieron en desacuerdo con el Tribunal?, por lo que el primero tomó la vocería para dar a conocer las razones que sustentan la apelación interpuesta: «La fiscalía no sustentó en debida forma la solicitud de preclusion.

Adujo de manera somera, después de realizar dos horas de lectura de documentos, aplicando el aforismo confunde y reinarás, para concluir que sustentaba la causal de preclusión en la causal 4ta. Soy enfático en decir que después de dos horas de lectura por parte de la fiscalía y de aplicar el aforismo confunde y reinarás, sustenta su petición de preclusión en el numeral 4, consistente en la causal de atipicidad. Contrario a lo que manifestó la fiscalía, consideramos que se reúnen los elementos del tipo tanto subjetivos como objetivos para declarar que en el presente caso se cometió por parte de la investigada -una de las tantas investigadas que solicitó la procuraduríael delito de prevaricato por acción, consistente en precisamente, tal cual como lo indiqué en el sustento de la oposición a la solicitud de preclusión, en que básicamente la operadora judicial se apartó del ordenamiento jurídico Y, como respetuosamente considero advirtió la Sala, hizo un análisis de asertividad del fallo y no como lo ha indicado la jurisprudencia, en un análisis de legalidad, utilizó la sala adjetivos como “prudente” y demás, cuando la Sala se debió haber centrado de manera concreta en lo que

puse de manera manifiesta y en evidencia, y es que la señora fiscal a juicio de ella, derogó todo el ordenamiento jurídico al establecer que la escritura que fue aportada por mi parte en ese momento había sido corregida, cuando tuvo todos los elementos, y ahí viene otro elemento que no analizó la fiscalía y no fue sustento de su investigación, también prevaricó por omisión. 3 Escuchar la sustentación desde el récord 1:33:12.

CASACION 62686

CUI 19001600060220180708002 PATRICIA MARIA OROZCO URRUTIA Se puso de presente en la solicitud de oposición a la preclusion que la señora juez omitió sus deberes como directora del proceso al apartarse de la obligación de analizar las pruebas en conjunto. Como bien lo resaltó la Sala después de realizar toda la sustentación del fallo, la Sala equivocadamente traslada la carga de corregir un documento que por obvias razones es el legítimo y que por obvias razones se demostró de manifiesto que fue adulterado. Tan es así como también se indicó en la sustentación de la oposición que no es raro ni coincidencial que la escritura que se enunció como espuria lleva 11 años en indagación preliminar y no ha sido decidida, ¿por qué? Porque ese ha sido el caballito de guerra y la batalla para crear esta confusión y es decir que nunca hubo certeza sobre el predio a reivindicar porque se apoyaba en un documento espurio. Traslada también la Sala la carga adicional sin ningún sustento, que mi padre tenía que haber corregido la escritura. Con todo respeto que se merecen no es así, porque la escritura real es

la que aportó mi padre, la numero 68. Y nosotros agotamos todos los recursos, y digo nosotros porque yo estuve en ese estudio jurídico antes de ser abogado y lo he tratado durante todo este tiempo. Agotamos los recursos de apelación, tutela, denuncias, todo lo que le cabe y le puede caber a una sentencia ilegal como esa y, es más, presentamos la denuncia, que vuelvo y reitero es la que debería haber solucionado este problema, pero por motivos que desconocemos, pero que tienen que ser investigados por una justicia pronta, por una fiscalía preparada y diligente, para que logremos determinar quién está detrás de todo eso. Me aparto de la decisión de la Sala, precisamente porque hace un juicio de asertividad y no de legalidad, porque si entraran a ver el meollo del asunto y de manera concreta lo que se denunció, que es la juez se apartó del ordenamiento jurídico al establecer que esa escritura había sido corregida, sin atender lo que regulaban las normas que ustedes citaron, el decreto único reglamentario 1069 el cual explica de manera detallada cómo se corrigen esas escrituras. En ese sentido considero que la Sala desacertadamente hace un análisis de asertividad y no de legalidad como lo pide la jurisprudencia, porque si hubiera sido como lo demanda la norma, se habrían dado cuenta de que no hay razón que justifique esa ilegalidad consistente en a folio 13, 4 y 3 de la sentencia indica que la escritura fue adulterada. Quiero que la Corte Suprema revise de manera detalla los fundamentos que en su momento expuse por la oposición y que sea de recibo este motivo de inconformidad y que

presente atención a este traslado de cargas que nos impone a nosotros como victimas la fiscalía, en su desacierto de después de habernos tenido como sucesores y todo el parapeto legal que tuvo que armar para cercenamos la posibilidad de recurrir como hacemos en este momento la sentencia, que muy respetuosamente consideramos que se extendió en temas que no dieron al fondo. El fondo es la sentencia es ilegal porque desatendió el marco jurídico que debía regular cómo se corregía la escritura pública y adicionalmente la fiscalía dejó de realizar una actividad respecto de los demás sujetos que debían ser investigados y por tal razón y no solo eso, sino por la omisión de aplicar una interpretación universal y de todas las pruebas, la jueza incurrió en ese delito penal. Como decimos, reúne el tipo objetivo y subjetivo, por considerar que la fiscalía no sustentó de manera técnica la solicitud de

CASACION 62686

CUI 19001600060220180708002 PATRICIA MARIA OROZCO URRUTIA preclusion, la Sala, considero, debió haberla rechazado y continuar con la investigación... Por otro lado, el Fiscal Delegado ante el Tribunal solicitó se rechazara el recurso de apelación, ya que no son realmente víctimas quienes lo interponen. Señala que no es cierto que la fiscalía no sustentara bien la preclusión decretada y, en todo caso, la decisión de la juez investigada fue correcta. Al unísono, el representante del Ministerio Público y la defensa, solicitan impartir confirmación al auto recurrido.

VI. CONSIDERACIONES De conformidad con el numeral 3 del artículo 32 de la

Ley 906 de 2004, la Corte es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido el 24 de octubre de 2022 por el Tribunal Superior de Popayán (Cauca). Corresponde a la Sala establecer si en el presente asunto concurren los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios para decretar la preclusión de la actuación seguida en contra de PATRICIA MARIA OROZCO URRUTIA por el delito de prevaricato por acción. Para ello, el desarrollo de esta providencia abordará de manera concreta lo referente a (i) la preclusión en el sistema procesal de la Ley 906 de 2004, (ii) la estructura típica del 10

CASACION 62686

CUI 19001600060220180708002 PATRICIA MARIA OROZCO URRUTIA punible de prevaricato por accion y (iii) si, en este caso, es viable mantener o no la preclusion decretada. (i) De la preclusión Según lo determinan los artículos 250 de la Constitución Política y 200 de la Ley 906 de 2004, el ejercicio de la acción penal corresponde a la Fiscalía General de la Nación, cuya función no se limita a la persecución de conductas punibles, sino que le faculta para solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de la investigación en etapa de indagación, investigación o juzgamiento, siempre que de su labor investigativa se acredite la configuración de alguna de las causales previstas en el artículo 332 de la Ley 906 de 2004. La preclusión es una forma de terminación anticipada

del proceso penal, procedente si la circunstancia invocada esté demostrada cabalmente, esto es, si se acredita luego de surtida una investigación acuciosa por parte del ente persecutor, cuyo resultado excluya las hipótesis alternativas indicativas de la necesidad de seguir adelante con la actuación. En otras palabras, «..una decisión de ese tenor sólo es posible cuando la investigación se ha adelantado con la acuciosidad y rigor que demanda el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, cometido para el cual la Fiscalía deberá actuar con apego al principio de objetividad contemplado en el artículo 115 del ordenamiento procedimental penal. Lo anterior para significar que la preclusión de la investigación solamente procede cuando la causal invocada se encuentra debidamente demostrada, lo cual toma factible que, en caso de ser negada, la Fiscalía continúe profundizando en la investigación en aras de acopiar elementos de juicio que le permitan imputar o 11

CASACION 62686

CUI 19001600060220180708002 PATRICIA MARIA OROZCO URRUTIA acusar, o demandar nuevamente la preclusión, en esta segunda oportunidad con un apoyo probatorio más amplio y contundente, que permita al juez establecer sin asomo de duda que la causal alegada como sustento de la pretensión se estructura a satisfacción». Precisamente, la trascendencia de una decisión de esta naturaleza se explica por su carácter definitivo, al finalizar la persecución penal contra el implicado respecto de los hechos objeto de investigación, contando con la fuerza vinculante de la cosa juzgada. En relación con la causal prevista en el numeral 4° del

artículo 332 de la Ley 906 de 2004, por la que se accedió a la preclusión en este caso, la Corte ha dicho que: (...) se refiere a la “atipicidad del hecho investigado”, contexto dentro del cual resulta incontrastable que la atipicidad pregonada debe ser absoluta, pues para extinguir la acción penal con fuerza de cosa juzgada se requiere que el acto humano no se ubique en ningún tipo penal, en tanto que la relativa, esgrimida por la Fiscalía, hace referencia a que si bien los hechos investigados no se adecuan dentro de una específica conducta punible (abuso de función pública, valga el caso), sí encuadran dentro de otra (prevaricato, por vía de ejemplo). Si ello es así, esto es, si de lo que se trata es de una atipicidad relativa, no parecería admisible que se aspirase a la preclusión, en tanto el sentido común indicaría la necesidad de continuar la investigación respecto del tipo penal que, al parecer, sí recogería en su integridad lo sucedido. (CSJ AP, 27 nov. 2013, Rad. 38458). De igual modo, la Corte ha reconocido su configuración cuando la conducta no se adecúa a las exigencias materiales del tipo penal, o cuando concurriendo, falta la tipicidad subjetiva del delito imputado. Así lo tiene dicho: 4 CSJ AP, 16 feb. 2022, 60796. 12

CASACION 62686

CUI 19001600060220180708002 PATRICIA MARIA OROZCO URRUTIA (...) fi) por un lado, la conducta ha de adecuarse a las exigencias materiales del tipo objetivo -sujeto activo, accion,

resultado, causalidad, medios y modalidades del comportamiento-; (ii) Y, de otro, debe cumplir con la especie de conducta -dolo, culpa o preterintenciónestablecida por el legislador en cada norma especial (tipo subjetivo), puesto que conforme al «artículo 21 del Código Penal, todos los tipos de la parte especial corresponden a conductas dolosas, salvo cuando se haya previsto expresamente que se trata de comportamientos culposos o preterintencionales». Lo anterior implica que el juez de conocimiento, ante una solicitud de preclusion fundamentada en la causal 4°, debe encontrar probado que: (i) no se reúnen los elementos constitutivos del tipo penal; o, (ii) a pesar de lograrse esa adecuación, la conducta no se cometió dentro de la forma subjetiva que le corresponde al delito endilgado. (CSJ SP9162020 y CSJ AP1834-2021). (ii) De la estructura típica del punible de prevaricato por acción. Sobre el delito por el que se investiga a PATRICIA MARÍA OROZCO URRUTIA, el artículo 413 de la Ley 599 de 2000 establece: Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento

cuarenta y cuatro (144) meses. Los elementos del tipo penal objetivo están constituidos por: i) un sujeto activo calificado, esto es, un servidor público; ii) que profiera resolución, dictamen o concepto y iii) sea manifiestamente contrario a la ley. Sobre este último 13

CASACION 62686

CUI 19001600060220180708002 PATRICIA MARIA OROZCO URRUTIA presupuesto, la Corte ha dicho que no solo se configura cuando existe completa discordancia entre la argumentación jurídica y el resultado probatorio o el derecho aplicable al asunto, sino cuando la providencia carece de motivación (algunas decisiones sobre el tema: CSJ SP, 13 ago. 2003, Rad. 19303; CSJ SP, 20 ene. 2016, Rad. 46.806; CSJ SP4620-2016 y CSJ SP3434-2021, entre otros). Por ser una conducta punible esencialmente dolosa, exige del sujeto activo que obre con el conocimiento de que, al emitir la resolución, el dictamen o el concepto, se aparta ostensiblemente de la ley y, no obstante, asiente en ello. Además, la conducta no se configura con el simple proferimiento de una decisión equivocada, ya que el tipo penal exige la concurrencia del elemento normativo «manifiestamente contrario a la ley». (iii) Caso concreto Al realizar el análisis correspondiente, la Sala advierte, en primer lugar, que se encuentra acreditada la calidad de funcionaria pública de PATRICIA MARÍA ORORZCO URRUTIA, quien, para el 18 de febrero de 2011 se desempeñaba como Juez Promiscuo del Circuito de Caloto.

En segundo lugar, no hay duda de que la mencionada funcionaria profirió la sentencia civil N.° 02 de 18 de febrero de 2011, en desarrollo de un proceso de acción de dominio. En esta providencia, decidió declarar probada la excepción de mérito denominada buena fe sobre bienes adquiridos por 14

CASACION 62686

CUI 19001600060220180708002 PATRICIA MARIA OROZCO URRUTIA escritura publica y de su posesion, interpuesta por la parte demandada. Para llegar a dicha decision, en el proceso civil a cargo de la indiciada se practicaron 30 pruebas de diferente índole”, las cuales valoró para determinar si en el caso concreto se cumplian los presupuestos de la accion reivindicatoria. Asi, de manera explícita consagró las razones para considerar el incumplimiento de algunos de dichos presupuestos. Ahora, los requisitos para que resulte satisfactoria la actio reivindicatio, son (CSJ SC211-2017): a) Derecho de dominio en el demandante. b) Posesión material en el demandado. c) Cosa singular reivindicable o cuota determinada de cosa singular. d) Identidad entre lo que se pretende y lo que detenta el demandado. Sobre el incumplimiento acreditado de algunos de los anteriores elementos, se explica en la sentencia objeto de análisis lo siguiente: “Veamos si se da el primer presupuesto de los cuatro ya citados, el cual es: 1.- Que el demandante sea titular del derecho de propiedad sobre la cosa cuya restitución demanda. En el presente asunto, el doctor CARLOS DONADO, asegura en los hechos de la demanda, que él es propietario

de un predio rural denominado "La Margarita", ubicado en el paraje Marañón-La Loma, localizado en el Municipio de 5 Referidas en la mencionada sentencia, la cual se encuentra de manera digital en el cuaderno de EMP de la fiscalía. 15

CASACION 62686

CUI 19001600060220180708002 PATRICIA MARIA OROZCO URRUTIA Caloto, da sus linderos y dice que el área del inmueble es: 11 hectáreas 1.600 mts, el cual fue adquirido inicialmente y parcialmente mediante escritura pública No. 193 de Agosto 29 de 1979, y 88 de Mayo 8 de 1981. Posteriormente procedió a englobar estos predios mediante Escritura Pública No. 206 de Junio 14 de 1981 de acuerdo a las áreas determinadas en las mencionadas escrituras. El Juzgado al analizar la Escritura Pública No, 206 de Junio 14 de 1981, otorgada en la Notaría Única de Caloto, aparece este inmueble donde están englobados los otros, con una EXTENSIÓN SUPER.FICIARIA DE NUEVE (9) HECTAREAS Y UN MIL SEISCIENTOS METROS CUADRADOS (1.600 Mts?). Y, en el certificado de tradición del predio "LA MARGARITA", distinguido con las Matrículas Inmobiliarias 124-0002778-124-0003265-1240004 130, aparece claramente consignada la misma extensión superficiaria de.

NUEVE (9) Hectáreas UN MIL SEISCIENTOS METROS

CUADRADOS (1600 Mts2).

O sea, que según lo demuestran los documentos pertinentes para ello, según disposición legal, como son la

Escritura Púbica y el certificado de tradición, el inmueble del demandante no tiene la extensión superficiaria que alega en el hecho PRIMERO de la demanda de 11 Hectáreas 1.600 Mts, sino de NUEVE (9) Hectáreas UN MIL SEISCIENTOS

METROS CUADRADOS (1600 Mts2).

Y, el Juzgado teniendo conocimiento dentro del trámite del proceso, según afirmaciones del mismo demandante, este inmueble se encuentra embargado y secuestrado por cuenta de un proceso ejecutivo singular adelantado en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de esta Localidad, solicitó como prueba de oficio, se enviara copia de la diligencia de secuestro para verificar exactamente la extensión secuestrada y según copia enviada por ese Despacho Judicial de la actuación realizada dentro del proceso ejecutivo singular de menor cuantía instaurado inicialmente por el señor GUSTAVO VALENCIA VELEZ contra el señor CARLOS ARTURO DONADO, aparece identificado el bien inmueble y se da una extensión superficiaria aproximada de 9 Hectáreas 1.600 Mts2, y que aparece en el folio 264 del Cuaderno principal, coincidiendo esta con la consignada en la Escritura Pública citada y con el certificado de tradición aludido. Lo que quiere decir que el primer presupuesto para que proceda el proceso reivindicatorio no se cumple, porque el demandante no es propietario de un inmueble de un áreas 16

CASACION 62686

CUI 19001600060220180708002

PATRICIA MARIA OROZCO URRUTIA

(sic) de "11 hectáreas 1.600 mts"” folios 14 y 15 de la referida

sentencia.

Sobre este primer requisito incumplido para acceder a la petición del demandante en dicho proceso civil, se expusieron las razones jurídicas para concluir la falta de acreditación de la titularidad del bien inmueble en cabeza del demandante. Esto, pues luego del estudio de títulos a través de