CSJ - AP662-2024(65050)

GERARDO BARBOSA CASTILLO Magistrado ponente AP662-2024 Radicación No. 65050 Acta No. 018 Bogotá D. C., catorce (14) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

I. VISTOS La Corte se pronuncia sobre la extemporaneidad en la sustentación del mecanismo de impugnación especial promovido por la defensa de BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN contra la sentencia proferida el 29 de junio de 2023, en virtud de la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar revocó la absolutoria emitida el 24 de marzo de igual anualidad por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento del mismo Distrito Judicial y, en su lugar, lo condenó como autor del punible de actos sexuales con menor de catorce años.

CUI 20 001 60 01074 2015 01374 01 Impugnación Especial n.° 65050

BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN

II. ANTECEDENTES 2.1 Fácticos Así fueron referidos en la sentencia de primera instancia1: Ocurrieron en la madrugada del día 8 de diciembre de 2015, en la residencia ubicada en la [c]alle 30 No. 4D–61 del barrio Villa del Rosario de la ciudad de Valledupar, en donde los moradores de dicho inmueble, ÁLVARO ENRIQUE RAMÍREZ ARCI[NIE]GAS y MAR[Í]A ESTHER TORRES, departían con unos vecino[s] en la terraza, cuando BRAYAN STIWARX VEGA PALACIN pidió prestado

un baño a la señora MAR[Í]A DE RAM[Í]REZ, circunstancia que presuntamente fue aprovechada por VEGA PALACIN, para ingresar a la habitación en donde dormía la menor MYRT de 8 años de edad, hija de los anfitriones y realizar tocamientos libidinosos sobre la menor, causando en ella sorpresa y haciendo que saliera llorando, siendo vista por la madre, quien advirtió que su hija había sido despojada de su ropa interior. 2.2 Procesales En audiencia preliminar celebrada el 9 de diciembre de 2015 bajo la dirección del Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar, la fiscalía formuló imputación contra BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN como autor del delito de actos sexuales con menor de catorce años (artículo 209 del Código Penal). El imputado no aceptó cargos. Se impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión2. 1 Cfr. Folio 156 del Archivo Digital [en adelante A.D.] denominado Primera Instancia_Cuaderno Principal 1_Cuaderno_2023012656098 2 Cfr. Folios 4 y 5, ib. Del paginario se desprende que, con posterioridad, el procesado recobró su libertad por vencimiento de términos. 2 CUI 20 001 60 01074 2015 01374 01 Impugnación Especial n.° 65050 BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN Radicado el escrito de acusación3 por el anunciado punible, la actuación la asumió el Juzgado Tercero Penal del

Circuito con Función de Conocimiento del mismo Distrito Judicial, despacho ante el cual tuvo lugar su verbalización el 1° de marzo de 20164. La audiencia preparatoria inició el 22 de junio5 y culminó el 15 de julio6 del mismo año. El juicio oral se adelantó en sesiones de 9 de diciembre de 20167; 30 de enero8, 9 de marzo9, 5 de mayo10 y 23 de agosto11 de 2017; 25 de julio de 201812; y, 7 de marzo13 de

2023. En esta última fecha el juzgado de conocimiento anunció sentido de fallo absolutorio, el cual emitió el 24 de marzo siguiente14.

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el representante judicial de la víctima, la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar mediante sentencia del 29 de junio de 202315, lo revocó en su integridad y, en su lugar, condenó a BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN como autor de la infracción delictiva objeto de acusación. 3 Cfr. Folios 9 a 13, ib. 4 Cfr. Folios 16 y 17, ib. 5 Cfr. Folios 23 y 24, ib. 6 Cfr. Folios 26 a 30, ib. 7 Cfr. Folio 70, ib. 8 Cfr. Folios 97 y 98, ib. 9 Cfr. Folio 118, ib. 10 Cfr. Folios 120 y 121, ib. 11 Cfr. Folios 124 y 125, ib. 12 Cfr. Folios 138 a 140, ib. 13 Cfr. Folio 154, ib. 14 Cfr. Folios 156 a 168, ib.

15 Cfr. Folios 21 a 66, A.D. denominado Segunda Instancia_Cuaderno Principal 1_Cuaderno_2023012805457 3 CUI 20 001 60 01074 2015 01374 01 Impugnación Especial n.° 65050 BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN El ad quem impuso las penas de 108 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso. Negó cualquier mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad y ordenó su captura una vez en firme la providencia. Contra la sentencia de condena emitida por primera vez por el Tribunal, la defensa técnica del procesado recurrió en impugnación especial16. Surtido el traslado correspondiente a los no recurrentes, se allegaron las diligencias a la Corte para resolver de fondo.

III. CONSIDERACIONES 3.1 El problema jurídico Corresponde a la Corte verificar si la sustentación del mecanismo de impugnación especial presentado por la defensa técnica de BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN, cumplió el presupuesto de oportunidad. 3.2 De la preclusividad del término para sustentar el recurso de impugnación especial. Efecto no vinculante de las constancias secretariales que contabilizan términos. Reiteración jurisprudencial 16 Cfr. Folios 79 a 100, ib. La Corte precisa que, aunque la defensa técnica presentó demanda de casación, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, por auto del 12 de septiembre de 2023, tuvo aquel escrito

como sustentación de la impugnación especial y ordenó correr traslado del mismo a los no recurrentes para que se pronunciaran en torno a él. 4 CUI 20 001 60 01074 2015 01374 01 Impugnación Especial n.° 65050 BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN En proveído CSJ AP2928–2023, 27 sep. 2023, rad. 63873 la Sala recordó sus precedentes respecto del efecto no vinculante de las constancias secretariales que contabilizan términos, argumentación que, por ser pertinente para resolver el problema jurídico atrás delimitado, ahora se reitera. En garantía del derecho al acceso a la administración de justicia, los recursos ordinarios y extraordinarios constituyen la herramienta idónea para controvertir las decisiones judiciales, los cuales están sometidos a las reglas procesales de legitimidad y oportunidad. En lo atinente al presupuesto adjetivo de oportunidad, la Corte de vieja data ha explicado que los recursos y la demanda de casación deben ser interpuestos y sustentados en tiempo ante la autoridad judicial que profirió la decisión objeto de disenso, vale decir, la encargada de conceder la respectiva impugnación. En cuanto a los términos procesales, en providencia CSJ AP, 7 sep. 1999, rad. 15043, reiterada en CSJ AP4436– 2019, 9 oct. 2019, rad. 56225, la Sala aludió: Los términos legales apuntan a preservar el orden procesal, la igualdad de los sujetos, la preclusión de las determinaciones y etapas en el trámite y la seguridad jurídica. Permiten al fiscal o

juez y a los intervinientes en el proceso realizar ciertos actos y otorgan firmeza a las decisiones judiciales, aún las que carecen de fuerza de cosa juzgada, para producir efectos que deben ser respetados. Así, los actos procesales han de cumplirse en los plazos y oportunidades señalados por la ley o, en su defecto, por el director de proceso, ya que son perentorios. 5 CUI 20 001 60 01074 2015 01374 01 Impugnación Especial n.° 65050 BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN En ese norte, la Corte Constitucional también ha explicado (Cfr. CC C–012–2002):

4. Justificación de la consagración de términos perentorios que deben observarse en las distintas etapas procesales (…) Los términos procesales “constituyen en general el momento o la oportunidad que la ley, o el juez, a falta de señalamiento legal, establecen para la ejecución de las etapas o actividades que deben cumplirse dentro del proceso por aquél, las partes, los terceros intervinientes y los auxiliares de la justicia”17. Por regla general, los términos son perentorios, esto es, improrrogables y su transcurso extingue la facultad jurídica que se gozaba mientras estaban aún vigentes.

Tanto las partes procesales como las autoridades judiciales están obligadas a cumplir en forma exacta y diligente los plazos que la ley consagra para la ejecución de las distintas actuaciones y diligencias en las diversas fases del proceso. Así pues, las partes tienen la carga de presentar la demanda, pedir pruebas,

controvertir las allegadas al proceso, interponer y sustentar los recursos y, en fin, participar de cualquier otra forma en el proceso dentro de las etapas y términos establecidos en la ley, así como el juez y auxiliares de justicia tienen el deber correlativo de velar por el acatamiento de los términos procesales. (…) La consagración de términos perentorios y, en mayor medida, su estricta aplicación por parte del juez y los auxiliares de justicia –lo cual se traduce, entre otros, en el deber de rechazar las demandas presentadas en forma extemporánea–, en nada contradice la Carta Política. Por el contrario, busca hacer efectivos los derechos de acceso a la administración de justicia y el debido proceso, así como los principios de celeridad, eficacia, seguridad jurídica y prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades propias de cada proceso, en la medida en que asegura que éste se adelante sin dilaciones injustificadas, como lo ordena el artículo 29 de la Carta Política, en armonía con el 228 ibídem, que establece que los términos deben ser observados con diligencia, tanto por los funcionarios judiciales como por las partes involucradas. (…) 17 [cita inserta en el texto transcrito] Ibídem. Se refiere a la sentencia de la Corte Constitucional CC T–546–1995. 6 CUI 20 001 60 01074 2015 01374 01 Impugnación Especial n.° 65050 BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN De igual forma, el cumplimiento de los términos desarrolla el principio de seguridad jurídica que debe gobernar los procesos y

actuaciones judiciales pues, si bien todas las personas tienen derecho a acceder a la administración de justicia, ellas están sujetas a una serie de cargas procesales, entre las cuales se resalta la de presentar las demandas y demás actuaciones dentro de la oportunidad legal, es decir, acatando los términos fijados por el legislador. (…) En síntesis, los términos procesales deben cumplirse diligente y celosamente por parte de quienes acceden a la administración de justicia, así como corresponde a los jueces y los auxiliares de la justicia velar por su cumplimiento, por cuanto es una carga procesal en cabeza de los primeros que busca garantizar la seguridad y certeza jurídicas, el debido proceso, el principio de celeridad y la eficacia del derecho sustantivo. Así mismo, busca hacer efectivo el principio de igualdad procesal (…) [negrilla original del texto, subrayado en esta oportunidad]. En sentencia CC SU–498–2016, el mismo Tribunal Constitucional insistió en que las disposiciones que se ocupan del diseño de los procedimientos y la fijación de términos preclusivos para las actuaciones de las partes y de las autoridades, sirven al propósito de materializar los valores y principios del ordenamiento jurídico, finalidad que conmina a su observancia estricta y no permite la atenuación de las cargas procesales. «El acceso efectivo a la administración de justicia imprime deberes correlativos para los asociados, relacionados con el cumplimiento de las cargas procesales propias de los trámites judiciales…». De ahí que esta Sala haya advertido que cada parte o interviniente debe estar atento a la actuación, lo cual implica observar los términos procesales. De ese modo, está obligado

a llevar 7 CUI 20 001 60 01074 2015 01374 01 Impugnación Especial n.° 65050

BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN

[p]ersonalmente las cuentas respectivas de acuerdo con lo establecido por la normatividad. La ley, para cada caso, es la única guía que debe seguir para las intervenciones procesales. Por tanto, yerros cometidos por los funcionarios judiciales respecto al inicio, duración o vencimiento de los términos, no son materia de excusa para una actuación extemporánea de las partes (Cfr. CSJ AP, 15 feb. 1993, rad. 8127). Es con arreglo a la ley que las partes deben cumplir sus cargas dentro del proceso, siendo en todo caso inoponible un error secretarial, ante una conclusión de extemporaneidad en el ejercicio de las mismas, circunstancia que ha llevado a la Sala a reiterar desde antaño que tales yerros no tienen el efecto de convalidar la actuación de las partes e intervinientes cuando son realizadas sin sujeción al principio de oportunidad (Cfr. CSJ AP, 23 jul. 2001, rad. 17082, reiterada en CSJ AP, 19 feb. 2009, rad. 30653). En lo referido a los errores en la contabilización de los términos consignados en las constancias secretariales, esta Corporación ha señalado que estas no son vinculantes y no justifican la extemporaneidad en el ejercicio de los recursos, pues, se insiste, los términos procesales rigen por ministerio

de la ley18. 18 Cfr. entre muchas otras, CSJ SP, 8 may. 1997, rad. 10509; CSJ AP, 15 nov. 2000, rad. 17384; CSJ STP, 10 jun. 2003, rad. 13726, reiterada en CSJ SP, 6 abr. 2006, rad. 22705; CSJ SP, 9 nov. 2006, rad. 23213; CSJ AP, 21 mar. 2007, rad. 26898; CSJ AP, 18 abr. 2007, rad. 27234; CSJ AP, 16 may. 2007, rad. 26885; CSJ AP, 30 may. 2007, rad. 27220; CSJ AP, 20 jun. 2007, rad. 27477; CSJ AP, 20 jun. 2007, rad. 27619; CSJ AP, 27 jun. 2007, rad. 26258; CSJ AP, 11 jul. 2007, rad. 27331; CSJ AP, 18 jul. 2007, rad. 27555; CSJ AP, 8 ag. 2007, rad. 27826; CSJ SP, 26 sep. 2007, rad. 27998; CSJ AP, 3 oct. 2007, rad. 28332; CSJ AP, 1 nov. 2007, rad. 28409; CSJ SP, 5 dic. 2007, rad. 25363; CSJ AP, 13 feb. 2008, rad. 29119; CSJ AP, 12 mar. 2008, rad. 29325; CSJ AP, 14 oct. 2009,

rad. 31452; CSJ AP, 15 sep. 2010, rad. 33858; CSJ AP, 16 feb. 2011, rad. 35564; CSJ AP, 21 nov. 2012, rad. 39609; CSJ AP, 15 may. 2013, rad. 39882; CSJ AP, 28 ag. 2013, rad. 41759; CSJ AP, 11 dic. 2013, rad. 42678; CSJ SP16480–2014, 3 dic. 2014, rad. 43186; y, CSJ AP1067–2020, 3 jun. 2020, rad. 55506. 8 CUI 20 001 60 01074 2015 01374 01 Impugnación Especial n.° 65050 BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN En otras palabras, las constancias secretariales no reemplazan los términos procesales establecidos por el legislador, habida cuenta que los mismos son de carácter público y, en consecuencia, deben cumplirse sin excepción, aun cuando se haya errado en la contabilización de estos y se plasme en la constancia algo distinto a lo establecido en la ley, así sea por equivocación. Sobre el particular, la Sala ha precisado invariablemente que: [l]os términos previstos para ejercer el derecho a impugnar son legales y por tanto el [j]uez como los sujetos procesales deben hacer sus propios cómputos, ya que las constancias secretariales apenas sirven de mecanismo informativo, sin que ello signifique, que el Secretario de una Corporación no deba saber hacerlos, pues en todo caso el punto de referencia sobre la ejecutoria de las providencias, es el

último acto de notificación (Cfr. CSJ AP, 9 dic. 1997). En ese orden, se recalca, las constancias o certificaciones dejadas por funcionarios encargados de controlar términos «no tienen carácter vinculante, sino simplemente informativo, porque éstos no están facultados para modificar o sustituir las disposiciones legales que regulan la iniciación o duración de los términos» (Cfr. CSJ AP2374–2022, 8 jun. 2022, rad. 61560), de modo que, es deber de los sujetos procesales verificar que la información consignada en ellas es correcta. Por otra parte, en múltiples pronunciamientos, la Sala ha estudiado hipótesis en las que entran en conflicto estos postulados y los principios de confianza legítima y acceso a la administración de justicia, en eventos en los que la 9 CUI 20 001 60 01074 2015 01374 01 Impugnación Especial n.° 65050 BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN interposición y sustentación extemporánea de mecanismos de impugnación no es atribuible a los sujetos procesales. En ese sentido, ha decantado subreglas ante escenarios que constituyen excepciones a la premisa general (Cfr. CSJ AP122–2017, 18 en. 2017, rad. 47474), siempre y cuando:

1. El yerro se haya concretado en el cumplimiento de un acto secretarial determinado, ya sea en la práctica estricta de una notificación, en el envío de una comunicación o en el anuncio de un traslado obligatorio a las partes que evidencien una errada contabilización de términos; o bien en el señalamiento que del

plazo normativo efectúe el juez directamente en su providencia.

2. Dicho acto jurisdiccional dé iniciación al término establecido en la ley para ejercer un acto de postulación o el derecho de impugnación frente a la decisión, esto es, que «mientras el acto procesal no se lleve a cabo, el término legalmente previsto no puede empezar a contabilizarse».

Y 3. El error haya generado en las partes la convicción legitima, cierta y razonable, en el entendimiento dado por la jurisprudencia, acerca del plazo, llevándolas a realizar las actuaciones correspondientes conforme la directriz dada. Solo bajo esos presupuestos, donde la administración judicial ciertamente ha alterado la percepción del sujeto procesal sobre los términos procesales por un error en el conteo de los mismos o en las notificaciones, es que la Corte, tras ponderar el principio de legalidad frente a los de acceso a la justicia, buena fe, lealtad procesal, prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal y el de defensa –todos bajo el marco de la confianza legítima–, y darle prevalencia a estos últimos, ha resuelto reconocer que un error jurisdiccional, como el anotado, no puede comportar efectos negativos para las partes o intervinientes del proceso afectadas [por] el mismo. Por último, de cara a la tensión existente entre el principio de prevalencia del derecho sustancial –artículo 228 de la Constitución Política– y el cumplimiento de los términos procesales, la Corte Constitucional en sentencia CC C–838– 2013, expresó: 10 CUI 20 001 60 01074 2015 01374 01

Impugnación Especial n.° 65050 BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN […] “el constituyente al ordenar la prevalencia del derecho sustantivo, no sólo parte de la necesidad de la existencia de normas de carácter adjetivo, sino que promueve el perfeccionamiento de éstas para lograr la eficacia del derecho sustancial”19. Por consiguiente, la importancia del principio de prevalencia del derecho sustancial no significa que las normas adjetivas o el procedimiento carezcan de valor para encausar, dar orden y brindar seguridad jurídica en las actuaciones judiciales, pues “dichas normas cuentan también con firme fundamento constitucional y deben ser fielmente acatadas en las actuaciones de los jueces”20, ya que “la mejor manera de proteger los derechos fundamentales, se encuentra en la observancia de las formalidades y procedimientos consagrados en la ley”21. Sobre el punto, la Corte ha manifestado que el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal no tiene como consecuencia que los requisitos formales sean innecesarios. (…) En este orden, en el nuevo escenario que plantea la constitucionalización del derecho procesal, el juez no desconoce la ley sino que la interpreta de acuerdo con los contextos jurídicos existentes mediante un ejercicio argumentativo en procura de realizar la justicia sin encasillarse en la aplicación literal del texto normativo y sin olvidar que el derecho sustancial prevalece sobre el procedimental. Con todo, siempre debe observar que la norma adjetiva cumpla un papel canalizador e instrumentalizador iluminado por fines constitucionalmente admisibles. (…) Significa lo anterior que la jurisprudencia constitucional ha

encontrado un punto de equilibrio en el cual la norma adjetiva que sirve como canalizadora para hacer cumplir los términos procesales preestablecidos, debe ofrecer a los titulares del derecho sustancial oportunidades proporcionales pero no ilimitadas para que puedan hacer valer el derecho sustancial que les asiste. De esta forma, se logra una interacción balanceada entre la forma procesal y el derecho sustancial que se reclame [subrayado en esta oportunidad]. 19 [cita inserta en el texto transcrito] Sentencia C–215 de 1994 (MP Fabio Morón Díaz). En el mismo sentido se puede consultar la sentencia C–446 de 1997 (MP Jorge Arango Mejía). 20 [cita inserta en el texto transcrito] Ob. cit 69. 21 [cita inserta en el texto transcrito] Sentencia C–283 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). En esta sentencia también se indicó que “[l]a preferencia del Estado social de derecho por la efectividad de los derechos no significa subestimación per se de las formalidades y de la seguridad jurídica, sino más bien adecuación de medio a fin de éstas y aquellas”. 11 CUI 20 001 60 01074 2015 01374 01 Impugnación Especial n.° 65050 BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN 3.3 Caso concreto En el asunto de la especie, la sentencia de segunda instancia fue proferida el 29 de junio de 202322 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar y su lectura se surtió en audiencia virtual del 5 de julio siguiente23, a la cual asistió la representación judicial

de la víctima y la defensa técnica de BRAYAN STIWARX VEGA

PALACÍN24.

Al tratarse de un fallo que por primera vez condenaba a VEGA PALACÍN por el delito de actos sexuales con menor de catorce años, el Tribunal advirtió que contra esa determinación, para el caso del procesado, sólo procedía el mecanismo de «impugnación o doble conformidad», en acatamiento a las directrices trazadas por esta Sala en proveído CSJ AP1263–2019, 3 abr. 2019, rad. 54215, en el que se indicó: «(v) Los términos procesales de la casación rigen los de la impugnación especial. De manera que el plazo para promover y sustentar la impugnación especial será el mismo que prevé el Código de Procedimiento Penal, según la ley que haya regido el proceso –600 de 2000 o 906 de 2004–, para el recurso de casación». Conforme el artículo 183 de la Ley 906 de 2004 –régimen procesal que gobierna este asunto–, el recurso de casación ha 22 Cfr. Según acta de aprobación n.° 279. Folio 4, A.D. denominado Segunda Instancia_Cuaderno Principal 1_Cuaderno_2023012805457 23 Cfr. Folios 67 y 68, ib. 24 El Magistrado director de la audiencia dejó constancia que, a pesar de que fueron citados de manera oportuna, no se vinculó alguna otra parte o interviniente. 12 CUI 20 001 60 01074 2015 01374 01 Impugnación Especial n.° 65050

BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN de interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la última notificación del fallo de segunda instancia25. Luego, en un término de treinta (30) días, debe sustentarse a través de la correspondiente demanda. Estos lapsos se computan de manera continua e ininterrumpida (Cfr. CSJ AP, 22 abr. 2013, rad. 39055). No obstante aquella advertencia del ad quem, dentro del plazo legal –6 al 12 de julio de 202326–, la defensa interpuso recurso extraordinario de casación y posteriormente presentó la demanda que lo sustentaba, proceder frente al cual, por auto del 12 de septiembre de 202327, el Tribunal tuvo aquel escrito como sustentación de impugnación especial y ordenó correr traslado del mismo a los no recurrentes para que se pronunciaran en torno a él. El yerro del juez colegiado consistió en tener por sustentado en oportunidad el mecanismo de impugnación especial, por cuanto, si bien el secretario del Tribunal manifestó correr traslado común28 desde el 13 de julio de 2023 hasta el 29 de agosto de 2023, y la defensa, por su parte, allegó el libelo el último día29, es lo cierto que el 25 En providencia CSJ AP122–2017, 18 en. 2017, rad. 47474, la Sala expresó: «como quiera que por regla general las providencias se notifican en estrados, si alguna parte o interviniente no comparece a la audiencia de lectura de decisión, a pesar de haberse hecho la citación en debida forma, se entenderá surtida la

notificación en la misma audiencia». 26 La Corte advierte que, a pesar de que en la constancia secretarial de «traslado recurso de impugnación especial o doble conformidad y/o extraordinario de casación», la Secretaría del Tribunal incurre en el error de establecer como fechas de inicio y vencimiento, respectivamente, 6 y 12 de junio de 2023, ha de entenderse, 6 y 12 de julio de 2023. Cfr. Folio 71, ib. 27 Cfr. Folios 105 a 109, ib. 28 Cfr. Folio 76, ib. 29 Cfr. Folio 78, ib. 13 CUI 20 001 60 01074 2015 01374 01 Impugnación Especial n.° 65050 BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN término de treinta (30) días hábiles verdaderamente vencía el 28 de agosto de 2023 y no el 29 de ese mes y año, como equivocadamente se hizo constar por el empleado judicial, de lo cual se sigue que la sustentación del recurso fue extemporánea. Al tratarse de un plazo perentorio y preclusivo, no podía ser alterado mediante una constancia secretarial que consignara para su fenecimiento un momento diferente al señalado expresamente por el legislador. No debe obviarse que, como desarrollo cabal del principio de legalidad, las leyes de procedimiento, tanto concernientes a la sustanciación como a la ritualidad de los juicios, son de orden público y de imperativa observación. Al respecto, recuérdese lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia CC T–661–2005: [s]i una secretaría incurre en un equívoco al dejar una constancia

de corrimiento o vencimiento de un término, bien sea de ejecutoria, de sustentación o de traslado, el deber de los sujetos procesales es atenerse al régimen legal vigente en materia de procedimiento y no aprovechar la eventual ‘extensión’ de términos a que pueda haber lugar con ocasión de los equívocos en que incurran las secretarías de los despachos judiciales.

7. Podría pensarse que en un supuesto como este hay lugar a la aplicación del principio de confianza legítima ya que un yerro secretarial en un punto como ese generaría una expectativa que toca con derechos fundamentales como el de segunda instancia en tanto contenido del debido proceso. No obstante, ningún profesional del derecho puede asumir que las irregularidades en que incurra la secretaría de un despacho judicial tienen la virtualidad de extender los términos procesales pues éstos los fija la ley y no servidor público alguno. Por ello, el deber de un sujeto procesal, jurídicamente formado, es atenerse a lo que la ley dispone en materia de notificaciones, ejecutorias, recursos, sustentaciones y traslados.

14 CUI 20 001 60 01074 2015 01374 01 Impugnación Especial n.° 65050 BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN Como atrás se explicó, la Sala ha insistido en que la tensión entre la legalidad de los términos procesales y los principios de buena fe y confianza legítima se analiza en cada caso concreto. En el asunto de la especie, para el cómputo de los términos de sustentación del recurso de impugnación

especial, la defensa no debió atenerse a lo indicado en la constancia secretarial, sino a lo previsto en la ley. Es incuestionable que la carga procesal de sustentar los recursos en el término legal concierne de manera exclusiva a quien los interpone, por ende, tal imperativo sólo puede entenderse cumplido frente a las prescripciones normativas y no a una constancia secretarial (Cfr. CSJ AP, 26 jun. 2013, rad. 39882). En ese orden de ideas, la constancia secretarial para la sustentación del recurso carece de poder vinculante y es insuficiente para generar una expectativa razonable al interesado en la impugnación. Siendo lo anterior así, de conformidad con el principio de preclusión de los actos procesales, si dentro de los parámetros legales no se sustentó el mecanismo de controversia, no queda otro camino que declarar desierto, por extemporáneo, el recurso de impugnación especial y, en consecuencia, abstenerse de estudiar el libelo correspondiente presentado ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. 15 CUI 20 001 60 01074 2015 01374 01 Impugnación Especial n.° 65050 BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE PRIMERO: Declarar desierto, por extemporáneo, el recurso de impugnación especial promovido por la defensa técnica de BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN en contra de la sentencia proferida el 29 de junio de 2023 por la Sala Penal

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar y, en consecuencia, abstenerse de estudiar el libelo correspondiente.

SEGUNDO: Informar a partes e intervinientes que contra esta decisión procede el recurso de reposición.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen. 16 CUI 20 001 60 01074 2015 01374 01 Impugnación Especial n.° 65050

BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN

17 CUI 20 001 60 01074 2015 01374 01 Impugnación Especial n.° 65050

BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN

18 CUI 20 001 60 01074 2015 01374 01 Impugnación Especial n.° 65050

BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria 19 SALVAMENTO DE VOTO Impugnación especial 65050 Con el acostumbrado respeto, a continuación se expondrán las razones por las que consideró que la Sala no debió “declarar desierto, por extemporáneo, el recurso de impugnación especial promovido por la defensa técnica de BRAYAN STIWARX VEGA PALACÍN”. En su lugar, procedía resolver de fondo el recurso en mención. Buena parte de la sustentación de la postura mayoritaria se orienta a demostrar la importancia de los términos procesales y la diligencia con la que las partes deben actuar para su contabilización. Estos aspectos no admiten discusión. Tampoco existen reparos frente a la copiosa citación

jurisprudencial orientada a sustentar estas cuestiones, con la salvedad de que el acento en temas no discutidos impidió centrar suficientemente la atención en el aspecto medular de la controversia, tal y como se indicará a continuación. En este caso no se discute lo siguiente: (i) la Secretaría del Tribunal cometió un error al contabilizar el término de traslado para la sustentación de la impugnación especial y, CUI 20001600107420150137401 Impugnación especial 65050 Brayan Stiwarx Vega Palacín por tanto, hizo constar que el mismo se vencía un día después del plazo establecido jurisprudencialmente; (ii) el defensor del procesado se basó en ese reporte secretarial y, en consecuencia, hizo la sustentación un día después de vencido el término; (