CSJ - SC042-2022

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO Magistrado ponente SC042-2022 Radicación N.° 73001-31-03-006-2008-00283-01 (Discutido y aprobado en sesión virtual del dos de diciembre de dos mil veintiuno) Bogotá D.C., siete (07) de febrero de dos mil veintidós (2022).- Decide la Corte los recursos de casación interpuestos por los demandados HERNÁNDO ÁVILA MOLINA, la SOCIEDAD MÉDICO QUIRÚRGICA DEL TOLIMA S.A. -CLÍNICA TOLIMA S.A.- y SALUD TOTAL S.A. E.P.S., respecto de la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2018 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil - Familia, en el proceso que en contra de los recurrentes y de la SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL TOLIMA LIMITADA adelantaron, NOHEMY PRADA ROJAS, quien actuó en nombre propio y en representación de su menor hijo JULIÁN DAVID GÓMEZ PRADA, y los señores: CLAUDIA ALEXANDRA GÓMEZ RONDÓN, DORA INÉS RONDÓN DE GÓMEZ, MARIANA PRADA ROJAS, CÉSAR AUGUSTO CUÉLLAR DÍAZ y JOSÉ ALFONSO GÓMEZ MARTÍNEZ, al cual fueron llamadas

en garantía LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS,

1 Radicación n.° 73001-31-03-006-2008-00283-01 LIBERTY SEGUROS S.A., las dos primeras impugnantes atrás

mencionadas y la última accionada relacionada.

ANTECEDENTES

1. En la demanda con la que se dio inicio al proceso,

obrante en los folios 398 a 411 del cuaderno No. 1, considerada la subsanación de la misma, contenida en el memorial de folio 418 siguiente, se solicitó, en síntesis: 1.1. Declarar la existencia de los contratos celebrados, de un lado, por el señor Francisco Javier Gómez Rondón (q.e.p.d.) con Salud Total S.A. E.P.S., para la prestación por parte de esta última al primero del servicio de salud; y de otro, por la precitada demandada con la Sociedad Médico Quirúrgica del Tolima S.A., -Clínica Tolima S.A.-, la Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Limitada y el doctor Hernando Ávila Molina, para atender tal obligación por parte de aquélla. 1.1.1. Declarar que los demandados incumplieron sus obligaciones de prestar al señor Francisco Javier Gómez Rondón (q.e.p.d.) “un adecuado y oportuno servicio de salud”. 1.3. Declarar “civilmente responsable[s]” a los demandados “por el fallecimiento del señor FRANCISCO JAVIER GÓMEZ RONDÓN, a consecuencia de la impericia, negligencia e ineptitud, frente a un mal procedimiento pre operatorio, operatorio y posoperatorio, de extracción de apéndice -mal diagnosticada-, que condu[jo] a una peritonitis mal intervenida, que le ocasión[ó] la muerte en un total de nueve días”. 2 Radicación n.° 73001-31-03-006-2008-00283-01

1.4. Condenar a los accionados a pagar a los promotores de la controversia: 1.4.1. Por perjuicios morales, el equivalente a 2.000 salarios mínimos legales mensuales para la cónyuge del occiso; a 1.000 salarios mínimos legales mensuales para su hijo; a 500 salarios mínimos legales mensuales para sus padres y hermana; y a 300 salarios mínimos legales mensuales, para su cuñada y amigo; o las sumas mayores que resulten probadas. 1.4.2. Por daño a la vida de relación, el equivalente a 1.000 salarios mínimos legales mensuales para la cónyuge e hijo del señor Gómez Rondón. 1.4.3. Por daño material, la sumas dejadas de percibir, teniendo en cuenta que la prenombrada víctima “era [i]ngeniero [c]ivil de [p]rofesión, activo y exitoso, con unos ingresos mensuales que oscilaban entre los TRES MILLONES DE PESOS M/C ($3’000.000.oo) y los CUATRO MILLONES DE PESOS M/C ($4’000.000.oo) para el año de 2004” y que, “al momento de su deceso, tenía una expectativa de vida de 43.38 años”. 1.4.5. La corrección monetaria de las “sumas de dinero que se concreten en la sentencia, tomando el lapso comprendido entre el día de ocurrencia del hecho fatal y la de su decreto”. 1.5. Imponer a los demandados, las costas del proceso.

2. En respaldo de esas súplicas, se adujeron los hechos

que a continuación se compendian: 3 Radicación n.° 73001-31-03-006-2008-00283-01

2.1. El 25 de noviembre de 2004 a las 9:00 a.m., el señor Francisco Javier Gómez Rondón (q.e.p.d.) ingresó al servicio de urgencias de la Clínica Tolima de Ibagué, en su condición de afiliado a Salud Total S.A. E.P.S. “con un fuerte dolor abdominal y pélvico”; previo examen médico, sin que se ordenara ninguna prueba de laboratorio, se le diagnosticó “INTOXICACIÓN” y le prescribieron medicamentos “para camuflar el dolor”, y fue dado de alta. 2.2. Al día siguiente, por seguir presentando dolor, se dirigió al servicio de urgencias de la misma empresa prestadora de salud, ocasión en la que nuevamente le formularon “el medicamento Dipirona” y fue remitido a su casa. Como en las horas de la tarde presentó “fiebre y dolor intenso”, volvió a esa dependencia, donde fue “ingresado a observación y ordenados exámenes de laboratorio, que se practica[ron] en la clínica Tolima”. Se determinó que tenía una “APENDICITIS NO MUY PRONUNCIADA”, razón por la cual el “médico de turno se comunicaría con el cirujano para la valoración”. 2.3. En la noche de ese 26 de noviembre, fue auscultado por el cirujano Hernando Ávila Molina, quien ordenó la realización de la respectiva intervención quirúrgica, la cual practicó a las 11:30 p.m. El galeno dio un parte satisfactorio a la familia, luego de terminada la misma. 2.4. Pese a que al día siguiente el paciente no pudo

caminar por tener dolor y presentar mareo, el 28 de noviembre fue dado de alta, no obstante tener “dificultad al orinar, situación que le fue informada al [d]octor Ávila, quien argument[ó] la normalidad del posoperatorio” y, además, señaló que de la herida “le supuraría 4 Radicación n.° 73001-31-03-006-2008-00283-01 un líquido de color amarillo, que debería drenarle por una sustancia colocada en el momento de la cirugía, a la cual debían hacerle la respectiva curación”. 2.5. Los días 29 y 30 de noviembre, así como el 1º de diciembre, el señor Gómez Rondón fue a la práctica de las correspondientes curaciones, con mucho dolor y abundante eliminación de líquido por la herida. En esa última fecha, le practicaron “una ecografía abdominal, de igual modo le coloca[ro]n una mecha[,] le [fueron] retirados dos puntos de la herida, formula[ro]n m[á]s medicamentos y adu[jeron] que el dolor e[ra] ‘normal’”. El paciente fue “enviado a casa, donde present[ó] en horas de la tarde vómito, diarrea y expulsión por la herida de materia fecal”. 2.6. En vista de esos síntomas, fue llevado nuevamente a Salud Total y de allí lo remitieron a la Clínica Tolima, donde, después de esperar aproximadamente una hora, ingresó al quirófano a las 8:00 p.m., aproximadamente. Pasadas dos

horas, “una enfermera le comunic[ó] a la esposa del paciente, señora NOHEMY PRADA, que debían colocarle una malla para dejar el estómago abierto”. 2.7. Concluida “la cirugía, el [d]octor Parra, galeno que la atendió, le comunic[ó] a la esposa del paciente que el intestino lo había encontrado cortado en tres partes, que iba a ser ingresado a cuidados intensivos, cerca ya de la una o dos de la madrugada del día 2 de [d]iciembre de 2004. Nótese que las cortadas que presentaba el intestino, le fueron inferidas, necesariamente, en la primera intervención practicada por el [d]octor HERNANDO ÁVILA MOLINA”. 5 Radicación n.° 73001-31-03-006-2008-00283-01 2.8. En los días posteriores, el parte médico fue que le iban a practicar unos lavados y a suministrarle medicamentos. Adicionalmente, fue conectado a un respirador, para que no esforzara los pulmones, según le explicaron a la cónyuge. Luego de la realización de una terapia psicológica a los familiares y de que el 5 de diciembre desarrollara mucha fiebre, razón por la cual se le practicó un TAC, cuyo resultado debe figurar en la historia clínica, el señor Gómez Rondón falleció en las horas de la mañana del día siguiente, 6 de diciembre de 2004. 2.9. De lo ocurrido “se desprende que SALUD TOTAL, como entidad prestadora del servicio de [s]alud, incumplió sus obligaciones

contractuales, habida consideración que el tratamiento médico, la atención, el inicial procedimiento quirúrgico, la atención del debido pos[t] operatorio, fueron totalmente negligentes, tanto por la EPS misma como por sus agentes, personas naturales y jurídicas con las cuales tenía convenio para la prestación del servicio de salud”. 2.10. El deceso del señor Gómez Rondón trajo como consecuencia que la señora Nohemy Prada Rojas quedara viuda, desprotegida, sola, cambio que “la sumió en un grave estado de depresión”; y su menor hijo, huérfano “a tan temprana edad”, obligado a crecer “sin la figura, el amor, el ejemplo y el apoyo que implica la presencia paterna”. 2.11. El señor Gómez Rondón era ingeniero civil, con estudios de “actualización y profundización” en su carrera, cuyo ejercicio “se caracterizó por la calidad, cumplimiento y seriedad en el desarrollo de las obras” que realizó, lo que le permitió desempeñar diferentes cargos y celebrar distintos contratos con entidades locales y nacionales, conforme a la relación que al respecto se 6 Radicación n.° 73001-31-03-006-2008-00283-01 incluyó en el libelo introductorio, actividades que le permitieron “prodigar a su familia -esposa, hijo, madre, padre, hermana, cuñaday a su amigo y socio, comodidades propias de un ingreso económico permanente”.

3. Previa inadmisión de la demanda, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagué, mediante auto del 20 de octubre de 2008, dispuso darle el impulso que le correspondía (f. 420, cd.

1).

4. Ese proveído se notificó a los demandados, así: 4.1. Personalmente, a la Sociedad Médico Quirúrgica del Tolima S.A. -Clínica Tolima S.A.-, por intermedio de su representante legal, el 10 de noviembre de 2008 (fl. 432, cd. 1); a la Sociedad de Cirujanos Generales de Tolima Limitada, por intermedio de su representante legal, el día 12 de esos mismos mes y año; y al doctor Hernando Ávila Molina el día siguiente, 13 de noviembre (fl. 434, ib.). 4.2. Por aviso, a Salud Total S.A. E.P.S., el 24 de noviembre posterior, conforme a la documentación que milita en los folios 478 y 479 del cuaderno en cita.

5. La totalidad de los accionados respondieron la demanda, escritos en los que se opusieron al acogimiento de sus pretensiones y se pronunciaron de distinta manera sobre sus hechos.

A su turno, formularon las siguientes excepciones meritorias: 7 Radicación n.° 73001-31-03-006-2008-00283-01 5.1. La Sociedad Médico Quirúrgica del Tolima S.A. -

Clínica Tolima S.A.-: “CAUSA EXTRAÑA”, “AUSENCIA DE

CAUSALIDAD”, “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”, “INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD RESPECTO A MI PROHIJADA” y “PRESCRIPCIÓN” (fls. 464 a 477, cd. 1). 5.2. La Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima

Limitada: “AUSENCIA DE CULPA”, “FALTA DE CAUSA

DETERMINANTE DE LA MUERTE” y “AUSENCIA DE CAUSALIDAD” (fls. 488 a 493, cd. 1).

5.3. El doctor Hernando Ávila Molina: “AUSENCIA DE

[C]AUSA PARA [D]EMANDAR”, “INEXISTENCIA DE [C]ULPA”, “LA

OBLIGACIÓN DEL [M]ÉDICO ES DE [M]EDIOS Y NO DE

[R]ESULTADOS”, “INEXISTENCIA DE [N]EXO [C]AUSAL” y “CAUSA [E]XTRSÑS” (fls. 589 a 623, cd. 1).

5.4. Y Salud Total S.A. E.P.S.: “LOS HECHOS Y

PRETENSIONES DE LA DEMANDA NO SON (…)

RESPONSABILIDAD DE SALUD TOTAL S.A. E.P.S.-S, DADO EL

CUMPLIMIENTO DE ÉSTA (…) DE SUS OBLIGACIONES COMO

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD”, “INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD (…)”, “FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR PASIVA DE SALUD TOTAL S.A. E.P.S.-S DADO QUE ÉSTA (…) NO

SE ENCUENTRA OBLIGADA A RESPONDER POR LOS ACTOS

MÉDICOS SUMINISTRADOS POR LA CLÍNICA TOLIMA,

SOCITOLIMA LTDA. Y EL DOCTOR HERNANDO ÁVILA MOLINA”,

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR POR NO

EXISTIR NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE LAS ATENCIONES

PRESTADAS POR SALUD TOTAL S.A. E.P.S.-S Y LA

PRESENTACIÓN DE LAS COMPLICACIONES QUE DIERON LUGAR

8 Radicación n.° 73001-31-03-006-2008-00283-01

A LA MUERTE DEL SEÑOR FRANCISCO GÓMEZ RONDÓN”, “LAS

OBLIGACIONES MÉDICAS SON DE MEDIO Y NO DE RESULTADO”, “EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA SE RIGE POR LA CULPA PROBADA DE ACUERDO AL ART. 177 DEL C.P.C.”,

“AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD POR CAUSA EXTRAÑA” e

“INCONGRUENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD ENDILGADA Y

LA RELACIÓN JURÍDICA DE LOS DEMANDANTES FRENTE A SALUD TOTAL S.A. E.P.S.-S SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 305 DEL C.P.C.” (fls. 645 a 666, cd. 1).

6. Adicionalmente, en escritos separados, se ejecutaron las

siguientes actuaciones: 6.1. La Sociedad Médico Quirúrgica del Tolima S.A. - Clínica Tolima S.A.- llamó en garantía a La Previsora S.A., con base en el contrato de seguro de responsabilidad civil profesional de clínicas y hospitales contenido en la póliza No. 1001230 del 29 de noviembre de 2004, vigente desde el día siguiente, hasta el 30 de noviembre de 2005 (fls. 6 a 8, cd. 2). 6.2. Salud Total S.A. E.P.S. llamó en garantía: 6.2.1. A Liberty Seguros S.A., soportada en el contrato de seguro de responsabilidad civil profesional que consta en la póliza 14584, vigente entre el 27 de octubre de 2004 y la misma

fecha del año siguiente. 6.2.2. Al doctor Hernando Ávila Molina, fincada en los artículos 2341 y 2346 del Código Civil, toda vez que él fue designado por la Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Limitada para atender al paciente Francisco Javier Gómez 9 Radicación n.° 73001-31-03-006-2008-00283-01 Rondón (q.e.p.d.), habiéndolo intervenido quirúrgicamente el 27 de noviembre del año en cita (fls. 1 a 6, cd. 4). 6.2.3. A la Sociedad Médico Quirúrgica del Tolima S.A. - Clínica Tolima S.A.- con respaldo en el contrato de “prestación de servicios” que convino con ella, del cual destacó el contenido de su cláusula segunda (fls. 15 a 23, cd. 5). 6.2.4. Y a la Sociedad de Cirujanos Generales de Tolima Limitada, en pro de lo cual invocó el contrato de prestación de servicios médicos que celebró con ella, en particular, la cláusula segunda del mismo (fls. 17 a 23, cd. 6).

7. Todos los llamamientos atrás relacionados fueron admitidos por autos del 5 de febrero de 2009, visibles en los

folios 10 del cuaderno No. 2, 15 del cuaderno No. 3, 8 del cuaderno No. 4, 25 del cuaderno No. 5 y 25 del cuaderno No. 6, respectivamente.

8. Notificados los llamados en garantía, realizaron los siguientes actos defensivos: 8.1. La Previsora S.A., en escritos separados, contestó la

demanda inicial y el llamamiento que se le hizo. 8.1.1. Respecto del libelo introductorio, se opuso a sus pretensiones, se refirió sobre los hechos fundantes del mismo y avaló las excepciones alegadas por los accionados (fls. 20 a 24, cd. 2). 10 Radicación n.° 73001-31-03-006-2008-00283-01 8.1.2. Frente a lo segundo, señaló no tener reparo en cuanto hace a las solicitudes que contiene; expresó lo que consideró pertinente sobre sus hechos; y planteó la excepción de “EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD SOBRE EL VALOR ASEGURADO” (fls. 18 y 19, cd. 2). 8.2. Liberty Seguros S.A., en un solo escrito, se opuso a las pretensiones tanto de la demanda como del llamamiento en garantía, se pronunció sobre los hechos aducidos en una y otro; y propuso las siguientes excepciones: “INEXISTENCIA DE LA

OBLIGACIÓN EN CUANTO A SALUD TOTAL S.A. E.P.S.”, “FUERZA

MAYOR O CASO FORTUITO”, “INEXISTENCIA DEL VÍNCULO

CAUSAL”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN POR APLICACIÓN

DE LA CLÁUSULA CLAIMS MADE”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LIBERTY SEGUROS S.A.” y enumeró otras diez, sin ningún sustento (fls. 27 a 38, cd. 3). 8.3. El doctor Hernando Ávila Molina, en escritos separados, propuso: 8.3.1. Recurso de reposición, y en subsidio de apelación,

contra el auto que admitió el llamamiento (fls. 22 a 27, cd. 4). El juzgado del conocimiento, el 30 de octubre de 2009, no accedió al primero y concedió el segundo (fls. 30 a 32, ib.). El Tribunal, mediante proveído del 16 de noviembre de 2010, confirmó la determinación cuestionada (fls. 14 a 17, cd. 7). 8.3.2. Contestó el llamamiento, escrito en que se opuso a las pretensiones del mismo, se pronunció sobre los hechos en los que está soportado y formuló las excepciones de “FALTA DE

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA”, “IMPOSIBILIDAD DE OSTENTAR

11 Radicación n.° 73001-31-03-006-2008-00283-01

DOS CALIDADES” e “IMPROCEDENCIA DE CONDENAR AL DR.

ÁVILA A PAGAR A SALUD TOTAL LA CONDENA QUE SE IMPONGA

A ÉSTA, ASÍ COMO LOS DEMÁS CONCEPTOS QUE MENCIONA”

(fls. 65 a 71, cd. 4). 8.4. La Sociedad Médico Quirúrgica del Tolima S.A. - Clínica Tolima S.A.- replicó el llamado que se le hizo, oponiéndose a sus pretensiones y refiriéndose detalladamente sobre los fundamentos fácticos que lo respaldan. Frente al mismo, planteó las excepciones meritorias que denominó “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”, “AUSENCIA DE CULPA”, “CAUSA EXTRAÑA”, “AUSENCIA DE CAUSALIDAD” y “PRESCRIPCIÓN” (fls. 33 a 42, cd. 5).

8.5. La Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Limitada también se ocupó del llamamiento en garantía que se le formuló; reclamó la desestimación de los pedimentos del mismo; y señaló lo que estimó pertinente, en torno de sus hechos (fls. 33 y 34, cd. 6).

9. El trámite adelantado hasta que se profirió el fallo del 20 de febrero de 2013 fue anulado desde el auto del 29 de agosto de 2011 por el Tribunal Superior de Ibagué, Sala Civil – Familia, en desarrollo de la apelación que ambas partes propusieron contra ese pronunciamiento, según providencia del 24 de julio de 2013, aclarada el 2 de agosto siguiente (fls. 15 a 20 y 26 a 28, cd. 17).

10. Renovada la actuación invalidada, se dictó nuevamente sentencia el 9 de octubre de 2014, en la que el juzgado del conocimiento negó la totalidad de las pretensiones

12 Radicación n.° 73001-31-03-006-2008-00283-01 de la demanda; como consecuencia de ello, se abstuvo de pronunciarse sobre las excepciones meritorias alegadas y los llamamientos en garantía propuestos; declaró probada la objeción por error grave formulada contra el dictamen pericial rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Tolima; y condenó en costas a los actores (fls. 1.104 a 1.124, cd. 9).

11. Apelado dicho proveído por los accionantes, el Tribunal Superior de Ibagué, Sala Civil – Familia, luego de múltiples

incidencias procesales, desató la alzada mediante sentencia del 14 de septiembre de 2018 (fls. 520 a 559, cd. 21), en la que revocó la del a quo, y en su defecto, resolvió: 11.1. Declarar la responsabilidad civil y solidaria de los accionados “por el fallecimiento de señor Francisco Javier Gómez Rondón, ocurrida en esta ciudad el día 6 de diciembre de 2004”. 11.2. Condenó a aquéllos a pagar: 11.2.1. A “título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante”, en favor de Nohemy Prada Rojas (esposa), la suma de $954.426.202.52; y para Julián David Gómez Prada (hijo), la cantidad de $784.810.830.25. 11.2.2. A “título de perjuicios morales”, en favor de Nohemy Prada Rojas (esposa), $30.000.000.oo; de Julián David Gómez Prada (hijo), $30.000.000.oo; de José Alfonso Gómez Martínez (padre), $20.000.000.oo; y de Dora Inés Rondón de Gómez (madre), $20.000.000.oo. 13 Radicación n.° 73001-31-03-006-2008-00283-01 11.3. Negó en lo restante las súplicas del libelo introductorio. 11.4. Estimó fundadas parcialmente las objeciones que, por error grave se formularon respecto del dictamen pericial rendido “para establecer la cuantía de los daños materiales en la especie de lucro cesante consolidado y futuro”, manteniendo la

firmeza del mismo en cuanto al “valor establecido del salario promedio mensual devengado por el causante para la época de su muerte”, razón por la cual ordenó a la respetiva auxiliar de la justicia, devolver los honorarios que percibió. 11.5. Declaró infundadas las objeciones aducidas frente al informe médico forense, rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal. 11.6. Negó todas y cada una de las excepciones meritorias propuestas. 11.7. Condenó a La Previsora S.A. y a Liberty Seguros S.A. a pagar por sus respectivos asegurados, el monto de las condenas impuestas a éstos, con sujeción a los valores asegurados en los correspondientes contratos de seguro. 11.8. Denegó los llamamientos en garantía formulados por Salud Total S.A. E.P.S. contra el doctor Hernando Ávila Molina, la Sociedad Médico Quirúrgica del Tolima S.A. -Clínica Tolima S.A.- y la Sociedad de Cirujanos Generales del Tolima Limitada. 11.9. Condenó en las costas de ambas instancias a la parte demandada. 14 Radicación n.° 73001-31-03-006-2008-00283-01 LA SENTENCIA IMPUGNADA Luego de historiar lo acontecido en el proceso y de compendiar los argumentos esenciales de la sentencia del a quo, de la apelación y de los alegatos de las partes en segunda instancia, el Tribunal, para arribar a las decisiones que adoptó, expuso los argumentos que pasan a concretarse.

1. De entrada, planteó como “problema jurídico”, si “¿en

los casos en los cuales se verifica en el curso del procedimiento quirúrgico el denominado riesgo inherente al procedimiento realizado, necesariamente se debe pregonar la ausencia de culpa o negligencia médica?”, interrogante en relación con el que enseguida señaló que “en el caso sub lite, no obstante ser evidente la presencia de un hecho calificable como riesgo inherente en el curso de la cirugía de apendicectomía y drenaje de peritonitis, consistente tal riesgo en el rompimiento del ciego del intestino del paciente, se advierte con claridad la culpa y/o negligencia, o impericia médica derivada de la carencia de oportunos cuidados, atenciones y exámenes, particularmente, en la fase del post operatorio que determinaron la muerte del paciente, no obstante su reinterven[c]ión de nueva laparotomía orientada a salvar la vida del hoy causante”.

2. Así las cosas, concluyó “anticipadamente”, que “el riesgo inherente propio del procedimiento quirúrgico de apendicectomía, consistente, en este caso, en la lesión o lesiones en el ciego del intestino del paciente, no fue atendido ni solucionado ni enervado con prontitud, diligencia y cuidado, conforme a las reglas de la ley del arte médico, y por lo mismo, en este asunto sub lite, sí se configura la responsabilidad civil médica con todos los elementos axiológicos que la identifican”.

15 Radicación n.° 73001-31-03-006-2008-00283-01

3. En sustento de esa inferencia, el ad quem adujo: 3.1. Previa invocación del resultado de la necropsia

practicada al occiso Gómez Rondón y del “examen de anatomía patológica” que se le realizó, la plena demostración de que la causa de su muerte fue “el padecimiento de un cuadro de sepsis (infección bacteriana) de origen abdominal por peritonitis aguda secundaria a una perforación intestinal asociada a apendicitis aguda en fase purulenta”; y que dicho motivo del deceso, no fue desvirtuado en el curso del proceso. 3.2. Relató, siguiendo un orden cronológico, cómo fue el desenvolvimiento de la enfermedad que aquejó a la precitada víctima y, correlativamente, la atención que le brindaron los demandados, análisis en el que destacó: 3.2.1. Desde la consulta realizada en las horas de la noche del 26 de noviembre de 2004, el médico general Jesús Alirio Pachón diagnosticó “apendicitis aguda”. 3.2.2. No existió consentimiento informado para la práctica de la intervención quirúrgica inicialmente practicada, “como quiera que el tradicional formato para tales fines, solo fue firmado por el paciente y un testigo, sin haberse identificado el enfermo y menos aún señalarse los posibles riesgos más importantes del procedimiento a ejecutar y de paso sin indicarse el mismo”, carencia que constituye “negligencia médica derivada de la ausencia del consentimiento informado”. 3.2.3. Si “el diagnóstico preoperatorio” consistió en “apendicitis aguda” y fue confirmado por el doctor Hernando Ávila 16 Radicación n.° 73001-31-03-006-2008-00283-01 Molina, “quien además precisó en su descripción quirúrgica

‘…peritonitis localizada…’[,] hechos indiscutidos en el proceso”, propio es colegir “la mala práctica médica en el caso sub judice, puesto que según precedente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en casos como el presente en el que se constata la peritonitis del paciente, la práctica de la apendicectomía inmediata, no era la más apropiada conducta médica a seguir, pues: ‘…la literatura médica indica que en caso de diagnóstico tardío de apendicitis con absceso y peritonitis no se debe practicar la apendicectomía inmediatamente, sino que se debe proceder a drenar el apéndice, mantener tratamiento con antibióticos y mejorar el estado general del paciente hasta que esté en condiciones de soportar la cirugía. Operar de inmediato aumenta las probabilidades de complicaciones en más de un 50% de los casos por sangrado, daños a la pared intestinal, infecciones de la herida, absceso pélvico, lesión de otras vísceras, obstrucciones, fístulas y necesidad de reoperación…’ (Sentencia de Casación SC 13925-2016, septiembre 30 de 2016. MP. Ariel Salazar Ramírez)”. 3.2.4. El día 28 de noviembre de 2004 se dio de alta al paciente, determinación “que bien puede calificarse de precipitada o prematura, puesto que sabiéndose por el médico tratante, Ávila Molina[,] que había diagnosticado peritonitis localizada y había practicado drenaje de peritonitis, circunstancias encontradas en la humanidad del paciente, no era procedente ordenar la salida del

enfermo, habida cuenta que, en estos eventos, (…) los protocolos médicos indican el tratamiento de antibiótico (…)[,] intensivo e intrahospitalario (véase Guía de práctica clínica para el tratamiento de Peritonitis. Revista científica de las ciencias médicas en Cienfuegos.

Disponible en: www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/ 687/5666)”.

17 Radicación n.° 73001-31-03-006-2008-00283-01 3.2.5. El señor Gómez Rondón “intentó su reingreso el 30 de noviembre de 2004, refiriendo dolor intenso en la zona del ombligo y a pesar de saberse que se trataba de un paciente recientemente intervenido de apendicectomía se remitió de nuevo a su casa con receta médica inapropiada y cuando finalmente [fue] reintervenido por nueva laparotomía (1 de diciembre de 2004) se apreci[ó] por el nuevo equipo médico la existencia de perforación de ciego, y abundante material fecaloide en cavidad abdominal (500 c.c.) que por supuesto[,] por el transcurso del tiempo[,] ya había hecho estragos en la salud y humanidad del paciente, lo que determinó la realización de hemicolectomía derecha, ileostomía, y lavado peritoneal, y no obstante, la extirpación de la mitad del colon (exéresis de ciego, colon ascendente, ángulo hepático del colon y parte del colon transverso), y la ileostomía, es lo cierto que el paciente mu[rió] el día 6 de diciembre de 2004, por sepsis de origen abdominal por peritonitis, todo lo cual

en conjunto, para la Sala, acredita sin ambages la culpa o negligencia médica, concretada principalmente, en la mala práctica médica observada, de un lado, en la salida prematura del enfermo el día 28 de noviembre de 2004, a pesar de conocerse el diagnóstico de peritonitis localizada que ameritaba tratamiento de antibiótico[,] terapia intrahospitalaria, y de otro lado, el tardío ingreso para nueva laparotomía cuando ya era evidente la salida de material fecaloide por la herida quirúrgica”.

4. Puso de presente que ese “cúmulo de yerros en la atención del paciente que determinaron su muerte, se acredit[ó] también, con el informe técnico médico legal ofrecido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (folios 24-29, cd. 8)”, aclarado posteriormente, en atención a las solicitudes que en tal sentido elevaron los demandados, “en el cual[,] en varios pasajes[,] el perito forense afirm[ó] sin rodeos y en forma contundente la impericia y/o negligencia en diversas actuaciones médicas a lo largo de la atención brindada al señor Francisco Javier Gómez Rondón”,

18 Radicación n.° 73001-31-03-006-2008-00283-01 conclusiones que ratificó en la aludida complementación, aserto en pro del cual el Tribunal transcribió a espació el referido concepto, en lo que estimó pertinente. A continuación, esa Corporación precisó que dicho informe “explic[ó] en detalle las falencias ocurridas en la atención ofrecida al paciente, t[uvo] como soportes la historia clínica, el protocolo

de necropsia, los resultados de histopatología, el formato de análisis del caso auditoría médica institucional emitido por Salud Total, mostrando así su fuerza mayúscula de convicción, acompañada con una argumentación sensata y coherente con los documentos que sirvieron de insumos para la producción de las conclusiones contundentes contenidas en el referido medio de convicción como prueba demostrativa de la culpa o negligencia o impericia médica en que se incurrió sin duda alguna en las atenciones y procedimientos médicos y/o quirúrgicos y en la fase postoperatoria de la patología padecida por el señor Francisco Javier Gómez Rondón”. A continuación, abordó el estudio de las objeciones que varios de los demandados formularon frente al comentado informe, en relación con las cuales subrayó que tal tipo de cuestionamientos, según exigencia expresa del numeral 5º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, deben proponerse con precisión, y señaló, con ayuda de la doctrina, lo que se entiende por “error grave”. Sentadas esas bases, trajo a colación las críticas en que se sustentaron esos reproches y concluyó, respecto de ellas, que esencialmente contienen “discrepancias” y “desacuerdos” con el informe, “sin que en ningún sentido se cumpla con el requisito legal (…) de indicar con precisión (…) el error grave que se achaca al informe pericial, menos se indicó, debiendo hacerse, si los errores hacían parte 19 Radicación n.° 73001-31-03-006-2008-00283-01 de las motivaciones del informe, o de sus conclusiones”, de modo que

todas las “objeciones (…) deberán ser desatendidas por el Tribunal, puesto que, parece obvio decirlo, sin saberse o conocerse, puntualmente, cu[á]l o cu[á]les son los errores graves de que adolece el informe pericial forense presentado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, y menos situarlas en las motivaciones o bien en las conclusiones del perito, inútil e inocuo resulta ponderar la prueba que fuera practicada con ocasión del trámite de la objeción por error grave, consistente en la declaración del s