CSJ - SC048-2023

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC048-2023 Radicación n.° 11001-31-03-031-2003-00891-01 (Aprobado en sesión virtual de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés) Bogotá D.C, veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Se profiere sentencia de casación oficiosa1 respecto del fallo que el 31 de enero de 2019 expidió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el incidente de liquidación de perjuicios que Publio Armando Orjuela Santamaría promovió contra el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, a continuación de un proceso de expropiación.

ANTECEDENTES

1. El IDU demandó a Publio Armando Orjuela Santamaría y la Caja de Vivienda Popular con el fin de

expropiar el inmueble ubicado en la carrera 95 n.° 34ª-35 Sur de Bogotá e identificado con matrícula inmobiliaria n.° 50S-354127 de la oficina de registro de instrumentos 1 Mediante AC2828 26 oct. 2020 la Sala inadmitió la totalidad de los cargos de casación formulados por Publio Armando Orjuela Santamaría y seleccionó de manera positiva el asunto en ejercicio de las facultades conferidas por el inciso 2º del artículo 16 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (n.º 270 de 1996), modificado por el artículo 7 de la ley 1285 de 2009. Radicación n.° 11001-31-03-031-2003-00891-01 públicos de esa ciudad, para construir, por motivos de

utilidad pública e interés social, la «Avenida Ciudad de Cali».

2. El 12 de junio de 2015 el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá accedió a la expropiación, ordenó cancelar gravámenes, embargos e inscripciones de demanda sobre el fundo, avaluarlo, registrar el fallo e indemnizar al propietario.

3. En la suya de 15 de marzo de 2016, el Tribunal revocó la sentencia apelada por el actor, declaró probada la «caducidad de la acción», negó la expropiación, instruyó cancelar la inscripción de la demanda y ordenó devolver al IDU el dinero consignado para la entrega anticipada del inmueble (que, de todas maneras, no se había efectuado por imposibilidad).

4. Una vez en firme esa providencia, el magistrado ponente en el Tribunal profirió un auto el 28 de abril de 2016 mediante el cual ordenó remitir el expediente al Juzgado y puso de presente que «en caso de no poder[se] efectuar la entrega [del inmueble a Publio Armando Orjuela]… deberá reconocer el pago de perjuicios que se tramitará conforme… el artículo 307 ibídem [CPC], mediante incidente…» (Se destaca).

5. El 24 de agosto de 2016 Publio Armando Orjuela Santamaría promovió incidente de liquidación perjuicios que estimó bajo la gravedad de juramento en CIENTO CUATRO

2 Radicación n.° 11001-31-03-031-2003-00891-01

MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS

TREINTA Y SEIS PESOS ($104.420.451.936).

6. El Juzgado liquidó los perjuicios mediante sentencia de 16 de abril de 2018 en TRES MIL QUINIENTOS UN

MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO

OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO

CENTAVOS ($3.501.635.184,74), discriminados así:

6.1. MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES

QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($1.963.514.145,26) como capital indexado; y

6.2. MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES

CIENTO VEINTIÚN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.538.121.039,48) como intereses corrientes.

También condenó al incidentante, Publio Armando Orjuela Santamaría, a pagar al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($1.619.677.330), de conformidad con el artículo 206 del Código General del Proceso, es decir, por el exceso entre la suma estimada bajo la gravedad de juramento al promover el incidente de perjuicios y la demostrada en el trámite. 3 Radicación n.° 11001-31-03-031-2003-00891-01

7. En el suyo de 31 de enero de 2019, el Tribunal

modificó parcialmente el fallo apelado por el incidentante, así: 7.1 Condenó al IDU a pagar a su contendor DOS MIL

CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS

SESENTA Y TRES MIL SESISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($2.427’963.686,73) por daño emergente y MIL CIENTO

SETENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS ($1.170’152.044,5) por lucro cesante; 7.2. Revocó la condena a favor del Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que se había impuesto a Publio Armando Orjuela por el exceso entre la suma estimada bajo la gravedad de juramento en el incidente de perjuicios y la demostrada en él, la cual ascendía a MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($1.619.677.330), a pesar de no haber sido apelada por el impugnante.

8. Mediante CSJ AC2828 26 oct. 2020 se inadmitieron los cargos de casación del incidentante contra la sentencia; en todo caso, ésta fue objeto de selección positiva.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL

4 Radicación n.° 11001-31-03-031-2003-00891-01

1. Los perjuicios del propietario expropiado son reparatorios y no compensatorios, pues deben resarcir plenamente el daño emergente y el lucro cesante, según los

principios de reparación integral y equidad.

2. Aunque el poder y la demanda de expropiación omitieron identificar el área de terreno a expropiar, documentos como la Resolución n.° 8621 de 19 de septiembre de 2003 o el registro topográfico n.° 8369D prueban la extensión del terreno, porque el segundo: sí concretó claramente el área que efectivamente se iba a afectar…: área total… 35.937.84 m2, de los cuales se le resta el 7% de cesión en un 2.515.65 m2 y, el sobrante se dividió en dos etapas; una primera de 3.910.00 m2 y la segunda de 4.095 m2, para un total de 10.521 m2 (folio 28 ib.), todo lo cual se acreditó con el informe técnico n.° 0316 emitido por Judith Yolanda Gambia G. –Dirección Técnica de Predios del IDU, quien confirma lo antes concluido (fl. 75 ej.), al paso que posteriormente en el Informe Técnico n.° 209 de enero 27 de 2005 se indicó que el área efectivamente afectada y desarrollada según el registro topográfico n.° 8369 fue de 10.521 .00 m2 (fl.80, c.1).

En consecuencia, el área total [ocupada por la obra pública] ascendió a 10.521 m2, sin que sea de recibo lo manifestado por la entidad incidentada a folio 23 y ss. de esta alzada, en cuanto a que el área a expropiar era de 4.095 m2, en primer lugar, por razón que la alegación en tal sentido se realizó fuera de la oportunidad procesal y, en todo caso pasando por alto ello,

como quedó antes puntualizado la Resolución de expropiación no determinó el área total a expropiar pero se remitió al registro topográfico 8369D y en él se determinó en total 10.521 m2, que fue lo que en últimas se desarrolló (ver fl. 80 c.1) y, si bien en 5 Radicación n.° 11001-31-03-031-2003-00891-01 dicho metraje se incluye el área de entrega (cesión) voluntaria de un 7%, ese aspecto no puede ser objeto de análisis en virtud a que no se puede hacer más gravosa la situación del apelante único – inciso 4º del art. 328 del CGP.

3. Según el recurrente-incidentante, la sentencia de primera instancia carecía de fundamento legal para liquidar la indemnización con el valor que el IDU ofreció, indexado desde el año 2015, junto con los réditos civiles; tampoco valoró la experticia que demostraba ese concepto.

Si bien el IDU consignó el dinero respectivo y se ordenó entregarle de forma anticipada el inmueble (y se comisionó), ese trámite no se llevó a cabo porque la obra pública ya se había construido, sin que se tenga certeza del momento exacto en que el incidentante fue privado del lote. Por ello, es razonable tasar la indemnización desde la presentación de la demanda (4 de diciembre de 2003), porque desde ese evento fracasó la negociación directa y el propietario se vio compelido a entregar su predio, lo cual impone descartar la data fijada por el a quo (2005, año del informe del IDU), pues con anterioridad ya había «ocurrido el despojo».

4. El dictamen pericial acompañado con el incidente de liquidación de perjuicios (fls. 1 a 13 y 19 a 29 c. 4) carece de firmeza, precisión y calidad porque se fundó en el método comparativo, pero solo se basó en un predio de referencia sin analizar su valor, estrato, ubicación y mejoras para contrastarlo con el del incidentante; además, avaluó el metro cuadrado sin precisar el valor catastral y comercial anual.

6 Radicación n.° 11001-31-03-031-2003-00891-01

5. Los perjuicios deben liquidarse con el avalúo aportado por el IDU (folios 42 y 43 del cuaderno 1), actualizando el valor del metro cuadrado según la pericia de octubre de 2001 ($107.000) a la fecha inicial de la liquidación de la indemnización demandada -diciembre de 2003-. En consecuencia, el valor actual del metro cuadrado es $122.467,18, cantidad que, al ser multiplicada por los 10.521 m2 afectados, arroja como resultado $1.288’477.200,78 (precio para el año 2003) y que -indexada a la fecha del fallo de segunda instanciamuestra que el daño emergente actualizado corresponde a $2.427’963.686,73.

6. Según la jurisprudencia constitucional el lucro cesante se puede cuantificar con el valor del bien y el interés causado entre la fecha de su entrega y la liquidación. Sin embargo, reconocer intereses comerciales sobre una suma indexada implicaría doble indemnización del mismo concepto, por lo que deben calcularse intereses legales según el artículo 1617 del Código Civil, es decir, 6% efectivo anual

sobre la suma no indexada del daño emergente ($1.288’477.200,78) desde el 4 de diciembre de 2003presentación de la demandahasta el 23 de enero de 2019, día de la audiencia de sustentación y fallo: $77.308.632,04 dividido en 12 meses arroja la suma de $6.442.386 por mes. Entonces, $6.442.386 por los 181 meses, asciende a la suma de $1.166.071.866,70, más los 19 días $4.080.177,8 -214.746,2 por día-, Total lucro cesante= $1.170’152.044,5 (negrillas son del texto original). 7 Radicación n.° 11001-31-03-031-2003-00891-01

7. Aunque el apelante omitió sustentar reparos contra la condena a cargo suyo y a favor del Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por el exceso entre lo estimado bajo la gravedad del juramento al promover el incidente y lo demostrado en el proceso, la cual ascendió a $1.619.677.330, «…conforme a la sentencia de constitucionalidad se impone analizar su viabilidad y procedencia y, al interior del asunto brilla por su ausencia el elemento subjetivo, consistente en temeridad o negligencia, en la acreditación de la cuantía de los daños a resarcir solicitados bajo juramento, aspectos por demás necesarios para que la sanción encuentre prosperidad, según lo precisó la Corte Constitucional en sentencia C-157 de 2013, lo que impone su revocatoria».

CONSIDERACIONES

1. Parámetros generales de la casación oficiosa 1.1. El legislador de 2012, mediante el artículo 336 del Código General del Proceso, luego de establecer las tradicionales causales taxativas y dispositivas del mecanismo extraordinario, facultó a «[l]a [Sala Civil de la] Corte [Suprema de Justicia]» para «casar la sentencia, aún de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales»

(negrillas propias). 8 Radicación n.° 11001-31-03-031-2003-00891-01 Si bien la atribución de facultades oficiosas atenúa el carácter dispositivo del mecanismo extraordinario, no convierte a los tribunales de casación en órganos de instancia ni mucho menos elimina los elementos característicos de la figura, siempre que se ejerza dentro de los parámetros y límites que le son propios, porque, en palabras de la Corte Constitucional, tales facultades oficiosas poseen: [S]ignificativa relevancia que además de limitar la naturaleza marcadamente dispositiva que ha caracterizado el recurso de casación -con impactos negativos importantes en la prevalencia del derecho sustancial-, contribuye en plena armonía con los nuevos fines que lo inspiran, a promover el influjo directo de contenidos constitucionales en la comprensión e interpretación de los asuntos civiles, comerciales, agrarios y de familia. Tiene la Corte Suprema de Justicia, por expresa disposición del legislador procesal, el deber de transformar cualitativamente el significado del recurso. En el ámbito de sus atribuciones, la Corte Suprema

debe asegurar que las normas de la Constitución adquieran real vigencia y efectividad en el derecho ordinario. Es a la luz de estas consideraciones que ese Tribunal deberá interpretar esta nueva institución. El legislador ya ha dado un paso, el siguiente le corresponde a la Corte (CC C n.º 213 de 5 ab. de 2017). La Sala ha venido consolidando derroteros para emplear sus facultades oficiosas de casación, descartando que, en principio, ello pueda hacerse de manera automática ante la presencia de cualquier error intrascendente porque, en caso contrario, pasaría a ser un juez colegiado de tercera instancia, rol extraño a su misión constitucional. Para que la Corte pueda acudir a la casación oficiosa resulta 9 Radicación n.° 11001-31-03-031-2003-00891-01 indispensable, entonces, que «se hallen en juego valores, principios y derechos supremos, y en forma patente y paladina aparezcan comprometidos: 1. El orden público, 2. El patrimonio público, o 3. Se atente gravemente contra los derechos y garantías constitucionales» (SC1131, 5 feb. 2016, rad. n.º 2009-00443). Esto quiere decir que para casar oficiosamente la sentencia impugnada es indispensable verificar conjuntamente las siguientes exigencias: (I) La equivocación del ad quem debe ser ostensible, esto es, clara, patente, manifiesta o, en últimas, de muy fácil averiguación; (II) El menoscabo causado por el error debe ser grave, es decir, de bastante entidad, gran calibre, importancia o

relevancia, lo que se traduce en que la casación oficiosa no es el camino para remediar defectos menores, secundarios o que, dado el caso, se encuentren superados; y (III) Debe resultar afectado (a) el orden público, (b) el patrimonio público y/o (c) los derechos y garantías constitucionales (SC5453, 16 dic. 2021, rad. n.º 201400058, reiterada en SC1170, 22 abr. 2022, rad. n.º 201300031). El cumplimiento y verificación estricta de estas exigencias resultan indispensables para que la casación conserve su norte constitucional, pues sigue siendo un 10 Radicación n.° 11001-31-03-031-2003-00891-01 mecanismo de procedencia restringida que no vivifica una tercera instancia donde puedan examinarse todos los errores de la sentencia del Tribunal; por el contrario, en los términos y con las exigencias comentadas, solamente aquellas equivocaciones graves y evidentes que lesionen de manera contundente el orden público, el patrimonio público o los derechos y garantías constitucionales tienen vocación de desvirtuar por sí solas la presunción de legalidad y acierto que cobija el fallo de último grado y abrir paso a su casación oficiosa. 1.2. Por su importancia, la Sala desarrollará los elementos que integran los requisitos necesarios para el sano ejercicio de la casación oficiosa. 1.2.1. El primer requisito exige que la equivocación sea «ostensible», es decir, «protuberante [y] con trascendencia en la decisión», de tal manera «que fluya o se manifieste sin

mayores esfuerzos con la sola comparación entre las conclusiones del Tribunal» (SC2776, 25 jul. 2019, rad. n.° 2008-00056-01), pues «sólo el error manifiesto, evidente y trascendente, es decir, el que brota a simple vista y se impone a la mente como craso, inconcebible y sin necesidad de acudir a dispendiosas elucubraciones, es susceptible de apoyar la… casación» (AC2708, 19 oct. 2020, rad. n.° 2016-00606-01). Por el contrario, no es ostensible, evidente o protuberante la equivocación «del sentenciador que [encuentra algún respaldo en el derecho objetivo o] no se 11 Radicación n.° 11001-31-03-031-2003-00891-01 aparta de las alternativas de razonable apreciación que ofrezca la prueba o que no se impone frente a ésta como afirmación ilógica y arbitraria, es decir, cuando sólo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado» (SC048, 3 jun. 2008, rad. n.° 1997-11872-01). 1.2.2. La segunda exigencia de la casación oficiosa está ligada con la gravedad del yerro, la cual se presenta cuando la equivocación «haya sido determinante en el sentido de la decisión confutada, ‘vale decir, en la medida que haya sido determinante de la decisión final, en una relación necesaria de causa a efecto’» (SC4232, 23 sep. 2021, rad. n.° 2013-0075701). El cumplimiento estricto de estas dos primeras exigencias de la figura en mención (ostensible y grave) es fiel

reflejo de que el Código General del Proceso haya dotado a la Sala de facultades oficiosas sin borrar sus funciones constitucionales, ni mucho menos apartarse del modelo de casación, aspectos sobre los que resulta necesario hacer algunas explicaciones. Según la Constitución Política de 1991, la Corte Suprema de Justicia tiene el doble rol de «máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria» (art. 234 C.P.) y «tribunal de casación» (art. 235 # 1 C.P.), funciones que en la especialidad civil, cumple la Sala de Casación Civil y Agraria (art. 16 LEAJ n.º 270 de 1996, modificada por la ley 1285 de 2009). 12 Radicación n.° 11001-31-03-031-2003-00891-01 La jurisprudencia pacífica y reiterada de la Corte Constitucional sustenta que tales atribuciones superiores tienen un contenido específico y concreto que, por tanto, orientan la manera en que la Sala debe desarrollarlas. En efecto, al avalar las disposiciones del Código de Procedimiento Civil que permitían declarar desierto el recurso extraordinario de casación cuando la demanda incumpliera requisitos formales, la Corte Constitucional expuso acerca del rol de esta Sala: La Constitución Política de 1991, recogió la existencia del instituto procesal de la casación, otorgando al máximo tribunal de la justicia ordinaria, la Honorable Corte Suprema de Justicia, la competencia para tramitar el recurso extraordinario, al señalarla expresamente como "tribunal de casación" (artículo 235 de la C.N.). Luego, no sólo puede considerarse que está permitida la existencia de la casación,

dentro de una competencia legislativa general; sino que se encuentra ordenada de manera directa y clara en la Carta Política. [N]o puede entenderse que la casación se haya convertido en una tercera instancia, ni que se eliminaron los requisitos de forma propios de la demanda de casación. La estructura general del recurso se mantiene, y no fue convertido en la última reforma, en una modalidad recursiva de orden procesal, tan amplia como puede serlo la apelación, en razón de las especiales caracterí[s]ticas y finalidades de aquel recurso. (CC C 215 de 28 abr. de 1994, -se destaca-). Luego, estimó la exequibilidad de la procedencia limitada y excepcional del recurso extraordinario de casación bajo los siguientes razonamientos: 13 Radicación n.° 11001-31-03-031-2003-00891-01 [L]a regla general es la improcedencia del recurso [de casación]; la excepción, su procedencia, en los casos previstos en la ley. … Si en tratándose de un recurso ordinario, como la apelación, previsto en la Constitución contra todas las sentencias, la ley, por mandato expreso del artículo 31, puede consagrar excepciones, no se ve por qué no pueda señalar o determinar contra cuáles sentencias procede el recurso de casación, extraordinario como se ha dicho (C 058 de 15 feb. 1996 -se destaca-). Finalmente, justificó que la violación indirecta de la ley sustancial tuviera que estructurarse sobre un error fáctico trascendente y ostensible pues, de lo contrario, el recurso extraordinario y esta Sala se apartarían del «modelo de

casación» adoptado por el constituyente de 1991 para convertirse en un tribunal de instancia (función enteramente contraria a su rol constitucional): [E]l tribunal de casación no surgió para corregir todos los eventuales errores judiciales sino que su función es, si se quiere, más de orden sistémico, para proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho objetivo, por lo cual ha sido denominada por algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia como “nomofilaquia” [P]ara la definición de las controversias judiciales concretas el ordenamiento prevé las instancias, mientras que el papel de la Corte Suprema, como tribunal de casación, es primariamente asegurar la coherencia del ordenamiento legal, gracias a la unificación de los criterios de interpretación de la ley, para de esa manera, lograr la realización del derecho objetivo y asegurar el respeto a los principios de legalidad y de igualdad. Por eso, la casación no es una tercera instancia para enmendar cualquier yerro ocurrido en las instancias, sino un recurso 14 Radicación n.° 11001-31-03-031-2003-00891-01 extraordinario que pretende lograr la mayor coherencia posible del sistema legal, al lograr el respeto del derecho objetivo y una mayor uniformidad en la interpretación de las leyes por los funcionarios judiciales. Esto no significa obviamente que la reparación de la eventual injusticia de un caso concreto no tenga ninguna relevancia en la casación [E]ste recurso extraordinario pone el interés que tiene el particular en que se corrija el agravio en su contra al servicio de la protección de la coherencia sistémica del ordenamiento. Así, el individuo tiene interés en atacar una

sentencia ilegal o contraria a la jurisprudencia, a fin de evitar una decisión que le es desfavorable, y de esa manera, su actuación permite que el tribunal de casación anule la decisión contraria al derecho objetivo, y asegure así el respeto al ordenamiento. [E]ste recurso no es un instituto de creación puramente legal ya que tiene un fundamento constitucional expreso, puesto que el artículo 235 de la Carta define a la Corte Suprema como "tribunal de casación". Por ende, el legislador no es libre para consagrar o no la existencia de la casación,… El rango constitucional de la casación implica igualmente que el legislador no tiene plena libertad para organizar el alcance de este recurso. La casación no es un concepto vacío sino que tiene un contenido esencial, que goza de protección constitucional, por lo cual el legislador no puede regular de cualquier manera las funciones de la Corte Suprema como tribunal de casación… [L]a casación es un recurso extraordinario, con fundamento constitucional expreso, que tiene esencialmente una función sistémica, por lo cual no puede confundírsela con una tercera instancia. Por ende, es razonable concluir que en materia de casación “la regla general es la improcedencia del recurso; la excepción, su procedencia, en los casos previstos en la ley”. Esto explica entonces que la ley, sin caer en formalismos innecesarios y excesivos, que sean contrarios a los propósitos de la casación, puede establecer requisitos más severos para acceder a este recurso, e incluso para que pueda prosperar, sin que ello signifique que, por ese solo hecho, hay una restricción al acceso a la justicia, por cuanto, reitera la Corte, para

dirimir los conflictos y solucionar los problemas 15 Radicación n.° 11001-31-03-031-2003-00891-01 planteados en los distintos casos concretos, el ordenamiento prevé … las instancias… [L]a exigencia de que el error de hecho sea manifiesto, en principio se justifica por cuanto, como se ha insistido, el tribunal de casación no es un juez de instancia ni un cuerpo para corregir todos los eventuales errores cometidos en los procesos. Por ende es legítimo que, por razones de seguridad jurídica, deba presumirse que la sentencia de instancia ha acertado, pues las controversias judiciales deben tener un final. Esas sentencias llegan entonces a la casación amparadas por una presunción de acierto y legalidad, como lo ha dicho en incontables oportunidades la Corte Suprema de Justicia, por lo cual, bien puede la ley determinar que sólo aquellos errores fácticos que tengan la entidad suficiente para romper esa presunción de acierto del juez de instancia, y que hayan implicado una violación de la ley, son susceptibles de hacer prosperar este recurso extraordinario. [E]l carácter extraordinario y sistémico del recurso de casación ha hecho que muchos doctrinantes consideran que las discusiones fácticas y probatorias no pueden aducirse en sede de casación, pues este recurso debe versar, para que preserve su función sistémica, únicamente sobre las cuestiones de derecho y no sobre los hechos. Siguiendo ese criterio, algunos ordenamientos de algunos países no prevén o han suprimido la posibilidad de invocar cualquier error de hecho como causal de casación.

… [S]i en principio la regulación de la casación podría incluso suprimir los errores de hecho como causal para interponer este recurso, con mayor razón puede la ley señalar que esos yerros fácticos deben tener una cierta entidad para que la sentencia atacada pueda ser casada. El cargo del demandante no está entonces llamado a prosperar, pues en el fondo su acusación pretende convertir el recurso de casación en una tercera instancia, lo cual contradice su naturaleza extraordinaria y la función sistémica que la Carta le confiere a la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación (CP art. 235) (CC C-1065 de 16 ag. 2000 -se destaca-). 16 Radicación n.° 11001-31-03-031-2003-00891-01 En suma, la casación es una institución jurídica con un claro contenido constitucional que, inclusive bajo su modalidad oficiosa, debe respetarse y puede resumirse así: (I) La Constitución Política de 1991 ordenó que la Corte, a través de sus salas especializadas determinadas por la LEAJ, actuara como tribunal de casación; (II) El recurso de casación es, generalmente, de procedencia limitada, de ahí que resulte constitucional establecer requisitos severos para su procedencia e, inclusive, su prosperidad, sin que ello desconozca garantías fundamentales como, por ejemplo, el acceso a la administración de justicia; (III) La casación no vivifica (ni puede convertirse en) una tercera instancia donde se examinen todos los errores de la decisión impugnada porque el escenario propicio para resolver el caso concreto son las instancias del proceso. Esto

justifica que la casación no pueda transmutarse en una simple apelación, y los errores de hecho estructurantes de la violación indirecta de las normas sustanciales deban ser trascendentes y ostensibles. Agréguese, que las equivocaciones que dan paso a casar de oficio la sentencia deben ser, además de ostensibles, graves; (IV) La sentencia impugnada se presume acertada y legal, razón que justifica casarla únicamente cuando se haya desvirtuado esa presunción, siempre que se satisfagan los 17 Radicación n.° 11001-31-03-031-2003-00891-01 presupuestos correspondientes; y (V) Las funciones de la Sala y los fines de la casación son sistémicos y están orientados a satisfacer el interés general, a raíz de lo cual el recurso se sirve de la prerrogativa específica y subjetiva del recurrente para resguardar el derecho objetivo, logrando, principalmente, unificar la jurisprudencia o proteger el contenido y coherencia del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de corregir los agravios causados a las partes por la sentencia. 1.2.3. El tercer requisito de la casación oficiosa exige la afectación cualificada de intereses de indiscutible relevancia, tales como (a) el orden público, (b) el patrimonio público y/o (c) los derechos y garantías constitucionales. 1.2.3.1. Sobre el orden público se ha reconocido que «es una noción eminentemente flexible, cuyas aplicaciones serán variables porque, si las necesidades sociales son siempre las mismas en sus principios, pueden ser esencialmente variables en su aplicación»2, compuesta por principios y reglas «en cuyo

mantenimiento tienen un interés considerable tanto el Estado como la sociedad» (SC 31 may. 1938, GJ XLVI, n.° 1936). Adicionalmente, la Sala ha precisado: Las leyes de orden público, según el concepto de Beudant, son las que tienden a asegurar la organización que 2 Julliot de la Monrandiére, La noción de orden público en derecho privado, Ed. Alberto Hernández Mora y Alberto González Ortiz, Bogotá, 1956, p. 141. 18 Radicación n.° 11001-31-03-031-2003-00891-01 posee una sociedad para su normal y correcto funcionamiento, y tienen como característica predominante que interesan más a la comunidad que a los hombres individualmente considerados y se inspira más en el interés general que en el de los individuos… Lejos de toda generalización absoluta, debe atenderse con presencia al fundamento y fin de cada norma para determinar su verdadero carácter según que se dirija y destine directa e inmediatamente al beneficio de un particular o a beneficiar en primer término la comunidad. De esta manera aparece muy calificado el carácter de orden público que corresponde a las leyes de derecho privado que rigen, por ejemplo, el estado y capacidad de las personas, base de la organización social; las que gobiernan la propiedad, especialmente la agraria porque conforman económicamente el Estado (negrilla fuera de texto, SC, 23 jun. 1940, GJ XLIX). Luego, sentó que «exige la aplicación de ciertas normas de origen general que primando sobre el interés individual contemplan la seguridad y beneficio económico de la sociedad

y de las naciones» (SC, 5 ab. 1940, GJ XLIX, n.° 1955-1956), que se expresa en «el conjunto de reglas que no puede ser alterado por el querer de los contratantes» (SC, 28 ag. 1945, GJ LIX, n.° 2022-2023). En suma, el orden público está conformado por los «principios cardinales del derecho público colombiano [y las] normas de derecho privado promulgadas con finalidades que evidente y principalmente se encaminan a salvaguardar el orden social y jurídico del Estado» (SC, 28 jul. 1998, exp. n.° 6583). 19 Radicación n.° 11001-31-03-031-2003-00891-01 De forma reciente la Sala aseguró que «la jurisprudencia ha definido el orden público como ‘lo