CSJ - SC077-2023

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado Ponente SC077-2023 Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00597-01 (Aprobado en sesión virtual de dos de marzo de dos mil veintitrés) Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación que los demandantes interpusieron contra la sentencia de 13 de septiembre de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio verbal promovido por Riar S.A.S. en liquidación y Roberto Ignacio Ángulo Rodríguez contra Comunican S.A.

ANTECEDENTES

1. Los accionantes solicitaron declarar que fue afectada gravemente su reputación con la publicación realizada en desmedro de Roberto Ignacio Ángulo Rodríguez, el 21 de diciembre de 2010 en el periódico El Espectador, de propiedad de la demandada, por lo cual debe ser condenada al pago, a favor de Riar S.A.S., de $2.391’887.224 por concepto de lucro cesante causado desde la fecha citada hasta el mes de marzo de 2019, el lucro cesante futuro que Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00597-01 se acredite en el proceso e intereses moratorios comerciales causados desde la fecha de la sentencia; y para Roberto Ignacio Ángulo Rodríguez 150 SMMLV como perjuicios morales y otro tanto por daño a la vida de relación.

2. Como soporte fáctico de tales peticiones expusieron,

en síntesis, que:

2.1. Riar S.A.S., actualmente en liquidación, tenía como objeto social principal la administración de más de 5 Centros de Medicina Estética, dedicados principalmente a la depilación láser. 2.2. El 21 de diciembre de 2010 el periódico El Espectador publicó un artículo denominado «depilación polémica», en el que acusó a Roberto Ignacio Ángulo Rodríguez, como médico cirujano a cargo de los referidos Centros de Medicina Estética y único accionista de Riar S.A.S., de vulnerar la privacidad de los pacientes al momento de realizar la depilación por grabar los procedimientos, puso en duda su profesionalismo, capacidad y el prestigio de los tratamientos. 2.3. Esta publicación afectó el buen nombre del galeno y patrimonialmente a ambos demandantes, por lo que aquel incoó acción de tutela que fue estimada por la Sala Civil del Tribunal Superior del distrito judicial de Bogotá, con sentencia de 18 de mayo de 2011, la cual ordenó rectificar la información, lo que fue acatado el 24 de mayo siguiente a través de la publicación denominada «Rectificación 2 Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00597-01 ‘depilación polémica’», en la que informó que ninguno de los demandantes infringe norma algún que proteja el derecho a la intimidad de sus pacientes, ni realiza grabaciones de estos sin autorización. 2.4. No obstante, adujeron los promotores, la publicación inicial permaneció por espacio de 4 años en el sitio web de la convocada, lo que generó quejas de los usuarios ante la Superintendencia de Industria y Comercio,

las Secretarías de Salud de Bogotá y Medellín, que implicaron para Riar S.A.S. gastos de defensa profesional, costos comerciales por $1.200’000.000 para minimizar la afectación a su buen nombre y, por último, el descenso de clientes que, a su vez, derivaron en el cierre de varios establecimientos de comercio, perjuicios materiales que totalizan $2.391’887.224; además de las afectaciones morales al buen nombre, relaciones sociales, familiares y profesionales del médico accionante.

3. Una vez vinculada al trámite, la accionada se opuso a las pretensiones proponiendo como defensas de mérito las que denominó «cosa juzgada, hecho superado y falta de legitimación en la causa por pasiva», porque la rectificación mencionada restableció el derecho al buen nombre u honra de los demandantes, y porque la supresión de la publicación inicial de los motores de búsqueda vía internet fue realizada desde mayo de 2011 -contrariamente a lo argüido en el libelocesando los posibles efectos difamatorios alegados; «inexistencia del nexo causal entre el hecho y el daño debe ser cierto» (sic) y «principio nemo auditur propiam tirpitudinem

3 Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00597-01 allegans», pues antes de los hechos relatados existían investigaciones en contra de Riar por fallas médicas, procedimentales, sanitarias y comerciales por incumplir obligaciones adquiridas con sus pacientes y/o consumidores, que culminaron con sanciones administrativas y judiciales, causa real de la situación económica de los promotores; «inexistencia de perjuicios

extrapatrimoniales» por ausencia de pruebas y explicación suficiente; «temeridad y mala fe» en la medida en que, además de lo anterior, fueron ocultados por los demandantes estados financieros de los años 2011 al 2019; «genérica y prescripción».

4. El Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, con sentencia de 7 de diciembre de 2020, declaró no probadas las excepciones, estimó las pretensiones y condenó a la convocada a pagar $99’566.080 para Riar por perjuicios patrimoniales y $50’000.000 para Roberto Ignacio Ángulo por daños morales.

5. Al resolver las apelaciones interpuestas por ambas partes, el 13 de septiembre de 2021, el superior revocó el fallo y desestimó todas las súplicas de la demanda.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL

1. El Juzgador ad-quem, en primer lugar, recordó que la responsabilidad derivada de actividades periodísticas se rige por el artículo 2341 del Código Civil, al ser de índole extracontractual, siendo forzoso para la parte demandante

4 Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00597-01 acreditar todos sus elementos (daño, culpa y relación de causalidad), en tanto la Corte Constitucional, con sentencia C-135 de 2021, declaró inexequible el artículo 55 de la ley 29 de 1944, que preveía la presunción de culpa en disfavor del extremo convocado de la litis. Sin embargo, agregó, como la presente acción fue iniciada y tramitada antes de tal fallo, sin que la Corte

Constitucional otorgara efectos retroactivos a tal sentencia de inexequibilidad, era menester aplicar la aludida presunción al sub judice. Por ende, los peticionarios sólo debían acreditar el daño por ellos padecido y la relación de causalidad entre este y aquella culpa presunta.

2. En el sub lite, el daño fue demostrado con la sentencia que por vía de tutela profirió el 18 de mayo de 2011 la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en la cual estableció vulnerado el buen nombre de los demandantes; y en relación con los perjuicios materiales obra dictamen pericial así como los balances generales de la entidad convocante.

3. Pero la relación causal entre el daño y la culpa no fue probada plenamente, pues aun cuando los testigos José Milton Blanco Santamaría, Sandra Alonso y Adriana Quijano Ángulo informaron que el descalabro financiero de la sociedad demandante fue producido por la publicación «depilación polémica» del diario El Espectador, estas pruebas

5 Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00597-01 resultan insuficientes porque otros medios de convicción dejan ver que esos daños pudieron tener origen en diversas causas, máxime cuando el nexo causal debe corresponder a una causa directa, necesaria y determinante del daño. En efecto, la prueba documental da cuenta de que, tras investigaciones iniciadas desde el año 2009, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó, a título de efectividad de las garantías de los clientes de los accionantes, el reintegro de

los dineros recibidos por estos ante el incumplimiento de sus obligaciones contractuales; así como sanciones pecuniarias posteriores por el desacato a esas sentencias. En adición, la Secretaría de Salud de Bogotá también sancionó pecuniariamente a Riar S.A.S., mediante actos administrativos que datan del año 2010, al advertir irregularidades en las condiciones tecnológicas, científicas, de recursos humanos, instalaciones físicas, dotación de medicamentos y dispositivos médicos, historias clínicas, seguimiento a riesgos, entre otros; al paso que el declarante José Milton Blanco Santamaría informó también de la existencia de demandas ante el Tribunal de Ética Médica. Incluso, Roberto Ignacio Ángulo Rodríguez, en publicación de 24 de diciembre de 2020 realizada en el diario La Libertad, afirmó que la destrucción de su vida y la de su familia obedeció a otra noticia, difundida en el programa W radio por el periodista Julio Sánchez Cristo. 6 Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00597-01 Entonces, coligió el tribunal, los problemas de los demandantes, antepuestos a la publicación realizada por El Espectador y desencadenantes de sanciones económicas, pudieron ser los generadores de la crisis económica descrita en el libelo, lo cual desvirtúa el nexo causal auscultado.

4. Respecto del daño moral reclamado por Roberto Ignacio Ángulo tampoco se probó el nexo causal, pues aunque su psiquiatra le diagnosticó entre los años 2010 y 2011 cuadro de depresión con trastorno de ansiedad generalizado, también refirió que sus periodos de crisis

penden de los líos judiciales que tenga en cada momento, dejando al descubierto que estas acciones judiciales y administrativas son la causa de los quebrantos emocionales. LA DEMANDA DE CASACIÓN El escrito sustentador del mecanismo extraordinario contiene dos reproches, fundados en el segundo motivo de casación previsto en el artículo 336 del Código General del Proceso.

CARGO PRIMERO

1. Aduce la violación indirecta de los artículos 2341 a 2343, 2356 del Código Civil, 55 de la ley 29 de 1944 y 13 numeral 2 literal a) de la Convención Interamericana de Derecho Humanos ratificada por Colombia con la ley 16 de 1972, como consecuencia de errores de hecho en la estimación del acervo probatorio, que impidieron establecer

7 Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00597-01 que la causa de los daños padecidos por los demandantes fue la publicación del artículo «depilación polémica» del diario El Espectador.

2. En desarrollo del embate señalaron los recurrentes que el tribunal cercenó completamente la declaración de Luisa Sánchez, quien informó que para el año 2009 la operación de Riar no mostraba crisis económica, ni malos manejos y era una empresa próspera que practicaba 1.200 procedimientos al mes, de lo cual debió extraerse que la crisis ocurrida en el año 2010 sí fue producida por la publicación de El Espectador, porque las sanciones impuestas a aquella no representaban ni el 1% de los procedimientos realizados.

3. Así mismo fue cercenada de forma parcial la versión

de Milton Blanco, quien señaló cómo la situación económica de los demandantes cambió tras la publicación del artículo «depilación polémica», que a su vez dio lugar a blogs que los desacreditaban y quejas anónimas, de lo que dio fe hasta el año 2012 cuando dejó de ser su abogado, e informó que no fue necesaria defensa por mala praxis ni refirió la existencia de investigaciones ante el Tribunal de Ética Médica.

4. De otro lado, el fallo dio un alcance distorsionado a los documentos con los que tuvo acreditadas las investigaciones administrativas adelantadas contra Riar, porque sólo daban cuenta de un trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio y cuatro investigaciones administrativas en la Secretaría de Salud, en los que fue sancionada, no obstante que realizaba 1000

8 Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00597-01 procedimientos estéticos mensuales, de donde tales penalidades eran insuficientes para llevar a la quiebra a la empresa, máxime cuando varias de esas condenas fueron proferidas con posterioridad a la publicación denominada «depilación polémica». Por último, añadieron los recurrentes, sumando todas las sanciones impuestas a Riar tampoco equivaldrían al 1% de los procedimientos que realizaba, por lo que no podía afirmarse descontento general de su clientela y, por contera, que esta fue la causa de la pérdida abrupta de sus clientes y del rompimiento, según el tribunal, del nexo causal entre el daño y la culpa que encontró probados.

CARGO SEGUNDO

1. Aduce la violación indirecta de los artículos 2341 a

2343, 2356 del Código Civil, 55 de la ley 29 de 1944 y 13 numeral 2 literal a) de la Convención Interamericana de Derecho Humanos ratificada por Colombia con la ley 16 de 1972, como consecuencia de errores de hecho en la estimación del acervo probatorio, que impidieron al tribunal colegir que la causa jurídicamente relevante de los daños morales padecidos por Roberto Ignacio Ángulo Rodríguez fue la publicación del artículo «depilación polémica» del diario El Espectador.

2. En desarrollo del embate aduce que el juzgador adquem omitió la historia clínica del demandante Ángulo Rodríguez, allegada como anexo del dictamen pericial

9 Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00597-01 practicado, la cual da cuenta de que dos meses después de la referida publicación inició consultas psiquiátricas por presentar cuadros de depresión, ansiedad y stress; que tal situación persistía para el año 2014; y que dicho demandante informó al profesional de la medicina que su malestar provenía de tal divulgación que, a su vez, generó la caída de sus clientes en un 70%.

3. Finalmente, alegan que igualmente fue pretermitido el dictamen pericial practicado, del que se desprende como causa del daño moral aludido la difusión del artículo «depilación polémica» del diario El Espectador y que la afectación psicológica padecida por Ángulo Rodríguez es diferente a un daño moral.

CONSIDERACIONES

1. Régimen procesal aplicable al recurso de

casación. Por entrar en vigencia de manera íntegra el Código General del Proceso a partir del 1º de enero de 2016, al sub judice resulta aplicable ya que consagró, en los artículos 624 y 625 numeral 5º, que los recursos, entre otras actuaciones, deberán surtirse bajo «las leyes vigentes cuando se interpusieron», tal cual sucede con el que ahora ocupa la atención de la Sala, en razón a que fue radicado con posterioridad a la fecha citada. 10 Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00597-01

2. La Libertad de Expresión en nuestro ordenamiento.

2.1. Concepción. Un pilar esencial de toda democracia es la libertad de expresión, en tanto funge como vehículo de doble vía para que cualquier integrante del conglomerado, de un lado, aprehenda saberes de su interés, que a su vez le sirvan para adoptar decisiones relevantes, ya en su entorno personal ora en el general si a esto hubiere lugar; y de otro lado, exponga el conocimiento que ostenta sobre una determinada materia, ciencia, etc., entre otros fines. Pero tal ejercicio conlleva, como característica connatural, la creación de espacios de diálogo, de desacuerdo, de control sobre la institucionalidad privada y pública (participación ciudadana) en aras del desarrollo de una sociedad gobernada democráticamente, en éste evento no sólo para el ejercicio responsable del derecho al voto, también en el desarrollo de su facultad de exigir a cualquier gobernante el reporte de su gestión (control a la administración pública); además de otros muchos aspectos

como la formación de una opinión pública libre, asuntos relativos a la seguridad en su contorno, la economía local y personal, etc. Por supuesto que si la democracia (del griego demokratía dêmos = pueblo y krateîn = gobernar) es el gobierno de todos los asociados, comporta la facultad no sólo 11 Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00597-01 de participar en las distintas discusiones acerca de la dirección de esa comunidad, también de ejercer el derecho a decidir de forma responsable, para lo cual es indispensable que todos sus miembros posean la opción de asimilar cualquier enseñanza que posibilite la toma de decisiones importantes, entre otras facultades. Todo hombre, ya sea que se le considere aisladamente o inserto en una comunidad humana, necesita información. Solamente cuando alcanza un conocimiento lo más completo posible de lo que sucede en su entorno y en el mundo puede formarse una opinión que lo deje en situación de buscar y organizar, con verdadera libertad, la forma de vida que le parezca más adecuada. Si no conoce los procesos políticos y económicos, las dificultades y conflictos que ellos presentan a nivel nacional e internacional, la diversidad existente en las ideas, opiniones relativas a los negocios públicos, queda incapacitado para participar como ciudadano en los procesos de toma de decisión en los que le corresponde intervenir. Sin información acerca de las condiciones en que se presenta el mundo circundante, permanecerá desprevenido de los peligros que pueden amenazarlo o de las oportunidades favorables que se le presenten, con lo cual estará impedido de adoptar

decisiones muy significativas para su vida futura. Ignorante de las ideas que surgen, de las discusiones que brotan y de las soluciones que otros proponen a los problemas de su comunidad, de su pueblo y de la humanidad toda, no podrá mejorar su capacidad de comprensión ni formarse una conciencia crítica que lo hagan valioso ante sus iguales. Falto de comunicaciones que lo ilustren sobre las actitudes 12 Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00597-01 recíprocas de otros hombres, pueblos y naciones, no podrá orientarse tampoco a una actitud altruista y de solidaridad con sus semejantes.1 Con ese propósito la Constitución Política de 1991 consagró en el artículo 20, como Derecho Fundamental, que «se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación», los cuales «…son libres y tienen responsabilidad social.» Asimismo reguló que «[s]e garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad». Y, por último, que «[n]o habrá censura.» Y como Derecho Social, Económico y Cultural, la misma Carta recabó en su canon 74 que «[t]odas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable.» Estos preceptos guardan concordancia con el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que reconoce la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; su artículo 19 que consagra la libertad de

opinión y de expresión2; con la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (art. 1 Novoa Monreal, Eduardo. Derecho a la vida privada y libertad de información. Un conflicto de derechos. Siglo veintiuno editores. Madrid, 1981, págs. 147 y 148. 2 Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de su opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 13 Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00597-01 13)3, así como con el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá, 1948), a cuyo tenor «[t]oda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio». Por esto la jurisprudencia Norteamericana sentó sobre la libertad de expresión, como principio connatural a todo Estado organizado de forma democrática, que «[q]uienes ganaron nuestra independencia creían que el propósito último del Estado era dar a los hombres libertad para desarrollar sus facultades, y que en su gobierno las fuerzas deliberativas debían prevalecer sobre las arbitrarias. La libertad para ellos era de valor como medio y como fin. Creían que la libertad era el secreto de la felicidad; el coraje, el secreto de la libertad.

Creían que la libertad de pensar lo que se quiera y decir lo que se piensa son medios indispensables para el descubrimiento y la propagación de la verdad política; que sin libertad de 3 Artículo 13. «1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra

cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional». 14 Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00597-01 expresión y de reunión, el debate sería fútil; que con ellos el debate de ordinario ofrece protección adecuada contra la diseminación de doctrinas perniciosas; que la mayor amenaza a la libertad es un pueblo inerte; que el debate público es deber político; y que esto debe ser principio fundamental del gobierno norteamericano. Reconocían los riesgos que corren todas las instituciones humanas. Pero sabían que el orden no se puede garantizar meramente con el temor del castigo de sus infracciones; que es aventurado oponerse al pensamiento, la esperanza y la imaginación; que el temor engendra represión; que la represión engendra odio; que el odio amenaza la estabilidad del gobierno; que el sendero de la seguridad se encuentra en la oportunidad de discutir libremente supuestos agravios y remedios propuestos; y que el mejor remedio para un mal consejo es uno bueno. Creyendo como creían en el poder de la razón aplicada por medio del debate público, desecharon el silencio impuesto por la ley, la peor forma de la fuerza como argumento. Conscientes de las tiranías ocasionales de las mayorías gobernantes, enmendaron la Constitución a fin de garantizar la libertad de expresión y reunión.»4 2.2. Modalidades de la Libertad de Expresión. Históricamente, «[m]ientras la comunicación interpersonal fue la única forma de comunicación humana, el derecho a la libertad de opinión era el único derecho a la

comunicación. Más adelante, con la intervención de la 4 Estados Unidos de América, Corte Suprema de Justicia, New York Times CO. v/s Sullivan, 9 de marzo de 1964. 15 Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00597-01 imprenta, se añadió el derecho de expresión. Y más tarde aún, a medida que se desarrollaban los grandes medios de comunicación, el derecho a buscar, recibir e impartir información pasó a ser la preocupación principal. Desde este punto de vista, el orden de los derechos específicos enumerados en el art. 19 (de la Declaración Universal), traza una progresión histórica: opinión, expresión, información.»5 Actualmente, del aludido precepto 20 constitucional se desprende que la libertad de expresión presenta diversas modalidades como son: I) La libertad de manifestación u opinión, como aquella declaración realizable en espacios individuales, en medios masivos de comunicación y en comunidades, como las redes sociales, pero en los cuales el expositor da su concepto personal o juicio de valor fundado en circunstancias fácticas reales.

1. Y la libertad de información, que corresponde a la divulgación de saberes o investigaciones en medios masivos de comunicación o publicaciones disponibles para el público en general, y que siempre está sometido a exigencias de veracidad e imparcialidad, características de las que carece aquella otra modalidad, por su cualidad subjetiva.

Ciertamente, la nueva Carta Política trajo un criterio más amplio y genérico de lo que antiguamente se definía, stricto sensu, como libertad de prensa, para incrustarla dentro de la libertad de 5 Novoa Monreal, Eduardo. Derecho a la vida privada y libertad de información. Un conflicto de

derechos. Siglo veintiuno editores. Madrid, 1981, pág. 142. 16 Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00597-01 expresión y de pensamiento; precisión conceptual que, según doctrina autorizada, obedece, antes que a un cambio sustancial, a una adaptación o replanteamiento del concepto de libertad de prensa que, acuñado en sus orígenes próximos como mecanismo de equilibrio frente a la tenaza que cerníase con la censura, evolucionó al compás de los progresos experimentados por la humanidad, lo que en últimas justificaba una denominación más exacta de esa libertad.6 2.3. La libertad de información y sus características. 2.3.1. La libertad de información se nutre, como se anunció, de dos características esenciales, como son la imparcialidad y veracidad del mensaje transmitido, por ende, susceptible de corroboración. La veracidad es el obrar con «suficiente diligencia al realizar un esfuerzo serio para constatar las fuentes consultadas»7. Por lo tanto, no se trata de una regla absoluta que imponga la acreditación de los hechos expuestos, sino de que, de forma prudente y conforme a la cautela adoptada en cada caso, para el emisor lo más probable fuera colegir la veracidad de la información. La doctrina constitucional ha señalado que: De manera puntual, la jurisprudencia ha identificado las situaciones que en el ejercicio de la libertad de información podría afectar el principio de veracidad, a saber: “i) cuando el dato fáctico es contrario a la realidad y fue

publicado por (a) negligencia (soportado solo en rumores, invenciones) o con (b) mala intención del emisor; (ii) en aquellos 6 Colombia, Corte Suprema de justicia, SC 236 de 2002, rad. 7303. 7 Colombia, Corte Constitucional, sentencia T-293 de 2018. 17 Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00597-01 casos en que la información obedece a un juicio de valor y sin embargo, se presenta como un hecho cierto; (iii) en los supuestos en que la información, pese a ser literalmente cierta, es presentada de manera que induce al receptor a conclusiones falsas o erróneas; y (iv) cuando se trata de hechos de difícil constatación por parte de quien emite la información (ya sea por razones empíricas o de seguridad), pese a lo cual se trasmiten como ciertos y definitivos”.8 Sobre el punto la jurisprudencia extranjera decantó que «[u]na regla que obligase al crítico de la conducta oficial a garantizar la veracidad de todos los hechos que alega -y a hacerlo so pena de condenas por libelo de monto virtualmente ilimitadolleva a una ‘autocensura’ comparable. El que se permita esgrimir la verdad como defensa, cuando la obligación de demostrar la verdad recae sobre el demandado, no significa que lo único que se previene es la expresión falsa. Hasta los tribunales que aceptan esta defensa como garantía adecuada han reconocido la dificultad de aducir pruebas legales de que el supuesto libelo era cierto en todos los detalles de sus hechos (…) Según esa regla, los que consideren criticar

la conducta oficial pudieran optar por no hacerlo, aun cuando creyesen que su crítica es cierta -y en efecto lo fueseporque acaso duden de poderlo demostrar ante el tribunal o porque teman el costo de tenerlo que hacer. Tienden a hacer únicamente manifestaciones que ‘se mantienen lejos de la zona ilícita’. (...) La regla, pues, apaga el vigor y limita la variedad del debate público.»9 8 Colombia, Corte Constitucional, sentencia T-454 de 2022. 9 Estados Unidos de América, Corte Suprema de Justicia, New York Times CO. v/s Sullivan, 9 de marzo de 1964. 18 Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00597-01 La imparcialidad alude a la «manera completa, impidiendo que se registren y divulguen datos parciales, incompletos o fraccionados» (ídem). Sobre el punto, precisamente esta Sala, consideró: Así en el contenido mismo de la información, en la que ha de estar actuante en el periodista la inclinación natural del hombre hacia la verdad; cómo echar al olvido, evidentemente, lo que hoy se acepta por todos, en el sentido de que el derecho de información se concibe de doble vía, y despunta allí, con ribetes de singular importancia, el derecho del hombre a estar informado, como ser que discierne y aspira legítimamente a nutrirse del conocimiento que lo haga trascendente e integrado a todo de lo que a todos incumbe; como una elongación del axioma según el cual la civilización va de la mano con la información, existe la aspiración generalizada a estar informados; más exactamente, por encima de estar informados, a estar bien informados. Y quien ejerza libertad

semejante ha de procurar una información objetiva e imparcial, con todo y la dificultad que en el punto se reconozca, dado que si es el hombre el agente de la información -no se trata ya, pues, de la reproducción mecánica de sucesos-, siempre habrá allí un componente subjetivo cuya oscilación marca en últimas el riesgo de alteración de la verdad; así que, en estrictez, de lo que se trata es de evitar la parcialidad, la manipulación consciente, así en el contenido como en la presentación de la noticia.10 Por ende, es mayor el ámbito de protección constitucional para quien ejerce las libertades de manifestación u opinión respecto de quien emite información, ya que esta prerrogativa impone responsabilidad social debido al alcance masivo que tiene su uso y por su capacidad para transmitir conocimientos, no obstante que en el ejercicio de las libertades de manifestación u opinión también sea obligatorio partir de bases fácticas veraces. 10 Colombia, Corte Suprema de Just