CSJ - SC1304-2022

FRANCISCO TERNERA BARRIOS

Magistrado Ponente SC1304-2022 Radicación n.° 11001-31-03-020-2015-00297-01 (Aprobado en sesión virtual de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós) Bogotá, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la demandante LINA MARÍA BARGUIL MANRIQUE contra la sentencia proferida el 31 de julio de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso de responsabilidad civil contractual que instauró frente a ASESORÍAS E INVERSIONES S.A.- hoy

VALORALTA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA.

I. ANTECEDENTES

A. La pretensión

1. Con sustitución de demanda (fls. 265 a 300, c. 1) y el escrito que la subsanó (fls. 304 a 306), pidió que se declare que entre la actora y la demandada ASESORÍAS E INVERSIONES S.A.- hoy VALORALTA S.A. COMISIONISTA Radicación n.° 11001-31-03-020-2015-00297-01

DE BOLSA se suscribieron los contratos denominados «Contrato para la Administración y Custodia de Valores», y «Apertura de Cuenta Persona Natural». A su turno, instó a que se declare que la pasiva incumplió el denominado contrato para la administración y custodia de valores.

2. Consecuencialmente, solicitó que se condene al pago

de los perjuicios causados a Lina María Barguil Manrique, estimados y tipificados así: dos mil doscientos setenta y dos millones trescientos cuarenta y tres mil novecientos veintiocho pesos m/cte. ($2.272.343. 928.oo), a título de daño emergente y doscientos veintisiete millones seiscientos cincuenta y seis mil setenta y dos pesos m/cte ($227.656.072, oo), por concepto de lucro cesante. Reclamó, asimismo, daños morales representados en la afectación a su buen nombre comercial, por una suma equivalente a cien salarios mínimos mensuales legales (100 SMLMV) a la fecha en que se profiera la respectiva sentencia.

B. Causa petendi

1. Adujo que se vinculó́ comercialmente con la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES S.A. (hoy VALORALTA S.A.) mediante la suscripción de diferentes documentos, entre ellos los denominados “Contrato para la Administración y Custodia de Valores” y “Apertura de Cuenta Persona Natural», instrumentos elaborados por la sociedad comisionista de bolsa. La apertura de la cuenta se realizó con el traslado de un portafolio de acciones que la demandante

2 Radicación n.° 11001-31-03-020-2015-00297-01 tenía en Proyectar Valores, con un valor de $600.000.000, aproximadamente.

2. Anotó que varias de las prestaciones derivadas de los citados contratos fueron incumplidas por Asesorías e Inversiones S.A. (Hoy Valoralta S.A.). En particular, blandió que se: i) quebrantó la obligación de custodia y buen manejo

de los bienes entregados por Lina Barguil; ii) violaron los procedimientos establecidos en la Ley y en el Reglamento para el manejo de la información, el montaje de operaciones de reporto y operaciones de recompra; iii) gestionó inapropiadamente el ingreso y egreso de capital a la cuenta que tenía en la comisionista.

3. Manifestó que la demandada nunca hizo entrega de los extractos en la dirección electrónica indicada. Empero, sin su autorización, los suministraba a un tercero, Alessandro Corridori, en una dirección distinta a la registrada por Lina Barguil para las notificaciones.

4. Aseguró que Asesorías e Inversiones S.A (hoy Valoralta S.A.) le comunicó que las acciones de su propiedad, de la especie «Fabricato» y que estaban en depósito, habían sido objeto de operaciones de reporto. Al respecto, manifestó que no autorizó y desconocía que sus acciones eran objeto de la mencionada práctica. Adicionalmente, resaltó que las órdenes para dichas operaciones las había impartido el señor Alessandro Corridori -sin su anuencia-.

3 Radicación n.° 11001-31-03-020-2015-00297-01

5. Aludió que con la firma del documento denominado “Apertura de Cuenta de Persona Natural”, designó al señor Camilo Lotta como ordenante de la cuenta. Apuntó que, en dicho instrumento, «se evidencia que no se le conceden facultades para el manejo y libre disposición de los recursos del CLIENTE». En consecuencia, en su sentir, el ordenante solo podía hacer operaciones de compra y venta de acciones.

6. Insistió en que el ordenante no tenía facultades para

hacer operaciones de reporto, de conformidad con el documento denominado «carta de compromiso para la celebración de operaciones de venta con pacto de recompra de acciones». Máxime si el espacio en donde se anunciaban las personas autorizadas para las operaciones repo, frente a la sociedad comisionista, estaba vacío.

7. Destacó que las operaciones de reporto sobre las acciones fueron realizadas sin que las hubiera ordenado y sin su conocimiento. En adición, esgrimió que las comunicaciones utilizadas para la constitución de las operaciones de reporto distan de los requisitos reglamentarios establecidos por el Autorregulador del Mercado para este tipo de transacciones.

8. En suma, desde su perspectiva, el ordenante no tenía facultades para disponer de recursos ni para montar operaciones de reporto. No obstante, Asesorías e Inversiones S.A. (hoy Valoralta S.A.) desconoció tal límite, violando así el contrato suscrito con la comitente y las normas legales que regulan dichas transacciones.

4 Radicación n.° 11001-31-03-020-2015-00297-01

C. Posición de la demandada

1. Asesorías e Inversiones S.A. (hoy Valoralta S.A.) se opuso oportunamente a las pretensiones (fls. 399 a 406, c.1 tomo b.). Propuso las defensas de «excepción de buena fe de la sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES S.A. –hoy VALORALTA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA», «excepción de legitimidad en el actuar del ordenante», «excepción de contrato cumplido», «no acreditación debida del daño e inexistencia del

daño moral alegado». Formuló las excepciones previas de «cláusula compromisoria» y «falta de jurisdicción», que fueron denegadas por el a quo, en providencia, que luego de ser recurrida, fue confirmada en su integridad. 1.1. En síntesis, explicó (i) que cumplió con las obligaciones que le correspondían por ley en el desarrollo de los contratos suscritos con el demandante; (ii) que la información sobre los contratos se entregó al ordenante de la cuenta, Camilo Andrés Lotta Gil, persona designada en tal calidad por la demandante; (iii) que el ordenante estaba facultado para realizar cualquier tipo de operación, incluidas las operaciones repo; (iv) que las operaciones que se realizaron con los recursos de la demandante fueron dirigidas por el señor Camilo Andrés Lotta Gil, ordenante de la actora. 1.2. Reiteró que «ejecutó todas las operaciones que se le encomendaron de buena fe, hecho que se deduce de la forma como actuó, esto es de las órdenes impartidas por el señor Camilo Andrés Lotta Gil, quien fue designado 5 Radicación n.° 11001-31-03-020-2015-00297-01 expresamente como ordenante de la cuenta por la misma señora Lina María Barguil Manrique». Insistió en que el ordenante se encontraba legitimado para realizar cualquier tipo de operación. Arguyó que «no resulta lógico entonces que la señora Lina María Barguil Manrique otorgue un mandato sin ningún tipo de limitación a su ordenante, y acto seguido, lo desconozca aduciendo que el señor Lotta Gil no se

encontraba facultado para celebrar operaciones repo y que necesitaba para el efecto un poder debidamente otorgado, máxime cuando en el formato diligenciado por ella se expresa con claridad que dicho requisito no era necesario».

2. Por otra parte, manifestó que los daños y los perjuicios aducidos no tienen asidero pues «no especifica el monto de los recursos ingresados indebidamente, de las acciones enajenadas ni de las operaciones repo y, mucho menos, de dónde sale la suma establecida, lo que constituye un indebido establecimiento del daño».

3. Finalmente, señaló la existencia de pacto arbitral. Al respecto resaltó «el documento mediante el cual se regula la relación comercial entre Valoralta S.A. comisionista de bolsa y la señora Lina María Barguil Manrique para la celebración de este tipo de operaciones, es claro en establecer la existencia de pacto arbitral, por cuanto menciona que ante cualquier diferencia que surge entre las partes en relación con la ejecución de este tipo de operaciones, la misma deberá ser sometida ante Tribunal de arbitramento».

D. Resolución en las instancias

6 Radicación n.° 11001-31-03-020-2015-00297-01 Culminado el trámite correspondiente a la primera instancia, el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogotá D.C. profirió sentencia desestimatoria de las pretensiones, la que, oportunamente apelada (fls. 940963, c.1, tomo c), fue confirmada por el ad quem.

II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

1. El Tribunal comenzó por verificar la reunión de los presupuestos procesales para proferir sentencia de mérito.

Indicó que el problema estribaba en determinar si el ordenante estaba o no facultado para realizar operaciones de reporto o repo sobre las acciones de la demandante. Apoyado en antecedente jurisprudencial de 30 de marzo de 2012, explicó la importancia del contrato de comisión bursátil y su incidencia para los fines del Estado. Seguidamente, abordó la temática de los actos jurídicos coligados y su definición «la pluralidad coordinada de contratos cada uno de los cuales responde a una causa autónoma aun cuando en conjunto tiendan a la realización de una operación económica unitaria y compleja».

2. Posteriormente, indicó que «es notorio que en el sublite, existen dos negocios jurídicos con causas independientes que se dirigen a un propósito común, por un lado, el de comisión y, por otro, el que regula la relación entre la inversionista y el ordenante». De tal manera que ocupó su atención en la relación obligatoria entre la demandante y el ordenante, la cual calificó de “mandato”. A renglón seguido,

7 Radicación n.° 11001-31-03-020-2015-00297-01 acotó que «en virtud de la gestión el mandatario se encarga de adelantar negocios jurídicos o actos de comercio por cuenta del mandante que los artículos 1262 a 1286 del código de Comercio regulan la figura en términos generales, disponen además que los negocios encomendados abarcan todos aquellos actos que sean necesarios para lograr su cumplimiento, luego sólo es posible ejecutar actuaciones por fuera de esos confines cuando así haya sido autorizado de manera expresa por el mandante».

3. Aunado a lo anterior, observó que en el instrumento contractual – apertura de cuenta persona naturalse señalaba que el «ordenante y/o representante legal es la persona que está autorizada por el titular para dar órdenes en cualquier tipo de operación mientras se encuentre en vida

(venta, compra, reinversión, cancelación, etc) Este actúa en calidad de mandatario del titular de la cuenta, el ordenante actúa sin necesidad de un poder previamente otorgado por el titular de la cuenta a diferencia del representante legal». Anotó que en el referido acto se consignó que «el cambio de estas personas deberá ser informado por escrito a Asesorías e Inversiones S.A. Declaró que los ordenantes tendrán la libre disposición de los recursos del cliente si o no. En caso de que la respuesta a la anterior pregunta sea afirmativa autorizo para que disponga plenamente y sin limitación de los recursos que el suscrito posee en Asesorías e Inversiones sea a través de cualquier producto cuenta o cartera colectiva».

4. Así las cosas, se enarboló que «la circunstancia de no haber marcado con una equis si admitía o no que el ordenante

8 Radicación n.° 11001-31-03-020-2015-00297-01 tuviera libre disposición sobre los recursos no tiene los alcances que propone el inconforme, simplemente porque no es viable considerar que la señora Barguil Manrique limitó las atribuciones que corresponden a su ordenante». En apoyo del referido planteamiento, expuso que «si el propósito de la promotora era definir a qué actividades debían concretarse las potestades del ordenante, ha debido señalar que lo era únicamente para la compra y venta de acciones. Sin embargo,

como así no lo hizo no es viable predicar la extralimitación, ya que el giro ordinario de los negocios bursátiles no se reduce a esas dos operaciones, siendo, por tanto, inherentes al tipo de actividad que se desarrolla, las de reporto».

5. Por otra parte, subrayó que en el plenario no quedó demostrado que el ordenante se haya desviado del acto de representación «pues se insiste, las relaciones ejecutadas por Lotta Gil, no se muestran ajenas al giro ordinario del negocio para el cual fue designado». En punto de la operación de reporto, denotó que se cumplió con lo establecido en el Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia y su Circular Única, «al suscribir una carta de compromiso». 1

6. A su turno, acometió el estudio del incumplimiento a los deberes de información que se le atribuyó a la convocada.

Discernió que los documentos que contenían los pormenores 1 Aunado a que el reglamento interno del Autorregulador del Mercado de Valores en su artículo 51.12, «consagra que los clientes podrán facultar a una o varias personas para que impartan órdenes en su nombre». Así mismo, advirtió que el ordenante de manera previa a la primera operación de reporto contaba con autorización. En efecto, concluyó que no hubo extralimitación en la ejecución del mandato. Al respecto, «desde un estadio inicial, se insiste, quedaron establecidas las facultades de las cuales había sido investido, - el ordenanteaunado a que no existe prohibición para que tratándose de este tipo de negocios sea el titular de la cuenta el único llamado emitir la orden, sino que es viable hacerlo por conducto de la persona que

autorice». 9 Radicación n.° 11001-31-03-020-2015-00297-01 de las operaciones realizadas fueron enviados al ordenante por disposición de la demandante. Para arribar a tal aserto, estimó la declaración rendida ante la Superintendencia Financiera, por parte del representante legal de Asesoría e Inversiones S.A., en la cual se ó que «llegaban papeletas todos los días y se las hacía llegar al señor Lotta porque ella no sabe de eso… las recogió sin abrirlas y se las remitía a él y no quería que le llegaran más a ella por lo que decidió que se las dirigieran a aquel». Adicionalmente, singularizó que «la promotora admite que dichos documentos fueron enviados a su ordenante, lo anterior nuevamente desvía la discusión a un plano de responsabilidad del mandatario que no de la comisionista»

7. Por otra parte, analizó la estipulación contenida en el instrumento de apertura de cuenta y concretamente el aparte según el cual se «excluye de toda responsabilidad a la comisionista de todos los actos del ordenante». Al respecto, indicó que «dicha estipulación no es viable considerarla como abusiva, comoquiera que solamente hace relación a que la inversionista conoce el alcance y los riesgos de designar a un ordenante para autorizar las operaciones que encarga, pero en modo alguno limita o reduce la responsabilidad del comisionista, ni constituye un régimen de alteración de su responsabilidad, por las acciones u omisiones que le sean atribuibles de forma directa o reflejan el ejercicio de sus funciones». 2 2 En efecto, consideró que la estipulación no es ineficaz y que, además, el ordenante no tenía

subordinación ni dependencia en relación con la comisionista. Añadió que la operatividad de la cláusula es evidenciar «que el comitente acepta el riesgo propio del negocio, al permitir que su ordenante realice en su nombre operaciones. 10 Radicación n.° 11001-31-03-020-2015-00297-01

8. Inconforme, el pretensor interpuso la impugnación extraordinaria, concedida en proveído de 11 de agosto de 2017 (fl.25, c. 5).

III. LA DEMANDA DE CASACIÓN.

Se formularon cuatro cargos. Dado que los embates primero y segundo se sustentan en los mismos fundamentos fácticos, serán estudiados conjuntamente.

PRIMER CARGO

1. Denunció la violación directa de las normas sustanciales consagradas en los artículos 822, 833, 871, 1263, 1266, 1267, 1269, y 1287 del Código de Comercio, así como en los preceptos 1505, 1603, 2156, 2157, 2158, 2159, 2174 y 2176 del Código Civil. Tras enunciar lo discurrido por el Tribunal en torno al contrato de mandato mercantil en el contexto de los negocios bursátiles, advirtió que su particular entendimiento «contradice frontalmente las disposiciones jurídicas anteriormente mencionadas, que establecen, por el contrario, que la actividad del mandatario tiene límites precisos que vienen dados por los términos del encargo y, particularmente, por las fronteras que delimitan el negocio específicamente encomendado». 1.1. A su turno, evidenció una contradicción del

Colegiado en cuanto a lo sostenido frente a los casos de extralimitación del mandatario, lo cual «vulnera en forma directa las normas sustanciales arriba señaladas, en 11 Radicación n.° 11001-31-03-020-2015-00297-01 particular las que consagran los efectos de la buena fe contractual en los contratos coligados». 1.2. Explicada la figura jurídica del mandato mercantil a la luz de los artículos 1266, 1267, 1263 y 1269 del Código de Comercio y 2156 del Código Civil, coligió que «existen límites a la labor del mandatario que se derivan de las instrucciones dadas por el mandante, de los intereses de este último y de la naturaleza misma del encargo que le sea encomendado». Por ello, la conducta que debe adoptar el mandatario frente a las circunstancias que no hayan sido previstas por el mandante es la de «abstenerse de ejecutar el encargo con el fin de consultar con el comitente, comoquiera que esas circunstancias no previstas pueden afectar sus intereses y alterar su voluntad».

2. Posteriormente, acudió a la regulación contenida en los artículos 2157 y 2176 del Código Civil y en el canon 822 del Código de Comercio, que permiten demostrar que «las disposiciones civiles como las comerciales permiten integrar el conjunto de las obligaciones del mandatario y los deberes de conducta que le son exigibles, y sobresale que aquellas tienen su fundamento en el carácter restrictivo de la interpretación que debe darse a la extensión del encargo».

3. De igual manera, llevó a cabo un desarrollo jurisprudencial y doctrinal en torno a las instrucciones impartidas al mandatario y la manera en que este debe ajustar su conducta a las mismas, del cual se concluye que «el mandatario debe ajustar su conducta a los precisos

12 Radicación n.° 11001-31-03-020-2015-00297-01 términos contenidos en el encargo, tal como fueron definidos por el mandante, puesto que se trata de la gestión de intereses ajenos. En consecuencia, al exigir la ley que el mandatario se ciña rigurosamente a los términos del mandato, no es posible dar una interpretación amplia e irrestricta a las instrucciones, ni mucho menos extender su alcance acudiendo a la analogía, puesto que hay que atender únicamente la voluntad del mandante en los términos en que la misma fue manifestada». De manera que, en circunstancias en las que se vaya a celebrar un acto jurídico para el que no fue expresamente habilitado, el comisionista debe primero consultar con el comitente «salvo que se esté ante situaciones de urgencia o que expresamente el mandante haya autorizado al mandatario a actuar a su arbitrio, pero en este segundo supuesto no basta con el solo silencio del mandante, sino que necesariamente debe hacer un acto inequívoco que manifieste su consentimiento en el sentido de permitirle al mandatario actuar como mejor lo considere».

4. Hecho el análisis, se afirmó que en el fallo impugnado el Tribunal Superior de Bogotá violó las normas sustanciales anteriormente referenciadas «pues consideró, erróneamente,

que el mandato mercantil celebrado entre la comitente y el ordenante tenía como límite el giro ordinario de los negocios bursátiles, cuando, de conformidad con el ordenamiento aplicable, las facultades del mandatario se circunscriben a los precisos términos del negocio encomendado y son de interpretación restrictiva». 13 Radicación n.° 11001-31-03-020-2015-00297-01

5. A continuación, reprochó que el Colegiado, al dictaminar que la extralimitación del mandato o el incumplimiento de la rendición de cuentas por parte del mandatario no es responsabilidad de la sociedad comisionista, desconoció la coligación negocial que previamente había reconocido entre el contrato de comisión bursátil -perfeccionado entre el comitente y la sociedad comisionista de bolsay el contrato de mandato mercantilinversionista y ordenante-. Con tal proceder, se desconocieron «los deberes de conducta, principales y secundarios, que dicho profesional adquirió y que abarcaban no solo el contrato de comisión bursátil, sino el conjunto de la operación, en particular, como destaca la Corte, “las

[obligaciones] que se derivan de la integración misma, entendida como sistema, particularmente, las relacionadas con su adecuada conformación y su apropiado funcionamiento”».

SEGUNDO CARGO

1. Censuró la violación indirecta de las normas sustanciales consagradas en los artículos 822, 833, 1263, 1266, 1267, 1269 y 1287, así como los artículos 1505, 2156, 2157, 2158, 2159, 2174 y 2176 del Código Civil por errores

de hecho evidentes y trascendentes en la apreciación de las pruebas que a continuación singularizará. 1.1. Para empezar, aseveró que el Tribunal valoró indebidamente el formulario de apertura de cuenta persona natural, de manera que sus conclusiones contradicen el 14 Radicación n.° 11001-31-03-020-2015-00297-01 contenido objetivo de la prueba. Ciertamente, evidenció que, al abrir la cuenta 7574 en Valoralta S.A., diligenció el citado documento, en cuyo «numeral 3, titulado personas autorizadas para impartir órdenes y firmar» consignó el nombre de Camilo Andrés Lotta Gil como ordenante. Sin embargo, «no se marcó ninguna de las casillas que consagraban las opciones en lo atinente a la libre administración de los recursos del cliente por parte del ordenante»-. A su turno, y a efectos de comprender integralmente el contenido del documento, aseguró que era menester «tener en cuenta cuáles fueron los productos solicitados por la señora LINA BARGUIL, pues ellos son los que dan el marco al contrato celebrado entre las partes y, particularmente, a las atribuciones del ordenante», los que se circunscribieron al contrato de comisión, tal como demuestra el aparte 6 del citado formulario, negocio que «referido al objeto de una sociedad comisionista de bolsa, está vinculado con la compra y venta de valores». 1.2. Así las cosas, de conformidad con los términos predispuestos en el formulario creado y extendido por la propia comisionista, «la autorización para una libre disposición de los recursos entregados a tal sociedad profesional por parte de un cliente no es una facultad que

pueda entenderse incluida, por naturaleza, dentro de los términos acordados, sino que requiere una manifestación expresa, en sentido afirmativo, por parte del Comitente». 1.3. Con esto, se infiere que basado en el documento mencionado anteriormente la comitente facultó a una 15 Radicación n.° 11001-31-03-020-2015-00297-01 persona para dar órdenes únicamente respecto del contrato de comisión -que fue el producto solicitado-, pero no tenía facultad sobre operaciones de reporto, «lo cual resulta lógico en cuanto a dicho producto (operaciones de reporto o repos) conlleva unas características y requerimientos especiales, que exigen una reglamentación y la fijación particular y separada de sus condiciones».

2. Posteriormente, se hace alusión al artículo 2 de la Carta de Compromiso para la Celebración de Operaciones de Venta con Pacto de Recompra sobre Acciones, cuyo propósito consistió en determinar cuáles eran las personas autorizadas por el comitente para representarlo ante la comisionista. Sin embargo, se resalta que en el documento no se enunciaron las personas que iban a autorizar las operaciones de reporto.

De modo que «ASESORÍAS E INVERSIONES S.A. (hoy VALORALTA S.A.) no tenía instrucción de su comitente mediante la cual se autorizara al ordenante (que lo era para otra clase de operaciones) para montar operaciones repo en su nombre. Cabe anotar que la vigencia de la carta de compromiso (artículo decimotercero) inició en la misma fecha de la firma del documento de Apertura de Cuenta antes analizado, el 28 de junio de 2011». A su turno, el hecho de

que exista una carta de compromiso suscrita por Camilo Lotta -como ordenante de la comitente- «no modifica en nada lo arriba indicado, en primer término, porque según lo dicho, él no estaba autorizado para ordenar operaciones de reporto de acuerdo con el FORMULARIO DE APERTURA DE CUENTA PERSONA NATURAL; y, por otra parte, en las cartas de compromiso tampoco se designa expresamente a ninguna 16 Radicación n.° 11001-31-03-020-2015-00297-01 persona para representar a la comitente frente a la comisionista en los espacios destinados para el efecto».

3. Añadido a esto, se hace relación a un concepto de la Superintendencia de Sociedades -en que interpretó el artículo 51.12 del Reglamento del Autorregulador del Mercado de valoresde la cual buscan colegir que «se debe concluir que dentro de las instrucciones y autorizaciones impartidas por la comitente a la sociedad comisionista, no se encontraba la de montar operaciones repo que ordenara el señor Camilo Lotta, quien estaba autorizado para realizar operaciones de compra y venta de acciones, pero, de ninguna manera, operaciones repo. La sociedad comisionista, como profesional en una actividad especialmente protegida y reglada, debía ceñirse en forma estricta a los términos expresados por sus mandantes y no “inferir” autorizaciones o intenciones que no fueron las acordadas».

4. Finalmente, se hace referencia a los fundamentos expuestos por el Tribunal. Sobre el particular, se afirma que «debe señalarse que carece de sustento probatorio, y cae en el terreno de la suposición, la aseveración del juez de segundo

grado según la cual, como el portafolio de la comitente inició con un traslado hecho de otra comisionista, de ello se colige que buscaba una buena rentabilidad, y de ahí que la opción de invertir en operaciones repo no configuraría una actividad que superara los límites pretendidos con su inversión». Así las cosas, afirmó que erró de hecho en la apreciación de las cartas de compromiso suscritas por Lina Barguil y por 17 Radicación n.° 11001-31-03-020-2015-00297-01 Camilo Andrés Lotta Gil, al afirmar que era irrelevante el hecho de que en la carta de compromiso se hubieran dejado en blanco los espacios diseñados para designar un representante con el fin de ordenar las operaciones repo. Esto en tanto no es cierto que en el formulario de apertura de cuenta lo facultara para realizar cualquier tipo de operación, pues «el encargo a Camilo Lotta se circunscribió a las operaciones de compra y venta de valores y no incluyó las operaciones de reporto, por lo que queda sin sustento la conclusión del Tribunal en el sentido de que era “irrelevante” que no se hubiera designado representante en la carta de compromiso firmada por LINA BARGUIL, y esto conduce, además, a que las órdenes para que se “montaran operaciones repo” solo podían provenir de la mencionada comitente y de nadie más».

5. Tras el análisis final, censura que el Tribunal cometió ostensibles y trascendentes errores en la valoración de los medios de prueba indicados en el desarrollo de este cargo, que permiten inferir la violación de las normas jurídicas expuestas al inicio de este desarrollo, por lo cual se pide

acoger las pretensiones hechas en la demanda. CONSIDERACIONES 1.- En el caso en concreto, en lo que concierne con los hechos a los que refiere particularmente los cargos primero y segundo, el Tribunal sienta tres afirmaciones capitales que conducen a la desestimación de las pretensiones: i) que la mandante, Lina María Barguil, no limitó expresamente las 18 Radicación n.° 11001-31-03-020-2015-00297-01 facultades del ordenante -mandatario-, Camilo Lotta; ii) por ende, que el mandato conferido por la inversionista al señor Lotta fue de tipo general para la ejecución de actos y operaciones bursátiles; iii) que las operaciones de reporto son inherentes al giro de los negocios bursátiles, y iv) que, por tanto, no es viable predicar la extralimitación. El ad quem precisó que en el instrumento denominado «apertura de cuenta persona natural» se constituyó a un ordenante con el propósito de impartir instrucciones dentro del giro ordinario de los negocios en bolsa. Tal aserto encontró pábulo en la siguiente disposición que, a su tenor literal, señala «ordenante y/o representante legal. Es la persona que está autorizada por los titulares para dar órdenes en cualquier tipo de operación mientras se encuentre en vida (venta, compra reinversión, cancelación, etc.». A su turno, en el acápite nominado «declaraciones y autorizaciones a la sociedad comisionista», en su numeral séptimo se indicó que «declaró que en el evento en que haya designado un ordenante manifiesto expresamente (i) que conozco los riesgos que este proceder conlleva (ii) que faculto

al ordenante en forma irrevocable e ilimitada para la realización de cualquier operación en el Mercado de Valores o divisas». De esta manera, para el colegiado resultó relevante que en el instrumento escrutado se hubiese facultado al mandatario para hacer cualquier tipo de operación. En efecto, derivó el carácter general de tal acto, del tenor de los enunciados. Insistió en que «las actuaciones ejecutadas por 19 Radicación n.° 11001-31-03-020-2015-00297-01 Lotta Gil, no se muestran ajenas al giro ordinario del negocio para el cual fue designado». Por su parte, la corporación consideró que no se limitaron las facultades del ordenante. Véase que, «la circunstancia de no haber marcado con una equis si admitía o no que el ordenante tuviera libre disposición sobre los recursos no tiene los alcances que propone el inconforme simplemente porque no es viable considerar que la señora Barguil Manrique limitó las atribuciones que correspondían a su ordenante». Tal razonamiento descansó en que, si es la voluntad del mandante limitar el ejercicio del mandatario, tales acotaciones deben revelarse c