CSJ - SC1416-2022

HILDA GONZÁLEZ NEIRA Magistrada ponente SC1416-2022 Radicación n° 11001-31-03-035-2019-00014-00 (Aprobado en sesión de veintiocho de abril de dos mil veintidós Bogotá, D. C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022) Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 11 de agosto de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso que promovió contra Global Environment and Health Solutions de Colombia -GEHS-.

I. EL LITIGIO

A. Las pretensiones Bancolombia S.A. solicitó que, con citación y audiencia de la sociedad extranjera, domiciliada en la ciudad de Miami, Estados Unidos de Norteamérica y con actividad comercial

1 Radicación n° 11001-31-03-035-2019-00014-01 permanente en el país a través de su sucursal en Colombia, se declarara la existencia de un contrato de compraventa celebrado entre ellas para la adquisición de una planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio de Chía, Cundinamarca y que la demandada es responsable por su incumplimiento al no despachar las partes completas, no construirla, ni ponerla en funcionamiento, en razón del cual reclamó la resolución del convenio, disponiendo las restituciones mutuas a que hubiera lugar.1 Consecuentemente, deprecó, condenarla a restituir el dinero pagado -$17.857.615.335-, con indexación e intereses

moratorios a partir de su desembolso -10 de diciembre de 2015-, y a pagar los perjuicios materiales en cuantía de $467.599.153, derivados de las expensas de bodegaje en que incurrió por el almacenaje de las piezas parciales enviadas por la convocada desde diciembre de 2017 hasta la presentación de la demanda, con la respectiva corrección monetaria y réditos de mora, y las sumas que, por ese concepto, se causen entre el momento indicado y el reintegro de esos bienes a la proveedora. Asimismo, recabó imponer a su contraparte la indemnización de los perjuicios causados en el monto de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en razón de la defensa judicial y los costos de asesoría jurídica inherentes que debió asumir al ser vinculada en las acciones contractual y de responsabilidad fiscal adelantadas por el ente territorial. 1 Reforma de la demanda (folios 281 a 319, 001CuadernoPrincipal), admitida en auto de 6 de agosto de 2019 (folio 354 ídem). 2 Radicación n° 11001-31-03-035-2019-00014-01 Subsidiariamente, previas las mismas declaraciones a las cuales adicionó la de declarar que el valor de los elementos parciales remitidos por la demandada no corresponde a la suma de dinero que le fue desembolsada - $17.857.615.335sino a una muy inferior, exoró condenar a la vendedora a reintegrar la diferencia entre el importe efectivamente pagado y el justiprecio de los componentes entregados por GEHS -€809.396 -, y a pagar las cantidades

2 descritas en el petitum principal a título de resarcimiento, todas debidamente indexadas y con intereses moratorios.

B. Los hechos

1. A través del Acuerdo No. 75 de 28 de abril de 2015, el Concejo Municipal de Chía facultó al Alcalde de ese municipio para contratar la financiación del proyecto de “optimización, diseño y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTARChía I Delicias Sur”; prevalido de dicha potestad el 28 de septiembre siguiente, el ente territorial, en calidad de locatario, suscribió con la aquí gestora el convenio de leasing financiero No. 181565, en virtud del cual Bancolombia se obligó a adquirir la planta de tratamiento de aguas residuales que su contratante eligiera.

2. Mediante Resolución No. 3397 de 4 de noviembre de 2015, la Alcaldía de Chía seleccionó a la hoy demandada como proveedora del equipo requerido para solventar la 2 De acuerdo con lo que la demandante afirma fue probado en la acción contractual adelantada por el municipio contra la proveedora, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

3 Radicación n° 11001-31-03-035-2019-00014-01 comentada necesidad comunitaria, para cuyo objetivo suscribieron el contrato de aprovisionamiento No. 2015CT381, donde GEHS se comprometió a suministrar “(…) a Leasing Bancolombia S.A., la tecnología reactor biológico avanzado KWI de mezcla completa, clarificador MAXCEL KWI y equipos periféricos cuya cantidad, calidad y tipo corresponda a los términos señalados en los

requisitos técnicos (…) definidos en el contrato de leasing financiero [ya citado], la cual deberá ser, instalada y puesta en funcionamiento la “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR en el sector Delicias Sur (…)”. El precio del convenio se fijó en diecinueve mil millones de pesos ($19.000.000.000).

3. Con la finalidad de llevar a cabo el proyecto planteado, la entidad financiera y la compañía proveedora suscribieron contrato de compraventa, como consecuencia del cual, el 3 de agosto de 2015, la demandada expidió la factura de venta No. GEHS-KWI-127, sobre todos los aditamentos para el levantamiento de la PTAR, por un costo total de USD 5.468.570.

4. Con base en lo anterior, el 23 de noviembre de 2015, Guillermo Varela Romero, obrando como representante legal del municipio de Chía, solicitó a la financista hacer el anticipo respectivo en favor de la vendedora, desembolso que tuvo lugar el día 10 de diciembre de 2015 por la suma de $17.587.615.335, equivalentes al precio en dólares ya señalado.

5. Pese a lo anterior, la encausada no entregó todos los elementos estructurales de la obra requerida, dejando solo una parte de ellos, avaluada en menos del 2.6% del precio

4 Radicación n° 11001-31-03-035-2019-00014-01 cobrado, en la zona franca de Fontibón en Bogotá, sin honrar su compromiso de construir y poner en funcionamiento la planta de tratamiento, según lo certificó la firma Know It Ltda., en informe de 4 de abril de 2018. A la fecha de

presentación de la demanda, la promotora había cancelado, por concepto de bodegaje, la suma de $467.599.157.

6. Admitida la demanda y notificada la llamada a juicio, formuló las excepciones previas de «no comprender la demanda a todas las personas que constituyen el litisconsorcio necesario y falta de jurisdicción o de competencia», fundadas en la falta de integración del contradictorio con el municipio de Chía y el necesario conocimiento del litigio por la jurisdicción de lo contencioso administrativo por estar vinculada al mismo el ente territorial, defensas que se declararon no probabas en proveído de 30 de enero de 2020.3

En síntesis, alegó como fundamento de sus defensas de mérito que se dio un alcance del cual carece a la factura GEHS-KWI-127, induciendo en error al juzgador porque en dicho instrumento no fue incluida la construcción de la planta, ni el pago de gastos adicionales como bodegaje, ineficiencia del destinatario y del importador, pues por su culpa se retrasó la entrega al no prever lo necesario para solicitar la exención de impuestos y aranceles, así como el cambio de la ubicación del equipo. 3 Folios 24 y 25, cno. excepciones previas, cuaderno primera instancia, expediente digital. 5 Radicación n° 11001-31-03-035-2019-00014-01 Además, ocultó la demandante que mediante otra factura -la GEHS-KWI-128se contrató la obra civil e infraestructura física indispensable para la instalación de la planta de tratamiento, de la cual se remitieron parcialmente

los componentes en acatamiento de las instrucciones impartidas por la convocante ante la falta de la infraestructura para la construcción. Por último, la ocurrencia de circunstancias “exógenas, irresistibles e imprevisibles” atribuibles a la entidad financiera, le ocasionaron demoras, pérdida de garantías y de dinero, pues no garantizaron las condiciones jurídicas y de infraestructura requeridas para la disposición de los elementos adquiridos y la puesta en funcionamiento del sistema de conversión de las aguas residuales.

7. Agotado el trámite de la instancia, el 4 de mayo de 2021, el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá profirió sentencia en la que declaró probada la existencia de un contrato de suministro “(…) en el cual está inmers[a] [la] compraventa celebrad[a] entre Bancolombia S.A. con GEHS Global Environment and Health Solutions, por la suma total de $19.000.000.000 millones de pesos, en la cual el vendedor, se obligaba a entregar en su totalidad y [en] funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR CHÍA 1 DELICIAS SUR, dentro del plazo de los 5 meses [siguientes a la] cancela[ción] de la totalidad de la factura proforma No. GETHS-KWI-127, y la mitad [de la] factura proforma GETHS-KWI-128 (…)”; empero, despachó adversamente los demás pedimentos de la gestora.

6 Radicación n° 11001-31-03-035-2019-00014-01 Como soporte de su decisión, el a-quo argumentó que al ser el convenio objeto de la controversia “un todo” con el de

suministro suscrito entre la demandada y el municipio de Chía, “(…) y que tenían que ver con el diseño [y] construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR 1 [D]elicias [S]ur y que no solamente obedecía a (…) [la] importación de unos bienes, la parte demandante no cumplió con la carga de ese compromiso de pagar el 50% de anticipo de la otra factura proforma, la denominada 128 y que dio origen a la negociación contractual de compraventa de esa entidad financiera con el proveedor pues no se realizó (…) el giro correspondiente (…) para iniciar las obras en donde debía[n] instalarse y poner en funcionamiento la planta contratada que al final era el objeto de toda esta negociación (…)”. Siendo ello así, concluyó, “(…) nunca hubo lugar a una exigibilidad de ese contrato de suministro, pues no naci[eron] ni surgi[eron] a la vida civil las fechas de vencimiento o la condición para ese cumplimiento de parte de la entidad demandada (…)”, luego, quedó claro que “(…) hubo incumplimiento por ambas partes del contrato (…)”, lo cual impedía acceder a las indemnizaciones deprecadas por la actora.

8. Contra la anterior decisión, las dos contendientes impetraron recurso de apelación, empero, ante la falta de sustentación de la enjuiciada, su censura fue declarada desierta en proveído de 12 de julio de 2021.

En soporte de su alzada, la demandante insistió en la existencia de dos contratos coligados: el de aprovisionamiento y el de leasing financiero, siendo el límite

de toda la operación negocial, la suma de $19.000.000.000, 7 Radicación n° 11001-31-03-035-2019-00014-01 techo que debía observar la demandada GEHS para cumplir la compraventa de los elementos estructurales y la construcción y puesta en funcionamiento de la “PTAR CHIA 1 DELICIAS SUR”; empero, el valor de las facturas que expidió sobrepasan el monto antes indicado, instrumentos de los cuales refirió que no son fruto de un acuerdo de voluntades entre las partes, sino de un acto unilateral de la convocada, de ahí que no se les pueda tener como documentos idóneos base de la negociación. Añadió que el pago de USD 5.468.560 no corresponde al valor de la factura No. 127, sino que obedece al cumplimiento de la orden impartida por el locatario para el pago del anticipo, pero de pagarse la segunda factura, se superaría la cifra acordada por las partes -$19.000.000.000pues el primer importe equivalía a $17.857.615.335, esto es, aproximadamente al 94% del valor total de la compraventa, con lo cual el excedente a pagar a GEHS era de $1.142.084.665 pesos. A pesar de ello la demandada, de mala fe, expidió la factura No. 128 por USD 1.407.084, guarismo que extralimita el valor del precio del contrato, en virtud de lo cual se negó a pagarla. En ese contexto, la decisión del fallador genera un enriquecimiento sin causa de la demandada, porque pese a que recibió el pago de más de cinco millones de dólares, no

entregó todos los equipos requeridos para la construcción de la planta de tratamiento, y teniendo en cuenta la maquinaria que envió para ese fin, las piezas remitidas equivalen a poco más del 2% del valor que se le giró anticipadamente, el cual 8 Radicación n° 11001-31-03-035-2019-00014-01 es el 94% del monto total del negocio jurídico, sin que utilizara el sobrante del dinero pagado por Bancolombia para ejecutar la obra. De contera, arguyó, no está obligada a pagar la factura No. 128 de 15 de mayo de 2015 en cuantía de USD 1.407.084, pues esa cantidad sumada al desembolso de $17.857.615.335 realizado el 10 de diciembre de 2015, supera el precio pactado para el contrato de compraventa o suministro como lo catalogó el sentenciador, en tanto es muy superior al importe del leasing financiero No. 181565 celebrado entre el municipio de Chía y el establecimiento de crédito por $19.000.000.000 y al del convenio de aprovisionamiento No. 2015 CT-381, que suscribieron el ente territorial y la empresa demandada, pues en su cláusula segunda se pactó como precio el equivalente al valor del acuerdo de leasing, monto, además, autorizado por el Concejo Municipal como límite del endeudamiento que podía adquirir el alcalde del municipio de Chía. De la factura No. 127 refirió que corresponde a la planta completa y no solo a unas partes de aquella, correspondientes a las efectivamente enviadas por GEHS, cuyo precio es de apenas el 2,6% del dinero pagado por la

convocante -$457.405.000-, obrando la demandada de mala fe, pues en el primer instrumento da a entender que cobra el 94% del precio pactado por la totalidad de los equipos de la PTAR y, posteriormente, expide una nueva factura (No. 128) que supera el valor convenido por las partes, sugiriendo que no han sido contratadas las obras civiles necesarias para su 9 Radicación n° 11001-31-03-035-2019-00014-01 construcción y puesta en funcionamiento y cobrando por ellas un precio muy superior al acordado, sin que obre prueba en el proceso sobre la imposibilidad de despachar todos los equipos cancelados con los más de cinco millones de dólares americanos que se desembolsaron, ni de la necesidad de ejecutar previamente las obras para remitir los componentes faltantes, y la sola manifestación de la demandada no puede servirle de prueba. Tampoco existe probanza que respalde la afirmación del juez relativa a que debía pagarse el 50% de la factura No. 128, ni la totalidad de los $19.000.000.000 para que se entregara construida y en funcionamiento la planta, debiéndose atender que la vendedora no destinó los recursos recibidos a la compra de todos los componentes de la PTAR, específicamente no adquirió la tecnología “bio KWI”, tal como lo señaló el ingeniero (…) CEO de KWI International en correo electrónico de 27 de septiembre de 2017, al asegurar que GEHS solo adquirió un “clarificador maxwel”, pero no la mencionada tecnología, ni los equipos periféricos extras que se requerían.

II. LA SENTENCIA IMPUGNADA El sentenciador de segundo grado, en fallo emitido el 11 de agosto de 2021, confirmó la providencia cuestionada, tras corroborar el incumplimiento de Bancolombia S.A. en el pago del anticipo establecido en la factura proforma No. GEHSKWI-128, adicionando que esa entidad financiera no acreditó haber “(…) desplegado las acciones correspondientes para cumplir con

10 Radicación n° 11001-31-03-035-2019-00014-01 sus deberes, ya que una vez tuvo conocimiento de la segunda factura y ante el evidente incremento de los costos de la adecuación de la planta de tratamiento de aguas residuales contrata[da], no realizó gestión alguna ante el locatario para obtener su autorización y realizar el pago correspondiente ni mucho menos le puso de presente dicha situación (…)”. De otro lado, advirtió que si bien, inicialmente la enjuiciada calculó que el costo total de la obra sería de $18.830.074.263, aproximadamente, “(…) en la cotización de importación emitida por Bancolombia el 3 de septiembre de 2015, días antes de que se firmara el contrato de leasing, se estableció un costo de veintidós mil ciento ochenta y tres millones setecientos sesenta y dos mil veintiséis pesos ($22.183.762.026), resultando exigible que la Alcaldía de Chía tomara las medidas del caso para que de una u otra manera el proyecto no resultara desfinanciado (…)”. En adición, destacó que al haberse fijado los precios en moneda extranjera -dólar americano-, las contratantes debieron prever su variación y consecuente incremento del

valor de la transacción, e insistió en que la pasiva no tuvo injerencia en la negociación entre Bancolombia S.A. y el ente territorial involucrado, razón que imponía a la primera, solicitar “(…) instrucciones al locatario para efectuar el pago del monto restante [o ponerle] de presente el incremento de los costos (…)”, en busca de una solución. Por último, en relación con el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los contratantes, estimado por la opugnadora en un 94% para ella, frente a un 2% de su contraparte, con base en el peritaje allegado a las diligencias, estimó que tal hecho no incidía en la decisión del asunto, en 11 Radicación n° 11001-31-03-035-2019-00014-01 tanto, además de los bienes físicos avaluados debían “(…) considerarse aquellos (…) inmateriales como lo son los estudios de diseños, la tecnología aportada por la empresa proveedora, las pruebas del terreno donde funcionaría la planta de tratamiento de aguas, debiéndose tener presente que el costo total de la planta surge cuando esta estuviera en funcionamiento, situación que no acaeció ante el incumplimiento de la demandante en el pago a que estaba obligada”, correspondiente al “50% como anticipo de la factura proforma GEHSKWI-128”.4

III. LA DEMANDA DE CASACIÓN La acusación se erigió sobre un único cargo, encausado por la vía de la transgresión indirecta de la ley sustancial

(núm. 2º, art. 336 del C.G.P.). CARGO ÚNICO Se imputó la violación mediata de los artículos 1544,

1545, 1546, 1602, 1603, 1609, 1613, 1614, 1615, 1616, 1880 y 1882 del Código Civil y 864, 870, 871, 905, 928, 968, 969, 970 y 973 del estatuto comercial, como consecuencia de tres yerros fácticos puntuales, derivados de la indebida apreciación de algunos medios de conocimiento y la preterición de otros.

1. En primer lugar, censuró que el tribunal no diera por probado, estándolo, que la negociación celebrada con GEHS tuvo un precio global de $19.000.000.000, que incluía la entrega y puesta en funcionamiento de la planta de 4 Folios 35 y 36, archivo 13SentenciaSegundaInstancia.pdf, expediente digital.

12 Radicación n° 11001-31-03-035-2019-00014-01 tratamiento de aguas residuales para el municipio de Chía, sin que el establecimiento bancario estuviera obligado a pagar un mayor valor, según lo informan los siguientes elementos suasorios, en su sentir, inadecuadamente examinados por el fallador: 1.1. El Acuerdo No. 075 emitido el 28 de abril de 2015 por el Concejo Municipal de esa localidad, en virtud del cual se facultó “(…) al Alcalde Municipal de Chía para realizar una operación de crédito público vía leasing requerido para la financiación del proyecto “OPTIMIZACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CHÍA I DELICIAS SUR” incluido en el Plan de Desarrollo “CHÍA TERRITORIO

INTELIGENTE E INNOVADOR” 2012-2015, hasta por una cuantía máxima de DIECINUEVE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($19.000.000.000); y autorizar al Alcalde para “la suscripción del respectivo contrato con la entidad financiera que se seleccione, así como la de otorgar las garantías que le sean exigidas durante el tiempo que fuese necesario por la entidad crediticia respectiva (…)”. 1.2. El contrato de Leasing Financiero No. 181565 firmado por el citado ente territorial con BANCOLOMBIA S.A. el 28 de septiembre de 2015, con el fin de que la demandante adquiriera y entregara al municipio, a título de arrendamiento financiero, los equipos necesarios para la ejecución de la memorada obra, “(…) acordándose que el valor de los bienes objeto del contrato [sería de] $19.000.000.000 (…)”, aspecto que se pasó por alto en el fallo. 1.3. La Resolución No. 3397 del 4 de noviembre de 2015, por medio de la cual Chía eligió a la sociedad 13 Radicación n° 11001-31-03-035-2019-00014-01 demandada con el fin de llevar a cabo el plan de “OPTIMIZACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CHÍA I DELICIAS SUR”, en donde “(…) se dejó expresamente consignado que el presupuesto oficial para la contratación fue de dieciocho mil novecientos noventa y nueve millones ochocientos treinta y siete mil pesos m/cte ($18.999.837.000) (…)”, circunstancia absolutamente

inadvertida por el ad-quem. Con miras a demostrar su postura, la inconforme transcribió los fragmentos que estimó pertinentes de aquel acto administrativo.5 1.4. El contrato de aprovisionamiento No. 2015-CT 381 celebrado el 18 de noviembre de 2015 entre el municipio en comento y la convocada a juicio, respecto del cual se reconoció en la sentencia que “(…) las partes acordaron que este “estaría condicionado al de Leasing Financiero y que era obligación del contratista 'proveer a Leasing Bancolombia S.A. la tecnología de reactor biológico avanzado KWI de mezcla completa, clarificador Maxcel KWI y equipos periféricos conforme a los términos definidos en el contrato de Leasing Financiero la cual deberá ser instalada y puesta en funcionamiento en la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Chía' (…)”; no obstante, obvió la providencia rebatida que “(…) el precio o valor del negocio jurídico se encontraba condicionado al contrato de Leasing Financiero (…) sin que se generara un precio mayor por las obligaciones pactadas en este contrato y menos aún, que el valor fuera susceptible de modificarse con ocasión de las facturas proforma que expidiera unilateralmente GEHS (…)”. 1.5. Sobre el monto de la negociación, agregó la recurrente, también da cuenta el acuerdo de entendimiento 5 Folios 15 y 16, archivo digital: Demanda, cno. Corte. 14 Radicación n° 11001-31-03-035-2019-00014-01 que firmó con GEHS el 10 de diciembre de 2015, de cuyo contenido se extrae, literalmente, el reconocimiento de la

proveedora acerca de que: “(…) i) los contratos de arrendamiento financiero leasing y de compraventa mencionados quedarán sujetos a lo estipulado en el presente acuerdo de entendimiento; ii) '…conoce y acepta las condiciones de pago en las cuales Leasing Bancolombia está actuando por mandato de[l] locatario, y por tanto el proveedor asume la responsabilidad de las consecuencias que se generen de esta modalidad de pago bajo giro anticipado…' y iii) '…es consciente de las consecuencias cambiarias, aduaneras y financieras que puedan ocasionarse en caso de presentarse alguno de los eventos mencionados anteriormente, y asume toda la responsabilidad de las consecuencias eximiendo a Leasing Bancolombia con el compromiso de indemnizarlo, como también de reintegrar la suma del giro anticipado en la moneda y monto estipulado…' (…)”. En atención a lo pactado, prosiguió la demandante, el fallador no podía desconocer “(…) los reconocimientos efectuados por la sociedad demandada en dicho acto jurídico con respecto al precio de la operación negocial celebrada con Bancolombia S.A. y con respecto a la asunción de riesgos por el pago bajo giro anticipado y las 'consecuencias cambiarias, aduaneras y financieras' que pudieran presentarse (…)”, ni siquiera basándose en la cotización de importación elaborada por ese banco el 3 de septiembre de 2015, pues ésta “(…) no tiene la virtualidad de modificar las condiciones o reglas de un contrato, máxime cuando en este caso: i) el contrato de leasing se celebró con posterioridad a la fecha de la cotización (hecho al que el tribunal no le dio relevancia); y ii) cualquier

duda con respecto al precio quedó aclarada en el acuerdo de entendimiento [citado] (…)”, suscrito, igualmente, después de la memorada cotización. 15 Radicación n° 11001-31-03-035-2019-00014-01 Tampoco puede sustentar el criterio del colegiado “(…) la diferencia de la TRM con la que fue calculada cada una de las cotizaciones allegadas por GEHS (…)”, porque tales proyecciones son anteriores al contrato de aprovisionamiento que esa sociedad firmó con el municipio contratante, donde, insistió la opugnadora, “(…) quedó establecido que su valor estaba sujeto al de la operación de leasing financiero No. 181561 ($19.000.000.000) (…)”. 1.6. Las facturas proforma GEHS-KWI-128 y GEHSKWI-127 de mayo 15 y agosto 3 de 2015, por valor de USD 1.407.084 y USD 5.468.570, respectivamente, emitidas por la sociedad demandada con destino a BANCOLOMBIA S.A., de las cuales no podía el sentenciador extraer el precio de la compraventa en pugna, pues se trata de documentos “(…) expedid[o]s de manera unilateral por la sociedad demandada con antelación a la celebración de los contratos de Leasing Financiero y de aprovisionamiento, de los que claramente se establece el precio acordado con respecto al negocio jurídico objeto de la controversia (…)”. 1.7. La comunicación de 23 de noviembre de 2015 dirigida por el alcalde municipal de Chía a BANCOLOMBIA S.A., solicitando el desembolso del importe expresado en la precitada factura 127, a título de anticipo en favor de la

encartada.

2. En segundo término, cuestionó el incumplimiento que se le endilgó por no haber pagado la factura GEHS-KWI128 de 15 de mayo de 2015, aduciendo que con tal exigencia, el ad-quem, nuevamente pasó por alto el límite máximo autorizado por el Concejo Municipal al representante legal de

16 Radicación n° 11001-31-03-035-2019-00014-01 la aludida localidad para el endeudamiento y el precio inicialmente convenido para la comentada gestión, tope que el título excedía en más de tres mil millones de pesos, los cuales, por demás, no estaban soportados en los contratos suscritos por los intervinientes, sino en cobros emitidos unilateralmente por la encartada. En contravía del anterior análisis, el juzgador plural: i) desconoció que esa entidad financiera observó su obligación de desembolsar el anticipo que le fue autorizado por el locatario en comunicación de 23 de noviembre de 2015 -$17.587.615.335-; ii) olvidó que dentro de sus facultades no estaba hacer pagos que sobrepasaran tal monto, por encontrarse atado a los contratos de leasing financierocelebrado entre Bancolombia y el municipio de Chía-, de aprovisionamiento -firmado por el ente territorial y la organización demandaday de entendimiento -suscrito por la vencida en juicio y la convocada-; y iii) pretirió los reconocimientos del precio que en tales documentos hiciera la pasiva, quien, allí mismo, se comprometió a asumir los riesgos “(…) por el pago bajo giro anticipado y las “consecuencias

cambiarias, aduaneras y financieras (…)” que pudieran presentarse.

3. Por último, la casacionista recriminó que no se tuviera por incumplida a la sociedad enjuiciada, pese a que la factura GEHS-KWI-127 de 3 de agosto de 2015, cuyo importe pagó en su totalidad, establecía con precisión que lo

17 Radicación n° 11001-31-03-035-2019-00014-01 vendido era una planta de tratamiento de aguas residuales PTAR CHÍA I, con las siguientes especificaciones: (…) Planta de tratamiento de aguas residuales que combina en un solo tren de tratamiento un tratamiento biológico de avanzado (BIOKWI) con un Reactor-Clarificador Avanzado KWI Maxcel ADR para flotación por aire disuelto con micro burbujas de menos de 10 micras químico asistido modelo Maxcell-ADR 134/3-160.

Marca: KWI QMD (Caudal Medio): 120 L/Seg QMH (Caudal Pico): > 150L/Seg a < 180 L/Seg durante cuatro horas en la mañana y cuatro horas en la noche

(…) COMPUESTA POR: • Rejilla gruesa para solidos 0.5 cm • Mezclador de 30 KW •Bombas de transferencia entre el tanque de homogenización/ecuación al tanque/reactor biológico Bio-KWI con capacidad de 7200 LPM • Microcriba parabólica para retención de solidos de 1.000 micras. • 2 bombas de transferencia entre el tanque/reactor biológico y el reactor Maxcell ADR para flotación con capacidad de 9.720 LPM • Sistema de aireación para el tanque biológico con turbinas de

225 Kg/O2/Hora. • Reactor/clarificador Maxcell ADR 134/3-160 en acero inoxidable completo. • 2 Tanques mezcladores y dosificadores de coagulante de 5.000 litros c/u • 2 Tanques mezcladores y dosificadores de floculante de 5.000 litros c/u • 3 Bombas de transferencia del reactor ADR con capacidad de 2.626 LPM • Turbinas de generación de burbujas de menos de 10 micras ADR • Compresor para aire comprimido de 64 BAR 2 Mezcladores de lodo de 15HP • Prensa de lodos con lecho para N-Virus • Bomba para cloración con tanque de contacto de 688 m (…). En el mismo documento se indicó que el plazo para la entrega de dichos elementos sería de “(…) 3 meses a partir de la firma del contrato de Leasing y de haber recibido el respectivo giro anticipado de los recursos (…)”; la puesta en funcionamiento 18 Radicación n° 11001-31-03-035-2019-00014-01 debía darse en “(…) 1 mes posterior a la finalización y entrega física (…)” y el precio se pagaría mediante “(…) giro anticipado del 100% del valor CIF de la PTA (…)”. Como nada de eso se hizo a cabalidad por parte de la pasiva, según lo acredita el “avalúo comercial de propiedad planta y equipo”, elaborado el 4 de abril de 2018 por la firma Know IT Ltda., cuyo contenido obvió en su integridad el fallo, lo propio era dar por acreditada la falta a sus compromisos contractuales por parte de GEHS.

Para demostrar ese aserto, la impugnante comparó los componentes que debía tener el aludido equipo de tratamiento de aguas residuales, según lo consignado en el peritaje mencionado (folios 21 y 22, idem), con las piezas efectivamente enviadas por la encausada a la zona franca de Bogotá con sus respectivos costos (folios 22 a 24, ib), a partir de lo cual concluyó que “(…) el valor total estimado de los elementos nuevos enviados por GEHS es de cuatrocientos cincuenta y siete millones cuatrocientos cinco mil pesos ($547.405.000), cifra que equivale a menos de dos punto seis por ciento (2.6%) del valor que Bancolombia S.A. le pagó (…) el 10 de diciembre de 2015 ($17.857.615.335) por concepto de anticipo del precio (…)”. Colofón que encuentra respaldo probatorio, prosiguió, en la comunicación electrónica de 27 de septiembre d