CSJ - SC2821-2024 (2024-00239-00)

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado Ponente SC2821-2024 Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00 (Aprobado en sesión de tres de octubre de dos mil veinticuatro) Bogotá D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) La Corte decide la solicitud de homologación presentada por Abbott Laboratories (Chile) Holdco SPA y Abbott Laboratories (Chile) Holdco Dos SPA - en liquidación, respecto al laudo arbitral proferido el 19 de abril de 2023 dentro del trámite CCI n.° 25091/JPA/AJP y su adendum del 7 de julio del mismo año, en el proceso que Atavida Holdings Gmbh promovió contra las solicitantes y al cual se vinculó a Esther I. Ventura de Rendón, Roberto Mauríce Ventura Crispino, Bella Ventura Corkidi, Joyce Ventura de Durán y Juan María Rendón Gutiérrez.

ANTECEDENTES

1. Las promotoras, en el escrito inaugural de este proceso, pidieron conceder el reconocimiento del laudo del República de Colombia cune Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, Agraria y RuralRadicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00 epígrafe, así como condenar a costas y agencias en derecho de presentarse oposición (archivo digital 110010203000202400239000003Soporte_Novedades.pdf).

2. La solicitud se sustentó en los hechos que admiten este compendio: 2.1. El 10 de agosto de 2012 se celebró contrato de compraventa sobre unas acciones, en el que actuaron CFR International SPA como comprador, CFR Pharmaceuticals

2. La solicitud se sustentó en los hechos que admiten este compendio: 2.1. El 10 de agosto de 2012 se celebró contrato de compraventa sobre unas acciones, en el que actuaron CFR International SPA como comprador, CFR Pharmaceuticals SA como garante, y Esther I. Ventura de Rendón, Roberto

Maurice Ventura Crispino, Bella Ventura Corkidi, Joyce Ventura de Durán, Juan María Rendón Gutiérrez y Atavida Holdings Gmbh, como vendedores. Allí se previó que cualquier desavenencia entre las partes se resolvería por un tribunal de arbitramento, sometido a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional -en adelante CCI-. 2.2. Las sociedades CFR International SPA y CFR Pharmaceuticals SA, con posterioridad al negocio, fueron adquiridas por Abbott Laboratories (Chile) Holdco SPA y Abbott Laboratories (Chile) Holdco Dos SPA - en liquidación. 2.3. Atavida Holdings Gmbh presentó solicitud de arbitraje en contra de las compradoras, trámite al que se vinculó, como parte adicional , a Esther I. Ventura de Rendón, Roberto Mauríce Ventura Crispino, Bella Ventura 2Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00 Corkidi, Joyce Ventura de Durán y Juan María Rendón Gutiérrez, calidad que invocaron para presentar -dentro del

mismo procesouna demanda en contra de las accionadas. 2.4. Agotado el trámite arbitral se profirió laudo el 19 de abril de 2023, en el que: (I) se ordenó la liberación del depósito en garantía por US$25.000.000 en favor de Atavida Holdings Gmbh; (II) se declaró que la compraventa no era intuitu personae ; (III) se reconoció que las compradoras no incumplieron sus obligaciones, ni actuaron con dolo, mala fe o abuso del derecho, razón para negar el pago de perjuicios; (IV) se condenó a la demandante y a la parte adicional a asumir los gastos del arbitraje, honorarios legales y honorarios de peritos, generándose intereses sobre la primera de las sumas a la « tasa prime desde la fecha del presente laudo y hasta su pago efectivo »; (V) se mandó a los compradores a reembolsar el equivalente al 20% de los anteriores importes; y (V) se rechazaron los otros pedimentos. 2.5. El 7 de julio de igual anualidad se emitió Addendum del Laudo Final , en el cual se corrigieron las condenas dinerarias.

3. La petición de homologación fue admitida por auto del 14 de febrero del año en curso, ordenándose correr «traslado por diez días a Atavida Holdings Gmbh, Esther I.

Ventura de Rendón, Roberto Maurice Ventura Crispino, Bella Ventura Corkidi, Joyce Ventura de Durán, y Juan María 3Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00

Ventura de Rendón, Roberto Maurice Ventura Crispino, Bella Ventura Corkidi, Joyce Ventura de Durán, y Juan María 3Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00 Rendón Gutiérrez», previa notificación conforme al artículo 8 de la ley 2213 de 2022 (archivo digital 110010203000202400239000007Auto.pdf).

4. Roberto Maurice Ventura Crispino, Joyce Reina Ventura de Durán y Bella Clara Ventura Corkidi, por apoderado común, se opusieron al reconocimiento (archivo digital 110010203000202400239000015Soporte_Novedades.pdf)1, con los argumentos que más adelante se compendian. Documento que se tuvo por presentado por auto del 11 de abril de los corrientes (archivo digital

0034Auto.pdf).

5. Los opositores, el día 17 siguiente, arrimaron la traducción de varios de documentos (archivo digital

0041Soporte_Novedades.pdf)2, cuya incorporación se rehusó por proveído del 26 de abril (archivo digital 0044Auto.pdf). Determinación mantenida en el auto AC4469 del 14 de agosto de 2024, al resolverse el recurso de súplica formulado por aquéllos (archivo digital 0050Constancia_secretarial)3.

7. En el referido auto del 26 de abril se ordenó dar traslado a los reclamantes de la oposición propuesta

(archivo digital 0044Auto.pdf), decisión recurrida en reposición (archivo digital 0048Constancia_secretarial)4, que

traslado a los reclamantes de la oposición propuesta (archivo digital 0044Auto.pdf), decisión recurrida en reposición (archivo digital 0048Constancia_secretarial)4, que 1 Escrito reiterado el 4 de junio de 2024 por archivo digital 0070Constancia_secretarial.pdf. 2 Escrito reiterado el 15 de mayo de 2024 por archivo digital 0064Constancia_secretarial.pdf. 3 Escrito reiterado el 4 de junio de 2024 por archivo digital 0074Constancia_secretarial.pdf. 4 Escrito reiterado el 4 de junio de 2024 por archivo digital 00694Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00 fue denegado por auto AC2477-2024 (archivo digital 0061Auto.pdf).

8. El 17 de mayo de la presente anualidad, los solicitantes descorrieron la oposición, cuyos argumentos se resumen con posterioridad (archivo digital 0066Constancia_secretarial.PDF).

OPOSICIÓN

1. Los convocados que contestaron, deprecaron que el exequatur no fuera concedido por cuanto: el laudo arbitral

(I) contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo arbitral, (II) fue proferido dentro de un procedimiento viciado, (III) violó el orden público de Colombia, y (IV) la solicitud de homologación infringió la buena fe. Señalaron que (I) las solicitantes han actuado de forma torticera; (II) el tribunal arbitral emitió decisiones sin

solicitud de homologación infringió la buena fe. Señalaron que (I) las solicitantes han actuado de forma torticera; (II) el tribunal arbitral emitió decisiones sin motivación; y (III) los vendedores no pudieron ejercer su derecho de defensa y contradicción a lo largo de todo el proceso arbitral, pues los honorarios de los abogados fueron reconocidos a partir de una auto-certificación y sin considerar su tardía formulación. Además, calificaron como paradójico que se pretenda el exequatur del laudo en Colombia, cuando en Suiza se buscó lo opuesto, lo que atenta contra la equidad y la buena fe procesal. Constancia_secretarial.pdf. 5Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00

2. Invocaron el numeral iv del literal a) del artículo 122 de la ley 1563 de 2012, para argüir que el procedimiento no se ajustó al pacto arbitral, pues la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI fijó como sede la ciudad de París, desconociendo que las partes previeron que esta facultad estaba en cabeza de la convocante, según la cláusula 12.06 del contrato de compraventa; y como Atavida solicitó que fuera Bogotá, lo que fue reiterado por los demás vendedores, resulta arbitrario y atentatorio contra la autonomía de la voluntad la fijación de otro lugar, el que, por demás, carece de conexión con el contrato y el litigio.

Decisión que se emitió sin motivación o argumentación. Estimó que, con esta resolución, se benefició a las

autonomía de la voluntad la fijación de otro lugar, el que, por demás, carece de conexión con el contrato y el litigio. Decisión que se emitió sin motivación o argumentación. Estimó que, con esta resolución, se benefició a las compradoras, quienes hacen parte de un conglomerado que desarrolla negocios en Francia y contrataron una firma de abogados que tiene su asiento en esa ciudad.

3. Arguyó que el laudo desconoció el orden público internacional de nuestro país, por cuanto: 3.1. Desatendió el principio de la fuerza obligatoria de los contratos, al no declarar el incumplimiento de los compradores por el hecho de no liberar el depósito en garantía.

En soporte acudió a las cláusulas 8.14 y 9.06 del contrato de compraventa, para denotar que las compradoras hicieron 17 reclamaciones para impedir la 6Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00 devolución de la garantía, « las cuales, para el 2019, ya se encontraban desistidas o eran de montos insignificantes, que, en los términos del contrato…, no tenían la virtualidad de impedir la liberación », lo que fue desatendido por el tribunal arbitral «aduciendo… una ‘discrepancia de criterios’ entre las partes». Reprochó que, al abrigo de una diferencia interpretativa, se negara la declaratoria de incumplimiento, en contravía de la fuerza obligatoria de los contratos y del derecho a ser indemnizado, máxime porque las partes

Reprochó que, al abrigo de una diferencia interpretativa, se negara la declaratoria de incumplimiento, en contravía de la fuerza obligatoria de los contratos y del derecho a ser indemnizado, máxime porque las partes fueron calificadas como «sofisticadas» y conocedoras del mecanismo de la reclamación. Estimó de irónico, y contrario a la congruencia, que se afirmara que las compradoras no incurrieron en una retención ilegítima de la garantía y, al mismo tiempo, se ordenara su liberación en el laudo. Denunció «el absurdo propuesto por el tribunal arbitral», pues « bastaría que cualquier parte aduzca tener diferencia de criterios para exculparse de su responsabilidad contractual. De esta manera, también podría liberarse la parte de tener que pagar los perjuicios ocasionados con su malicioso actuar». 3.2. Reprochó la vulneración del citado principio del pacta sunt servanda , por no declararse que las compradoras incumplieron el contrato al no pedir 7Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00 autorización, ni informar, sobre la cesión o transferencia de derechos contractuales de CRF a Abbott, en desprecio de la sección 12.04 de la compraventa celebrada entre las partes. Encontró que se incurrió en una denegación de justicia porque, si bien las vendedoras solicitaron toda la información relacionada con la adquisición de CFR por Abbott, este pedimento probatorio fue denegado. Con todo, recordó que el cambio de posición

justicia porque, si bien las vendedoras solicitaron toda la información relacionada con la adquisición de CFR por Abbott, este pedimento probatorio fue denegado. Con todo, recordó que el cambio de posición contractual les provocó perjuicios, expresados en la retención ilegítima del depósito en garantía, pues CFR no efectuó ninguna reclamación con este propósito, mientras que Abbott hizo lo contrario, por lo que debió accederse a las pretensiones y condenar al pago de perjuicios, lo que habría evitado la imposición desbordada de costas judiciales. 3.3. Con fundamento en la misma causal, alegó que se vulneró la prohibición de abuso del derecho y el principio de la buena fe. Lo anterior, en su criterio, por cuanto las compradoras a pesar de conocer que debían solicitar la autorización e informar sobre la cesión o transferencia de derechos y obligaciones, omitieron hacerlo y dificultaron el acceso a la información. Además, ante la retención ilegítima del depósito en garantía, por ausencia de reclamación, se incurrió en abuso del derecho. 8Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00

4. Invocó la violación del debido proceso pues: 4.1. El laudo arbitral es incongruente, en tanto se ordenó la liberación de la garantía a pesar de que las partes no lo solicitaron. 4.2. Se impusieron costas en infracción de « lo público», por ordenarse el pago de honorarios que carecen de soporte, al fundarse en una certificación emanada de los abogados de los interesados.

no lo solicitaron. 4.2. Se impusieron costas en infracción de « lo público», por ordenarse el pago de honorarios que carecen de soporte, al fundarse en una certificación emanada de los abogados de los interesados. Una vez transcrito el artículo 38 del reglamento de la CCI, alegó que el tribunal arbitral debió analizar la razonabilidad de los gastos, lo que no hizo. « En esa medida, se viola el orden público internacional cuando un tribunal arbitral ordena a una de las partes a pagar millones de dólares por gastos de representación, sin haber cumplido con el requisito impuesto en el numeral primero del artículo 38 del reglamento interno de la CCI, esto es, sin haber hecho un análisis de la razonabilidad». Echó de menos la prueba de los gastos de defensa, por basarse en una certificación de la oficina de abogados, sin permitir su contradicción, agravado porque en el laudo no se hizo ninguna reflexión sobre su contenido, aparte de aceptarla, más aún cuando las convocantes quintuplicaron los gastos de los vendedores. 9Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00

5. Denunció conculcados el debido proceso y la igualdad de las partes, en la imposición de costas, porque se « concedió intereses sobre las costas, y además únicamente en favor de las solicitantes, a pesar de que se condenó a todas las partes a pagar costas, la cual atenta contra el orden público sustancial y procesal », pues los intereses operan por ministerio de la ley y de conformidad con la jurisdicción que resulte aplicable.

Remarcó que la condena a intereses también

contra el orden público sustancial y procesal », pues los intereses operan por ministerio de la ley y de conformidad con la jurisdicción que resulte aplicable. Remarcó que la condena a intereses también desconoce la orden procesal n.° 9, la cual se limitó a solicitar la relación de costos y gastos, sin que fuera procedente adicionar lo tocante a intereses, so pena de permitir la ampliación de las pretensiones con posterioridad a los alegatos de conclusión. RESPUESTA A LA OPOSICIÓN Las solicitantes pidieron rechazar la oposición, por cuanto los antagonistas buscan promover una apelación contra el laudo arbitral «y no alegan ni mucho menos prueban ninguna de las causales taxativas previstas… en el Artículo 112 del Estatuto Arbitral».

1. Frente al procedimiento arbitral, arguyeron que el reglamento al que remitieron las partes faculta a la Corte de Arbitraje de la CCI para decidir sobre el lugar del arbitraje, el idioma y los asuntos probatorios.

10Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00 Además, los opositores participaron en la redacción y suscribieron el acta de misión, en la que aceptaron las decisiones adoptadas por la Corte de Arbitraje, como la sede arbitral, y durante la audiencia de pruebas manifestaron estar de acuerdo con el proceso seguido y aseveraron que se respetaron todas sus garantías, lo que descarta la configuración de la causal a) iv del artículo 112 del Estatuto

arbitral, y durante la audiencia de pruebas manifestaron estar de acuerdo con el proceso seguido y aseveraron que se respetaron todas sus garantías, lo que descarta la configuración de la causal a) iv del artículo 112 del Estatuto de Arbitraje.

2. Respecto al orden público, estimaron que el laudo se ciñe a los valores y principios básicos que inspiran el ordenamiento jurídico colombiano, pues se garantizó el derecho de contradicción en un plano de igualdad, y la decisión no compromete intereses que trasciendan a los particulares de los contratantes.

Señalaron que las alegaciones de los opositores desconocen el principio de no revisión sustancial , pues en verdad cuestionan el fondo de la disputa.

3. En cuanto a que el laudo contenga decisiones que excedan el acuerdo arbitral, aseguraron que esto no ocurrió, pues los árbitros se acotaron a definir las disputas sobre el contrato de compraventa, que es precisamente el objeto del pacto de arbitraje, y « responden a las pretensiones y defensas planteadas por las partes a lo largo del arbitraje».

11Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00

4. Arguyeron que « los vendedores tuvieron la oportunidad de hacer valer su posición y presentar alegatos

ante la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI antes de que ella se pronunciase sobre quiénes eran las partes contra quienes podía proceder el arbitraje y cuál sería la sede del mismo». Se refirieron a la prueba de los gastos de arbitraje, para denotar que ambas partes allegaron sus escritos, siendo una práctica común en el arbitraje que se utilice una certificación para su demostración, fundada en la buena fe. En cuanto a la solicitud de intereses, precisaron que la hicieron desde el inicio del litigio.

CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La presente actuación debe ser conocida por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, por expreso mandato del inciso segundo del artículo 68 de la ley 1563 de 2012 5, norma concordante con el numeral 5 del artículo 30 del Código General del Proceso6.

2. Régimen normativo aplicable al reconocimiento. 5 «La anulación a que se refiere el artículo 108 y el reconocimiento y ejecución previstos en el artículo 113, serán de competencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia». 6 «La Corte Suprema de Justicia conoce en Sala de Casación Civil… 4. Del exequátur de sentencias proferidas en país extranjero, sin perjuicio de lo estipulado en los tratados internacionales».

12Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00 2.1. Para determinar los preceptos que deben gobernar la presente decisión, es menester acudir al inciso primero del artículo 62 de la ley 1563 de 2012, el cual prescribe: «[l]as normas contenidas en la presente sección

gobernar la presente decisión, es menester acudir al inciso primero del artículo 62 de la ley 1563 de 2012, el cual prescribe: «[l]as normas contenidas en la presente sección [se refiere a la tercera de la ley] se aplicarán al arbitraje internacional, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente en Colombia » (negrillas fuera de texto). Regla reiterada en el canon 114 ibidem, al referirse de forma especial a la homologación: « Al reconocimiento del laudo arbitral se aplicarán exclusivamente las disposiciones de la presente sección y las contenidas en los tratados, convenciones, protocolos y demás actos de derecho internacional suscritos y ratificados por Colombia» (negrilla fuera de texto). Descuella de estos mandatos que el reconocimiento de laudos extranjeros en Colombia se gobierna, de forma concurrente, por los instrumentos internacionales firmados por nuestro país y las disposiciones especiales que contiene el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. Ahora bien, de existir discrepancias o divergencias entre estos regímenes, éstas deben resolverse a partir del principio pro-reconocimiento, que reclama acudir a la norma o la interpretación que sea más favorable para acceder a la solicitud. En otros términos, debe aplicarse al precepto más 13Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00 benévolo a la homologación, con el fin de facilitar que el laudo produzca efectos en nuestro país, en desarrollo de los compromisos internacionales adquiridos con la suscripción de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extrajeras -en adelante

laudo produzca efectos en nuestro país, en desarrollo de los compromisos internacionales adquiridos con la suscripción de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extrajeras -en adelante Convención de Nueva YorkAsí lo tiene decantado esta Corporación: «cuando deban aplicarse diversos marcos normativos o, una misma disposición admita múltiples interpretaciones, tal disyuntiva deberá resolverse a favor de la hermenéutica que suponga menores exigencias para el reconocimiento » (SC9909-2017, 12 jul., rad. n.° 2014-01927-007). 2.2. La Convención de Nueva York es la primera norma a aplicar al sub examine, por estar vigente en nuestro territorio desde el 23 de diciembre de 1979 8, así como en Francia desde el 24 de septiembre de 1959 9, país en que se ubicó la sede del tribunal arbitral que profirió el veredicto que pretende homologarse. Total, este instrumento internacional tiene aplicación al «reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias, y que tengan su origen en 7 Reiterada en las sentencias SC3650-2022, 15 nov., rad. n.° 2021-0429400 y SC389-2023, 10 oct., rad. n.° 2022-00385-00. 8 Cfr. https://sismre.cancilleria.gov.co/PUBLICA/Tratados/ DetalleTratado-?idTratado=954&idLog=12280.

00 y SC389-2023, 10 oct., rad. n.° 2022-00385-00. 8 Cfr. https://sismre.cancilleria.gov.co/PUBLICA/Tratados/ DetalleTratado-?idTratado=954&idLog=12280. 9 Cfr. https://uncitral.un.org/es/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_a-wards/status2. 14Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00 diferencias entre personas naturales o jurídicas » (negrilla fuera de texto, artículo 1). Adicionalmente, el presente caso se gobierna por el capítulo IX de la sección Tercera de la ley 1563 de 2012, que disciplina los requisitos y el trámite para el reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros, esto es, «aquellos proferidos por un tribunal arbitral cuya sede se encuentre fuera de Colombia » (numeral 3 del artículo 111 ejusdem).

3. Contexto general de la homologación. 3.1. El auge del comercio internacional de bienes y servicios en los últimos siglos, provocó un aumento de controversias entre los empresarios, que no siempre encontraron respuestas adecuadas dentro de los sistemas judiciales locales, no sólo por la territorialidad de su derecho y la inflexibilidad de sus reglas, sino también por su limitada capacidad para adaptarse a las necesidades del tráfico mercantil transnacional.

En verdad, «[l]a globalización y la privatización han producido un número cada vez mayor de sujetos partícipes en transacciones internacionales, con las disputas y

tráfico mercantil transnacional. En verdad, «[l]a globalización y la privatización han producido un número cada vez mayor de sujetos partícipes en transacciones internacionales, con las disputas y situaciones litigiosas que esto conlleva»10. 10 Tang Houzhi, The value: three assessments . En Enforcing Arbitration Awards under the New York Convention, Experience and Prospects, Naciones Unidas, Nueva York, E.99 v. 2, 1999 (traducción propia). 15Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00 Por esta razón, el arbitraje internacional se abrió camino, como sustituto de la justicia nacional, caracterizado por su adaptabilidad, especialización y rapidez, condiciones necesarias para facilitar el intercambio de bienes y servicios, amén de sus importantes efectos en materia de crecimiento económico y tecnificación. 3.2. La Comunidad de Naciones fue un actor clave en este proceso de masificación del arbitraje, lo que permitió que en «1923, se [adoptara] el ‘Protocolo Relativo a las Cláusulas de Arbitraje en Materia Comercial’ y fue[ra] creada la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional» (CSJ, SC877-2018). Con los años, y verificada la necesidad de simplificar y facilitar que los laudos pudieran cumplirse en los diferentes países, la Organización de las Naciones Unidas promovió un nuevo instrumento multilateral, que finalmente se concretó en la Convención de Nueva York, adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Arbitraje

países, la Organización de las Naciones Unidas promovió un nuevo instrumento multilateral, que finalmente se concretó en la Convención de Nueva York, adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial Internacional realizada del 20 de mayo al 10 de junio de 1958. Recientemente, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en desarrollo de su misión de fortalecer el arbitraje, propuso la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional, con el fin de estandarizar las reglas que gobiernan este mecanismo 16Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00 heterocompositivo, la cual ha sido acogida en múltiples territorios. 3.3. Colombia, con la ley 1563 de 2012, recogió « las recomendaciones y los preceptos en materia de resolución de conflictos de la Convención de Nueva York de 1958 sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, así como lo preceptuado por la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

(CNUDMI)» (CSJ, SC4481-2021).

En efecto, la sección dedicada al arbitraje internacional se nutrió de estos marcos normativos, compartiendo, y en muchos casos repitiendo, su contenido, en garantía de su uniformidad y como mecanismo para garantizar su conformidad con los estándares universalmente aceptados en esta materia.

compartiendo, y en muchos casos repitiendo, su contenido, en garantía de su uniformidad y como mecanismo para garantizar su conformidad con los estándares universalmente aceptados en esta materia. No en vano esta Sala decantó que, en la exégesis del Estatuto de arbitraje, deban aplicarse los principios de «internacionalidad de la interpretación », «pro-reconocimiento», «taxatividad en las causales de denegación», « no revisión sustancial» y «coexistencia del recurso de anulación y la homologación» (SC9909-2017).

4. Requisitos formales para el reconocimiento. 4.1. El artículo IV de la Convención de Nueva York dispone que, para el reconocimiento de un laudo extranjero,

17Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00 debe efectuarse una solicitud acompañada de los siguientes documentos: « a) El original debidamente autenticado de la sentencia o una copia de ese original que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad» y «b) El original del acuerdo a que se refiere el artículo II, o una copia que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad» (negrilla fuera de texto). Además, si alguno de éstos «no estuvieran en un idioma oficial del país en que se invoca la sentencia, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución de esta última deberá presentar una traducción a ese idioma de dichos documentos. La traducción deberá ser certificada por un

idioma oficial del país en que se invoca la sentencia, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución de esta última deberá presentar una traducción a ese idioma de dichos documentos. La traducción deberá ser certificada por un traductor oficial o un traductor jurado, o por un agente diplomático o consular» (negrilla fuera de texto). 4.2. Por otra parte, el artículo 111 de la ley 1563 de 2012 prescribe que « [l]a parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el laudo original o copia de él. Si el laudo no estuviere redactado en idioma español, la autoridad judicial competente podrá solicitar a la parte que presente una traducción del laudo a este idioma». 4.3. De la comparación de estos mandatos se advierte una discrepancia sobre los requisitos formales que de ben satisfacerse, pues mientras el primero reclama el original o la copia auténtica, tanto del laudo como del acuerdo arbitral, el último únicamente exige la copia -simplede la sentencia arbitral. En común comparten la necesidad de la 18Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00 traducción, tratándose de documentos que no estén e n idioma oficial. Esta antinomia, como ya se anticipó, debe resolverse en favor de la norma más benévola, esto es, la ley 1563 de 2012, por consagrar exigencias menores y simplificar el reconocimiento. Luego, para que esta Corporación conceda el exequátur, en el presente caso, bastará que l as solicitantes:

2012, por consagrar exigencias menores y simplificar el reconocimiento. Luego, para que esta Corporación conceda el exequátur, en el presente caso, bastará que l as solicitantes: (I) hayan pretendido el reconocimiento de una sentencia arbitral; (II) arrimen la providencia arbitral en original o copia; y (III) aporten las traducciones que sean procedentes. La Corporación tiene decantada esta directriz: [L]os siguientes son los requisitos que deben acreditarse para conceder el exequátur enarbolado: (I) La decisión a homologar debe ser una sentencia arbitral; (II) Junto a la solicitud de exequátur debe arrimarse el laudo arbitral, en original o copia… Adviértase que los requerimientos tocantes a que se aporte en original el laudo y el acuerdo arbitral, señalados en el artículo IV de la Convención de 1958, no son exigibles en el presente caso, por cuanto en este punto específico resulta más favorable la ley 1563 de 2012, siendo la norma a considerar por el principio proejecución (SC3650-2022).

5. Causales para denegar el reconocimiento. 5.1. La homologación podrá ser denegada de configurarse alguna de las causales establecidas para este fin, listadas numerus clausus en el canon V de la

19Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00

Convención de Nueva York, y reproducidas en lo sustancial en el artículo 112 de la ley 1563 de 2012. Motivos que se diferencian, no sólo por su contenido concreto, sino por cuanto algunos de ellos requieren ser alegados por la parte interesada, mientras que otros deben analizarse oficiosamente. 5.2. Según la Convención de Nueva York, son causales que requieren invocación de parte: a) Que las partes en el acuerdo… estaban sujetas a alguna incapacidad… o que dicho acuerdo no es válido…; o b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada… o por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa; o c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de