CSJ - SC3463-2022

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC3463-2022 Radicación n.º 20001-31-03-003-2015-00292-01 (Aprobado en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós) Bogotá, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintidós (2022). Se decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por los demandados Enelda Josefina Zárate de Pana, Alex, Mayedsy y Nefer Enrique Pana Zárate, frente a la sentencia de 18 de febrero de 2021, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro del proceso declarativo que promovió Rosa Emperatriz Torres Fernández contra los herederos de Nefer Rafael Pana Arregocés, entre ellos, los ahora recurrentes y también Liseth Senely, Menfis Darío y Surelys Lineth Pana Torres, Mirladis Pana Peinado y María Camila Pana Toloza.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones.

Radicación n.° 20001-31-03-003-2015-00292-01 A través de demanda judicial, la convocante Rosa Emperatriz Torres Fernández pidió reconocer que entre ella y el señor Nefer Rafael Pana Arregocés se generó una sociedad civil de hecho entre el 20 de febrero de 1981 y el 22 de enero de 2011, fecha de fallecimiento de aquél, misma que debe declararse disuelta y en estado de liquidación. Asimismo, solicitó que se declare que los predios La Luna, Los Robles y Manzanares hacen parte de dicha sociedad de

hecho y, en consecuencia, rogó que se ordene (i) su reintegro al patrimonio del causante, (ii) la cancelación de la inscripción de la partición en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria y (iii) la condena al pago de los frutos que hubieran podido producir.

2. Fundamento fáctico.

(i) Durante el mismo lapso por el que se extendió la sociedad de hecho, la pareja conformada por Rosa Emperatriz Torres Fernández y Nefer Rafael Pana Arregocés mantuvo una relación sentimental y convivió bajo el mismo techo, desde el 20 de febrero de 1981 hasta el 22 de enero de 2011, cuando aquél falleció en la ciudad de Bucaramanga. (ii) Para ese entonces, el señor Pana Arregocés se encontraba casado con Enelda Josefina Zarate, con quien contrajo matrimonio el día 2 de abril de 1966 y de quien se separó de hecho desde el 22 de febrero de 1981. La existencia de la sociedad conyugal Pana Zárate le impidió a la actora obtener reconocimiento pecuniario en la sucesión del señor 2 Radicación n.° 20001-31-03-003-2015-00292-01 Pana Arregocés, causa mortuoria que culminó con sentencia aprobatoria de la partición de fecha 10 de julio de 2013. (iii) Para la época en que los socios iniciaron su relación, ambos trabajaban para la misma compañía de transporte en la ciudad de Valledupar (Cootrascolcer Ltda.) y, fruto de su esfuerzo común, adquirieron el 1º de febrero de

1983 un inmueble en la aludida localidad, donde establecieron su residencia y nacieron sus dos primeros hijos; y posteriormente un vehículo de servicio público que financiaron con un crédito hipotecario, cuyo cumplimiento garantizaron con el referido predio. (iv) Ante el nacimiento de su tercera hija en diciembre de 1985, la demandante se vio obligada a renunciar a su trabajo en Cootranscolcer, época a partir de la cual asumió no solo las labores del hogar sino también la administración del automotor de servicio público, la gerencia de los proyectos en los que el compañero trabajaba y además, ayudaba en la campaña política que por esa época impulsaba Nefer Rafael Pana, fruto de la cual fue elegido como diputado a la Asamblea Departamental del Cesar para el periodo 19861988. (v) En 1993 la convocante se vinculó laboralmente con el Fondo Regional de Educación y gracias a ese nuevo ingreso, junto con el salario de su compañero y el precio que recibieron por la venta del vehículo de servicio público, lograron adquirir «el predio rural denominado la LUNA, mediante escritura pública n° 3105 del 7 de octubre de 1993 de la Notaría Primera 3 Radicación n.° 20001-31-03-003-2015-00292-01 de Valledupar», la cual destinaron para labores agrícolas, ganaderas y avícolas. (vi) En el año 1995 su compañero fue reelecto como diputado hasta 1996, y Rosa Emperatriz renunció a su

trabajo en su empeño de fortalecer la capacidad productiva de la finca La Luna; en esa época se estaba consolidando la producción agrícola, que ella organizó administrativa y contablemente. En el año 2000 la pareja enajenó el inmueble donde tenía su vivienda para invertir el dinero en la actividad avícola y ganadera de la finca; fruto de esa empresa adquirieron su segundo predio rural, denominado Los Robles, a través de la escritura pública n° 1626 de fecha 13 de agosto de 2001, de la Notaría Primera del Círculo de Valledupar. (vii) En el año 2004 el señor Pana Arregocés empezó a presentar problemas de salud que lo obligaron a alejarse de las labores agropecuarias, debido a lo cual encargó el manejo de la finca La Luna a su hijo mayor, Alex Pana Zarate. Tan pronto como su condición médica mejoró, Nefer Rafael y Rosa Emperatriz se dedicaron de lleno a explotar la finca Los Robles. (viii) Una vez recuperado el compañero y con las utilidades que percibieron de esos dos inmuebles, adquirieron un tercer predio llamado Manzanares, a través de la escritura pública n° 2343 del 4 de septiembre de 2006 de la Notaría Primera de Valledupar. En ese mismo año la demandante fungió como compradora de ganado para la mencionada finca, se encargaba del negocio de la leche y 4 Radicación n.° 20001-31-03-003-2015-00292-01 distribuía personalmente quesos en diferentes puntos de la ciudad de Valledupar.

(ix) A finales de 2008, Nefer Rafael empezó a presentar nuevamente problemas de salud. Durante toda la enfermedad, la actora se mantuvo al lado de su pareja, dedicándose de manera exclusiva a su cuidado hasta el día de su muerte.

3. Actuación procesal 3.1. Notificados de la admisión de la demanda, (i) los herederos indeterminados (representados a través de curador ad litem), así como Mirladis Pana Peinado y Liseth Senely, Surelys y Menfis Darío Pana Torres, contestaron la demanda sin proponer excepciones; (ii) Enelda Josefina Zárate de Pana, Alex, Mayedsy y Nefer Enrique Pana Zárate alegaron «carencia absoluta de legitimidad y de requisitos para invocar que se reconozca la constitución de un contrato de sociedad de hecho civil» y (iii) María Camila Pana Toloza excepcionó «falta de legitimidad en la causa por pasiva» e «imposibilidad legal de coexistencia de sociedades conyugal y de hecho». 3.2. Mediante fallo de 27 de marzo de 2019, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar negó el petitum, por encontrar próspera la excepción de «carencia de requisitos para invocar que se reconozca la constitución de un contrato de sociedad de hecho».

5 Radicación n.° 20001-31-03-003-2015-00292-01 Consideró el a quo que la demandante no había cumplido con la carga de acreditar el propósito común para establecer una sociedad de bienes, pues aquellos fueron producto del desarrollo normal de la vida en pareja y la necesidad de satisfacer obligaciones domésticas, más no de

la intención de crear una sociedad civil de hecho. SENTENCIA IMPUGNADA Al resolver la alzada de la actora, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar revocó lo decidido en primera instancia y, en su lugar, declaró «la existencia de una sociedad de hecho entre ROSA EMPERATRIZ TORRES FERNÁNDEZ Y NEFER PANA ARREGOCES, desde el 20 de febrero de 1981 hasta el 22 de enero de 2011, y como consecuencia, en estado de disolución y liquidación». Así mismo, dispuso el reintegro al patrimonio del causante de los bienes inmuebles adquiridos durante la vigencia de la sociedad, a saber, La Luna, Los Robles y Manzanares y, por lo tanto, la cancelación de la inscripción de la partición en los folios de matrícula inmobiliaria de cada bien. El ad quem negó la restitución de frutos por no encontrar prueba de aquellos. Tal determinación se fincó en los argumentos que seguidamente se sintetizan: (i) Conforme al ordenamiento jurídico, es viable la creación de una sociedad civil de hecho de forma paralela a 6 Radicación n.° 20001-31-03-003-2015-00292-01 una unión marital de hecho, siempre y cuando se verifique la concurrencia de tres elementos: «1. Aportes recíprocos de cada integrante, 2. Ánimus lucrandi o participación en las utilidades o beneficios y pérdidas, y 3. Ánimus o affectio societatis, esto es, intención de colaborar en un proyecto o empresa común». En esas condiciones, «cuando sus componentes exponen su

consentimiento expreso o, ya tácito o “implícito”, derivado de hechos o actos inequívocos, con el propósito de obtener utilidades y enjugar las pérdidas que llegaren a sufrir y, además, hacen aportes, hay una indiscutible sociedad de hecho». (ii) Contrario a lo que sostuvo el juzgador de primera instancia, el acervo probatorio recaudado da cuenta no solo de una relación sentimental y comunidad de vida entre Rosa Emperatriz y Nefer Rafael, sino también del propósito convergente de dicha pareja de establecer una sociedad de bienes a merced de las labores conjuntas, los esfuerzos recíprocos constantes y prolongados en el tiempo, orientado a consolidar un patrimonio común al cual la actora contribuyó en dinero y en especie a través de su trabajo en los distintos proyectos emprendidos, sus recursos monetarios y el cuidado de las labores del hogar. (iii) Fue precisamente durante su convivencia que los compañeros adquirieron los bienes cuya repartición reclama la convocante, y si bien es cierto que algunos de los descendientes del señor Pana Arregocés intervinieron en la administración de los predios rurales, ninguno de ellos participó de su adquisición, «siendo su actuación producto de la 7 Radicación n.° 20001-31-03-003-2015-00292-01 delegación efectuada por sus padres, como ellos mismos lo reconocieron en sus declaraciones». (iv) Si bien el a quo echó de menos la prueba de la affectio societatis, tratándose de una sociedad de hecho entre compañeros permanentes la convivencia es indicio de ese

ánimo, no es un elemento excluyente de la constitución de la sociedad de hecho, de modo que su análisis debe flexibilizarse dado el contexto social en el que se desarrolló la convivencia marital, en la que sus integrantes aunaron esfuerzos para consolidar un proyecto familiar y económico común, que les permitió crecer en el plano patrimonial y en el familiar, y «de donde surge de manera inequívoca su ánimo de asociarse, que se generó de la relación concubinaria que los unió». No es cierto, como infundadamente lo sostuvo el a quo, que el éxito de las pretensiones estuviera condicionado a que la actora lograra «desligar la relación sentimental de la actividad económica que pretende demarcar», puesto que no se trata de una sociedad mercantil, sino civil entre compañeros permanentes, y agregó que, «el hecho de procurar con dicha sociedad una buena vida para sus hijos y su hogar no constituye un impedimento para la declaratoria de la existencia de la sociedad». (v) Al considerar el juzgador de primer grado que no hay certeza de los aportes en dinero realizados por la demandante más allá de su trabajo en el hogar, «desconoció con su dicho que de las pruebas testimoniales y el allanamiento de los demandados a los hechos de la demanda y la falta de pronunciamiento expreso frente a los hechos, se deriva la convicción de que [los compañeros], hicieron indistintamente aportes en especie y trabajo», de 8 Radicación n.° 20001-31-03-003-2015-00292-01 manera que pasó por alto la labor doméstica de la actora al

circunscribir sus aportes al dinero, desechando las pruebas allegadas al plenario que dan cuenta de las actividades agrícolas en las fincas y de comercialización de productos. A juicio de la colegiatura, en este asunto es copioso el material probatorio que refleja los aportes en especie y en trabajo que la actora efectuó en favor de la sociedad. La señora Torres Fernández «irrumpió productivamente en las labores agrícolas rentables, más allá de la mera cohabitación y realizó aportes en dinero, nótese que aparece que adquirió el bien inmueble en el que habitan, el que posteriormente fue hipotecado», además que ejerció sus derechos como socia y contribuyó a ella con trabajo diario doméstico y con otros oficios, facilitando una comunidad de vida sustentada alrededor del patrimonio adquirido. No obstante, así ello no se hubiera probado, la labor doméstica de la convocante habría sido suficiente para tener por probado el nacimiento y consolidación de la sociedad, según lo tiene dicho la jurisprudencia. (vi) Igualmente se probó el presupuesto concerniente al animus lucrandi, el cual se materializó en la toma de decisiones económicas, la administración del patrimonio social, la disposición de activos y la asunción de deudas; «lo anterior, también se demuestra con las documentales que revelan la adquisición de un inmueble ubicado en la calle 9 n° 16 - 30 y su posterior hipoteca a favor de FINANCIACOOP en el año 1984; la compraventa de los inmuebles La Luna, Los Robles y Manzanares por el señor Nefer Pana

Arregocés en los años 1993, 2001 y 2006, respectivamente; compra de suministro de productos de ganadería, liquidación de prestaciones sociales de trabajadores y vacunas del ganado, con posterioridad al año 9 Radicación n.° 20001-31-03-003-2015-00292-01

2011. Es decir, que con sus mutuos esfuerzos consolidaron un proyecto económico, que les permitió crecer no solo en el plano económico, sino también familiar, de donde surge de manera inequívoca su ánimo de asociarse, que generó de la relación marital que los unió».

Entonces, al originarse los esfuerzos en el mismo concubinato, no podía exigirse prueba que desligara la mutua colaboración y cooperación para la construcción de un patrimonio societario del contexto en el que tenía origen. (vii) Respecto a las excepciones, señaló que no están llamadas a prosperar. La relacionada con la falta de legitimación en la causa porque «quienes se encuentran vinculados a la litis son quienes tienen la facultad legal de perseguir el derecho reclamado, en calidad de socia, y de responder, los herederos del señor Nefer Pana Arregocés, quienes deberán reintegrar al patrimonio del causante los bienes que les fueron adjudicados en la demanda de sucesión adelantada ante el Juzgado de Familia de Descongestión de Valledupar mediante sentencia del 10 de julio de 2013». La excepción de «incompatibilidad de coexistencia de sociedades conyugales y sociedad de hecho» tampoco prospera porque la preexistencia de una sociedad conyugal de la que

el causante fue parte no constituye óbice al nacimiento de la sociedad de hecho en estudio, pues esta no se deriva propiamente de un vínculo marital sino negocial, ni tampoco es universal sino singular, lo que implica que ambas pueden coexistir: «la unión de hecho no matrimonial de convivencia efectiva y común (…) no constituye un impedimento para la declaratoria de existencia de la sociedad civil de hecho pretendida por la actora, pues no se trata de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes regulada en la Ley 54 de 1990, y nada se opone a su formulación, pues 10 Radicación n.° 20001-31-03-003-2015-00292-01 hoy coexisten, como sociedades de hecho, la civil, la comercial y la proveniente de la “unión marital de hecho”, cada una con presupuestos legales, autónoma tanto en el plano sustantivo como procesal». DEMANDA DE CASACIÓN Al sustentar su recurso extraordinario, los convocados Enelda Josefina Zárate de Pana y Alex, Mayedsy y Nefer Enrique Pana Zárate formularon cuatro cargos; el inicial, con fundamento en la causal quinta del artículo 336 del Código General del Proceso; el siguiente bajo el amparo de la causal tercera, y los dos últimos con apoyo en la segunda hipótesis del referido canon. PRIMER CARGO Con fundamento en la causal quinta del canon 336 del Código General del Proceso, los impugnantes alegaron que, al disponer la recomposición de un haber sucesoral ya liquidado, el Tribunal incurrió en el supuesto de nulidad insaneable previsto en el numeral 3º del artículo 133 del Código General del Proceso, por cuanto «revivió un proceso

legalmente concluido», como lo era el mortuorio del señor Pana Arregocés, el cual culminó mediante sentencia aprobatoria del 10 de julio de 2013, dictada por el Juzgado de Familia de Descongestión de Valledupar. Aunque no se hubiese dicho expresamente en la parte resolutiva del fallo impugnado, realmente el ad quem dejó sin efectos la sentencia que puso fin al proceso de sucesión, en 11 Radicación n.° 20001-31-03-003-2015-00292-01 la medida en que ordenó «el reintegro al patrimonio del causante» de los inmuebles identificados con matrículas inmobiliarias n° 190-12187; 190-33028 y 190-44030, los cuales fueron adjudicados a los herederos mediante fallo que ya hizo tránsito a cosa juzgada. Con tal proceder, se pasó por alto que la convocante tenía el deber de comparecer al juicio de sucesión a ejercer los derechos económicos que aquí dijo tener, dada «la naturaleza liquidatoria del proceso de sucesión y las cargas procesales impuestas en el artículo 516 del C.G.P.». En su defecto, debió promover la demanda de declaración de sociedad civil de hecho «en vigencia del proceso de sucesión, para que su pretensión patrimonial pudiera haber generado el efecto jurídico pretendido». Comoquiera que el vicio adjetivo se configuró con la admisión misma del libelo incoativo, cuyas pretensiones tercera y cuarta se encaminaron a recomponer la sucesión, debe declararse la nulidad de todo lo actuado, incluyendo ese

proveído inicial y proceder a rechazar de plano la demanda.

CONSIDERACIONES

1. Reglas de procedencia de la causal quinta de casación.

El régimen de nulidades procesales responde a la necesidad de plasmar en el sistema jurídico reglas de inclusión de sus principios y valores, y de exclusión de las conductas que desconocen o impiden su vigencia. El debido 12 Radicación n.° 20001-31-03-003-2015-00292-01 proceso encuentra franca protección en la consagración de las causales de anulabilidad de los actos procesales que lo vulneran y que, a modo de sanción, generan la invalidación judicial del acto irregular; se trata de disposiciones que, ciertamente, materializan la máxima garantía de quienes comparecen al juicio. El precedente invariable de esta Corporación ha sostenido que la causal quinta de casación solo se abre paso cuando se ha configurado una irregularidad procesal cierta y comprobable, que esté taxativamente consagrada como supuesto de anulabilidad y, en caso de ser saneable, que no haya sido convalidada por la parte legitimada para proponerla1. En armonía con lo anterior, el régimen de invalidación en el procedimiento civil está orientado por unos principios rectores entre los que se encuentra el de especificidad, conforme al cual solo serán anulables los eventos expresamente señalados por el legislador2, lo que, aplicado a la técnica de casación, exige en la formulación del cargo la demostración de una verdadera correspondencia entre los motivos alegados por el censor y la causal de nulidad

invocada, no siendo suficiente que aquél estructure su ataque bajo el amparo nominal de determinado motivo de invalidación, sino que los hechos en los que funda su reclamo 1 Cfr. CSJ SC 24 oct. 2006, rad. 2002-00058-01; SC, 5 jul. 2007, rad. 1989-09134-01, SC820-2020, SC299-2021, SC845-2022, entre otras. 2 La Sala ha aceptado que el principio de especificidad o taxatividad se encuentra contenido tanto en las causales de anulación legalmente establecidas en el Código General del Proceso como en la causal de nulidad supralegal consagrada en el artículo 29 constitucional, referida a la nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida con violación al debido proceso. 13 Radicación n.° 20001-31-03-003-2015-00292-01 deben encajar realmente con la causal alegada, para de esa manera tipificarla3.

2. La nulidad derivada de la actuación judicial que revive un proceso legalmente concluido.

Uno de los motivos de nulidad específicamente consagrados en las normas de procedimiento civil es el que surge por haber revivido el juzgador un proceso ya finalizado, causal que encuentra fundamento en el numeral 2 del artículo 133 del estatuto procesal y que busca proteger la institución de la cosa juzgada, vital para la garantía de estabilidad de las decisiones judiciales y la seguridad jurídica. Esta causal de anulabilidad está expresamente consagrada como insaneable (art. 136, parágrafo, ibídem), debido al alto grado de lesión que supondría el desconocimiento de las decisiones en firme tomadas

previamente en el mismo proceso, el cual, en virtud de su terminación, ha resuelto definitivamente la controversia suscitada entre las partes. Esta irregularidad se presenta en aquellos casos en los que, a pesar de que el proceso ya ha terminado, el 3 Sobre el particular, la Corte ha decantado que: «la simple enunciación de la razón propuesta no es suficiente para tener por cumplido el presupuesto de especificidad, toda vez que debe ir acompañada de una exposición razonada de los hechos en que se fundamenta –la nulidad-, de tal manera que encajen dentro del mismo, sin que exista la posibilidad de que se invoquen por esta vía simples disconformidades con las decisiones que se tomen al interior del debate, bajo una apariencia que no le corresponde» (CSJ AC 2 oct. 2012, reiterado en AC461-2019, 15 feb.). 14 Radicación n.° 20001-31-03-003-2015-00292-01 funcionario prosigue la actuación, modificando o desconociendo las situaciones jurídicas previamente definidas, motivo por el cual es indispensable que el vicio se presente al interior del mismo proceso en el que se alega. En tal virtud, no se configura la causal cuando la sentencia judicial pueda afectar otras decisiones tomadas en procesos diferentes, pues en esos casos los mecanismos de protección de las garantías procesales se encuentran al interior mismo del nuevo trámite. Este es el entendimiento que de forma constante ha dado la Corte a este motivo de anulabilidad: «Según se infiere de la naturaleza y estructura de los motivos de nulidad a que se refiere el precepto anterior, sólo cabe considerar

los vicios procesales que dimanen del mismo proceso o actuación procesal en curso; o, lo que es igual, no incluye, para que se configure alguno de ellos, los trámites o las providencias judiciales surtidos y dictadas en otros procesos preexistentes a aquél en que se alegan, por significativa que pueda ser la relación o conexidad entre unos y otros. Esa restricción sucede del modo comentado, ya que, por fuera de que la norma en cuestión no da cabida a la posibilidad de traer situaciones extrañas al proceso mismo, existen otros caminos o vías procesales que permiten hacer valer en un juicio lo decidido en oportunidad anterior por la jurisdicción; por ejemplo, la excepción de cosa juzgada. (…) De otro lado, se observa patente que si el vicio procesal radica en que el juez "revive un proceso legalmente concluido", ello únicamente tendrá lugar cuando el fallador prosigue o adelanta el proceso anulable a pesar de haber terminado el mismo por sentencia o providencia en firme. 15 Radicación n.° 20001-31-03-003-2015-00292-01 El entendimiento de lo acabado de decir, se hace más claro aún si se tiene en cuenta que la reforma introducida por el citado decreto 2282 de 1989, eliminó la expresión de que el juez "revive procesos legalmente concluidos", en plural, y la sustituyó por la fórmula singular de revivir "un proceso legalmente concluido", con lo cual se despeja cualquier incertidumbre sobre el particular y dejase radicado el motivo de nulidad respecto de que se reviva el mismo proceso en donde se alega la nulidad y no otro». (CSJ, SC de 2

dic. 1999, exp. 5292). Posteriormente, la Sala reiteró esta postura, considerando que cualquiera que sea la irregularidad que pueda dar lugar a considerar que se está reviviendo un proceso legalmente concluido, aquella ha debido presentarse, necesariamente, al interior del proceso en el que se alega dicho vicio y se persigue su invalidación: «Vale decir, que el precepto en cita [decreto 2282 de 1989] dejó sin cabida la posibilidad de traer situaciones extrañas al proceso mismo, pues para ello existen otros caminos o vías procesales que permiten hacer valer en un juicio lo decidido en oportunidad anterior por la jurisdicción, por vía de ejemplo, la excepción de cosa juzgada, caso en el cual, tratándose del recurso de casación, su acusación deberá ser trazada por la causal primera denunciando la infracción de la ley sustancial. Ya se dijo sobre este tema de la controversia, que, en el evento en que la cosa juzgada se forma en proceso distinto de aquel donde se quiere hacer valer, se faculta a quienes han sido partes en el proceso anterior para proponer la excepción respectiva, pues “el desconocimiento de la institución referida, implica violación de la norma de derecho sustancial que la consagra (art. 332, C. de P. C.) denunciable en casación, al tenor del numeral 1 del artículo 368 ibídem”, y que sólo “cuando la cosa juzgada se estructura en el mismo proceso y no obstante el juez revive el proceso, se genera un error in procedendo, un “desacato del juez a una norma regulativa

u ordenativa de su actividad (art. 140, num. 3 ib) denunciable al tenor del numeral 5 del artículo 368 ejusdem” (CCXVI, pág. 596, reiterada el 14 de febrero de 2001, exp. 6446)». (CSJ, SC de 31 may. 2006, exp. 1997-10152, reiterada en SC6958-2014, 4 jun. Resaltado propio). 16 Radicación n.° 20001-31-03-003-2015-00292-01 Así las cosas, la causal de anulabilidad consistente en haber revivido el juez un proceso legalmente concluido, únicamente se configura cuando la afrenta al debido proceso en la modalidad de desconocimiento de la cosa juzgada tiene lugar al interior del mismo trámite, a causa de actuaciones efectuadas con posterioridad a su finalización y con las cuales se desconocen las situaciones jurídicas previamente definidas por el fallador.

3. Análisis del Cargo.

El embate de los casacionistas se dirige a demostrar que con las decisiones tomadas por el ad quem, relacionadas con el reintegro de tres inmuebles sociales al patrimonio del causante y la consecuente cancelación de la inscripción de la partición en sus folios de matrícula, se ha revivido el proceso de sucesión del señor Nefer Pana Arregocés, legalmente concluido a través de sentencia aprobatoria de la partición del 10 de julio de 2013. Para sustentar el cargo, alegan que la actora tenía la carga procesal de acudir a la sucesión y de iniciar la presente acción durante la vigencia de dicha causa liquidatoria, para

que la partición hubiera podido ser suspendida a la espera de las resultas del proceso declarativo de sociedad de hecho. Al no haber procedido así, el proceso sucesoral siguió su curso y finalizó con sentencia, a pesar de lo cual ahora es “revivido” por el fallo impugnado, que, en su decir, deja sin efectos la partición. 17 Radicación n.° 20001-31-03-003-2015-00292-01 Es así como los censores denuncian una usurpación de competencia del Tribunal y pretenden que a través del recurso extraordinario se anule todo lo actuado en el proceso civil desde el mismo auto admisorio de la demanda, y en su lugar, se disponga el rechazo del libelo introductor por perseguir el desconocimiento de la sentencia aprobatoria de la partición, que hizo tránsito a cosa juzgada. En estos términos, es evidente que la nulidad alegada no se relaciona con actuaciones surtidas en este trámite declarativo, toda vez que el que se considera “revivido” es el liquidatorio a través del cual se finiquitó la sucesión del causante, de donde emerge diáfano que lo denunciado no se refiere a un vicio existente al interior de este proceso, sino a las posibles incidencias del fallo impugnado en un asunto judicial diferente, supuesto que no tiene la virtualidad de estructurar la causal de nulidad invocada. Recuérdese que para que se genere el vicio que da lugar a este motivo de anulabilidad, «es indispensable que se trate de una actuación endógena a la actuación procesal, lo que significa que debe tener origen en el mismo asunto, a pesar de que guarde estrecha

relación con otro trámite judicial ya finalizado»4. Por otra parte, debe relievarse que los opugnantes extienden su reproche al incumplimiento de la supuesta carga que tenía la actora de comparecer al proceso de sucesión -cuando no tenía la calidad de heredera ni de cónyuge-; o de iniciar el trámite declarativo durante la 4 CSJ, SC6958-2014, 4 jun. 18 Radicación n.° 20001-31-03-003-2015-00292-01 vigencia de dicho proceso liquidatorio, argumentación que no tiene ninguna relación con la causal de invalidez alegada y que además, se funda en una exigencia no contemplada en las normas que regulan la materia, pues el artículo 1388 del Código Civil establece que las controversias sobre propiedad de bienes que no deban entrar en la masa sucesoral serán decididas por la justicia ordinaria, «y no se retardará la partición por ellas», de modo que la suspensión de la partición en esos casos es potestativa, no obligatoria5. Ahora bien, apartándose de las finalidades del recurso extraordinario de casación, los impugnantes pretenden que se decrete la nulidad de todo lo actuado en el proceso desde el auto admisorio de la demanda, por perseguir aquella el desconocimiento de la sentencia que puso fin al proceso de sucesión de Nefer Pana Arregocés. Sobre el particular debe relievarse que si bien pudo haberse dado una irregularidad en la acumulación de pretensiones de la demanda6, esta situación no fue advertida ni combatida por los recurrentes en las distintas oportunidades procesales, pues no elevaron ningún reproche

contra el auto admisorio ni propusieron las posibles 5 Así se establece también en el artículo 516 del Código General del Proceso, alegado por los censores en la estructuración del cargo. De otra parte, debe recordarse que las disposiciones civiles contemplan posibles casos de ineficacia de la partición en los que lo decidido en un nuevo proceso, por ejemplo, de nulidad o recisión de la partición (art.