CSJ - SC3957-2022

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC3957-2022 Radicación n.º 11001-31-03-011-2011-00090-01 (Aprobado en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós) Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022). Se decide el recurso extraordinario de casación que interpuso la convocante frente a la sentencia de 15 de febrero de 2022, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso verbal que promovió Leslie Mercedes Stipek Álvarez contra Andrés de Jesús Duque Peláez.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones.

La señora Stipek Álvarez pidió declarar a su contraparte «civilmente responsable, por el régimen de responsabilidad extracontractual (...), por el hecho de estar ocupando unilateralmente y sin consentimiento de la otra comunera [varios] bienes [ubicados en el Conjunto Residencial Rosales Reservado de la ciudad de Bogotá], de Radicación n.º 11001-31-03-011-2011-00090-01 manera que ha imposibilitado la debida administración de estos, para haber sido arrendados comercialmente a terceros (sic)». En consecuencia, reclamó que se ordenara al señor Duque Peláez abonarle «el 50% de todos los frutos que han producido o que hubieren podido producir los bienes relacionados en el hecho primero de esta demanda, que son de propiedad en común y proindiviso de las partes de este proceso, los cuales se determinan por el valor del

canon de arrendamiento mensual que puede cobrarse, a razón de $20.000.000 mensuales (...), entre el día 8 de diciembre de 2009, y hasta la fecha en que desaparezca la comunidad sobre los bienes», junto con «los intereses moratorios a la tasa fluctuante que certifique la Superintendencia Financiera». En subsidio de lo anterior, elevó los mismos reclamos declarativos y de condena, pero esta vez encauzados por la senda de la responsabilidad contractual.

2. Fundamento fáctico. 2.1. Mientras estuvieron casados, los litigantes adquirieron en común y proindiviso un apartamento y cinco parqueaderos ubicados en el referido Conjunto Residencial Rosales Reservado, ubicado en la capital de la República. 2.2. Tras divorciarse y liquidar su sociedad conyugal, el bien se adjudicó en proporciones iguales a ambos exesposos. No obstante, «la tenencia, uso y goce de los bienes, los ejerce de hecho, única y exclusivamente, el señor Andrés de Jesús Duque Peláez, desde el día 8 de diciembre de 2009, y hasta la fecha de presentación de la demanda».

2 Radicación n.º 11001-31-03-011-2011-00090-01 2.3. El 12 de mayo de 2010, ambas partes acordaron concederse sucesivos derechos de opción para la adquisición de la totalidad de los predios comunes. El demandado sería único beneficiario de ese derecho, hasta el 1 de agosto de aquella anualidad; de no ejercerlo, la optante pasaría a ser la

señora Stipek Álvarez. 2.4. Llegada la fecha anunciada, el hoy demandado no hizo uso de su derecho de opción, ni compareció a otorgar la escritura pública de venta que materializaría la transferencia de su cuota a la actora, a pesar de que esta insistió en su voluntad de adquirirla. 2.5. Amén de no «allanarse» al perfeccionamiento de la compraventa de la cuota de los inmuebles sobre la que versaba el derecho de opción, el demandado «no ha permitido venderlos o arrendarlos para sacarles el provecho económico que corresponde, lo que representa un detrimento patrimonial». 2.6. Los inmuebles en común y proindiviso «son susceptibles de ser arrendados por un valor en promedio mensual equivalente a $20.000.000, siendo que durante todo el tiempo en que el demandado los ha usufructuado, no ha reconocido a la demandante suma alguna por ese concepto (...), actitud abusiva (...) que está causando perjuicios a la demandante».

3. Actuación procesal. 3.1. La demanda fue admitida por auto de 16 de junio de 2011. Enterado de ese proveído, el convocado se opuso al

3 Radicación n.º 11001-31-03-011-2011-00090-01 petitum, y formuló las excepciones «improcedencia de pedir frutos por el régimen de la responsabilidad civil extracontractual»; «improcedencia de pedir frutos por relación civil contractual»; «falta de legitimación en la causa por activa»; «uso legítimo del bien por parte del

señor Andrés de Jesús Duque Peláez»; «compensación»; «enriquecimiento sin causa»; «abuso del derecho»; «ausencia de los elementos de la responsabilidad civil aquiliana»; «el demandado no tiene que pagar los frutos de la cosa común, pues detenta la cosa de buena fe»; «los frutos que se producen son los pactados», y «la demandante no identifica el título por el cual se forma una relación contractual». 3.2. Mediante sentencia de 4 de noviembre de 2021, el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá resolvió que «la parte demandada (...) le debe pagar por concepto de frutos a la demandante (...) la suma total que se liquide, teniendo en cuenta como cuota mensual por valor de $4.000.000, que deben ser pagaderos desde el 5 de junio de 2010, hasta que se cumplan las condiciones de la cláusula No. 6.4–2 del acta conciliatoria No. 0239 de 2010, suscrita por las partes el pasado 12 de mayo de 2010». 3.3. Ambos extremos de la controversia interpusieron el recurso de apelación. SENTENCIA IMPUGNADA El tribunal revocó lo decidido por el funcionario a quo y, en su lugar, negó los reclamos principales y subsidiarios de la demanda. En sustento de su decisión, expuso: 4 Radicación n.º 11001-31-03-011-2011-00090-01 (i) Debe precisarse que «en este proceso, no se discute (...) ningún tema vinculado a alimentos, ese es un tema que ni es de la competencia del Tribunal, ni mucho menos puede ser objeto de decisión

en este proceso (...). Tampoco se está discutiendo responsabilidad contractual, por el cumplimiento o el eventual incumplimiento en el ejercicio del negocio jurídico de opción, específicamente la opción que se le había concedido al demandado, como tampoco se discute el cumplimiento eventual de las obligaciones que habrían surgido en virtud de la opción concedida a la demandante, porque eso no es lo que aquí no se plantea, no se está pidiendo perjuicios por haberse incumplido eventualmente la opción de compra, se ha hecho alusión a esos temas, así lo hace la demanda, pero vinculados a la petición de responsabilidad extracontractual». (ii) Por consiguiente, «es claro para el Tribunal que el juez se equivocó al imponer [la] condena con referencia al acuerdo que han celebrado las partes, porque ambos contendientes tienen claro que esa suma, de $4.000.000, es una cifra que corresponde a alimentos, pero de modo alguno corresponde a frutos, creo que para fortuna del caso, ambas partes aquí, incluso en sede de apelación al presentar su sustentación y en la réplica, insistieron una y otra vez, en que ese no era una suma vinculada a frutos, es más, leído el acuerdo correspondiente, es evidente que hubo un error de interpretación del juez, porque eso se trata de una suma vinculada a los alimentos de las hijas de las partes». (iii) No puede pasarse por alto que «los comuneros tienen derecho a usar el bien, porque son titulares de un derecho real; para que un comunero use el bien, no necesita del consentimiento del otro comunero, en ese sentido no es posible en principio que un comunero le reproche al otro que utiliza, que usa, que disfruta del bien, o que abusa

en principio por usar, porque está ejerciendo su derecho real. El comunero, insistimos, como propietario, tiene derecho a usar, por 5 Radicación n.º 11001-31-03-011-2011-00090-01 supuesto, no puede abusar, que es cosa distinta, pero el punto de partida para resolver el caso es que el comunero tiene derecho a usar el bien». (iv) Adicionalmente, «en virtud de la comunidad, según lo dispuesto en el artículo 2328 del Código Civil, los frutos de la cosa común, deben dividirse entre los comuneros a prorrata de sus cuotas, la pregunta que nos hacemos al interpretar esta disposición es ¿a qué frutos hace referencia a la norma?, pues bien, en este punto, es bueno recordar que, según la legislación civil, (...) se distinguen tres tipos de frutos: los frutos pendientes; los frutos percibidos, y los frutos consumidos, específicamente hablando de frutos civiles, se distingue entre frutos pendientes, dice la norma, mientras se deben, y percibidos, desde que se cobra ¿y por qué es importante hacer esta distinción? porque la Sala entiende que el artículo 2328 del Código Civil se refiere a los frutos percibidos y a los frutos pendientes». (v) Por tanto, se colige que «un comunero, en principio, no puede pedirle al otro comunero que ocupa el bien en uso legítimo de su derecho de dominio, los frutos que habría podido percibir el bien, lo que un comunero le puede pedir al otro comunero, es que le pague la cuota correspondiente como dice el artículo 2328 de los frutos percibidos o de los frutos pendientes de percibir, pero en este caso, en el proceso no

aparece demostrado, que los bienes a qué se refiere este pleito, hubieren generado frutos, se dirá que no generaron frutos, porque el bien lo ha estado ocupando uno de los comuneros; pero insistimos, por el solo hecho de que uno de los comuneros ocupe el bien, solo se puede deducir ejercicio de su derecho real, pero de manera alguna es posible afirmar que para que uno de los comuneros pueda usar el bien se necesita consentimiento del otro comunero y que deba pagarle unos frutos específicos a menos que así lo hayan acordado, que así tampoco sucedió. Luego desde la perspectiva de la comunidad, no era posible abrirle paso a ninguna de las pretensiones, porque se insiste, no aparece la prueba de frutos pendientes, ni de frutos percibidos». 6 Radicación n.º 11001-31-03-011-2011-00090-01 (vi) En este caso, «lo que corresponde hacer es adelantar el proceso de venta de la cosa común, porque ninguno de los comuneros está obligado a permanecer en la indivisión, y la Sala quiere resaltar que, incluso en esos casos, en el proceso divisorio no está autorizado, ni la ley procesal así lo permite, que el comunero que pidió la división, so pretexto de aquel que lo ocupa, pueda pedirle frutos que habría podido percibir bien (sic); y precisamente no lo autoriza, porque en el marco de la legislación que regula esta materia no está posibilitada sino la repartición de frutos pendientes o de frutos percibidos». (vii) A lo dicho cabe agregar que «la señora Leslie Mercedes Stipek Álvarez, en su declaración de parte, manifestó lo siguiente: “en el

correo del 20 de mayo de 2013 yo le confirmé a Andrés que no estoy interesado (sic) en arrendar el inmueble a nadie”, y eso aparece evidenciado también en la prueba documental vinculada a la declinación del negocio jurídico ofrecido por la Embajada de los Estados Unidos, en el que existía un planteamiento de arrendar el inmueble por 9 años, 11 meses. Y el tema es importante, porque (...) el Tribunal si tiene que aceptar que la propia demandante, aceptó (sic) en su declaración de parte que (...) “no estoy interesada en arrendar el inmueble a nadie”, luego, si la señora Stipek no se avino arrendar el predio, si la señora Stipek no estuvo dispuesta a que el predio generará frutos, si fue por una conducta de ella que el bien no generó frutos, no es posible asignarle o atribuirle culpa como conducta reprochable al demandante (sic)». DEMANDA DE CASACIÓN Al sustentar su impugnación extraordinaria, la actora esgrimió cuatro censuras, dos de ellas fincadas en la causal segunda, y las restantes en las causales primera y tercera del artículo 336 del Código General del Proceso. 7 Radicación n.º 11001-31-03-011-2011-00090-01 La Corte comenzará por resolver lo atinente a la última de dichas censuras, pues se refiere a un aspecto formal de la controversia. Los demás cuestionamientos se analizarán posteriormente, y de forma conjunta, dado que comparten un núcleo argumentativo común. CARGO CUARTO Con apoyo en la tercera causal de casación, la señora

Stipek Álvarez sostuvo que la decisión del tribunal no está en consonancia «con (...) los hechos de la demanda y de sus pretensiones, tanto la principal como la subsidiaria, configurándose así un fallo incongruente». Para sustentar su crítica, adujo que «a pesar de que el conflicto entre las partes se sustenta en el régimen de la responsabilidad civil, como inicialmente lo advirtió el Tribunal (...) la sentencia impugnada encauza la controversia dentro del régimen del cuasicontrato de comunidad y particularmente, el artículo 2328 del Código Civil, sin que fuera esta norma la llamada a regular el asunto y en esta medida desatiende los hechos y las pretensiones de la demanda». A ello agregó que, «en la sentencia reprochada, [el tribunal] decide interpretar indebidamente las pretensiones, desatendiendo la narrativa de los hechos, para considerar que la demandante estaba solicitando el pago de frutos pendientes o percibidos por la cosa común, cuando por el contrario lo solicitado fue el reconocimiento de la responsabilidad con la consecuente indemnización de perjuicios, a saber, el lucro cesante representado en el beneficio económico que hubiere podido percibir la demandante atendiendo a su derecho del 50% sobre los inmuebles, originado en un hecho dañoso consistente en la 8 Radicación n.º 11001-31-03-011-2011-00090-01 exclusión ilegítima del goce de los inmuebles perpetrada por el demandado en detrimento de la demandante. Por consiguiente, la sentencia impugnada amparada en el artículo 2328 del Código Civil, que no sirve de fundamento a los hechos y pretensiones de la demanda por

no referirse a discusiones relativas a la administración de la cosa común, resulta incongruente».

CONSIDERACIONES

1. La regla de la consonancia.

El artículo 281 del Código General del Proceso establece que «La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta (…)». La norma trasuntada tiene por objeto resguardar los derechos de defensa y contradicción de los litigantes, a través de la imposición de límites al fallador en ejercicio de su función de juzgamiento, evitando que aquellos sean sorprendidos con decisiones inesperadas, que corresponden a hechos, pretensiones o excepciones personales que no fueron alegados –ni replicados– oportunamente. El rigor limitativo de la función jurisdiccional exige que esta sea cumplida sin exceso, pero sin defecto, como lo ha 9 Radicación n.º 11001-31-03-011-2011-00090-01 pregonado la doctrina1, de manera que cuando la actividad del juzgador no se ciñe a ese preciso ámbito, su decisión estará viciada de incongruencia, en alguna de estas modalidades: ultra, extra y mínima petita. Sobre la mencionada desviación del procedimiento, y sus distintas expresiones, la Sala ha adoctrinado: «A la luz del principio dispositivo que rige primordialmente el

procedimiento civil, debe el juez, al dictar el fallo con el cual dirime la controversia, respetar los límites o contornos que las partes le definen a través de lo que reclaman (pretensiones o excepciones) y de los fundamentos fácticos en que se basan ante todo los pedimentos, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso, o de pretensiones que, no aducidas, asimismo deben declararse oficiosamente por el juez. A eso se contrae la congruencia de la sentencia, según lo establece el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, dirigido no sólo a disciplinar que esa respuesta de la jurisdicción corresponda con lo que las partes le ponen de presente, sino, subsecuentemente, a impedir que el juez desconozca el compromiso de fallar dentro del marco de referencia que le trazan las partes, y cuyo incumplimiento es de antaño inscrito en una de estas tres posibilidades: en primer lugar, cuando en la sentencia se otorga más de lo pedido, sin que el juzgador estuviese facultado oficiosamente para concederlo (ultra petita); en segundo lugar, cuando en la sentencia olvida el fallador decidir, así sea implícitamente, alguna de las pretensiones o de las excepciones formuladas (mínima petita); y en tercer lugar, cuando en el fallo decide sobre puntos que no han sido objeto del litigio, o, de un tiempo a esta parte, en Colombia, con apoyo en hechos diferentes a los invocados (extra petita)» (CSJ SC1806-2015, 24 feb.). 1 El principio de congruencia «tiene extraordinaria importancia, (…) pues se liga íntimamente con el

derecho constitucional a la defensa, ya que este exige que el ajusticiado en cualquier clase de proceso conozca las pretensiones o las imputaciones que contra él o frente a él se han formulado, por lo que la violación de la congruencia implica la de aquél derecho; la actividad probatoria, las excepciones o simples defensas, y las alegaciones se orientan lógicamente por las pretensiones, imputaciones, excepciones y defensas formuladas en el proceso» (DEVIS, Hernando. Teoría General del Proceso. Ed. Temis, Bogotá. 2017, p. 50). 10 Radicación n.º 11001-31-03-011-2011-00090-01

2. Resolución del cargo.

Por vía general, el vicio que pretende remediar la causal tercera de casación no puede presentarse en una sentencia totalmente desestimatoria de las pretensiones, porque esa resolución se extiende cabalmente sobre todo lo pedido; ni más, ni menos. Sin embargo, de esta regla se exceptúan las providencias que se basan en razones por completo ajenas al marco fáctico del debate planteado por las partes. Sobre el particular, enseña el precedente: «La incongruencia como regla general, no puede edificarse frente a sentencias absolutorias, las cuales, como es obvio, traducen la negación del derecho pretendido, sin que interesen a esta causal los motivos que haya tenido el juzgador para arribar a esa decisión. “Siempre que el sentenciador resuelva sobre la totalidad del litigio -ha precisado la Sala-, no existe ninguna transgresión al principio de la congruencia entre lo pedido y lo resuelto, como quiera que, en tal caso, se cumple a plenitud con la función

jurisdiccional en ese proceso, sin que para ello tenga trascendencia si al decidir se acogen o se deniegan las pretensiones de la demanda, pues, en el evento de que el fallo sea adverso al actor, éste no resulta incongruente, ya que ‘distinto de no decidir un extremo de la litis es resolverlo en forma adversa al peticionario. En el primer caso el fallo sería incongruente y, en consecuencia, podría ser atacado en casación con base en la causal segunda; en el otro no, puesto que el fallo adverso implica un pronunciamiento del sentenciador sobre la pretensión de la parte, que sólo podría ser impugnado a través de la causal primera si con él se violó directa o indirectamente la ley sustancial. De lo contrario se llegaría a la conclusión de que el fallo sólo sería congruente cuando fuera favorable a las pretensiones del demandante, lo que a todas luces es inaceptable’ (LII, 21; CXXXVIII, 396 y 397)” (CCXLIX, Vol. I, 748)». (CSJ SC, 19 ene. 2005, rad. 7854). 11 Radicación n.º 11001-31-03-011-2011-00090-01 Dicho esto, se advierte que la sentencia del tribunal negó todas las pretensiones de la convocante, es decir, tanto las que se propusieron por la senda de la responsabilidad aquiliana, como las que, de forma un tanto ambigua, se anunciaron como remedio contractual. Esa determinación, además, se adoptó tras señalar varias razones, entre las que destacan (i) la irreprochabilidad jurídica de la conducta del demandado, quien ejerce una facultad que la ley civil otorga

a los condóminos; y (ii) la ausencia de un convenio en virtud del cual se hubieran reconocido frutos a favor de la demandante –y que pudiera decirse incumplido–. Es evidente que, para arribar a esas conclusiones, el tribunal dio preponderancia al régimen de la comunidad, y especialmente a las respuestas que ofrece el ordenamiento jurídico de cara al problema del uso no compartido de la copropiedad (sobre el que profundizará la Corte más adelante); pero tal sistemática no pretendía eludir los alegatos de la demanda, sino resaltar la improcedencia de imponer al condueño que se sirve en exclusiva de una copropiedad, la carga mecánica de compensar o reparar por ese hecho a los demás titulares de cuotas de dominio. Expresado de otro modo, el protagonismo de las reglas de la comunidad de bienes no puede considerarse gratuito, menos aun inconsonante, porque el litigio versa sobre inmuebles con pluralidad de dueños, y también porque, con base en esas reglas generales, fue posible para el ad quem 12 Radicación n.º 11001-31-03-011-2011-00090-01 establecer la juridicidad de la conducta del señor Duque Peláez, y descartar de paso su potencial dañoso. Así las cosas, aunque sobre los puntos previamente anotados se consignaron razones breves –que dan por sentadas varias cuestiones jurídicas y fácticas relevantes para la estructura del argumento–, es innegable que la decisión recurrida es totalmente coherente con las pretensiones –pues las desestimó, sin ambages–, y lo es

también con los hechos que plantearon y acreditaron las partes en las oportunidades procesales pertinentes. Por consiguiente, el cargo no prospera. CARGO PRIMERO Invocando la causal primera de casación, se denunció la «violación directa de los artículos que regulan el cuasicontrato de comunidad, a saber: del 2322 al 2340 del Código Civil, por aplicación indebida; los relativos a la responsabilidad civil, a saber: del 1602 al 1617 y del 2341 al 2360 del Código Civil, por falta de aplicación, y el artículo 669 del Código Civil también por falta de aplicación». En desarrollo de esa censura, expuso: (i) Sin reparar en que «el conflicto entre las partes se sustenta en el régimen de la responsabilidad civil, como inicialmente lo advirtió el Tribunal (...), la sentencia impugnada, desatendiendo el orden jurídico colombiano y en flagrante violación directa de las normas señaladas en este cargo, encausa (sic) la controversia dentro del régimen 13 Radicación n.º 11001-31-03-011-2011-00090-01 del cuasicontrato de comunidad y particularmente, el artículo 2328 del Código Civil, sin que fuera esta norma la llamada a regular el asunto». (ii) Por ese sendero, «el Tribunal en la sentencia acusada incurre en un claro error jurídico al momento de determinar el alcance [del artículo 2328 del Código Civil] en el cuasicontrato de comunidad, pues esta no reviste de aptitud jurídica para dirimir una controversia de responsabilidad civil entre comuneros. Consecuencialmente, al aplicar indebidamente las referidas normas del cuasicontrato de comunidad,

deja de aplicar las de responsabilidad civil que son las llamadas a gobernar el caso». (iii) No puede pasarse por alto que «lo que se solicit[ó] es el reconocimiento de la indemnización de perjuicios, a saber, el lucro cesante representado en el beneficio económico que hubiere podido percibir la demandante atendiendo a su derecho del 50% sobre los inmuebles, originado en un hecho dañoso consistente en la exclusión ilegítima del goce de los inmuebles perpetrada por el demandado». (iv) El tribunal «omite realizar un análisis a la luz de lo que es propio del régimen de responsabilidad civil. Es decir, prescinde de la revisión de sus elementos constitutivos, a saber: (a) el hecho dañoso, consistente en la exclusión ilegítima del goce de los Inmuebles perpetrada por el Demandado en detrimento de la Demandante y, subsidiariamente, el desconocimiento del acuerdo entre las partes sobre la enajenación de los Inmuebles, aunado al desconocimiento del derecho de propiedad que también le asistía a la Demandante sobre la cosa común; (b) el daño indemnizable, a saber, el lucro cesante representado en el beneficio económico que hubiere podido percibir la Demandante atendiendo a su derecho del 50% sobre los Inmuebles y; (c) el nexo causal entre (a) y (b)». 14 Radicación n.º 11001-31-03-011-2011-00090-01 (v) Aun cuando los copropietarios «no están obligados a permanecer en indivisión a la luz del atributo de la disposición propio del derecho de dominio, los atributos de uso y goce pueden ser ejercidos por

cada comunero aun en indivisión. Por esta razón, la exclusión ilegítima del goce de la cosa común perpetrada por un comunero en contra de otro constituye un hecho dañoso que activa las normas de responsabilidad civil y da lugar a la indemnización de los perjuicios sufridos (...). Sin embargo, la sentencia impugnada deja de aplicar al caso controvertido las disposiciones sustanciales a que debía someterse y desconoce que la existencia de una comunidad de ninguna forma impide la aplicación del régimen de responsabilidad civil entre los comuneros». CARGO SEGUNDO Anunciando la infracción de las mismas normas sustanciales, pero ahora de manera indirecta, sostuvo la recurrente que el tribunal incurrió en graves errores de hecho, que pueden compendiarse así: (i) De la declaración de la actora no puede extraerse que «“no estuvo dispuesta a que el predio generara frutos”. Por el contrario, del medio de prueba se desprende con claridad la intención de la demandante de ejercer la opción de compra cuando tuvo oportunidad, de vender o arrendar al mismo demandado o a un tercero. De manera adicional, queda en evidencia la exclusión ilegítima del goce de los inmuebles perpetrada por el demandado en detrimento de la demandante, prohibiéndole el ingreso al conjunto residencial, cambiando las guardas del apartamento y manifestándole a las corredoras su decisión de retirar los inmuebles del mercado, señalando que no quería venderlos». 15 Radicación n.º 11001-31-03-011-2011-00090-01 (ii) Asimismo, «en la sentencia acusada el Tribunal incurre en un error de hecho al omitir de forma absoluta la valoración de las dos

sentencias proferidas dentro del proceso dirigido a la designación de un administrador de los inmuebles, mediante las cuales se resolvió acceder al nombramiento del administrador». (iii) La antedicha probanza da cuenta de que «(a) que entre las partes no existía acuerdo en relación con la administración de los Inmuebles; (b) que la demandante ha tenido el ánimo de obtener beneficio económico de los inmuebles por su derecho del 50%; (c) que ha sido el demandado quien ha impedido a la demandante el goce de los inmuebles que se tienen en común y proindiviso desde el año 2010, al tiempo que ha venido ocupando abusivamente los inmuebles como si ostentase la calidad de único propietario y sin reconocer contraprestación alguna por el derecho del 50% que le asiste a la demandante y; (d) que el demandado desconoció la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá [en el proceso de designación de administrador de la comunidad], circunstancia que da cuenta de la exclusión ilegítima del goce de los inmuebles a la demandada y de la conducta de mala fe y culposa del demandado». (iv) Igualmente se obvió «la valoración de las dos sentencias proferidas dentro del proceso dirigido a procurar el arrendamiento en licitación pública de los inmuebles, mediante las cuales se ordenó acceder al referido arrendamiento, a solicitud de la demandante», documento que refrendaba las variables fácticas a las que se hizo referencia en el apartado previo. (v) También se pretermitieron el acta de conciliación celebrada entre las partes, en la que estos pactaron una opción de compra sucesiva y, en últimas, la enajenación del

inmueble; la constancia notarial de comparecencia de la 16 Radicación n.º 11001-31-03-011-2011-00090-01 demandante a ejercer esa opción, y los mensajes que aquella remitió al convocado, reiterando su deseo de adquirir el 50% restante de las propiedades comunes. (vi) Y, como si fuera poco, se dejaron de valorar las dos experticias recaudadas durante la primera instancia, pese a que «prueban la cuantía del daño, concretamente, el lucro cesante representado en el beneficio económico que hubiere podido percibir la demandante». CARGO TERCERO La actora insistió en el quebrantamiento de las normas sustanciales citadas supra, pero esta vez como secuela de un yerro de derecho, consistente en no haber aplicado la metodología de valoración de la prueba que señala el artículo 176 del Código General del Proceso. Así, tras reiterar la hermenéutica de la evidencia que se expuso en el cargo precedente, concluyó la actora que «si el Tribunal hubiera valorado la prueba en su conjunto, esto es, la prueba documental, los interrogatorios de parte y los dictámenes periciales, hubiera llegado a una conclusión diferente a la que llegó en la sentencia, esto es, hubiera evidenciado cada uno de los elementos propios de la responsabilidad civil, declarando responsable al demandado y procediendo con el reconocimiento de la indemnización».

CONSIDERACIONES

1. El uso no compartido de la propiedad común.

17 Radicación n.º 11001-31-03-011-2011-00090-01

1.1. Distribución ideal de los atributos del dominio entre condóminos. El concepto de copropiedad implica una muy particular equivalencia de las relaciones jurídicas entre comuneros, que el artículo 2323 del Código Civil consideró asimilable al régimen de las sociedades mercantiles, pero que puede caracterizarse con más precisión diciendo que los condueños comparten las facultades o ventajas abstractas que otorga el derecho real de dominio2, aun cuando estas se representen en sus patrimonios de maneras más concretas, que generalmente –no necesariamente– guardan simetría con el valor porcentual de cada cuota de propiedad3. Esa definición, sin embargo, solo es útil para conceptualizar las facultades de disposición y explotación de los condueños, no la de uso. Nótese que la disposición, o la posibilidad de transferir o limitar un derecho real mediante acto jurídico de su titular, pertenece como prerrogativa a 2 Tanto la jurisprudencia, como la doctrina, suelen referirse a esas ventajas como atributos del derecho de dominio (atributo de uso –ius utendi–, atributo de explotación –ius fruendi– y atributo de dispo