CSJ - Sentencia 00277(06-09-2022)

n República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Especial de Primera Instancia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS

Magistrado Ponente Radicación No. 00277

CARLOS ALBERTO VARGAS BAUTISTA

Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil veintidós (2022). ASUNTO La Sala resuelve las oposiciones presentadas por el apoderado del acusado CARLOS ALBERTO VARGAS BAUTISTA, respecto de algunos de los documentos que pretende incorporar la Fiscalía. FUNDAMENTO DE LAS OPOSICIONES 1.- En el curso del interrogatorio directo del testigo IVÁN MANUEL BUSTOS VALERO, la Fiscalía solicitó la incorporación, entre otros, del documento identificado con el Página 1 de 7 7

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CARLOS ALBERTO VARGAS BAUTISTA LEY 906 DE 2004 numero 5.1.3.1.3.13.- obtenido en desarrollo de una inspección realizada por el investigador. El defensor del doctor CARLOS ALBERTO VARGAS BAUTISTA se opone a la incorporación del citado documento, argumentando que tanto en el descubrimiento como en la solicitud elevada por la Fiscalía, ésta mencionó que el mismo sería introducido a través de la testigo Kelly Andrea Eslava Montes, conforme fue decretado por la Sala en auto de 24 de junio de 2021. 2.- La representación de víctimas respaldó la incorporación documental realizada por la Fiscalía. ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA Con respecto a la objeción que la defensa presenta, en

torno a la incorporación del documento identificado con el número 5.1.3.1.3.13.- la Fiscalía manifiesta que la oposición es de contenido meramente formal y no sustancial, pues si bien es cierto se anunció que el documento sería incorporado a través de la señora Kelly Andrea Eslava Montes, ello no significa que no pueda ser introducido por el funcionario investigador quien da fe sobre manera como lo obtuvo. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1.- La Sala, luego de ponderar la posición de partes e intervinientes, ha decidido autorizar la incorporación del Página 2 de 7

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CARLOS ALBERTO VARGAS BAUTISTA LEY 906 DE 2004 documento identificado con el número 5.1.3.1.3.13.- tanto reconocido como recogidos por el testigo durante la investigación, y como el mismo cumplió con el debido proceso probatorio, es decir, fue descubierto, enunciado, pedido y decretados en la audiencia preparatoria, no se admite la oposición, por lo tanto, se ordena su admisión e incorporación como pruebas de la Fiscalía con el número que fue decretado por la Sala en el auto de pruebas, y determinado por el ente acusador en desarrollo del testimonio. Del mismo modo se ordena tener como prueba en este juicio el testimonio del declarante. En este sentido es de precisar que la Sala comparte íntegramente las apreciaciones de la Fiscalía en torno a que más que denunciar la vulneración al debido proceso probatorio, objeto para el cual está establecida la oposición a la incorporación probatoria, la crítica se orienta a cuestionar la forma de incorporación de un documento cuya naturaleza no

es discutida, y no con la conducencia, pertinencia y utilidad, presupuestos éstos de admisibilidad que a estas alturas de la actuación se hallan superados al haber cobrado firmeza la decisión adoptada en la audiencia preparatoria. Al efecto no puede desconocerse que el sistema acusatorio describe dicho trámite en los cánones 344, 356, 357, 372, 374 y siguientes de la Ley 906 de 2004, requiriendo como presupuestos de legalidad el cumplimiento de las siguientes fases: el descubrimiento, la enunciación, sustentación y decreto y contradicción, por lo tanto, no se puede incorporar en eljuicio Página 3 de 7

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CARLOS ALBERTO VARGAS BAUTISTA LEY 906 DE 2004 como medio de prueba aquel que no ha cumplido con alguna de esas condiciones, en este caso, con su decreto por el juez1. Conforme es puesto de presente por la Fiscalía, en este evento no se discute por la defensa técnica del acusado VARGAS BAUTISTA que el elemento material probatorio cuya incorporación cuestiona, hubiese sido oportunamente descubierto, enunciado y decretado por la Sala en la audiencia preparatoria, como tampoco afirma que se trate de un medio de convicción implícito, impreciso o indefinido. Adicionalmente, la Sala pone de manifiesto que si la pretensión de la defensa es cuestionar que la persona que declara la autenticidad del documento no es la que fuera autorizada para ello, y con esto poner en tela de juicio la acreditación del medio probatorio, a este respecto es de precisar

que aún de llegar a admitirse una tal eventualidad, la solución en manera alguna sería denegar la incorporación de la evidencia o elemento material probatorio, sino permitir su incorporación al juicio sin que las partes pierdan la oportunidad de presentar sus argumentos en torno al mérito o eficacia persuasiva, conforme en tal sentido ha sido el criterio de lajurisprudencias “La cadena de custodia, la acreditación, autenticación de una evidencia, objeto, elemento materialprobatorio, documento, etc., no condicionan -como si se tratase de un requisito de legalidadla admisión de la prueba que con base en ellos se practicará en el juicio oral; ni interfiere necesariamente con su admisibilidad, decreto o práctica como pruebas autónomas. Tampoco se trata de un problema depertinencia. De ahí que, en principio, no resulta apropiado discutir, ni siquiera en sede 1 Cfr. CSJ SP791-2019, rad. 47140. 2 Cfr. CSJ SCP23 Abr. 2008. Rad. 29416. Página 4 de 7

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CARLOS ALBERTO VARGAS BAUTISTA LEY 906 DE 2004 casacional, que un medio deprueba es ilegal y reclamar la regla de exclusión sobre la base de cuestionar su cadena de custodia, acreditación o autenticidad. Por el contrario, si llegare a admitirse una prueba respecto de la cual, posteriormente, en el debate oral se demuestran defectos en la cadena de custodia, indebida acreditación o se pone en tela de juicio su autenticidad, la verificación de estos aspectos no torna la prueba en ilegal ni la solución consiste en

retirarla del acopio probatorio. En cambio los comprobados defectos de la cadena de custodia, acreditación o autenticidad de la evidencia o elemento probatorio, podrían conspirar contra la eficacia, credibilidad o asignación de su mérito probatorio, aspectos éstos a los que tendrá que enfilar la crítica la parte contra la cual se aduce. La última es la solución adoptada por el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), al sentar en el artículo 273 los criterios de valoración: La valoración de los elementos materiales probatorios y evidencia física se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica, técnica o artística de los principios en que sefunda el informe. Lo anterior no obsta para que, si la parte interesada demuestra que se rompió la cadena de custodia o que no se acreditó la procedencia o que una evidencia, objeto o medio probatorio es definitivamente inauténtico, en el momento oportuno pueda oponerse a su admisión o decreto como prueba. En tal hipótesis, el Juez decidirá lo que en derecho corresponda, pues se trata de un proceso dialéctico que avanza hacia la construcción de la verdad con audiencia de los adversarios. Si bajo estos supuestos el Juez no decreta la prueba, su rechazo no serápor motivos de ilegalidad, sinoporque carecería depoder de convicción, porpersistir serias dudas sobre la manera como se produjo la recolección de la evidencia o la forma en que se produjo el elemento probatorio o la autenticidad del mismo en Página 5 de 7

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CARLOS ALBERTO VARGAS BAUTISTA LEY 906 DE 2004 cuanto de ella dependa la posibilidad de aceptar como cierto su contenido. Con todo, se insiste, si se demuestran defectos en la cadena de custodia, acreditación a autenticidad y, pese a ello la prueba se practica, dicha prueba no deviene ilegal y no será viable su exclusión, sino que debe ser cuestionada en su mérito ofuerza de convicciónpor laparte contra la cual se aduce... Pero si de abundar en razones se trata, de otra parte, la Fiscalía es autónoma para presentar la documentación, razón por la cual las críticas sobre el testigo de acreditación escogido para su incorporación, en este caso no tienen relevancia, máxime si por hacer parte de un expediente judicial, adquiere la condición de documento público que bien podía háber ingresado de manera directa, conforme en tal sentido ha sido admitido por la Sala3. 2.- Decantado lo anterior, y atendiendo a que el documento que pretende incorporar la Fiscalía cumplió el debido proceso probatorio para ser decretados su incorporación (descubrimiento, enunciación y solicitud probatoria con demostración de su pertinencia) y las reglas establecidas por la leyy lajurisprudencia, la Salaordena la incorporación del mencionado como documentos en la práctica probatoria. Como esa decisión es una orden a tenor de lo normado por el artículo 161 de la Ley 906 de 2004, ya que se limita a cumplir el auto de pruebas, en su contra no proceden recursos4. 3 Cfr. CSJ SEP AEP0029-2020, 01, Abr. 2020, Rad, 00123.

4 Cfr. CSJ AP1097-2020, rad. AP1097-2020; AP2655-2019, rad. 52588; CSJ AP13242019, rad. 54383; CSJ AP946-2019, rad. 51533; SP2865-2018, rad. 52855; CSJ AP4410-2017, rad. 49771; CSJ SP134-2016, rad. 46806, entre otras. Página 6 de 7

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En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: PRIMERO. No aceptar las oposiciones propuestas por el defensor en relación con el documento que la Fiscalía solicita incorporar al juicio oral, identificado con el número 5.1.3.1.3.13 y, en consecuencia, incorporar la evidencia señalada.

SEGUNDO: Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Cúmplase. w

BLA BARRETO ARDILA

Magistrada

ARIEL A

.gistrado RODRIGO ERNESTp-ORTEGA SÁNCHEZ Secretario Página 7 de 7r ' v _ _ _ _ _ _