CSJ - Sentencia 00388(22-01-2024)

Proceso 00388

ARIEL PALACIOS CALDERÓN Ley 906 de 2004

Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veinticuatro (2024). Resuelve la Sala la solicitud de reconocimiento de la condición procesal de presunta víctima invocada por el apoderado de la Contraloría General de la República, Hugo Huertas Romero, en el diligenciamiento que se sigue en contra del otrora Gobernador ARIEL PALACIOS CALDERÓN acusado por la Fiscalía como probable autor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos en concurso con tentativa de peculado, por las probables infracciones de raigambre jurídico penal en la tramitación del contrato de prestación de servicios número 0198 con Delly Karen Mosquera García, representante legal de la Fundación “Chocó Saludable”, cuyo objeto consistió en prestar servicios a través de una jornada de salud para el desarrollo de las acciones del Plan de Inversiones Colectivas, suscrito en el marco del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas. SOLICITUD El profesional del derecho Hugo Huertas Romero, apoderado de la Contraloría General de la República, invocó su Página 1 de 9 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 22-01-2024 Código de verificación: DBE7EAC8A685B68AD556DC290D1B1272479CE8A8722E3E47D3FA252B83B8260B

Proceso 00388 ARIEL PALACIOS CALDERÓN Ley 906 de 2004 reconocimiento procesal como víctima, apoyándose en las previsiones constitucionales y lo descrito en la Ley 610 de 2002, así como el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, referida a la representación del Estado cuando se trata de conductas punibles contra la administración pública. Lo anterior, ante el posible detrimento patrimonial que hubiere devenido de la celebración del contrato suscrito por el procesado en calidad de Gobernador del Chocó. TRASLADO A LAS PARTES E INTERVINIENTES La representante de la Fiscalía General de la Nación manifestó acuerdo con la solicitud de quien pretende su reconocimiento como víctima. La defensa del procesado se opuso al pedimento, indicando que, del referente fáctico propuesto en el escrito de acusación surge nítido que no existió un detrimento patrimonial susceptible de reclamo, en tanto se evitó la afectación con la intervención que tuvo la Procuraduría General de la Nación en el trámite del contrato 0189, razón por la que, la intervención de la Contraloría General de la República resulta inane, ante la inexistencia de daño. Agregó que no se acreditaron los requisitos para acceder al pedimento, comoquiera que, no se presentó un daño concreto Página 2 de 9 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 22-01-2024 Código de verificación: DBE7EAC8A685B68AD556DC290D1B1272479CE8A8722E3E47D3FA252B83B8260B

Proceso 00388 ARIEL PALACIOS CALDERÓN Ley 906 de 2004 y porque la Contraloría se abstuvo de presentar prueba siquiera sumaria, que acreditara la condición en la que actúa. CONSIDERACIONES DE LA SALA Sea lo primero indicar que ante esta Sala se constató que, el profesional del derecho Hugo Huertas Romero actúa conforme al poder conferido por la doctora Soraya Vargas Pulido, Contralora Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, en atención a la Resolución de nombramiento 626 de 2016, acta de posesión y la Resolución Reglamentaria No 657 de 2004, allegadas a la presente actuación, razón por la que se reconocerá personería para actuar en procura de los intereses de la citada entidad. De otra parte, el artículo 340 de la Ley 906 de 2004 indica que la audiencia de formulación de acusación es la oportunidad procesal en la que se determina la calidad de víctima, misma que refiere el artículo 132 de la norma adjetiva, respecto de aquellas “ personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente ”. Con fundamento hayan sufrido algún daño como consecuencia del injusto constitucional1, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en indicar que las víctimas pueden provocar su participación en cualquier momento de la actuación. Se seguirán los criterios hermenéuticos sentados por la Sala de Casación Penal en AP400-2023 de 15 feb 2023, rad.

60471, en la que, tras hacer el recuento legal y jurisprudencial 1 C-209 de 2007 Página 3 de 9 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 22-01-2024 Código de verificación: DBE7EAC8A685B68AD556DC290D1B1272479CE8A8722E3E47D3FA252B83B8260B Proceso 00388 ARIEL PALACIOS CALDERÓN Ley 906 de 2004 relacionado con los deberes de comparecer al proceso penal predicables tanto a la entidad pública directamente afectada, así como al órgano de control fiscal (nacional o territorial), enfatizó en que si bien la Ley 906 de 2004 no incluyó el deber de las entidades públicas afectadas con delitos contra la administración pública de constituirse en parte civil, ni tampoco especificó cómo debían interactuar la entidad afectada y la Contraloría dentro del sistema procesal acusatorio, mantenían vigencia los artículos 36 de la Ley 190 de 1995 y 137 de la Ley 600 de 2000 relativos a que en los procesos penales que versen sobre delitos contra el bien jurídico de la administración pública, será obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica de derecho público perjudicada y si el representante legal de esta última es el mismo sindicado, la Contraloría General de la República o las Contralorías Territoriales, según el caso, deben asumir la constitución de parte civil, pudiendo en todo caso el organismo de control si lo estiman necesario intervenir en orden

a la transparencia de la pretensión. Así se tiene que la Contraloría puede intervenir como parte civil (o ser reconocida como víctima) en casos de procesos penales por delitos contra la administración pública cuando: i) directamente es víctima; ii) cuando el representante legal de la entidad de derecho público víctima sea el mismo procesado; y iii) cuando lo estimen necesario en orden a la transparencia de la pretensión. En las dos primeras hipótesis la constitución de parte civil es imperativa; en la tercera discrecional, con el único propósito de velar por la “transparencia de la pretensión”. Página 4 de 9 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 22-01-2024 Código de verificación: DBE7EAC8A685B68AD556DC290D1B1272479CE8A8722E3E47D3FA252B83B8260B Proceso 00388

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Es cierto que para sustentar la condición que aquí se pretende, por regla general se reclama la verificación directa de un daño con el comportamiento delictivo atribuido. Sin embargo, comoquiera que los delitos por los que se presenta acusación son los de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos en concurso con tentativa de peculado, relacionados con la tramitación del contrato de prestación de servicios número 0198 con Delly Karen Mosquera García, representante legal de la Fundación “Chocó Saludable”, cuyo objeto consistió en prestar servicios a

través de una jornada de salud para el desarrollo de las acciones del Plan de Inversiones Colectivas, suscrito en el marco del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, génesis de la presente actuación, cometido presuntamente cuando ARIEL PALACIOS CALDERÓN se desempeñó como Gobernador, se avizora que ello pudo lesionar el bien jurídico de la Administración Pública. Al margen de la ausencia de evidencia sobre un daño concreto, susceptible de tasación pecuniaria, lo que dio lugar a que se atribuyera el delito de peculado en la modalidad de tentativa, no es estrictamente la producción de una lesión económicamente tasable aquello que deriva en la posibilidad de que la Contraloría General de la República participe en los procesos penales donde se ventilan actos de afectación a la administración pública, pues ciertamente puede perseguirse un interés distinto al económico. Página 5 de 9 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 22-01-2024 Código de verificación: DBE7EAC8A685B68AD556DC290D1B1272479CE8A8722E3E47D3FA252B83B8260B Proceso 00388

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Adicionalmente, el propósito institucional que aquella puede elevar para acceder a la verdad y la justicia es legítimo y por su condición jurídica, viable su reclamo. No hay que olvidar que la responsabilidad fiscal es

autónoma y por lo mismo independiente de la responsabilidad penal y aun de la disciplinaria, por ello, que se afirme que no medió desde el punto de vista fiscal detrimento patrimonial, ello no lleva indefectiblemente a que no haya daño derivado del comportamiento penal y será el desarrollo del juicio el que permita clarificarlo. Además, la razón de ser de la Contraloría es la vigilancia de la gestión fiscal. Ese seguimiento de los recursos públicos tiene un carácter teleológico, de ahí que, por mandato constitucional, en el artículo 268, las facultades de Contralor de la República no se limitan a establecer las responsabilidades que se deriven de la gestión fiscal, sino que debe armonizar el Sistema Nacional de Control Fiscal para la unificación y estandarización de la vigilancia y control de la gestión fiscal. El Decreto Ley 403 de 2020, «Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal» define en su artículo 2.° el control fiscal como la función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se Página 6 de 9 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 22-01-2024 Código de verificación: DBE7EAC8A685B68AD556DC290D1B1272479CE8A8722E3E47D3FA252B83B8260B Proceso 00388

Proceso 00388 ARIEL PALACIOS CALDERÓN Ley 906 de 2004 ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del Estado, por tanto, es claro que el control fiscal no se limita al acto de sanción de la conducta corrupta, sino que va más allá en cuanto la formulación de políticas, pues está en el ámbito de la prevención, insumos que precisamente se pueden extraer de su participación como presunta víctima en el proceso penal. Así pues, razón le asiste a quien actúa en representación de la Contraloría General de la República al reclamar su intervención, particularmente en procura de la satisfacción de los intereses del Estado, al margen de la producción o no de un resultado pasible de tasación pecuniaria. La acreditación del perjuicio real, concreto y específico, cualquiera sea su naturaleza puede lograrse “(…) con la simple argumentación que concatene la situación del peticionario frente a los sucesos base de la imputación fáctica y jurídica contenida en la acusación, acompañada de la prueba sumaria de la legitimidad para intervenir”2, elementos que corresponde al juzgador examinar, a fin de establecer la aptitud para deducir razonablemente la probable existencia de un daño en cabeza de quien reclama el reconocimiento de la calidad de víctima, pues como todo acto procesal está llamado al agotamiento de un procedimiento reglado cuyos lineamientos se desprenden del artículo 132 referido.

2 CSJ AP-400-2023 15 feb 2023 rad. 60471. En el mismo sentido AP 2 oct 2013 42243. Página 7 de 9 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 22-01-2024 Código de verificación: DBE7EAC8A685B68AD556DC290D1B1272479CE8A8722E3E47D3FA252B83B8260B Proceso 00388

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Por ello, no obstante la ausencia de evidencia proveniente de quien representa los intereses de la Contraloría General de la República sobre un daño cierto, es por virtud de la hipótesis delictiva contenida en la acusación que se reconocerá la condición procesal de víctima reclamada. Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella proceden los recursos ordinarios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 176 de la Ley 906 de 2004. En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE Primero: Reconocer a la Contraloría General de la República la condición procesal de víctima y al abogado Hugo Huertas Romero, como su apoderado judicial.

Segundo: Señalar que contra esta decisión proceden los recursos de ley, según lo dispuesto en el artículo 176 del Código

de Procedimiento Penal. Notifíquese y cúmplase ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS Magistrado Página 8 de 9

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BLANCA NÉLIDA BARRETO ARDILA

Magistrada JORGE EMILIO CALDAS VERA Magistrado Salvamento de voto RODRIGO ERNESTO ORTEGA SÁNCHEZ Secretario Página 9 de 9 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 22-01-2024 Código de verificación: DBE7EAC8A685B68AD556DC290D1B1272479CE8A8722E3E47D3FA252B83B8260B

SALVAMENTO DE VOTO

Radicación N° 00388 Respetando la postura de la Sala mayoritaria, me aparto de la decisión que reconoce a la Contraloría General de la República como presunta víctima dentro del proceso seguido contra el exgobernador del Departamento del Chocó, ARIEL PALACIOS CALDERÓN acusado por la Fiscalía como probable autor de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos en concurso con tentativa de peculado. Comparto, como ha sido tradición de esta Corporación, el llamado que se hace al artículo 137 de la Ley 600 de

2000 -aplicable por integración a los asuntos tramitados bajo la Ley 906 de 2004-, el cual regula la participación de los entes de control fiscal en los procesos penales, así: i) directamente cuando son víctimas; ii) cuando la entidad de derecho público sea víctima y el imputado su representante legal, y iii) cuando lo estimen necesario en orden a la «transparencia de la pretensión. En las dos primeras hipótesis la constitución de parte civil es imperativa y en la tercera es facultativa.1 1 CSJ AEP035-2020, entre otras. Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera Fecha: 22-01-2024 Código de verificación: 7AA25B638711E8F1E43FB42A282C5022610C0A209C33C54762EDA5016A249B76 Primera Instancia Rad. N° 00388

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En el presente caso, la Contraloría General de la República no funge como víctima directa, pues, según el escrito de acusación, los hechos afectaron exclusivamente al Departamento del Chocó y, de cara a la segunda posibilidad, el imputado no es el representante legal de la entidad de derecho público involucrada. Frente a la tercera posibilidad, considero, como también lo han hecho recientemente mis compañeros de Sala, que la función de las contralorías en el proceso penal gira en torno al resguardo del erario, por lo que su intervención debe estar relacionada con el interés patrimonial del Estado para asegurar la transparencia de la pretensión resarcitoria o reparadora.2

A pesar de ello, la postura mayoritaria decidió aceptar la participación de la Contraloría, sin que del escrito de acusación se pueda avizorar algún tipo de afectación al peculio público o su representante haya señalado cuál es la pretensión que propone vigilar en este proceso penal. Debo resaltar que la apoderada del ente de control fiscal de la Contraloría se limitó a invocar el artículo 267 Superior y el 65 de la Ley 610 de 2000, último que consagra lo siguiente: «Artículo 65. Constitución en parte civil. Los contralores, por sí mismos o por intermedio de sus apoderados, podrán constituirse en parte civil dentro de los procesos penales que se adelanten por delitos que atenten contra intereses patrimoniales del Estado, tales como enriquecimiento ilícito de servidores públicos, peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, contrato celebrado sin requisitos legales, delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado, siempre y cuando la entidad directamente 2 Providencia interlocutoria del 24 de octubre de 2023, rad. 00927. Página 2 de 15 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera Fecha: 22-01-2024 Código de verificación: 7AA25B638711E8F1E43FB42A282C5022610C0A209C33C54762EDA5016A249B76 Primera Instancia Rad. N° 00388 ARIEL PALACIOS CALDERÓN Ley 906 de 2004 afectada no cumpliere con esta obligación, según lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 190 de 1995». (Subrayas agregadas)

Precisamente, contrario a la postura mayoritaria, el legislador hizo girar la participación de la contraloría en los procesos penales sobre un eje central, el detrimento del peculio público y, a modo de ejemplo, hizo alusión a algunos punible que por lo general tienen estrecha relación con actos que lo afectan. Aunque aparece referenciado el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso con tentativa de peculado, debo indicar que ello no implica per se un detrimento patrimonial, por lo que su sola investigación no habilita la participación de la Contraloría, siendo pertinente que se especifique el interés que dicho ente persigue, con el propósito de justificar su intervención en el proceso penal. Contrario a ello, si interpretámos que la contraloría tiene asegurada su participación solo porque se investigan delitos contra la administración pública, también tendríamos que admitir que su intervención en juicios por punibles como violencia contra servidor público o intervención en política, los cuales, aunque contemplados en el título XV de la Ley 599 de 2000, muy difícilmente podrían tener relación con algún tipo de afectación al patrimonio de la Nación. Estos escenarios infructuosos para la participación del ente de control fiscal son los que pretende evitar el artículo 64J Página 3 de 15 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera Fecha: 22-01-2024 Código de verificación: 7AA25B638711E8F1E43FB42A282C5022610C0A209C33C54762EDA5016A249B76 Primera Instancia Rad. N° 00388

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Ley 906 de 2004 del Decreto Ley 267 de 20003, adicionado recientemente por el Decreto Ley 2037 de 20194, el cual consagra las funciones que, específicamente, ejercerá la Contraloría General de la República en materia de intervención judicial: «Artículo 64J. Unidad de Intervención Judicial. Son funciones de la Unidad de Intervención Judicial:

1. Vigilar que las entidades afectadas por delitos contra la administración pública y que atentan contra intereses patrimoniales del Estado, intervengan como víctima o parte civil en los procesos penales respectivos, y compulsar copias a la autoridad disciplinaria que corresponda cuando incumplan dicha obligación.

2. Intervenir como víctima o parte civil en procesos penales adelantados por delitos que atenten contra los intereses patrimoniales del Estado, bajo los lineamientos del Contralor General de la República y del Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, cuando no intervenga la entidad afectada. (…)» Allí se puede evidenciar que, en el marco del proceso penal, la participación de la contraloría tiene lugar exclusivamente en asuntos que comprometan el erario, puesto que en el primer numeral expresa que su vigilancia es obligatoria sobre asuntos que cumplan esas dos condiciones concurrentes [delitos contra la administración pública y que atentan contra intereses patrimoniales del Estado] y el segundo numeral especifica que su intervención tiene lugar en investigaciones o juicios «por delitos que atenten contra los intereses 3 “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría

General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”. 4 “Por el cual se desarrolla la estructura de la Contraloría General de la República, se crea la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata y otras dependencias requeridas para el funcionamiento de la Entidad”. Página 4 de 15 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera Fecha: 22-01-2024 Código de verificación: 7AA25B638711E8F1E43FB42A282C5022610C0A209C33C54762EDA5016A249B76 Primera Instancia Rad. N° 00388 ARIEL PALACIOS CALDERÓN Ley 906 de 2004 patrimoniales del Estado», es decir, su participación gira en torno a la existencia de un detrimento del peculio nacional. No puede pretenderse que la participación de la contraloría desobedezca los parámetros normativos, pues se trata de sumar un interviniente adicional a la actuación penal, por lo que debe estar clara la pretensión que se está persiguiendo; máxime, cuando ya se cuenta en los procesos penales con la participación de la Procuraduría, quien es garante del orden jurídico. Aunque con anterioridad esta Sala ha reconocido como presunta víctima a las Contralorías a pesar de que en los hechos investigados no se advierte afectación al patrimonio público; un análisis profundo de este tipo de situaciones nos conduce ahora a recoger dicha postura. Al respecto, vale recordar que esta misma Sala con ponencia del doctor Ariel Augusto Torres Rojas en providencia

AEP00054-2019 Rad 51341 calendada el 24 de abril de 2019, al referirse a la razón de ser de la participación de la Contraloría en el proceso penal sostuvo lo siguiente: «Quedó así claro que, como se infiere de su justificación constitucional, la principal razón de ser de la intervención de la contraloría dentro del proceso penal es procurar la restitución del patrimonio público afectado, esto es, la reparación económica originada en el daño causado por la comisión de delitos», postura que el suscrito prohijó y que ahora reitero en este salvamento parcial de voto. De ahí que sea relevante aclarar que esta variación aplica para la tercera de las hipótesis que aquí propuse, es decir, para Página 5 de 15 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera Fecha: 22-01-2024 Código de verificación: 7AA25B638711E8F1E43FB42A282C5022610C0A209C33C54762EDA5016A249B76 Primera Instancia Rad. N° 00388 ARIEL PALACIOS CALDERÓN Ley 906 de 2004 los eventos en que la participación del ente de control fiscal en orden a la “transparencia de la pretensión” es facultativa. Aunque en repetidas ocasiones apoyé a la Sala mayoritaria en que dicha expresión [la transparencia de la pretensión] habilitaba la intervención de la Contraloría, en dichos autos nunca se precisó qué tipo de “pretensión” o cuál es su contenido. Es así que, realizando una interpretación histórica, sistemática y teleológica, esa aserción sí tiene un

contenido concreto, relacionado estrictamente con la afectación de intereses patrimoniales del Estado. Estas son las razones que soportan este cambio decisional: a) Aunque el surgimiento de las instituciones encargadas de la vigilancia y el control fiscal puede rastrearse desde antes del surgimiento de nuestra República5, la Corte Constitucional indicó que «no fue sino hasta 1923 que el aparato estatal integró una institución autónoma [el Departamento de la Contraloría] para ejercer la fiscalización del manejo de los recursos públicos nacionales».6 5 «Diferentes estudios hacen referencia al primer vestigio de control en España hacia 1319, cuando Felipe V creó la Cámara de Cuentas, dotada de poderes administrativos y jurisdiccionales para el control de los negocios de la Corona. Además de ejercer el control jurídico y financiero, podía decretar la pena de muerte para las personas que defraudaran al Estado, facultad que se constituye en el antecedente más remoto del control fiscal tendiente a evitar, sancionar, reprimir o perseguir actuaciones irregulares que afecten el patrimonio público». OJEDA PEÑARANDA, D.L. Responsabilidad FiscalAspectos Sustanciales y Procesales de la Ley 610 de 2000. Bogotá: Librería Editorial del Profesional Ltda. (2008) 6 «Mediante la Ley 42 de 1923 el Congreso ordenó la creación del Departamento de la Contraloría como departamento administrativo independiente, justificando su inclusión en una de las recomendaciones de la propia misión, según la cual, una institución de dichas características permitiría establecer los medios de imponer la estricta observancia de las Leyes y Reglamentos Administrativos en lo relacionado con el manejo

de propiedades y fondos públicos, ejerciendo gran influencia para asegurar la recaudación de las rentas». C-716 de 2002. Página 6 de 15 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera Fecha: 22-01-2024 Código de verificación: 7AA25B638711E8F1E43FB42A282C5022610C0A209C33C54762EDA5016A249B76 Primera Instancia Rad. N° 00388

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En esa misma providencia y de cara a la incorporación de dicha entidad a la Constitución de 1991 bajo la denominación de Contraloría General de la Republica (arts. 117, 119 y de 267 al 273), señaló que ésta ejerce «el control de los resultados de la administración y la vigilancia de la gestión fiscal, [lo que] se traduce en la verificación del manejo correcto del patrimonio estatal. El término latino fiscus, del cual proviene el actual vocablo fiscal, quiere significar erario o tesoro público, e indica que la vigilancia de la gestión fiscal involucra las actividades en las que se encuentran presentes los recursos de la Nación. De manera similar, el hecho de que el control fiscal en Colombia se confiera a una entidad que cuida de la res-publica, es decir, de la cosa pública, denota que el fin primordial del mismo es el de la conservación y buen manejo de los bienes que pertenecen a todos». Posteriormente, ese mismo Tribunal puntualizó que sus funciones abarcan «la vigilancia de la gestión fiscal tiene como propósito la protección del patrimonio público, la transparencia y moralidad en todas las operaciones relacionadas con el

manejo y utilización de los bienes y recursos públicos, y la eficiencia y eficacia de la administración en el cumplimiento de los fines del Estado».7 b) Si bien de este recuento podríamos extraer que las funciones de la Contraloría son amplias, pues no solo comprende los asuntos relacionados con la afectación o pérdida de recursos público, sino que incluyen la protección 7 C-967/12. Página 7 de 15 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera Fecha: 22-01-2024 Código de verificación: 7AA25B638711E8F1E43FB42A282C5022610C0A209C33C54762EDA5016A249B76 Primera Instancia Rad. N° 00388 ARIEL PALACIOS CALDERÓN Ley 906 de 2004 del interés público mediante la inspección y vigilancia administrativa8, es de advertir que este último cometido NO está llamado a cumplirse a través de su participación en los procesos penales. Muestra de ello son las normas arriba analizadas, pues, tanto el artículo 65 de la Ley 610 de 2000 como el 64J del Decreto Ley 267 de 2000, adicionado por el Decreto Ley 2037 de 2019, consagran expresamente que la intervención de la Contraloría en los procesos penales debe ceñirse a investigaciones por delitos que atenten contra intereses patrimoniales del Estado. Se trata de una interpretación sistemática de dichas normas, las que regulan las condiciones de participación de la Contraloría en un ámbito muy específico: el proceso penal. 8 Decreto Ley 403 de 2020, art. 2. Definiciones. Para los efectos de la vigilancia y el

control fiscal se tendrán en cuenta las siguientes definiciones. (…) Vigilancia fiscal. Es la función pública de vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa. Consiste en observar el desarrollo o ejecución de los procesos o toma de decisiones de los sujetos de control, sin intervenir en aquellos o tener injerencia en estas, así como con posterioridad al ejercicio de la gestión fiscal, con el fin de obtener información útil para realizar el control fiscal.

Control fiscal: Es la función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada y el adelantamiento del proceso de