CSJ - Sentencia 00858(25-10-2023)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Especial de Primera Instancia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

JORGE EMILIO CALDAS VERA

ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS

Magistrados Ponentes Radicación N° 00858

LUIS EDUARDO SERRANO TAFUR

Bogotá D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

1. ASUNTO Resuelve la Sala las solicitudes de reconocimiento como víctimas presentadas por la gobernación del Departamento del Huila y la Contraloría Departamental de la misma circunscripción, dentro del proceso adelantado contra LUIS EDUARDO SERRANO TAFUR, exgobernador encargado de ese ente territorial, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo. 3ocumento firmado electrónicamente rmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez :echa: 25-10-2023 odigo de verificación: FD37075416B2D5D73906FE87944D1C5D53C59B4991AD986D848613579EAD80E54

Primera Instancia Rad. N° 00858

LUIS EDUARDO SERRANO TAFUR Ley 906 de 2004

2. SOLICITUDES 2.1. El apoderado de la gobernación del Huila solicitó se reconociera a ese ente territorial la calidad de presunta víctima dentro del presente asunto.

A efecto de soportar su petición refiere que, de acuerdo con el escrito de acusación, los hechos objeto de juzgamiento

afectaron la gestión del Departamento del Huila, por lo que es necesaria su participación «en busca de verdad, justicia y reparación», frente a los presuntos responsables de las conductas delictivas investigadas. 2.2. Por su parte, la representante de la Contraloría Departamental del Huila peticionó que se reconociera como víctima a dicha entidad. Para sustentar su pretensión invoca los artículos 267 de la Constitución Política y 65 de la Ley 610 de 2000, para señalar que el ente de control fiscal tiene interés en la reparación del patrimonio público, pretensión que es principal y puede concurrir con las del ente territorial perjudicado.

3. INTERVENCIÓN DE PARTES E INTERVINIENTES Frente a las solicitudes atrás descritas, solo presentaron oposición el delegado de la Fiscalía y la defensa, quienes solicitaron que se negara la participación de la Contraloría Departamental, toda vez que el proceso penal se sigue exclusivamente por el delito de contrato sin cumplimiento de Página 2 de 19 3ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanche2 rocha: 25-10-2023 Código de verificación: FD37075416B2D5D73906FE87944D1C5D53C5964991AD986D8486/3579EAD80E54

Primera Instancia Rad. N° 00858 LUIS EDUARDO SERRANO TAFUR Ley 906 de 2004 requisitos legales y, en el escrito de acusación no hubo alusión a que el ente territorial haya sufrido algún tipo de detrimento

patrimonial.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA El artículo 137 de la Ley 600 de 2000, aplicable por integración a los asuntos tramitados bajo la Ley 906 de 2004', dispone que en todo proceso por delitos cometidos contra la administración pública será obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica de derecho público presuntamente perjudicada. A su vez establece que la intervención de los órganos de control fiscal surge de presentarse alguna de las siguientes hipótesis: i) directamente cuando son víctimas; ii) cuando el representante legal de la entidad de derecho público víctima sea el sindicado y iii) cuando lo estimen necesario en orden a la transparencia de la pretensión. En las dos primeras la constitución es imperativa y en la tercera es discreciona12.

En cuanto a la pretensión de la gobernación del Departamento del Huila, las razones que legitima su aspiración son claras, ya que además de la obligación consagrada en el precepto legal, su representante adujo que los hechos juzgados afectaron la gestión administrativa de dicho ente territorial, por lo que resulta viable que dentro de la presente causa persiga la 1 Así lo dispone el artículo 25 de la Ley 906 de 2004. Además, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión AP2650, 22 jun 2022, rad. 60656, reiteró que: "resulta pertinente acudir a las Leyes 190 de 1995 y 600 de 2000 -artículo 137-en los aspectos que no hayan sido regulados en la Ley 906 de 2004, comoquiera que las normas en comento se orientan a la defensa del patrimonio público y, en

general, de los bienes jurídicos afectados con los delitos contra la administración pública, independientemente del sistema de enjuiciamiento criminal aplicable." 2 CSJ AEP035-2020, entre otras. Página 3 de 19 »cumento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanche2 'echa: 25-10-2023 Código de verificación: FD37075416B2D5D73906FE87944D1C5D53C59134991AD986D848613579EAD80E54 Primera Instancia Rad. N° 00858 LUIS EDUARDO SERRANO TAFUR Ley 906 de 2004 verdad de lo ocurrido, así como los demás derechos que de vieja data tienen las victimas dentro del proceso penal (justicia, reparación y garantías de no repetición). En lo que concierne a la Contraloría Departamental, es indiscutible que en el presente caso no se configuran las dos primeras hipótesis de intervención de los órganos de control fiscal previstas en el artículo 137 de la Ley 600 de 2000; empero, sí se cumplen a cabalidad los supuestos de la tercera, esto es, la referida a la facultad discrecional3 que ostenta la Contraloría para constituirse como parte civil en procesos penales que se adelantan por delitos cometidos contra la administración pública, "en orden a la transparencia de la pretensión". Lo anterior, atendiendo a que en el presente caso (i) la Contraloría no es la directamente perjudicada pues lo es el Departamento del Huila, y (ii) el procesado LUIS EDUARDO

SERRANO TAFUR no es el actual representante del ente territorial, a quien se le acusa de haber incurrido en "el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso homogéneo sucesivo", previsto en el artículo 410 de la Ley 599 de 2000. Con este delito el legislador protege la administración pública, más específicamente la transparencia, la integridad, la idoneidad y la rectitud u honradez que debe tenerse frente a la actividad de la contratación administrativa, tanto por los 3 CSJ AEP035-2020, entre otras. Página 4 de 19 )ocumento firmado electrónicamente F.rmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanche2 'echa: 25-10-2023 Código de verificación: FD37075416B2D5D73906FE87944D1C5D53C5964991AD986D8486B579EAD80E54 Primera Instancia Rad. N° 00858 LUIS EDUARDO SERRANO TAFUR Ley 906 de 2004 servidores públicos como por los particulares que atienden la invitación del Estado a contratar con é1.4 Desde su origen, este punible está relacionado estrechamente con la conducta de «contratar sin los formulismos fiscales propios de toda contratación con el Estado»5, por esta razón se habilita a la Contraloría para que intervenga en el proceso penal como víctima y ejerzan la función constitucional (Arts. 267 y 268) de velar por la transparencia de la pretensión resarcitoria o reparadora, de la

entidad territorial perjudicada con la conducta punible atentatoria o lesiva del bien jurídico de la administración pública, cumpliendo las atribuciones que le otorga la Ley 906 de 2004 como interviniente en procura de que en el proceso, en particular en el incidente de reparación6, se determine si con el delito se causaron perjuicios al patrimonio público y en caso de ser así, se cuantifiquen y condene al responsable penal al pago de los daños ocasionados a la entidad pública directamente afectada. Esta facultad de control y vigilancia fiscal está contemplada en los artículos 267 y 268 de la Constitución Política, al disponer que la función natural de la Contraloría General de la República es ejercer control fiscal de todos aquellos sujetos, independiente de su naturaleza pública o 4 CSJ, AP 11 Mar 1997, Rad. 12590. CORREDOR BELTRÁN DIEGO, en "Celebración indebida de contratos", Lecciones de Derecho Penal, Parte Especial, Editorial Universidad Externado de Colombia, pág. 308. 5 BERNAL PINZÓN, J. "Delitos contra la administración pública", Bogotá. Editorial Temis, 1965. 6 Cfr. C-409/2009. "Cuando el Legislador, producto de la transformación del sistema penal contemplada en la reforma constitucional del año 2002, decidió excluir del proceso penal en cuanto tal, la discusión sobre la reparación civil y la transfirió al incidente último de reparación integral, una vez definida la responsabilidad penal correspondiente, obró en el marco de su poder de configuración legislativa". Página 5 de 19

)ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sancher 'echa: 25-10-2023 Código de verificación: FD37075416B2D5D73906FE87944D1C5D53C5964991AD986D8486B579EAD80E54 Primera Instancia Rad. N° 00858 LUIS EDUARDO SERRANO TAFUR Ley 906 de 2004 privada, o de sus funciones, o de su régimen ordinario o especial, que manejen fondos o bienes de la Nación. • En específico, la Corte Constitucional mediante sentencia C-038 de 1996, señaló: «...en la Constitución no se encuentra norma alguna que impida al legislador regular libremente la constitución de parte civil por delitos cometidos contra la administración pública. De otro lado, parece razonable que se amplíe la competencia de las personas jurídicas de derecho público a la defensa de los intereses patrimoniales del Estado que a cada una le corresponde cuidar y vigilar, y que son los que resultan inmediatamente afectados con las conductas ilícitas. La razón de ser de la Contraloría es la vigilancia de la gestión fiscal. Ese seguimiento de los recursos públicos tiene un carácter teleológico, de ahí que por mandato constitucional especialmente consagrados en el artículo 268, las facultades del Contralor de la República no se limitan a establecer las responsabilidades que se deriven de la gestión fiscal, sino que debe armonizar, el Sistema Nacional de Control Fiscal para la unificación y estandarización de la vigilancia y control de la

gestión fiscal. Por ello la Corte Constitucional en C-1176 de 2004 señaló: «... además de los órganos que integran las Ramas del Poder Público, existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. órganos, que si bien tienen funciones separadas, colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Como órganos autónomos e independientes, determinó el artículo 117 Superior los denominados "de control", el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, ésta última que tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración. (C.P. art.119). Esta lógica de separación, independencia y autonomía otorgada a la Página 6 de 19 >ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez 'echa: 25-10-2023 Código de verificación: FD37075416B2D5D73906FE87944D1C5D53C5964991AD986D848613579EAD80E54 Primera Instancia Rad. N° 00858

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Contraloría General de la República, anuncia por sí misma, la concepción que se consagra en la nueva Constitución del control fiscal7. De acuerdo con lo previsto en el artículo 267 de la Constitución, le corresponde a la Contraloría General de la República ejercer la función pública de control fiscal, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación.

..) En cuanto a los sujetos sobre los cuales se ejerce la vigilancia fiscal, cabe mencionar, que independiente de la naturaleza pública o privada, o de sus funciones, o de su régimen ordinario o especial, los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, quedan sujetos al control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República, por supuesto circunscrito a la gestión fiscal realizadas. Por lo que es claro, que el artículo 267 de la Constitución, al disponer que la Contraloría General de la República vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación, sin excepción alguna, consagra una cláusula general de competencia para esta entidad, a la cual se le encomendó, de manera exclusiva y excluyente, la función pública de control fiscal. Cabe recordar, que la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas; la de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que al respecto determine la ley, según así lo prevé el artículo 272 Superior. (...) [Ell artículo 267 de la Constitución, consagra que el control fiscal es una función pública que ejerce la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejan fondos o bienes de la Nación. Consagró de tal manera el constituyente, sin excepción alguna, una cláusula general de competencia para la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, que

radico en cabeza de la Contraloría General de la República, a fin de que ningún órgano de la administración o particular que maneje fondos o bienes de la Nación pudiere quedar exento de control fiscal. Así lo ha considerado esta Corporación, al decir que, "...es función pública exclusiva y excluyente de la Contraloría General de la República ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejan fondos o bienes de la Nación"9. Al respecto ha considerado también, que ningún ente, por soberano que sea, puede abrogarse el derecho de no ser fiscalizado cuando tenga que ver directa o indirectamente con los ingresos públicos o bienes de la comunidad; en consecuencia, la Constitución vigente crea los 7CC, sentencia C-167 de 1995. 8 CC, sentencia 374 de 1995 M.P. Antonio Barrera Carbonell. 9 CC, sentencia C-167 de 1995 M.P. Fabio Morón Díaz. Página 7 de 19 Mcumento firmado electrónicamente Firinado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez :echa: 25-10-2023 Código de verificación: FD37075416B2D5D73906FE87944D1C5D53C59134991AD986D848613579EAD80E54 Primera Instancia Rad. N° 00858 LUIS EDUARDO SERRANO TAFUR Ley 906 de 2004 organismos de control independientes para todos los que manejen fondos públicos y recursos ,del Estado, incluyendo a los particulares»lo. En ejercicio de esa función de vigilancia y control es que

la Contraloría General de la República (Arts. 267 y 268 de la Constitución y 64J Ley 260 de 2000), puede intervenir como víctima o parte civil en procesos penales adelantados por delitos" que atenten contra la administración pública, cualquiera que ellos sean, para que contando con una serie de prerrogativas y garantías que le otorga la ley como interviniente acceda a la administración de justicia en búsqueda de establecer la responsabilidad penal del procesado y en firme la condena, en el incidente de reparación determinar si con el delito se causo desmedro al patrimonio público, de ser así cuantificarlo y lograr que se condene a su reparación integral y al pago de perjuicios12. Esta es la razón por la cual la inexistencia de riesgo o detrimento del patrimonio público, como lo sostenía la ponencia inicial carece de relevancia para su reconocimiento como víctima, por cuanto la atribución de control fiscal de la contraloría persiste en razón a que cualquier punible contra la administración publica puede causar daño al patrimonio público, lo que debe verificarse en el proceso específicamente 10 CC, sentencia C-167 de 1995 M.P. Fabio Morón Díaz. 1' Artículo 64J del Decreto Ley 267 de 2000 12 Cfr. SP 8463-2017 de 14 jun. 2017, rad. 47446. "El procedimiento incidental que prevé la Ley 906 de 2004 a partir de su artículo 102 debe tener como propósito definir la ocurrencia del daño y su estimación pecuniaria, más no su fuente, por cuanto en la sentencia ya se declaró la comisión del delito y la responsabilidad en cabeza del

procesado, quien a su vez ostenta la condición de demandado en el incidente, puesto que la propia ley sustancia impone al penalmente responsable la obligación de indemnizar". En el mismo sentido AP 2865-2016 de 10 may. 2016, rad. 36784. "(...) el debate en el incidente de reparación integral se centra en la acreditación del daño y su cuantificación, siendo la labor del juez penal la de declarar la existencia del perjuicio y decidir sobre el monto de la indemnización cuya fuente es el delito". Página 8 de 19 3ocumento firmado electrónicamente Pirmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez 'echa: 25-10-2023 Código de verificación: FD37075416B2D5D73906FE87944D1C5D53C59134991AD9136D848613579EAD80E54 Primera Instancia Rad. N° 00858 LUIS EDUARDO SERRANO TAFUR Ley 906 de 2004 en el incidente de reparación y si no se produjo igual el control ha de realizarse por la contraloría. Esta atribución armoniza con los artículos 249 y el numeral 6° del 250 de la Constitución Política, que obligan al funcionario judicial instructor a hacer efectivas las « medidas judiciales necesarias para [brindar] asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito». Facultades que el Código de Procedimiento Penal reglamentó específicamente con el propósito de garantizar que las víctimas puedan acceder a la administración de justicia y

obtener la reparación integral, es decir, la verdad, la justicia y la reparación. En efecto, el artículo 114 de la Ley 906 de 2004 dispone: «La Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, tiene las siguientes atribuciones: (...)

6. Velar por la protección de las víctimas, testigos y peritos que la Fiscalía pretenda presentar. 8. Solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. (...) 12. Solicitar ante el juez del conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas, el restablecimiento del derecho y la reparación integral de los efectos del injusto. » Como es obvio, uno de los fines del proceso penal en la Ley 906 de 2004 es el de lograr la reparación integral de los daños causados con el injusto en el incidente de reparación; objetivo que, se reitera, legítima a la Contraloría para que en los delitos contra la administración pública en ejercicio de la vigilancia y control fiscal se constituya en parte civil o víctima Página 9 de 19 3ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez 'echa: 25-10-2023 Código de verificación: FD37075416B2D5D73906FE87944D1C5D53C5964991AD986D84866579EAD80E54

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Ley 906 de 2004 aun cuando no sea la directa perjudicada, para que vele porque se demuestre la responsabilidad del procesado y tras ejecutoriada la sentencia condenatoria se verifique si con el delito se causaron perjuicios al patrimonio público, de ser así se liquide y se condene a su reparación integral al declarado penalmente responsable. Finalidad que encuentra simetría con el artículo 2341 del Código Civil que califica al delito como fuente de obligaciones, por lo que el proceso penal se constituye en el escenario propicio para que se investigue si el delito causó perjuicios para que sean reparados integralmente13: «El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido.» Por su parte, los artículos 94 y 95 del Código Penal colombiano preceptúan que la conducta punible origina la obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquélla por los penalmente responsables en forma solidaria, y por quienes de acuerdo a la ley sustancial estén obligados a responder. En suma, como el delito entraña la obligación de reparar integralmente los daños causados con él, se erige como uno de los propósitos del proceso penal averiguar si su ejecución causó perjuicios y en , aquellos casos en que se atenta contra la administración pública, cualquiera que sea el punible, es deber de la entidad pública constituirse en víctima o parte civil para 13 Ley 84 de 1873. Página 10 de 19

)ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez 'echa: 25-10-2023 Código de verificación: FD37075416B2D5D73906FE87944D1C5D53C59134991AD986D84866579EAD80E54 Primera Instancia Rad. N° 00858 LUIS EDUARDO SERRANO TAFUR Ley 906 de 2004 que en ejercicio de sus atribuciones contribuya a determinar la responsabilidad penal del acusado, y en el incidente de reparación a que se determine si con el punible se causó un daño público para ser reparado integralmente por el condenado penalmente. Con ese mismo objetivo autoriza a la Contraloría para que también lo haga en procura de velar porque los daños causados al Estado sean reparados integralmente, sin que ello esté condicionado a que el delito encierre en su descripción la afectación del erario público, y menos que por anticipado se contenga en la acusación la existencia del riesgo o lesión del patrimonio público, como lo reclama la fiscalía y la defensa, lo puede hacer por cualquier injusto penal en aras de que en la actuación se averigüe si se causó daño al erario público y de ello comprobarse sea reparado. Lo anterior, en razón a que el sistema acusatorio en la investigación y en el juicio no se investiga si con el delito se cometieron perjuicios ya que en el fallo no se debe condenar en concreto a su pago, como si lo contemplaba la Ley 600 de 2000, ello porque es el incidente de reparación el escenario para

establecer si el punible causo perjuicio, de ser así identificarlos y cuantificarlos para condenar al pago al declarado responsable penalmente14. 14 Cfr. C-425/2006. "En el nuevo sistema, se suprimió la demanda civil, el fallo emitido en el sentido de declarar la responsabilidad penal no contiene condena alguna pecuniaria, motivo por el cual se creó el incidente de reparación integral para determinar y precisar los aspectos civiles de 1,7 responsabilidad del acusado y de los terceros. Por consiguiente, ni durante las etapas de investigación y el juicio oral se debaten realmente aspectos relacionados con la determinación de la responsabilidad civil por el ilícito (...) ". Página 11 de 19 3ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sancho» :echa: 25-10-2023 Código de verificación: FD37075416B2D5D73906FE87944D1C5D53C59134991AD986D84136B579EAD80E54 Primera Instancia Rad. N° 00858

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De otro lado, es sabido que la responsabilidad fiscal es autónoma y por lo mismo independiente de la penal, de suerte que si desde el punto de vista fiscal no hay daño, ello no implica indefectiblemente que tampoco lo haya desde la perspectiva penal. Consecuentemente, la Ley 190 de 1995, «Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de

erradicar la corrupción administrativa», en el artículo 36 dispuso, sin hacer distinción alguna: «en todo proceso por delito contra la administración pública, será obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica de derecho público perjudicada» y, a región seguido impone al funcionario comunicar la apertura de instrucción al representante legal de la entidad afectada. En ese mismo sentido, el artículo 65 de la Ley 610 de 2000 dispone: «... constitución en parte civil. Los contralores, por sí mismos o por intermedio de sus apoderados, podrán constituirse en parte civil dentro de los procesos penales que se adelanten por delitos que atenten contra intereses patrimoniales del Estado, tales como enriquecimiento ilícito de servidores públicos, peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, contrato sin requisitos legales, delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado, siempre y cuando la entidad directamente afectada no cumpliere con esta obligación, según lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 190 de 1995». Y, el artículo 137 de la Ley 600 de 2000 estipula: "con la finalidad de obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible, el perjudicado o sus sucesores, a través de abogado, podrán Página 12 de 19 3ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez 'echa: 25-10-2023 Código de verificación: FD37075416B2D5D73906FE87944D1C5D53C5964991AD986D848613579EAD80E54

Primera Instancia Rad. N° 00858 LUIS EDUARDO SERRANO TAFUR Ley 906 de 2004 constituirse en parte civil dentro de la actuación penal." Respecto de los procesos por delitos contra la administración pública estableció, en su segundo inciso: «En todo proceso por delito contra la administración pública, será obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica de derecho público perjudicada. Si el representante legal de esta última fuera el mismo sindicado, la Contraloría General de la República o las Contralorías Territoriales, según el caso, deberán asumir la constitución de parte civil; en todo caso, cuando los organismos de control fiscal lo estimen necesario en orden a la transparencia de la pretensión podrán intervenir como parte civil en forma prevalente y desplazar la constituida por las entidades mencionadas». Ahora bien, la interpretación constitucional hecha por la Sala fundada en el control fiscal de la Contraloría de estas disposiciones llevan a concluir que su intervención con base en el aludido artículo 137 de la Ley 600 de 2000 se circunscribe a tres eventos: cuando resulte directamente afectada con el delito, en caso de que el procesado sea el mismo representante legal de la entidad perjudicada directamente, y en orden a la transparencia de la pretensión, en las dos primeras la constitución de parte civil es obligatoria y en la tercera discrecionalls. Así entonces, cuando se reconoce como víctima a la Contraloría en reemplazo de la entidad territorial porque el procesado es el representante legal de ésta, actuará en esa misma condición mientras persista la concurrencia de calidad

de víctima y representante legal, y al perder el cargo definitivamente el acusado la entidad perjudicada puede 15 CSJ, AEP035-2020, entre otras Página 13 de 19 Mcumento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchea ,echa: 25-10-2023 Código de verificación: FD37075416B2D5D73906FE87944D1C51353C59134991AD986D8486B579EAD80E54 Primera Instancia Rad. N° 00858 LUIS EDUARDO SERRANO TAFUR Ley 906 de 2004 constituirse en víctima y la Contraloría continuar con esa calidad pero en orden a la transparencia de la pretensión. En plena concordancia con esta regulación y entendimiento y en total contravía con la ponencia inicial que sostenía que con base en la participación de la contraloría cuando lo hace por la transparencia de la pretensión es subsidiaria, en los eventos que la entidad pública perjudicada no lo haga, la Corte Constitucional en sentencia C-228 de 2002 al ejercer control sobre el artículo 137 en mención concluyó que, por contraste, si es posible la concurrencia de la entidad directamente perjudicada y la contraloría solo cuando esta interviene por la transparencia de la pretensión, así dijo: «El inciso 2 del artículo 137 CPP establece que, en los delitos contra la administración pública, la parte civil la constituye en principio la persona jurídica de derecho público perjudicada, a través de su representante legal.

(. • .) En efecto, el artículo 267 de la Carta establece que la finalidad constitucional de la Contraloría es la de realizar el control de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, para lo cual puede incluso promover procesos penales (artículo 268, numeral 8, CP). Sin embargo, si bien la Contraloría tiene un interés en la recuperación del patrimonio público, ese interés no es excluyente ni exclusivo, sino principal, y puede concurrir con el interés que tiene la entidad perjudicada en la recuperación del patrimonio perdido, habida cuenta de que las entidades son las responsables directas de la gestión fiscal y, por ende, también tienen interés en la reparación pecuniaria. Adicionalmente, la entidad perjudicada puede estar interesada no sólo en la recuperación del patrimonio público, sino, por ejemplo, también tener interés en esclarecer con detalle los hechos para, luego, examinar los factores internos, de diverso orden, que contribuyeron a la realización del hecho punible. Por ello, encuentra la Corte que el desplazamiento o exclusión por la Contraloría, de la entidad pública perjudicada, vulnera sus derechos a acceder a la justicia (artículo 229, CP) u le impide el goce efectivo de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica. Página 14 de 19 3ocumento firmado el