CSJ - Sentencia 00898(02-10-2023)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Especial de Primera 'estancia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

Radicación No. 00898 Bogotá D.C., dos (02) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Resuelve la Sala la solicitud de reconocimiento de la condición procesal de víctima presentada por la Contraloría General de la República, en el proceso que se sigue en contra del señor LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO, gobernador suspendido' del Departamento del Cesar, imputado por los posibles delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

1. ASPECTO FÁCTICO Según el escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación, LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO, en ejercicio del cargo de gobernador del Cesar, delegó en su Secretaria General, Lorena Hernández Dangond, la 1 Actualmente el procesado se encuentra suspendido por la vigencia de una medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención domiciliaria, impuesta el día 18 de agosto de 2021, dentro del proceso penal con radicado 1100160-00102-2018-00323.

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LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO Ley 906 de 2004 tramitación y celebración de los contratos 001, 002, 003, 004, 005, 007, 009, 010, 011, 014, 015, 018, 020, 021, 022, 024, 028, 029, 030, 033, 034, 042 y 046 de 2020, cuyo objeto era la «adquisición de kits de mercados para la atención de la población vulnerable en el marco de la urgencia manifiesta, declarada mediante Decreto Departamental No. 000088 de marzo 20 del 2020, para atender el estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica» con ocasión de la emergencia sanitaria por la pandemia causada por el virus COVID-19. Para la Fiscalía estos negocios jurídicos fueron tramitados sin el cumplimiento de las exigencias legales mínimas establecidas en el Estatuto de Contratación Pública, en particular del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, con desconocimiento de los principios de transparencia, economía y selección objetiva. Así mismo, advirtió que dichos negocios jurídicos fueron celebrados de manera irregular, siendo exigible a MONSALVO GNECCO, al haber delegado las funciones de ordenación del gasto en la Secretaría General, ejercer control sobre los actos delegados y, de ser necesario, reasumir la competencia para evitar que se materializara y actualizarán las irregularidades

presentadas. Por lo anterior, le endilgó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo. Página 2 de 9 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 02-10-2023 Código de verificación: 9F3946119BCBEBEEF724C4FCF68120BAE54579A65F59A979E1415D032087200E Radicación 00898

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO Ley 906 de 2004

Por su parte, como consecuencia de la apropiación indebida, en provecho de terceros, de dineros pertenecientes a la Gobernación del Cesar, a través de pagos que tuvieron como fundamento los contratos 0015, 0016, 0021, 0023, 0033, 0042 y 0046 de 2020, celebrados para la atención de la referida emergencia, le atribuyó el ente fiscal el delito de peculado por apropiación.

2. DE LA SOLICITUD El apoderado de la Contraloría, doctor Fabio Yesid Castellanos Herrera, conforme al poder conferido por el doctor Yesid Lozano Puentes, actuando en calidad de Contralor Delegado para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, en atención a la Resolución de nombramiento, acta de posesión y Resolución Reglamentaria No 0089 de 2 de julio de 2021, allegadas a la presente actuación, solicitó el reconocimiento de la referida entidad como víctima dentro de la presente actuación.

En este sentido, refirió el apoderado de la Contraloría que, como quiera que el procesado ostenta la condición de representante legal de la entidad territorial, conforme lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley 600 de 2000, aplicable a este proceso en virtud del principio de integración, el organismo de control tiene la obligación de constituirse como víctima. Así mismo, afincó su solicitud en que los delitos Página 3 de 9 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 02-10-2023 Código de verificación: 9F3946119BCBREEF724C4FCF68120BAE54579A65F59A979E1415D032087200E Radicación 00898 LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO Ley 906 de 2004 endilgados al actual gobernador son contra la administración pública.

3. MANIFESTACIONES DE LAS PARTES E INTERVINIENTES Ninguna de las partes e intervinientes se opuso a la solicitud de reconocimiento de la condición procesal de víctima invocada por la Contraloría General de la República.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA Teniendo en cuenta que el artículo 340 de la Ley 906 de 2004 indica que la audiencia de formulación de acusación es la oportunidad procesal en la que se determina la calidad de víctima, y además que, el artículo 132 del mismo ordenamiento señala que víctima es toda persona natural o jurídica y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia

del injusto, procede la Sala a resolver la petición elevada. Para el fin anterior, se seguirán los criterios hermenéuticos fijados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en decisión de segunda instancia, AP400-2023 de 15 feb 2023, rad. 60471, que tras hacer el recuento legal y jurisprudencial relacionado con los deberes de comparecer al proceso penal por parte de la entidad pública directamente afectada, como del órgano de control fiscal Página 4 de 9 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 02-10-2023 Código de verificación: 9F3946119BCBESEEF724C4FCF68120BAE54579A65F59A979E1415D032087200E Radicación 00898

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO Ley 906 de 2004

(nacional o territorial), enfatizó que, si bien la Ley 906 de 2004 no incluyó el deber de las entidades públicas afectadas con delitos contra la administración pública de postularse como víctima, ni tampoco especificó cómo debían interactuar la entidad afectada y la Contraloría dentro del sistema procesal acusatorio, se mantenían vigentes los artículos 36 de la Ley 190 de 1995 y 137 de la Ley 600 de 2000 según los cuales, en los procesos penales que versen sobre delitos contra el bien jurídico de la administración pública, será obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica de derecho público perjudicada, siendo la Contraloría General de la República (o las Contralorías Territoriales, según el caso) la

llamada a asumir dicho rol cuando el representante legal de la entidad pública es el mismo sindicado, organismo de control que en cualquier caso, si lo estima necesario, puede intervenir en orden a la transparencia de la pretensión. Así mismo, en cuanto a la intervención coetánea de la entidad territorial y la Contraloría (nacional o territorial), la misma Sala de Casación, tras analizar las sentencias emanadas por la Corte Constitucional C-038 de 1996 y C-228 de 2002 en las que se confrontó con el texto constitucional los aludidos artículos 36 de la Ley 190 de 1995 y 137 de la Ley 600 de 2000, sentó los siguientes baremos: (i) de tiempo atrás el legislador impuso a las entidades públicas perjudicadas con delitos contra la administración pública el deber de comparecer al proceso penal en defensa de sus intereses; Página 5 de 9 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 02-10-2023 Código de verificación: 9F3946119BCBEBEEF724C4FCF68120BAE54579A65F59A979E1415D032087200E Radicación 00898

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO Ley 906 de 2004

(ii) dicha prerrogativa no está dirigida a ser empleada dentro de un procedimiento en particular (Ley 600 de 2000 o 906 de 2004), pues su propósito no se enmarca en la estructura del sistema de enjuiciamiento, sino en la obligación de promover la defensa de los intereses públicos al interior de éste;

(iii) la Contraloría tiene la obligación legal de comparecer al proceso en caso de que el representante legal vigente de la entidad directamente afectada sea el procesado, en remplazo de la entidad perjudicada y en representación de los intereses del Estado como parte civil, para lograr la reparación, la verdad y la justicia; (se destaca). (iv) en los casos en que la entidad directamente afectada está obligada a comparecer al proceso, porque el representante legal vigente no es el enjuiciado, la intervención de la Contraloría es facultativa, lo que permite que la entidad pública perjudicada y la Contraloría puedan concurrir en el proceso. La primera, para garantizar la transparencia de la pretensión y, la segunda, para buscar la reparación, la verdad y la justicia. Seguidamente clarificó que, en los casos en los cuales la Contraloría se presenta como víctima en remplazo de la entidad del Estado directamente afectada, cuando esta última no puede presentarse al ser el procesado el representante legal actual, debe el ente fiscal acreditar sumariamente el daño producido, en cuyo caso su actuación está dirigida a lograr la reparación, la verdad y la justicia. Pues bien, en los términos del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, aplicable por integración a este proceso que se sigue bajo la égida de la Ley 906 de 2004, en consonancia con los Página 6 de 9 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 02-10-2023 Código de verificación: 9F3946119BCBE6EEF724C4FCF68120BAE54579A65F59A979E1415D032087200E Radicación 00898

Radicación 00898 LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO Ley 906 de 2004 artículos 267 del texto superior y 65 de la Ley 610 de 2000, la Contraloría puede intervenir como parte civil (o ser reconocida como víctima) en procesos penales por delitos contra la administración pública cuando: i) directamente es víctima; ii) el representante legal de la entidad de derecho público perjudicada sea el mismo sindicado; y iii) cuando lo estimen necesario en orden a la transparencia de la pretensión. En las dos primeras hipótesis la constitución de parte civil es imperativa; en la tercera discrecional, con el único propósito de velar por la "transparencia de la pretensión". En tal medida, y como quiera que en el presente caso se configura el supuesto previsto en el artículo 137 de la Ley 600 de 2000, relativo a que el imputado por delitos contra la administración pública es el actual gobernador del departamento del Cesar, la Contraloría General de la República es quien debe intervenir en condición de víctima en reemplazo del ente territorial perjudicado, en aras de cumplir con los deberes constitucionales que le han sido encomendados, ante el posible menoscabo que haya podido generar las conductas desplegadas por el procesado, organismo de control que ha acreditado sumariamente el daño producido. Conforme lo anterior, la Sala reconocerá la calidad de víctima a la Contraloría General de la República, y al doctor Fabio Yesid Castellanos Herrera como su apoderado. Ahora Página 7 de 9

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LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO Ley 906 de 2004

Segundo: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella proceden los recursos ordinarios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 176 de la Ley 906 de 2004.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS

Magistrado

BLANCA NÉLIDA BARRETO ARDILA

Magistrada

JORGE EMILIO CALDAS VERA

Magistrado RODRIGO ERNESTO ORTEGA SÁNCHEZ Secretario Página 9 de 9 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Ariel Augusto Torres Rojas,Blanca Nelida Barreto Ardila,Jorge Emilio Caldas Vera,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez Fecha: 02-10-2023 Código de verificación: 9F3946119BCBESEEF724C4FCF68120BAE54579A65F59A979E1415D032087200E República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Especial de Primera ladancla

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación N° 00898 Como ya lo he manifestado en anteriores oportunidades,' si bien estoy de acuerdo con la decisión de reconocer a la Contraloría General de la República como presunta víctima dentro del presente caso, manifiesto mi

desacuerdo en relación con la exclusión que se hace respecto de la persona jurídica de derecho público perjudicada, bajo el argumento de que el procesado es el actual representante legal de la misma. En efecto, estoy de acuerdo con que en el presente caso se activa la intervención del órgano de control fiscal, tal como lo demanda el artículo 137 de la Ley 600 de 2000. Ello debido a que el sindicado es a su vez el actual representante legal de la persona jurídica de derecho público perjudicada. Sin embargo, dichas circunstancias implican que el órgano de control fiscal concurra, mas no excluya al ente territorial. 1 Tal como lo he sostenido en los diferentes aclaraciones y salvamentos parciales de voto manifestadas en los autos proferidos (i) el 22 de junio de 2023, Rad. 00800; (ii) el 10 de julio de 2023, Rad. 00270; (iii) el 16 de agosto de 2023, Rad. 00772, entre otros. 1 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera Fecha: 02-10-2023 Código de verificación: 5251CC92F50623E9628AB8A6F4CFADDB1AF692BA51BF752DDFC6F6C9EFBE3D70 Radicación 00898 LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO Dicha exclusión y/o reemplazo desconoce abiertamente las disposiciones legales y constitucionales que regulan la materia. Especialmente aquellas adoptadas por la Corte Constitucional en Sentencia C-228 de 2002.2 Panorama legal y jurisprudencial Pues bien, se hace necesario hacer una contextualización sobre los contenidos legales y

jurisprudenciales que hasta el momento han regulado la intervención de la parte civil en los procesos por delitos cometidos contra la administración pública y la derivada posibilidad de que en el mismo concurran simultáneamente, los órganos de control fiscal y la persona jurídica de derecho público perjudicada, como es el caso de los entes territoriales. Para empezar, es importante mencionar que el artículo 36 de la Ley 190 de 1995,3 dispone que "en todo proceso por delito contra la administración pública, será obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica de derecho público perjudicada." (Negrilla fuera del texto original) A su vez impone el deber de comunicar (sin restricción alguna) sobre la apertura de la instrucción al representante legal de la entidad de que se trate y establece que el incumplimiento de estas obligaciones es causal de mala conducta para el funcionario correspondiente. 2 Cuyo precedente, incluso, ha sido acogido en debida forma por la Sala2 de Casación Penal de esta Corporación, en Sentencia STP20462, Rad 95667 del 5 de diciembre de 2017. 3 "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa." 2 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera Fecha: 02-10-2023 Código de verificación: 5251CC92F50623E9628AB8A6F4CFADDB1AF692BA5113F752DDFC6F6C9EFBE3D70 Radicación 00898

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO

Se observa que el artículo en mención, (declarado exequible4 por la Corte Constitucional en Sentencia C-038 de 1996) no supedita ni impide que en un mismo proceso concurran varios afectados. Posteriormente, el artículo 137 de la Ley 600 de 2000,5 aplicable por integración a los asuntos tramitados bajo la Ley 906 de 20046 estableció que "con la finalidad de obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible, el perjudicado o sus sucesores, a través de abogado, podrán constituirse en parte civil dentro de la actuación penal." Respecto de los procesos por delitos contra la administración pública estableció en su segundo inciso lo siguiente: "En todo proceso por delito contra la administración pública, será obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica de derecho público perjudicada. Si el representante legal de esta última fuera el mismo sindicado, la Contraloría General de la República o las Contralorías Territoriales, según el caso, deberán asumir la constitución de parte civil; en todo caso, cuando los organismos de control fiscal lo estimen necesario en orden a la transparencia de la pretensión podrán intervenir como parte civil en forma _prevalente y desplazar la constituida por las entidades mencionadas.7 4 Al respecto la Corte Constitucional señaló que: "(...) en la Constitución no se encuentra norma alguna que impida al legislador regular libremente la constitución de parte civil por delitos cometidos contra la administración pública. De otro lado, parece razonable que se amplíe la competencia de las personas jurídicas de derecho público a la defensa de los intereses patrimoniales del Estado que a cada una le corresponde cuidar y vigilar, y que son los que

resultan inmediatamente afectados con las conductas ilícitas. La atribución de la Contraloría General de la República contenida en el artículo 268-5 de la C.P., no trasciende el campo de la responsabilidad fiscal y se ejercita sin perjuicio de la acción penal correspondiente que, incluso, ese órgano puede promover ante las autoridades competentes (C.P. art. 268-8). 5 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal". 6 Así lo dispone el artículo 25 de la Ley 906 de 2004. Además, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión AP2650, 22 jun 2022, rad. 60656, reiteró que: "resulta pertinente acudir a las Leyes 190 de 1995 y 600 de 2000 -artículo 137-en los aspectos que no hayan sido regulados en la Ley 906 de 2004, comoquiera que las normas en comento se orientan a la defensa del patrimonio público y, en general, de los bienes jurídicos afectados con los delitos contra la administración pública, independientemente del sistema de enjuiciamiento criminal aplicable." 7 Las expresiones subrayadas fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en Sentencia C-228 de 2002, como se explicará más adelante. 3 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera Fecha: 02-10-2023 Código de verificación: 5251CC92F50623E9628AB8A6F4CFADDB1AF692BA51BF752DDFC6F6C9EFBE3D70 Radicación 00898 LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO Con fundamento en este artículo, esta Corporación ha

concluido que la intervención de los órganos de control fiscal surge a partir de la configuración de los siguientes presupuestos: i) directamente cuando son víctimas; ii) cuando el representante legal de la entidad de derecho público víctima sea el sindicado y iii) cuando lo estimen necesario en orden a la transparencia de la pretensión, con la claridad de que en las dos primeras hipótesis la constitución de parte civil es imperativa y en la tercera es discrecional.8 Además ha reiterado que cuando dicha intervención surge a partir del segundo y tercer escenario, la misma debe entenderse desde la perspectiva funcional que le otorga la Carta Política,9 estrechamente relacionada con el interés de garantizar la defensa y protección del patrimonio público. 10 Ahora bien, aunque en principio el artículo 137 de la Ley 600 de 2000 asignó a los órganos de control fiscal un carácter prevalente y excluyente respecto de la persona jurídica de derecho público perjudicada, en Sentencia C-228 de 2002 la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad del mismo, y en relación con el inciso 2 planteó el siguiente problema jurídico: ¿En los delitos contra la administración pública, constituye el desplazamiento de la parte civil por la Contraloría General de la Nación una violación de su derecho a acceder a la justicia? Para resolver el problema jurídico planteado, la Corte expuso los siguientes argumentos y conclusiones: "El inciso 2 del artículo 137 CPP establece que, en los delitos contra la administración pública, la parte civil la constituye en principio la persona jurídica de derecho público perjudicada, a través de su representante legal.

SIN EMBARGO, CUANDO EL SINDICADO ES EL MISMO 8 CSJ AEP035-2020, entre otras. 9 El artículo 267 Superior establece que "el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. (...)". lo CSJ AEP0008-2021; CSJ, 20 abr 2023, rad. 00805; entre otros. 4 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera Fecha: 02-10-2023 Código de verificación: 5251CC92F50623E9628AB8A6F4CFADDB1AF692BA518F752DDFC6F6C9EFBE3D70 Radicación 00898

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO

REPRESENTANTE DE DICHA ENTIDAD, LA CONTRALORÍA DESPLAZA

A LA PERSONA JURÍDICA COMO PARTE CIVIL CUANDO LO ESTIME

NECESARIO EN ARAS DE LA TRANSPARENCIA DE LA PRETENSIÓN.

ENCUENTRA LA CORTE QUE DESPLAZAR O EXCLUIR A LA PARTE CIVIL

DEL PROCESO PENAL EN LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AFECTA GRAVEMENTE SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA, como quiera que la presencia de la Contraloría General de la República o de las contralorías territoriales dentro del proceso penal, no garantiza sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. En efecto, el artículo 267 de la Carta establece que la finalidad

constitucional de la Contraloría es la de realizar el control de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, para lo cual puede incluso promover procesos penales (artículo 268, numeral 8, CP). Sin embargo, si bien la Contraloría tiene un interés en la recuperación del patrimonio público, ese interés no es excluyente ni exclusivo, sino principal, y puede concurrir con el interés que tiene la entidad perjudicada en la recuperación del patrimonio perdido, habida cuenta de que las entidades son las responsables directas de la gestión fiscal y, por ende, también tienen interés en la reparación pecuniaria. Adicionalmente, la entidad perjudicada puede estar interesada no sólo en la recuperación del patrimonio público, sino, por ejemplo, también tener interés en esclarecer con detalle los hechos para, luego, examinar los factores internos, de diverso orden, que contribuyeron a la realización del hecho punible. Por ello, encuentra la Corte que el desplazamiento o exclusión por la Contraloría, de la entidad pública perjudicada, vulnera sus derechos a acceder a la justicia (artículo 229, CP) y le impide el goce efectivo de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica. Por lo tanto, la Corte declarará la inexequibilidad de la expresión "en forma prevalente y desplazar la constituida por las entidades mencionadas", contenida en el inciso 2 del artículo 137 de la Ley 600 de

2000. Entonces, TANTO LA CONTRALORÍA COMO LA ENTIDAD

PÚBLICA PERJUDICADA PUEDEN CONCURRIR COMO PARTE CIVIL EN

EL PROCESO PENAL." (Negrilla, mayúsculas y subrayas fuera del texto original) Nótese como la Corte Constitucional planteó un problema jurídico en abstracto, sobre los escenarios contendidos en el inciso 2 del artículo 137 de la Ley 600 de 2000 y además al resolverlo los armonizó. Bajo estas premisas contempladas de manera conjunta, (es decir, cuando la intervención del órgano de control fiscal obedece a la confluencia de condiciones sobre el procesado [sindicado y al mismo tiempo representante legal de la entidad perjudicada] o al interés de velar por la transparencia de la pretensión), y luego de exponer las razones que fundamentan su determinación, fue que dicha Corporación concluyó que es posible que tanto la 5 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera Fecha: 02-10-2023 Código de verificación: 5251CC92F50623E9628AB8A6F4CFADDB1AF692BA518F752DDFC6F6C9EFBE3D70 Radicación 00898 LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO Contraloría como la entidad pública perjudicada concurran como parte civil en el proceso penal. No se trata de que la Contraloría intervenga con el interés (a modo de representación) de la entidad pública perjudicada, sino de que ambos concurran como parte civil, cada uno en defensa de sus propios derechos. Sobre el particular el alto tribunal resaltó la amplia concepción contenida en la Carta Política, en relación con los derechos de las víctimas y/o parte civil a participar en los procesos penales: Articulo 2 "El derecho de las víctimas a participar dentro del proceso penal

para lograr el restablecimiento de sus derechos, tiene también Derecho a como fundamento constitucional el principio participación (artículo participar en las 2, CP), según el cual las personas pueden intervenir en las decisiones que decisiones que los afectan." los afectan Artículo 15 "( ...) el proceso penal puede ser la única ocasión para que las víctimas y los perjudicados puedan controvertir versiones sobre Derecho al buen los hechos que pueden ser manifiestamente lesivas de estos nombre derechos constitucionales, como cuando durante el proceso penal se hacen afirmaciones que puedan afectar el buen nombre (...)." Debe tenerse en cuenta que las personas jurídicas también son titulares del derecho al buen nombre, como en anteriores oportunidades lo ha establecido el máximo Tribunal Constitucional.11 Artículo 29 "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. (...)» Derecho al debido proceso Artículo 229 "El derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. Ese derecho comprende, tal como lo ha reconocido esta Derecho al Corte, contar, entre otras cosas, con procedimientos idóneos y acceso a la efectivos para la determinación legal de derechos y obligaciones, administración la resolución de las controversias planteadas ante los jueces de justicia dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido proceso (...) y, aun cuando en relación con este tema el legislador tiene un amplio margen para regular los medios y procedimientos que garanticen dicho acceso, ese margen no comprende el poder para restringir los fines del acceso a la justicia que orientan a las

11 Sentencias T-094 de 2000, T-627 de 2017, T-373 de 2020, entre otras. 6 Documento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera Fecha: 02-10-2023 Código de verificación: 5251CC92F50623E9628AB8A6F4CFADDB1AF692BA513F752DDFC6F6C9EFBE3D70 Radicación 00898 LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO partes hacia una protección judicial integral y plena de los derechos, (..)" Artículo 250 "( ..) Establece como deberes de la Fiscalía General de la Nación el tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el Deberes de la restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios Fiscalía ocasionados por el delito". En cuanto a las connotaciones del derecho a la reparación de las víctimas, señaló que este se traduce a su vez en tres derechos: "1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. (...) 2. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad. 3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito." Advirtió que, si bien la garantía de estos tres derechos interesa por regla general a la parte civil, existe la posibilidad que en algunos casos esta solo esté interesada en el establecimiento de la verdad o el logro de la justicia, dejando

de lado su intención de obtener una indemnización. Agregó que una situación como esta se puede presentar por ejemplo "cuando se trata de de