CSJ - Sentencia 27337(23-08-2007)

, Página 1 de 122 Unica instancia N? 27337 €

VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

Aprobado Acta N 150 Bogotá, D.C., veintitrés de agosto de dos mil siete. VISTOS De conformidad con el acuerdo al que llegaron las partes en la investigación que se sigue en contra de VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLO, por las conductas punibles, en concurso homogéneo sucesivo y a la vez heterogéneo, de falsedad ideológica en documento público, en cantidad de trece, y tráfico de migrantes, se apresta la Corte, en única instancia, a dar por concluida la causa profiriendo el fallo condenatorio de rigor. — Pgina2de 122 Unica instañcia N? 27337

VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLO Y I 7 —

FILIACIÓN DEL ACUSADO VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLO, hijo de Rubén y Herminia, casado, nacido el 30 de septiembre de 1962, en f.ran232u, Caldas, para la época de los hechos se desempeñaba é| servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en el consulado de este país en la ciudad de Colón, Panamá', portador de la cédula 16.135.386. HECHOS Y DECURSO PROCESAL El 23 de febrero de 2005, cuando ingresaban al aaís por el aeropuerto Eldorado, se detectó una situación irregdlar en la condición de los ciudadanos Chinos Cai Jian Fen, |con visa

número BA 341894, Hou Yulin, visa número BA 3418;96, Deng Yan Fang, visa número BA 341897, Zhan Lin Ying, vis£'a número BA 341898, y Cai Min Hua, visa número BA 341899, pues, a pesar de que las visas aparecen expedidas en Panani1á, por el consulado Colombiano en ese país, con fecha del dos (Le febrero de 2005, no existe registro migratorio, de ingreso allí, respecto de dichas personas. Q$9ríá/¡nm de “Crtombia , Página 3 de 122 D |:. Unica instancia N 27337 C VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLO Dadas las limitaciones de idioma, sólo se pudo conocer por uno de los migrantes, quien hablaba inglés, que no ingresaron ellos a Panamá. Se supo también, que en esa misma fecha, dos de febrero de 2005, e'l consulado Colombiano, expidió tres visas, a nombre de Liron Zhang, con número BA 341895, Youdi Pan, número BA 341900, y Jinchao Jhen, número BA 341902. Y, el 3 de febrero se expidieron cinco visas, a nombre de Jindi Xu, número BA 341903, Lizhen Song, número BA 341904, Yufeng Ahu, número BA 341905, Weikiang Luo, número BA 341906, y Guofu Zhang, número BA 341907. Se demostró que las visas efectivamente fueron expedidas por el Consulado Colombiano en Panamá, cuando fungía como cónsul encargado VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLO, quien fue designado para el efecto a través de la Resolución número 0460 del 2 de febrero de 2005, expedida por el Ministerio de Relaciones

Exteriores de Colombia, cubriendo el encargo los días, 2, 3 y 4 de febrero de 2005. Q??xr?5/¿m de Colambia | Página 4 de 122 Única instancia N? 27337, VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLO Enute Qíp¡¿… de _Jsticia Y por último, conforme los registros migratorios del D.A.S., se determinó que cuatro de estas ocho personas ingresaron a Colombia, pero se desconoce su suerte, pues, no se ha registrado salida. | Entendió la Fiscalía, que lo ocurrido determina la existencia del delito de tráfico de migrantes, dispuesto en el artículo 188 del C.P., -dado que se facultó, a través de las visas irregularmente expedidas, que ingresaran al territorio Colombiaño varios ciudadanos Chinos-, y trece conductas punibles de' falsedad ideológica en documento público —por ocasión de que, li bien, las visas fueron expedidas por el Consulado, con firma¿| y sellos originales, en ellas se consignaron hechos failsos, particúiarmente, el ingreso a territorio Panameño de los trece ciudadanos Chinos, cuando ello no sucedió-. En virtud de ello, el 20 de marzo de 2007, ante la sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el Fiscal General de Ila Nación, formuló imputación en contra de VÍCTOR MANUEL 'BOTERO GALLO, en su condición de Ex cónsul de Colombia en Fl?anamá, a título de autor de los delitos, en concurso homogéneo sucesivo y Q$ºiíá&ade Colnmbia Página 5 de 122 .

1 Única instancia N 27337 E Á _ VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLO i Carte Qr?;órez12 de Jsticia a la vez heterogéneo, de tráfico de migrantes, dispuesto en el artículo 188 del C.P., y falsedad ideológica en documento público, establecido en el artículo 286 ibídem. En la diligencia, luego del tamiz verificatorio del magistrado del Tribunal, el imputado dijo no aceptar los cargos presentados por la fiscalía. A renglón seguido, el Fiscal General de la Nación, solicitó imponer al imputado, medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, únicamente respecto del delito de tráfico de migrantes, que se entendió agravado por tratarse de un funcionario público el vinculado. Para soportar su solicitud, el funcionario presentó la documentación que refleja la materialización de los varios atentados contra la fe pública y el delito que motivó la solicitud. Pese a que la defensa solicitó se sustituyera la medida de aseguramiento por la de detención preventiva en sitio de residencia, el Tribunal, atendiendo a lo argumentado por la fiscalía, decidió imponer medida de detención preventiva en Q?7MMMde Colembia ¡ “a , Página 6 de 122 : N Única instancia N 27337 nNO VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLO Enrte Q&óxema cÁº…_%áf¿e¿&- establecimiento carcelario, así como la prohibición de| enajenar bienes —art. 97 del C. de P.P.-. En curso del período investigativo otorgado a I£s partes

después de la formulación de imputación y sin que previamente se presentase escrito de acusación, la fiscalía y el proce%ado, con su defensa, llegaron a un acuerdo y así se informó, el 1]9 de abril de 2007, a la Sala Penal del Tribunal! Superior de jBf::g¡::otá, a efectos de que se enviasen los registros a la Sala Penal de la Corte, para el correspondiente trámite del acuerdo. I 1 CONTENIDO DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN Dando cumplimiento a las formalidades exigidas por el artículo 337 del C.P.P., el Fiscal General de la Nación, presentó a título de escrito de acusación, el preacuerdo, signado por el funcionario con el procesado y su defensor, en| el cual individualiza al imputado y hace una relación de los hechos y los elementos materiales, evidencia física e informes recogidos, para después significar materializados los delitos por los cuales se formuló imputación en contra de VÍCTOR MANUEL |BOTERO GALLO. %/ÓIFM"(?&- de %h/mn.¿¡& Página 7 de 122 ¿6N Su Única instancia N 27337 - ' VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLO Y %'l?íº Q€górem& d?j¿1£??r&» En relación con la competencia de la Sala para conocer del preacuerdo, señala el documento que ello deriva de lo consignado en el artículo 235-4, de la Constitución Política Colombiana, en cuanto atribuye fuero a los jefes de misión diplomática o consular, por los hechos punibles que se les imputan, aún si ya no

desempeñan la función, siempre y cuando el delito atribuido tenga relación con dicha función. Ya en lo que atiende a los cargos formulados en contra del imputado, se aborda en primer iugar el delito de tráfico de migrantes, establecido en el artículo 188 del C.P., significándose también cubierta la causaiágravatoria dispuesta en el numeral 4”, del artículo 188 B ejusdem, en cuanto dispone que “el autor o partícipe sea servídor público” . En desarrollo de los verbos rectores contemplados en la norma citada, se detiene el acuerdo en las nociones de Tacilitar”, “colaborar” y “contribuir”, para colegir que el procesado facilitó y colaboró en la consumación del delito de tráfico de migrantes. %5Á/¿eade %fl/nmár2p " — PéginaBde 122 = Única instancia N 27337 VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLO TS Curte a?mwa, a?ºj&ifieía A tal efecto, el documento explica qué es una Visa — autorización concedida al extranjero para el ingreso y permanencia en el territorio nacional-. 'Luego signiñqa que la entrada ilegal remite al paso de fronteras sin el cumplimiento de los requisitos legales para ingresar al estado receptoir —art. 3, literai b, del Protocolo Cóntra el Tráfico llícito de Migr!antes por Tierra, Mar y Aire-. Por último reseña jurisprudencia de la Corte, en la cual se establecen pautas sobre esta conductg punible, incluso emitiéndose condena contra un ex cónsul, por el delito de

falsedad ideológica en documento público. Atinente a los delitos cometidos en contra de la fe pública, destaca el preacuerdo, que si bien, las visas fueron e-!laboradas por quien fungía como cónsul en ese momento, ellas ho podían ser -expedidas, dado que no se cumplían los requisitos legales establecidos para el efecto, en concreto, porque los documentos presentados a título de soporte de la solicitud, eran falsois. Específicamente, las inspecciones judiciales comprobaron que nunca los ciudadanos Chinos tuvieron relación comercial con los bancos Banistmo y Citybank. De igual manera, que los cupos %fáf 2a de Ctombia _ Página 9 de 122 / Unica instancia N? 27337 VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLO Y Carte gíórma» a&%ák'aía numéricos de las cédulas de residencia presentadas para la expedición de las visas, pertenecen a otras personas. Y por último, fue verificado que las personas a favor de quienes se expidieron las visas, no ingresaron a territorio Panameño para la época de los hechos. Destaca el documento, que para ingresar o permanecer en Colombia, los ciudadanos Chinos sí regquerían visa, conforma lo disponía la Resolución número 4591 del 12 de diciembre de 2003, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese documento, se añade, era expedido por las oficinas consulares, pero, en lo que toca con los ciudadanos Chinos, previa autorización escrita del Grupo de Visas e inmigración. Sin embargo, para omitir esa autorización previa, el imputado hizo pasar a los favorecidos como residentes en Panamá,

teniendo claro que respecto de estas personas no era exigible esa autorización y corría de cargo del cónsul, bajo su responsabilidad, expedir directamente las visas, como lo reglamentaba el artículo 5 del Decreto 2107 de 2001. _ PáJ¡na 10 de 122 1 Única instancia N 27337 VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLO De otro lado, en lo que toca con las posibles víctimas de los delitos en cuestión, aclara el preacuerdo que se des¿:onoce la ubicación de los ciudadanos Chinos. LO ACORDADO Escuetamente, se anotó así lo acordado: | “El suscrito fiscal y el señor VÍCTOR MANUEL BOTE¡!?O GALLO, en asocio de su defensor, acordaron una rebqaja de pena a partir del mínimo en un cuarenta por ciento (40%), dejándose constancia que el imputado fue ilustrado en su momento sobre las consecuencias del preacuerdo (Directiva, cláusula 9"). El suscrito VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLO, se declara culpable de |Ias delitos imputados y ya mencionados, con la rebaja punitiva anotada”. ANEXO PROBATORIO A efectos de cubrir el mínimo probatorio dispue'sto en el inciso tercero del artículo 327 del C. de P.P., la fiscalía píresentó, a manera de anexo del acuerdo que hace las veces de escrito de acusación, los siguientes documentos: Q2;Wfá/fec¿ de %Mº?)!áfc¿» Pagina 11 de 122 / Única instancia N 27337VICTOR MANUEL BOTERO GALLOCere Qr?úmm aé__%¿áv'da 1-Primer informe ejecutivo del DAS, datado el 13 de junio de 2006, en el cual se referencia cómo se conoció del delito de tráfico de migrantes, en particular, lo ocurrido con los cinco ciudadanos Chinos que pretendían ingresar al país por el aeropuerto Eldorado, así como de otros cuatro que.ya ingresaron, pero no se registra salida. Se anexa fotocopia de las visas de las personas deportadas. 2-Segundo informe ejecutivo del DAS, con fecha del 17 de julio de 2007. Relaciona la inspección Judicial realizada en bancos de Panamá y el Consulado de Colombia en ese país. 3-Tercer informe ejecutivo del DAS, datado el 5 de marzo de

2007. Referencia la Inspección Judicial a la Oficina de Visas e Inmigración, determinándose allí que las trece visas expedidas los días 2 y 3 de febrero de 1995, no fueron autorizadas por la oficina correspondiente. 4-Resoluciones, particularmente la número 0460 del 2 de febrero de 2005, a través de las cuales el Ministerio de Relaciones g/f;¡ávíááha/ de %m¿9 unbía , Página 12 de 122

Unica instancia N” 27337

VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLO

Exteriores de Colombia, encargó a VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLO, como Cónsul en Panamá. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Previo a abordar el examen de fondo que compf:te hacer respecto del acuerdo presentado por la Fiscalía Gen¿:ral de la Nación y sus efectos, entiende necesario la Sala abordz?ar el tema

referido al trámite que se viene siguiendo, dentro de las reguiaciones de la ley 906 de 2004. Esto por cuanto, como se desarrollará más adelante, oé delitos que se atribuyen al procesado, vale decir, trece <í:onductas punibles de falsedad ideológica en documento público '|y otra de tráfico de migrantes, que delimita los verbos rectores eÍ8peciñcos de Tacilitar” y “colaborar”, fueron ejecutados y consumados en el extranjero, concretamente Panamá, y no consagra la ley 906 de 2004, que, como se recuerda, establece un si€!tema de gradualidad en su aplicación, una específica referepcia a la extraterritorialidad. a . Página 13 de 122 /j E Única instancia N? 27337

7N VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLO

PA Crute Z Kema da_,7ffw¿m Ahora, no se discute que los delitos atribuidos al acusado, corresponden en su investigación y juzgamiento a la justicia Colombiana y, particularmente al Fiscal General de la Nación, para lo que corresponde a la primera de las etapas en mención, y a la Corte Suprema de Justicia, en lo que toca con el período del juicio. Ello porque en cabeza del procesado, en cuanto Cónsul de Colombia en Panamá, para el momento de ejecutarse los hechos, concurre la doble condición del fuero y la inmunidad diplomática. En lo que corresponde a la inmunidad en cita, consagra el artículo 16 del C.P., que la ley penal Colombiana se aplica, entre otros:

2. A la persona que esté al servicio del Estado Colombiano,

goce de inmunidad reconocida por el derecho internacional y cometa delito en el extranjero” En examen de los artículos del Código Pena! que regulan la extraterritorialidad, esto expresó la Corte Constitucional": g29/x£!/¿'¿º¿& de Cotambia — Página 14de 122 Única instaricia N? 2733 VÍCTOR MANUEL BOTERO GALL Curte Q&úrmm de Justicia "Habiendo finalizado la enumeración de los principios, debe también precisarse que, en íntima conexidad con el tema de la jurisdicción estatal, pero sin confundirse con él, está el de las inmunidades jurisdiccionales consagradas por el derecho internacional. Estas, como su nombre lo indica, buscan prevenir que se aplique, sobre una determinada personá O situación, la jurisdicción de un Estado que, de no ser por las calidades de tal persona o situación, podría nonnafme%te asumir íompetencia; así, constituyen excepciones especiales al principio de la territorialidad. Son, en! lo esencial, dos: la inmunidad jurisdiccional de los Estadofs : según la cual éstos no podrán ser llamados a compareber frente a los tribunales de una nación extranjera que prete:%da enjuiciar sus actos soberanos-, y la inmunidad de los agentes diplomáticos y consulares -conforme a la cual dichos agentes no estarán sometidos, en lo tocante a $us funciones, dependencias y propiedades, a la ley del Estado donde laboran, sino a la de su Estado de origen-. Como es lógico, se han impuesto claros límites sobre la operancia de

estas inmunidades; pero lo importante, es que los dos fipos reseñados constan en tratados que vinculan a Colombia (la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada mediante Ley 6 de 1.972, y la Convención .de Viena sobre Relaciones Consulares, ratificada mediante Ley 17 de 1.971), y que además se nutren, en gran parte, |de normas consuetudinarias. . "3.2. Las excepciones del derecho interacional en| el ordenamiento interno colombiano. |. | “Tanto el príncipio de territorialidad como sus excepcíor?es -los principios de extraterritorialidadencuentran reflejo en el ! Sentencia C-1189 de 2000 g'“?76víá/íw de Culambia , Página 15 de 122 . j " e , Única instancia N 2733(_7)/ í Ea VÍCTOR MANUEL BOTERO GALL | Crrte Q:y5rm 1a de Justicia ordenamiento jurídico colombiano, a nivel constitucional y legal. "La Carta Política, en sus artículos 4 y 95, inciso 2, ordena a quienes se encuentren en territorio colombiano, sean nacionales o extranjeros, cumplir con las leyes de la República; es decir, toda persona que se encuentre dentro de los límites territoriales a los cuales se refiere el artículo 101 Superior, está sometida a las normas prescritas por el legislador nacional. En este sentido, el principio de territorialidad es la regla general a aplicar. Ahora bien, la misma Carta Política, en su artículo 9, recoge los principios generales del derecho internacional, entre los cuales se encuentran los que delimitan el ejercicio de la júr¡sdicc¡ón,

arriba enumerados. Por lo mismo, también encuentran sustento constitucional los principios de extraterritorialidad, siempre y cuando se apliquen de conformidad con los mandatos de reciprocidad, equidad y respeto por la soberanía foránea. "Por su parte, la ley criminal colombiana recoge dichos principios en los artículos 13 y 15 del Código Penal, que deben leerse de manera conjunta, por cuanto conforman un sistema. En efecto: el artículo 13 consagra el principio de territorialidad como norma general, pero admite que, a la luz de las normas internacionales, existan ciertas excepciones, en virtud de las cuales se justificará tanto la extensión de la ley colombiana a actos, situaciones o personas que se encuentran en el extranjero, como la aplicación de la ley extranjera, en ciertos casos, en el territorio colombiano. En forma consecuente, el artículo 15 enumera las hipótesis aceptables de "extraterritorialidad", incluyendo tanto los principios internacionales reseñados, como algunas DPepiblica de Colembia ' Página 16 de 122 ; ME 3 Única instancia N 27337 £ 6247 VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLO .£J. — Crnte Q¿y)rm'¡(z: de %J(¿e¿'azampliaciones domésticas de los mismos: allí se enumerarp el principio '"real” o "de protección" (numeral 1), las inmunidades diplomáticas y estatales (numeral 2),| el principio de nacionalidad activa (numeral 4) y el 'de nacionalidad pasiva (numeral 5), entre otros. '¡

“Se observa, así, una nofable concordancia entre :las normas internacionales, la Constitución y las disposiciones legales demandadas. En aras de mantener tal congruencia, que se construye sobre la lectura coordinada y armónicade los artículos 13 y 15 del Código Penal, se requiere mantener en su lugar la frase demandada del artículo 13, ya que sólo en virtud de ella se garantiza el respeto del principio | de reciprocidad al cual alude la Constitución (art. 9); es decir, es en virtud de esta frase que Colombia, en la misma mec¿¡da en que se habilita legalmente para ejercer su jun'sdic¿¡ón extraterritorial, acepta que otros Estados también lo hadan, de conformidad con las reglas intemacionales aplicables. A su vez, sobre el tema en cuestión, se pronunció la Sala”, de la siguiente forma: “Además, porque de conformidad con el artículo 16, numéral 2% del Código Penal, que desarrolla el principio ¡de personalidad por vía activa en cuanto prevé la aplicación de la ley penal del pais a la persona que, gozando de inmunidad, preste sus servicios al Estado —-además, debe ser ciudadano Colombiano de nacimiento y sin doble nacionalidad, conforme al artículo 18 del Decreto 1181 del ? Sentencia de única instancia, del 27 -10-06, rad. 26.071 Roriblica de Colembia — Página 17 de 12:y 1 _?—_ + 7 Única instancia N? 27337 ͺ VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLOY D Conte Hprema de _Justicia 29 de junio de 1999y cometa delito atentatorio contra los

intereses jurídicos de los cuales sea fitular el Estado Colombiano, permite someter al nombrado procesado al imperio de la normatividad sustantiva y procesal penal colombiana” Establecido que es la ley penal Colombiana, la aplicable al procesado, como quiera que realizó las conductas punibles que se le atribuyen, en un país extranjero, cuando desempeñaba allí el cargo de cónsul, sujeto a inmunidad, es también claro-que para su juzgamiénto goza él también de fuero Constitucional, acorde con lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 235 de la Constitución Política Colombiana. La pregunta que surge pertinente, es entonces ¿Cuál debe ser la normativa que regule el trámite de la investigación y juzgamiento? Para resolver la cuestión debe la Corte partir por significar cómo el artículo 533 de la Ley 906 de 2004, expresamente señala: FERNANDO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Manual de Derecho Penal, Parte General, Ed. Temis, LÓ/ZÍ.'7M?'/¿M de %rº/a mba "e — Página 18 de 122 / .. D Unica instancia N 27337

y VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLO

; Corte Q:%remaaf=_fí1rá% “Derogatoria y vigencia. El presente código regirá paraillos delitos cometidos con posterioridad al 1% de enero del f%¡ño

2005. Los casos de que trata el numeral 3 del artículo 2:335 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000.

Los artículos 531 y 532 del presente código, entrarán en

vigencia a partir de su publicación” En similar sentido, el artículo 40 de la Ley 153 ¡de 1887, establece: L | “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidadde los juicios, prevalecen sobre las anteriores, desde: el momento en que deben empezar a regir. Pero los térmiños que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”. Sucede, sin embargo, que a manera de excepción de lo que las normas generales contemplan, los artículos 528, 529 y 530 de la Ley 906 de 2004, establecen necesario implementar e|l sistema acusatorio estatuido en esa ley, de forma gradual en diferentes regiones del país, en el entendido de que la profunda reforma al proceso penal, reclama de capacitación y aprestamientó logístico Bogotá, 2002, págs. 151-152. %M'M??c& de %¿=/€mó¿&» - Página 19 de 122 ?— N Única instancia N 27337 £¡“r VICTOR MANUEL BOTERO GALLO Corte Hiprema de Justicia imposibles de alcanzar de inmediato para todo la geografía nacional. Acorde con ello, el artículo 530 arriba.citado, establece que inicialmente, a partir del 1 de enero de 2005, la sistemática acusatoria operase en los distritos judiciales de Ármenia, Bogotá, Manizales y Pereira, al tanto que durante los años siguientes se sumarían otros distritos judiciales, tomando como tope último de implementación el 1 de enero de 2008.

Significa ello que si bien, la norma genera! -artículo 533estatuye que los delitos cometidos con posterioridad al 1 de enero de 2005, habrán de regirse por el trámite acusatorio dispuesto en la Ley 906 de 2004, se estableció una excepción respecto de distritos judiciales diferentes a los de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. En esa excepcionalidad, cabe resaltar, no se incluyó el aspecto referido a la extraterritorialidad y, en concreto, cuál ha de ser la normativa procesal que rija las conductas punibles ejecutadas en el extranjero por personas de nacionalidad %Fá/¿mde Colombia — Página20de 122j Unica instancia N” 27337£ VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLO , %Mº Q:;á Pí ema de Ádlx'ce'a Colombiana que gozan de inmunidad, cuando ellas se realizan con posterioridad al 1 de enero de 2005 y antes del 1 clé enero de 2008 -cuando, se recuerda, ya debe estar rigiendo la Ley 906 de 2004 en todo el país y para todos los casos que ¿:ieban ser conocidos por la ley penal Colombiana-. La solución, entonces, pasa por aplicar la preceptiv% general, dado que, en cuanto excepcional, para que fuesé posible significar posterior al año 2005, la aplicación de la Ley 906 de 2004, indispensable se torna que expresa y directamente se incluya el “distrito judicial”, dentro de cualquiera de las vigencias posteriores, asunto que, como ya se dijo, no tuvo ocurrencia aquí,

ante el silencio del legisiador. De esta manera, si la norma general de la Ley 906 de 2004, establece que ella rige respecto de los delitos cometidos coan posterioridad al 1 de enero de 2005, y si además, el artíci:ulo 40 de la Ley 153 de 1887, advierte que las normas ñrocesales prevalecen sobre las anteriores “desde el momento en que deben empezar a regir”, inconcuso surge que los delitos ejecutados en el extranjero por Colombianos que gozan de inmunidad, cuando %íáfeaa de %¿/(iv)r¿¿á:- Página 21 de 122 / S ae Única instancia N 27337 sE VÍCTOR MANUEL BOTERO GALL + “ |5 " %b¡'(e? gy»'<ºm a de L%d/¿'rº('a ellos tuvieron ocurrencia con posterioridad al 1 de enero de 2005, deben ser investigados y fallados de conformidad con la sistemática acusatoria, ya que no se encuentra ésta, dentro de las hipótesis de excepcionalidad de la norma, que, se repite, precisamente por su naturaleza excepcional requieren de expresa consagración. Por lo demás, si se tratase de abundar en razones, resulta bastante problemático, en punto de seguridad jurídica y, desde luego, violando los principios del juez natural e igualdad, determinar una solución diferente a la planteada por la Corte, en la cual se busque incluir la conducta realizada en el exterior, dentro de alguna de las vigencias temporales posteriores al año 2005, sencillamente porque no existe ningún factor de asimilación

que así lo permita y termina siendo siempre aleatoria la escogencia. De igual manera, pero ya en lo que toca con el caso concreto, si se pretende consultar la teleología inserta en el querer del legislador, de que la implementación del sistema acusatorio opere gradual, dado que debe contarse en cada región o distrito judicial, %¡Á/M» de C€á/(-'má'ax Página 22 de 122 ! Única instancia N 27337 VICTOR MANUEL BOTERO GALLO .-Fr.,_¡ Carte Q(¡Arem» de _Jubticia con la suficiente capacitación de los funcionarios y adecuaciones logísticas, es ese un camino que se entiende completamente allanado para lo que corresponde a la ciudad de Bogotá, lugar donde se adelanta la tramitación, y respecto de los co%n_petentes para investigar y juzgar, Fiscal General de la Nación y Corte Suprema de Justicia, una y otras vinculados al sistema| desde su vigencia general, 1 de enero de 2005. Superado el tema de la competencia y legislación aplicable, debe significar la Sala, que por virtud de la forma extraordinaria de terminación del proceso penal inserta en el capítulo de acuerdos y preacuerdos, remitida a la teleología que anima la Le€y 906 de 2004, encaminada a facuiltar soluciones consensuadas a la pretensión punitiva estatal, la exigencia probatoria p¡asíble de cumplir para efectos de la emisión de fallo de cond%na, dista mucho de corresponderse con la exhaustiva den%ostración instituida respecto de la tramitación ordinaria, entre otras razones,

porque no se faculta la controversia propia de la audí|enc¡a del juicio oral y la decisión se funda no en pruebas, dentro díe¡ estricto sentido que a estas otorga la normatividad en cita, sino en elementos materiales probatorios, evidencia física e informes que %/víá¿'m le %r4/n mbia Página 23 de 122 Única instancia N? 27337

VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLOY

=N Crste Qéórm daí&¡&kf¡& hasta el momento del avenimiento de voluntades, ha recopilado el ente acusador. Precisamente, como soporte constitucional y legal del presupu_esto material demandado para emitir fallo de condena en los casoé de acuerdos y preacuerdos, advierte el artículo 327 del C.P.P., que a fin de no comprometer el principio de presunción de inocencia, en estos eventos debe aliegarse el mínimo requerido en aras de “...inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad”. Y, destaca la Corte, es esta una exigencia fundamental que con bastante suficiencia se cumple gracias a los elementos de juicio allegados por el Fiscal General de la Nación, a título de anexos del “escrito acusatorio, en tanto, los tres informes ejecutivos presentados por los investigadores al servicio del ente instructor, recogen a satisfacción amplios elementos suasorios que permifen reconstruir históricamente lo sucedido, su connotación penal y la intervención que en ello tuvo el acusado. Pepblica de Colombia . AP Página 24 de 122 É ! Única instáncia N 27337£

EZ VÍCTOR MANUEL BOTERO GALL Carte Qr?ónwr& de Justicia Particularmente, para lo que remite a la imputaciónl efectuada en contra del procesado, se entienden hechos probádios, que el procesado VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLO, fue |;10mbrado, en encargo, c¿mo Cónsul en la ciudad de Colón, Panamá, función que desempeñó los días 2, 3 y 4 de febrero de 2005. En ese lapso se expidieron trece visas a ciudadanc!;s Chinos, las cuales consagraban una falsedad, pues, veriñcaban¡que estas personas eran tresidentes en esa ciudad —cuan¿íio jamás ingresaron a Panamá-, e incluso que contaban' con las correspondientes cédulas, a más de registrar vinculaciones con varios bancos de ese país. l | Provistos de esos documentos y buscando cumplir con las exigenclas Colombianas respecto del ingreso de cíudadanos extranjeros, nueve de esas personas efectivamente al:rlb'aron al país, cuatro de las cuales pasaron sin dificultad los controles, al tanto que cinco de ellos fueron detenidos por la D¡ivisión de | Extranjería del D.A.S., el 23 de febrero de 2005, ¿iurante el registro de ingreso por el aeropuerto Eldorado. Q9óríáék3a de Calambia , Página 25 de 122 ; Unica instancia N? 27337 VÍCTOR MANUEL BOTERO GALLO o Cone g;bf'e»a! aíºf¿¡'??¡a— Para una mejor comprensión del asunto, la Sala abordará

independientemente cada uno de los delitos que se atribuyen al procesado.

1. De los delitos de falsedad ideológica en documento público. 1.1. Tipicidad La materialización, de los trece delitos de falsedad ideológica en documento público, no ofrece mayor dificultad, dado que se tiene clara la condición de servidor público del procesado, precisamente fungió Cónsul de Colombia en la ciudad de Colón, Panamá, y bajo esa función expidió un documento público, visa, si bien con registros legales, que consigna hechos contrarios a la realidad.

Para el efecto, se aportaron copias de la Resolución 0460 del 2 de febrero de 2005, obra del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en la cual se designa en encargo al procesado, por los días 2, 3 y 4 de febrero de 2005. %!W£P—d' ် %º/(t»