CSJ - Sentencia AEP00132-2022(00518)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Especial de Primera Instancia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS

Magistrado Ponente AEP 00132-2022 Radicación 00518 Aprobado mediante Acta Extraordinaria No. 108 Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022). VISTOS Procede la Sala a resolver el recurso de reposición promovido conjuntamente por el acusado JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ y su defensor contra el proveído mediante el cual se resolvió la situación jurídica, dentro del juicio que se le adelanta al primero por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.

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JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ LEY 600 DE 2000

HECHOS De acuerdo con la acusación, por oficio 02957 de 15 de agosto de 2017, el Fiscal General de la Nación de entonces, Néstor Humberto Martínez Neira, informó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que en el marco de la cooperación judicial con las autoridades de los Estados Unidos de América, recibió evidencia recolectada dentro de la investigación federal 17-20516, de la que al parecer se infiere la posible comisión de actos de corrupción por parte del exMagistrado J OSE LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ, entre otros.

También los coligió de la grabación de una conversación que obra en la actuación seguida por la Fiscalía General de la Nación bajo el radicado 110016000102201700177 contra Luis Gustavo Moreno Rivera, sostenida entre Leonardo Luis Pinilla Gómez y Alejandro Lyons Muskus, ex-Gobernador de Córdoba, en la que el primero le comenta a su interlocutor que en algunos procesos que cursaban ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas Musa Abraham Besaile Fayad, Álvaro Antonio Ashton Giraldo, Luis Alfredo Ramos Botero y Hernán Francisco Andrade Serrano, se cometieron actos de corrupción dirigidos a obtener decisiones favorables a estos, en los que al parecer intervino BUSTOS

MARTÍNEZ.

Los hechos de la investigación presuntamente consistieron en que un grupo de abogados litigantes, Magistrados y ex-Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre los cuales se cuenta el acusado, se concertaron para abordar procesados aforados que estuvieran siendo Página 2 de 24 — PRIMERA INSTANCIA 00518 JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ LEY 600 DE 2000 investigados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y ofrecerles decisiones favorables a cambio de cuantiosas sumas de dinero. En cuanto al aquí acusado BUSTOS MARTÍNEZ, obra el testimonio de Moreno Rivera quien señaló que personalmente le hizo entrega en efectivo de $200.000.000 que correspondían a una parte del anticipo de $600.000.000 recibido de Ashton

Giraldo en cumplimiento del acuerdo. Agregó que esta entrega la efectuó en el apartamento del acusado en el sector de Ciudad Salitre en horas de la noche, a donde fue en compañía del también abogado Vadith Orlando Gómez Reyes En contra del acusado obra también el testimonio de Yeison Ricardo Pérez, empleado de la joyería Cartier del Centro Comercial Andino, quien indicó que Moreno Rivera, cliente asiduo, en una oportunidad fue acompañado de un “señor calvo” a quien llamaba “profe” —que posteriormente pudo identificar como JOSÉ LEONIDAS BUSTOSy adquirió un reloj Cartier referencia “Ballon Bleu” cuya compra por valor de $42.969.977 en efectivo quedó registrada a nombre de Ricardo Beltrán Rivera en la factura CT-8091 de 19 de diciembre de 2012. En síntesis, el procesado se concertó con funcionarios y particulares para abordar aforados investigados por la Corte Suprema de Justicia y ofrecerles decisiones contrarias a derecho a cambio de cuantiosas sumas de dinero. Los acercamientos con aforados, así como la representación judicial de los mismos eran tareas encomendadas al abogado Página 3 de 24

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JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ LEY 600 DE 2000 particular miembro de la organización, Luis Gustavo Moreno Rivera, como aportante al objetivo común. Asi se hizo en los casos de los Senadores Besaile Fayad y Ashton Giraldo, en especial en este último, en el que Moreno Rivera lo abordó y le exigió un pago inicial de $600.000.000 de los cuales entregó $200.000.000 a BUSTOS MARTÍNEZ, por

orden del también ex-Magistrado Francisco Ricaurte. Aunque el acusado no fue ponente en los casos de estos dos Senadores, existen elementos probatorios que permiten inferir razonablemente su participación en la empresa criminal dado el liderazgo que, según Moreno Rivera, ejercía en el seno de la Sala de Casación Penal. ANTECEDENTES Con providencia del día 14 de mayo de 2019, el Representante investigador profirió auto de acusación contra JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ, el cual fue aprobado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes el día siguiente y, posteriormente, por la plenaria de la Cámara de Representantes en sesión reservada de 13 de agosto de 2019. Remitidas las diligencias a la Comisión Instructora del Senado, en informe final emitido el 26 de mayo de 2021 aceptó la acusación proferida por la Cámara de Representantes. Sometida ésta a la plenaria del Senado, se admitió por Página 4 de 24

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JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ LEY 600 DE 2000 unanimidad el 18 de junio de 2021, según Acta 65 de Plenaria del Senado de la fecha!. El pasado 19 de septiembre de 2022 la Sala dispuso decretar medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ, como presunto autor de las conductas punibles de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.

LA DECISIÓN RECURRIDA

En dicha providencia la Sala, luego del análisis correspondiente estimó que en contra del acusado BUSTOS MARTÍNEZ se cumplen, además de las condiciones formales y materiales exigidas para dictar medida de aseguramiento de detención preventiva, los fines que la justifican. En cuanto a los presupuestos sustanciales, estos son los dos indicios graves de responsabilidad y la inexistencia de evidencia que indicara que pudo haberse obrado bajo una causal de exclusión de responsabilidad, la Sala con fundamento en un precedente de la Sala de Casación Penal”, consideró que comoquiera que la resolución de acusación proferida por el Congreso de la República requería de un estándar probatorio y de conocimiento más exigente que el necesario para dictar medida de aseguramiento, formulada aquella quedaba relevada de verificar si concurrían los 1 Cf. folio 1 y ss c 23 de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. 2 Radicado 48965 de 18 de abril de 2017. Página 5 de 24

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JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ LEY 600 DE 2000 presupuestos sustanciales para la medida cautelar, circunscribiendo la. decisión a la discusión sobre la acreditación del cumplimiento de los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, porque si el Congreso acreditó las requisitos sustanciales para acusar? por obvias razones debe admitirse que obra la prueba suficiente para imponer medida de aseguramiento. Luego de concluir que el régimen de las medidas de aseguramiento, en especial de la detención, previsto en la Ley

906 de 2004 es más favorable que el consagrado en la Ley 600 de 2000, la Sala optó por aplicar el primero a este caso. Acudió entonces al artículo 308 de la Ley 906 de 2004, que señala que una vez acreditada la prueba mínima de autoría la medida de aseguramiento procede siempre y cuando se cumpla uno cualquiera de los siguientes requisitos: (i) se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia; (ii) que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima; y (iii) que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Sin embargo, la calificación jurídica provisional de la conducta en sí misma no podrá ser determinante para inferir el riesgo que justifica la medida. En relación con el primer requisito, un análisis preliminar de algunos medios de prueba le permitió a la Sala concluir como necesaria la medida de aseguramiento de detención para evitar la posibilidad de que el acusado obstruyera la justicia, > Art. 397C.P.

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JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ LEY 600 DE 2000 dada la alta magistratura que ejerció que le permitió ostentar un enorme poder y reconocimiento en la Rama Judicial, que potencialmente puede emplear ahora para injerir en el proceso o para obstaculizar su curso normal o el trabajo de los intervinientes o interferir en la práctica probatoria. En punto del segundo requisito, el análisis de la prueba recogida permitió concluir fundadamente que el acusado

constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o comunidad, no solo por la naturaleza de los delitos que se atribuyen sino por su número, y por las circunstancias concretas del caso, la condición profesional y su trayectoria, que hacen bastante probable que continúe con actividades delictivas erigiéndose en un potencial peligro para la seguridad de la comunidad. Sobre la probabilidad de que el acusado no comparezca al proceso o de que no cumpla la sentencia, el análisis de la prueba en este sentido le permitió a la Sala inferir satisfecho este requisito, dadas algunas circunstancias acaecidas en el curso de la instrucción que pusieron de manifiesto su actitud renuente y rebelde para atender la convocatoria de la autoridad investigadora, en especial, para continuar con la diligencia de indagatoria, que como consta, aplazó en cinco oportunidades con distintas excusas hasta que finalmente no se llevó a cabo por causas atribuibles al encartado. Finalmente, la Sala estimó que frente al cumplimiento de los fines de las medidas de aseguramiento no resultaba suficiente la reclusión domiciliaria ni otra medida menos Página 7 de 24 . PRIMERA INSTANCIA 00518 JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ LEY 600 DE 2000 restrictiva, por lo que optó por la detención preventiva intramural. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN En su oportunidad el acusado interpuso como único el recurso de reposición que sustentó dentro del término legal. En orden a su sustentación el acusado, sin refutar los argumentos de la decisión, dividió su escrito en dos apartados.

En el primero, que denominó “Fundamentos jurídicos de la decisión” formuló su postulación haciendo referencia a sus argumentos jurídicos y al examen de la prueba plasmado en la providencia, que culminó con una crítica a estos básicamente porque en su opinión la Sala debió haberse abstenido de valorar la prueba por la intangibilidad de la acusación y porque en la argumentación efectuada para justificar los fines constitucionales de la detención existen “errores de hecho por falsos juicios de existencia por omisión y suposición de la prueba; de identidad por tergiversación, cercenamiento y adición de la prueba y de falso raciocinio por violación de las reglas de la sana crítica, que no son de recibo precisar por ahora”. Para el recurrente el análisis ponderado de la prueba que se anunció en el auto impugnado, que en su opinión estaba vedado hacer, generó la contaminación de la Sala con menoscabo de la objetividad que precisamente se busca salvaguardar mediante la separación de las funciones de instrucción y acusación de la de juzgamiento en pro de la Página 8 de 24 — PRIMERA INSTANCIA 00518 JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ LEY 600 DE 2000 preservación de los derechos fundamentales de contradicción, impugnación, defensa y debido proceso que le asisten. Esta circunstancia imponía, en consecuencia, diferir para la sentencia cualquier decisión que implicara valoración de la prueba por la imposibilidad de controvertirla. En el segundo apartado que denominó “Inaplicabilidad del artículo 468 de la Ley 600 de 2000”, y que constituye el puntal

esencial de su ataque a la decisión, invocó la no aplicación de dicha norma bajo el amparo del mecanismo de la excepción de inconstitucionalidad previsto en el artículo 4 de la Carta. Para el acusado el mandato del inciso primero del artículo 468 de la Ley 600 de 2000 en cuanto autoriza exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia en esta fase del proceso a imponer la medida de aseguramiento es inconstitucional, porque hace imposible la discusión acerca de los presupuestos sustanciales para proferirla, bajo el entendimiento del mayor grado de conocimiento exigido para acusar, sin que la Corte pueda cuestionar esta valoración so pena de quebrantar la facultad de acusación del Congreso, lo que se traduce en la violación de la Constitución y de las garantías fundamentales de defensa. Dicho escenario implica la vulneración de sus derechos fundamentales a la defensa y debido proceso por imposibilidad de ejercer la contradicción de la prueba. Tampoco existe posibilidad de prosperidad del recurso, pero no por la solidez de la prueba, sino porque la decisión recurrida canceló cualquier posibilidad de controversia al admitir que la acusación proferida por el Congreso exige un estándar mayor Página 9 de 24

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JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ LEY 600 DE 2000 de conocimiento que el exigido para la medida de aseguramiento. Además, agregó que la aplicación del artículo 468 de la Ley 600 de 2000 quebranta el “derecho fundamental” de imparcialidad en cuanto permite proyectar los contenidos valorativos de la acusación al juicio de cara a la adopción de la

medida de aseguramiento y, al mismo tiempo, dar por probado sin cuestionamiento alguno los requisitos sustanciales de la acusación, todo lo cual da al traste con el principio de imparcialidad que debe acompañar al juez. La asignación de la facultad de imponer medida de aseguramiento al juez por el artículo 468 ibidem genera un dilema: o se respeta el sistema de enjuiciamiento de los aforados de que trata el artículo 175 superior, particularmente la intangibilidad de la acusación con la consecuente violación de los derechos fundamentales del procesado; o se somete a controversia la acusación para garantizar los derechos fundamentales de los que es titular el procesado. La solución constitucional de este dilema implica no aplicar el artículo 468 idem por vía de la excepción de inconstitucionalidad y, por ende, revocar el auto impugnado garantizándose así la supremacía de la Carta. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO En el término de traslado para los no recurrentes el señor Procurador Delegado, luego de contrastar los argumentos de la Página 10 de 24

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JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ LEY 600 DE 2000 decisión con los del recurso, solicitó a la Sala confirmar el auto impugnado. En orden a sustentar su solicitud comenzó por destacar que la medida de aseguramiento consulta los fines constitucionales previamente definidos por los artículos 28 y 29 de la Carta y por la ley, en particular, la doctrina sobre los límites formales y sustanciales que gobiernan las medidas de aseguramiento.

En punto de la competencia de la Corte para imponer las medidas de aseguramiento sin necesidad de entrar en el análisis del presupuesto sustancial referido a la constatación de por lo menos dos indicios graves de responsabilidad, la decisión se fundó en un precedente de la misma Sala que determinó que en estos casos el debate se limitaría a la acreditación del cumplimiento de los fines constitucionales de las medidas de aseguramiento. Lo anterior justamente porque en estos casos la medida de aseguramiento no ocurre antes de la calificación, pero el debate del presupuesto sustancial sí se presentó en todas las fases de la instrucción, hasta la etapa de la calificación incluso, y en cada una de ellas el procesado tuvo la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa. En sentir del Ministerio Público puede afirmarse que las pruebas que sustentan la acusación no han sido desvirtuadas aún, en cuanto a la ocurrencia del hecho y al juicio de responsabilidad, estándar de conocimiento mayor al exigido 4 AEP00058-2019, radicado 900094 de 13 de mayo de 2019. Página 11 de 24

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JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ LEY 600 DE 2000 para la medida de aseguramiento, sin embargo, esto no implica per se su imposición, pues en últimas su procedencia está supeditada al cumplimiento de los fines constitucionales que la justifican. En cuanto al argumento de que la valoración de la prueba por parte de la Sala para la verificación del cumplimiento de los fines constitucionales constituye una contaminación indebida y deteriora su objetividad, aclaró que contrario a lo dispuesto por la Ley 906 de 2004, en el caso de la Ley 600 de 2000, opera

el principio de permanencia de la prueba por lo que los medios de prueba recaudados en la instrucción, que son el soporte de la acusación, mantienen su valor de pruebas en el juicio lo que conlleva a asumir que deben ser estimados necesariamente al momento de la definición de la situación jurídica, de no ser así, la decisión carecería de fundamento demostrativo. En relación con la no aplicación del artículo 468 de la Ley 600 de 2000 por vía de la excepción de inconstitucionalidad adujo que comoquiera que la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre su exequibilidad, debe presumirse ajustado a la Carta conforme con el principio de legalidad. Además, la definición de la situación jurídica de los aforados sujetos a los juicios especiales ante el Congreso de la República ha estado a cargo de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2000, sin que el artículo 468 haya sido sometido al control constitucional concentrado ni al difuso. Para el Procurador la posibilidad de imponer una medida de aseguramiento en medio de un juicio especial no vulnera los Página 12 de 24

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JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ LEY 600 DE 2000 derechos fundamentales del procesado, por el contrario, encarna la garantia de la reserva judicial en lo atinente a la detencion. Finalmente, concluyó que admitir la inconstitucionalidad del artículo 468 por vía excepcional desencadenaría una particularidad sin precedentes, porque ninguna autoridad tendría la facultad de decretar una medida de aseguramiento en los juicios especiales ante el Congreso.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia. El artículo 3? del Acto Legislativo 01 de 2018, que modificó el artículo 235 de la Constitución Política, atribuye a la Corte Suprema de Justicia la competencia para juzgar al Presidente de la República -o a quien haga sus vecesy a los altos funcionarios de que trata el artículo 174 idem, entre ellos a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, previo el procedimiento establecido en los numerales 2 y 3 del artículo 175 superior, para lo cual “la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estará conformada además por Salas Especiales que garanticen el derecho de impugnación y la doble instancia”. En relación con los juicios especiales que se siguen ante el Congreso de la República contra los altos funcionarios del Estado, el artículo 468 de la Ley 600 de 2000 asignó de forma exclusiva a la Corte Suprema de Justicia la facultad de imponer medidas de aseguramiento y variar la calificación jurídica, en Página 13 de 24

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JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ LEY 600 DE 2000 cuyo ejercicio se profirió la decisión que es materia del recurso de reposición. En consecuencia, es competente la Sala Especial de Primera Instancia para desatar el recurso de reposición interpuesto contra el auto que profirió medida de aseguramiento en contra del ex-Magistrado JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ, por delitos especiales cometidos en el ejercicio del cargo (artículo 174 constitucional) que comportan penas distintas a la pérdida del empleo o cargo, en los términos

de los numerales 2 y 3 del artículo 175 ibidem y 449, inciso segundo de la Ley 600 de 2000. Inicialmente hay que decir que el recurso de reposición tiene como finalidad que el funcionario que profirió la decisión la reexamine de cara a los argumentos expuestos por el recurrente, a propósito de corregir los errores eventualmente cometidos, finalidad de la cual deriva el requisito ineludible para el impugnante de determinar y demostrar las equivocaciones supuestamente cometidas, porque de lo contrario dejará al funcionario sin la posibilidad de contrastar si efectivamente cometió algún dislate que debe enmendar, yerros que el acusado no individualizó y menos demostró con la sustentación; sin embargo, en garantía de los derechos de contradicción y de defensa, la Sala abordará su análisis de fondo: 1.- Sea lo primero precisar en relación con la manifestación de la supuesta existencia de “errores de hecho por falsos juicios de existencia por omisión y suposición de la prueba; de identidad por tergiversación, cercenamiento y Página 14 de 24

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JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ LEY 600 DE 2000 adición de la prueba y de falso raciocinio por violación de las reglas de la sana crítica, que no son de recibo precisar por ahora”, que la Sala no se pronunciará sobre esto por no haberlos individualizado y mucho menos acreditado. 2.- Ahora, para dar respuesta a los demás planteamientos formulados deberá la Sala abordar, en primer lugar, el concepto y alcance del mecanismo de control constitucional difuso de la excepción de inconstitucionalidad; en segundo

lugar, de cara a los planteamientos del recurrente verificar si en su caso concreto la aplicación del artículo 468 de la Ley 600 de 2000, vulnera el artículo 29 de la Carta en cuanto a sus derechos de defensa, debido proceso y contradicción, como lo sugiere el impugnante, para en tercer lugar, a partir de la conclusión que arroje el análisis anterior, determinar si es viable en su caso no aplicar por vía de excepción el artículo 468 ibidem. La no aplicación excepcional de una norma de rengo inferior a la Constitución por ser contraria a esta se ha convenido en denominar: excepción de inconstitucionalidad. Esta figura tiene arraigo en el artículo 4° de la Carta que elevó la Constitución a “norma de normas” y, a partir de allí, deriva el axioma: “En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”. La jurisprudencia constitucional5 ha definido que “la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente 5 Corte Constitucional SU-132-13. Página 15 de 24

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JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ LEY 600 DE 2000 como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales”.5

En consecuencia, esta figura se aplica con el propósito de proteger, en un caso particular y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se pongan en peligro de afectación por la aplicación de una norma de inferior jerarquía que, de manera “clara y evidente”, contraría las normas, principios y valores constitucionales. El no emplear la excepción de inconstitucionalidad da lugar a un defecto sustantivo debido a que, el juez hizo una interpretación normativa sin tener en cuenta que esta resultaba contraria a los derechos y principios consagrados en la Carta Fundamental. Por lo tanto, su decisión está basada en una norma que de acuerdo con el “principio de interpretación conforme con la Constitución”, no podría existir en nuestro ordenamiento. En consecuencia, se trata de una decisión con fundamento en normas que siendo de menor jerarquía van en contra de los principios, valores y derechos establecidos en la Constitución Política y de ello deriva su quebrantamiento. No obstante, si la inconstitucionalidad de la ley no es manifiesta, vale decir, apreciable prima facie, la pretensión de la persona agraviada en el sentido de que aquélla se inaplique en el caso concreto, por sí sola no queda comprendida en el ámbito de ningún derecho fundamental. El valor normativo de la Constitución, lo mismo que su primacía, obliga a todo juez a preferir sus preceptos y a hacerlos prevalecer sobre las normas de inferior jerarquía que le sean contrarias. Sin embargo, el 5 Véase en sentencia T-389 de 2009. Página 16 de 24

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LEY 600 DE 2000 juez goza de un margen razonable de autonomia para determinar si efectivamente una específica ley viola la Constitución y, por tanto, resulta menester omitirla como fuente de reglas válidas”. Por ello, según la Corte Constitucional, esta facultad, que puede ser ejercida de manera oficiosa” o a solicitud de parte, tiene lugar cuando se está frente a alguna de las siguientes circunstancias: “fi) La norma es contraria a los cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad (...); (ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso; o, (iii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento iusfundamental. En otras palabras, puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales” 0. Según la jurisprudencia!!, entonces, la excepción de inconstitucionalidad únicamente puede aplicarse cuando resulta incuestionable —conforme al texto de la disposición o clarísima jurisprudenciaque viola la Carta. O cuando la norma que fue derogada corresponda a la reproducción de una declarada inexequible por la Corte Constitucional, en cuyo caso

se verificaría la violación del artículo 243 de la Carta. 7 Corte Constitucional sentencia T-067-98. 8 T-437-18 9 Ver sentencia T-808 de 2007 y T-424 de 2018. 10 Corte Constitucional sentencia T-681 de 2016. 11 Corte Constitucional sentencia T-685-03. Página 17 de 24

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Las anteriores condiciones se explican por el hecho de que únicamente le corresponde a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de las leyes. La facultad de inaplicar una norma por inconstitucional es excepcional. En este mismo sentido la Sala de Casación Penal, precisó que la violación a la Constitución por parte de una disposición jurídica que justifica el control excepcional es la que resulta manifiesta, evidente, palmaria, de lo contrario el mecanismo idóneo para retirarla del ordenamiento es la demanda ordinaria de control constitucional. En otras palabras, en casos de análisis complejos no puede usurparse la competencia del Tribunal Constitucional, pues constituye función de esa corporación determinar si hay contradicción de una norma con la Carta Política!?. En el caso concreto el acriminado pide que por vía de este control constitucional excepcional (o difuso) la Sala inaplique en su favor el artículo 468 de la Ley 600 de 2000, en cuanto ordena que las medidas de aseguramiento solo pueden ser impuestas por la Sala de Casación Penall3, en el evento de los juicios especiales ante el Congreso que se siguen a los altos

funcionarios de que trata el artículo 174 idem, entre ellos a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, previo el procedimiento establecido en los numerales 2 y 3 del artículo 175 superior. Para el acusado el inciso primero de dicha norma es inconstitucional, porque impide la discusión acerca de los 12 SP5200-2014, radicado 42534 de 30 de abril de 2014. 13 A partir del Acto Legislativo 01 de 2018 dicha función quedó radicada en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Página 18 de 24

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JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ LEY 600 DE 2000 presupuestos sustanciales para proferir medida de aseguramiento, con el argumento del mayor grado de conocimiento exigido para la acusación, lo que constituye una violación de la Carta y de la garantía fundamental de defensa. A juicio de la Sala dicho planteamiento no puede ser de recibo, por cuanto de la aplicación del mandato normativo no puede inferirse la conclusión formulada por el recurrente. El presupuesto sustancial de la medida de aseguramiento, este es, la verificación de por lo menos dos indicios graves de responsabilidad se encuentra ínsita en el análisis de la prueba requerida para acusar, que materia de estudio en la providencia que formuló la acusación y de amplio debate por parte del recurrente, quien incluso, presentó un extensísimo escrito de alegatos de conclusión en su oportunidad!4, al que también se refirió en extenso la Comisión en el auto acusatorio.

No hay duda entonces que siempre tuvo y ejerció la posibilidad de controvertir las pruebas que apuntaban a estructurar el juicio de responsabilidad. De ahí que tampoco sea verdad que no haya contado con la posibilidad de controvertir o ejercer la contradicción de la prueba que funda los presupuestos sustanciales de la medida de aseguramiento, porque estos, en últimas, se refunden en el análisis probatorio propio de la acusación ante la mayor amplitud del examen de la prueba que demanda esta. En ese orden, dadas las particularidades de este juicio, la medida de aseguramiento deviene como consecuencia directa del juicio de responsabilidad penal plasmado en la acusación 14 Cf. Cuaderno núm. 18 de la Comisión de Investigación Acusación a folios 50 y siguientes. Página 19 de 24

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