CSJ - Sentencia AEP0022-2024(01078)

República de Colombia Cede Suprema de Justicia Sala Especial ole Primera Inslanda

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS

Magistrado Ponente • AEP-0022-2024 Radicación 01078 Aprobado mediante Acta Extraordimr4No. 20 Bogotá D.C., veinte (20) de febrero-NI:e dos mil veinticuatro (2024). Se pronuncia Sala sobre el recurso de apelación interpuesto y sulf:Iládo dentro del término legal previsto por la apoderada del co.hdenado EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA, contra el utd de 15 de noviembre de 2023 del Juzgado Quinto de Ejecupió:il de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla que leIgó la libertad condicional.

2. ANTECEDENTES

1. Producto de un acuerdo de aceptación de cargos celebrado en cumplimiento del artículo 40 de la Ley 600 de Página 1 de 38 )ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barrido Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanche2 :echa: 20-02-2024 Código de verificación: 37C37EC23082F2104716537F339EC54EF5318D6B18D26A565D9112C6A65A8633

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EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA LEY 600 DE 2000 2000, la Sala mediante sentencia de 24 de junio de 2021, condenó a EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA como autor

responsable del delito de tráfico de influencias de servidor público en concurso heterogéneo con el delito de cohecho por dar ofrecer, a las penas principales de. cincuenta y ocho (58) meses y veinticinco (25) días de prisión, multa de ciento setenta y ocho punto setenta y cuatro (178.74) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Tesoro Nacional e inhabilitaqión para el ejercicio de derechos y funciones públicas por sesenta y tres (63) meses y diecinueve (19) días, según lo expuesto. A su vez se abstuvo de condenar en pe 1icios y al pago en costas, expensas y agencias en drecid por no haberse demostrado su causación.

2. Con base en el articiilb 64 del Código Penal la apoderada del condenado sptic' itó la libertad condicional ante -\\ el Juzgado 5 de Ejecuerwde Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, por consid ,r que reunía los requisitos previstos para el beneficio y por haber cumplido de manera satisfactoria su proceso de resocialización.

Juzgado 5 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, no obstante encontrar acreditado el cumplimiento de los requisitos objetivos del beneficio, dispuso negar su concesión por estimar que no cumplía con el presupuesto subjetivo relacionado con la gravedad de las conductas por las que fue condenado PULGAR DAZA. Página 2 de 38

»cumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,RodrIgo Ernesto Ortega Sancha: 'echa: 20-02-2024 Código de verificación: 37C37EC23D82F2104716537F339EC54EF5318D6B18D26A565D9112C6A65A8633

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3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN IMPUGNADA En opinión del juzgado a quo la conducta del sentenciado es de especial gravedad dadas las consideraciones plasmadas en la sentencia de la cual tomó algunos apartes relacionados con la gravedad de la conducta, el daño real ocasionado a la administración pública, la máxima importancia del cargo en la rama legislativa, la mayor intensidad del dolo y la forma premeditada de comisión.

Concluyó que la conducta desplegada por PULGAR DAZA es altamente reprochable y por esto consideyphecesario aplicar a su caso la prevención especialy retribuciówjusta como medida a fin de evitar la reincidencia y ndejar la sensación de impunidad en la sociedad. Par4. soportar su aserto citó la decisión de la Corte Suprema. 'Justicia radicado 45900 de 1 de febrero de 2017. "kt Por esto, sen icio, que no obstante la buena conducta del condenado (e el establecimiento penitenciario y en su domicilio, e.timó imperativo no acceder a su solicitud de libertad dicional.

"'Como corolario, concluyó que la valoración de las conductas punibles por las cuales fue condenado PULGAR DAZA impide la concesión del subrogado deprecado.

4. ARGUMENTOS DEL RECURSO Página 3 de 38 )ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardlla,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanche2 ,echa: 20-02-2024 Código de verificación: 37C37EC23D82F2104716537F339EC54EF5318D6B18D26A565D9112C6A65A8633

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Inconforme con la decisión la defensora del sentenciado interpuso y sustentó el recurso de apelación dentro del término legal previstol. En cuanto a los fundamentos de su inconformidad empezó por citar textualmente el contenido del artículo 64 del Código Penal con la modificación de la Ley 1709 de 2014. Agregó que la decisión del juzgado encontró cumplidos los presupuestos de los numerales 1, 2 y 3 del artículo en mención y la negativa la basó en lo previsto en el inciso primero, es decir, en la previa valoración de la conducta, a cuysoanálisis se refirió 4\ a continuación. Acusó la decisión de descono er la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia solve . materia (STP15806 de 2019 radicado 107644) en la que:, Oegún dijo, no puede tenerse como razón suficiente para 94 - la libertad condicional la lesividad

"\.; de la conducta punible 'frente a los bienes jurídicos, pues ello , solo es compatible con prohibiciones expresas respecto de ciertos delito We'mo lo hace el artículo 68A del Código Penal. Según la misma jurisprudencia, agregó, la valoración de la belducta punible en su integridad, conforme a la declaración plasmada por el juez en la sentencia, es solo uno de los distintos factores que debe tener en cuenta el juez de ejecución de penas para decidir sobre la libertad condicional, pues tal aspecto debe armonizarse con el comportamiento del penado en prisión y los demás elementos útiles que permitan analizar la necesidad de continuar con la ejecución de la pena privativa 1 El recurso fue interpuesto y sustentado el 20 de noviembre de 2023. Ver: CD a folio 22 c. o. 1. Archivo 02 Ejecución. 07 ejecución Barranquilla. Archivo digital núm. 05 Página 4 de 38 ' )ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Renda Barreto Ardlla,Ariel Augusto Torres Rojas,RodrIgo Ernesto Ortega Sancha: 'echa: 20-02-2024 Código de verificación: 37C37EC23D82F2104716537F339EC54EF53181)61318D26A565D9112C6A65A8633

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EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA LEY 600 DE 2000 de la libertad, como por ejemplo, su participación en las actividades programadas en la estrategia de readaptación social en el proceso de resocialización. A continuación, en esta misma línea jurisprudencial citó

la "sentencia 61616" de la Corte Suprema de Justicia que, refriéndose a la libertad condicional señaló que sustentar su negación con la sola alusión a la gravedad o lesividad-dela conducta solamente es posible en los casos en que el legislador ha prohibido el otorgamiento del subrogado por,di9fio motivo, pues una postura que no ofrezca la posibilidadz4é materializar y la reinserción del condenado a la comuniá que contemple la gravedad de la conducta como urk. concepto estático sin sujeción a las funciones de la pná es inconstitucional, y atribuye a la sanción un único 1,1 1r'etributivo lo más parecido a la venganza. ./0 p Siguiendo el hilo‘-he la postura de la Corte2, trajo a colación un asunt In el que ésta revocó una decisión de un juez de ejecuciónde penas que negó la libertad condicional con un argump o similar al del caso, y para el efecto citó las sentencias de la Corte Constitucional C-233 de 2016, T-640 de 20,11 y T-265 de 2017 en las que ésta destacó, refiriéndose al examen de conducta, la necesidad de abordar su análisis desde la funciones de la pena, sin olvidar la constitucional de resocialización. Agregó la defensa que en esa oportunidad la Corte Suprema de Justicia dijo que la finalidad de la prevención contenida en el artículo 64 del Código Penal con sus respectivas 2 AP2977-2022, radicado 61471. Página 5 de 38

)ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardlla,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez :echa: 20-02-2024 Código de verificación: 37C37EC23D82F2104716537F339EC54EF5318D6B18D26A565D9112C6A65A8633

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EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA LEY 600 DE 2000 modificaciones no es otra que relevar al condenado del cumplimiento de una parte de la pena cuando el concreto examen del tiempo de privación efectiva de la libertad, de sus características individuales y la comprobación objetiva de su comportamiento en prisión o en su residencia, permiten concluir que no es menester continuar con la ejecución de la sanción. Alegó en consecuencia que es evidente que el juzgado de primer grado no tuvo en cuenta los lingamientos jurisprudenciales indicados y tampoco explicó lás 'ázones por las que se apartaba de los precedentes. ,Ikleios analizó la solicitud de libertad como tal haciefrdo un juicio de ponderación entre la libertad del septendado y los fines que esgrime y tampoco examinó los re ,sitos para la concesión del subrogado. En ese orden de.idèas, aseguró la defensora, de atender la tesis del juzgad quo no sería posible conceder la libertad condicional 9,..Uol condenados por delitos contra la administrap 'pública, lo que en su opinión es absolutamente contrario los fines de la pena, al principio de dignidad huriiáia, a las funciones de resocialización y de reinserción

so nfül Así las cosas, sostuvo, para decidir sobre la concesión del subrogado, era menester que el juez hubiera tomado en cuenta además de la gravedad de la conducta, el proceso de resocialización de PULGAR DAZA que es el fin último de la pena. En ese sentido, su representado durante el lapso de privación de su libertad ha asumido una conducta calificada Página 6 de 38 )ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nellda Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Raias,Rodrigo Ernesto Ortega Sancha: :echa: 20-02-2024 Código da verificación: 37C37EC23D82F2104716537F339EC54EF5318D6B18D26A56509112C6A65A8633

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EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA LEY 600 DE 2000 de ejemplar, ha estudiado, ha participado en programas psicosociales, ha trabajado e incluso le concedieron el beneficio de la prisión domiciliaria por su excelente desempeño y sus avances en el proceso de resocialización. Además, no puede desestimarse que se acogió a sentencia anticipada, previa aceptación de cargos. Sobre este punto, finalmente cuestionó que la providencia que cita el juzgado como fundamento de su decisión no trata el tema de la libertad condicional y tampoco es un, asunto en etapa de ejecución de la pena. A continuación, abordó en extenso „Pos aspectos de la prevención general, especial y la retribución justa esgrimidos en el proveído impugnado, cuestnando en especial que la

decisión del juez desatiendernandato del artículo 4 del Código Penal que prevé qué\eyi la ejecución de la sentencia solo se tendrá en cuenta 45u,, iSrevención especial y la reinserción 'Ns› social. Volvie citar la "sentencia 61616" de la Corte, señaló con una cita textual que el análisis que asume el juez de ejecución de penas al resolver sobre la libertad condicional apunta a una finalidad específica: establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario a partir del comportamiento del condenado en prisión, el cual en opinión de la recurrente ha tenido un proceso intramural exitoso, por lo que no hay riesgo de reincidencia. Ya en punto del cumplimiento de los requisitos de la libertad condicional, en particular, empezó por aclarar que si Página 7 de 38 )ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardlia,Ariel Augusto Torres Rojas,RodrIgo Ernesto Ortega Sanchez 'echa: 20-02-2024 Código de verificación: 37C37EC23D82F2104716537F339ECS4EF5318D6B18D26A565D9112C6A65A8633

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EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA LEY 600 DE 2000 bien el recurso va encaminado a controvertir la valoración negativa de la gravedad de la conducta de acuerdo con el inciso primero del artículo 64 del Código Penal, debió examinar antes el cumplimiento de los requisitos para la libertad condicional, pues los mismos prueban también el cumplimiento de los fines

de prevención especial y de resocialización en el caso de su prohijado. En cuanto al cumplimiento de las tres quintas, (3/5) partes de la pena impuesta explicó que entre privagión física, redenciones de pena y tiempo en prisión domiciliaria; el penado ha acreditado 41 meses 5 días a la fecha de;lik solicitud, y al día del recurso tiene acreditado tres meséQy medio más para un total de 44 meses y 23 días. Además, adujo, su repreIentado ha venido pagando la multa mensualmente conforme a los términos del acuerdo de , pago celebrado el 10 tidibiembre de 2021 con la División de Cobro Coactivo delap) Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (anexo 15))." En elación con el adecuado desempeño y compQrtamiento durante el tratamiento penitenciario que permita suponer fundadamente que no es necesario continuar con la ejecución de la sentencia, alegó que desde la solicitud del subrogado pudo acreditarse (anexo 16) que la conducta de PULGAR DAZA en privación de libertad ha sido calificada como buena y ejemplar, además de certificar con constancias que ha participado en diferentes procesos de resocialización y en programas psicosociales (anexos 17, 18 y 19). También el concepto psicosocial de 7 diciembre de 2023 (anexo 12) Página 8 de 38 )ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelicla Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez :echa: 20-02-2024 Código de verificación: 37C37EC23D82F2104716537F339EC54EF5318D6B18D26A565D9112C6A65/18633

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EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA LEY 600 DE 2000 expedido por un grupo interdisciplinario de la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad EJEMA, certifica su buena actitud y comportamiento en el lugar de reclusión, todo lo cual le permite concluir a la impugnante que durante su privación de la libertad ha mantenido un "excelente" comportamiento y se ha esforzado por culminar su proceso de resocialización. Sobre el arraigo social y familiar afirmó que con los elementos allegados (anexo 22), demuestra que PULGARDAZA tiene arraigo en el municipio de Polonuevo (Atlántico) con su compañera permanente y su hija menor, clk pinco arios, circunstancia acreditada por el juzgado d1 plmer grado en auto de 23 de enero de 2023 por el cual concedió la prisión domiciliaria y probada además un. 1 informe de visita domiciliaria de 27 de octubre !ck„2622 (anexo 23) y con el informe de visita presencial a j-a',re'sidenciá. del penado de 18 de enero de 2023 dispuesta por5e1 juzgado a quo por auto de 30 de diciembre de 2022 Janexo 24). También M prueba con las conclusiones del informe del investigadoa 9 campo IIC-2022073092 de 1 de mayo de 2023, realizado a instancia de la defensa (anexo 25) que a su vez se sopgrt„áyen varias declaraciones bajo la gravedad del juramento délrábajadores de la finca, de familiares de PULGAR DAZA y

de su compañera permanente (anexos 26 a 31). Para finalizar advirtió que no existe prohibición legal expresa para otorgar la libertad condicional a su prohijado. Página 9 de 38 )ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sancho: :echa: 20-02-2024 Código de verificación: 37C37EC231:182F2104716537F338EC54EF53113D6B18D26A565D9112C6A65A8633

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Pidió, en consecuencia, se revoque la decisión recurrida y se conceda la libertad condicional a EDUARDO ENRIQUE

PULGAR DAZA.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1 Competencia Conforme con la previsión del parágrafo primero del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, aplicable por virtud del principio de favorabilidad a esta actuación aftetantada bajo el trámite de la Ley 600 de 20003, la Salaté§' competente para resolver el recurso de apelación interpuélto por la defensora de EDUARDO ENRIQUE PULGAR DA«..5 .,.dontra el auto proferido el 15 de noviembre de 202 .1 ,p6r el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medíc,14s vde Seguridad de Barranquilla, mediante el cual le neffi-lalibertad condicional, dado que se

hizo en el trámite e eycución de la sentencia dictada por la Sala como juez óhocimiento. Al resizlédto conviene precisar que en virtud del principio de limitación, la intervención del juez de segundo grado en ci..1r/lib'del examen propio del recurso de apelación, está circunscrita por el punto debatido y en tal circunstancia no puede desbordar su competencia funcional hacia aspectos no tratados o pretensiones no formuladas, pues de hacerlo así comprometería la legalidad de su decisión y podría ser acusado de haber actuado sin competencia o dentro de un ámbito de oficiosidad que, en principio, está autorizada solo para los 3 CSJ. AP3558-2015, radicado 46119 de 24 de junio de 2015. Página 10 de 38 )ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardlla,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez :echa: 20-02-2024 Código de verificación: 37C37EC231:182F2104716537F339ECS4EF5318D6B18D26A565D9112C6A65A8633

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EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA LEY 600 DE 2000 eventos de las nulidades bajo el entendido de que el proceso debe estructurarse sobre un trámite estrictamente lega14. Sobre el principio de limitación la Corte Constitucionals tiene establecido: "El artículo 31.2 de la Carta y el límite de la competenciq del superior cuando el condenado es apelante único. Nótese cómo, ,:si,bien

el artículo 31.1 consagra la segunda instancia, el artícul4:3,1. 2 le impone un límite al impedir que el superior agrave la pena„ impuesta al condenado que es apelante único. El artículo 31.1 consagra, un derecho consistente en que el superior examine la decisión apjmnferior pero el artículo 31.2, si bien limita la competencia d perior, también consagra un derecho al garantizarle al condena n quien concurre la calidad de apelante único que la pena que s, ha impuesto no será agravada. Esa prohibición es coherente cons el principio de limitación que rige en el ámbito del recurso de ape,,1,, &n y de acuerdo con el cual la competencia del superior se circunsc be a los puntos a los que se extiende la inconformidad del apeltumW eJ' ; . (Resalta la Sala)" En la Ley 906 de 2004 no existe, como sí en la Ley 600 de 2000 en el art'teulo 204, una disposición donde expresamente s&eñale que, "En la apelación, la decisión del superior se extéCh era a los asuntos que resulten inescindiblemente <,› vinculados iiti-t> jeto de impugnación". n embargo, la Corte Constitucional6 al estudiar los línátes a la competencia del superior jerárquico, indicó que en los sistemas acusatorios: (..) existe una tendencia a limitar los poderes del superior jerárquico, a diferencia de lo sucedido en los sistemas inquisitivos por cuanto, como los sostiene Maier, en estos últimos, el recurso de apelación contra la sentencia se encontraba íntimamente ligado con la

idea de delegación del poder jurisdiccional que gobernaba la 4 CSJ. SP3991-2022, radicado 52395 de 30 de noviembre de 2022. 5 Corte Constitucional, sentencia C-055 de 1993. 6 Cf. Sentencia C-591 de 2005. Página 11 de 38 »cimiento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardlia,Ariel Augusto Torres RoJas,Rodrigo Ernesto Ortega Sancho: rocha: 20-02-2024 Código de verificación: 37C37EC23082F2104716537F339EC54EF5318D6B18D26A565D9112C6A65A8633

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EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA LEY 600 DE 2000 administración de justicia, de suerte que el poder que se había delegado en el inferior debía devolverse por completo al superior, lo que implicaba acordarle a este último amplios poderes para revisar lo decidido por el a quo. Por el contrario, en un modelo procesal penal de tendencia acusatoria, los poderes del juez de segunda instancia se encuentran limitados por lo decidido por el inferior jerárquico. Sobre esa base, la Sala de Casación Penal7 señaló que, en virtud del principio de limitación, la intervención del juez de segundo grado en curso del examen propio del recursO de apelación, no puede desbordar sus funciones hacia aspectos no tratados o pretensiones no formuladas, bajo el entendido que se trata de un funcionario imparcial. qüe carece de agenda propia y resuelve en consonanciá ‘bn lo solicitado o discutido.

Este representa la materialización del derecho de defensa, en tanto, el contni'do estricto de la apelación es el que marca la posibilicrad de contradicción para los no .<‘ impugnantes y ma uede decirse que se garantizó la controversia diféçtica cuando el juez se aparta de ese objeto concreto de 4eVate para incursionar en terrenos ajenos que ni siquiera fueron planteados por la parte inconforme con el fallo y, por tanto, tampoco permitieron pronunciamiento de la.L:COntraparte 8. En consecuencia, la Sala se circunscribirá en este caso al asunto materia del recurso y los inescindiblemente ligados a él, estos son, a la discusión sobre la valoración previa de la conducta en la que la juez a quo fundó su negativa de conceder el subrogado de la libertad condicional y sus 7 CSJ. SP1370-2022, radicado 53444 de 27 de abril de 2022. 8 CSJ, SP15880-2014, radicado 43557 de 20 de noviembre de 2014. Página 12 de 38 )ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Arlel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez :echa: 20-02-2024 Código de verificación: 37C37EC23D82F2104716537F339EC54EF5318D6B18D26A565D9112C6A65A8633

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EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA LEY 600 DE 2000 presupuestos, que es en últimas el motivo de inconformidad

del recurrente. 5.2 Cuestión previa En esta oportunidad la discusión estriba en determinar si de acuerdo con los principios y lineamientos constitucionales que regulan el subrogado de la libertad condicional, en especial el presupuesto de la previa valoración de la conduqta punible, a que hace alusión el artículo 64 del Código Pekaj; se verifica en favor del condenado EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA y, por tanto, se hace merecedor a la liberta„ Ondicional. En este caso mientras el juzga.d6' de ejecución de penas y medidas de seguridad sostiexíe, que a pesar de cumplirse el requisito objetivo, la valoráción de la conducta punible arroja '''' como resultado la sidad de que el penado continúe rk4 cumpliendo la penkpfivativa de la libertad impuesta, para que de este modo tt cumplan a cabalidad los fines de prevención , especial y ..10'iserción social, la defensa asume que su prohijado"imple los requisitos para ser liberado y que la posturwdel juzgado es inaceptable porque es evidente que no tuvo en cuenta los prolijos y pacíficos lineamientos jurisprudenciales y constitucionales sobre la materia, a los que hizo amplia referencia, y tampoco explicó las razones por las que se apartaba de los precedentes Página 13 de 38 )ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca hienda Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchex :echa: 20-02-2024 Código de verificación: 37C37EC23082F2104716537F339EC54EF5318D6B18D26A565D9112C6A65A8633

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Antes de entrar en materia conviene precisar que en nuestro sistema jurídico9, la pena tiene varias finalidades que van desde su previsión hasta su ejecución: (i) Preventiva o disuasiva, que en esencia se concreta en el momento en que el legislador fija la sanción, la cual se presenta como la amenaza de un mal por el daño que se hace a la sociedad ante la violación de la prohibición normativa. Es la fase de conminación legal y responde a un objetivo de prevención general que se justifica en la protecci"de diversos bienes jurídicos, necesarios para preservar I, 4\oexistencia de la colectividad. Retributiva, que se exteriorT/a én la imposición judicial (ii) de la pena. En esta fase se ,0!pemezc1an fines preventivos generales y especiales, al3 uè prevalecen los primeros. La individualización e impoièión de la sanción confirma la vigencia de la normW y actualiza la amenaza abstracta tipificada en la le \Za prevención especial se patentiza en los casos en quei.funcionario judicial del catálogo de mecanismos sustitutivW;de la pena privativa de la libertad, valora el cumglimievnto de los requisitos legales que proveen una aletitiva a la ejecución intramural. (iii) Resocializadora, propia de la fase de ejecución de la pena, orientada a la prevalencia de principios que respeten la autonomía y dignidad de los condenados y, por ende, persigue

un objeto preventivo especial que decididamente influye en su 9 Corte Constitucional C-430 de 1996. Página 14 de 38 )ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barrote Ardila,Adel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sanchez :echa: 20-02-2024 Código de verificación: 37C37EC23D82F2104716537F339EC54EF5318D6B18D26A565D9112C6A65A8633

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EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA LEY 600 DE 2000 readaptación social. Este fin es el que hace que la pena privativa de la libertad sea constitucionalmente vándalo. El artículo 3° del Código Penal que consagra los principios de las sanciones penales prevé que la imposición de la pena o de la medida de seguridad responde a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, y que el primero debe entenderse en el marco de la prevención y conforme con las instituciones que la desarrollan. En la misma decisión citada la Sala de Casación Penal de la Corte", expresó que el artículo 4,idem determina las funciones de prevención general, r ción justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado que cumple la pena. Al mismo tieppo precisa que las funciones de prevención especial y 4e reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. Por su 4e la Corte Constitucionall2 ha explicado los fines constitucionales de la pena poniendo énfasis en la función resocianz,aClora ligada a la prevención especial, dado que la

condigna afectación de garantías fundamentales producto de la limitación de la libertad, apareja complejas dinámicas que muchas veces impiden que la pena cumpla su cometido constitucional, escenario en el que los mecanismos alternativos o sustitutivos se presentan como la mejor manera de afrontar el proceso de resocializaciónl3. 10 Cf. CSJ. AP3348-2022, radicado 61616 de 27 de junio de 2022. 11 Cf. CSJ. AP3348-2022, ibidem. 12 En su análisis, citó las providencias Corte Constitucional C-261-1996, C-430-1996,

C-144-1997, C-806-2002; C-061-2008, T-388-2013, T-267-2015 y T-718-2015.

13 Cf. CSJ. AP3348-2022, ibidem. Página 15 de 38 )ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nelida Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Rojas,Rodrigo Ernesto Ortega Sancha: :echa: 20-02-2024 Código de verificación: 37C37EC231:102F2104716537F339EC54EF5318D6B18D26A565D9112C6A65A8633

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El fin de la prevención especial se refleja en los denominados mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, establecidos por el legislador en ejercicio de su facultad de configuración, siempre y cuando se orienten a: (i) la efectiva resocialización de los sentenciados, (ii) favorecer el

desestimulo de la criminalidad, y (iii) promover la reinserción del delincuente a la vida en sociedad14. En lo atinente al principio de necesidad y a la prevención especial de la pena, la Corte ConstitucionaP5 l Sexplicado que Si un condenado, bajo determinadas Condiciones y circunstancias, no necesita de la privaciri.fisica de su libertad para readaptarse a la comunidç1 la de brindársele la oportunidad de cumplir su cond'élTá mediante instrumentos que comporten una menor aflitéión, lo cual no implica que no sean eficaces. En síntesis, iíündamento que inspira los subrogados penales es el derécho del sentenciado a su resocialización, a rectificar rreadecuar su conducta al estándar que el legislador ha préyist6 como de obligatorio cumplimiento para la convfM'cia en sociedad buscando no excluirlo de ella, sino propiciando su reinserción a la misma16. La Corte Constitucional17 realizó un amplio examen de la política criminal colombiana y de la resocialización como función principal de la pena en un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana del condenado, a quien el Cf. CSJ. AP3348-2022, ibidem. 14 15 Cf. C-806 de 2002. Cf. CSJ. AP3348-2022, ibidem. 16 C-294 de 2021. 17 Página 16 de 38 >ocumento firmado electrónicamente Firmado por: Jorge Emilio Caldas Vera,Blanca Nellda Barreto Ardila,Ariel Augusto Torres Nojasytodrigo Ernesto Ortega Sancho: ,echa: 20-02-2024 Código de verificación: 37C37EC23D82F2104716537F339EC54EF5318D6B18026A565D9112C6A65A8633

SEGUNDA INSTANCIA 01078

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Estado ha de brindarle alternativas que le permitan reconocer el daño causado al conglomerado social, pero, de igual manera, incentivar un nuevo inicio fuera del centro de reclusión, de regreso a la comunidad y bajo el acatamiento de normas mínimas de convivencia18. Explicó, además, que la "resocialización puede ser entendida como un conjunto de medidas, actividades o tédiicas de tratamiento social o clínico que pretenden "cambiar la conducta del interno. Volver a socializarse, la -que significa aprehender las expectativas sociales e inter,iarizar normas de " conducta. Resocializarse es volver a valels. como ser social conforme quiere la sociedad, esto implica reconocimiento. La técnica que se maneja es el cambi0"4e actitud y de valores. Se confunde con el cambio de deli.ncunte en un buen interno". Asimismo, citó distO.toS instrumentos internaciona