CSJ - Sentencia AEP020-2022(00272)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Especial de Primera Instancia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS

Magistrado Ponente AEP -020-2022 Radicación 00272 Aprobado mediante Acta No 19 Bogotá, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022). VISTOS Decide la Sala el impedimento manifestado por el Magistrado Jorge Emilio Caldas Vera para conocer del presente asunto por el motivo previsto en la causal 1 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004. ANTECEDENTES De acuerdo con el escrito de acusación presentado por la Fiscalía 4 Delegada ante esta Corporación, se acusa a DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por hechos cometidos entre los meses de febrero y abril de 2016, Página 1 de 15 Primera instancia 00272 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO en su condición de Gobernador del departamento de Santander, en relación con el contrato 601 de 21 de abril de ese año por valor de $23.844.912.000, suscrito entre ese ente territorial y la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada, cuyo objeto consistió en el suministro de alimentos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para las escuelas de los 82 municipios no certificados de Santander, en cuyo trámite se manipularon los requisitos de los pliegos definitivos para que solamente se presentara dicho proponente, en detrimento de los

principios de planeación, selección objetiva, transparencia, economía y legalidad. Luego de los análisis técnicos correspondientes pudo establecer la Fiscalía a partir de la variación de los precios con relación al 2014, un aumento entre el 70 y el 80% del valor de cada ración en comparación con el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el DANE para esas anualidades, es decir, que las cotizaciones que se incluyeron como parte de la licitación pública están muy por encima del valor real de cada ración que se venía tomando como referencia para el departamento de Santander, lo que se tradujo en un detrimento patrimonial estimado en cuantía de $10.206.208.647,43. FUNDAMENTO DEL IMPEDIMENTO Con apoyo en la causal de impedimento consagrada en el numeral 1 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, adujo el Magistrado encontrarse impedido en atención a que el procesado TAVERA AMADO, desde septiembre de 2020, es el Director Página 2 de 15 Primera instancia 00272 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos y superior inmediato de su señora esposa, Lida Consuelo Figueroa Fonseca, quien se encuentra vinculada a la misma entidad en calidad de secretaria general a partir del mes de marzo de 2019. Si bien su cónyuge no tiene interés en el proceso, su separación de este "brindaría un panorama de ajenidad frente a la resolución del debate que se traduce en un escenario de imparcialidad y ecuanimidad que la sociedad reclama, y que el legislador decantó con la instauración de la figura de los

impedimentos". Trajo a colación un pronunciamiento de la Sala de Casación Penal (AP616-2015) que definió el alcance del concepto de interés de la causal, como aquella expectativa manifiesta por la posible utilidad o menoscabo, no solo de índole patrimonial sino además intelectual o moral que la resolución del asunto comportaría al funcionario judicial o a sus allegados, y que, por aparecer respaldada en serios elementos de juicio, compromete su ponderación e imparcialidad. Explicó que el instituto de los impedimentos propugna por brindarle a la comunidad la certeza de que el juez está al margen de intereses ajenos a la recta administración de justicia, certidumbre que por la circunstancia explicada se desvanecería si no se aparta del conocimiento del asunto, por lo que reclama le sea aceptado el impedimento. Página 3 de 15 Primera instancia 00272 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO CONSIDERACIONES A la Sala concierne conocer de este asunto, con arreglo a lo normado por el artículo 58A de la Ley 906 de 20041, en consonancia con el Acto Legislativo 01 de 2018, y el Acuerdo PCSJA18-11037 de 5 de julio de 2018 del Consejo Superior de la Judicatura. Los impedimentos y las recusaciones están instituidos constitucional y legalmente para la preservación y defensa del derecho a ser juzgado por funcionarios imparciales, alcanzando la categoría de derechos fundamentales porque hacen parte del derecho al debido proceso con todas las garantías y, asimismo, están establecidos en los artículos 10 de la Declaración

Universal de Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York. Por los derechos y las garantías fundamentales en juego, en esta materia rige el principio de taxatividad según el cual, solo constituyen motivos de impedimento o de recusación aquellos expresamente señalados en la ley. Los jueces no pueden separarse discrecionalmente de sus funciones jurisdiccionales y a los sujetos procesales no les está permitido elegir a su arbitrio su juez, de manera que las causas que dan lugar a separar del conocimiento de un asunto a un funcionario judicial no pueden deducirse por similitud ni ser materia de "Art. 58A. Del impedimento manifestado por un magistrado conocen los demás que conforman la Sala respectiva (...)" Página 4 de 15 Primera instancia 00272 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO interpretaciones subjetivas o analógicas, en tanto se trata de reglas de garantía de independencia e imparcialidad judiciales. Con el fin de que las decisiones que se adopten durante el curso de los procesos respondan a principios como la independencia de la administración de justicia y el derecho fundamental de los asociados a obtener una decisión proferida por un juez o tribunal imparciales, se han instituido los impedimentos y las recusaciones, por cuya virtud el juez debe separarse del conocimiento de los asuntos en los que entran en conflicto sus propios intereses o los de sus allegados, o en los que ha intervenido anticipadamente, a fin de no soslayar los principios y valores indicados que se hallan estrechamente relacionados con la recta administración de justicia.

A los impedimentos y recusaciones como garantía de independencia e imparcialidad judicial, la Corte Constitucional2 les ha reconocido el carácter de principios constitucionales fundamentales, por ser parte de la órbita de protección de los derechos al debido proceso y a la defensa, pilares de la administración de justicia: "3.1. La jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterativa en señalar que la independencia e imparcialidad son atributos de los funcionarios judiciales, que están orientados a salvaguardar los principios esenciales de la administración pública. La imparcialidad judicial es un principio constitucional fundamental determinante en el ejercicio de la administración de justicia.3 Es parte de la órbita de protección del derecho 2 Cf. Corte Constitucional sentencia T-305 de 2017. En relación con el principio de imparcialidad y su relación directa con el debido proceso 3 pueden consultarse, entre muchas otras, Corte Constitucional, Sentencias t-657 de 1998 (MP Carlos Gaviria Díaz), T-258 de 20007 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-319A de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; SV Mauricio González Cuervo), SU-712 de 2013 (MP Página 5 de 15 Primera instancia 00272 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO al debido proceso y el derecho a la defensa. Encuentra su fundamento en tres disposiciones constitucionales a saber: (i) art. 29, CP, que plantea la necesidad de que los ciudadanos sean juzgados con base en las leyes preexistentes al acto que se le imputa, por un juez o tribunal competente y

con observancia de las formas propias de cada juicio; (ii) art. 228, CP, que establece la independencia de las decisiones de la administración de justicia, y ordena la publicidad de las actuaciones de quienes las ejercen; y (iii) art. 230, CP, que en aras de erradicar las actuaciones judiciales arbitrarias, somete las decisiones de los jueces al imperio de ley, e identifica en la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, los únicos criterios auxiliares de la actividad judicial. A la luz de estas nor(cid:9) mas, la Corte Constitucional ha destacado el régimen de impedimentos y recusaciones como un mecanismo jurídico idóneo para garantizar el principio de imparcialidad del funcionario judicial y para hacer efectivo el principio de igualdad de trato jurídico consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política a favor de todos los ciudadanos". También reconoció que el juez imparcial es una garantía de la existencia del Estado de Derecho, respetuoso del debido proceso y de un orden justo. "3.1.1. En este sentido, la Corte en la Sentencia C-037 de 1996, al realizar el estudio de constitucionalidad de la Ley 270 de 1996,4 señaló que son principios básicos de la Administración de Justicia la imparcialidad e independencia del juez que conoce un asunto.5 De ahí, que el derecho a un juez imparcial sea una garantía para la existencia de un Estado de Derecho en la medida que brinda al ciudadano un juicio justo y con respeto al debido proceso. Esta Corporación en la Sentencia T-657 de 1998,

manifestó que hace parte del orden justo y del Estado Social de Derecho, la existencia de un tercero imparcial que dirima los conflictos: "La convivencia pacífica y el orden justo, consagrados en la Constitución como Jorge Iván Palacio Palacio; SV María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto Vargas Silva; AV Alberto Rojas Ríos), T-439 de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), SU-297 de 2015 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV Jorge Iván Palacio Palacio) y T-687 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. 4 Es esta oportunidad la Corte señaló: "Como es sabido, el propósito fundamental de la función judicial dentro de un Estado de derecho, es el de impartir justicia a través de diferentes medios, como son la resolución de los conflictos que se susciten entre particulares, o entre éstos y el Estado, el castigo a las infracciones a la ley penal y la defensa del principio de legalidad. Para ello, la administración de justicia debe descansar siempre sobre dos principios básicos que, a su vez, se tornan esenciales: la independencia y la imparcialidad de los jueces." (Subrayado fuera del texto). Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996 (MP Vladimiro Naranjo Mesa; SV José Gregorio Hernández, Vladimiro Naranjo Mesa; SPV Alejandro Martínez Caballero; AV Eduardo Cifuentes Muñoz, Hernando Herrera Vergara). Página 6 de 15 Primera instancia 00272

DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO principios que rigen la relación entre las personas y el ordenamiento constitucional colombiano, reposan sobre la institución del tercero imparcial. (...) La actuación parcializada de este funcionario daría al traste con cualquier posibilidad de lograr una decisión justa, y convertiría al Estado de Derecho en una burla cruel para quienes se acercaran a los estrados judiciales en procura de cumplida justicia. "6 A la luz de los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia', en nuestro sistema judicial, desde hace bastante, se tiene claro que las causales de impedimentos y recusación son las previstas en la ley8 (legalidad), con supuestos fácticos delimitados (taxatividad), por lo que se proscribe la creación analógica de otras y/o la interpretación extensiva de las legalmente previstas. Sobre el carácter taxativo y excepcional de las causales de impedimento, dijo: "La jurisprudencia colombiana ha destacado el carácter excepcional de los impedimentos y las recusaciones y por ende el carácter taxativo de las causales en que se originan., lo cual exige una interpretación restrictiva de las mismas: «Técnicamente, el impedimento es una facultad excepcional otorgada al juez para declinar su competencia en un asunto especifico, separándose de su conocimiento, cualzdo considere que existen motivos fundados para que su imparcialidad se encuentre seriamente comprometida. Sin embargo, con el fin de evitar que el impedimento se convierta en una forma de evadir el ejercicio de la tarea esencial del juez, y en una limitación excesiva al derecho fundamental al acceso a la

administración de justicia (Artíciilo 228, C.P.), jurisprudencia coincidente y consolidada de los órganos de cierre de cada jurisdicción, ha determinado Corte Constitucional, Sentencia T-657 de 1998. Esta decisión fue reiterada en el Auto 6 318 de 2006. CSJ. AP, jul. 15/2003, rad. 20853; AP, abr. 27/2005, rad. 23563; AP, jul. 13/2005, rad. 23903; AP, ene/2007, rad. 26667; AP, jul. 5/2007, rad. 27705; AP, jul. 7/2008, rad. 29769; AP, jul. 1/2009, rad. 31941; AP, feb. 23/2011, rad. 35875; AP, jun. 20/2011, rad. 33053; AP, oct. 21/2011, rad. 37640; AP, jul. 31/2012, rad. 39526; AP1029-2015, feb. 26, rad. 45387; AP031-2016, ene. 12, rad. 46818; AP956-2016, feb. 24, rad. 47550; AP145-2017, ene. 18, rad. 49506; AP153-2018, ene. 18, rad. 43989). AP. jul. 13/2005, rad. 23903: «En desarrollo del principio de imparcialidad que debe presidir las actuaciones judiciales, la legislación procesal ha previsto una serie de causales de orden objetivo y subjetivo en las cuales el juez debe declararse impedido para decidir, garantizando a las partes, terceros y demás intervinientes las formas propias de

cada juicio.». Página 7 de 15 Primera instancia 00272 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO que los impedimentos tienen un caracter taxativo y que su interpretación debe efectuarse de forma restrinffida),". La Sala de Casación Penal en esa misma línea de pensamiento9 (Rad. 23903 de 13 de julio de 2005), reiteró el carácter taxativo de las causales de impedimento y recusación: Dado que a los jueces no les está permitido separarse por su propia voluntad de las funciones que les han sido asignadas, y a las partes no les está dado escoger libremente la persona del juzgador, las causas que dan lugar a separar del conocimiento de un caso determinado a un juez o magistrado, no pueden deducirse por analogía, ni ser objeto de interpretaciones subjetivas, dado su carácter de reglas de orden público, fundadas en el convencimiento del legislador de que son éstas y no otras las circunstancias fácticas que impiden que un funcionario judicial siga conociendo de un asunto, porque de continuar vinculado a la decisión compromete la independencia de la administración de justicia y quebranta el derecho fundamental de los asociados a obtener un fallo proferido por un tribunal imparcial. En esta ocasión, la razón de impedimento aducida por el Magistrado Caldas Vera, tiene fundamento en la circunstancia prevista en el numeral 1 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, y aunque manifiesta que ni a él, y tampoco a su cónyuge, los ánima algún interés en el trámite y resultado del proceso, la situación concreta que puso de presente enturbiaría la

percepción de imparcialidad y ecuanimidad que la recta administración de justicia y la sociedad demandan. Para la solución del asunto sometido a conocimiento de la Sala, necesariamente deberán tomarse en cuenta los principios antes plasmados y las circunstancias concretas del caso frente al motivo de impedimento invocado. 'Reiterada en AP, jul. 7/2008. rad. 27769; AP, oct. 21/2011, rad. 37640; AP10292015, feb. 26, rad. 45387; AP031-2016, ene. 12, rad. 46818. Página 8 de 15 Primera instancia 00272 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO Corresponde entonces a la Sala resolver si el hecho de que la cónyuge del Magistrado Caldas Vera sea subalterna directa del procesado TAVERA AMADO, constituye una circunstancia a partir de la cual pueda estructurarse la causal invocada, que imponga la protección de los principios fundamentales en controversia. El motivo está consagrado en el numeral 1 del artículo 56 de la Ley 906 de 2000, que se configura cuando el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tienen interés en la actuación procesal. La Sala de Casación Penal ha definido esta causal, como aquella expectativa manifiesta por la posible utilidad o menoscabo, no solo de índole patrimonial sino también de índole intelectual o moral, que la solución del asunto en una forma determinada implicaría al funcionario judicial o a sus

parientes cercanos y que, por aparecer respaldada en serios elementos de juicio, compromete la ponderación e imparcialidad del juzgadorl". No se tiene duda de que la causal invocada, es de las denominadas por la jurisprudencia constitucional": subjetivas, es decir, aquellas que se refieren a argumentos subjetivos por oposición a las objetivas que dicen relación con hechos objetivos. Así se expresó la Corte: CSJ SCP. Rad. No. 52769 de 23 de mayo de 2018. 10 Cf. Corte Constitucional A 188A-05 11 Página 9 de 15 Primera instancia 00272 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO "En tanto se alega una causal subjetiva de recusación, el señalamiento de situaciones fácticas no basta para demostrarla. Ya la Corte Constitucional distinguió entre causales objetivas y subjetivas de recusación, e interpretó que las primeras se refieren a hechos objetivos y las segundas a argumentos subjetivos, para censurar la imparcialidad de los jueces en determinados casos. En consecuencia el análisis del juez que decide sobre una solicitud de recusación subjetiva, radica en el juicio sobre una valoración subjetiva de hechos, estructurada en argumentos. Sobre el particular dijo la Corte: «Entre las 14 causales de recusación consagradas en el artículo 150 del código de procedimiento civil existen indistintamente hechos objetivos y argumentos subjetivos para tachar al juez, así: - Son objetivas las siguientes causales: N° 2 (haber conocido del proceso), 3 (parentesco), 4 (guarda), 5 (dependiente), 6 (existir pleito), 7

(denuncia penal contra el juez), 8 (denuncia penal por el juez), 10 (acreedor o deudor), 11 (ser socio), 12 (haber emitido concepto), 13 (ser heredero o legatario) y 14 (tener pleito pendiente similar). - Son subjetivas las siguientes causales: N° 1 (interés en el proceso) y 9 (enemistad grave o amistad íntima)». Énfasis original. Ahora bien, como quiera que la causal de recusación contenida en el numeral primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, coincide con la contenida en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991, es menester atender el análisis que sobre dicha causal hizo la Corte, en términos de que «...la apreciación tanto del 'interés directo o indirecto' en el proceso como de la 'enemistad grave o amistad íntima' es un fenómeno que depende del criterio subjetivo del fallador. Obsérvese que incluso las causales vienen acompañadas de adjetivos calificativos, lo cual pone de manifiesto la discrecionalidad en su apreciación»"12. De otra parte, por interés ha entendido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 13 una expectativa palmaria de ventaja que le pudiera reportar la resolución del proceso que por estar sustentada en una circunstancia fáctica debidamente 12 Corte Constitucional C-393 de 1993. 13 Cf. CSJ. AP4354-2021, radicado 60128 de 20 de septiembre de 2021. Página 10 de 15 Primera instancia 00272

DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO

probada, compromete la imparcialidad e independencia del fallador haciendo menester su separación de la actuación.

Así se expresó la Corte: "Sobre el alcance de la expresión «interés en la actuación procesal», motivo al cual se remite el Magistrado (...) en su manifestación de impedimento -por la primera de las causales-, de antaño la jurisprudencia de la Sala ha sido insistente en precisar que se trata de: (...) aquella expectativa manifiesta por la posible utilidad o menoscabo, no sólo de índole patrimonial sino también intelectual o moral, que la solución del asunto en una forma determinada acarrearía al funcionario judicial o a sus parientes cercanos, y que, por aparecer respaldada en serios elementos de juicio, compromete la ponderación e imparcialidad del juzgador, tornando imperiosa su separación del proceso. 7 4

En otra oportunidad, señaló: «...No basta, pues, la simple alusión a la causal de impedimento para que éste sea aceptado automáticamente, ya que de ser así, sería suficiente con la sola mención del obstáculo para que el Juez supuestamente impedido fuera relevado. "Entre las diversas acepciones que en la lengua castellana tiene la palabra interés, el Diccionario de la Real Academia Española, define las siguientes: -. "Provecho, utilidad o ganancia" -. "Inclinación más o menos vehemente del ánimo hacia un objeto, persona o narración que le atrae o conmueve." -. "Intereses creados: Ventajas, no siempre legítimas, de que gozan varios individuos, y por efecto de las cuales se establece entre ellos alguna solidaridad circunstancial. Úsase más frecuentemente en mala parte para

CSJ AP, 17 jun. 1998, radicado 14104, y lo reiteró posteriormente en decisiones de 21 14 de enero de 2003, Rad. 15100, 24 de enero de 2007, Rad. 23542, y 27 de abril de 2016, Rad. 47849, CSJ AP 2518-2016, AP1352-2019, Rad. 54983 Página 11 de 15 Primera instancia 00272 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO designar este linaje de intereses en cuanto se oponen a alguna obra de justicia o de mejoramiento social." De ahí que, corresponde al recusante o quien se declara impedido por tener interés en la actuación procesal, facilitar los medios para que la autoridad que ha de resolver la cuestión se forme una idea precisa con relación a los componentes objetivos y subjetivos de ese interés. Vale decir, se trata de dilucidar si la intervención del juez recusado o impedido en el caso concreto implicaría la obtención de un provecho, utilidad o ganancia, para sí, para su cónyuge o compañero permanente, o para sus parientes; o si el Juez, su cónyuge o compañero permanente, o alguno de sus parientes en el rango que establece la ley, profesa un sentimiento respecto de alguno de los sujetos procesales, con suficiente intensidad para hacerle inclinar su ánimo; o si existe un interés creado por otro tipo de circunstancias que permita vislumbrar la ausencia de ecuanimidad. En todo caso, quien recusa a un juez y el funcionario que se proclama impedido, debe facilitar los elementos de persuasión con que

cuente, pues, además, es deber de todo ciudadano "colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia", como lo estipula el numeral 7° del artículo 95 de la Constitución Política... »15

A continuación explicó: Lo anterior, con fundamento en «una expectativa concreta, cierta y actual, no de situaciones indefinidas, dudosas o ya superadas»16, es decir, que supere «el escenario de lo difuso e hipotético»' 7 para demostrar que los principios de imparcialidad y objetividad pueden estar en entredicho.

Una vez plasmados los criterios a tomar en cuenta para la resolución del caso concreto, ha llegado la Sala a la conclusión de la procedencia de la causal invocada por el Magistrado Caldas Vera y en consecuencia se declarará fundada. CSJ AP 25 Feb. 2004, Rad. 22016. Citada en CSJ. AP4354-2021, ibidem. 16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 24 de julio de 2008, radicación No. 30188. 17 CSJ AP5319-2019, Rad. 56521 de9 de diciembre de 2019. Página 12 de 15 Primera instancia 00272 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO Lo anterior, por cuanto las circunstancias específicas del caso puestas de presente por el Magistrado permiten asumir fundadamente, una potencialidad de afectación de los principios de independencia e imparcialidad en el ejercicio de su función jurisdiccional, configurando plenamente la causal impeditiva. Para la Sala es claro que el hecho de que la esposa del Magistrado sea a su vez subalterna directa del acusado le

genera una fuerte presión externa frente a la decisión que llegare a tomar o a la postura que asuma en el asunto. No significa ello que la Sala asuma que el Magistrado o su cónyuge tengan o puedan tener interés en el asunto, sino que la circunstancia concreta plasmada como fundamento de la manifestación de impedimento puede generar, especialmente a la sociedad, una expectativa real de interés de su parte en la definición del asunto, puesto que la decisión que se tome de alguna manera puede incidir en la situación laboral o profesional de la esposa del Magistrado, dependiendo del resultado que llegare a asumirse o, incluso, de la posición que éste adopte respecto de la resolución del asunto. Nadie podría negar, por ejemplo, que una sentencia absolutoria eventualmente pueda favorecerla o, por el contrario, una decisión condenatoria, afectarla, incluso, sin importar la decisión, en cualquiera de las dos opciones, la postura que asuma el Magistrado, podría incidir en la situación laboral o profesional de su esposa. Página 13 de 15 Primera instancia 00272 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO Además, cuando la decisión adoptada por el Magistrado pueda comportar una ventaja o perjuicio a su cónyuge, es incontrastable que ese lazo sentimental que fundamenta la relación de esposos, podría afectar la emisión de un juicio ecuánime e imparcial sobre el tema del proceso, con la potencialidad de inclinar su criterio evitando afectarla lo cual de antemano compromete o, al menos, pone en entredicho la imparcialidad e independencia que debe prevalecer en las

actuaciones de la administración de justicia'''. • Como el objeto de tutela de los impedimentos y recusaciones es velar por la transparencia, imparcialidad e independencia de la función de administrar justicia y, en sentir de la Sala, como se explicó, la situación concreta puesta de manifiesto por el Magistrado Caldas Vera puede potencialmente comportar una afectación a dichos principios de rango fundamenta119, se aceptará el impedimento manifestado. En mérito de lo expuesto, la SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, RESUELVE ACEPTAR el impedimento manifestado por el Magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, según lo expuesto. 18 CSJ SCP 7 marzo de 208, rad. 52277. 1° Corte Constitucional T-657-98. T-258-07, entre otras. Página 14 de 15 Primera instancia 00272 DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO Conforme al artículo 65 de la Ley 906 de 2004, contra esta decisión no proceden recursos. Comuníquese y cúmplase.

BLAIld(51(1 7 %ARIETO ABDICA

Magistrada • ARIEL AU ROJAS agistrado

RODRIGO ERNES O ORTEGA SÁNCHEZ

Secretario • Página 15 de 15