CSJ - Sentencia AEP047-2023(00854)

jieptiblica de Colombia Gone SHplgma de tluslioia §ala E"8olal fig Pilmara liislan8la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS

Magistrado Ponente Amp 047-2023 Radicaci6n No. 00854 Aprobado mediante Acta Extraordinaria No. 39 Bogota D .C. , treinta y uno (31) de marzo de dos nil veintitres (2023).

1. ASUNTO Se pronuncia la Sala sobre el recurso de apelaci6n interpuesto por el apoderado del condenado RONALD HOUSNI JALLER contra el auto que le neg6 1a libertad condicional.

2. ANTECEDENTES

1. Producto de un acuerdo de aceptaci6n de cargos celebrado entre RONALD HOUSNI JALLER y la Fiscalia General de la Naci6n, 1a Sala mediante sentencia del 2 de octubre de 20191o conden6 a la pena principal de 90.75 meses de prisi6n por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin P5gina 1 de 34

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RONALD HOUSNI JAILER LEY 906 DE 2004 cumplimiento de requisitos legales esenciales, cohecho propio y peculado por apropiaci6n.

2. Con base en el articulo 64 del C6digo Penal el apoderado del condenado solicit6 1a libertad condicional ante el Juzgado 28 de Ejecuci6n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogota, por considerar que reunia los requisitos previstos

para el beneficio y por haber cumplido de manera satisfactoria su proceso de resocializaci6n.

3. EI LJuzgado 28 de Ejecuci6n de Penas y Medidas de Seguridad, no obstante encontrar reunido el presupuesto objetivo del beneficio, dispuso negar su concesi6n por estimar que no cumplia con el requisito subjetivo.

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISION IMPUGNADA Invocando la modificaci6n que introdujo la Ley 1709 de 2014 al articulo 64 del C6digo Penal, concluy6 eljuzgado cz qzto que la procedencia del subrogado deprecado esta condicionada a la valoraci6n previa de la gravedad de la conducta punible, requisito que, a pesar de haber sufrido una modificaci6n, no fue eliminado por la nueva Icy.

Adujo que la valoraci6n se hace desde la necesidad del cumplimiento de la pena, en el entendimiento de que la libertad condicional no es automatica sino que esta sujeta a la valoraci6n que se haga del cumplimiento de la sanci6n, "en torno a verificar el comportamiento y conducta desplegados por el condenado durante su tratamiento penitenciario frente a los Pagina 2 de 34

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RONALD HOUSNI JALLER LEY 906 DE 2004 hechos delictuales o si se quiere a la naturaleza del delito que permite advertir la personalidad del sentenciado", con miras a determinar la necesidad de continuar con el tratamiento intramural que apunta a la readaptaci6n del sentenciado y a la protecci6n de la comunidad. Esta conclusi6n la apoy6 en su comprensi6n del

contenido de las sentencias C-757 de 2014, que declar6 condicionalmente exequible la expresi6n "previa valoraci6n de la conducta punible"; T-640 de 2017 y dos de la Sala de Casaci6n Penal, de las que infiri6 que si bien en el analisis de la procedencia de la libertad condicional debe priorizarse el proceso de readaptaci6n y resocializaci6n, tambien que estos deben armonizarse con la valoraci6n de la conducta punible por parte del juez de ejecuci6n de penas "para determinar la necesidad de continuar con la ejecuci6n de la pena privativa de la libertad". Descendiendo al caso concreto, el juez de ejecuci6n de penas luego de hac?r eco de la forma c6mo HOUSNI LJ.ALLER realiz6 1as conductas criminales y transcribir apartes del fallo condenatorio relacionaudos con el desarrollo delictual de cada uno de 6stas en orden a destacar su gravedad, a pesar de encontrar satisfecho el presupuesto objetivo, estim6 necesaria la ejecuci6n total de la pena privativa de la libertad dada la "gran connotaci6n" que revistieron los delitos por los que fue condenado, resultado de un verdadero entramado criminal del que hacia parte el penado. A juicio del cz gz/o el sentenciado debe continuar ejecutando la condena "con el fin de que su tratamiento Pagina 3 de 34

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RONALD HOUSNI JALLER LEY 906 DE 2004 penitenciario contintLe de manera satisfactoria, y de esta manera se cumplan a cabalidad los fines de prevenci6n

especial y reinserci6n social de la pena que operan en la etapa de ejecuci6n", ya que de acceder a la excarcelaci6n seria negativo el mensaje a la comunidad.

4. ARGUMENTOS DEL RECURSO Inconforme con la decisi6n el defensor del sentenciado interpuso y sustent6 dentro de los t6rminos legales el recurso de apelaci6n, aduciendo en principio, que el juez de ejecuci6n de penas no se encontraba facultado para negar la libertad condicional con el argumento del "no cumplimiento de la funci6n de la pena de prevenci6n general negativa en raz6n de la gravedad de la conducta", porque de alli se deriva el axioma de que la gravedad del delito impone la necesidad de cumplirla en su totalidad, en detrimento de su funci6n de reinserci6n social.

Advirti6 una falta de coherencia en la decisi6n al circunscribir la argumentaci6n a la funci6n preventiva especial de la pena, pero al mislho tiempo negar la libertad por el presunto no cumplimiento de la prevenci6n general negativa. Destac6 que la fundamentaci6n de la providencia gira en torno a la antijuridicidad de los actos y al reproche de culpabilidad, aspectos agotados en el fallo que determinaron la cuantia de la pena de prisi6n, esto pese a que lajurisprudencia que se cita como apoyo sefiala que es un criterio err6neo para verificar la procedencia del subrogado. Pagina 4 de 34

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La valoraci6n de la conducta para determinar si se contintLa o no con el cumplimiento de la pena es tLtil para la prognosis del riesgo que pudiera representar el penado para la sociedad de quedar en libertad no para la reprochabilidad del comportalniento, que ya se agot6 en la sentencia. En sentir del recurrente una ponderaci6n razonable del asunto en tensi6n: 1a obtenci6n de la libertad con el fin de promover la reinserci6n social del condenado, como funci6n de la pena frente a la previsi6n de que la gravedad de los delitos no sea objeto de reincidencia que ponga en riesgo a la comunidad, debe alejarse de la perspectiva de prevenci6n general negativa y guiarse por las ideas de resocializaci6n y reinserci6n sociall. Ademas, tal ponderaci6n debe tomar en cuenta la conducta asumida en el curso del proceso penal que en el caso de su representado fue de sumisi6n absoluta, aceptaci6n de cargos, reintegro de los dineros apropiados, ofrecimiento de perd6n y colaboraci6n con las autoridades, y tambien considerar su comportamiento durante la ejecuci6n de la pena que fue calificado como buena y ejemplar. Lo mismo que la posibilidad de reinserci6n a la comunidad a traves de su arraigo familiar y social, circunstancia que ha sido debidamente acreditada. A lo anterior suma el hecho no valorado por el juzgado de la inhabilidad intemporal que reduce la posibilidad de reincidencia y establece un grado adicional de intimidaci6n i Cita a CSJ. AP2977-2022, radicado 61471 de 12 dejulio de 2022.

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RONALD HOUSNI JAILER LEY 906 DE 2004 social que se complement6 con la prohibici6n legal de la posibilidad de la prisi6n domiciliaria. La decisi6n del juzgado deja al condenado en un estado de indefinici6n sobre los "criterios objetivos" aplicables a la valoraci6n de la no necesidad de continuar el cumplimiento de la pena, nada acorde con la dignidad humana, sin criterio alguno sobre cual es el tiempo adicional suficiente que satisface al juzgado. Solicita en consecuencia, se revoque la decisi6n recurrida y se conceda la libertad condicional a su prohijado.

5. CONSIDERACI0NES DE LA SALA 5.1 Competencia • Conforme con la previsi6n del paragrafo primero del articulo 38 de la Ley 906 de 2004, estatuto procesal bajo el cual se adelant6 1a actuaci6n, y lo dispuesto por la Corte2, 1a Sala es competente para resolver el recurso de apelaci6n interpuesto por el defensor de RONALD HOUSNI JALLER contra el auto proferido el 26 de diciembre de 2022, por el Juzgado Veintiocho de Ejecuci6n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogota, mediante el cual le neg6 1a libertad condicional, dado que se hizo en el tramite de ejecuci6n de la sentencia impuesta por la Sala como juzgador de primera instancia3. 2 CSJ. AP1780-2019, rad. 55138 de 15 mayo 2019. 3 CSJ. SEP000106-2019, radicado 00124 de 2 de octubre de 2019.

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Al respecto conviene precisar que en virtud del p7i7?ct¢Zo cze Zt.77ritczcz67t, 1a intervenci6n del juez de segundo grado en curso del examen propio del recurso de apelaci6n, esta circunscrita por el punto debatido y en tal circunstancia no puede desbordar su competencia funcional hacia aspectos no tratados o pretensiones no formuladas, pues de hacerlo asi comprometeria la legalidad de su decisi6n y podria ser acusado de haber actuado sin competencia o dentro' de un inbito de oficiosidad que, en principio, esta autorizada solo para los eventos de las nulidades bajo el entendido de que el proceso debe estructurarse sobre un trinite estrictamente legal4. Sobre el prz.7tcz.pt.o cze Zz.mjtcicz67i la Corte Constitucional5 tiene establecido: `CE;1 cuticulo 31.2 d,e la Caria y el tinite d,e la competerLcta del superior cucnd,o el cond,Jrrad,o es apelande ilrrico. N6tese c6mo, si bierL et cuticulo 31.1 consagra td segunda insta,ncta, ez arttcndo 31.2 Ze impone un llTn:ite al imped:ir que el superior agrcwe la perLa impuesta al cord.encrdo que es cxpelcmle ilrrico. EZ articul,o 31.1 corLsagra un derecho con:isterite-en que -el superior excmi,ne la decisi6n del iriferior pero el cuticul,o 31.2, s± bierL l.i.rruta la competerLcta del superior, tcmbierL

consagra un derecho al garautiecnde al condenado erL quien corLcurre la calidad de apelande tlnd.co que la pena que se le ha inpuesto rLo sera agravcida. Bsa prohibici6n es coherer[±e con el Drincipio de. Iimitaci6n g±e rige en el dmbito del recurso de apelact6n y de acuerdo con el cl±±g| la competencia del superior se circunscribe a los puutos a los que se gr]c±iende la inconfiormidad del apelaute_". (Resalta la Sala)" En la Ley 906 de 2004 no existe, como si en la Ley 600 de 2000 en el articulo 204, una disposici6n donde expresarnerrfe se sefLale que, "En I,a apelaci6n, Za decisi6rL del superior se ex±enderd a dos asurrdos que resutterL inescindiblemerite uinculados al obje±o de impugrLact6n" . 4 CSJ. SP3991-2022, radicado 52395 de 30 de noviembre de 2022. 5 Corte Constitucional, sentencia C-055 de 1993. Pagina 7 de 34

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Sin embargo, 1a Corte Constitucional6 al estudiar los limites a la competencia del superior jerarquico, indic6 que en los sistemas acusatorios: " eris±e rna teriderLcha, a linitar l.os poderes del superior jerdrquico, a diferencta de lo sucedido en los sisterrLas inquisitivos por c:uouuto, coTrLo

los sostiene Mdier, en estos tLl±imos, ez rec:u.rso de cxpelact6n condra I.a seri,±encta se erLcori,±raba irwhmcLmerite tigcido corL I.a idea de d,elegcwi6n del poder jurisdicctonal que gobemaba la adrrLj,rristracj,6n de justieia, de suerte que el poder qu,e se habia d,elegado erL el inferior debia d,euol,uerse por completo al superior, lo que irrapticaba acord,cirl.e a este fiitj;mo amptios pod,eres para revi,sar l,o d,ecnd,i,d,o por el a quo. For el coritrcino, erL un mod,el.o procesal penal de terrdencta aousatoria, l.os pod,eres del juez d,e segund,a instci:ncj,a se enouerut-cm l,iwitad,os por l,o d,ecnd;i,d,o por el inferior jerdrqulco" . Sobre esa base, 1a Sala de Casaci6n Penal7 sefial6 que, en virtud del prz.7ic€pZo cze ZZ7".fczcz.671, 1a intervenci6n del juez de segundo grado en curso del examen propio del recurso de apelaci6n, no puede desbordar sus funciones hacia aspectos no tratados o pretensiones no formuladas, bajo el entendido que se trata de un funcionario imparcial que carece de agenda propia y resuelve en consonancia con lo solicitado o discutido. Este representa la materializaci6n del derecho de defensa, en tanto, el contenido estricto de la apelaci6n es el que marca la posibilidad de contradicci6n para los no impugnantes y mal puede decirse que se garantiz6 1a

controversia dial6ctica cuando eljuez se aparta de ese objeto concreto de debate para incursionar en terrenos ajenos que ni siquiera fueron planteados por la parte inconforme con el 6 Cf. Sentencia C-591 de 2005. 7 CSJ. SP1370-2022, radicado 53444 de 27 de abril de 2022. Pagina 8 de 34

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RONALD HOUSNI JAILER LEY 906 DE 2004 fallo y, por tanto, tampoco permitieron pronunciamiento de la contraparte8. En consecuencia, 1a Sala se circunscribira en este caso al asunto materia del recurso y los inescindiblemente ligados a el, estos son, a la discusi6n sobre la valoraci6n previa de la conducta en I.a que la juez cz qz/o fund6 su negativa de conceder el subrogado de la libertad condicional y sus presupuestos, que es en tiltimas el motivo de inconformidad del recurrente. 5.2 Cuesti6n previa En esta oportunidad la discusi6n estriba en determinar si de acuerdo con los principios y lineamientos constitucionales que regular el subrogado de la libertad condicional, en especial el presupuesto de la previa valoraci6n de la conducta punible, a que hace alusi6n el articulo 64 del C6digo Penal, se verifica en favor del condenado RONALD HOUSNI JALLER y, por tanto, se hace merecedor a la libertad condicional. En este caso mientras el |Juzgado de Ejecuci6n de Penas y Medidas de Seguridad sostiene que a pesar de cumplirse el requisito objetivo, 1a valoraci6n de la conducta punible arroja

como resultado la necesidad de que el penado contintie cumpliendo la pena privativa de la libertad impuesta, para que de este modo se cumplan a cabalidad los fines de prevenci6n especial y reinserci6n social, 1a defensa asume que su prohijado cumple los requisitos para ser liberado y que la 8 CSJ, SP15880-2014, radicado 43557 de 20 de noviembre de 2014. Pagina 9 de 34

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RONALD HOUSNI JALLER LEY 906 DE 2004 postura del juzgado es inaceptable porque la valoraci6n negativa de la conducta que plante6 gira en tomo a su antijuridicidad y al reproche de culpabilidad, aspectos agotados en la sentencia que determinaron la cuantia de la punibilidad. Para comenzar conviene precisar que en nuestro sistema juridico9, 1a pena tiene varias finalidades que van desde su previsi6n hasta su ejecuci6n: /1./ Preventiva o disuasiva, que en esencia.se concreta en el momento en que el 1egislador fija la sanci6n,1a cual se presenta como la alnenaza de un mal por el dafio que se hace a la sociedad ante la violaci6n de la prohibici6n normativa. Es la fase de conminaci6n legal y responde a un objetivo de prevenci6n general que se justifica en la protecci6n de diversos bienes juridicos, necesarios para preservar la coexistencia de la colectividad. /I.I./ Retributiva, que se exterioriza en la imposici6n judicial de la pena. En esta fase se entremezclan fines preventivos

generales y especiales, aunque prevalecen los primeros. La individualizaci6n e imposici6n de la sanci6n confirma la vigencia de la norma y actualiza la amenaza abstracta tipificada en la Icy. La prevenci6n especial se patentiza en los casos en que el funcionario judicial del catalogo de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, valora el cumplimiento de los requisitos legales que proveen una alternativa a la ejecuci6n intramural. 9 Corte Constitucional C-430 de 1996. Pagina 10 de 34

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RONAID HOUSNI JAILER LEY 906 DE 2004 /I.I.i/ Resocializadora, propia de la fase de ejecuci6n de la pena, orientada a la prevalencia de principios que respeten la autonomia y dignidad de los condenados y, por ende, persigue un objeto preventivo especial que decididalnente influye en su readaptaci6n social. Este fin es el que hace que la pena privativa de la libertad sea constitucionalmente validal0. El articulo 3° del C6digo Penal que consagra los principios de las sanciones penales prev6 que la imposici6n de la pena o de la medida de seguridad responde a. 1os p7i7?czj?1.os de necesidcrd, proporchonalidad y razorLahiltded, y cTne ct prirnero debe entenderse en el marco de la prevenci6n y conforme con las instituciones que la desarrollan. En la misma decisi6n citada la Sala de Casaci6n Penal de la Cortell, expres6 que el articulo 4° I.czem determina las

funciones de prevenci6n general, retribuci6n justa, prevenci6n especial, reinserci6n social y protecci6n al condenado que cumple la pena. Al mismo tiempo precisa que las funciones de prevenci6n especial y de reinserci6n social operan en el momento de la ejecuci6n de la pena de prisi6n. Por su parte la Corte Constitucionall2 ha explicado los fines constitucionales de la pena poniendo enfasis en la funci6n resocializadora ligada a la prevenci6n especial, dado que la condigna afectaci6n de garantias fundamentales producto de la limitaci6n de la libertad, apareja complejas dinamicas que 10 Cf. CSJ. AP3348-2022, radicado 61616 de 27 de junio de 2022. 11 Cf. CSJ. AP3348-2022, €bt.c!em. 12 En su analisis, cit6 las providencias CC C-261-1996, C430-1996, C-144-1997, C806-2002, C-061-2008, T-388-2013, T-267-2015 y T-718-2015. Pagina 11 de 34

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RONALD HOUSNI JAILER LEY 906 DE 2004 muchas veces impiden que la pena cumpla su cometido constitucional, escenario en el que los mecanismos alternativos o sustitutivos se presentan como la mejor manera de afrontar el proceso de resocializaci6nl3. El fin de la prevenci6n especial se refleja en los denominados mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, establecidos por el 1egislador en ejercicio de su

facultad de configuraci6n, siempre y cuando se orienten a: /I./ 1a efectiva resocializaci6n de los sentenciados, /I.i/ favorecer el desestimulo de la criminalidad, y /I.I.i/ promover la reinserci6n del delincuente a la vida en sociedadl4. En lo atinente al principio de necesidad y a la prevenci6n especial de la pena, 1a Corte Constitucionall5 ha explicado que si un condenado, bajo determinadas condiciones y circunstancias, no necesita de la privaci6n fisica de su libertad para readaptarse a la comunidad, ha de brindirsele la oportunidad de cumplir su condena mediante instrumentos que comporten una menor aflicci6n, 1o cual no implica que no sean eficaces. En sintesis, el fundamento que inspira los subrogados penales es el derecho del sentenciado a su resocializaci6n, a rectificar y readecuar su conducta al estandar que el 1egislador ha previsto como de obligatorio cumplimiento para la convivencia en sociedad, buscando no excluirlo de ella, sino \ Propiciando su reinserci6n a la mismal6. 13 Cf. CSJ. AP3348-2022, I.I)I.czem. 14 Cf. CSJ. AP3348-2022, jz?jczem. 15 Cf. C-806 de 2002. 16 Cf. CSJ. AP3348-2022, 1.I)ic!em. Pagina 12 de 34

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La Corte Constitucion`all7 realiz6 un amplio examen de la

politica criminal colombiana y de la resocjcizt.zczcz.671 como funci6n principal de la pena en un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana del condenado, a quien el Estado ha de brindarle alternativas que le permitan reconocer el dario causado al conglomerado social, pero, de igual manera, incentivar un nuevo inicio fuera del centro de reclusi6n, de regreso a la comunidad y bajo el acatamiento de normas minimas de convivencial8. Explic6, ademas, que la "resocializaci6n puede ser entendida como un conjunto de medidas, actividades o tecnicas de tratamiento social o clinico que pretenden "cambiar la conducta del interno. Volver a socializarse, 1o que significa aprehender las expectativas sociales e interiorizar normas de conducta. Resocializarse es volver a valer como ser social conforme quiere la sociedad, esto implica reconocimiento. La t6cnica que se maneja es el cambio de actitud y de valores. Se confunde con el cambio de delincuente en un buen interno". Asimismo, c:it6 distintos instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad y se refieren a la resocializaci6n. Por ejemplo, el numeral 6 del articulo 5 de la Conv;nci6n Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos€) sefLala "Las perLas privctivas de la l:iberted tendrin corro ftnalidad eserLcial la reforrna g I,a readaptcLci6rL socrial de los co7tcze7iciczos". Y el numeral 3 del articulo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos establece: "EZ

17 C-294 de 2021. 18 Cf. CSJ. AP3348-2022, I.bi.czem. Pagina 13 de 34

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RONALD HOUSNI JAILER LEY 906 DE 2004 r6gi:men pertitenciario corLsi.stird en un trctcL:nderfro cu;g a f tnalidad eserLcidl sera l,a roforma g read,aptaci6rL social de los pernd,os. . ." , cuyo contenido fue precisado por el Comite de Derechos Humanos en su Observaci6n General ntim. 21, al enunciar que "ningtin sistema penitenciario debe estar orientado solalnente al castigo; esencialmente, debe tratar de lograr la reforma y la readaptaci6n social del preso", concluyendo que a lo largo de su jurisprudencia ha mantenido una posici6n tendiente a proteger todas aquellas garantias que permiten la resocializaci6n de los Condenadosl9. Como los sistemas penal y penitenciario estan teleol6gicamente vinculados, en consonancia con las actividades de resocializaci6n se halla el C6digo Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), cuyo texto -de hecho, anterior al actual C6digo Penal-, contempla importantes expresiones del reconocimiento de la dignidad humana en el prop6sito de retornar al delincuente al seno de la sociedad. Por ejemplo, el articulo 9 expresa que "1a pena tiene funci6n protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocializaci6n (...)" y el 10 establece como finalidad del tratamiento penitenciario "alcanzar la resocializaci6n del

infractor de la Icy penal, mediante el exalnen de su personalidad y a traves de la disciplina, el trabajo, el estudio, 1a formaci6n espiritual, 1a cultura, el deporte y la recreaci6n, bajo un espiritu humano y solidario"20. 19 Cf. CSJ. AP3348-2022, I.bl.czem. 20 Cf. CSJ. AP3348-2022, I.bl.czem. P5gina 14 de 34

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El canon 79 (modificado por el articulo 55 de la Ley 1709 de 2014) explica que el trobczjo pe7tz.€e7tcjcirz.o es un derecho de la persona. privada de la libertad y un "medio terapeutico adecuado a los fines de la resocializaci6n», asunto que reitera el precepto 94 frente a la educaci6n como «base fundamental de la resocializaci6n". El articulo 142 expone como objetivo del tra.tamiento penitenciario "preparar al condenado, mediante su resocializaci6n para la. vida en libertad", escenario que contempla un caracter progresivo integrado por las siguientes fases (canon 144 ejz/sc!em): /I./ observaci6n, diagn6stico y clasificaci6n del interno, /I.I./ alta seguridad, que compreLde el periodo cerrado, /Zz.i/ mediana seguridad, que corresponde al periodo semiabierto, /{t// minima seguridad o periodo abierto, y /I// de confianza, que coincide con la libertad condicional.

La rehabilitaci6n y resocializaci6n preparan a los sentenciados para la reincorporaci6n a la vida en comunidad. De ese modo, el tratamiento penitenciario posee dos aspectos basilares, de un lado, 1a readaptaci6n social del condenado y, del otro, 1a relaci6n que hay entre el derecho a acceder a programas de estudio y trabajo que permitan redimir pena e incidan en el derecho a la libertad. Es a trav6s de la resocializaci6n que la permanencia en los establecimientos de reclusi6n pasa de ser una simple consecuenciajuridica por las conductas del pasado, a convertirse en una oportunidad de integraci6n social de la persona que ha incurrido en una conducta lesiva de un bien juridico penalmente relevante21. 21 Corte Constitucional A-121-2018. Pagina 15 de 34

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Como corolario puede afirmarse que el fin resocializador de la pena se inscribe dentro de lo que se conoce como funci6n de prevenci6n especial positiva, eje articulador central de nuestro sistema penal donde se abandonan las ideas de intimidaci6n, retaliaci6n social o venganza. En su lugar, 1a noci6n de resocializaci6n del sentenciado, como principio legitimador y objetivo supremo de la ejecuci6n de la pena, constituye el centro de gravedad, consecuencia obligada de la definici6n de Colombia como Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana (articulo 1° de la Constituci6n Po|itica)22.

5.3 Del subrogado de la libertad condicional23 En terminos generales los subrogados penal,es son mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad24 que se conceden a los condenados, siempre y cuando cumplan, con los requisitos objetivos y subjetivos establecidos en la Icy. Uno de esos mecanismos es la libertad condicional prevista en el articulo 64 de la Ley 599 de 2000, instituto que brinda la oportunidad al sentenciado privado de la libertad de recobrarla antes del cumplimiento total de la pena, sin que ellcj signifique la modificaci6n de su duraci6n o su extinci6n. Este subrogado permite al penado terminar de cumplir la sentencia privativa de la libertad por fuera del sitio de reclusi6n bajo ciertas obligaciones. Posee un doble caracter: /I./ moral, en 22 Cf. CSJ. AP3348-2022, I.bz.czem. 23 Cf. CSJ. AP3348-2022, I.bl.czem. 24 Capitulo tercero, titulo IV, Libro primero del C6digo Penal. Pagina 16 de 34

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RONALD HOUSNI JALLER LEY 906 DE 2004 cuanto estimula positivalnente al condenado que ha dado verdadera muestra de readaptaci6n y enmienda y, /ZZ/ social, pues motiva a la restante poblaci6n carcelaria a seguir su ejemplo, con lo cual se cumple la funci6n rehabilitadora. El articulo 64 del C6digo Penal, modificado por el articulo 30 de la Ley 1709 de 2014, preve:

"LIBERTAD CONDICI0RAL. El juez, previa valoraci6n de la coriducta purrible, conced,era I.a lj:bertad, conditional a I.a persona condeneda a pena privc[twa a,e la, lfoertad cucnd,o hatya cu:mptido con l,os sigulerites requisitos :

1. Que la persorLa hatya c:u:mptido las tres qulndas (3/ 5) pcutes de la

Pena.

2. Qrue su cidecmcido deserrapeho g coTxportamieuto d;urande el tratawiert±o pendencicino en ez centro de rechasich perm:ita suponer fiJ,ndad,cmerite que rLo e}ciste necesided de condrmar la ejecuci6n de Za

Pena.

3. Que demuestre curalgo farmiha;r y socj,al.

CorTespondealjuezcorrape±endepcun,coneederl,al;ibertad,condict,onal establecer, con todos los elemendos de prueba allegados a I,a acfuact6n, l.a existencia o i;nexisterLct,a del arralgo. En todo caso su concesi6n estard saped;iteda a la reparact6n a la victj;rna o al asegurawierfro del pago de la inderrwizaciin medicute g arandia personal, real, banccina o acuerdo de pago, salvo que se a.erruestre insotoencta del coridenado. El tierrxpo que falte para el cunpttwiendo d,e la pena se tendrd como periodo de prueba. Cucnd,o este sea iriferior a tres crfeos, el jrez podrd cunmer[±arto hasta en ofro tarito igual, d,e cond.ercndo necesario''.

La I/cizorczcz.67t prez/I.ct a la que alude la norma citada que debe hacer el juez de ejecuci6n de. penas al tiempo de pronunciarse sobre la libertad condicional apunta a una finalidad especifica, a saber: establecer la necesidad de Pagina 17 de 34

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RONALD HOUSNI JALLER LEY 906 DE 2004 continuar el tratamiento penitenciario, a partir del comportamiento carcelario del condenado. Al referirse a este requisito, 1a Corte Constitucional en la sentencia C-757 de 201425, en ejercicio del control de constitucionalidad sobre la expresi6n "previa valoraci6n de la conducta punible", prevista en el articulo 64 del C6digo Penal modificado por el articulo 30 de la Ley 1709 de 2014, explic6 que el principio de legalidad como elemento del debido proceso en materia penal, se vulnera cuando el 1egislador establece que los jueces de ejecuci6n de penas valoren la conducta punible para decidir sobre la libertad condicional, sin darles los parinetros para ello. Segtln dijo ese alto Tribunal, una norma que exige valorar la conducta punible de los condenados a penas privativas de su libertad al momento de decidir acerca de la libertad condicional, s61o es exequible si la valoraci6n comprende "todas las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentenc.ia condenatoria, sean estas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional". En sentencia T-019 de 2017, 1a Corte Constitucional

reiter6 que al estudiar los subrogados penales consagrados en la legislaci6n tendran relevancia las circunstancias y consideraciones efectuadas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean estas favorables o desfavorables al condenado, 1o anterior, siguiendo el precedente de la Corporaci6n en cuanto a que debe valorarse la conducta punible. En dig,tintas decisiones posteriores26 el maximo 25 Reiterado en C-233 de 2016 y C-328 de 2016. 26 Entre otras: T-265 de 2017 y T-640 de 2017. Pagina 18 de 34

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Tribunal Constitucional al abordar el estudio de la libertad condicional, reprodujo las razones sefialadas en la sentencia C757 de 2014. Por su parte, 1a Sala de Casaci6n Penal, en varios de sus pronunciamientos ha sostenido que la expresi6n "valoraci6n previa de la conducta", trasciende el analisis de la gravedad, extendiendose a aspectos relacionados con la misma, sin que el juez pueda rehusar su evaluaci6n, como lo sefial6 1a Corte Constitucional en la sentencia C-757 de 2014. En auto AP8301-2016, radicado 49278 de 30 de noviembre 201627, en el que se dijo que siendo la valoraci6n de la conducta punible un elemento dentro de un conjunto de circunstancias que habra de tomar en cuenta el juez que decida sobre la libertad condicional, no hay lugar a dejarla de lado para dar paso a

situaciones ajenas a los requisitos fijados por el 1egislador en el articulo 64 del C6digo Penal28. En ese