CSJ - Sentencia AEP056-2022(40647)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS Magistrado Ponente AEP 056 - 2022 Radicado N° 40647 Aprobado Mediante Acta Extraordinaria No. 49 Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veintidós (2022). VISTOS Procede la Sala a resolver la petición de nulidad y pruebas elevada por la defensa del ex Senador EFRAÍN TORRADO GARCÍA, en el proceso que se adelanta en su contra. HECHOS La situación fáctica se enmarca dentro de lo que públicamente se denomina el “carrusel de la contratación en Bogotá”, que involucra la suscripción irregular de contratos en Página 1 de 121

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EFRAÍN TORRADO GARCÍA LEY 600 DE 2000 la mayoría de las entidades de la capital, entre estas la Secretaría de Integración Social del Distrito (SDIS) en el periodo 2008-2011, durante la administración de SAMUEL MORENO ROJAS, en la cual se celebraron convenios con el “grupo empresarial TORRADO”, controlado por el entonces Senador EFRAÍN TORRADO GARCÍA, a través de integrantes de su núcleo familiar o terceras personas, con el objeto de suministrar “la canasta alimentaria” dentro de los programas distritales de atención a familias y personas en vulnerabilidad social en las distintas localidades de la ciudad. Del “grupo TORRADO” hicieron parte, entre otras, las empresas Internacional de Negocios S.A.; Cooperativa de

Trabajo Asociado (COOPROSPERAR); Cooperativa Sur Colombiana de Inversiones Ltda; Cooperativa de Trabajo Asociado Competencias (COPROACTIVAS); Fundación Euskolombia (EUSKOL); Alfaba Ltda; Mentor Colombia; Cooperativa Multiactiva Unidos para Nutrir; y Comercializadora Nutrimos S.A; y Mr. Clean S.A. TORRADO GARCÍA con el fin de lograr la adjudicación de los actos jurídicos en el primer semestre de 2009 acordó con el ingeniero HÉCTOR JULIO GÓMEZ GONZÁLEZ, contratista del Distrito y patrocinador político y económico de MERCEDES DEL CARMEN RÍOS HERNÁNDEZ, Secretaria de la SDIS, el pago de una comisión equivalente al 5% del valor de los contratos que fueran asignados al grupo empresarial, suma que el congresista pagaría a GÓMEZ GONZÁLEZ a medida que se fueran suscribiendo. Página 2 de 121

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Sin embargo, como consecuencia del citado acuerdo, el acusado solamente entregó a GÓMEZ GONZÁLEZ $350.000.000, oo en el apartamento del primero y una vez el segundo cumplió con la gestión encomendada, TORRADO GARCÍA no volvió a contestar llamadas ni a concederle cita. GÓMEZ GONZÁLEZ, con el paso del tiempo, se enteró que los asuntos relacionados con el pago de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos lo continuaron manejando el

acusado con el entonces Senador IVÁN MORENO ROJAS, hermano del alcalde, por cuanto este último intervino en el segundo semestre de 2009 para que la mencionada contratación se entregara a ese grupo empresarial. En el periodo 2008-2011 al “grupo TORRADO” se le adjudicaron 37 contratos por cuantía de $170.000.000.000, oo, algunos de los cuales fueron adicionados, modificados y prorrogados durante 2010 -20111. Los actos jurídicos objeto de este juicio, luego de haberse excluidos algunos con motivo de la prescripción de la acción penal, son: Contrato/ Contratista Fecha de Valor Última convenio /U.T. convenio modificación 1982 U.T. Alim. 13-02-09 $52.203.615,701 Marzo 2010 Solidaria 4119 U.T. Alim. 15-12-09 $232.841.413,oo Solidaria 4120 U.T. Alim. 15-12-09 $1.059.946.739 Solidaria 1 Cfr. Los convenios fueron los siguientes: N°. 1094, 2820, 1751, 1752, 1753, 2051, 2118, 2425 de 2008; 2286, 1982, 4119, 4120, 4121, 4122, 4356, 3664, 583, 963, 1238, 1670, 3821, 3822, 3823, 3857, 1054, 2178, 2862, 3927, 3949, 4054 y 4515 de 2009; 3621, 3622 y 1575 de 2010; y 3437, 1530 y 2273 de 2011.

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EFRAÍN TORRADO GARCÍA LEY 600 DE 2000 4121 U.T. Alim. 15-12-09 $130.097.387,oo Solidaria 4122 U.T. Alim. 15-12-09 $111.457.789,oo Solidaria 4356 U.T. Alim. 23-12-092 $421.657.950,oo Solidaria 3621 U.T. Alim. 24-12-103 $133.320.000,oo Solidaria 3622 U.T. Alim. 24-12-104 $131.948.897,oo Solidaria 3664 U.T. Alim. 14-09-09 $49.583.449,726 16-11-11 Futuro ,oo 4054 Coop. 03-12-09 $193.257.264,oo Unidos para Nutrir 4515 Coop. 30-12-09 $307.790.796,oo Unidos para Nutrir 1575 Coop. 26-01-10 $307.790.796,oo Unidos para Nutrir 3437 Coop. 22-10-10 $52.098.750,oo Unidos para Nutrir 1530 Coop. 03-02-11 $181.761.300,oo Unidos para Nutrir 2273 Coop. 09-02-11 $276.703.250,oo Unidos para Nutrir Convenios que suman5 105.327.740,7586, destacándose: 2Cfr. Según prueba documental se suscribió el 23-12-2009 y no el 15-12-09. Cfr. Cds del trámite contractual el cuaderno anexo original N°. 2.

3 Cfr. Según prueba documental se suscribió el 24-12-2010 y no el 24-12-09. Cfr. Cds del trámite contractual el cuaderno anexo original N°. 2. 4 Cfr. Según prueba documental se suscribió el 24-12-2010 y no el 24-12-09. Cfr. Cds del trámite contractual el cuaderno anexo original N°. 2. 5 Para el momento de la acusación los 22 convenios involucrados eran los siguientes: 1982, 2862, 4119, 4120, 4121, 4122, 4356, 3621, 3522, 3664, 3821, 3822, 3828, 3857, 3927, 4054 y 4515; 1575 y 3437 de 2010; y 1530 y 2273 de 2011; los cuales sumaban $114.263.422.778 6 Suma de los actos jurídicos objeto de juzgamiento, según la providencia que resolvió el recurso de reposición en contra de la acusación. Página 4 de 121

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(i) La Unión Temporal (U.T.) Alimentación Solidaria estaba integrada por la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda. y la Cooperativa de Trabajo Asociado (COOSPROSPERAR), de propiedad de la familia TORRADO. A ese conglomerado se le adjudicó el convenio Nº. 1982 de 13 de marzo de 2009 cuyo objeto fue el suministro de alimentos en los distintos programas de atención por valor inicial de

$51.877.342.200, oo con un plazo de 33 meses, acto jurídico modificado dos veces en 2009 y en marzo de 20107 se suscribió una nueva modificación adicionando el precio en $326.273.501,oo, para un total de $52.203.615.701,oo; y (ii) la U.T. Alimentando Futuro fue conformada por la Cooperativa de Trabajo Asociado (COOPROSPERAR), Cooperativa Multiactiva de Trabajo Asociado Competencias Proactivas, y la Fundación Euskolombia, con la cual se firmó el convenio de asociación N°. 3664 de 14 de septiembre de 2009 por $49.583.449.726, oo, con el objeto de suministrar y distribuir alimentos perecederos y no perecederos para el consumo de la población vulnerable, acto jurídico modificado y adicionado en 6 oportunidades, siendo la última el 16 de noviembre de 2011. Sobre estos dos actos jurídicos MERCEDES DEL CARMEN RÍOS HERNÁNDEZ aceptó que los asignó por intermediación de HÉCTOR JULIO GÓMEZ GONZÁLEZ e IVÁN MORENO ROJAS, admitiendo que por mediación de este último se asignaron otros actos jurídicos en el segundo semestre de 2009 que hacen parte del conjunto de convenios de la “canasta alimentaria” del Distrito. 7 Cfr. Según la prueba documental fueron 4 modificaciones (2 en 2009 y 2 en 2010). Cuaderno anexo original N°. 2 (cds del trámite). Página 5 de 121

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ANTECEDENTES

1. La Sala de Instrucción de la Sala de Casación Penal de esta Corporación en el radicado 35215 seguido contra el ex congresista IVÁN MORENO ROJAS, el 3 de diciembre de 2010, ordenó la expedición de copias del documento denominado “informe final de la Comisión de Seguimiento a la Contratación del Distrito”, con la finalidad de investigar la participación del entonces Senador EFRAÍN TORRADO GARCÍA en supuestos actos de vulneración al ejercicio de participación democrática en las elecciones de 2010, al ejercer presiones sobre personas de escasos recursos inscritas en el programa estatal “familias en acción” asentadas en la ciudadela Atalaya de Cúcuta (Norte de Santander), trámite seguido bajo el radicado 35631 en cuyo desarrollo se determinó que TORRADO GARCÍA habría intervenido de manera indebida en la contratación de la Secretaria de Integración Social de Bogotá para favorecer a empresas ligadas a su grupo familiar, ordenándose adelantar separadamente la investigación relacionada con la contratación irregular en esa dependencia, correspondiendo al radicado 406478.

2. El 16 de marzo de 2011 se abrió investigación previa9 y el 5 de julio de 201810 se ordenó la apertura de instrucción y la vinculación mediante indagatoria del acusado en lo relacionado con la indebida contratación de la “canasta alimentaria” en la Secretaría de Integración Social de Bogotá, a través de empresas del “grupo TORRADO”, controladas por integrantes de su familia. 8 Cfr. Folios 1 a 4; 67 a 71; y 217 a 220 del cuaderno anexo original N°. 1.

9 Cfr. Folios 67 a 71 del cuaderno anexo original N°. 1. 10 Cfr. Folios 123 a 141 del cuaderno original N°. 2 de instrucción. Página 6 de 121

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3. El 8 de octubre de 2018, el expediente se remitió a la Sala Especial de Instrucción11, célula investigativa que el 14 de noviembre de la misma anualidad avocó conocimiento12 y el 16 de julio de 2020 se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento por los delitos de tráfico de influencias de servidor público e interés indebido en la celebración de contratos ante la no necesidad de ello13.

4. A petición de la defensa, mediante auto de 4 de febrero de 2021, se declaró la prescripción de la acción penal a favor del acusado por el delito de tráfico de influencias de servidor público, precluyendo la instrucción14.

5. El 25 de marzo de 2021 se cerró la investigación15, decisión contra la cual la defensa interpuso recurso de reposición, resuelto desfavorablemente el 20 de mayo de la misma anualidad16, ocasión en la que se declaró la prescripción de la acción penal respecto de 7 convenios17 de los 29 atribuidos y la negó respecto de los restantes 22. 11 Cfr. Folios 180 a 181 del cuaderno original N°. 2 de instrucción. 12 Cfr. Folios 190 a 191 del cuaderno original N°. 2 de instrucción.

13 Cfr. Folios 29 a 187 del cuaderno original N°. 4 de instrucción. Los contratos signados al “grupo Torrado” en el periodo 2008-2011 fueron 37: 1094, 2820, 1751, 1752, 1753, 2051, 2118, 2425 de 2008; 2286, 1982, 4119, 4120, 4121, 4122, 4356, 3664, 583, 963, 1238, 1670, 3821, 3822, 3823, 3857, 1054, 2178, 2862, 3927, 3949, 4054 y 4515 de 2009; 3621,3622 y 1575 de 2010; y 3437, 1530 y 2273 de 2011. Los convenios que quedaron cobijados por la atribución del interés indebido en la celebración de contratos son los siguientes: 2286, 1982 (modificado 3 veces, última modificación en marzo de 2010), 4119, 4120, 4121, 4122, 4356, 3821, 3622, 3664 (modificado y adicionado en 6 ocasiones, la última en noviembre de 2011), 963, 1238, 1670, 1684, 2178, 2862, 3821, 3822, 3823, 3857, 3927, 3946, 4054, 4515; 583, 1575, 3437 de 2010; y 1530 y 2273 de 2011. Estos suman: $153.344.271, oo. Cfr. Páginas 139 a 144 del auto que resolvió la situación jurídica. Folios 167 a 172 del cuaderno original N°. 4 de instrucción.

14 Cfr. Folios 2 a 13 del cuaderno original de instrucción N°. 5. 15 Cfr. Folio 91 de cuaderno original de instrucción N°. 5. 16 Cfr. Folios 164 a 193 del cuaderno original de instrucción N°. 5. 17 Cfr. Folios 164 a 193 del cuaderno original de instrucción N°. 5. Los convenios cobijados por la prescripción de la acción penal del delito de interés indebido en la celebración de contratos fueron 7: 2286, 583, 963, 1238,1670, 1684 y 2178 de 2009.

Quedaron vigentes los convenios: 1982, 2862, 4119, 4120, 4121, 4122, 4356, 3621, Página 7 de 121

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6. El defensor de TORRADO GARCÍA interpuso reposición y apelación en contra de la decisión que negó la prescripción de la acción penal, la cual fue resuelta negativamente el 30 de septiembre de 202118, fecha en la cual se acusó como interviniente del delito de interés en la celebración de contratos en relación con 21 convenios relacionados con la “canasta familiar” en las distintas localidades de Bogotá; así mismo declaró la prescripción de la acción respecto del convenio Nº. 2862 de 29 de mayo de 200919.

7. Contra la providencia anterior se interpuso recurso de reposición20, el cual fue resuelto el 11 de noviembre de 202121.

En esta decisión se declaró prescrita la acción penal respecto de los convenios Nº. 3821, 3822 y 3823 de 14 de octubre de 2009; 3857 de 16 de octubre; y 3927 y 3946 de 4 y 11 de noviembre de 2009, con lo cual el pliego acusatorio solo cobijó 15 actos jurídicos (Nº. 1982 -modificado en marzo de 2010-, 4119, 4120, 4121, 4122, 4356, 362122, 362223, 3664modificado en noviembre de 2011-, 4054, 4515 de 2009; 1575 y 3437 de 2010; y 1530 y 2273 de 2011)24. 3622, 3664, 3821, 3822, 2823, 3857, 3927, 3946, 4054, 4515 de 2009; 1575 y 3437 de 2010; 1530 y 2273 de 2011, para un total de 22. 18 Cfr. Folios 24 a 212 del cuaderno original N°. 7 de instrucción. 19 Convenios 1982, 4119, 4120, 4121, 4122, 4356, 3621, 3622, 3664, 3821, 3822, 2823, 3857, 3927, 3946, 4054, 4515 de 2009; 1575 y 3437 de 2010; 1530 y 2273 de 2011, para un total de 21. La suma del valor de los contratos es $ 114.103.840. 968, oo. Páginas 153 y 154 de la acusación. Folios 176 a 177 del cuaderno original N°. 7 de

instrucción. 20 Cfr. Folios 2 a 65 del cuaderno original N°. 8 de instrucción. 21 Cfr. 90 a 143 del cuaderno original N°. 8 de instrucción. 22 Fecha que se aclarará en el acápite de hechos. 23 Fecha que se aclarará en el acápite de hechos. 24 Cfr. Página 50 del auto de 11 de noviembre de 2021. Folio 139 del cuaderno original de instrucción N°. 8. Página 8 de 121

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8. Durante el traslado previsto en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000 fue radicada solicitud de nulidad y de práctica de pruebas por la defensa de TORRADO GARCÍA; el Ministerio Público se abstuvo de realizar petición alguna25.

FUNDAMENTOS DE LA PETICIÓN DE NULIDAD Luego de señalar el marco teórico sobre las nulidades, plantea las siguientes irregularidades supuestamente cometidas por la Sala Especial de Instrucción:

1. Violación al debido proceso por desconocimiento de la garantía del juez natural (artículo 306-1 y 2 de la Ley 600 de 2004): Pide nulidad a partir de la apertura de instrucción, incluyendo la providencia que resolvió la situación jurídica y la acusación, porque fueron suscritas por un número menor de 6

Magistrados, contrariando el Acto Legislativo Nº. 1 de 2018, el Acuerdo N°. PCS5A-18-11037 del Consejo Superior de la

Judicatura26 y la Directiva Nº. 02 de 25 de enero de 2017 de la Sala de Casación Penal, sobre la conformación de la Sala de instrucción. 1.1. Considera que la vulneración a la garantía del juez natural27 se configura por cuanto la primera decisión fue suscrita por tres Magistrados de la Sala de Casación Penal28, 25 Cfr. Folios 17 a 90 del cuaderno N°. 1 de la Sala Especial de Primera Instancia. 26 Que implementó la reforma constitucional del artículo 234 Superior. 27 De 5 de julio de 2018 28 Sala de instrucción integrada por los Magistrados de la Sala de Casación Penal JOSÉ

FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA, EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER y PATRICIA SALAZAR

CUELLAR.

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EFRAÍN TORRADO GARCÍA LEY 600 DE 2000 con posterioridad a la reforma constitucional de 2018 y concomitante al acto administrativo que la implementó, por lo tanto, es nula e inexistente, yerro nunca corregido por la Sala Especial de Instrucción porque el ponente avocó conocimiento sin hacer control de legalidad, el cual correspondía a la plenaria y no a él unipersonalmente. Considera que entre el 5 de julio y 8 de octubre de 2018, se surtieron los actos de notificación por la Secretaría de la Sala de Casación Penal, órgano que no podía suplantar a su homóloga de la Sala Especial de Instrucción. Así, estima, se configuró un “desorden procesal”, quedando sin sustento la indagatoria y las pruebas

practicadas, afectándose el derecho de defensa (artículo 29 Superior) pues no se sabe cuál es el “tema a defender”, defecto extendido a la situación jurídica y acusación por cuanto fueron adoptadas por un número incompleto de Magistrados de la Sala Especial de Instrucción contraviniendo el mandato superior, como lo decantó esta Sala en CSJ AEP 00056-2019, rad. 45240, decisión en la cual se ordenó la nulidad de la actuación por las mismas razones alegadas, por ello, hace suyas las argumentaciones (que no plasma en el escrito). 1.2. Manifiesta que la defensa no coadyuvó la irregularidad pues esas decisiones son de exclusiva responsabilidad de la “Sala de Instrucción”, siendo un deber del juez sanear la actuación como lo ordena las Leyes 600 de 200029, 285 de 2009, 270 de 1996, 564 de 201230 (Código 29 Articulo 307. 30 Articulo 372. Página 10 de 121

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General del Proceso); el Estatuto Procesal Laboral31, y el Código Contencioso Administrativo, aplicables por integración normativa.

2. Violación del debido proceso por cuanto la situación jurídica abarcó hechos no imputados en la indagatoria, vulneración del principio de inmediación, y nulidad de las pruebas de pleno derecho (artículo 3061, 2 y 3 ibidem): Solicita la nulidad desde el auto que resolvió la situación jurídica (incluyendo la acusación) porque se analizaron hechos

no imputados en la inicial indagatoria, violándose los artículos 29 y 93 de la Carta Política (bloque de constitucionalidad). Considera que se “desestructuró” el debido proceso porque: 2.1. Se violó el principio de inmediación dado que el ponente comisionó a un Magistrado Auxiliar para la ampliación de indagatoria del acusado a pesar de ser un aforado constitucional razón por la cual le correspondía al titular por comisión de la Sala Especial de Instrucción; o, en su defecto, fue esta la que debió facultar la práctica de esa diligencia, incluso, sí hipotéticamente se entendiera que fue delegado el ponente, la irregularidad se mantendría en tanto está prohibido subcomisionar. 2.2. La ampliación de injurada se realizó con posterioridad al auto que resolvió situación jurídica e incluyó hechos analizados en esa providencia “nuevos y abstractos” no 31 Artículo 77. Página 11 de 121

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EFRAÍN TORRADO GARCÍA LEY 600 DE 2000 atribuidos en la primigenia indagatoria en relación con el interés indebido en la celebración de contratos, en la que ni siquiera le pusieron de presente el listado de convenios, lo cual imposibilitó el ejercicio del derecho de defensa pues seguidamente se cerró la instrucción sin que el acusado se defendiera de la imputación fáctica de la posterior acusación32. 2.3. En su criterio, las pruebas son nulas de pleno derecho al practicarse antes de la ampliación de injurada, violándose el derecho de defensa consagrado en la normativa

internacional33, irregularidad no convalidada por cuanto se interpuso recurso de reposición contra el auto que ordenó el cierre de la investigación. Para respaldar su postura, recuerda que en la indagatoria inicial34 se enrostraron dos cargos: el tráfico de influencias y el cohecho por dar u ofrecer, relacionados con la empresa INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S.A.; frente al primero, el 4 de febrero de 2021 se declaró la preclusión de investigación por prescripción de la acción penal y el segundo se consideró atípico. Así las cosas, como el 20 de mayo de 2021 se declaró la prescripción de la acción penal en relación con el interés indebido en la celebración de contratos del convenio Nº. 2286 de 20 de marzo de 2009, los únicos hechos de la acusación fueron atribuidos luego de resuelta la situación jurídica. 32 Máxime cuando frente al resto de los cargos operó la prescripción de la acción penal razón por la cual se precluyó la investigación. 33 Derechos que existen en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14), que se debe interpretar sistemáticamente con el canon 93 superior (bloque de constitucionalidad-sentencia C-291-2007-), normas que cumplen las funciones interpretativa e integradora. 34 Cfr. Realizada el 19 de marzo de 2019. Página 12 de 121

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3. Violación del debido proceso y el derecho de defensa por imputarse hechos acaecidos posteriormente al inicio del proceso penal (artículo 306-2 y 3 ibidem):

Pide la nulidad a partir de la ampliación de indagatoria, incluyendo la acusación, por haberse referido a situaciones sucedidas con posterioridad al inicio del proceso penal. 3.1. Estima que los episodios ocurridos después de octubre de 2010 y 16 de marzo de 2011, fechas del “Informe Final de la Comisión de Seguimiento a la Contratación de Bogotá”35 y la apertura de investigación previa, debieron ser investigados en procesos separados. Además, en la ampliación de indagatoria no se podían incluir hechos sucedidos con posteridad a la primera data y al 3 de diciembre de 2010, día en que se rompió la unidad procesal, el cual constituye para la defensa el “inicio de la acción penal”. En su criterio esas piezas procesales delimitaron el objeto de la investigación por cuanto la compulsa de copias que dio origen a esta actuación fue por hechos inconexos relacionados con las irregularidades en la contratación dentro del Programa Distrital de Seguridad Alimentaria de EFRAÍN y ÉDGAR TORRADO GARCÍA, y en el auto de apertura de investigación previa se ordenaron labores de investigación, entre otras, la de revisar los contratos celebrados en la Secretaría de Integración Social desde 2008 a 16 de marzo de 2011, con las personas jurídicas U.T., Alimentación Solidaria, Internacional de Negocios S.A., U.T., Alimentando Futuro y Cooperativa Multiactiva Sur Colombiana de Inversiones, razón por la cual 35 Del cual, según la defensa, el 3 de diciembre del mismo año se compulsó copias. Página 13 de 121

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EFRAÍN TORRADO GARCÍA LEY 600 DE 2000 los convenios celebrados con posterioridad no podían ser revisados y menos incluidos en la ampliación de indagatoria, pues no hicieron parte del documento origen de esta investigación. Incluso, considera, existen inconsistencias en la fecha de suscripción de algunos contratos porque: 3.1.1. Al parecer fueron celebrados con anterioridad a octubre de 2010 (fecha del “informe final de seguimiento”), cuando correspondían a “hechos y personas diferentes”): Contrato Fecha Real Cambiada 3621 24-12-2010 24-12-2009 3622 24-12-2010 24-12-2009 3.1.2. Existen actos jurídicos celebrados con posterioridad a dicho informe jamás reseñados en este: Contrato Contratista Fecha 3437 Cooperativa Multiactivos 22-10-2010 1530 Cooperativa Multiactivos 03-02-2011 Unidos para Nutrir 2273 Cooperativa Multiactivos 09-02-2011 Unidos para Nutrir Hechos frente a los cuales, en criterio de la defensa, se debió iniciar un nuevo proceso o declarar la conexidad “con auto que admite recurso” y “unirse” bajo una misma cuerda procesal solo en el evento en que los argumentos de la bancada defensiva no prosperaran. Página 14 de 121

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EFRAÍN TORRADO GARCÍA LEY 600 DE 2000 3.2. Recuerda que en la apertura de investigación se descartaron los contratos firmados por funcionarios diferentes

a MERCEDES DEL CARMEN RÍOS HERNÁNDEZ, incluyéndose solo “el convenio N°. 4120 de 15-12-2009”, sin embargo, la ampliación de indagatoria y acusación versaron sobre actos jurídicos firmados con servidores públicos especiales, como sucede respecto de los signados con “fondos locales”, entre otros, los cuales ni siquiera se tramitaron en la Secretaría de

Integración Social: Contrato Fecha Fondo Local Funcionario que los suscribe

4119 15-12-2009 Sumapaz OLGA LUCÍA

VELÁSQUEZ

4121 15-12-2009 Santafé OLGA LUCÍA

VELÁSQUEZ

4122 15-12-2009 Kennedy OLGA LUCÍA

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4536 23-12-2009 Ciudad Bolívar OLGA LUCÍA VELÁSQUEZ 3.3. Igual error existe respecto a los convenios N°. (i) 3664 de 14 de septiembre de 2009 y sus modificaciones36, cedido el 3 de diciembre de la misma anualidad a INTERBOLSA; y (ii) 1982 de 13 de marzo de 2009, argumentándose que fue adicionado un año después cuando en realidad eso sucedió el 14 de abril de 2011, actos jurídicos que no se podían imputar porque SAMUEL MORENO ROJAS y MERCEDES DEL CARMEN RÍOS HERNÁNDEZ habían dejado sus cargos. 36 Modificaciones de 5 y 6 de septiembre de 2011 firmado por INES ELVIRA ROLDAN PARDO; y 15 de noviembre de 2011. Página 15 de 121

PRIMERA INSTANCIA No. 40647

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4. Violación al debido proceso y el derecho de defensa al ampliarse la injurada por hechos prescritos y perdida de la competencia (302-1, 2 y 3).

Solicita la nulidad a partir de la diligencia de ampliación de indagatoria, incluida la acusación, por haberse imputado hechos sobre los cuales había prescrito la acción penal, vulnerándose el debido proceso y el derecho de defensa, así como los principios pro actione, de efecto útil de las normas, de interpretación razonable, de protección efectiva, pro homine y pro libertate. 4.1. Asegura que el plazo legal fijado en meses o aPños para la prescripción debe comenzar a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho sin confundir la fecha de consumación con la del agotamiento del ilícito. Estima que al prescribir el delito de tráfico de influencias esta Corporación perdió competencia, salvo para decretar esta, sin embargo, el proceso avanzó a pesar de la prescripción de la acción penal de los hechos contenidos en la acusación, fenómeno que operó desde la ampliación de indagatoria. 4.2. Reclama que la Sala Especial de Instrucción nunca se pronunció sobre los argumentos contenidos en el recurso de reposición interpuesto contra la acusación, en relación con la aplicación de la sentencia C-128-2003 respecto de la consumación del delito de interés indebido en la celebración de contratos, y del artículo 84-1 del Código Penal sobre la iniciación del término de la prescripción de la acción penal en

conductas de ejecución instantánea. Página 16 de 121

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Recuerda que el momento consumativo del delito fue: (i) cuando HÉCTOR JULIO GÓMEZ GONZÁLEZ se entrevista por primera vez para averiguar por los contratos y entrega unas hojas de vida en el primer semestre de 2009; y (ii) en el instante en que IVÁN MORENO ROJAS se entrevista con MERCEDES RÍOS HERNÁNDEZ para preguntarle por los contratos de alimentación, hechos acaecidos antes de la suscripción del contrato 3664 de 14 de septiembre de 2009. Para la defensa, el ilícito se consumó en el primer semestre de 2009, y el segundo evento forma parte del mismo delito, sin embargo, así se construya la “ficción legal” de que son dos los instantes consumativos lo cierto es que a la fecha ambos se encuentran prescritos al transcurrir 12 años desde esa calenda a la fecha de la acusación, razón por la cual la Sala Especial de Instrucción carecía de competencia para emitir el pliego de cargos en el cual no se detallaron los actos jurídicos pues indeterminadamente se señalan los contratos N°. 1982 y 3664 de 2009 para mantener la competencia. En su criterio es un error considerar que el punible se consuma en la fecha de la suscripción del contrato y, aún más, extenderlo al día de la modificación o adición como se hizo en la acusación, tesis contraria a la postura doctrinal de la Corte Constitucional, de esta Colegiatura y a la fijada en la situación

jurídica, ocasión en la cual quedó claro que la consumación del interés indebido en la celebración de contratos es indiferente a la obtención del provecho propio o de un tercero, máxime cuando no se deslindó cada contrato pues lo procedente es calcular la prescripción independientemente. Página 17 de 121

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5. Violación del debido proceso por quebrantarse las reglas de la prueba trasladada y no obrar elementos de convicción demostrativos sobre la ocurrencia del hecho

(artículo 3021 y 2). Pide la nulidad a partir del cierre de investigación para que se ordene correr traslado de toda la prueba trasladada, pues se omitió ese ritual, por lo tanto, no se pueden tener en cuenta las copias que obran en el expediente; de otra parte, no se demostró la ocurrencia del hecho dado que los convenios no fueron allegados en su totalidad razón por la cual se debe recaudar la prueba documental pertinente pues en su criterio se vulneraron las formas exigidas por la Carta Política y los artículos 17637, 397 y 306-1 y 2 de la Ley 600 de 2002. SOLICITUDES PROBATORIAS De manera subsidiaria la defensa del procesado solicitó la práctica de pruebas.

1. Testimonial 1.1. ARMANDO ENRIQUE MONSALVE VÁSQUEZ, asesor del procesado, a quien HÉCTOR JULIO GÓMEZ GONZÁLEZ llamó y estaba presente cuando ingresó al apartamento del

acusado, quien dará fe sobre el asedio de GÓMEZ GONZÁLEZ a TORRADO GARCÍA y que este nunca habló en privado con IVÁN y SAMUEL MORENO ROJAS, ni existió trato íntimo ni de amistad entre ellos. 37 Debió notificarse el auto que ordena traslado de pruebas. Página 18 de 121

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EFRAÍN TORRADO GARCÍA LEY 600 DE 2000 1.2. OLGA CRISANTA CARRILLO ÁVILA, asistente del acusado, encargada de llamar telefónicamente y concertar las citas con GÓMEZ GONZÁLEZ, razón por la cual presenció el momento en que este ingresó al apartamento de TORRADO GARCÍA, quien dará fe de que GÓMEZ GONZÁLEZ era quien “cercaba” al acusado; además, por tratarse de la persona que manejaba la agenda del procesado le consta que este nunca habló en privado con los hermanos MORENO ROJAS, ni hubo reuniones entre ellos ni se agendaron citas y jamás fueron a su oficina. 1.3. HOLMAN YULIÁN MARTÍNEZ CELIS, con la finalidad de que manifieste sobre la entrada de GÓMEZ GONZÁLEZ al apartamento de TORRADO GARCÍA, si traía algún tipo de maleta, paquete, bolsa o sobre, además, indicará, cuál fue el contenido de la conversación, quiénes estaban presentes e informará que el acusado