CSJ - Sentencia AEP064-2022(00272)

República de Colombia Corle Suprema de Justicia Sala Especial de Primera Instancia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS Magistrado Ponente AEP 064 - 2022 Radicación núm. 00272 Aprobado Mediante Acta Extraordinaria No. 55 Bogotá, D. C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022). 1 ASUNTO Se pronuncia la Sala sobre las solicitudes de nulidad propuestas en el curso de la audiencia de formulación de acusación, por el Ministerio Público y la defensa técnica de DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO, ex-Gobernador del Departamento de Santander, por "violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales", el primero, y por violación del derecho de defensa el segundo, en los términos del artículo 457 de la Ley 906 de 2004. Página 1 de 57

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DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO LEY 906 DE 2004 2 HECHOS E IMPUTACIÓN JURÍDICA De acuerdo con el escrito de acusación presentado por la Fiscalía 4 Delegada ante esta Corporación, se acusa a DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO, en su condición de Gobernador del departamento de Santander, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por hechos cometidos entre los meses de febrero y abril de 2016, en relación con el contrato 601 de 21 de abril de ese año por valor de $23.844.912.000, suscrito entre ese ente territorial y la

Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada, cuyo objeto consistió en el suministro de alimentos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para las escuelas de los 82 municipios no certificados de Santander, en cuyo trámite se violaron los requisitos de los pliegos definitivos para que solamente se presentara dicho proponente, en detrimento de los principios de planeación, selección objetiva, transparencia, economía y legalidad. Adelantadas las pesquisas necesarias, la Fiscalía pudo advertir la presunta comisión de los punibles contra la administración pública de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo y de peculado por apropiación en favor de terceros en concurso heterogéneo con los anteriores, al parecer cometidos con la "anuencia" de DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO, a la sazón, Gobernador del departamento. En el Plan Departamental de Desarrollo "Santander nos une" se contempló el programa de alimentación escolar para aproximadamente 135.000 estudiantes, sin embargo, Página 2 de 57

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DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO LEY 906 DE 2004 finalmente fueron cubiertos solo 100.000 porque los contratos se realizaron con base en los estudios para el año 2015 de la administración precedente. Como Gobernador, TAVERA AMADO fue autorizado para la celebración de "todo tipo de contrato" por la Ordenanza 001 de 12 de diciembre de 2016 de la Asamblea Departamental de Santander. En ese orden, fue informado por la secretaría de educación en los consejos de gobierno acerca de la inminencia y

urgencia del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y de la viabilidad de la aplicación de la figura de la "urgencia manifiesta"' para contratar. El 18 de enero de 2016 el imputado expidió el Decreto 007 por el cual delegó en los secretarios de despacho la celebración de los contratos estableciendo para los delegatarios el deber de rendir informes periódicos de las actividades adelantadas en ejercicio de la delegación. Además, el Gobernador expidió el Decreto 071 de 5 de abril de 2016 por el cual se creó el Comité de Seguimiento Operativo Departamental al PAE, presidido por el Gobernador o su delegado, que debía reunirse de ordinario trimestral y extraordinariamente, por convocatoria del Gobernador cuando lo requiriera. Art. 42 L. 80 de 1993: Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio 1 exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos. Página 3 de 57

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A pesar de estar informado desde el día 4 de enero de 2016

de lo imperioso de garantizar el suministro de alimentación escolar, solamente hasta el día 13 siguiente se decretó la urgencia manifiesta por sesenta días mediante Decreto 0004 suscrito por el Gobernador encargado y, pese a la necesidad de atender dicho programa hasta el 9 de febrero se suscribió el contrato 101 de 2016, cuyo objeto consistió en suministrar complemento alimentario diario a 100.000 escolares durante 45 días hábiles a partir del acta de inicio que, extrañamente, tiene como fecha el día anterior a la suscripción del contrato, lo que constituye una irregularidad. La Gobernación omitió adelantar todos los estudios previos pertinentes de prefactibilidad, factibilidad y planeación antes de la apertura de la licitación pública y de la contratación a tenor de los numerales 1, 3, 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 que consagra el principio de economía, y así garantizar la continuidad del PAE a partir del día 18 de abril hasta el 9 de septiembre de 2016, como se sugirió en el estudio técnico de la Secretaría de Educación después de culminado el contrato 101 de 2016, circunstancia conocida por el imputado. La licitación pública fue tramitada en tiempo récord, algo más de un mes, para contratar el suministro de la alimentación durante 84 días a partir del 18 de abril de 2016 de acuerdo con el estudio técnico inicial, sin embargo, el contrato 101 solamente iba hasta el 22 de abril, por ello el nuevo contrato debía iniciar desde el 25 de abril, pero el operador en ese momento no contaba con la necesaria mano de obra y tuvo dificultades con la

consecución de proveedores. Página 4 de 57

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No obstante, a pesar de que el contrato 601 debía iniciarse el 2 de mayo de 2016, el PAE siguió después de esa fecha sin llegar al departamento. Este contrato no cubrió todo el periodo escolar, sino hasta el mes de septiembre y por ello se hizo necesario adicionarlo como ciertamente ocurrió en 18 y 14 días más. Además, en su trámite el Gobernador vulneró el principio de responsabilidad previsto en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, toda vez que permitió que se continuara el proceso contractual sin determinar el número de estudiantes destinatarios del programa, sin elaborar un diagnóstico para seleccionar el tipo de complemento alimenticio a suministrar y, sin realizar un estudio de costos para establecer el valor de cada una de las raciones para evitar su sobrevaloración, limitándose para este propósito a basarse en tres cotizaciones genéricas del año 2015 presentadas por EMPSENAL, COOSEHEROICA y

FUNDACIÓN ENLACE.

Pese a que la cobertura de escolares en el contrato 601 se fijó en cien mil, sus dos contratos adicionales de 16 de septiembre y octubre de 2016 se aumentaron en 24.514 estudiantes más, pero finalmente se sumaron 29.331 para un total de 129.331, todo resultado de la falta de planeación, porque en el mes de enero de cada anualidad se determina el número de estudiantes matriculados y en marzo ya se tiene certeza de su cantidad, por lo que no resulta admisible que respecto del

listado de matriculados y priorizados empleado para el contrato 601 luego se reporte un número mayor de beneficiarios, y menos aún que, posteriormente, en las dos adiciones a los contratos se contemple una cantidad muy superior en miles de escolares. Página 5 de 57

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La deficiente planeación se evidencia en el cronograma de la licitación en el proceso contractual, según el cual, la publicación de los avisos se efectuó los días 1 y 4 de marzo de 2016, y el mismo 1 de marzo se dieron a conocer los estudios previos, simultáneamente con la publicación del proyecto de pliego de condiciones al día siguiente hasta el 14 de marzo, término que a su vez coincidió con el mismo para presentar las observaciones al proyecto el cual estableció una serie de requisitos que fueron manipulados dándole apariencia de legalidad al proceso, pero que en realidad infringían la Ley 80 de 1993 y el Decreto 4170 de 2011 (Colombia compra eficiente), al exigir a los proponentes requisitos que impedían la participación de otros y que fueron materia de observaciones que, finalmente, se descartaron sin mayores argumentos al día siguiente de ser recibidas, pero que posteriormente, después de publicado el acto de apertura de la licitación, el 16 de marzo, fueron adicionados. Al día siguiente, esto es, el 17 de marzo se adelantó la audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos y presentación de observaciones al pliego de condiciones definitivo, evidenciando premura en el trámite, que dio como resultado la postulación de un único oferente que fue

casualmente la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, empresa que a través de una unión temporal venía ya suministrando la alimentación. A juicio de la Fiscalía no se efectuó una selección objetiva pues se impidió la libre concurrencia al exigirse, en contravía de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, experiencia específica en suministro de alimentación escolar, conculcándose así los Página 6 de 57

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DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO LEY 906 DE 2004 principios de transparencia, responsabilidad, economía, legalidad, eficacia y eficiencia. También se restringió la participación al requerirse la acreditación de un máximo de cinco contratos iguales o superiores al 100% del presupuesto oficial estimado para la contratación, cuando según el manual de Colombia compra eficiente bastaba la mitad. En relación con las condiciones técnicas previstas en el literal c del pliego que exigía experiencia y formación mínimas a los funcionarios que ejecutarían el PAE, si bien la cooperativa presentó dos personas que cumplían los requisitos, Marcela Isabel Cobilla, coordinadora, y Jorge Alexander Castro Alfonso, supervisor, los dos laboraban para la cooperativa lo hacían en la ciudad de Bogotá y por tanto, en últimas, no intervinieron en la ejecución del contrato, pudiéndose determinar que sus firmas en la documentación presentada en la oferta fueron falsificadas. Lo mismo en punto de los indicadores financieros señalados en el literal d del pliego, especialmente del capital de trabajo que debía ser igual o mayor al 50% del presupuesto oficial y el índice de endeudamiento equivalente o menor al

0.48%, requisitos que impidieron la participación de más proponentes, por haber sido el primero muy alto porque lo calcularon con el porcentaje de participación de la unión temporal, lo cual fue materia de observaciones. En síntesis, en el pliego de condiciones se establecieron una serie de requisitos que restringieron la participación de un Página 7 de 57

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DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO LEY 906 DE 2004 mayor número de oferentes con el propósito de favorecer a la Cooperativa Surcolombiana. De otra parte, el término previsto para observaciones corrió simultáneamente con el de la publicación del pliego de condiciones definitivo, siendo aquél muy corto para el propósito. A partir de allí hubo prisa en los términos de la siguientes etapas como la presentación de ofertas, la designación del comité evaluador, la publicación del informe de evaluación, la audiencia de adjudicación, firma del contrato y presentación y aprobación de garantías que hicieron imposible su cumplimiento para los otros aspirantes, reduciéndose a una propuesta única: la de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, extrañamente una de las empresas que integraban la unión temporal Alimentación Escolar que ya venía ejecutando el PAE, circunstancias todas conocidas por TAVERA AMADO. De las irregularidades advertidas en el trámite de la licitación pública ED-16-01 que dio lugar al contrato 601 de 2016, la Fiscalía pudo concluir que desde el inicio de la administración de DIDIER TAVERA, la firma seleccionada para la ejecución del PAE era la Cooperativa Multiactiva

Surcolombiana de Inversiones Ltda., quien fue adjudicataria de tres contratos consecutivos. En la etapa contractual, Ana de Dios Tarazona García, secretaria de educación en virtud de la delegación suscribió el contrato 601 de 2016 con Luis Fernando Flórez Rincón como representante legal de la Cooperativa cuyo objeto consistió en el suministro de un complemento alimentario a 100.000 escolares en 82 instituciones oficiales del departamento durante 84 días. Página 8 de 57

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Para la Fiscalía con base en lo anterior se incurrió en una serie de irregularidades respecto del contrato 601 de 21 de abril de 2016, a saber: (i) se suscribió con Luisa Fernanda Flórez en condición de representante legal de la Cooperativa, pese a que había sido también representante legal de la unión temporal que se encontraba ejecutando el contrato 101 de 2016, vigente hasta el 16 de abril de ese año. Al firmar el contrato 601 la gobernación era consciente de las irregularidades e inconvenientes presentados en el contrato anterior (101), como la intoxicación de algunos estudiantes del colegio del corregimiento Cincelada del municipio de Coromoro; (ii) el comité evaluador del PAE no efectuó las visitas a las bodegas presentadas por la Cooperativa acorde con los estudios previos y el pliego de condiciones, incumpliendo, además, lo establecido en la Resolución 16432 de 2015, literal c del num. 3.4 que impone a los entes territoriales el deber de asegurar la dotación de los equipos necesarios para

el almacenamiento, preparación, distribución y consumo de los complementos alimentarios de acuerdo a la modalidad a suministrar; (iii) el contrato de interventoría 0640 de 2016 se comenzó a ejecutar 10 días después del inicio del Contrato 601; (iv) se desconoció lo establecido en los pliegos definitivos de la licitación pública ED-LP-16-01, VI. Requisitos habilitantes. C. Condiciones Técnicas, 1.1.1.2 en las condiciones técnicas mínimas requeridas, en cuanto a la acreditación ante la interventoría de la capacitación de personal manipulador de alimentos, previo a la suscripción del acta de inicio del contrato 601. Además de todo lo anterior, destacó la Fiscalía también unas presuntas irregularidades acaecidas en la fase de ejecución Página 9 de 57

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DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO LEY 906 DE 2004 del contrato 601 de 2016 en relación con la designación de la funcionaria de la gobernación encargada de la supervisión, María Sonia Zambrano. Esta funcionaria no contaba con experiencia en contratación. El informe de supervisión número 1 de 3 de junio de 2016 hizo referencia a la etapa de alistamiento para cuya data ella no había aún sido designada como supervisora. Para la época del alistamiento del contrato tampoco se había designado interventor, lo que dejó el contrato al arbitrio del contratista y sin la posibilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes sobre el personal calificado que se presentó por parte del contratista. Tampoco se verificó lo relacionado con las manipuladoras de alimentos en cuanto a

experiencia y certificado de sanidad. Solamente se reconocieron 400 y se desconoce si las restantes 1800 fueron examinadas. Tampoco se verificó el cumplimiento del requisito de la infraestructura indispensable para la efectiva ejecución del contrato 601 de 2016. Se suscribió el acta de inicio con una aprobación parcial del ciclo de minutas para las diferentes modalidades, lo cual requirió de ajustes que demandaban de dos semanas para su revisión. El suministro de alimentación tampoco comenzó el 2 de mayo de 2016 en todas las instituciones del departamento, hecho conocido por el Gobernador y que fue mencionado en el informe de supervisión número 1 de 3 de junio de 2016. El contratista incumplió el contrato, en particular la cláusula duodécima primera (sic) relacionada con la prohibición de subcontratar la ejecución del objeto contractual (pág. 1 del contrato 601 de 2016). La mayoría de proveedores fueron subcontratados, incluso, muchos no contaban con la Página 10 de 57

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DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO LEY 906 DE 2004 experiencia en el suministro de alimentos y las raciones les eran pagadas muy por debajo del costo cobrado al departamento por el contratista, lo que generó un detrimento patrimonial. Otra de las irregularidades en la ejecución del contrato 601 de 2016 la hizo consistir la Fiscalía en que el contratista entregaba dinero a los rectores de las instituciones para que adquirieran ellos mismos los insumos de la alimentación y artículos de aseo. El número de manipuladoras de alimentos contratadas fue

muy inferior al ofrecido en la propuesta de la cooperativa. No se realizaron fumigaciones ni mantenimiento periódico a los equipos y en otros casos no contaron con refrigeradores. No entregaron las minutas a los rectores y era imposible verificar si dieron la alimentación conforme con los términos del contrato. El contrato 601 de 2016 se adicionó en plazo (18 días más) y en el número de raciones a suministrar en 24.514 pasando de 100.000 a 124.514 que quedaron finalmente en 129.331 por valor de $6.706.355.076, sin que se haya justificado ese hecho. Esto fue informado al Gobernador, según consta en acta de Consejo de Gobierno núm. 14 de 16 de agosto de 2016, quien además dio su aval. Finalmente, de acuerdo con trámite adelantado se realizaron dos adiciones al contrato 601 de 2016, con vulneración de los principios de la contratación, porque en realidad se aumentaron 10.073 raciones y no las 29.000 que se reportaron, dejando en evidencia que lo buscado fue agotar todo el presupuesto departamental para el PAE. Página 11 de 57

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En síntesis, la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana suministró la alimentación escolar en los 82 municipios del departamento mediante tres contratos consecutivos. El primer contrato es el 101 de 2016 suscrito en los primeros meses bajo figura de la urgencia manifiesta entre la gobernación y una unión temporal en la cual la Cooperativa Multiactiva tenía una participación del 70%. El segundo contrato, el 601 de 2016,

resultado de un proceso licitatorio direccionado y amañado desde la Gobernación. El tercer contrato, suscrito también con la misma cooperativa en al año 2017 no es objeto de la acusación, por lo cual no se referirá a este. Finalmente, rememora el proceso que por hechos relacionados con el trámite del contrato 601 de 2016 se sigue por la Fiscalía 20 Seccional de Santander contra la secretaria de educación, Ana de Dios Tarazona y el coordinador del equipo de apoyo del PAE, Aníbal González Sánchez, sobre los que pesa medida de aseguramiento por esos hechos. Incluso, advirtió que el propietario de la cooperativa, Germán Trujillo y la representante legal, Luisa Fernanda Flórez Rincón fueron condenados por aceptación de cargos, para cuyo efecto el primero pagó la suma de $2.150.000.000 más intereses. En relación con el delito de peculado por apropiación, comenzó la Fiscalía por citar el informe contable PJ-11237429 del investigador del CTI, Fernando Puerto Tovar quien le hizo seguimiento a los dineros entregados por virtud del contrato 601 de 2016, el cual concluyó que de los $29.242.447.184 girados por la Gobernación a la cooperativa esta únicamente pago a sus proveedores $19.898.689.543, restando un saldo por establecer Página 12 de 57

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DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO LEY 906 DE 2004 de $9.343.757.641.43, que finalmente, luego de una nueva inspección judicial y otros análisis se redujo a $7.569.377.537,

cifra que coincide con lo escuchado en la interceptación telefónica efectuada el 28 de septiembre de 2017 al móvil de Sandra Patricia Cardozo, revisora fiscal de la cooperativa y posteriormente su representante legal que habló de una diferencia de casi $8.000.000.000. Sostiene que todas las planillas fueron llenadas en su totalidad con los nombres de los beneficiarios marcados con una "x" sin registrar ninguna novedad como si nunca hubiera faltado alguno de los estudiantes. Incluso fueron cobrados unos días en que los maestros estuvieron en paro aproximadamente tres días por un monto de $1.029.018.564, sin contar el día del maestro que también fue cobrado, lo que en sentir del ente fiscal el operador no tenía las condiciones técnicas, jurídicas, ni financieras para cumplir con las obligaciones del contrato 601 de 2016, análisis que concluyó mediante un cuadro explicativo en el que fijó como monto del peculado la suma de $10.206.208.647.43. De acuerdo con lo anterior, la Fiscalía consideró que de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, se puede afirmar con probabilidad de verdad que las conductas de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo, y el peculado por apropiación en concurso heterogéneo sí existieron y que DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO es su autor a título de dolo, pues obró con conocimiento y voluntad y omitió conscientemente el deber de control y vigilancia que la Página 13 de 57

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delegación le imponía respecto del contrato 601 de 2016 y su evaluación, seguimiento y ejecución. A dichas conductas concurrieron las circunstancias de menor punibilidad del artículo 55-1, es decir, la carencia de antecedentes, y las de mayor punibilidad del artículo 58-9 y 5810, en su orden, la posición distinguida del imputado en la sociedad y haber obrado en coparticipación criminal. 3 SOLICITUD DE NULIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO Comenzó por poner de manifiesto las características que debe cumplir el escrito de acusación como elemento estructural del proceso y citó como respaldo los pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los radicados 52311 de 11 de diciembre de 2018; 51007 de 11 de junio de 2019 y 47671 de 17 de septiembre de 2019. En punto de su cuestionamiento indicó que con la formulación de la acusación se busca garantizar el derecho de defensa, pero en este caso se planteó como una combinación entre hechos jurídicamente relevantes, hechos indicados y medios probatorios que de entrada desquician "un poco" la labor defensiva e impactan negativamente en el conocimiento del juez en tanto se le están presentando contenidos probatorios de manera prematura y sin contradicción, situaciones que de manera general sustentan la actual petición de nulidad. Página 14 de 57

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En primer lugar, adujo que este es el momento para la

interposición de esta solicitud, de conformidad con lo dispuesto por el art. 339 del elenco procesal penal. En ese orden, aduce, la Corte Suprema de Justicia ha clarificado y establecido, cuáles son los principios que rigen las nulidades:(cid:9) taxatividad,(cid:9) protección,(cid:9) convalidación, trascendencia, instrumentalidad y residualidad. Ello porque en la Ley 600 de 2000 aparecía una norma expresa que contenía los principios que regían las nulidades, lo que se echó de menos en la Ley 906, falencia corregida por la Sala de Casación Penal en la providencia de 3 de febrero de 2016 al decir que, los criterios establecidos en el 310 de la Ley 600 eran perfectamente aplicables en la nueva ley procesal penal de 2004. Respecto del principio de taxatividad (art. 458), la causal que invoca es la contenida en el artículo 457 del siguiente tenor: "es causal de nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales..." De cara a los principios de protección y convalidación dejó claro que por su parte no ha dado lugar a la configuración del motivo invalidatorio, en tanto, como se anunció, está en cabeza de la Fiscalía cumplir con los requerimientos y los presupuestos básicos legales contenidos en el art. 339 ibidem y que por el momento procesal en que nos encontramos no podría existir convalidación. Atendiendo los principios de trascendencia y de instrumentalidad expresó que, primero, en su sentir no existe claridad respecto del contrato 101 de 2016 que hace parte de los hechos jurídicamente relevantes del delito contenido en el

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DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO LEY 906 DE 2004 art. 410 C. P., amén de que no se tiene el valor ni el desarrollo de los principios de la contratación pública vulnerados específica y concretamente al ser tramitado, celebrado o liquidado y si en este se presentó algún acto de peculado por apropiación.

Segundo: aunque en la página 2 del escrito acusatorio, la Fiscalía expresó que, "con la suscripción del contrato 601 de 21 de abril de 2016 con la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda., como único proponente, estableciéndose que fueron direccionados

(sic) los requisitos en los pliegos definitivos para que solamente se presentara dicho proponente vulnerando principios de la contratación estatal como los de planeación, selección objetiva, transparencia, economía y legalidad, entre otros", finalmente no planteó un desarrollo claro de los principios de selección objetiva y legalidad para ese caso concreto.

Tercero: si bien en la página 7 del escrito de acusación se expresó: "supuestamente el contrato 601 se inicia el 2 de mayo de 2016 ya que iba hasta septiembre, por eso se requería otra licitación o continuar con el mismo operador mediante adición, como efectivamente ocurrió en dos oportunidades por el término de 18 y 14 días más" y, posteriormente, se dijo: "con el contrato 101 de 2016 donde se registraron cien mil beneficiarios y cuando se celebran los contratos adicionales al 601 el 16 de septiembre y en octubre del año 2016 (sin día) se aumenta en una cuarta

parte la cantidad de titulares de derechos focalizados, pues se indica que es 24.514 más beneficiarios para un total de 124.514 titulares de derechos focalizados", no existe claridad real sobre su valor, pues si bien de una lectura conjunta se dice que uno es por $11.900.000 (sic) por el término de 18 días y el otro por $6.700.000 (sic) por el término de 16 días, en principio 14 días, no se informan las fechas de inicio y de finalización del trámite adelantado para Página 16 de 57

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DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO LEY 906 DE 2004 ser suscrito, ni de los principios que se vulneraron y si en estos se presentó algún acto de peculado por apropiación.

Cuarto: aunque en la página 17 del escrito de acusación se dice: "en virtud de lo anteriormente expuesto la Fiscalía puede concluir, de la etapa contractual de la licitación pública ED-16-01 que desde el inicio de la administración del doctor DIDIER TAVERA, la empresa escogida para la contratación del PAE fue la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda., por cuanto fue adjudicataria de tres contratos seguidos y consecutivos para el suministro de la alimentación escolar en los 82 municipios no certificados por el departamento", únicamente se ha referido a solamente dos: los contratos 101 y 601 de 2016, sin especificar el tercero o si se refería a este último y sus dos adiciones o si hacía mención al contrato suscrito con la empresa Surcolombiana en el año 2017 que no tiene incidencia en este proceso, situación confusa que no permite tener

claridad sobre si el contrato 101 de 2016 hace parte de los hechos jurídicamente relevantes del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Quinto: respecto del acápite irregularidades en la ejecución del contrato 601 la Fiscalía presentó una gran cantidad de irregularidades de cara a la ejecución contractual en las cuales no se tiene claro ni preciso sin son hechos jurídicamente relevantes de los artículos 410 o 399 (sic) del Código Penal, en tanto, el primer delito tiene solamente como supuesto de hecho la tramitación, celebración y liquidación del contrato, pero no se extiende a la ejecución, mientras que el otro esta fincado en la apropiación de dineros públicos por parte de un servidor público.

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Sexto: de la pág. 42 del escrito de acusación se extrae que la apropiación fue de $10.206.208.647.43 en la cual, si bien se explica de alguna manera un poco la forma en que se llegó a totalizar esa suma no queda claro el desglose total de los valores que la componen, ni mucho menos las acciones y omisiones atribuidas a TAVERA AMADO, amén de que se narran las actuaciones realizadas por la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de inversiones, pero no las de este.

Séptimo: la Fiscalía le atribuyó circunstancias de mayor punibilidad conforme al 58-9 del C. P. al acusado, situación que a su modo de ver se erige como una vulneración al principio non bis in idem comprendido en el artículo 29 superior y

desarrollado por el legislador en el Código Penal en el artículo 8, normas que, en su orden, disponen: "toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable ( ..)" y, "a nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera que sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales". Se deduce entonces, a tenor de las dos normas anteriores, una doble consecuencia punitiva derivada de un mismo supuesto fáctico, este es, la investidura de Gobernador ostentada por el acusado. En similar sentido se ha pronunciado la CSJ., SP8290-2017, rad. 42176 de 7 de junio de 2017: "La condición de servidor público constituye uno de los elementos de la tipicidad (...) como