CSJ - Sentencia AEP073-2022(53049)

República de Colombia Corle Suprema de Justicia Sala Especial de Primera Instancia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

JORGE EMILIO CALDAS VERA

Magistrado Ponente AEP 073-2022 Radicación No. 53.049 Aprobado mediante Acta No. 62 Bogotá, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022). ASUNTO La Sala resuelve la petición del representante del Ministerio Público respecto de que, agotada la instancia procesal respectiva, se conceda un término judicial a efectos de que la señora AÍDA MERLANO REBOLLEDO allegue las pruebas que, en su interrogatorio rendido en la audiencia pública, dijo que acreditarán sus explicaciones. Página 1 de 17

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AÍDA MERLANO REBOLLEDO HECHOS De la resolución acusatoria se extraen los que siguen: En diligencia de allanamiento y registro realizada el 11 de marzo de 2018 en la carrera 64 + 81B-72, barrio El Golf de Barranquilla, sede de la campaña política que, para optar al Senado de la República, desarrollaba la entonces representante a la Cámara AÍDDA MERLANO REBOLLEDO, fueron incautados diversos documentos, entre ellos, los que señalaban que de las cuentas corrientes de BANCOLOMBIA números 69209194161 y 87075802651, pertenecientes a los hermanos JULIO EDUARDO y MAURICIO ANTONIO GERLEIN ECHEVERRIA, en su orden,

entre los meses de enero a abril de 2018 se giraron cheques por cantidades elevadas, cuyos beneficiarios fueron personas vinculadas de una u otra manera a la campaña de MERLANO REBOLLEDO, a la cual ingresaron esos dineros, que fueron en total $2.426.615.000 de la cuenta de JULIO EDUARDO y $1.887.536.000 de la de MAURICIO ANTONIO. JULIO EDUARDO GERLEIN ECHEVERRÍA, por entonces pareja sentimental de AÍDA MERLANO REBOLLEDO, le giró, en ese periodo, $4.314.181.000, “sin que se excluyan fuentes adicionales”; ese monto “no corresponde a la totalidad de los recursos de que da cuenta la documentación y la restante evidencia incautados en la denominada “casa blanca”, cifrados en $8.349.538.000, cantidad determinada en el respectivo informe de policía judicia?”. Página 2 de 17

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AÍDA MERLANO REBOLLEDO En el articulo 1 de la resolución 2796 del 8 de noviembre de 2017 el Consejo Nacional Electoral fijó como límite de gastos de cada una de las listas de candidatos inscritos al Senado de la República, para los comicios del 2018, en la circunscripción ordinaria, la suma de $88.413.216.314. MERLANO REBOLLEDO se inscribió en una lista de “voto preferente”, luego, en términos del artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, el monto máximo de inversión para cada uno de sus integrantes resultaba de dividir el límite de gastos fijado por el

Consejo entre el número de candidatos inscritos, llegándose, en este caso, a $884.132.163. Cuando ese tope superaba como en el presente evento los 200 salarios mínimos legales mensuales, el artículo 25 de la misma ley imponía al candidato el deber de nombrar un gerente para administrar los recursos y presentar informes, lo cual no fue cumplido por MERLANO REBOLLEDO.

ACTUACIÓN PROCESAL

1. El 17 de octubre de 2018 la Sala de Instrucción de la Sala de Casación Penal remitió lo relacionado con la violación a los topes a la Sala Especial de Instrucción, que inició una indagación previa.

2. El 10 de mayo de 2019 se dispuso la apertura de instrucción, en desarrollo de la cual, el 15 de agosto siguiente, se vinculó mediante indagatoria a la señora MERLANO REBOLLEDO, a quien el 19 de septiembre del mismo año se le resolvió su situación jurídica, absteniéndose la Sala de imponerle medida de aseguramiento.

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AÍDA MERLANO REBOLLEDO

3. El 4 de febrero de 2021 se declaró el cierre de la investigación.

4. El 24 de junio de 2021 se profirió resolución acusatoria en contra de la indagada como coautora del delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, definido en el artículo 396B del Código Penal, adicionado por el articulo 15 de la Ley 1864 de 2017 (folio 47, cuaderno 7 de

la Sala de Instrucción). La decisión cobró firmeza el 29 de julio de ese año, cuando tras recurso de la defensa se repuso parcialmente, solo para retirar la circunstancia de mayor punibilidad del numeral 10 del articulo 58 del Código Penal (folio 2, cuaderno 8 de la Sala de Instrucción).

5. Llegado el expediente a la Sala Especial de Primera Instancia, se corrió el traslado del artículo 400 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 del 2000), el 7 de octubre de 2021 se resolvió sobre las pruebas reclamadas por los sujetos procesales (folio 66, cuaderno 1 de la Sala) y el 8 de noviembre siguiente se realizó la audiencia preparatoria (folio 88, cuaderno 1 de la Sala).

6. El 2 de diciembre de 2021 se dispuso que, en términos del artículo 401 procesal, las pruebas se practicaran fuera de la sede de la Corte, mediante comisión a un magistrado auxiliar (folio 139, cuaderno 1 de la Sala), las cuales fueron Página 4 de 17

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AÍDA MERLANO REBOLLEDO evacuadas por este los días 17 de enero, 15 y 16 de febrero de 2022 (folios 216, 270, 275, cuaderno 2 de la Sala).

7. El pasado 3 de mayo se instaló la audiencia de jJuzgamiento. No existiendo pruebas por practicar, se procedió a interrogar a la acusada y, cuando se concedió la palabra al Ministerio Publico con esa finalidad, aseveró no tener preguntas, pero si una solicitud sobre práctica de pruebas.

LA SOLICITUD

Y LA POSTURA DE

LOS NO PETICIONARIOS

1. El delegado de la Procuraduría solicitó a la Sala se decrete un término judicial en aras de disponer que la señora MERLANO REBOLLEDO pueda aportar las pruebas que, según dijo, tenía en su poder y demostraban su dicho, toda vez que el interrogatorio realizado en el juicio es una ampliación de la indagatoria, lo que impone el deber de verificar las citas hechas por la acusada.

2. La acusada y su defensor, luego de manifestar que no interrogaría a la última, se opusieron a las pretensiones de la Procuraduriía, en tanto exigir a MERLANO REBOLLEDO que demuestre su dicho comporta una inversión de la carga de la prueba que corresponde al Estado. Por lo demás, en los procesos seguidos en otras instancias contra personas diversas, pero en relación con los mismos hechos, ya se allegaron los elementos de que se trata. En el presente juicio existe suficiente claridad sobre si los dineros reportados Página 5 de 17

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AÍDA MERLANO REBOLLEDO ingresaron o no a la campaña de aquella, pero eso debe ser objeto de análisis en los alegatos finales. CONSIDERACIONES La Sala no accederá a las pretensiones del delegado de la Procuraduría por las siguientes razones:

1. En verdad, como lo refiere el Ministerio Público peticionario, es deber del juez garantizar los derechos de las partes y, en lo que atañe al sujeto pasivo de la acción penal, ello incluye concederle la potestad de probar y contraprobar.

Pero a la par con lo anterior, se le impone la carga relativa al respeto irrestricto de las formas propias de un proceso como es debido que incluye los derechos de la propia administración de justicia y de los demás sujetos procesales. Dentro de las formas propias de ese debido proceso se tiene que el defensor designado por el sindicado está facultado para actuar a partir del momento en que presente el mandato conferido por aquel (artículo 132 del Código de Procedimiento Penal aplicable, Ley 600 del 2000) y este, el sindicado, tiene los mismos derechos de su apoderado (articulos 8 y 126), desde donde surge que la parte defendida cuenta con amplias facultades legales, entre ellas las de solicitar la práctica de pruebas, a partir del momento en que se cumpla con la formalidad aludida. Con su vinculación por medio de indagatoria o declaratoria de persona ausente, el sindicado adquiere la Página 6 de 17

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AÍDA MERLANO REBOLLEDO condición de sujeto procesal (artículo 332), lo que marca su pleno derecho de acceder al proceso, que incluye, entre otras facultades, la de solicitar la práctica de pruebas, garantía que se extiende por toda la fase de instrucción hasta que la misma sea clausurada (artículo 393). El articulo 338 procesal impone al funcionario judicial el deber de ordenar la práctica de todas las pruebas tendientes a verificar las citas que el sindicado haga en su indagatoria. De la anterior reseña deriva que, en efecto, el juez tiene la carga de disponer la práctica de las pruebas solicitadas por el

procesado, pero, con independencia de la facultad oficiosa, lo cierto es que en la fase de investigación aquello se supedita a que la parte defendida haga las solicitudes respectivas, que en la etapa procesal señalada precluye cuando se cierra la investigación. De tal forma que el derecho a la defensa se garantiza, pero en los estancos procesales indicados. Ahora, en la fase del juzgamiento, el articulo 400 determina el espacio con que cuentan los sujetos procesales para postular la práctica de los medios probatorios que deben recaudarse en la audiencia pública. En esas condiciones se tiene que hubo considerables lapsos conferidos al amparo de la ley procesal, los que, si respecto de la parte defendida vencieron en silencio y el juez no encontró mérito para disponer práctica probatoria oficiosa, más allá de la dispuesta por las Salas de Instrucción y de Página 7 de 17

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AÍDA MERLANO REBOLLEDO Primera Instancia, ello en modo alguno comporta lesión al derecho a la defensa. Por el contrario, hubo respeto a esa garantia, en tanto la carga del juez es permitir que los plazos legales transcurran en su integridad, sin que pueda obligar a la parte a emplearlos en determinado sentido, como que bien puede suceder que la estrategia defensiva sea la de guardar silencio, como se demuestra con la postura de la acusada y su apoderado cuando en la audiencia pública de juzgamiento se opusieron al pedido del Ministerio Público, en el entendido de que la carga

de la prueba compete al Estado. En esas condiciones, precluidas las instancias procesales propicias, si el sujeto procesal respecto de quien se reclama se conceda el término judicial, no quiso hacer uso de ellas, mal se le puede habilitar un espacio por fuera del canon normal, máxime cuando no solo no lo pidió, sino que expresamente rechazó el que la Procuraduría impetró en su favor.

2. El Ministerio Público estima viable su petición en favor de la acusada, en el entendido de que el interrogatorio que ésta responde en la audiencia de juzgamiento debe entenderse como una ampliación de indagatoria y como en ésta, a voces del artículo 338 de la Ley 600 del 2000, el funcionario tiene el deber de ordenar las pruebas tendientes a verificar las citas que haga el indagado, pretende que esa carga se traslade en los mismos términos a aquel interrogatorio.

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AÍDA MERLANO REBOLLEDO La comparación no resulta de buen recibo, esto es, no existe identidad entre la indagatoria y el interrogatorio, como que en aquella el único autorizado para preguntar es el funcionario judicial, en tanto que en este se habilita a todos los sujetos procesales para que cuestionen al acusado. Pero lo trascendente, respecto del tema analizado, es que la indagatoria se recibe cuando el expediente se encuentra en fase de instrucción, luego se cuenta con la instancia propicia para disponer el recaudo probatorio. Por el contrario, el interrogatorio de la audiencia pública tiene lugar cuando han expirado las oportunidades legales para postular la práctica

probatoria.

3. En términos de los artículos 163 y siguientes, el juez puede conceder un término judicial o legal, siempre y cuando medie “petición de los sujetos procesales, realizada antes de su vencimiento, por causa grave y justificada”. Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha enseñado (sentencia 25.138 del 31 de agosto de 2011): “Se generan del precepto aludido las siguientes exigencias legales: i) es obligatorio tener la calidad de sujeto procesal al interior del proceso penal del cual se peticiona la ampliación de términos, ii) una vez legitimado su quehacer jurídico, se hace necesario recurrir en forma oportuna la decisión objeto de pugna, iii) generado el hecho que impide el cumplimiento de las funciones dentro del término instrumental fijado o del ejercicio profesional concertado, la parte disminuida con la decisión judicial, deberá presentar escrito ante el funcionano de conocimiento, solicitando ampliación para sustentar la Página 9 de 17

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AÍDA MERLANO REBOLLEDO alzada, iv) el memorial debe ser anexado a la actuación previo a vencerse el tiempo de sustentación escrita, v) la causa esgrimida por el recurrente o, quien legalmente haga sus veces, debe ser grave y justificada, vi) la decisión que difiere o niega la ampliación, es de trámite, motivo por el cual, no admite recurso alguno, vii) si es aceptada, por reunir los requisitos vigentes, ella será ampliada exclusivamente por una sola vez, iix) el término otorgado

por la judicatura al apelante no podrá exceder el lapso común ordinario previamente concedido y ix) tendrá que ser resuelta de inmediato o a más tardar el día siguiente de su recibo”. Para lo que interesa en este caso, del mandato legal y de su desarrollo jurisprudencial deriva que el sujeto procesal afectado, la parte defendida en este caso, (1) ha debido reclamar la concesión de ese periodo, lo que no hizo en el caso estudiado, Y, (ii) que ello debió suceder antes del vencimiento de los plazos legales, esto es, previo a que se clausurara la instrucción o con antelación a la expiración del lapso del artículo 400 procesal; la acusada y/o su apoderado no solo no se pronunciaron en ese sentido, sino que, por el contrario, de manera expresa se opusieron a la petición que en su nombre hizo el Ministerio Público. Por esta vía, en consecuencia, el pedido de la Procuraduría se muestra totalmente improcedente.

4. En aras de la discusión podría plantearse la posibilidad de acudir al instituto de la prueba sobreviniente, tema respecto del cual la Sala de Casación Penal ha explicado que por ese concepto debe entenderse la prueba que se deriva de otra, cuya existencia no era conocida o de la cual no resultaba posible establecer su conducencia, pertinencia o utilidad (confrontar Página 10 de 17

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AÍDA MERLANO REBOLLEDO sentencia 22.692 del 25 de agosto de 2004, reiterada en auto AP3290 del 12 de agosto de 2019, radicado 55.323). El medio

probatorio debe derivar de una circunstancia imprevista, novedosa y relevante, pero que se origina de la práctica de otro medio, lo que impone que la oportunidad para solicitarla se presente fuera de las instancias normales, como la del artículo 400 procesal. La viabilidad de aceptar este tema debe estar precedida del cumplimiento de exigencias rigurosas, como la acreditación de que la parte postulante hubiere estado en incapacidad de conocer su existencia con antelación, y que se trate de elementos muy significativos, esto es, que dan a conocer o entender algo con precisión, lo que les confiere el carácter de muy importantes. Ninguno de tales presupuestos se satisface en la petición del Ministerio Público, entre otras cosas, porque no discrimina elemento probatorio alguno a practicar, lo que, de entrada, llamaría a denegar el reclamo, como que no existen bases para valorar la pertinencia, conducencia y utilidad de los elementos a recaudar. De la postura del sujeto procesal en cuyo favor se dispondría la práctica de pruebas sobrevinientes, de oponerse tajantemente al pedido, deriva, de necesidad, que no se practicó una prueba de la cual surgiera la sobreviniente y, por contera, que no existe elemento de juicio alguno que pueda tenerse por no conocido, como surgido de manera sorpresiva. Página 11 de 17

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AÍDA MERLANO REBOLLEDO La Sala de Casación Penal ha enseñado que no puede acudirse a ese instituto para solicitar la incorporación de elementos que se conocian con antelación al descubrimiento

probatorio. Al respecto, ha dicho (auto AP1092 del 4 de marzo de 2015, radicado 44.925): “Por consiguiente, no puede acudirse a la figura de las pruebas sobrevinientes de modo residual para postular elementos de juicio que debieron haber sido pedidos en su debida oportunidad, ni constituye una instancia adicional a la audiencia preparatoria, pues se trata, conforme se consignó en precedencia, de un instituto caracterizado por la excepcionalidad, lo imprevisible, lo repentino, lo inesperado. Por eso, ha dicho la Sala que “la prueba sobreviniente no está diseñada para habilitar un nuevo periodo de descubrimiento orientado a remediar las omisiones de las partes en el trabajo investigattvo que deben realizar para sustentar su teoría del caso.”. (CSJ AP 3136-2014). Entonces, inciertos y discutibles imponderables en el juicio no habilitan indefinidamente un comodín perenne de interés de la defensa o de otro sujeto procesal para pedir pruebas en su transcurso... la prueba sobreviniente, se subraya, no es vía para que se suplan las falencias de argumentación que condujeron a ello al no ser una suerte de agregado al oportuno descubrimiento probatorio.”. El anterior criterio ha sido reiterado, como se lee, por ejemplo, en el auto AP393 del 6 de enero de 2019, radicado 54.182, en el cual se insiste en que la admisión, como imprevisto, de lo solicitado, se supedita a que lo supuestamente novedoso no sea consecuencia de un acto u omisión atribuible al peticionario. Lo anterior es lo que sucede en el caso específico, como

que, a voces de la acusada y su defensor, los elementos que Página 12 de 17

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AÍDA MERLANO REBOLLEDO acreditarían la excusa de aquella (que dineros representados en cheques endosados por empleados suyos no ingresaron a las finanzas de su campaña electoral) no solo no serían novedosos, sorpresivos, sino ya obran en la actuación, y, en todo caso, se niegan a que se admita la propuesta, esto es, rechazan la posibilidad de la existencia de pruebas sobrevinientes.

5. Acceder a la pretensión de la Procuraduria, comportaría afectar derechos fundamentales de la acusada. En efecto, como garantía superior, el artíiculo 33 de la Constitución Política impone que “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo”. Este “derecho a la no autoincriminación... implica que el procesado no puede ser constreñido de ninguna manera, a decir la verdad, y por esta razón se le exime del juramento” (Sala de Casación Penal, sentencia SP 1290 del 25 de abril de 20186, radicado 43.529).

Ese imandato constitucional comporta muchas posibilidades, que pueden ir desde el derecho a guardar silencio, no contestar las preguntas que se le hagan, no comparecer al juicio y, obviamente, no aportar pruebas, en el entendido, como bien lo dice la parte defendida, de que la carga probatoria sobre la tipicidad y la responsabilidad corresponde al Estado. En esas condiciones, bajo el pretexto de garantizar las facultades de la acusada, acceder al pedido del Ministerio

Público significaría hacer nugatorio su derecho a la no autoincriminación, en tanto habiéndosele advertido que tiene Página 13 de 17

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AÍDA MERLANO REBOLLEDO la garantia de no declarar (que incluye la de no aportar pruebas), se dejaría de lado ese derecho fundamental para obligarla a hacer lo opuesto, esto es, aportar medios probatorios que ella no quiere entregar.

6. Las explicaciones de la señora MERLANO REBOLLEDO radican en que muchos de los dineros representados en cheques endosados por los empleados de su campaña electoral realmente no ingresaron a esta, sino que los dueños de las cuentas corrientes acudieron al mecanismo de girar cheques a tales subalternos, que los últimos endosaban, cobraban las sumas por ventanilla, pero entregaban el efectivo a los dueños de tales cuentas, que se lo llevaban, con lo cual esos recursos no ingresaron a la empresa electoral.

Al decir de la señora MERLANO REBOLLEDO, esos hechos se demostrarían con los testimonios de las personas que fueron utilizadas con esa finalidad y la defensa insistió en que en la actuación obraban elementos de juicio en ese sentido, Y le asiste la razón, pues una lectura somera del escrito de acusación (folios 47 y siguientes, cuaderno 7 de la Sala de Instrucción) permite observar que, en efecto, además de la propia acusada, fueron escuchados sus empleados que endosaron esos títulos valores, quienes declararon sobre el asunto señalado. Incluso, la única persona cuyo nombre (HANS) relaciona la procesada, fue escuchada (HANS RICARDO

LOPEZ CIFUENTES), según se relaciona a folio 68 de la acusación. Página 14 de 17

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AÍDA MERLANO REBOLLEDO De lo anterior deriva una razón adicional y transcendente para concluir en lo improcedente del pedimento de la Procuraduría, pues las pruebas que acreditarían las explicaciones de la procesada, los testimonios de sus empleados endosantes de los cheques, fueron recibidas y obran en la actuación.

7. En conclusión: por su clara improcedencia, la Sala no concederaá el término judicial pedido por la Procuraduría para que la acusada allegue pruebas.

En firme esta decisión se fijará fecha para continuar la audiencia de juzgamiento, la cual se limitará a la presentación de los alegatos finales, dado que las pruebas ya fueron practicadas, la Sala culminó con el interrogatorio a la acusada y el Ministerio Público y la defensa hicieron expresa su postura de no formular preguntas. Se reitera lo anunciado en auto del pasado 8 de marzo, respecto de que cada sujeto procesal contará con un término de 20 minutos para presentar sus alegatos. En mérito de lo expuesto, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, Página 15 de 17

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AÍDA MERLANO REBOLLEDO

RESUELVE NO ACCEDER A LA PETICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, de que se conceda un término judicial para que la acusada AÍDA MERLANO REBOLLEDO aporte pruebas. Proceden los recursos de reposición y/o apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

M/ÓJ¿¿ |

BANCA NÉLIDA BARRETO ARDILA

Mass Sal B uoto Magistrado Íf:[0 N 7USTO TORRES ROJAS Magistrado Página 16 de 17

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AÍDA MERLANO REBOLLEDO

RODRIGO ORTEGA SÁNCHEZ Secretario Página 17 de 17 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Especial de Primera Instancia Radicación N” 53049 SALVAMENTO DE VOTO Con respeto por la posición mayoritaria, me permito consignar las razones por las cuales disiento de la decisión de negar la petición elevada por el representante del Ministerio Público de conceder judicialmente un término para que la acusada AÍDA MERLANO REBOLLEDO aporte pruebas, ni que aun de oficio y a manera de pruebas sobrevinientes la Sala disponga allegar los elementos de juicio a los cuales ella hizo mención en su interrogatorio en desarrollo de la audiencia pública. En primer lugar, no es del todo cierta la afirmación plasmada en el numeral 2% de la página 5 del proveído relacionada con que la acusada se opuso a la pretensión del Ministerio Público de otorgar un término para allegar las pruebas, porque ella escindió su respuesta: en principio, mostró conformidad con su defensor cuando decía que le correspondía al Estado demostrar su responsabilidad, sin embargo, seguidamente, tras agradecer la postura asumida por el Delegado de la Procuraduría a lo que entendió como “pruebas

sobrevinientes”, indicó que ella las tenía y que las mismas denotarían que todo fue un “montaje”, precisando que en lo que tiene que ver con la financiación de la campaña solo hasta el 4 Página 1 de 6

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AÍDA MERLANO REBOLLEDO de febrero “yo rompí silencio, yo decido hablar de los hechos”, haciendo alusión que lo hizo en el proceso contra Arturo Char. Asi, del interrogatorio de la enjuicia se advierten como temas defensivos: 1) para el momento del allanamiento no sabía de la existencia de los cheques ni de la documentación por los cuales se le preguntó; 1) la financiación de la campaña fue dividida entre Julio Gerlein y Alejandro Char, ya que como fórmula para la Cámara de Representantes se apoyaría a una candidata del partido Cambio Radical; 1i1) Julio Gerlein la utilizó a ella como “puente” para salir de unas deudas que tenía con Alejandro Char, pues aquél giraba los cheques pero los mandaba a cambiar y luego en maletines se llevaba el dinero a su oficina; y 1v) 7.000 millones que mandó el grupo Char, fueron guardados por Gerlein para la posterior campaña presidencial. De comparar tales manifestaciones con lo que afirmó en la indagatoria, tal y como consta en la resolución de acusación, otrora aseveró, entre otros aspectos que: 1) quien controlaba los gastos era Julio Gerlein; 11) después del allanamiento se enteró de los cheques procedentes de las cuentas de éste y su hermano Mauricio Gerlein; 111) Julio Gerlein les pagaba a varias

personas para que cambiaran los cheques, pero que esos recursos no entraron a la campaña. En un aparte de la reseña de la indagatoria se señala en el calificatorio lo siguiente: “Explicó, entonces, ignorar si ese capital se utilizó en gastos de Julio Gerlein personales o para la empresa u otras campañas, pues lo cierto es que a la propia no llegaron. Esto máxime que Edwin Martínez le indicó en forma ineguívoca que con posterioridad a cada Página 2 de 6

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AÍDA MERLANO REBOLLEDO uno de esos movimientos le entregaba el dinero al escolta de Julio Gerlein y regresaba a la sede política sin suma alguna En la temática en comento, reiteró que el último mencionado es su cónyuge y continúa en dicho nexo, pues no ha cesado la relación marital. Ello, a tal punto que el citado aun le brinda ayuda en los compromisos con sus hijos, en los gastos personales y del hogar, por eso, según sostiene, no puede explicar el destino de tales dineros, en fin, que al respecto es aquel quien debe responder”. (folios 22 y 23 de la resolución de acusación). Deja entrever tal apartado que inicialmente y de pronto bajo la garantía de no incriminación en su indagatoria no quiso declarar en contra de su compañero sentimental Julio Gerlein, en tanto que en el interrogatorio que rindió en la audiencia pública sí lo hizo, al punto que prestó juramento para ello, por ello, se advierte como mnovedosas sus manifestaciones relacionadas con que los gastos de la campaña fueron compartidos entre Julio Gerlein y Alejandro Char, y que aquél

la utilizó como “puente” para pagarle una deuda a Alejandro Char. Asi explicó que Julio Gerlein giraba cheques para justificar que sí estaba aportando a la campaña de la senadora, pero que cambiaba tales títulos valores llevandolo en maletas a su oficina, dinero que luego utilizó en la campaña presidencial. Si en virtud de lo normado en el artículo 403 de la Ley 600 de 2000, las manifestaciones que hace un enjuiciado en desarrollo del interrogatorio constituye prueba, pues las preguntas al estar no solo referidas a los hechos, sino también a delinear su personalidad, estos últimos insumos de carácter personal sirven para analizar el otorgamiento de eventuales subrogados o beneficios, o la fijación de penas pecuniarias, Página 3 de 6

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AÍDA MERLANO REBOLLEDO entre otras determinaciones, estimo que las mnuevas manifestaciones de la enjuiciada se constituyen en prueba de la cual se pueden derivar otras. Y si bien en la petición probatoria del defensor en el traslado del articulo 400 se centró en denotar eventuales irregularidades en desarrollo del allanamiento y registro que dio origen a la incautación de los documentos, y en la audiencia pública se opuso a la petición del Ministerio Público de conceder un término para que la enjuiciada aporte pruebas de su dicho bajo el argumento que ello sería una inversión de la carga de la prueba que corresponde al Estado, considero que la Sala no debe cohonestar al actitud del defensor, pues claramente desconoce el concepto de CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA del cual de vieja data y bajo la vigencia de la Ley 600

de 2000 la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado al insistir en la exigencia procesal que si la parte —en este caso, el sujeto procesal—, posee la prueba, la ha de presentar para derivar de ella efectos. Evidentemente, desde la sentencia CSJ SP 9 de abril de 2008, radicación 23754 la Corte de manera consistente ha señalado, respecto de la carga dinámica de la prueba que: “...dentro de criterios lógicos y racionales, es claro que existen elementos de juicio o medios probatorios que sólo se hallan a la mano del procesado o su defensor y, st estos pretenden ser utilizados por ellos a fin de demostrar crcunstancias que controviertan las pruebas objetivas que en su contra ha recaudado el ente instructor, mal puede pedirse de éste conocer esos elementos o la forma de allegarse al proceso. Página 4 de 6

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AÍDA MERLANO REBOLLEDO “Por eso, el concepto de carga dinámica de la prueba así restrictivamente aplicado —no para que al procesado o a la defensa se le demande probar lo que compete al Estado, sino para desvirtuar lo ya probado por éste-, de ninguna manera repugna el concepto clásico de carga de la prueba en materia penal, ni mucho menos afecta derechos fundamentales del acusado. Simplemente Opretende entronizar en el derecho penal criterios racionales y eminentemente lógicos respecto de las pretensiones de las partes y los medios necesarios para hacerlas valer”. Es claro que la garantia de la presunción de inocencia impone al Estado el deber de demostrar los elementos

suficientes para sustentar una eventual sentencia de carácter condenatorio, pero aquí ante la carencia de contradictor en el juicio y representante estatal —pues el magistrado instructor no es sujeto procesal—, es de destacar la actitud asumida por el Ministerio Público en representación de los intereses no solo de la procesada, sino de la sociedad, de cara a solicitar se recopilen más elementos de juicio que avalen las manifestaciones de la procesada. Es evidente que aquí se investiga es el actuar d