CSJ - Sentencia AEP087-2022(45906)

República de Colombia Gorte Suprema de Justicia Sala Especial de Primera Instancia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

JORGE EMILIO CALDAS VERA

Magistrado Ponente AEP 087-2022 Radicación 45906 Aprobado mediante acta No. 76 Bogotá, D. C., catorce (14) de julio dos mil veintidós (2022) ASUNTO La Sala procede a estudiar la solicitud de libertad provisional presentada por la defensa del exsenador NESTOR IVÁN MORENO ROJAS, en los términos del artículo 4 numeral 6 de la Ley 1760 de 2015. Adicionalmente, la petición consistente en oficiar al INPEC para que acate la decisión de 12 de mayo de 2020 emitida por el Página 1 de 17

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NESTOR IVÁN MORENO ROJAS Juzgado tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, respecto del traslado del procesado a la residencia de sus padres para cumplir con la prisión domiciliaria.

ANTECEDENTES PROCESALES

1. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia adelantó investigación en contra del exsenador NESTOR IVÁN MORENO ROJAS, la cual mediante auto del 8 de octubre de 2018 remitió a la Sala Especial de Instrucción, con ocasión de la expedición del acto legislativo N 1 del 18 de enero de 2018, Corporación que por auto del 24 de enero de 2019 ordenó la apertura de la investigación previa y para continuar con el trámite previsto en

el articulo 322 de la Ley 600 de 2000, dispuso la práctica de pruebas.

2. En auto de 7 de noviembre de 2019'! la Sala Instructora dispuso la apertura de instrucción por los presuntos delitos de concusión y tráfico de influencias de servidor público a titulo de autor; y como determinador de los punibles de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Así mismo, ordenó la vinculación al proceso mediante indagatoria.

3. Luego de realizada la vinculación al proceso, se resolvió situación jurídica por medio de auto del 19 de marzo de 2020?, profiriendo medida de aseguramiento de detención preventiva en

! Folio 161 Cuaderno O. Sala Especial de Instrucción N3 2 Folio 2 Cuaderno O. Sala Especial de Instrucción N5

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NESTOR IVÁN MORENO ROJAS contra de MORENO ROJAS, como posible interviniente del delito de peculado por apropiación, en concurso heterogéneo y sucesivo con interés indebido en la celebración de contratos.

4. Tal decisión fue objeto del recurso de reposición por parte de la defensa material y técnica y se resolvió a través de proveido adiado 13 de agosto de 20205, rechazando el recurso de apelación por improcedente y confirmando la imposición de medida de aseguramiento intramural. Adicionalmente, negó la acumulación con el proceso radicado 35215 solicitada por la defensa. 5. - Con posterioridad a la definición de situación jurídica, se dispuso el decreto y práctica de pruebas oficiosas y varias

testimoniales y documentales, atendiendo a la solicitud elevada por parte de la defensa. A través de auto del 21 de enero de 2021, se decretó el cierre de la investigación, conforme los términos del articulo 393 de la Ley 600 de 2000.

6. El 11 de marzo de 20215, la Sala Especial de Instrucción calificó el mérito del sumario, y dispuso acusar al exsenador NÉSTOR IVÁN MORENO ROJAS, como presunto interviniente del delito de peculado por apropiación agravado, en concurso heterogéneo y sucesivo con el de interés indebido en la celebración de contratos, bajo la concurrencia de la causal de mayor punibilidad prevista en el artículo 58 numeral 9 del Código Penal frente a los dos delitos, decisión que una vez ejecutoriada, dio lugar a la remisión de la actuación a esta Sala Especial de Primera 3 Folio 3 Cuaderno O. Sala Especial de Instrucción N 8 + Folio 189 Cuaderno O. Sala Especial de Instrucción N 9 5 Folio 2 Cuaderno O. Sala Especial de Instrucción N 10

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NÉSTOR IVÁN MORENO ROJAS Instancia, para adelantar la etapa del juicio, que fue recibida el 9 de abril de 20215.

7. Arribada la actuación a la Colegiatura, el 13 de abril de 2021 por reparto correspondió a este despacho el conocimiento de la misma, descorriéndose el traslado ordenado por el artículo 400 de la Ley 600 de 2000 que culminó el 4 de mayo de la misma

anualidad.

8. Por medio de decisión de 28 de junio de 2021 emitida dentro del radicado 502887, esta misma Corporación concedió libertad provisional al aforado y lo puso a disposición de la presente actuación, fecha desde la cual se efectivizó la medida de aseguramiento que contra el aforado actualmente pesa.

9. El 24 de agosto de 2021 se llevó a cabo audiencia preparatorias, en desarrollo de la cual se publicitó el auto de 19 de agosto de 20219, por medio del cual la Sala emitió pronunciamiento sobre nulidad y práctica de pruebas elevadas por la Defensora y el agente del Ministerio Público. l0. Practicadas, mediante comisión, las pruebas decretadas por la Sala, se procede a adelantar audiencia pública de juzgamiento el 27 de octubre de 202119, en la cual se escucharon los alegatos de los sujetos procesales. 6 Folio 5 Cuaderno O. Sala de Primera Instancia N 1 7 Folio 90 Cuaderno O. Sala de Primera Instancia N 1 8 Folio 213 Cuaderno O. Sala de Primera Instancia N 2 9 Folio 162 Cuaderno O. Sala de Primera Instancia N 1 10 Folio 769 Cuaderno O. Sala de Primera Instancia N 4

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NÉEÉSTOR IVÁN MORENO ROJAS DE LA SOLICITUD DE LIBERTAD PROVISIONAL Mediante escrito presentado por la defensa técnica, recibido en este despacho el 11 de julio de 2022, se solicita la

libertad provisional del aforado en aplicación del artículo 4 numeral 6 de la Ley 1760 de 2015. El abogado que representa los intereses del exsenador NESTOR IVÁN MORENO ROJAS presenta una extensa referencia de los instrumentos y decisiones de tribunales internacionales en torno al plazo razonable de privación de libertad de las personas destinatarias de una medida de aseguramiento. Seguidamente, bajo el rótulo de los principios de legalidad y favorabilidad, aludiendo a las decisiones CSJ AP4711-2017 emitida el 24 de julio de 2017 dentro de la radicación 49734; STP16906 de 18 de octubre de 2017, radicado 94564 y AEP00110-2021 adiada 23 de septiembre de 2021, radicación 510087 estima que: “La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal y de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia establecieron la aplicación del principio de favorabilidad a los aforados constitucionales juzgados por la ley 600 de 2000, en cuanto a las causales de libertad consignadas en la ley 906 de 2004”. Culmina su petición expresando que atendiendo que la audiencia preparatoria tuvo ocurrencia el 24 de agosto de 2021, han pasado más de 300 días, sin que se emita sentencia, por lo que su defendido tiene derecho a la libertad provisional Página 5 de 17 _ PRIMERA INSTANCIA 45906 NEÉSTOR IVÁN MORENO ROJAS en concordancia con el artículo 4 numeral 6 de la ley 1760 de

2015. CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala Especial de Primera Instancia es competente para resolver la solicitud de libertad provisional elevada por el defensor de NEÉSTOR IVÁN MORENO ROJAS, a lo cual procede, así: 1. . El articulo 317 de la ley 906 de 2004, modificado por el articulo 4 de la ley 1760 de 2015, y a su vez por el canon 2 de la ley 1786 de 2016 dispone: “Artículo 317. Causales de libertad. Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1o del artículo 307 del presente código sobre las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos:

6. Cuando transcumidos ciento cincuenta (150) días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, no se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente.

PARÁGRAFO 1o. Los términos dispuestos en los numerales 4, 5 y 6 del presente artículo se incrementarán por el mismo término inicial, cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean tres (3) o más los imputados o acusados, o se trate de investigación o Juicio de actos de corrupción de que trata la Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las conductas previstas en el Título IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000 (Código Penal)”.

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NÉSTOR IVÁN MORENO ROJAS

2. Del precepto normativo deriva que tal normativa fue prevista para el sistema procesal regido por la Ley 906 del 2004, a pesar de lo cual la petición del defensor se centra en que por virttud del principio de favorabilidad, su aplicación debe extenderse a los procesos tramitados bajo la égida de la ley 600 de 2000, por lo que la presente decisión se ocupará de verificar si resulta viable que las causales de libertad por vencimiento de términos consagradas en el artículo 317 del actual modelo adversarial colombiano gobiernen el instituto de la libertad provisional regulada por el sistema consagrado en el Código Procesal de 2000.

3. Para dilucidar la problemática planteada, es preciso acudir a los pronunciamientos que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha emitido sobre la aplicación favorable de las causales de libertad provisional consagradas en la ley 906 de 2004 a casos regidos bajo la ley 600 de 2000.

La Sala de Casación Penal en auto emitido el 4 de mayo de 2005 bajo el radicado 23567, citado por esta Sala Especial de Primera Instancia, en auto proferido el 10 de junio de 2021 dentro del radicado 00403, señalo: “En esa medida, la situación que se ventila en el presente asunto no permite la aplicación por favorabilidad de las normas que en la Ley 906 de 2004 regulan el régimen de libertad —artículo 317— frente a actuaciones adelantadas con fundamento en la Ley 600 de 2000, pues no obstante

tratarse del mismo instituto jurídico (bertad), en la primera normativa no se contempla un supuesto de hecho como el que se consagra en el inciso 2 del numeral 4 del artículo 365 de la Ley 600, valga decir, que “proferida la resolución de Página 7 de 17 _ PRIMERA INSTANCIA 45906 NESTOR IVÁN MORENO ROJAS acusación, se revocará la libertad provisional, salvo que proceda causal diferente”. Por idéntica senda, la Corporación de cierre se pronunció puntualizando: “Lo anterior implica que, dado que el presente asunto está siendo rituado por una legislación procesal penal diversa condensada en la Ley 600 de 2000, aquellas disposiciones no aplican en el presente asunto. 4.1.2.- Al respecto, debe igualmente puntualizarse que las causales de libertad provisional tienen una regulación y tratamiento autónomo en cada una de las legislaciones procesales reseñadas, por lo que no resulta procedente que un acusado cuya actuación se tramita por la Ley 600 de 2000, acuda a una causal enlistada en la Ley 906 de 2004 para reclamar el aludido derecho, pues, además no existe comncidencia de los plazos. 4.1.3.- En síntesis, concluye la Corte, la específica causal en que se apoya el defensor para pedir la libertad de su asistido, y que se halla enlistada en el numeral sexto del artículo cuarto de la Ley 1760 de 2015 y que modificó el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, no resulta aplicable al presente asunto”!!.

La misma Colegiatura, examinando la aplicación del principio de favorabilidad de las causales de libertad por vencimiento de términos entre los sistemas procesales estudiados determinó: “No obstante, contrastadas ambas normas no regulan semejantes presupuestos fácticos, ya que se refieren a etapas procesales diferentes. Mientras el numeral 5 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, fija un término entre la ejecutoria de la acusación y la celebración de la audiencia pública; el 11 CSJ AP4481-2016, Rad. 35691 13 de julio de 2016 Página 8 de 17

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NÉESTOR IVÁN MORENO ROJAS numeral 6 del artículo 317 de 2004, comprende únicamente el lapso entre la instalación o inicio del juicio y la audiencia de lectura de fallo. Aspectos de los cuales se debe destacar no hay un punto de equiparación de dichos actos procesales en los dos procedimientos, pues, mientras en la Ley 600 de 2000 se prevé el estadio procesal propio de la ejecutoria de la resolución de acusación, en la Ley 906 no, pues la acusación se torma como un acto complejo y de parte no susceptible de recursos Y, en similar sentido, el régimen procesal del año 2000 no establece la figura del anunció del sentido del fallo como si lo hace el del año 2004, siendo entonces improcedente, equiparar la causal de libertad aludida, sin detenerse en la dinámica procedimental propia de cada codificación. Ahora, si lo pretendido no es confrontar dichas causales sino incluir como causal de libertad al procedimiento de la Ley 600

de 2000, por cuenta del término comido entre la instalación del juicio y el fallo, ello equivaldría a incluir modificaciones al régimen de libertad por vencimiento de términos que no a lograr una aplicación por favorabilidad. Lo anterior resulta suficiente para concluir que las causales indicadas son propias de cada sistema de enjuiciamiento penal y por ello, no es procedente su aplicación por Javorabilidad en los términos deprecados por la defensa”. Pues bien, los lineamientos trazados por las decisiones acabadas de reseñar, evidencian que no resulta viable la aplicación por favorabilidad de las causales de libertad consagradas en el articulo 317 de la ley 906 de 2004 a casos que surten su trámite bajo la ley 600 de 2000, habida cuenta de la disimilitud de escenarios propios de las etapas procesales en uno y otro sistema. Página 9 de 17

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NESTOR IVÁN MORENO ROJAS Como vemos, en el numeral 5 del artículo 365 de la ley 600 de 2000, se establece como causal de libertad provisional haber superado el término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación sin que se hubiere celebrado la audiencia pública, en tanto que el numeral 6 del articulo 317 de la ley 906 de 2004 alude al trascurso de 150 días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio oral sin que se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo, lo cual no permite asimilar las causales sobre las cuales el defensor pretende la aplicación favorable. Ahora, en gracia de discusión, de ser aplicable la propuesta

de la defensa, la misma tampoco tendría vocación de prosperidad, por cuanto desde la audiencia de juzgamiento realizada el 27 de octubre último no han trascurrido los 300 días que espera den lugar a despachar favorablemente su pedido.

4. La Sala considera oportuno referirse a la vigencia de la medida de aseguramiento.

El articulo 1 de la ley 1786 de 2016, dispone: “Salvo lo previsto en los parágrafos 2 y 3 del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de un (1) año. Cuando el proceso se surta ante la justicia especializada, o sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 del 2011, o de cualquiera de las conductas previstas en el Título IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), dicho término podrá prorrogarse, a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, hasta por el mismo término inicial. Vencido el término, el Juez de Control Página 10 de 17 _PRIMERA INSTANCIA 45906 NÉSTOR IVÁN MORENO ROJAS de Garantías, a petición de la Fiscalía, de la defensa o del apoderado de la víctima podrá sustituir la medida de aseguramiento priativa de la libertad de que se trate, por otra u otras medidas de aseguramiento no privativas de la libertad de que trata el presente artículo.

En los casos susceptibles de prórroga, los jueces de control de garantías, para resolver sobre la solicitud de levantamiento o prórroga de las medidas de aseguramiento prwativas de la libertad, deberán considerar, además de los requisitos contemplados en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, el tiempo que haya transcurrido por causa de maniobras dilatorias atribuibles a la actividad procesal del interesado o su defensor, caso en el cual dicho tiempo no se contabilizará dentro del término máximo de la medida de aseguramiento privativa de la libertad contemplado en este artículo”. Como lo dejó sentado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STP16906 dentro del radicado 94564 emitida el 18 de octubre de 2017: 2.3.3 Aplicabilidad in abstracto del término máximo de vigencia de la detención a investigaciones y juzgamientos tramitados por la Ley 600 de 2000 Es criterio consolidado de la Sala que, como concreción del principio de favorabilidad, es dable aplicar retroactivamente normas procesales de efectos sustanciales contenidas en la Ley 906 de 2004 a procesos adelantados por la Ley 600 de

2000. Ello, condicionado a que, además de la sucesión de leyes en el tiempo y el tránsito o coexistencia de las mismas, se cumplan los siguientes crtterios: i) que las figuras jurídicas enfrentadas tengan regulación en las dos legislaciones; i) que respecto de aquellas se prediquen similares presupuestos fáctico-procesales Yy tii) que con la aplicación beneficiosa de

alguna de ellas no se resquebraje el sistema procesal dentro del cual se le da cabida al instituto favorable. Pues bien, no hay duda de que la norma procesal cuya aplicación retroactiva se reclama, en primer lugar, produce Página 11 de 17 - PRIMERA INSTANCIA 45906 NEÉSTOR IVÁN MORENO ROJAS efectos sustanciales determinados a partir de su naturaleza. Ésta corresponde a la concreción de una garantía fundamental que desarrolla tanto los contornos específicos del debido proceso -en su componente del derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadascomo los contenidos del principto constitucional de proporcionalidad (prohibición de exceso), en relación con la limitación de las injerencias en la libertad personal a través de medidas cautelares en el proceso penal. Y la disposición normativa concemida, desde luego, es favorable al procesado, en la medida en que la fyación de un término máximo de vigencia de la detención preventiva no existe en la Ley 600 de 2000. En segundo orden, salta a la vista que la detención preventiva, en tanto medida cautelar accesoria al proceso penal, encuentra regulación en las dos codificaciones procesales que aquí se contrastan (arts. 355 y ss. de la Ley 600 de 2000 y arts. 306 y ss. de la Ley 906 de 2004). En las dos legislaciones están determinados, entre otros aspectos, las fimalhdades asignadas a las medidas de aseguramiento, los requisitos sustanciales y formales para su imposición, los motivos de suspensión o sustitución y las causales de revocatoria. La detención preventiva no es, entonces, propia de ningún esquema procesal ni, mucho menos, propia de

alguno de los mencionados códigos de procedimiento penal. En tercer término, los supuestos fáctico-jurídicos que dan lugar a la imposición de las medidas de aseguramiento son similares. Contrastados los arts. 355 y 366 de la Ley 600 de 2000 con los arts. 296 y 308 de la Ley 906 de 2004, puede afirmarse que la aplicación de la detención preventiva está condicionada a la verificación -concurrente, no alterativade los mismos presupuestos matenales, a saber: Por una parte, el denominado estado de sospecha fundada, constituido por la acreditación de la materialidad del delito y por la probable atribución de responsabilidad al imputado; por otra, el concerniente a la urgencia de conjurar los riesgos que la libertad del imputado representa para la comunidad o las víctimas Yy para la indemnidad del proceso penal (riesgos de fuga o de obstrucción probatoria) . Finalmente, para la Sala es claro que con la aplicación beneficiosa del parágrafo 1% del art. 307 de la Ley 906 de 2004, modificado por el art. 1% de la Ley 1786 de 2016, a Página 12 de 17

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NÉSTOR IVÁN MORENO ROJAS procesos penales tramitados por la Ley 600 de 2000 no se afecta la estructura del esquema procesal diseñado en este último Código de Procedimiento Penal. En efecto, al tratarse de una medida cautelar, accesoria al proceso, la aplicación de la detención preventiva de ninguna manera tiene que ver con los rasgos estructurales que caracterizan el curso de la investigación y el juzgamiento en

uno u otro esquema procesal. En el mejor lenguaje procesalista, la medida de aseguramiento tiene una naturaleza incidental que difiere del objeto mismo del proceso penal -la determinación de la responsabilidad penal de un individuo-. Es un apéndice, y por ello, su aplicación no está en capacidad de trastocar las bases fundamentales, características y diferenciadoras de un determinado modelo de enjuiciamiento penal. Desde una perspectiva constitucional (art. 250-1), las medidas de aseguramiento strven al logro de los cometidos asignados al derecho penal, en tanto instrumento de protección -de última ratiode bienes jurídicos, y persiguen, en concreto, el aseguramiento de la comparecencia al proceso, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad. Estas finalidades han de conseguirse al margen de las Jormas propias y la tendencia asignada a la investigación o al juzgamiento. De ahí que la teleología asignada a la detención preventiva sea la misma en las Leyes 600 de 2000 (art. 355) y 906 de 2004 (art. 296). Lo que varía, entonces, es la regulación específica de las medidas cautelares personales en una u otra codificación procesal penal. Y dentro de esa regulación, como se expuso en precedencia, el establecimiento de un límite máximo de vigencia de la detención es manifestación de la garantía fundamental y derecho humano a ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser puesto en libertad. Por consiguiente, debiendo hacer parte del debido proceso cautelar, la norma que fija ese plazo y asigna una consecuencia jurídica a su incumplimiento no es

una institución propia o privativa del esquema de investigacin y juzgamiento acusatorio-adversarial desarrollado por la Ley 906 de 2004, por lo que su aplicación retroactiva a situaciones gobernadas por la Ley 600 de 2000 de ninguna manera resquebraja el “sistema mixto” previsto en esta última codificación.

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NEÉSTOR IVÁN MORENO ROJAS De suerte que, por las anteriores razones, el parágrafo 1” del art. 307 de la Ley 906 de 2004, modificado por el art. 1 de la Ley 1786 de 2016, es del todo aplicable a procesos regidos por la Ley 600 de 2000. Por tratarse de un derecho fundamental de toda persona investigada o juzgada penalmente con privación de su libertad personal, los plazos establecidos en la norma rigen para ambos procedimientos”. En razón de los delitos por los que se procede, (peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos), la medida de aseguramiento no podrá ser sustituida por una no privativa de la libertad de las previstas en el literal b del articulo 307 de la ley 906 de 2004, pues tanto en el artículo 313 de esta normativa como en el 357 de la codificación procesal de 2000, la cautela procedente es la detención preventiva. Atendiendo que el término de vigencia de las medidas de aseguramiento es en comienzo de un año, prorrogable hasta otro tanto cuando se trate, entre otros eventos, de actos de corrupción de los que se consagran en la ley 1474 de 2011, como ocurre en

este caso, dicha medida para el presente llevará su vigencia al término de dos años, los cuales, atendiendo a que la privación de la libertad se materializó para esta actuación el 28 de junio de 2021, se extenderán hasta el 27 de junio de 2023, ello sin perjuicio de descontar “el tiempo que haya trascurrido por causa de maniobras dilatorias atribuibles a la actividad procesal del interesado o su defensor, caso en el cual dicho tiempo no se contabilizará dentro del término máximo de la medida de aseguramiento...”, según mandato del artículo 1 de la Ley 1760 de 2015 (a su vez modificado por el artículo 2 de la Ley 1786 el 1 de julio de 2016) adicionó el parágrafo 1 al artículo 307 de la Ley 906 de 2004. Página 14 de 17

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NÉSTOR IVÁN MORENO ROJAS En la dinámica propia de la ley 906 de 2004, dicha prórroga procede por solicitud que ante el Juez con función de control de garantias eleve la fiscalía o el apoderado de la víctima, amén de la prohibición de oficiosidad propia de este sistema de enjuiciamiento penal. Como lo indica la decisión que viene de citarse, (STP16906 de 2017), traida a colación en el auto emitido por esta Sala en AEP00110-2021 de 23 de septiembre de 2021, tal dinámica no opera en los procesos que se adelantan bajo la ley 600 de 2000 en los cuales es el juez de conocimiento “el encargado de velar porque se cumpla con las finalidades constitucionales y legales asignadas

a las medidas de aseguramiento”, las cuales al ser “..estrictamente objetivas Yy que, prácticamente, operan por ministerio de la ley”. Para el caso que nos ocupa, los presupuestos sobre la necesidad de la medida de detención expresados por la Sala de Instrucción, mantienen su vigencia en la actualidad.

5. En conclusión, no resulta viable acceder al pedido elevado por la defensa, respecto de la solicitud de libertad provisional de NESTOR IVÁN MORENO ROJAS, con apoyo en el numeral 6 del artículo 4 de la Ley 1760 de 2015, modificado por el artículo 2 de la Ley 1786 de 2016.

Atendiendo los artículos 189 y 191 de la Ley 600 de 2000, contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación. Página 15 de 17

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NÉESTOR IVÁN MORENO ROJAS Finalmente, en relación con la solicitud consistente en oficiar al INPEC para que acate la decisión de 12 de mayo de 2020 emitida por el juzgado tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, respecto del traslado del procesado a la residencia de sus padres para cumplir con la prisión domiciliaria, se le informa que dicho asunto resulta del todo ajeno a las funciones propias de esta Sala, debiéndose dirigir a la misma autoridad que emitió la determinación para que verifique el cumplimiento de la misma. En mérito de lo expuesto, la SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, RESUELVE: PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de libertad

provisional elevada por el defensor de NEÉSTOR IVÁN MORENO ROJAS, conforme lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ABSTENERSE de oficiar al INPEC para que de cumplimiento a la decisión de 12 de mayo de 2020 emitida por el jJuzgado tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, de acuerdo con lo indicado en la parte considerativa de esta decisión.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y/o apelación.

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NESTOR IVÁN MORENO ROJAS

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BLANC%A BARRETO ARDILA

Magistrada

ORRES ROJAS

Magistrado RODRIGO GA SÁNCHEZ Secretario Página 17 de 17