CSJ - Sentencia AEP089-2022(34580)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Especial de Primera instancia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

JORGE EMILIO CALDAS VERA

ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS

Magistrados Ponentes AEP 089-2022 Radicación No. 34580 Aprobado Acta No. 77 Bogota, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil veintidós (2022) Asunto Surtido el traslado previsto en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000 se pronuncia la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia sobre las solicitudes de nulidad y probatorias elevadas por el defensor del ex Representante a la Cámara, doctor GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA, dentro de la causa que cursa en su contra por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concusión.

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GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA Hechos Fueron puestos de presente en la resolución de acusación!, asi: “.. los hechos a calificar en esta investigación son los siguientes, sin perjuicio de que se hagan menciones tangenciales a otros hechos que fueron investigados y que guardan relación con éstos: - La presunta solicitud del excongresista Olano Becerra al arquitecto Julio Gómez González en el año 2009 [relacionada con] el pago de una comisión por el 10% del valor del contrato de la construcción de una torre nueva en el Hospital Simón Bolívar II nivel E.S.E., que finalmente no se suscribió.

• La presunta solicitud del exrepresentante, al mismo contratista, del pago de $600.000.000, a manera de compensación, porque el negocio jurídico [contrato de compraventa No. 108-2008 celebrado en 29 de abril de 2008 entre el Hospital Meissen II Niel E.S.E. y la Unión Temporal Nuevo Hospital de Meissen 2008] no le fue finalmente adjudicado a la alianza contractual que quería Jormar Olano Becerraj para hacerse al contrato, sino a la conformada por el arquitecto. - La presunta determinación del exrepresentante Olano Becerra a Héctor Lemus Montañez quien suscribió los contratos para el reforzamiento estructural y obras n. 1550 de 2006 [Clinica Fray Bartolomé de las Casas) y n. 2501 de 2007 [obras complementarias al reforzamiento estructural de la Clínica Fray Bartolomé de las Casas].”

(negrillas de texto) 1 Fls, 115 y 116 c. 0. No. 8 Sala Especial de Instrucción Corte. Página 2 de 50

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GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA

ANTECEDENTES PROCESALES

1. Con ocasión al escrito anónimo recibido en la Corte Suprema de Justicia el 15 de julio de 2010, en el que se acusaba al ex Representante a la Cámara GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA, de intentar obtener beneficios de la contratación que se llevaría a cabo con ocasión de la construcción de una nueva torre en el Hospital Simón Bolívar

y de su injerencia en la selección del nuevo gerente de ese centro hospitalario, una Sala de Instrucción de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en proveído fechado 19 de agosto de esa misma anualidad?, decretó la apertura de investigación previa y ordenó la práctica de pruebas.

2. Posteriormente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA18-11037 de julio 15 de 2018 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por medio del cual se implementó el Acto Legislativo 01 de 2018, las diligencias fueron remitidas a la Sala Especial de Instrucción de esta Corporación, autoridad que con fundamento en las previsiones establecidas en el artículo 331 de la Ley 600 de 2000 mediante proveído fechado 4 de junio de 20203 resolvió inhibirse de abrir investigación frente al hecho de la presunta influencia de OLANO BECERRA en la elección de Luis Guillermo Cantor Wilches como gerente del Hospital Simón Bolivar; decretó la apertura de instrucción por los presuntos delitos de concusión y tráfico de influencias de servidor público [Arts. 404 y 411 C.P.]; ordenó la práctica de

?2 Fls, 10 a 15c. o. No. 1. Sala Especial de Instrucción Corte. 3 Fls. 3a 23c. 0. No. 5. S.E.L Corte. Página 3 de 50

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GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA pruebas y la vinculación mediante indagatoria del exrepresentante GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA,

diligencia esta última que se llevó a cabo el 4 de mayo de 20214, quien estuvo asistido por su abogado de confianza.

3. Mediante proveido fechado 8 de julio de 20215 resolvió la situación jurídica del implicado como determinador del delito de interés indebido en la celebración de contratos -art. 409

C.P.- y autor del punible de concusión -art. 404 ib.-, siendo afectado con medidas de aseguramiento no privativas de la libertad a que hacen referencia el artículo 307 de la Ley 906 de 2004, numerales 3 [La obligación de presentarse el primer día hábil de cada mes en el consulado de Colombia en Miami] y 8 [caución por la suma equivalente a 15 s.m.l.m.v.]. Asimismo, en lo referente al contrato de reforzamiento estructural de la Clinica Fray Bartolomé de Las Casas, la Sala Especial de Instrucción de esta Corporación decretó la prescripción de la acción penal por el delito de concusión.

4. El 29 de julio de esa misma anualidadS, cerró la investigación, pronunciamiento que, recurrido por el defensor del procesado, el 19 de agosto de 20217 no fue objeto de reposición.

5. Dentro del traslado previsto en el artículo 393 de la Ley 600 de 2000, la representante del Ministerio Público y el defensor del procesado presentaron los respectivos alegatos precalificatorios. + Fls. 237-238 ib.. 5 Fls. 190 y ss. c. 0. 6 SEI Corte. 5 FI, 125 C. 0. 7 SEI Corte.

7 Fls. 158 a 177 ib. Página 4 de 50

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GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA

6. El pasado 23 de septiembres, la Sala Especial de Instrucción de la Corte £Suprema de Justicia, mayoritariamente, resolvió acusar al doctor GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA como presunto determinador del delito de interés indebido en la celebración de contratos, cometido en concurso heterogéneo y sucesivo con el de concusión, en concurso homogéneo y en condición de autor [Artículos 409 y 404 del Código Penall, en concurrencia con las causales de mayor punibilidad previstas en los numerales 9 [para las dos conductas punibles] y 10 [para el de interés indebido en la celebración de contratos] del artículo 58 ejusdem y mantuvo las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, descritas en el artículo 307 de la Ley 906 de 2004, Literal B), ordinales 3 y 8.

7. Contra el llamamiento a juicio, el delegado del Ministerio Público y el abogado defensor interpusieron el recurso de reposición. Posteriormente, este último sujeto procesal desistió del mismo.

8. Mediante proveído fechado 14 de octubre de 20219 la Sala Especial de Instrucción resolvió aceptar el desistimiento incoado por el defensor del procesado y no repuso la decisión recurrida por el representante de la sociedad.

9. Ejecutoriado el calificatorio, el expediente fue remitido a la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporación,

sede en la que se corrió el traslado previsto en el artículo 400 8 Fls. 61 a 223 c. 0. 8 SENI Corte. ? Fls, 63 a 86 c. 9 SEI Corte. Página 5 de 50

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GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA de la Ley 600 de 2000 período dentro del cual se pronunció el defensor de GERMAN ALONSO OLANO BECERRA, elevando las siguientes pretensiones: 9.1. Nulidad Con fundamento en lo previsto en el numeral 2% del articulo 306 de la Ley 600 de 2000 [comprobada existencia de irregularidades que afectan el debido proceso], el profesional del derecho solicita la nulidad parcial del pliego de cargos por considerar que operó el fenómeno jurídico de la prescripción en la fase de investigación, en lo relativo al contrato No. 108-2008 suscrito el 29 de abril de 2008 entre el Hospital de Meissen II Nivel E.S.E. y la Unión Temporal Nuevo Hospital de Meissen 2008, cuyo objeto fue el suministro de equipos biométricos, equipos administrativos y suministro de equipos (hardware) y por el cual fue convocado a juicio su representado por el delito de concusión. Afirma que no puede señalarse sin llevarse de calle los derechos del procesado que el delito alcanzó su ocurrencia “en el año 2008, después de abril de 2008”, o que, “los actos de intimidación debieron tener lugar entre los años 2008 y 2009 (...) y en todo caso, después del 29 de abril de 2008, cuando se firmó el contrato de compraventa n.108”, pues esa indeterminación

a la que acude la acusación en punto al momento consumativo del delito de concusión, habría tenido como límite máximo de su acaecimiento la fecha de celebración del contrato No. 1082008, esto es, 29 de abril de 2008, data a partir de la cual, ahí sí, mediante una comprobación objetiva de los hechos debe contabilizarse el término de prescripción, si en cuenta se tiene Página 6 de 50

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GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA que es con anterioridad a ese momento que se da la supuesta solicitud de GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA a Héctor Julio Gómez, tal como se desprende de lo señalado por este último en la declaración rendida el 4 de noviembre 2014. 9.2. Pruebas Con el fin de no hacer extensiva y repetitiva la presente decisión, lo relativo a la petición, conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas testimoniales y documentales elevadas por la defensa, se analizará en la parte considerativa.

CONSIDERACIONES DE LA SALA:

1. Competencia Pese a que el doctor GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA no ostenta la calidad de miembro del Congreso de la República, conforme a lo señalado en el Acto Legislativo 01 de 2018 que modificó los articulos 186, 234 y 235 de la Constitución Poliítica, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de la etapa del juicio, por cuanto los hechos endilgados en la resolución de

acusación tienen relación con las funciones que desempeñó como Representante a la Cámara, elegido por voto popular para el periodo comprendido 2006-20101. 10 Fls. 6 y 7 c. 0. No. 1 Fiscalía. [El Secretario de la Cámara de Representantes remite a la Corte constancia relativa a la elección como integrante de esa Corporación del doctor GERMÁN ALONBSO OLANO BECERRA -Circunscripción Bogotá- para el periodo constitucional 2006-2010|. Página 7 de 50

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GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA

2. Metodología En orden a adoptar la decisión que en derecho corresponda, la Sala se ocupará prioritariamente de examinar lo relacionado con la nulidad planteada por el defensor del convocado a juicio; luego resolverá lo atinente al decreto de pruebas solicitadas por el defensor del doctor GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA y finalmente, se definirán las de oficio que se estimen necesarias por la Sala.

3. Respuesta a la solicitud de nulidad El instituto de las nulidades encuentra su soporte legal en los artículos 306 a 310 de la Ley 600 de 2000. Según el articulo 307 del citado cuerpo normativo, es obligación del funcionario judicial decretar la nulidad desde que se presente alguna de las causales señaladas en la primera norma citada.

Asi mismo, deberá reponer la actuación que dependa del acto anulado, con el objeto de subsanar el defecto. El articulo 310 ibidem, por su parte, consagra los

principios orientadores de la declaratoria de invalidez, a saber, principalmente los de instrumentalidad de las formas, protección, residualidad, convalidación y trascendencia. A la luz de tales principios, no cualquier irregularidad conlleva la nulidad de la actuación, pues cuando se advierte insignificante o la actividad desplegada por quien la solicita incidió en la falencia presentada, se debe evitar su declaratoria. Página 8 de 50

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GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA Sobre esos principios la Sala de Casación Penal ha precisado lo siguiente: “Taxatividad: significa que solo es posible solicitar la nulidad por los motivos expresamente previstos en la ley. Acreditación: que quien la alega debe especificar la causal que invoca y señalar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya. Protección: la nulidad no puede ser invocada por quien ha coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular. Convalidación: la nulidad puede enmendarse por el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado. Instrumentalidad: la nulidad no procede cuando el acto irregular ha cumplido la finalidad para la cual estaba destinado. Trascendencia: quien la alegue debe demostrar que afectó una garantía fundamental o desconoció las bases fundamentales de la instrucción o el juzgamiento. Residualidad: solo procede cuando no existe otro medio procesal para subsanar el acto irregular”!1. De acuerdo con lo anterior, quien invoque una de las causales taxativamente reguladas en la ley debe hacerlo con las formalidades establecidas en el artículo 30912 de la Ley 600

de 2000, en armonía con los principios anteriormente definidos y contenidos en el articulo 310-213. La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha enseñado que cada una de las causales “(...) tiene un tratamiento independiente, debiéndose identificar la clase de falencia (estructura o garantía), denunciando el sentido en forma autónoma sin mezclar violaciones al debido proceso entre sí, o al derecho de defensa (técnico o material). Por consiguiente, si se quiere proponer alguna, por ejemplo, al debido proceso, incumbe señalar: ¿cómo se fracturaron las bases legales, ya sea en su aspecto formal o conceptual?, ¿de qué forma se quebrantaron 11 CSJ SP, 25 mayo 2000, rad. 12781; AP, 9 jun. 2008, rad. 29092 y; SP, 3 feb. 2016, rad. 43356; AP, 2399 18 abr 2017, rad. 48965; entre otras. 12 “El sujeto procesal que alegue una nulidad, deberá determinar la causal que invoca, las razones en que se funda y no podrá formular una nueva, sino por causal diferente o por hechos posteriores, salvo en la casación”. 13 “Principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación (...) 2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento”, Página 9 de 50

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GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA las garantías exigidas?, ¿cuáles fueron las repercusiones y el daño

causado con tales vulneraciones en desmedro de la ley como de los sujetos procesales?, ¿hasta qué acto procesal y porqué habría que retrotraer lo actuado en instancias?; entre otros presupuestos, descritos ampliamente por la jurisprudencia!”. (Resaltado fuera de texto) Teniendo en cuenta tanto el marco legal como la Jurisprudencia referenciada, la Sala no evidencia irregularidad alguna en el plenario con la entidad suficiente para invalidar la actuación. Tampoco lo encuentra con fundamento en lo expuesto por el defensor del doctor GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA, como pasa a explicarse. La petición de nulidad elevada por el defensor del doctor GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA está dirigida a que, parcialmente, se deje sin efecto la decisión dictada el 23 de septiembre de 2021 por medio de la cual la Sala Especial de Instrucción de esta Corporación, profirió resolución de acusación en su contra por, entre otros, el delito de “concusión cometido en concurso homogéneo”. No obstante, para este Cuerpo Decisorio la sustancialidad del reproche es inadecuada, pues el defecto atribuido se descubre infundado, por lo que no es dable predicar la transgresión a las garantías fundamentales del procesado. En efecto, el peticionario no demostró la configuración de una irregularidad trascendente en la estructura formal básica del proceso, que afecte el desarrollo de las fases esenciales que lo componen, en la medida en que acreditado está que en el pronunciamiento objeto de reproche, la Corporación Judicial 14 CSJ SP, 34674, 28 sept. 2011.

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GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA competente expuso las razones fácticas y jurídicas por las cuales consideró que no se había presentado el fenómeno Jurídico de la prescripción respecto del delito de concusión. Para lo cual puso de presente que: “...sobre el delito de Concusión que se atribuye al aforado en relación con el contrato de compraventa 108-2008 que celebró el Hospital Meissen el 29 de abril de 2008, contrario a lo que alega la defensa, la acción penal no se encuentra prescrita toda vez que para la contabilización de los términos debe acudirse a la comprobación objetiva de los hechos, que se remontan a la época en que según el denunciante, el congresista Olano Becerra habría hecho la exigencia de la entrega de la suma de $600.000.000. A este respecto, la Sala observa dos errores de análisis de la defensa: en primer lugar, se le atribuye un efecto equivocado al momento consumativo del delito de Concusión con respecto al tiempo de ocurrencia de la conducta punible; en segundo lugar, la determinación temporal illevada a cabo en los alegatos precalificatorios no corresponde a lo demostrado en el expediente. Sobre lo primero, es cierto, como lo ha anotado el defensor, que la conducta punible de Concusión se consuma con la mera solicitud de dinero o cualquier otra utilidad indebida. Pero ese momento de consumación no equivale en todos los casos al punto en el que se entiende cometido definitivamente el delito, en los términos del artículo 26 del Código Penal, pues la acción puede prolongarse en

el tiempo. En efecto, entender que la mera solicitud de utilidades consuma el delito de Concusión permite entender que, desde que ello ocurre, el iter criminis ha superado la fase de ejecución y que ya no puede hablarse de tentativa delictiva, sino de un delito consumado. Sin embargo, un buen número de delitos, como los que tienen contenido extorsivo (entre otros, la Extorsión, el Constreñimiento ilegal, el Secuestro Extorstvo y en lo que nos ocupa, la Concusión, que es un delito pluriofensivo), aunque se consuman desde que empieza la ejecución de la conducta, permanecen en el tiempo mientras se mantiene a la víctima sujeta a una violación de su libertad personal. Así las cosas, aunque la ejecución de un acto extorsivo f(o, específicamente, concusionario) permite decir desde el principio de su ocurrencia que el delito se ha consumado, ello no significa que la conducta desaparezca del espacio y el tiempo en ese instante, sino Página 11 de 50

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GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA que ésta permanece hasta que la víctima ha sido liberada de la coacción ilícita. Por lo tanto, si un delito de Concusión se comete mediante una solicitud, pero ésta se mantiene vigente hasta que la víctima finalmente es liberada por algún evento (su rechazo o, también, su eventual sometimiento al pagar el dinero solicitado), es sólo en ese momento que puede decirse que la conducta desapareció fácticamente y es sólo desde ese punto que puede contabilizarse la prescripción, así el delito esté cometido desde que

se pidió el dinero. Evidentemente, quien inicia un acto concusionario somete a su víctima a una posición que no desaparece automáticamente con la consumación del delito (del mismo modo que el secuestro, así esté consumado desde que es efectiva la privación de la libertad), de manera que la concusión que tiene cierto éxito, es decir, aquélla que no es rechazada de inmediato por su víctima, puede perfectamente constituir un delito permanente, como lo ha entendido con anterioridad esta Corporación!5. Sobre el segundo punto, descendiendo al caso que nos ocupa, debe notarse que sobre la solicitud dineraria de los $600.000.000 el denunciante Julio Gómez señaló que se hizo después de que el aforado reparara que había quedado por fuera de la asignación del contrato al recaer en la unión temporal del contratista, ...yo organizó una unión temporal con algunas personas que no conocía mucho, pero nos presentamos, el doctor OLANO apenas ve esta situación empieza a presionarme con el contralor de la época mandándome comisiones de seguimiento al _ hospital y literalmente apretándome porque dice que soy amigo de las personas que se ganaron esa licitación, que le hice perder el tiempo y que igual debo darle una plata o de no, ya sabe lo que, lo que le puede pasar...así accedo a darle la plata y le doy la suma de seíscientos millones de pesos...”. Además, nótese que el declarante denuncia presiones permanentes que se extienden en el tiempo y que se ejecutan en distintos actos. La comisión de seguimiento a la ejecución del contrato por parte del

ente fiscal, referida por Julio Gómez, se inició a partir de la Resolución n. 022 del 19 de agosto de 2008, proferida por el Contralor de Bogotá D.C., de acuerdo con la cual estableció en el art. 1.% que correspondía “conocer de las indagaciones 15 “Cosa distinta es que la Concusión que en este caso se imputa pueda entenderse como un delito permanente, en cuanto el constreñimiento produjo un estado anímico en la víctima que perduró al punto de impulsarla a cumplir con la ilegal exigencia por más de un año, de manera que no cabe duda que el estado antijurídico creado por el concusionario se prolongó en el tiempo, hasta el momento en que el concusionado se negó a seguir entregándole el dinero indebidamente pedido, evento último que coincide con la realización cierta del mal futuro que constituyó la amenaza para doblegar su voluntad, esto es, su despido del empleo que ostentaba. CSJ AP. 23 ene. 2008, rad. 15928” Página 12 de 50

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GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA preliminares, entre otras dependencias a la Dirección Técnica Sectorial de Salud e Integridad Social”, la que mediante auto n'” 5, consignó las irregularidades advertidas en la auditoría realizada en desarrollo del PAD 2009 al contrato de obra n. 0175 de 2006 (suscrito entre el Hospital Meissen y el grupo de Julio Gómez), que luego dio lugar al proceso 170100-048/ 1015. De conformidad con la prueba acopiada y atendiendo las manifestaciones de Julio Gómez González, a las que el despacho

les da credibilidad, los actos de intimidación debieron tener lugar entre los años 2008 y 2009, cuando el ente fiscal instrumentalizado por su titular, comenzó a ejercer presión a través de la comisión conformada para investigar la ejecución del contrato de obra; y en todo caso; después del 29 de abril de 2008, cuando se firmó el contrato de compraventa. Importa notar que, en el proveído mediante el cual la Sala resolvió la situación jurídica de Olano Becerra se advirtió que las exigencias solo pudieron ser elevadas luego de la adjudicación contractual, que es cuando el aforado repara en el hecho de que no fue incluido en el negocio jurídico suscrito con la Unión Temporal Nuevo Hospital de Meissen 2008, sin dejar de considerarse que el contrato se estuvo ejecutando hasta el 5 de noviembre de 2008, porque así lo contempla la minuta en las cláusulas quinta y sexta, respectivamente: “El término de ejecución del presente contrato será de noventa (90) días calendario” y tendrá una duración igual al término de ejecución y cuatro (4) meses más”, así que es durante ese térmmino y mucho después, incluso, cuando la Contraloría Distrital comienza sus indagaciones, en que el acto de inducir, constreñir o solicitar ocurrió, independientemente, como lo indica el defensor de la fecha en que las sumas se hubieren entregado”. (Negrillas y subrayo de texto) En ese orden de ideas, es claro que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, sin desconocer el hecho de que la conducta punible de concusión se consuma

con la mera solicitud de dinero o cualquier otra utilidad indebida, estimó que en los términos establecidos en el articulo 26 del Código Penal la acción reprochable se prolongó en el tiempo, esto es, como mínimo, a partir del 19 de agosto de 10 “Fol. 7, c. a. 0. 23” Página 13 de 50

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GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA 2008, momento en que mediante Resolución No. 022 el Contralor Distrital comisionó a la Dirección Sectorial de Salud e Integración Social para hacer seguimiento a la ejecución del contrato de obra No. 175 celebrado el 27 de diciembre de 2006 entre el Gerente del Hospital Meissen II Nivel E.S.E. y el consorcio Hospital Meissen, del cual hizo parte la Constructora Arkgo Ltda., de propiedad de Héctor Julio Gómez González, entidad referenciada que dentro del informe preliminar de auditoria “en desarrollo del PAD 2009 puso de presente las irregularidades advertidas en el referido convenio, las cuales dieron lugar al proceso de responsabilidad fiscal No. 1701000148/10'7. Teniendo como base el 28 de agosto de 2008, data a partir de la cual, presuntamente, se empezaron a concretar los actos de “intimidación” por parte del acusado, en aras de obtener el pago de la suma de $600.000.000 en lo que respecta al contrato No. 108-2008 celebrado el 29 de abril de 2008 y lo previsto en el artículo 83 del estatuto sustantivo penal, en lo relativo a que la acción penal prescribirá en un tiempo igual al

máximo de la pena fijada en la ley para el respectivo delito, que para el caso de la concusión corresponde a 10 años, que por mandato del inciso 6 del mismo canon deberá aumentarse en una tercera parte, se tiene como término de prescripción 13 años 4 meses. Asi las cosas, la acción penal prescribiría el 27 de diciembre de 2021, tiempo superior al momento en que quedó ejecutoriada la resolución de acusación proferida contra el 17 Fls. 6 y ss. c. a. 0. No. 23 Página 14 de 50

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GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA doctor GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA, esto es, el 14 de octubre de 202118 En consecuencia, no le asiste razón a la defensa, pues al momento de cobrar firmeza la resolución de acusación, no se encontraba prescrita la acción penal en la etapa de investigación, como se acaba de ilustrar. Cabe la pena señalar que en este caso no se aplica el incremento punitivo previsto en el artículo 14 de Ley 890 de 2004, pese a que está vigente la jurisprudencia del 21 de febrero de 2018 adoptada en el radicado núm. 5047219, que pregona su aplicación en adelante a todos los Congresistas que hayan delinquido después del 1 de enero de 2005, teniendo en cuenta la gradualidad de la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, a quienes se debieran investigar con base en el Código de Procedimiento Penal de 2004, sin ninguna excepción, si no

fuera porque el artículo 533 de la Ley 906 de 20049 ordena 15 Fls. 63 a 86 c. 0. 9 SEI Corte 19 La Corporación recogió el criterio de 18 de enero de 2012 (rad. 32764) y afirmó que, como consecuencia del cambio jurisprudencial contenido en CSJ AP, 6 diciembre de 2017 (rad. 50969), se admitió la posibilidad de que al sistema procesal de la Ley 600 de 2000 se apliquen las consecuencias punitivas de figuras propias del trámite de la Ley 906 de 2004, por reportar mayores beneficios para el procesado (como el principio de oportunidad) al tiempo que se garantiza el derecho a la igualdad, es claro que no existia razón para no aplicar los aumentos del canon 14 de la Ley 890 de 2004; en consecuencia, esa norma se aplica, pero para hechos sucedidos luego del 1 de enero de 2005, y, por favorabilidad, a partir de 21 de febrero de 2018. Antes (entre el 18 de enero de 2012 y 20 de febrero de 2018), esta Corporación consideró que a los Congresistas procesados por el rito de la Ley 600 de 2000 que habían cometido delitos en vigencia del Código de Procedimiento Penal de 2004, no se les reconocería por favorabilidad los descuentos de pena previstos en ese Estatuto Procesal para quienes se acogieran a beneficios por colaboración eficaz, lo cual varió el 6 de diciembre de 2017 (rad. 50969)'9; de suerte que desde esa fecha en adelante se aplica a todos los Congresistas que hayan delinquido después del 1 de enero de 2005 y a quienes debería investigar con base en el Código de

Procedimiento Penal de 2004, sin ninguna excepción, si no fuera porque el artículo 533 de la Ley 906 de 20049 ordena que serán investigados y juzgados con base en el trámite previsto de la Ley 600 de 2000. 20 ARTÍCULO 533. DEROGATORIA Y VIGENCIA. El presente código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero del año 2005. Los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000. Página 15 de 50

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GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA que serán investigados y juzgados con base en el trámite previsto en la Ley 600 de 2000; por las siguientes razones: A partir de la decisión del 28 de abril de 2022 en el rad. 28016?! la Sala Mayoritaria de esta Colegiatura ratificó y adicionó que para aplicar la aludida jurisprudencia inmediatamente se debe verificar el cumplimiento de los siguientes presupuestos: (i) que los hechos hayan ocurrido después del 1% de enero de 2005, teniendo en cuenta la progresividad en la entrada en vigencia de Ley 906 de 2004, (1) que el procesado haya tenido la posibilidad de acogerse a los beneficios por colaboración eficaz durante el trámite de la actuación y, (1) que la aplicación inmediata del nuevo criterio jurisprudencial no afecte derechos y garantías fundamentales a los sujetos procesales, conclusión a la que se llegará tras hacer un estudio en cada caso en particular, de suerte que si

se vulneran derechos como la buena fe, la confianza legítima??, la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad, no procede su aplicacións En el sub examine, las conductas atribuidas ocurrieron en Bogotá después del 1 de enero de 2005, de suerte que el primer requisito concurre sin ninguna duda. En lo atiente al segundo presupuesto, la revisión del expediente evidencia que en el transcurso de la actuación, el procesado ha tenido oportunidad de acogerse a los beneficios por colaboración eficaz que prevé la Ley 906 de 2004 y no lo ha hecho, ya que la apertura formal de la investigación se produjo 21 CSJ SEP0046 de 28 de abril de 2022. Rad. 28016. 22 Corte Constitucional SU-406 de 2016. 23 Cfr. CSJ SEP-0046-2022, rad. 28016. Página 16 de 50

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GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA el 4 de junio de 2020, la indagatoria tuvo lugar el 4 de mayo del 20215, la situación jurídica se resolvió el 8 de julio” y el procesado fue acusado el 23 de septiembr