CSJ - Sentencia AEP108-2022(27700)

Republica de Colombia Cone Suprema de Justicia Sala Especial de Primera Instancia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS Magistrado Ponente AEP 108 - 2022 Radicacion N° 27700 Aprobado mediante Acta Extraordinaria No. 93 Bogota D.C., nueve (9) de septiembre de dos nail veintidOs (2022). VISTOS La Sala procede a emitir el pronunciamiento que en derecho corresponde respecto de las peticiones de revocatoria de la medida de aseguramiento, sustituci6n de la misma y libertad provisional, impetradas por la defensa del ex Senador

MUSA BESAILE FAYAD.

FUNDAMENTOS DE LAS SOLICITUDES Son tres las pretensiones que llevan a la defensa del sindicado MUSA BESAILE a concurrir ante esta Sala Especial: Pagina 1 de 35

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1. Revocatoria de la medida de aseguramiento La solicitud mencionada en el epigrafe como principal se sustenta en que a juicio del libelista no se cumplen los fines constitucionales para el mantenimiento de la medida de aseguramiento.

Parte del principio de que la necesidad de la medida de aseguramiento privativa de la libertad y su permanencia proviene de la verificaciOn de los fines legitimos en los que la autoridad judicial la sustentO, siendo procedente revocarla cuando las causas y los fines que la justificaron desaparecieron, no resultando, por tanto, necesaria ni proporcional, lo que hace al procesado acreedor de la libertad.

Considera el petente que en el caso del senor MUSA BESAILE FAYAD desaparecieron los presupuestos que tuvo la Sala de InstrucciOn de la Corte Suprema de Justicia para privarlo de la libertad, toda vez que: - No esta en capacidad de obstruir la justicia, pues, por el contrario, BESAILE FAYAD ha estado presto a terminar los procesos en forma anticipada, siendo ello tan cierto que ha pedido el aplazamiento de la iniciacion de la audiencia ptiblica esperando la decisiOn frente al recurso de apelaciOn que se encuentra surtiendo en la Sala de CasaciOn Penal, para que se de via libre a los preacuerdos por el celebrados con la Sala de InstrucciOn de la Corte Suprema de Justicia. Pagina 2 de 35

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MUSA BESAILE FAYAD LEY 600 DE 2000 - No existe peligro de fuga y de no comparecencia al proceso, pues desde el primer momento la defensa advirtiO al Magistrado de la Sala de InstrucciOn que MUSA BESAILE estaba presto a terminar los procesos en forma anticipada y ha cumplido hasta el momento. El otro motivo relacionado con este fin es el arraign' del procesado a la sociedad, toda vez que el centro de la vida del senor BESAILE FAYAD es su familia radicada en Monteria, que esta conformada por su esposa y sus tres hijos de los cuales dos son menores de edad, quienes han sido el motor para cumplir el proceso de resocializaciOn, como se desprende de las certificaciones expedidas por el Director de la Carcel y Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad para miembros de

la Fuerza Pablica «EJEP00. - El senor MUSA BESAILE FAYAD no constituye un peligro para la comunidad ni para la victima. Por lo expuesto, insiste en sostener que para la defensa desaparecieron los fines constitucionales que justificaron la medida de aseguramiento impuesta a su representado.

2. Vigencia de la medida de aseguramiento Como primera peticiOn subsidiaria el profesional del derecho depreca la sustitucion de la medida de aseguramiento impuesta a MUSA BESAILE FAYAD, quien fue privado de la libertad el 5 de octubre de 2017 y con fecha 13 de octubre se le impute) el delito de concierto para delinquir, por lo cual la Sala de CasaciOn Penal de la Corte determinO imponerle Pagina 3 de 35

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MUSA BESAILE FAYAD LEY 600 DE 2000 medida de aseguramiento privativa de la libertad. A ello se anade que su prohijado solicitO un preacuerdo y se encuentra pendiente de fallo del recurso de apelaciOn y que aim no se ha calificado el merit° del sumario. Soporta el anterior pedimento en el articulo 1° de la Ley 1760 de 2015, subrogado por el articulo 1° de la Ley 1786 de 2017, que dispone que el termino de vigencia de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podra exceder de un ano, a cuyo vencimiento deben sustituirse por otra u otras no privativas de la libertad, sumado a que solo pueden imponerse cuando se pruebe que las no privativas resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la

medida de aseguramiento. En este sentido, en la sentencia C774 de 2001, la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han sefialado que las medidaS de aseguramiento deben ser excepcionales. Arguye que las excepciones a la regla general antes expuesta son las previstas en los paragrafos 2° y 3° del articulo 317 de la Ley 906 de 2004, o cuando los procesos se surtan ante la justicia especializada o sean tres o mas los acusados contra quienes estuviere vigente la medida de detenciOn preventiva o se trate de investigaciOn o juicio de actos de corrupci6n de los que trata la Ley 1474 de 2011, o de cualquiera de las conductas previstas en el Titulo IV del Libro Segundo del COdigo Penal, caso en el cual dicho termino podra prorrogarse a solicitud de la Fiscalia o del apoderado de la victima, hasta por el mismo termino del inicial, vencido el cual podra ser sustituida por otra u otras no privativas de la libertad. Pagina 4 de 35

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Considera el memorialista que como en el asunto de la especie la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta a MUSA BESAILE FAYAD ha permanecido vigente durante mas de un ano, aunado a que las causas o fines que la justificaron ya desaparecieron, resulta procedente su revocatoria.

3. Libertad provisional Como segunda peticiOn subsidiaria el defensor de BESAILE FAYAD solicita la libertad provisional, con base en el

numeral 21 (sic) del articulo 365 de la Ley 600 de 2000, segiin el cual el sindicado tiene derecho a la libertad cuando en cualquier estado del proceso hubiere sufrido en detenciOn preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad por la conducta punible que se le imputa, habida consideracion de la calificaciOn que deberia darsele. Y se considerard que ha cumplido la pena el que llevare en detenciOn preventiva el tiempo necesario para obtener la libertad condicional. Lo anterior, por cuanto consta en el expediente que el senor MUSA BESAILE FAYAD fue privado de la libertad el 5 de octubre de 2017, por lo cual es un hecho notorio que el tiempo que lleva fisicamente privado de la libertad supera la pena a imponer en caso de ser condenado. Aunado al tiempo fisico, el procesado ha descontado tiempo por trabajo y estudio, luego estarian satisfechos los presupuestos para que en el evento de condena se le conceda Pagina 5 de 35

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MUSA BESAILE FAYAD LEY 600 DE 2000 el subrogado de la libertad condicional previsto en el articulo 64 del COdigo Penal, siendo procedente, por esta via, la concesiOn de la libertad provisional. Aporta una certificaciOn expedida por el Coronel Jorge Mauricio Ardila Milian, Director de la Carcel y Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de la Fuerza Pablica «EJEPO».

ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES

1. Con auto de 31 de mayo de 2018, la Sala de CasaciOn Penal abriO la investigaciOn contra MUSA BESAYLE FAYAD,

oportunidad en la que dejO constancia de que no libraria orden de captura para indagarlo por cuanto se hallaba privado de la libertad por cuenta de la misma CorporaciOn, pero dentro del radicado 50969.

2. Mediante resoluciOn de 23 de mayo de 2018, la misma Sala resolviO la situaciOn del procesado mediante la imposici6n de medida de aseguramiento de detenciOn preventiva sin derecho a libertad provisional, como presunto autor del delito de concierto para delinquir tipificado en el inciso 3° del articulo 340 del COdigo Penal, agravado por la posiciOn distinguida del sindicado.

Consecuentemente dispuso librar boleta de detenciOn y oficiar al INPEC para que la misma se haga efectiva una vez el indagado, por cualquier razon, resulte desafectado de la -Unica instancia 50969, hoy 52196. Asi mismo, se le negO la sustituciOn de la detenciOn preventiva intramural por domiciliaria. Pagina 6 de 35

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3. Con auto de 17 de febrero de 2022, la Sala de InstrucciOn clausurO el ciclo instructivo.

4. El Magistrado Ponente de la Sala de InstrucciOn liege) a un preacuerdo con el procesado, consistente en que este se acogia al instituto de sentencia anticipada previsto en el articulo 40 de la Ley 600 de 2000, a cambio de que se le otorgara la rebaja de pena establecida en el articulo 351 de la Ley 906 de 2004. Por tal razOn, remitiO el proceso a la Sala

Especial de Primera Instancia.

5. Mediante auto de 18 de mayo del corriente ano esta Sala Especial decidiO negar la solicitud de control de legalidad del preacuerdo, aduciendo, por una parte, que el Magistrado demandante carecia de legitimaciOn para ello, pues la misma estaria en cabeza de la Sala de InstrucciOn y no de un solo funcionario. Y de la otra, que no son aplicables los institutos de la justicia premial previstos en la Ley 906 de 2004 a los aforados constitucionales a los que se les procesa por el rito de la Ley 600 de 2000, excepto en tratandose de beneficios ,por colaboraciOn eficaz con la AdministraciOn de Justicia.

6. La anterior decisiOn fue opugnada por el Magistrado sustanciador y por el defensor. Al primero se le nee la alzada, por considerar la Sala Especial que no tiene legitimidad por activa, por no ostentar la calidad de sujeto procesal, por lo cual este interpuso un recurso de queja, que le fue resuelto desfavorablemente por la Sala de CasaciOn Penal, mediante auto de 10 de agosto del ano en curso.

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Al segundo se le concediO el recurso de apelaciOn, el cual se encuentra surtiendo tramite en la Sala de CasaciOn Penal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia Pese a que mediante providencia del de 18 de mayo' del corriente ano esta Sala Especial decidio negar la solicitud de control de legalidad del preacuerdo suscrito entre un

Magistrado de la Sala de InstrucciOn y el senor MUSA BESAILE FAYAD, al haber sido apelada dicha decisiOn sin que hasta la fecha se haya resuelto el recurso por la Sala de CasaciOn Penal, compete a esta Sala Especial tomar la decisiOn que en derecho corresponda en relaciOn con las peticiones impetradas por la defensa del acusado, empezando por la de libertad provisional.

1. Solicitud de libertad "condicional" 1.1. Fundamentos de la peticion Para sustentar el pedimento libertario, el libelista invoca el numeral 21 del articulo 365 de la Ley 600 de 2000, el cual no existe. Sin embargo, transcribe el texto del numeral segundo del citado canon, luego debe entenderse que este constituye el sustento juridico de la peticiOn, que procede a estudiar la Sala. 1.2. Causal invocada Pagina 8 de 35

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Dispone el articulo 365 de la Ley 600 de 2000 que el procesado tendth derecho a la libertad provisional garantizada mediante cauciOn prendaria, entre otros, en el siguiente caso: "(...) 2. Cuando en cualquier estado del proceso hubiere sufrido el sindicado en detenciOn preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad por la conducta punible que se le imputa, habida consideracion de la calificaciOn que deberia detrsele. Se consideraret que ha cumplido la pena, el que lleve en detenciOn preventiva el tiempo necesario para obtener libertad condicional, siempre que se reitnan los demos requisitos para otorgarla.

La rebaja de la pena por trabajo o estudio se tendret en cuenta para el computo de la sancion. La libertad provisional a que se refiere este numeral sera concedida por la autoridad que este conociendo de la actuaciOn procesal al momento de presentarse la causal aqui prevista. (...)". 1.3. Jurisprudencia Reiteradamente ha sostenido la Sala de CasaciOn Penal de esta Corporaci6n, que para que proceda la libertad provisional por la causal invocada es necesario que el sindicado este privado fisicamente de la libertad en el proceso en el que la solicita. En tal sentido, en auto de 11 de abril de 2016, rad. 43263, manifestO: "Lo anterior significa que por cuenta de esta actuaciOn, el procesado no ha estado privado de la libertad ni un solo dia, lo que de bulto hace improcedente predicar que a la fecha, este ya cumpliera con el requisito objetivo contenido en el articulo 64 de la Ley 599 de 2000 y de contera tuviera derecho a la libertad provisional. No existe duda que de la lectura de la causal invocada, se hace imperativo que quien va a beneficiarse de este derecho debe haber sido privado de la libertad en virtud de la actuacion donde invoca esa causal, pues no de otra forma, pueden predicarse situaciones como el cumplimiento Pagina 9 de 35

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MUSA BESAILE FAYAD LEY 600 DE 2000 de una sanciOn limitativa del derecho de locomocion o el cumplimiento parcial de este estado, cuando materialmente no lo ha hecho. Aunado a ello, en el presente evento no es posible dar aplicaciOn al contenido del articulo 361 de la Ley 600 de 2000, el cual dispone que:

El termino de detencian preventiva se computard desde el momento de la privaciOn efectiva de la libertad. Cuando simultdneamente se sigan dos (2) o mds actuaciones penales contra una misma persona, el tiempo de detencion preventiva cumplido en uno de ellos y en el que se le hubiere absuelto o decretado cesaciOn de procedimiento o preclusion de la investigaciOn, se tendrd como parte de la pena cumplida en el que se le condene a pena privativa de la libertad. Ello, en tanto que a pesar de adelantarse en modo simultdneo dos procesos penales en contra de (...), solo por uno de ellos ha estado efectivamente privado de la libertad, sin que se cumplan las eventualidades establecidas en la norma transcrita, esto es, que en la radicaciOn (...), hubiese sido absuelto, se decretara en su favor la preclusion de la investigacion o cesaciOn de procedimiento, pues lo que inform6 la Secretarta de esta Coiporacion es que se adopt6 una decisiOn mediante la cual se decreto la nulidad de lo actuado. Esta interpretaciOn normativa ya habia sido efectuada por esta CorporaciOn en decisiOn (CSJ. AP, 12 de may. de 2004, rad. 22315), en la que en un evento muy similar, destac6: «No es posible homologar esos presupuestos a los casos de otorgamiento de libertad provisional, precisamente porque el reconocimiento de este derecho implica que el proceso dentro del cual se produjo pervive, prosigue, como ocurre en el caso de ( ...), pues, hasta donde se conoce, en el expediente en el que estuvo detenida juridica y materialmente, aim no se ha producido fallo definitivo».

Conforme con ello, como quiera que el procesado, por esta actuacion no ha cumplido ni siquiera un dia efectivo de privacicin de la libertad, es claro que no se encuentra acreditada la causal 2° del articulo 365 de la Ley 600 de 2000, invocada por la defensa para acceder a la libertad provisional del procesado." 1.4. El caso concreto No acierta el petente al sostener que el senor MUSA BESAILE FAYAD tiene derecho a la libertad provisional por Pagina 10 de 35

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MUSA BESAILE FAYAD LEY 600 DE 2000 haber sufrido en detenciOn preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad por presuntamente haber cometido el delito de concierto para delinquir agravado, si se tiene en cuenta que no ha estado ni un solo dia fisicamente privado de dicho derecho fundamental por este proceso. En efecto, desde el mismo momento en que se orden6 por la Sala de Casacion Penal su vinculacion al proceso mediante indagatoria, se hizo expresa manifestaciOn de que no se le libraria orden de captura para que pudiera cumplirse dicho prop6sito, toda vez que se hallaba privado de la libertad por cuenta de la misma CorporaciOn, pero dentro del radicado 50969. Asi mismo, al serle resuelta la situaci6n juridica mediante auto de 23 de mayo de 2018, si bien se le impuso medida de aseguramiento de detenciOn preventiva sin derecho a libertad provisional, lo cierto es que la misma no pudo hacerse efectiva al constatarse que estaba privado de la libertad por orden de la misma CorporaciOn, pero en el radicado 50969, hoy 52196. Por

tanto, dispuso librar boleta de detenciOn y oficiar al INPEC para que la misma se hiciera efectiva cuando resultara desafectado he dicho proceso. Sin embargo, hasta el momento no se tiene noticia de que BESAILE FAYAD haya sido desafectado del proceso 50969, hoy 52196, ni obra en el expediente un oficio expedido por autoridad competente poniendolo a disposicion de esta actuaciOn. Pagina 11 de 35

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En el marco expuesto, es evidente que MUSA BESAILE FAYAD no tiene derecho a que se le reconozca la libertad provisional al amparo de la causal invocada ni de ninguna otra prevista en el articulo 365 del COdigo de Procedimiento Penal, maxime si no hay ninguna evidencia en esta actuaci6n de que haya sido favorecido con preclusiOn de la investigaciOn, cesaci6n de procedimiento o sentencia absolutoria en el proceso 50969, hoy 52196, como para que pueda tenersele como parte de la pena cumplida en ese proceso en el evento en que en este se le condene a pena privativa de la libertad. Por las razones expuestas, la Sala se abstendra de conceder la solicitud de libertad provisional deprecada pqr la defensa de MUSA BESAILE FAYAD, sin que sea necesario entrar a examinar si se cumplen o no los demas presupuestos legalmente exigidos para su procedencia.

2. Sustitucion de la medida de aseguramiento 2.1. El articulo 1° de la Ley 1760 de 2015 (a su vez modificado por el articulo 2° de la Ley 1786 el 1° de julio de 2016),

adicionO el paragrafo 1° al articulo 307 de la Ley 906 de 2004, asi: "Salvo lo previsto en los pardgrafos 2° y 3° del articulo 317 del CM de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el terming de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrei exceder de un (1) ano. Cuando el proceso se surta ante la justicia especializada, o sean tres (3) o mas los acusados contra quienes estuviere vigente la detencion preventiva, o se trate de investigacion o juicio de actos de corrupciOn de los que trata la Ley 1474 del 2011, o de cualquiera de las conductas previstas en el Titulo IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000 (Cddigo Penal), dicho termino podra prorrogarse, a solicitud del fiscal o del apoderado de la victima, hasta por el mismo termino inicial. Vencido el termino, el Juez de Control de Garantias, a peticion de la Fiscalia, de la defensa o del apoderado de la victima podrd sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad de que se trate, Pagina 12 de 35

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MUSA BESAILE FAYAD LEY 600 DE 2000 por otra u otras medidas de aseguramiento no privativas de la libertad de que trata el presente articulo. En los casos susceptibles de pr6rroga, los jueces de control de garantias, para resolver sobre la solicitud de levantamiento o prorroga de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, deberein considerar, ademets de los requisitos contemplados en el articulo 308 del COdigo de Procedimiento Penal,

el tiempo que haya transcurrido por causa de maniobras dilatorias atribuibles a la actividad procesal del interesado o su defensor, caso en el cual dicho tiempo no se contabilizaret dentro del tennino mevcimo de la medida de aseguramiento privativa de la libertad contemplado en este articulo". Del texto transcrito se infiere, sin hesitaciOn alguna, que su aplicaciOn fue prevista para el sistema procesal de la Ley 906 del 2004 y para los eventos en que el procesado se halle fisicamente privado de la libertad. 2.2. Sobre su aplicaciOn a los procesos que se siguen al amparo de la Ley 600 del 2000, tanto la Sala de CasaciOn Penal como esta Sala han sido del criterio que es juridicamente procedente dar aplicaciOn retroactiva a dichas disposiciones, toda vez que: "Es criterio consolidado de la Sala que, como concreciOn del principio de favorabilidad, es dable aplicar retroactivamente normas procesales de efectos sustanciales contenidas en la Ley 906 de 2004 a procesos adelantados por la Ley 600 de 20001. Ello, condicionado a que, ademds de la sucesiOn de leyes en el tiempo y el tretnsito o coexistencia de las mismas, se cumplan los siguientes criterios: i) que las figuras juridicas enfrentadas tengan regulaciOn en las dos legislaciones; ii) que respecto de aquellas se prediquen similares presupuestos factico-procesales y iii) que con la aplicaciOn beneficiosa de alguna de ellas no se resquebraje el sistema procesal dentro del cual se le da cabida al instituto favorable. Pues bien, no hay duda de que la norma procesal cuya aplicaciOn

retroactiva se reclama, en primer lugar, produce efectos sustanciales determinados a partir de su naturaleza. Esta corresponde a la concreciOn de una garantia fundamental que desarrolla tanto los contornos especificos del debido proceso -en su componente del derecho a ser juzgado sin CSJ AP 4 may. 2005, rad. 23.567. Pagina 13 de 35

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MUSA BESAILE FAYAD LEY 600 DE 2000 dilaciones injustificadascomo los contenidos del principio constitutional de proporcionalidad (prohibiciOn de exceso), en relation con la limitaciOn de las injerencias en la libertad personal a &ayes de medidas cautelares en el proceso penal. Y la disposiciOn normativa concernida, desde luego, es favorable al procesado, en la medida en que la fijacion de un termino maximo de vigencia de la detention preventiva no existe en la Ley 600 de 2000. En segundo orden, salta a la vista que la detention preventiva, en tanto medida cautelar accesoria al proceso penal, encuentra regulaciOn en las dos codificaciones procesales que aqui se contrastan (arts. 355 y ss. de la Ley 600 de 2000 y arts. 306 y ss. de la Ley 906 de 2004). En las dos legislaciones estan determinados, entre otros aspectos, las finalidades asignadas a las medidas de aseguramiento, los requisitos sustanciales y formales para su imposition, los motivos de suspension o sustitucion y las causales de revocatoria. La detenciOn preventiva no es, entonces, propia de ningurt esquema procesal ni, mucho menos, propia de alguno de los

mencionados aidigos de procedimiento penal. En tercer termino, los supuestos fcictico-juridicos que dan lugar a la imposiciOn de las medidas de aseguramiento son similares. Contrastados los arts. 355 y 366 de la Ley 600 de 2000 con los arts. 296 y 308 de la Ley 906 de 2004, puede afirmarse que la aplicacion de la detenciOn preventiva esta condicionada a la verification -concurrente, no alternativade los mismos presupuestos materiales, a saber: Por una parte, el denominado estado de sospecha fund ada, constituido por la acreditaciOn de la materialidad del delito y por la probable atribuciOn de responsabilidad al imputado; por otra, el concerniente a la urgencia de conjurar los riesgos que la libertad del imputado representa para la comunidad o las victimas y para la indemnidad del proceso penal (riesgos de fuga o de obstruction probatoria)2. Finalmente, para la Sala es claro que con la aplicaciOn beneficiosa del paragrafo 1° del art. 307 de la Ley 906 de 2004, modificado por el art. 1° de la Ley 1786 de 2016, a procesos penales tramitados por la Ley 600 de 2000 no se afecta la estructura del esquema procesal diseriado en este ultimo COdigo de Procedimiento Penal. En efecto, al tratarse de una medida cautelar, accesoria al proceso, la aplicacion de la detenciOn preventiva de ninguna manera tiene que ver con los rasgos estructurales que caracterizan el curso de la investigaciOn y Sobre el particular, cfr. ARMENTA DEU, Teresa. Lecciones de Derecho Procesal Penal. Barcelona: Marcial Pons, 2003, pp.193-195 y SANGUINE, Odone. Prision provisional y derechos fundamentales.

Valencia: Tirant lo Blanch, 2003, pp. 89 y 96-97.

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MUSA BESAILE FAYAD LEY 600 DE 2000 el juzgamiento en uno u otro esquema procesal. En el mejor lenguaje procesalista, la medida de aseguramiento tiene una naturaleza incidental que difiere del objeto mismo del proceso penal -la determinaciOn de la responsabilidad penal de un individuo-. Es un apendice, y por ello, su aplicacion no estd en capacidad de trastocar las bases fundamentales, caracteristicas y diferenciadoras de un determinado modelo de enjuiciamiento penal. Desde una perspectiva constitucional (art. 250-1), las medidas de aseguramiento sirven al logro de los cometidos asignados al derecho penal, en tanto instrumento de protecciOn -de ultima ratiode bienes juridicos, y persiguen, en concreto, el aseguramiento de la comparecencia al proceso, la conservaciOn de la prueba y la proteccion de la comunidad. Estas finalidades han de conseguirse al margen de las formas propias y la tendencia asignada a la investigacion o al juzgamiento. De ahi que la teleologia asignada a la detenciOn preventiva sea la misma en las Leyes 600 de 2000 (art. 355) y 906 de 2004 (art. 296). Lo que varia, entonces, es la regulaciOn especifica de las medidas cautelares personales en una u otra codificaciOn procesal penal. Y dentro de esa regulaciOn, como se expuso en precedencia, el establecimiento de un limite maxim° de vigencia de la detencion es manifestaciOn de la aarantia fundamental u derecho humano a ser juzgado

dentro de un plazo razonable o ser puesto en libertad. Por consiguiente, debiendo hacer parte del debido proceso cautelar, la norma que fija ese plazo y asigna una consecuencia juridica a su incumplimiento no es una instituciOn propia o privativa del esquema de investigacion y juzgamiento acusatorio-adversarial desarrollado por la Ley 906 de 2004, por lo que su aplicaciOn retroactiva a situaciones gobernadas por la Ley 600 de 2000 de ninguna manera resquebraja el "sistema mixto" previsto en esta Ultima codificaciOn. De suerte que, por las anteriores razones, el paretgrafo 1° del art. 307 de la Ley 906 de 2004, modificado por el art. 1° de la Ley 1786 de 2016, es del todo aplicable a procesos regidos por la Ley 600 de 2000. Por tratarse de un derecho fundamental de toda persona investigada o juzgada penalmente con privaciOn de su libertad personal, los plazos establecidos en la norma rigen para ambos procedimientos. Ahora, si bien la referida norma menciona al juez de control de garantias como competente para sustituir la medida de aseguramiento por vencimiento del termino maximo de vigencia de la detencion preventiva, ello no es razon suficiente para predicar la imposibilidad de aplicaciOn retroactiva a procesos tramitados por la Ley 600 de 2000. La competencia recaeret, segitn la fase procesal, en el fiscal o en el juez de la causa. Pagina 15 de 35

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De otro lado, la inexistencia de medidas de aseguramiento no privativas de la libertad en la Ley 600 de 2000 (art. 356 inc. 1°) tampoco es Obice para impedir la limitaciOn de la vigencia de la detencion preventiva -establecida en la Ley 906 de 2004en dicha codificacion. Al respecto, tambien la Corte tiene definido que, en virtud del principio de favorabilidad, es dable aplicar las medidas de aseguramiento previstas en el art. 307 lit. b) de la Ley 906 de 2004 a procesados investigados o juzgados bajo los ritos procesales de la Ley 600 de 2000 (cfr. entre otras CSJ AP 10 oct. 2012, rad. 29.726). Bien se ve, entonces, que contrario a lo expuesto por el Procurador Judicial II, las disposiciones de la Ley 1786 de 2016, en cuanto a la determinacion legal del plazo maxim° para investigar y juzgar con privaciOn de libertad, asi como en relaciOn con la figura de la sustituciOn de la detenciOn, por superacion de dicho termino, deben ser aplicables a procesos penales gobernados por la Ley 600 de 2000. Tales razones no pueden, sin aids, ser desconocidas en el presente caso ni mucho menos constituir un supuesto de impedimento en la acciOn constitucional, pues la decisiOn CSJ AP4711 del 24 de Julio de 2017 constituye un referente de obligatoria consideraciOn por los jueces, dictado por la Corte en ejercicio de su funcion de unificaciOn jurisprudencial, para determinar los contornos especificos de aplicaciOn -general y abstractade las normas en cuestion, que el juez de

tutela ha de considerar para establecer si en el caso bajo andlisis efectivamente existiO vulneraciOn del debido proceso. Ahora bien, en el plurimencionado auto, la Sala de CasaciOn Penal no discurrid sobre la figura de la prOrroga del termino mciximo de vigencia de la detenciOn preventiva, aspecto medular para la soluciOn del presente asunto de relevancia constitucional. A ello procede enseguida la Sala"3. 2.3. Asi las cosas, el instituto de sustituci6n de la medida de aseguramiento privativa de la libertad podria aplicarse en este caso a MUSA BESAILE FAYAD, a pesar de que esta siendo procesado por el rito de la Ley 600 de 2000. No obstante, no se cumple el segundo presupuesto establecido en la norma, esto es, que el sindicado este 3 STP16906, de 18 de octubre de 2017, rad. 94.564. En el mismo sentido AP4711 de 24 de julio de 2017, rad. 49.734 y AEP 00110 de 23 de sept. de 2021, Rad. 51.087. Pagina 16 de 35

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MUSA BESAILE FAYAD LEY 600 DE 2000 fisicamente privado de la libertad en esta actuaciOn. En efecto, como lo ha sostenido la Sala de Casacion, en criterio que acoge esta Sala Especial4, "el espiritu de la Ley 1760 de 2015 es «reforzar el use excepcional de la medida de aseguramiento en el proceso penal, mediante introducciOn de limites materiales a la imposiciOn de la prision preventiva y la fijaciOn de terminos

mevcimos de duraciOn, tanto en cada una de las fases del proceso (...,...) como en general para todo el trdmiteo. Y afirma, a partir de un metodo histOrico de interpretaciOn que el referente inicial para la aplicaciOn de la Ley 1760 de 2015 en concordancia con la Ley 1786 de