CSJ - Sentencia AEP156-2022(50901)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Especial de Primera Instancia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS

Magistrado Ponente AEP 156-2022 Radicación N” 50901 Aprobado Acta Extraordinaria No. 124 Bogotá D.C., seis (06) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

I. ASUNTO Decide la Sala las postulaciones probatorias formuladas por las partes en la audiencia preparatoria, dentro del juicio que se adelanta en contra de VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA, ex Gobernador del Departamento de Caquetá.

II. HECHOS E IMPUTACIÓN JURÍDICA Conforme al escrito de acusación se atribuye al procesado la comisión de un concurso homogéneo y sucesivo de cinco delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, uno de peculado por apropiación en favor de terceros y cinco delitos de falsedad ideológica en documento público en concurso Página 1 de 96

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VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Ley 906 de 2004 heterogéneo y sucesivo, consagrados en los articulos 31, 286, 397 y 410 del Código Penal en su orden, con la circunstancia genérica de menor punibilidad del numeral 1 del artículo 55 y la de mayor punibilidad del numeral 9% del artículo 58 del Código Penal; por la suscripción de los convenios 024 y 037 de 2012 y los contratos de cooperación 117 y 229 de 2012 y 009

de 2013. En cuanto a los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales: La Fiscalía Delegada atribuye la ocurrencia de la conducta punible por la inobservancia de los requisitos legales esenciales en el trámite de los cinco negocios jurídicos. En forma coincidente en los convenios 024 y 037 y los contratos 117 y 229 de 2012, señala la ocurrencia de las irregularidades que se relacionan a continuación:

1. Se omitió la realización de estudios de conveniencia que justificaran la necesidad de celebrar los negocios con una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro.

2. No se evaluó la idoneidad de los cooperantes frente a la ejecución de proyectos similares, ni se documentó por escrito el perfil y la experiencia de manera motivada.

3. No se exigió formulario firmado y bajo juramento, que relacionara la información de actividades similares ejecutadas, resultados obtenidos, capacidad técnica y administrativa, y demás aspectos que acreditaran su idoneidad.

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VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Ley 906 de 2004 4, No se especificó el tiempo de constitución de las contratistas.

5. No se analizó la exclusión prevista en el numeral 5 del artículo 2? del Decreto 777 de 1992, de no realizarse contratos de los señalados en el inciso 2 del artículo 355 Superior, cuando tengan por objeto desarrollar un proyecto específico por cuenta de la entidad pública.

6. Las personas jurídicas con quienes suscribieron los negocios jurídicos no aportaron los recursos para la unión de

esfuerzos, por el contrario recibieron sumas de dinero de la Administración Departamental. De las irregularidades en particular de cada contrato:

1. En el convenio 024 de 2012.

Contratista: Misión Verde Amazonía: Corporación para el desarrollo sostenible y mitigación del cambio climático.

Fecha: 30 de septiembre de 2012.

Plazo: 6 meses.

Valor: $123.134.000.

Objeto: Implementación de estrategias de conservación, protección y restauración ambiental en cuatro municipios de Caquetá. 1.1. Del valor del contrato ($123.134.000), el Departamento aportaría $113.134.000 y la entidad contratista solo $10.000.000 en bienes y servicios.

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VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Ley 906 de 2004 1.2. Al existir una contraprestación económica a favor de los contratantes no debió celebrarse un convenio sino un contrato. 1.3. Como con ello se desarrollaría un proyecto específico registrado en el Banco de programas y proyectos, se encontraba excluido del “tratamiento” según el Decreto 777 de 1992. 1.4. No se encontró certificación detallada de los bienes y servicios que debió aportar la entidad privada.

2. En el convenio 037 de 2012.

Contratista: Corporación Solidaria Nanyanva.

Fecha: 6 de diciembre de 2012.

Plazo: Antes del 30 de diciembre de 2012.

Valor: $27.000.000.

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para apoyo a las oportunidades

organizativas de la mujer y genero del Departamento del Caquetá. 2.1. No se incluyó cuál sería el aporte de la entidad privada. 2.2. El producto pactado se encontraba registrado dentro del plan de Desarrollo “Gobierno de las Oportunidades” y radicado en el banco de programas y proyectos, por lo que también constituía una de las exclusiones consagradas en el Página 4 de 96

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VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Ley 906 de 2004 artículo 2% del Decreto 777 de 1992, concretamente la relacionada con los contratos que de acuerdo con la ley celebre la entidad pública con otras personas jurídicas, con el fin de que las mismas desarrollen un proyecto específico por cuenta de la entidad pública, de acuerdo con las precisas instrucciones que esta última les imparta.

3. En el contrato de cooperación 117 de 2012.

Contratista: Comité Pro-carretera del municipio de Solita.

Fecha: 14 de septiembre de 2012.

Plazo: 2 meses.

Valor: $106.000.000.

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para el mantenimiento de la vía Morelia KM 20+00 a la YE de Valparaiso, del departamento del Caqueta. 3.1. Del valor del contrato ($106.000.000), el Departamento aportaría $100.000.000 y el comité $6.000.000. 3.2. Se celebró para realizar una obra descrita como “realización de la conformación mecánica de la vía en aproximadamente 24 kilómetros y reposición de afirmado en algunos sitios que presentan baches”, un contrato de obra

pública, en el cual se subcontrató maquinaria para ejecutar su objeto. 3.3. Para acreditar su idoneidad, el contratista allegó una certificación de Nestlé de Colombia en la cual se hizo referencia al aporte que esta empresa realizó de unos galones de ACPM Página 5 de 96 — PRIMERA INSTANCIA 50901 VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Ley 906 de 2004 como auxilio para la recuperación y mantenimiento de una vía del departamento, y haber otorgado crédito a unos ganaderos por valor de $45.393.100, lo que nada tenía que ver con el objeto a contratar.

4. En el contrato de cooperación 229 de 2012.

Contratista: Corporación Internacional para el Desarrollo de la Adolescencia y la Juventud “CIDJU”.

Fecha: 11 de diciembre de 2012.

Plazo: Entre el 11 y el 24 de diciembre de 2012.

Valor: $20.800.000.

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos para ejecutar el proyecto de asistencia integral para la población juvenil del Departamento de Caquetá. 4.1. Del valor del contrato ($20.800.000), el departamento aportaría $18.000.000 y la corporación $2.800.000 en especie, que corresponderían a los honorarios del coordinador del proyecto. 4.2. Se trató de un proyecto específico del gobierno departamental que hacía parte de “Asistencia Integral para la Población Juvenil del Departamento del Caquetá” e integraba el Plan de Desarrollo “Gobierno de Oportunidades”, radicado en el banco de programas y proyectos.

5. En el convenio de asociación 009 de 2013.

Contratista: Organización Assistance International.

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VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Ley 906 de 2004

Fecha: 9 de marzo de 2013.

Objeto: Impulsar programas y actividades de interés público acordes con el plan de desarrollo departamental 20122015, relacionados con la atención de la población vulnerable, para garantizar su acceso a los programas de políticas públicas.

Este negocio, a diferencia de los cuatro anteriores, no fue suscrito por el ex Gobernador VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA, sino por los Secretarios de Salud y de Gobierno Departamental, en virtud de la delegación que éste les hiciera mediante Decreto 36 de 2013, acto administrativo que según refirió el ente fiscal el acusado efectuó para eludir su responsabilidad, habida cuenta que por los negocios anteriores la Contraloría ya había compulsado copias penales en su contra. Como irregularidades en la celebración del convenio señala las siguientes: 5.1. Antes de la elaboración de los estudios previos el acusado ya había seleccionado al contratista por recomendación de la Secretaria General del MIRA, Ana Belsu Rodríguez. 5.2. A pesar de la delegación para contratar efectuada por el exgobernador mantuvo el control del proceso contractual, pues a través de la circular 70 del 4 de febrero de 2013 advirtió a los secretarios de despacho y otros funcionarios, que los lineamientos específicos de la ejecución contractual del departamento debían ser trazados desde su despacho.

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VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Ley 906 de 2004 5.3. La organización contratista no demostró la capacidad técnica y administrativa para el desarrollo del objeto contratado. 5.4. Assistance International para el año 2013, no contaba con la habilitación requerida para la prestación de los servicios objeto del convenio. 5.5. Al momento de evaluar la idoneidad de la empresa contratista no se realizó su verificación en relación con los profesionales de la salud que participarían en los equipos extramurales, según lo ordenado por los articulos 10 y 18 del Decreto 777 de 1992. 5.6. Assistance International no contaba con habilitación vigente como IPS en Florencia, incumpliendo lo establecido por el artículo 56 de la Ley 715 de 2001. 5.7. No se encontró autorización del Ministerio de Protección Social o de su delegado, para que la gobernación contratara con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud por insuficiencia de las Empresas Sociales del Estado. 5.8. La contratista no demostró su reconocida idoneidad, entendida como la experiencia con resultados satisfactorios que acreditaran su capacidad para realizar el objeto convenido. 5.9. Los certificados de disponibilidad presupuestal y los conceptos presupuestales y financieros, indicaban que los recursos estaban dirigidos a la contratación de talento hamano Página 8 de 96 — PRIMERA INSTANCIA 50901

VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Ley 906 de 2004

que desarrollaría actividades operativas, lo cual se aparta del objeto de atención de servicios de salud contratados. 5.10. Los 18 registros presupuestales constituidos por valor de $6.243.550.489, para los aportes de la gobernación al convenio se obtuvieron del sistema general de participaciones en salud ($45.930.750.489), de ingresos corrientes de libre destinación ($71.800.000) y de ingresos corrientes con destinación específica —rentas cedidas- ($241.000.000). 5.11. El objeto del convenio era una fachada, pues el dinero fue destinado al pago de honorarios y salarios de trabajadores y contratistas del negocio jurídico, vinculados a la gobernación meses antes de la suscripción y pertenecientes al movimiento político MIRA y a un grupo religioso que apoyaron la candidatura del procesado. 5.12. No se efectuó supervisión sobre la inversión de los

TECUTSOS,.

En cuanto al único cargo por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros: De conformidad con el informe contable del 20 de julio de 2015, elaborado por la funcionaria de la DIJIN Deicy Lucely Herrera Guevara y la evaluación efectuada en actuación especial AT40 por la Contraloría General de la República, refirió la Fiscalía que de los $6.243.550.489 que se dispusieron como aportes de la Gobernación de Caquetá en el convenio 009 de 2013 se desembolsaron $5.671.098.558,80, de los cuales $3.339.647.412 fueron usados en beneficio de personal del Página 9 de 96

, PRIMERA INSTANCIA 50901

VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Ley 906 de 2004 representante legal de Assistance International, en traslados internacionales, pagos de créditos y otros asuntos ajenos a la inversión en servicios de salud, con lo que particulares se apropiaron de dichos recursos incluso antes de que el convenio fuera suscrito, constituyendo un detrimento patrimonial del Estado.

3. En cuanto a las conductas punibles de falsedad ideológica en documento público: Al consignarse en los documentos contractuales que las entidades privadas cumplían con la exigencia legal de la reconocida idoneidad, tal afirmación resulta contraria a la verdad según los términos establecidos en el Decreto 777 de 1992, situación que determina la incursión en el delito de falsedad ideológica en documento público.

I. ACTUACIÓN PROCESAL Tras superarse la audiencia de acusación el 3 de septiembre de 2020, se realizó la vista preparatoria dentro de la cual la Fiscalía y el defensor del acusado demandaron la práctica de pruebas, con oposición entre las partes, además, se aprobó la estipulación acordada.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia Página 10 de 96

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VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Ley 906 de 2004

La Sala es competente para conocer de este juicio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3% del Acto Legislativo n.” 001 de 2018, modificatorio del 235-5 de la Constitución Política.

En efecto, el fuero de juzgamiento a que alude el numeral 5% de esta última disposición, es una garantia de carácter constitucional que obliga a un procesamiento especial radicado en determinados operadores jurídicos y de la cual se goza desde el momento en que se asume el cargo, esto es, basta con que solo se compruebe la vinculación con el cargo para que proceda el adelantamiento de la investigación y juzgamiento por los funcionarios judiciales especiales!. En lo que respecta a VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA para la época de ocurrencia de los hechos se desempeñaba como Gobernador del Departamento de Caquetá, lo cual determina que la competencia para adelantar el juicio y proferir la determinación que corresponda frente al pedimento probatorio de las partes a esta Sala, por cuanto las conductas atribuidas guardan relación con las funciones desempeñadas en el ejercicio del cargo.

2. Aspectos Generales Los artiículos 357 y 372 a 376 de la Ley 906 de 2004, señalan los lineamientos concernientes a la solicitud, producción y controversia probatoria en el juicio oral, autorizando al juez el decreto de los medios de prueba destinados a demostrar la teoría del caso de cada parte, por lo 1 CSJ SP, 11 jul. 2012, Rad. 39218.

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VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Ley 906 de 2004 que estas tienen la obligación de evidenciar su pertinencia y utilidad2?, en correlación con los hechos juridicamente relevantes de la acusación. En este orden, el artiículo 357 de la Ley 906 de 2004,

prescribe que en la audiencia preparatoria el juez escuchará las solicitudes probatorias elevadas por la Fiscalia y la defensa para sustentar sus pretensiones, y deberá decretar solo aquellas que se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en los artículos 375 y 376 del mismo Código Procesal Penal. “Pertinencia. El elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse, directa o indirectamente, a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta punible y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando sólo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito”. “Admisibilidad. Toda prueba pertinente es admisible, salvo en algunos de los siguientes casos: a) Que exista peligro de causar grave perjuicio indebido; b) Probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto, o exhiba escaso valor probatorio, y c) Que sea injustamente dilatoria del procedimiento”. Presupuestos cuyo contenido y alcance de tiempo atrás ha definido la jurisprudencia, de la siguiente manera: “La conducencia, supone que la práctica de la prueba solicitada es permitida por la ley como elemento demostrativo de la materialidad de la 2 AEP-010-2020, rad. 50618. Página 12 de 96

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VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA

Ley 906 de 2004 conducta investigada o la responsabilidad del procesado”. La pertinencia, apunta no únicamente a su relación con el objeto de investigación y debate, sino a que resulte apta y apropiada para demostrar un tópico de interés al trámite. La racionalidad del medio probatorio, tiene que ver con la viabilidad real de su práctica dentro de las circunstancias materiales que demanda su realización. Y, la utilidad de la prueba, se refiere a su aporte concreto en punto del objeto de la investigación, en oposición a lo superfluo e intrascendente”. Es incontrastable, entonces, que de no cumplir con estas condiciones, es deber legal del funcionario judicial excluir, rechazar o inadmitir el medio de prueba solicitado, según sea el caso y, admitir únicamente aquellos que sean pertinentes y útiles, es decir, los que aludan directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativas a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o responsabilidad del acusado, o cuando sólo sirven para hacer más o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionadas, o se refieran a la credibilidad de un testigo o de un perito, o a los hechos que proponga la defensa cuando opta por una teoría fáctica alternativa; y tengan la potencialidad de acreditar o enervar alguno de los ingredientes del tema a probar. Ahora, toda prueba pertinente es admisible, como se vio, salvo que exista peligro grave de causar perjuicio indebido, probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto, o proyecte escaso valor probatorio, o que

3 CSJ. SCP. Rad. 37198 de agosto 24 de 2011 y Rad. 39747 de octubre 17 de 2012, entre otras.

+ CSJ AEP-010-2020, Rad. 50618.

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VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Ley 906 de 2004 sea 1gualmente dilatoria del procedimiento”. Como se expresó en pretérita decisión de esta Salaó, conviene destacar el carácter adversarial del sistema oral de enjuiciamiento consagrado en la Ley 906 de 2004 y, al mismo tiempo señalar que la actividad probatoria es rogada y, por lo tanto, es a las partes a quienes corresponde la carga de sustentar las razones de pertinencia del medio de prueba. “Así, la Sala considera razonable que la parte que solicita la prueba debe explicar su pertinencia, y que la excepcional falta de conducencia debe ser alegada por quien considere que el medio probatorio elegido está prohibido por el ordenamiento jurídico, o que existe una norma que obliga a probar ese hecho en particular con un determinado medio de prueba. De la misma manera debe procederse cuando se alegue que la prueba solicitada por la parte carece de utilidad. No significa lo anterior que se pretenda eliminar del debate procesal lo atinente a la conducencia y utilidad. Por el contrano, todo apunta a que en los casos donde ello sea necesario se realice un análisis profundo, a partir de la cabal comprensión de estos conceptos. De esta manera puede lograrse un punto de equilibrio entre la necesaria y reclamada celeridad del trámite y la profundidad de los

debates jurídicos cuando a los mismos haya lugar. Lo explicado en precedencia no va en contravía de lo expuesto por esta Corporación en torno a la obligación que tienen las partes de explicar la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba. Sólo se aclara que la explicación de pertinencia es requisito para que el juez pueda decretar la prueba, y que las explicaciones sobre conducencia y utilidad deberán expresarse cuando se presente un debate genuino sobre estas temáticas. Por demás, se aplica la regla general atrás enunciada sobre la admisibilidad de la prueba pertinente, salvo que se presente alguna de las excepciones previstas en la ley.” Ahora, la libertad probatoria no es absoluta pues el sistema obliga a la exclusión de aquellos medios de prueba 5 CSJ AEP-010-2020, Rad. 50618. 5 CSJ. AEPOGS 1 jul. 2020, Rad. 50753. 7 CSJ, AP, rad. 46153 de 30 de septiembre de 2015. Página 14 de 96

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VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Ley 906 de 2004 obtenidos con violación de garantias fundamentales (artículos 23, 359 y 455 Ley 906 de 2004), o los practicados, aducidos u obtenidos con violación de los requisitos formales previstos legalmente (artículo 360 ibidem). En ese orden, el canon 359 ejusdem dispone que las partes y el Ministerio Público pueden solicitar en esa diligencia la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba. De igual forma, la víctima también está facultada para realizar este tipo de postulaciones, acorde con lo indicado por

la Corte Constitucional en la sentencia C-209 de 2007. Superada esta etapa, al juez le corresponde conforme a lo consagrado en el precepto 360 ibidem excluir la práctica o aducción de los medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en el Código de Procedimiento Penal. Para ese efecto, el juzgador debe habilitar un espacio para que se suscite entre las partes la correspondiente controversia, lo cual garantiza que el interesado que pretenda aducir la prueba cuente con la oportunidad, si es del caso, de refutar o desvirtuar a través de los medios de convicción que estime necesarios, la alegación de su contraparte. En efecto, la jurisprudencia ha señalado que: “(...) para resolver sobre la exclusión de evidencias, las partes y el Juez deben tener suficiente claridad sobre lo siguiente: (i) las pruebas sobre las que recae el debate, tanto las que tienen relación directa $ Cfr. AP136, 26 enero de 2022, Rad, 59986. Página 15 de 96

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VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Ley 906 de 2004 con la violación de los derechos o garantías, como las derivadas de las mismas; (li) cuál es el derecho o la garantía que se reputa violada; (iti) cuando el derecho o la garantía tenga varas facetas, debe especificarse a cuál de ellas se contrae el debate, como es el caso, por ejemplo, con el derecho a la intimidad, que abarca la domiciliaria, la personal, frente a las

comunicaciones, etcétera; fiv) en qué consistió la violación, verbigracia, si se trasgredió la reserva judicial, la reserva legal o el principio de proporcionalidad; (u) debe establecerse el nexo de causalidad entre la violación del derecho o garantía y la evidencia, lo que se deriva sin duda alguna de lo dispuesto en los artículos 29 de la Constitución Política y el 23 de la Ley 906 de 2004 en el sentido de que la exclusión opera si la prueba Jfue obtenida con violación de las garantías fundamentales. Tal y como sucede con la solicitud de rechazo por no descubrimiento, a que se aludió en el numeral anterior, los debates sobre exclusión, en los términos previstos en las normas atrás referidas, tienen una específica base fáctica, que, igual, es sustancialmente diferente de los hechos que conforman el tema de prueba en lo que atañe a la responsabilidad penal. En esencia, en los casos de exclusión se trata de dilucidar los aspectos referidos en precedencia, entre los que se destacan la trasgresión de las garantías fundamentales y el nexo causal entre esta y las evidencias cuya exclusión se pretende. (...) De lo anterior se desprende que el Juez no puede tomar la decisión de exclusión sin que se genere el escenario procesal para adelantar el respectivo debate, porque ello puede afectar gravemente los derechos de la parte que pretende aducir la prueba, o de la que asegura que la misma se obtuvo a través de la violación de derechos fundamentales. Ello no implica, según se anotó, adelantar trámites interminables, contrarios a la rectitud y eficacia de la administración de justicia. Lo que se espera es que el Juez,

en ejercicio de sus deberes y atribuciones como director del proceso, propicie un escenario dialéctico garante del debido proceso, célere y sustancial, y tome las decisiones que el ordenamiento jurídico le asigna.”” Con este trámite se busca que la circunstancia que sustenta la solicitud de exclusión de la prueba por motivos de ileegalidad o ilicitud esté debidamente acreditada. De lo contrario, no habrá lugar a imponer la «máxima sanción invalidante» a la prueba como se ha definido jurisprudencialmente a este tipo de decisiones!'. 9 CSJ AP, 7 Mar. 2018, Rad. 51882. Reiterada en providencia CSJ AP, 11 abr. 2018, rad. 52.320. 10 Cfr, CSJ AP2901-2019, rad. 55136, Página 16 de 96

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VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Ley 906 de 2004

De otra parte, oportuno resulta destacar que los documentos públicos que sean decretados como prueba, en la medida que gozan de presunción de autenticidad conforme a lo previsto en el artículo 425 de la Ley 906 de 2004, podrán ser ingresados directamente por la parte interesada de acuerdo con las directrices señaladas por la Corte, en procura de los principios de eficacia y celeridad del sistema.

3. ESTIPULACIONES PROBATORIAS Las partes acordaron dar por probados y por ende excluir de cualquier debate, que VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA se desempeñaba en el cargo de Gobernador del Departamento de Caquetá al momento de la ocurrencia de los hechos por los

cuales fue acusado, que fue elegido por el periodo 2012 — 2015 con el aval del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta MIRA y tomó posesión del cargo el 31 de diciembre de 2011, el cual ejerció hasta el 14 de julio de 2014. Tal estipulación fue aprobada por la Sala.

4. DECISIÓN DE LAS SOLICITUDES PROBATORIAS La Sala procede a pronunciarse respecto de las pruebas solicitadas por la Fiscalía y la defensa técnica en el curso de la primera sesión de la audiencia preparatoria, siendo necesario precisar que para un mejor entendimiento de la decisión la resolución de su admisión o inadmisión se adoptará junto con la definición de las oposiciones presentadas por partes e intervinientes en el orden que estas fueron deprecadas.

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VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Ley 906 de 2004 4.1.- La Fiscalía Los elementos materiales probatorios, evidencias y medios de prueba solicitados por el ente acusador, se admitirán siempre que tengan relación directa o indirecta con los hechos o circunstancias relativos a la comisión de las conductas punibles imputadas en la acusación, asi como frente a la hipotética responsabilidad del acusado, acorde con las normas correspondientes del Código de Procedimiento Penal, especialmente lo consignado en el artículo 375. 4.1.1. Pruebas documentales decretadas a la Fiscalía 4.1.1.1. Minuta del contrato de cooperación 117 de 2012, suscrita el 14 de septiembre de 2012 por VÍCTOR ISIDRO

RAMÍREZ LOAIZA y Gonzalo García Quintero. 4.1.1.2. Resolución 001265 de 14 de septiembre de 2012, mediante la cual se justifica el contrato de cooperación a celebrarse con el Comité Pro-carretera. 4.1.1.3. Certificación de 23 de agosto de 2012, suscrita por Álvaro Raúl Parra Erazo, Secretario de Planeación Departamental de Caquetá sobre el Banco de Proyectos. 4.1.1.4. Minuta del convenio 0024 de 2012, suscrita el 30 de septiembre de 2012, por VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA y Wilmer Herrera Valencia. Página 18 de 96

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VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Ley 906 de 2004 4.1.1.5. Resolución 001339, de 28 de septiembre de 2012, por la cual se justifica un proceso de contratación directa con

Misión Verde: Corporación para el Desarrollo Sostenible y Mitigación del Cambio Climático. 4.1.1.6. Certificación de 9 de julio de 2012, suscrita por Álvaro Raúl Parra Erazo, Secretario de Planeación Departamental de Caquetá sobre el Bando de Proyectos. 4.1.1.7. Minuta del convenio 037 de 2012, suscrita el 6 de diciembre de 2012, por el acusado y Martha Inés Alarcón

Carrera. 4.1.1.8. Resolución 007437 sin fecha legible, mediante la cual se justifica adelantar el proceso de contratación con la

entidad sin ánimo de lucro Corporación Solidaria Nanyanva. 4.1.1.9. Certificación de 22 de octubre de 2012, suscrita por Álvaro Raúl Parra Erazo, Secretario de Planeación Departamental sobre el Banco de Proyectos en relación con el código 201220180010142 4.1.1.10. Minuta del contrato de cooperación 229 de 2012, suscrita por el procesado y Dani Samir Narváez Saavedra. 4.1.1.11. Resolución 007438 sin fecha legible, mediante la cual se justifica adelantar el proceso de contratación con entidad sin ánimo de lucro. 4.1.1.12. Certificación de 22 de octubre de 2012, suscrita Página 19 de 96

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VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA Ley 906 de 2004 por Álvaro Raúl Parra Erazo, Secretario de Planeación Departamental, sobre el banco de proyectos en relación con el código 201220180010141. 4.1.1.13. Plan de desarrollo 2012 - 2015 Caquetá: gobierno de las oportunidades del 26 de mayo de 2012. Estas pruebas serán decretadas ante su evidente pertinencia, porque con ellas la Fiscalía aspira demostrar la existencia de cuatro de los cinco actos contractuales cuestionados al ex Gobernador VÍCTOR ISIDRO RAMÍREZ LOAIZA, el contenido de su clausulado, los fundamentos jurídicos y fácticos, las obligaciones de las partes, el valor, el plazo y el objeto; además de los argumentos que justificaron su

celebración, los criterios tenidos en cuenta al momento de evaluar la idoneidad de los contratistas, y que los proyectos se encontraban registrados en el banco de proyectos del departamento, condición que los excluía de los mnegocios jurídicos de interés público previstos por el artículo 355 Superior y el Decreto 777 de 1992. 4.1.1.14. Estudio previo para celebrar un contrato de cooperación o asociación entre el comité pro-carretera, fechado el 14 de septiembre de 2012, suscrito por el procesado y Herley Suárez Cuellar. 4.1.1.15. Estudio previo para celebrar un convenio con Misión Verde Amazonía: Corporación para el desarrollo sostenible y mitigación del cambio climático, persona juridica de derecho privado sin ánimo de lucro, de 30 de agosto de 2012, suscrito por el procesado y Alina Vanesa Aguilar.

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