CSJ - Sentencia SEP00046-2022(28016)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Especíal de Primera Instancia

BLANCA NÉLIDA BARRETO ARDILA

Magistrada Ponente SEP 00046-2022 Radicación N 28016 Aprobado mediante Acta No. 41 Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril dos mil veintidós (2022). Procede la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a proferir sentencia en el proceso que bajo la Ley 600 de 2000 se adelanta en contra del doctor JULIO EUGENIO GALLARDO ARCHBOLD, acusado en su otrora condición de Presidente de la Cámara de Representantes, como autor del delito de peculado por apropiación en concurso homogéneo y sucesivo. Página 1 de 93 Radicación 28016

JULIO EUGENIO GALLARDO ARCHBOLD Ley 600 de 2000

1. SITUACIÓN FÁCTICA Por medio de un escrito anónimo se denunciaron presuntas irregularidades cuando JULIO EUGENIO GALLARDO ARCHBOLD fungió como Presidente de la Cámara de Representantes, durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2005 y el primero de 2006, referidas a la excesiva contratación de servicios profesionales para cumplir tareas propias de la planta de personal de la entidad generando la apropiación de dineros estatales.

Específicamente, los contratos objeto de reproche por parte de una Sala de Instrucción de la Sala de Casación Penal fueron los siguientes: Nombre del contratista Contrato Cuantía Herman Salas Quin 01-06 $83.520.000

Olger Oliver Jaimes Celemín 265-05 $8.000.000 059-06 $12.834.000 Maricela Reyes Narváez 382-05 $20.000.000 10-06 $12.000.000

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO JULIO EUGENIO GALLARDO ARCHBOLD se identifica con la cédula de ciudadanía No. 15.241.850 de San Andrés, hijo de Adalberto de Jesús Gallardo Flórez y Eugenia Archbold Taylor, nacido el 3 de abril de 1956 en San Andrés Islas, abogado de profesión, con especialización en derecho Página 2 de 93

Radicación 28016 JULIO EUGENIO GALLARDO ARCHBOLD Ley 600 de 2000 procesal. Se ha desempeñado en varias legislaturas como Representante a la Cámara por la circunscripción electoral de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, entre ellas, en el periodo constitucional 2002-2006.

3. ANTECEDENTES PROCESALES 3.1 Etapa de investigación Por tratarse de hechos acaecidos antes del 29 de mayo de 2008 no le era aplicable el Acuerdo 01 de 19 de febrero de 2009 de la Corte Suprema de Justicia —publicado en el diario oficial 47272 de 23 de febrero de 2009—, que escindió al interior de la Sala Penal las funciones de investigación y juzgamiento, en cumplimiento del fallo C-545 de 2008, razón por la cual conocieron todos los integrantes de la misma.

Por ello, el 13 de agosto de 2007 la Sala de Casación Penal de esta Corporación dispuso abrir investigación previa! y, tras recaudar distintos elementos probatorios, el 6 de junio

de 2012 abrió formalmente investigación en contra de JULIO EUGENIO GALLARDO ARCHBOLD?, a quién vinculó mediante indagatoria el 11 de abril de 20133, por la probable comisión del delito de peculado por apropiación en concurso homogéneo, y mediante providencia de 23 de julio de 2014 le ! Fls. 19 ss., cuaderno principal CSJ N. 1. 2 Fls. 1 ss., cuaderno principal CSJ N 3. 3 Fls. 125 ss., cuaderno principal CSJ N 3. Página 3 de 93 Radicación 28016 JULIO EUGENIO GALLARDO ARCHBOLD Ley 600 de 2000 resolvió situación jurídica absteniéndose de imponerle medida de aseguramiento. Previamente, a través de auto de 17 de noviembre de 2010 fue admitida la Cámara de Representantes como parte civil>, y por decisión de 29 de mayo de 2013 en la misma calidad la Contraloria General de la República“. Clausurado el ciclo instructivo”, mediante decisión de 16 de diciembre de 2015 fue calificado el mérito del sumario con resolución de acusación en contra del sindicado como probable autor del delito de peculado por apropiación en concurso homogéneo y sucesivo, consagrado en el artículo 397, incisos 1% y 3 del Código Penals$, decisión que adquirió firmeza el 16 de marzo de 201069, 3.2 Resolución de acusación Para la Sala Penal, los contratos suscritos por el procesado, como Presidente de la Cámara de Representantes, y ordenador del gasto, con Herman Salas Quin, Olger Oliver

Jaimes Celemin y Maricela Reyes Narváez eran innecesarios, pues no se demandaba de estos profesionales conocimientos especializados y tales labores podían haber sido realizadas por el personal de planta de dicha Corporación, denotando Fls. 17 ss., cuaderno principal CSJ N 4. 5 Fls. 12 ss., cuaderno parte civil Cámara de Representantes. 6 Fls. 18 ss., cuaderno parte civil Contraloría General de la República. 7 Fls. 67 ss., cuaderno principal CSJ N 5. 8 Fls. 136 ss., cuaderno principal CSJ N 5. 9 Fls. 224 ss., cuaderno principal CSJ N 5. Página 4 de 93 Radicación 28016 JULIO EUGENIO GALLARDO ARCHBOLD Ley 600 de 2000 así que con su comportamiento GALLARDO ARCHBOLD contrarió la política de racionalización del gasto público generando un detrimento al patrimonio estatal. En sustento señaló que por regla general la función pública se presta por los empleados pertenecientes a la entidad pública correspondiente, y solo por excepción se permite que personas externas cumplan algunas actividades de la administración, cuando no se pueda realizar con el personal de planta o se trate de tareas que requieran de conocimientos especializados de carácter profesional, técnico o científico, que no se supla con los servidores de la entidad. i) Contratación con Maricela Reyes Narváez Estimó que las labores desarrolladas por la contratista fueron meramente asistenciales y no intelectuales, como lo develaban sus informes, acerca de la revisión y foliación de

hojas de vida, examen de certificaciones laborales, de pensiones y cesantías, elaboración de oficios, planillas y carpetas de nuevos funcionarios, entrega de carnés, entre otras, actividades que, además de no implicar conocimientos especializados, eran desarrolladas por los funcionarios de planta, según lo previsto en el Estatuto de Administración de Personal de la Cámara de Representantes, Resolución MD 137 de 1992, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 5“ de la misma anualidad. Página 5 de 93 Radicación 28016

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Que ello era patente incluso en la obligación de la contratista de incluir información en el sistema Kactus, pese a que la defensa afincó la necesidad aduciendo que esa labor resultaba imperiosa para cumplir con las exigencias legales del Sistema General de Información Administrativa -SUIP-, pues dicha tarea no requería conocimientos especializados ni era imposible de cumplir con el personal de planta. Cuestionó las explicaciones de la defensa y las declaraciones de testigos como Jesús Pinzón, Hermes Tafur y José Tony Bermeo relativas a que, antes de la vinculación de Maricela Reyes a la Cámara de Representantes, en el sistema Kactus solo se introducia la información de nómina y “no lo relacionado con el SUIP”, pues en su entender, del informe de experto en sistemas del CTI se desprendía que el aplicativo Kactus funcionaba tanto para nómina como para recursos humanos, máxime que según información remitida por el Jefe de División Juridica de esa célula legislativa, la exigencia relativa al SUIP se cumplia con anterioridad a la

vinculación de la mencionada profesional. ii) Contratación con Olger Oliver Celemiín Como el objeto de los contratos era “prestar sus servicios de apoyo administrativo a la Oficina de Protocolo de la Cámara de Representantes”, se planteó una tesis similar a la ya expuesta, esto es, las labores desempeñadas por él no requerian conocimientos especializados, además, no se relacionaban Página 6 de 93 Radicación 28016 JULIO EUGENIO GALLARDO ARCHBOLD Ley 600 de 2000 con un área de conocimiento como la de mercadeo y publicidad, perfil que tenía tal contratista. La Sala de Casación referenció asi las labores plasmadas en los respectivos informes del contratista, entre ellas, radicar correspondencia, colaborar en la preparación de salones para la celebración de ceremonias protocolarias, atender honras fúnebres y actividades políticas organizadas por los representantes, elaborar resoluciones de honores y reconocimientos de la condecoración de la Orden de la Democracia Simón Bolivar, generar documentación propia de la dependencia, tramitar firmas de las resoluciones expedidas durante el mes, elaborar cuadros estadísticos de condecoraciones, mociones y asistir a ceremonias protocolarias, labores todas que podían haber sido realizadas por la planta de personal adscrita a la dependencia de Protocolo, conformada por un asistente de Protocolo, una mecanógrafa, un asistente administrativo y el jefe de oficina. Por otra parte, enfatizó que el propio contratista en su declaración manifestó que su vinculación a la Cámara de Representantes se habia dado a través del Congresista Jairo

Díaz, lo cual denotaba que tal contratación tenía como finalidad satisfacer compromisos de orden político o personal, más no solventar una necesidad de esa Corporación. Adicionalmente, reprochó que los 'honorarios cancelados al contratista hubiesen sido superiores a los Página 7 de 93 Radicación 28016 JULIO EUGENIO GALLARDO ARCHBOLD Ley 600 de 2000 sueldos de la planta de personal destinada a cumplir con las mismas labores. iii) Contratación con Herman Salas Quin Como su objeto era prestar sus servicios profesionales de abogado con el fin de asesorar a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, tras reseñar las funciones propias de esa Mesa y el contenido del artículo 19-1 de la Resolución 137 según el cual le corresponde a la División Jurídica “Asesorar en materia jurídica a la Mesa Directiva y a la Dirección Administrativa en los asuntos que sean de su competencid”, aseguró que tal contrato no tenía como finalidad la prestación de servicios en una especial área de conocimiento que no pudiera obtenerse con el personal de planta, cuestionando así que la contratación se hubiera llevado a cabo sin establecer diferencias con las funciones propias de la División Jurídica de la Corporación. Por otra parte, sostuvo que, previo a la celebración del contrato, el jefe de División de Personal de la Cámara certificó que existía personal suficiente en la planta asignada a la Presidencia de la Cámara para atender las necesidades y requerimientos de tal dependencia y, aun asi, el acusado celebró tal acuerdo, pues solo hasta el 12 de octubre siguiente aquél funcionario expidió una nueva certificación

en la que manifestó que había errado en la constancia anterior, por cuanto sí había déficit de personal en la aludida dependencia. Página 8 de 93 Radicación 28016

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Por lo anterior, le otorgó mayor crédito a la primera certificación en la que se advirtió la suficiencia de personal, considerando así que la contratación del señor Salas resultaba innecesaria, más aún cuando no solo el personal de planta podía realizar tal labor, sino también los asesores de la Unidad de Trabajo Legislativo del acusado. En suma, concluyó que en contravía del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la contratación censurada no estaba orientada a atender las necesidades del servicio y el cumplimiento de las funciones de la entidad, sino, por el contrario, a satisfacer intereses políticos, como en el caso de Olger Oliver Celemin; recomendaciones del Jefe de División de Personal, José Tony Bermeo Bermeo, como aconteció con Maricela Reyes Narváez; o por la cercanía entre el acusado y contratista en lo referente a Herman Salas Quin, aparejando la ejecución del referido concurso delictual de peculado por apropiación. 3.3 Etapa de juicio Inicialmente la adelantó también la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde tras surtir el traslado del artículo 400 de la Ley 600 de 2000, mediante decisión de 10 de octubre de 2016, al cumplirse la audiencia preparatoria negó una nulidad solicitada por el defensor, al tiempo ordenó las pruebas pedidas por el mismo sujeto

procesal y dispuso la práctica de otras de oficio!0, 10 Fls. 280 ss., cuaderno principal CSJ N 5. Página 9 de 93 Radicación 28016

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Dicha Sala instaló la audiencia pública de juzgamiento el 3 abril de 2018, diligencia en la que se interrogó al procesado y se inició la práctica probatoria, misma que tuvo que ser suspendida por la urgente realización de una Sala Plena de la Corte, según constancia!!, en tanto que el 24 de Julio siguiente remitió el diligenciamiento a esta Sala Especial de Primera Instancia, en virtud de la implementación del Acto Legislativo 01 de 2018??. Con ocasión de la Emergencia Sanitaria declarada en el territorio nacional a raiz de la pandemia del covid-19, y ante las disposiciones administrativas emanadas del Consejo Superior de la Judicatura, esta Sala mediante Acuerdo N”. 04 de 16 de marzo de 2020 dispuso suspender los términos de los procesos sin preso, medida que prorrogó, hasta que, a través del Acuerdo N”. 11 de 1 de julio de la anualidad en cita, levantó tal suspensión. También con ocasión de la renuncia del Magistrado Ramiro Marín, el despacho estuvo acéfalo desde el 11 de enero de 2020 al 26 de noviembre del mismo año. En sesiones desarrolladas el 14 de octubre, 30 de noviembre y 6 diciembre de 2021, se culminó la práctica probatoria, dando paso a los alegatos finales!.

11 Fls. 251 ss., cuaderno principal CSJ N 6. 12 Fls. 266 ss., cuaderno principal CSJ N 6. 13 Fls. 189 ss. cuaderno principal CSJ N 7; 28 ss. cuaderno principal CSJ N 8, 33 ss. Página 10 de 93 Radicación 28016 JULIO EUGENIO GALLARDO ARCHBOLD Ley 600 de 2000 3.3.1. Parte civil ¡) La apoderada de la Cámara de Representantes se abstuvo de presentar alegatos de conclusión. ) El representante de la Contraloria General de la República solicitó emitir sentencia de carácter condenatorio en contra del procesado, al estimar que celebró los contratos sin que esos servicios fueran requeridos por la Cámara de Representantes, en tanto las labores ejecutadas por los contratistas, además de no ser especializadas, correspondian a las tareas propias de la planta de personal de dicha Corporación. Que la contratación de Olger Oliver Celemin tuvo razón de ser en un favor político para el entonces congresista Jairo Diaz; la de Maricela Reyes Narváez en la recomendación del Jefe de la División de Personal, José Tony Bermeo Bermeo, y en lo que respecta a Herman Salas Quin, fueron los lazos de amistad con el enjuiciado. En lo que se refiere a la pretensión indemnizatoria, solicitó condenar al procesado al pago de perjuicios materiales y morales en la suma de $136.354.000, actualizada con base en el indice de precios al consumidor (IPC), cifra que se corresponde con los recursos apropiados en cada uno de los contratos reprochados al acusado,

además del respectivo pago por daño emergente y el lucro cesante. Página 11 de 93 Radicación 28016 JULIO EUGENIO GALLARDO ARCHBOLD Ley 600 de 2000 3.3.2. Representante del Ministerio Público Solicitó proferir sentencia absolutoria por el delito objeto de acusación sólo en relación con los contratos de prestación de servicios celebrados con Herman Salas Quin y Maricela Reyes Narváez, no así respecto de la contratación del profesional Olger Oliver Celemín, pues para ésta solicitó decisión de condena. De otro lado, en cuanto a un tema esbozado por el defensor respecto de la actuación surtida por la Sala de Casación Penal en la fase de juzgamiento pese a la expedición del Acto Legislativo 01 de 2018, señaló el representante de la Sociedad que la Corporación reafirmó su competencia ya que para el momento de la audiencia preparatoria y el inicio de la audiencia de juzgamiento no habían sido nombrados y posesionados los magistrados de las Salas Especiales, de ahí que al no tener aún eficacia tal normativa y para evitar espacios de impunidad, siguió conociendo hasta cuando fueron debidamente integradas las recién creadas Salas Especiales, sin que dicho proceder hubiese configurado alguna irregularidad que ameritara la nulidad del proceso. En segundo lugar, tocante a otro tópico planteado por el defensor por la eventual nulidad derivada de la comisión impartida para la práctica de algunas pruebas a una magistrada auxiliar de la Sala Especial de Primera Instancia,

tampoco encontró el representante del Ministerio Público configuración de irregularidad, máxime que la defensa no Página 12 de 93 Radicación 28016 JULIO EUGENIO GALLARDO ARCHBOLD Ley 600 de 2000 elevó en últimas tal pedimento, pues se limitó a presentar una constancia en diversas sesiones de la audiencia pública. Y en relación con el fenómeno de la prescripción, hi1zo énfasis en su cercano acontecer en lo que se refiere a aquellos comportamientos encuadrados en el delito de peculado por apropiación, del numeral 3” del artículo 397 del Código Penal, resaltando que esta se produciría en el segundo semestre de 2022 En cuanto a la sentencia estimatoria de absolución la acotó a lo siguiente: i) Contratación con Herman Salas Quin Estimó que la contratación se ajustó a las previsiones del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, evidenciándose justificada su vinculación como asesor jurídico de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes ante la falta de personal de planta, prestando así sus servicios profesionales de abogado. ii) Contratación con Maricela Reyes Narváez Indicó que la coexistencia sustentada de las hipótesis incriminatoria y absolutoria arroja duda razonable sobre la responsabilidad penal del procesado, la cual debe resolverse a su favor. Página 13 de 93 Radicación 28016

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Que si bien hay medios de conocimiento demostrativos que las labores por Maricela Reyes Narvaáez no fueron

necesarias, eran propias de los funcionarios de esa dependencia y no ameritaban conocimientos especiales sobre una materia específica, surge la segunda hipótesis de no ser posible atribuir responsabilidad penal al acusado en relación con esos contratos ya que se acreditó que la Cámara de Representantes fue restructurada en su personal reduciendo los cargos de 684 a 272, lo cual dio lugar a la vinculación de personal a través de contratos de prestación de servicio. Adujo que también se podría concluir que la contratación de la señora Maricela Reyes Narváez resultaba necesaria para organizar el sistema Kactus, en lo relacionado con el módulo de personal, como lo declaró Susanie Davis Brayan dando cuenta de la falta de funcionamiento del módulo de historias laborales de tal aplicativo para el momento en el que se llevó su contratación; del investigador Fabio Leonardo Herrera Pérez, autor del informe OT 3959 del 16 de agosto de 2013, que expuso, entre otras cuestiones, sobre la utilización de las credenciales del jefe del área de personal por parte de las personas encargadas de alimentar dicha sistema; de Mónica Rodríguez Álzate, quien informó de la labor de organización de la señora Reyes Narvaez y la declaración de José Tony Bermeo Bermeo, en la que relató la insuficiencia de personal en su dependencia, asi como las tareas llevadas a cabo por la referida contratista. Página 14 de 93 Radicación 28016

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Concluyó que de esa coexistencia de hipótesis afloraba duda probatoria que conllevaría a aplicar el principio in dubio

pro reo. De otra parte, solicitó emitir sentencia de condena respecto de: iii) Contratación con Olger Oliver Celemiín Porque de las pruebas se desprende que este contratista no desarrolló labores diversas a las prestadas por el personal de planta ni requerían un conocimiento especial, afirmación corroborada con la propia declaración del señor Celemin, quien reveló que sus labores estaban sometidas a lo que estuviera presto a colaborar y no a un conocimiento especializado en alguna materia. 3.8.3. Procesado Tras realizar un recuento de su labor como Representante a la Cámara y Presidente de dicha Corporación en el periodo 2005-2006, señaló que de la denuncia anónima presentada ante diversos órganos de control por los contratos celebrados en la época en la que ejerció la presidencia de tal entidad, ni la Procuraduría, la Fiscalía o la Contraloría emitieron decisiones en su contra, solo esta investigación adelantada por la Corte Suprema de Justicia, Corporación que fue inducida en error por un informe de un investigador policial que falseó la verdad y Página 15 de 93 Radicación 28016 JULIO EUGENIO GALLARDO ARCHBOLD Ley 600 de 2000 sesgó los hechos, pues para determinar los costos de los contratos no tuvo en cuenta conceptos como el IVA, ciertos factores temporales, además, relacionó de imanera incompleta documentos. De otro lado, recalcó el desacierto del Delegado del Ministerio Público sobre la interpretación de la sentencia C154 de 1997 relativa a la contratación por prestación de

servicio en entidades estatales, pues lo que consigna dicha decisión es que puede ser celebrado por el Estado en aquellos eventos en los que la función de la administración no puede ser suministrada por el personal de planta o cuando requiere de conocimientos especializados, más no se encuentra limitado al último supuesto. En tal medida, aseveró que el planteamiento del representante del Ministerio Público en lo que se refiere a la contratación de Olger Oliver Celemín, no es correcto, por cuanto la administración si podia celebrar tales contratos de prestación de servicios para suplir la insuficiencia del personal de planta. Reprochó también la intervención del apoderado de la Contraloría por limitarse a reproducir las consideraciones de la resolución de acusación, la que parte igualmente de una errónea interpretación de la sentencia C-154 de 1997. A su turno, destacó la reestructuración de la Cámara de Representantes y, en concreto, a la Ley 5 de 1992, que dio Página 16 de 93 Radicación 28016 JULIO EUGENIO GALLARDO ARCHBOLD Ley 600 de 2000 lugar a una disminución de la planta de personal, pues se pasó de tener 684 cargos a 272, lo que originó la necesidad de la contratación de servicios personales en todas las dependencias. Señaló que la contratación con Maricela Reyes Narváez fue consecuencia de la solicitud elevada por el Jefe de División de Personal, José Tony Bermeo Bermeo, al poner de presente el desorden en el que se encontraban las historias laborales, que impediía dar trámite a las múltiples peticiones

de certificaciones de tiempos de servicio, derechos de petición, así como la exigencia legal, con amenaza sancionatoria para él y el ordenador del gasto, de cumplir con la obligación de suministrar información del personal al Departamento Administrativo de la Función Pública, situación que imponía organizar y restaurar las hojas de vida, labor que desarrolló Maricela Reyes, tal y como lo señaló la Directora Administrativa de la época Susanie David, José Tony Bermeo, Hermes Tafur Jesús Pinzón y Maricela Reyes, corroborado con el dictamen pericial del ingeniero Fabio Leonardo Herrera. Destacó que, si bien el acusador ha planteado que el sistema Kactus entró a operar en el año 2002, todos los testigos son coincidentes en afirmar que lo único que entró a operar fue el módulo de nómina, más no el de información personal, el cual comenzó a funcionar con motivo de la restauración documental de las historias laborales realizada por la contratista Maricela Reyes en el año 2005. Página 17 de 93 Radicación 28016

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En cuanto a la obligación de cumplir con la incorporación de información al SUIP, el procesado manifestó su desacuerdo con la acusación, en la que se indica que tal exigencia venía cumpliéndose desde el año 2001, soportado ello con un CD suministrado por la Cámara de Representantes al respecto. En linea con lo anterior, expuso que el ingeniero Fabio Herrera consignó en su informe que en el módulo de sistema de información Kactus “de los 1980 registros recolectados, 1815

corresponden al rango de fecha entre el 8 de noviembre y el 30 de diciembre de 2005, pero en la acusación sin base probatoria se afirmó que tales registros no fueron introducidos por Maricela Reyes Narváez, sino por otras personas, dejando de lado lo declarado por el propio ingeniero Fabio Herrera, Jesús Pinzón y José Tony Bermeo, quienes afirmaron que había sido la contratista la que registró tal información. De otro lado, puso de presente la mnecesidad de contratación de Olger Oliver Celemin, pues fue elevada por el entonces Jefe de Protocolo, quien mediante oficio del 10 de agosto 2005 solicitó dos funcionarios con perfil de relacionistas públicos, con buena redacción, manejo de archivo y conocimiento del sistema, para cumplir con las funciones asignadas a esa oficina. Criticó que en la acusación se haya afirmado que la contratación de Olger Celemin obedeció a un favor al Página 18 de 93 Radicación 28016 JULIO EUGENIO GALLARDO ARCHBOLD Ley 600 de 2000 entonces congresista Jairo Díaz, pues en la declaración rendida por el propio contratista advirtió no conocerlo y en lo que respecta a la declaración del señor Diíaz afirmó que nunca recomendó tal contratación. A continuación, se refirió a un documento esgrimido por el acusador en el que, el entonces Jefe de Personal de la Cámara de Representantes, José Tony Bermeo Bermeo, certificó que existía personal suficiente en la dependencia de Protocolo de cara a la contratación de Olger Oliver Celemin, cuestionando que no se hubiese tenido en cuenta un nuevo

documento emitido por el mismo Bermeo en el que reconoció la errata cometida, por cuanto el personal de planta de la oficina de Protocolo era insuficiente para cumplir con sus labores, lo cual encuentra soporte en la declaración de Mónica Rodríguez, quien manifestó que tal error fue cometido en varias certificaciones. Recalcó que su conducta ante la Cámara de Representantes ha sido transparente. Asií mismo, que al igual que otros presidentes de la Corporación, por solicitud de cada jefe de dependencia y para garantizar la continuidad en la prestación de servicios por parte de la entidad, debió celebrar contratos de prestación de servicios, siendo el presidente que menor número de contratos suscribió. En lo que se refiere a los contratos celebrados con Maricela Reyes Narváez y Olger Jaimes Celemin, señaló que no conocía previamente a tales contratistas, ni dio Página 19 de 93 Radicación 28016 JULIO EUGENIO GALLARDO ARCHBOLD Ley 600 de 2000 instrucciones para su vinculación. Respecto a Herman Salas Quin advirtió que, si bien lo conoció como profesional del derecho, este contaba con la más alta calificación, era catedrático de prestigiosas universidades y conjuez del Consejo de Estado, entre otras calidades. En línea con lo anterior, resaltó que las distintas vinculaciones las llevó a cabo con la convicción invencible de que no había suficiente personal en la planta y que la contratación de servicios era necesaria para el cumplimiento de las funciones de la Cámara de Representante, circunstancia que deja desprovista a la acusación del elemento subjetivo, esto es del dolo, en tanto no se probó que

hubiese conocimiento y voluntad para realizar la conducta de peculado por apropiación en favor de terceros. 3.3.4 Defensor a) Solicitud de prescripción Bajo la premisa de la similitud de la diligencia de indagatoria recogida en la Ley 600 de 2000 con la formulación de imputación consagrada en la Ley 906 de 2004, asunto abordado en las decisiones SU 388/21 de la Corte Constitucional y auto de 5 de noviembre de 2021, radicación 00492 de esta Sala Especial, conclusivas que ante un cambio de sistemas procesales por adquisición o cesación de fuero por parte del sujeto pasivo de la acción penal, existía equivalencia Página 20 de 93 Radicación 28016 JULIO EUGENIO GALLARDO ARCHBOLD Ley 600 de 2000 entre ambas figuras, señaló el defensor que la diligencia de indagatoria de GALLARDO ARCHBOLD, llevada a cabo el día 10 de abril de 2013, cumplió con los requisitos de la formulación de imputación propia de la Ley 906 de 2004 y para el cómputo de la prescripción, especificamente desde su interrupción, se ha de partir de la diligencia de indagatoria, en tanto esta se equipara a la formulación de imputación, momento procesal a partir del cual se interrumpe el término prescriptivo, conforme lo dispone el artículo 86 del Código Penal. Que así, contando desde el 10 de abril de 2013, día de la indagatoria, en relación con los contratos 265 de 2005 y 059 de 2006 celebrados con Olger Oliver Celemin por

cuantías de $8.000.000 y $12.834000, respectivamente, y el contrato 010 de 2006 celebrado con Maricela Reyes Narváez por un valor de $12.000.000, la acción penal derivada del delito de peculado por apropiación se encuentra prescrita, en tanto desde tal fecha a la actualidad han transcurrido 8.78 años, mientras que la mitad del máximo de la pena prevista en el inciso 3 de artículo 397 del Código Penal, es de 6.66 años, sin que resulte aplicable el aumento punitivo de que trata el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. Y que en cuanto al contrato 01 de 2006 suscrito entre el procesado con Herman Salas Quin dijo que resulta contradictorio cuestionar su celebración, ya que la Corporación no reprochó el contrato 253 de 2005 suscrito Página 21 de 93 Radicación 28016 JULIO EUGENIO GALLARDO ARCHBOLD Ley 600 de 2000 con el mismo contratista que tenía la misma finalidad de suplir una necesidad de la entidad. En relación con la presunta desproporción de honorarios entre los contratos 253 de 2005 y 01 de 2006, explicó que la diferencia se debió a la no inclusión del concepto del IVA en el primero de ellos y a su incorporación en el segundo, por lo que, dijo, en realidad el valor pagado al contratista Salas Quin en este último caso fue de $70.556.800, en tanto se debía cancelar un IVA del 16% del valor del contrato, porcentaje que en su entender no resulta apropiable ni por el acusado ni por terceros.

Partiendo de la base de que la celebración del contrato O1 de 2006 fue necesaria, efectuó diversas operaciones matemáticas para concluir que, contrario a lo reflejado en los informes de policíia judic