CSJ - Sentencia SEP025-2022(00267)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Especial de Primera Instancia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS Magistrado Ponente SEP 025 - 2022 Radicación No. 00267 Aprobado mediante Acta Ordinaria No. 24 Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022).

1. ASUNTO Finalizada la audiencia de juzgamiento, y no observando causales de nulidad, conforme al rito de la Ley 600 de 2000, procede la Sala a dictar el fallo de primera instancia en esta causa seguida contra el ex-Gobernador de Casanare, WHITMAN HERNEY PORRAS PÉREZ, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo, tipificado en el artículo 410 del Código Penal, en consonancia con los artículos 29 y 31 ibidem, con las circunstancias de mayor punibilidad previstas en los artículos 58-1 y 58-10 ejusdem, como presunto autor responsable a título de dolo.

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2. IDENTIDAD DEL PROCESADO WHITMAN HERNEY PORRAS PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía 9.658.821 de Yopal, nacido el 20 de junio de 1972 en Popayán, edad actual 49 años, hijo de Veranio Porras (fallecido) y María Carmenza Pérez, estado civil separado de Cielo Gómez, padre de Juan Camilo Porras

Gómez, profesión economista, especialista en proyectos de desarrollo y contratación estatal, ejerció la Gobernación de Casanare desde el 23 de septiembre de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2007, por designación hecha mediante Decreto 3271 de 22 de septiembre de 2006 del Ministerio del Interior y de Justicia.

3. HECHOS Tuvo origen esta causa en las presuntas irregularidades cometidas en los convenios interadministrativos 026 de 13 de abril de 2007 y 0273 de 26 de junio de 2007, suscritos entre el Departamento de Casanare, a través del entonces Gobernador WHITMAN HERNEY PORRAS PÉREZ y la Universidad de Pamplona, representada por Alvaro González Joves, cuyos objetos consistieron en su orden, en: “aunar esfuerzos entre el DEPARTAMENTO DE CASANARE y LA UNIVERSIDAD

DE PAMPLONA para LA AMPLIACIÓN Y CONTINUIDAD DE LA

COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA MODALIDAD A

DISTANCIA PARA ADULTOS TRABAJADORES QUE APLIQUEN EN 8

PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE”', y en: “aunar esfuerzos entre el DEPARTAMENTO DE

CASANARE y la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA para LA APLICACIÓN (sic)

DE 8 PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO EN LA MODALIDAD A DISTANCIA DIRIGIDO A ADULTOS TRABAJADORES EN EL Página 2 de 132

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DEPARTAMENTO DE CASANARE1”, por valor total, el primero, de $7.312.969.000 en el que el departamento aportó la suma de $3.656.484.500 y, el segundo, por $1.000.000.000 del cual el ente territorial transfirió $500.000.000. Por las irregularidades en que se incurrió, imputó la Fiscalía la comisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales previsto en el artículo 410 de la Ley 599 de 2000, en concurso homogéneo y sucesivo. Señaló como presupuestos de su materialidad que: (i) el sujeto agente ostente la calidad de servidor público; (ii) sea titular de la competencia funcional para intervenir en la tramitación, celebración o liquidación del contrato, y, (iii) que el mismo desarrolle la conducta prohibida, esto es, intervenga en la primera fase sin cumplir los requisitos legales, o en una de las dos siguientes, sin verificar su cumplimiento. En cuanto al primero de los requisitos lo estimó satisfecho por encontrar acreditado que el incriminado WHITMAN HERNEY PORRAS PÉREZ, ejerció el cargo de gobernador para la época en que se verificó la contratación cuestionada, según informa el decreto de nombramiento y el acta de posesión. El segundo elemento lo consideró cumplido con la competencia funcional del servidor público, dada su condición de gobernador “cual era precisamente la de intervenir en la «tramitación, celebración o liquidación del contrato», misma que dimana de los artículos 2-1 y 11-3 de la Ley 80 de 1993 y que faculta a los

Cf. C. original anexo núm. 1 de la Fiscalía a folios 176 y 195, respectivamente. Página 3 de 132

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WHITMAN HERNEY PORRAS PÉREZ LEY 600 DE 2000 gobernadores para dirigir las licitaciones o concursos de méritos y celebrar contratos, a nivel seccional, como representante legal que es de la entidad territorial correspondiente”. Conforme se expuso en la resolución de cargos, en el trámite de los convenios se desconocieron los principios de la contratación administrativa previstos en la Ley 80 de 1993, en particular, los de planeación, transparencia, economía y responsabilidad. En cuanto al principio de planeación, coligió su vulneración de la ausencia de estudios y análisis previos serios para la escogencia de programas académicos con mayor demanda en el mercado laboral del departamento; también del desconocimiento de la forma de selección del contratista “aunado al hecho de que se hizo entrega anticipada del total del valor del contrato”, y del hecho de que en menos de dos meses se celebró otro convenio similar con un objeto contractual aparentemente distinto. Del mismo modo, estimó vulnerado el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, por cuanto no se precisó el objeto y tipo de contrato, modalidad de contratación, forma de escogencia del contratista, obligaciones de las partes, riesgos y costos. Los estudios previos son comunes en ambos contratos, los objetos contractuales son similares al punto de que en los dos se estableció el mismo número de estudiantes, y mientras en las consideraciones de los convenios se aludió a una probable invitación a la Universidad de Pamplona, esta nunca

se materializó. Página 4 de 132

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Además, se vulneró el principio de transparencia previsto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, pues desde el principio se escogió la modalidad contractual para eludir el proceso de selección objetiva que propendiera por elegir la mejor oferta y optar, previo acuerdo, por suscribir el convenio con la Universidad de Pamplona. Adicionalmente, se afectaron los principios de economía y responsabilidad “pues se desprotegieron los cuantiosos recursos destinados al convenio 026 de 2007”, en la medida en que la Gobernación debía conservar la titularidad de la fiducia y no la Universidad de Pamplona, y en que se introdujo un otrosí modificatorio de la cláusula que eliminó la exigencia de la fiducia por una cuenta bancaria controlada en su totalidad por la universidad, dejando al arbitrio de ésta el manejo y administración de los recursos. En relación con el convenio 0273 de 2007, señaló de manera general como irregularidades violatorias de los principios referidos: (i) la ausencia de referencia al soporte legal del convenio; (ii) la mayoría de documentos de la etapa contractual se formalizaron el mismo día de la celebración; (iii) al día siguiente de la suscripción del convenio comenzaba a regir la ley de garantías; (iv) se introdujo un otrosí que dejó el control de los recursos a cargo de la universidad, y, finalmente, (u) se incluyó uno adicional que modificó la cláusula que imponía a la universidad un aporte de

$500.000.000 que garantizaría la permanencia de los estudiantes durante el término de duración de los programas Página 5 de 132

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WHITMAN HERNEY PORRAS PÉREZ LEY 600 DE 2000 académicos, para en su lugar hacerlo a través de descuentos sobre los derechos académicos. Para rematar, advirtió la Fiscalía un fraccionamiento de contratos porque ambos convenios comparten similitudes en cuanto a partes, objeto y cláusulas, y la única diferencia radica en el número de beneficiarios. Para la Fiscalía el segundo convenio fue derivado del objeto del primero con el propósito de soslayar las etapas obligadas de la contratación. Todas las anomalías advertidas hacen palmaria la ilicitud de esta clase de contratación directa “fundada en la intención inicial e indiscutible de cubrir de legalidad un proceso contractual abiertamente ilícito”, dadas las circunstancias antecedentes, concomitantes y consecuentes que permitían vislumbrar la carencia de capacidad económica de la universidad para cumplir el objeto de los convenios. Destacó la Fiscalía que para la época de celebración de los convenios cuestionados, los principios de contratación estatal vulnerados tenían plena vigencia y por lo mismo eran de imperativa observancia. En opinión del ente acusador, el sindicado incumplió intencionalmente “todos” los postulados de la contratación, al punto de afirmar que actuó con conocimiento y voluntad de infringir la ley. Página 6 de 132

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Los argumentos expuestos le permitieron calificar el mérito de la instrucción con resolución de acusación en contra de PORRAS PÉREZ, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo en calidad de autor.

4. ACTUACIÓN PROCESAL La presente actuación tuvo origen en la compulsa de copias a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, dispuesta el 21 de septiembre de 2011 por la Fiscalía 13 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Yopal, para que por competencia se investigara al ex-Gobernador de Casanare, WHITMAN HERNEY PORRAS PÉREZ2, por las presuntas irregularidades presentadas en los convenios interadministrativos 0455 de 27 de diciembre de 2006, 026 de 13 de abril de 2007 y 0273 de 26 de junio de 2007, suscritos entre el Departamento y la

Universidad de Pamplona. Por Resolución 0 0198 de 7 de febrero de 2012, la Fiscalía General de la Nación de entonces delegó el conocimiento de las diligencias en la Fiscalía 1 de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia que, a su vez, por Resolución de 29 de febrero del mismo año avocó su conocimiento. 2 Designado mediante Decreto 3271 de 22 de septiembre del Ministerio del Interior y de Justicia por el término restante del periodo constitucional 2004-2007 del Gobernador elegido popularmente, Miguel Ángel Pérez Suárez, quien fuera condenado por la Corte

Suprema de Justicia. Página 7 de 132

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El 15 de febrero de 2013, con Resolución 0 0530 el Fiscal General de la Nación delegó a la Fiscalía 7 de la misma Unidad. A su turno ésta, por Resolución de 26 de marzo siguiente, dispuso continuar la actuación solamente respecto de los convenios 026 de 2007 y 0273 de 2007, en tanto el convenio 0455 fue incorporado a la investigación penal 11117-7 que se adelantaba en su despacho contra PORRAS PÉREZ respecto del mismo convenio. El 4 de mayo de 2017, la Fiscalía 7 declaró abierta la instrucción y ordenó vincular mediante indagatoria a PORRAS PÉREZ, por las presuntas irregularidades en que pudo haber incurrido en los convenios interadministrativos 026 y 0273 de 2007, celebrados entre la Gobernación de Casanare y la Universidad de Pamplona. El primero por valor de $7.312.969.000, con cargo al departamento solamente la suma de $3.656.484.500; y, el segundo, por $1.000.000.000 y, con cargo a la entidad territorial, únicamente el cincuenta por ciento de ese valor. Oído en indagatoria el imputado, el 10 de noviembre de 2017 la Fiscalía 7 decidió abstenerse de imponer medida de aseguramiento en su contra, básicamente porque de la prueba obrante no emergieron los requisitos sustanciales del artículo 356 del Código de Procedimiento Penal para tal propósito. Adelantada la investigación y perfeccionada en lo

posible, el 23 de mayo de 2019 la Fiscalía instructora con apoyo en el artículo 393 de la Ley 600 de 2000, ordenó la Página 8 de 132

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WHITMAN HERNEY PORRAS PÉREZ LEY 600 DE 2000 clausura del ciclo investigativo y el traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión. Cumplido lo anterior, el 21 de noviembre de 2019, la Fiscalía 7 de la Unidad de Fiscalías Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, calificó el mérito del sumario con resolución de acusación en las condiciones atrás indicadas. Como consecuencia de la decisión anterior se impusieron a PORRAS PÉREZ medidas de aseguramiento no privativas de la libertad consistentes en: (i) presentarse ante la autoridad judicial cuando sea requerido, y, (ii) la prohibición de salir del país, las que se harían efectivas una vez el acusado fuera dejado a disposición de este proceso pues actualmente cumple condenas impuestas por la Corte Suprema de Justicia. Con proveído del 24 de enero de 2020, la Fiscalía dispuso no reponer la resolución de acusación recurrida por el apoderado de la defensa. 4.1 Resolución de acusación Con base en los hechos expuestos la Fiscalía profirió resolución de acusación en contra del ex-Gobernador PORRAS PÉREZ, como autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo, con las circunstancias de agravación de los numerales 1 y 10 del artículo 58 del Código Penal.

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En cuanto a su competencia estimó que, aunque con posterioridad a los hechos el acusado perdió su condición de Gobernador, su calidad foral se mantiene en consideración a que los ilícitos que se le atribuyen guardan relación con el ejercicio de sus funciones3. Contrajo la acusación a la intervención del procesado en las conductas desplegadas en la “celebración” de los convenios interadministrativos 026 y 0273 de 2007 que afectó los principios esenciales de la contratación estatal de planeación, transparencia y economía, transgrediendo el artículo 410 del Código Penal que sanciona con pena de prisión al servidor público que tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales, o lo celebre o liquide sin verificar su cumplimiento. Las irregularidades consistieron en: (i) la falta de planeación por ausencia de estudios previos idóneos que hubieran permitido seleccionar los programas académicos con mayor demanda en el mercado laboral del departamento y porque se hicieron unos solos para ambos convenios; (ii) el desconocimiento acerca de la forma de selección del contratista, (ii) el hecho de que la gobernación en el convenio 026 hiciera entrega de la totalidad de los aportes a su cargo, a pesar de estar obligada solamente a girar inicialmente el cincuenta por ciento; y, (iv) finalmente, porque en un lapso inferior a dos meses se celebró el segundo convenio cuyo objeto era similar al primero, todo lo cual va en contravía de

los principios de la contratación pública. 3 De acuerdo con la certificación que obra a folio 8 c. anexo # 1 Fiscalía, expedida por el Director de Talento Humano de la Gobernación de Casanare el acusado ejerció el cargo de Gobernador desde el 22 de septiembre de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2007. Página 10 de 132

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Para la Fiscalía el “acuerdo marco” entre la Gobernación de Casanare y la Universidad de Pamplona se hizo con el propósito de facilitar la disponibilidad de los recursos a través de la “ficción de convenios interadministrativos” que les permitió eludir los procesos licitatorios como mecanismos de selección objetiva de los contratistas. Se omitió verificar previamente la idoneidad de la Universidad, a pesar de que los convenios celebrados con esta en el 2006 tuvieron serios reparos en cuanto a cumplimiento y a capacidad financiera lo cual debió motivar a la gobernación a cesar la contratación o la implementación de los convenios de cooperación. Los considerables recursos involucrados exigían mayor rigurosidad en su adjudicación. A pesar de tratarse de convenios interadministrativos celebrados entre dos entidades públicas por vía directa, su trámite no podía ser ajeno a los principios generales de la contratación administrativa, de tal manera que su inobservancia es pasible de sanción en los términos del artículo 410 del Código Penal. Es el caso del incumplimiento de la restricción legal de girar como anticipo la totalidad de los aportes a cargo del ente

territorial. Sobre este aspecto reprochó la Fiscalía una inconsistencia en el texto del convenio en cuanto se fijó la cláusula de que el departamento se abstendría de pagar sumas pendientes cuando sobrevinieran circunstancias que ameritaran la suspensión o alteración del convenio, Página 11 de 132

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WHITMAN HERNEY PORRAS PÉREZ LEY 600 DE 2000 estipulación que se tornó ineficaz por el pago previo de la totalidad de los aportes correspondientes a la gobernación. En las cláusulas cuarta a séptima del convenio 026 es evidente cómo los desembolsos obligaban al departamento y, por el contrario, no hay información del aporte económico de la universidad del cincuenta por ciento restante de su valor, a pesar de que ambas entidades debían aportar montos equivalentes para el cumplimiento de su objeto, circunstancia que le permitió concluir al ente acusador que los convenios se asemejan más a un contrato de “compraventa de servicios” a la universidad. Dada la finalidad de los convenios interadministrativos los dineros invertidos en ellos no son susceptibles de transferencia, donación o traspaso, pues hacen parte del patrimonio de las entidades territoriales, por tanto, su erogación debe constar por escrito y sujetarse a las mismas formalidades legales exigidas para con los particulares, por ello la entidad pública convenida está obligada a constituir pólizas de garantía de manejo y cumplimiento, aspecto omitido en los convenios, pese a que en anteriores ya la universidad había incurrido en incumplimientos.

Concluyó entonces la Fiscalía que en estos casos se violaron los principios esenciales de planeación, transparencia y economía. En cuanto al principio de planeación previsto en la Ley 80 de 1993, artículo 25 numerales 7 y 12, con todo lo que él implica, imponía al acusado efectuar una minuciosa y Página 12 de 132

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WHITMAN HERNEY PORRAS PÉREZ LEY 600 DE 2000 rigurosa planeación en orden a garantizar otros principios como el de economía y de transparencia, amén de que la selección del contratista se hizo mediante la figura del convenio interadministrativo. Dicho principio exige que previamente a la apertura de un proceso contractual se verifique su conveniencia o se impartan las aprobaciones o autorizaciones de este para cuyo propósito deben ordenar la elaboración de estudios, diseños y proyectos necesarios, lo mismo que los pliegos de condiciones y términos de referencia a que haya lugar. En su elaboración deben definirse, entre otros aspectos, las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios, pues solo de esa manera se puede lograr una apropiada justificación del gasto y un manejo óptimo de los recursos del Estado. La Fiscalía cuestionó la seriedad de los estudios previos diseñados y la eficiencia de su planeación, consideración que deriva de la constancia dejada por la representante de la universidad en el acta de acuerdo liquidatorio del convenio 0273, que el otrosí suscrito solo auxiliaba la educación de 1.200 estudiantes por un semestre o periodo académico, contrariando los fundamentos iniciales previstos para su celebración.

Basada en ese mismo principio también reprochó el hecho de que el cronograma previsto para el convenio 026, en sus diferentes fases tiene fijada la misma fecha tanto para su perfeccionamiento como para la obtención del certificado de disponibilidad y registro presupuestal y de un otrosí modificatorio de un aspecto tan esencial como es la apertura Página 13 de 132

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WHITMAN HERNEY PORRAS PÉREZ LEY 600 DE 2000 de una cuenta bancaria, lo que no se compadece con un adecuado calendario de ejecución y liquidación que hubiera previsto los incrementos y costos inusitados e injustificados que finalmente se dieron. Además, no se hizo alusión a la normatividad aplicable para sustentar la clase de contrato y la escogencia del contratista, conforme lo previene el artículo 40 de la Ley 80 de

1993. Para la Fiscalía era necesario que en los estudios previos se precisaran aspectos como el objeto del contrato, el tipo de contratación, la modalidad de escogencia del contratista, las obligaciones de las partes, así como la distribución de los riesgos y de los costos.

Las deficiencias en el proceso de planeación de los convenios quedan en evidencia por el hecho de que el mismo estudio es común a ambos convenios y por no haberse previsto la necesidad de un contrato adicional. En las consideraciones de ambos convenios se aludió a una posible invitación a la Universidad de Pamplona para su celebración, no obstante, la insistencia en su búsqueda no se halló dentro de la documentación pertinente. Esto le permitió concluir a la Fiscalía que la invitación nunca se hizo, pero sí

se asumió como soporte documental de ambos convenios, lo que desdice de la seriedad de su planeación. Tampoco se encontraron los informes de interventoría o sus registros, ni de las actas de comité interinstitucional de coordinación y evaluaciones relacionadas con ambos convenios, lo que revela que su planeación fue improvisada y Página 14 de 132

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WHITMAN HERNEY PORRAS PÉREZ LEY 600 DE 2000 “solo se postuló para suplir ciertos requisitos precontractuales y contractuales”. Otra circunstancia que en opinión de la Fiscalía es violatoria del principio de planeación, es la relacionada con el hecho de que los objetos contractuales de ambos convenios son similares en cuanto están orientados a la ampliación y cobertura en educación superior en el Departamento de Casanare, y lo mismo sucede con las actividades a desarrollar para su cumplimiento. La única diferencia radica en el número de estudiantes beneficiarios. Esto sugirió a la Fiscalía que una adecuada planeación hubiera previsto desde el comienzo la cantidad total de estudiantes que debían incluir los programas ofrecidos. Una irregularidad adicional que afectó el principio de planeación consistió en que en los estudios previos del convenio 0273 con un presupuesto de $500.000.000 a cargo de la Gobernación, se determinó como población beneficiada el mismo número de estudiantes del convenio 026 no obstante, en el otrosí núm. 1, sin fecha, se modificó la cláusula tercera del primero en cuanto a que con dicho aporte se cubrirían los costos de matrícula del primer semestre de 1.200 estudiantes en los programas de modalidad a distancia

referidos en el literal g del convenio principal. La deficiente planeación impactó gravemente la ejecución de los convenios al extremo de que se presentaron serios problemas en torno a su financiación, según lo revela el derecho de petición que algunos de los estudiantes elevaron ante la rectoría de la universidad el 10 de agosto de 2009, Página 15 de 132

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WHITMAN HERNEY PORRAS PÉREZ LEY 600 DE 2000 sobre la cuantía de los recursos girados para cubrir el pago de los semestres ofrecidos. Esto le permitió reafirmar a la Fiscalía la vulneración de dicho principio en la medida en que se implementaron los programas académicos sin estar garantizada su financiación, con los consecuentes perjuicios a los estudiantes en el pago de sus matrículas. A la par de la vulneración del principio de planeación, consideró el ente Fiscal también conculcado el principio de transparencia consagrado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que impone la regla de selección del contratista siempre a través de licitación o concurso públicos, salvo las excepciones allí previstas. En este caso, para el ente acusador, la vulneración de este principio dimana del hecho de que desde el comienzo las partes convenidas “tenían claro que a través de esta modalidad contractual podrían eludir los filtros que garantizaran un proceso de escogencia objetiva a la hora de determinar la entidad educativa que podría proponer una mejor oferta, acorde con la naturaleza de los convenios hoy cuestionados”. Destacó que con base en el artículo 209 constitucional,

los artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998, autorizan la asociación entre entidades públicas para el cumplimiento de sus funciones administrativas o la prestación conjunta de servicios a su cargo, por tanto, los negocios jurídicos emprendidos bajo el marco de esa figura deben desarrollarse conforme a los principios previstos en el canon superior. Página 16 de 132

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El principio de transparencia y el deber de selección objetiva se conculcaron en este caso porque el proceso de selección de la universidad no fue diáfano ya que “estuvo precedido y rodeado de delitos de igual o mayor calado pues el hecho de que sean dos entidades públicas las que se relacionan en el negocio jurídico no implica que haya total transparencia y mucho menos que se puedan desconocer las normas especiales de contratación (■■■)”. A continuación, advirtió que se lesionaron los principios de economía y responsabilidad en materia de contratación, pues se desprotegieron los cuantiosos recursos públicos destinados al convenio 026. En primer lugar, porque la gobernación ha debido conservar la titularidad de la fiducia y, en segundo lugar, porque se suscribió un otrosí que modificó dicha cláusula para reemplazar la fiducia por una cuenta bancaria manejada por la universidad, con lo que se hizo al control de los recursos públicos. No dudó la Fiscalía en afirmar que tanto los estudios previos como la propuesta de la universidad adolecen de serios desaciertos, que infiere de las modificaciones hechas al

convenio principal en aspectos cardinales como su valor, los aportes y su forma de entrega, en particular de las obligaciones asumidas por la universidad, que desdice de la correcta planeación “por cuanto sabían de antemano que, para perfeccionar el cometido ilícito perpetrado a través de estas contrataciones necesariamente debían reajustar buena parte de sus cláusulas contractuales por medio de acuerdos modificatorios”. Como irregularidades que dan cuenta de la vulneración de los principios de planeación, economía y transparencia en desarrollo del convenio 026, enumeró las siguientes: (i) no se Página 17 de 132

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WHITMAN HERNEY PORRAS PÉREZ LEY 600 DE 2000 señaló la normatividad aplicada para elegir la modalidad de contratación; (ii) el mismo día 13 de abril de 2007 en que se suscribió el convenio se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal y se incluyó un otrosí modificatorio de la fiducia por una cuenta bancaria destinada al giro y manejo de los recursos; (iii) los recursos fueron girados doce días después de cumplido el plazo pactado; (iu) no se garantizó el aporte del cincuenta por ciento del valor de las matrículas a cargo de la universidad. En cuanto al convenio 0273, enumeró las siguientes incidencias: (i) no se hizo referencia al soporte legal del convenio; (ii) la “mayoría” de los documentos de la etapa precontractual se elaboraron el mismo día de su suscripción a pesar de tratarse de actuaciones que demandaban mayor tiempo; (iii) al día siguiente de su suscripción comenzaba a

regir la ley de garantías electorales; (iu) se incluyó un otrosí modificatorio en el mismo sentido del convenio 026; (v) se elaboró un otrosí modificatorio para especificar que el aporte del departamento cubriría la matrícula de 1.200 estudiantes durante el primer semestre y, de otro lado, que la universidad aplicaría los aportes a su cargo en los descuentos sobre los valores de los derechos académicos del mismo número de estudiantes cuando inicialmente se pactó que la entidad cooperante aportaría la suma de $500.000.000, conforme con el plan de inversión del proyecto, y que los aportes de las partes garantizarían la permanencia por el tiempo de duración de los distintos programas académicos en los que se inscribieron inicialmente. Página 18 de 132

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En sentir de la Fiscalía estas irregularidades, que califica de trascendentes, tuvieron lugar en las fases precontractual y contractual. Su importancia estriba en que los recursos comprometidos procedían de regalías directas recibidas por el a la administración departamento, por tanto, imponía elaborar estudios previos rigurosos e idóneos en procura de una buena gestión y del aseguramiento de que todo se ejecutara de conformidad con los términos pactados. Por último, citando el informe de 31 de agosto de 2012 rendido por la perita Yeni Johana Manchóla Pantoja, hizo referencia a un presunto fraccionamiento puesto que ambos convenios tuvieron el mismo objeto, las mismas partes e iguales periodos académicos, lo que llevó a considerar a la

Fiscalía “que lo que se quiso fue tratar de diferenciar el objeto contractual del convenio primigenio, para de esa manera justificar que se hubiera tenido que ejecutar el mismo rubro para celebrar otro convenio y eludir así cualquier observación relativa a un fraccionamiento contractual. Pues en todo caso el objeto debía estar especificado desde el inicio, conforme se advirtió en precedencia”. Respecto del principio de economía, luego de hacer referencia teórica a los postulados que lo rigen, destacó ya en el caso particular que los convenios de marras, que en principio debían liquidarse antes de la vigencia de 2007, se detrimento prolongaron en el tiempo con un mayor los acuerdos patrimonial, lo cual se vio reflejado tanto en unilaterales propuestos por la administración subsiguiente los acuerdos bilaterales finalmente suscritos. como en Página 19 de 132

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Dedicó la acusación un capítulo aparte al asunto del fraccionamiento de los dos convenios y destacó sus similitudes en cuanto a identidad de las partes, de sus objetos y de las cláusulas pactadas, independientemente de algunas disimilitudes advertidas. En punto de los objetos, citó el informe