CSJ - Sentencia SEP044-2022(49793)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Especial de Primera Instancia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

JORGE EMILIO CALDAS VERA

Magistrado Ponente SEP 044-2022 Radicación 49793 Aprobado mediante acta No. 40 Bogota, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veintidós (2022) ASUNTO Culminada la audiencia de juzgamiento procede la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a dictar el fallo que en derecho corresponda, dentro de la causa seguida contra el exgobernador encargado del departamento del Chocó, ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO, quien fue acusado por la Fiscalía General de la Nación, como autor de los delitos de falsedad ideológica en documento público (art. 286 C.P.), en concurso heterogéneo con prevaricato por acción (art. Página 1 de 130

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ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO 413 C.P.), y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantia (art. 397 inc. 2 C.P.). IDENTIDAD DEL ACUSADO ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.636.201, expedida en Istmina (Chocó), nació el 22 de abril de 1973 en el mismo municipio, hijo de Abrahan Mosquera y Zulma Lozano, de 48 años de edad, casado con Luz Carmiña Murillo Cuesta, con

grado de instrucción universitario de economista, especializaciones en derecho público y gestión de entidades territoriales, maestria en dirección y creación de empresas, residente en la carrera 1 N20-31, barrio Niño Jesús, sector Los Balcones, casa 27 de Quibdó (Chocó). LOS HECHOS En su condición de Gobernador Encargado del Departamento del Chocó, ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO expidió la certificación del 28 de julio de 2006, por la cual reconoce sanción moratoria contemplada en la Ley 244 de 1995 por el no pago oportuno de cesantías definitivas a 42 docentes del departamento. La certificación fue utilizada como título ejecutivo en el proceso laboral 2700131050012007 adelantado por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdó. Se expidió la certificación sin cumplir los presupuestos fijados en la Ley 244 de 1995 y conllevó al reconocimiento de Página 2 de 130

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ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO acreencias en detrimento de las finanzas del departamento a pesar de la inexistencia del derecho a sanción en varios casos y producida la prescripción en otros, así como a través de poderes otorgados por los beneficiarios con fecha posterior a la expedición del certificado y con reconocimiento del derecho a María de los Ángeles Florez a quien ya le había sido reconocido el mismo.

ANTECEDENTES

1. Actuación procesal 1.1. Con ocasión de la denuncia del 19 de noviembre de 2008 formulada por el señor PATROCINIO SANCHEZ MONTES

DE OCA, en su condición de Gobernador del Chocó, la Fiscalía 7 Seccional de Quibdó, con Resolución del 5 de diciembre de 2008 dispuso la apertura de instrucción formal en contra de ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción. Luego, con providencia del 18 de mayo de 2011 remitió la actuación a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia!. 1.2. El Despacho de la Fiscal General de la Nación, a través de Resolución del 2 de agosto de 2011, declaró la nulidad de lo actuado desde la apertura de instrucción y en su lugar profirió resolución de apertura de investigación previa?. 1C. 1 fiscalía original, folios 7-8, 34 2 Ibídem, folios 39-45 Página 3 de 130

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ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO 1.3. Por Resolución del 27 de mayo de 2014, la Unidad de Fiscalías Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, ordenó la apertura de instrucción y vincular mediante indagatoria a MOSQUERA LOZANOS. La indagatoria fue recibida el 10 de agosto de 2015, donde se le comunicaron cargos por los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación, señalamientos sobre los que se declaró inocente. 1.4. Con resolución del 29 de febrero de 2016 la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica de MOSQUERA LOZANO absteniéndose de

imponerle medida de aseguramiento”. 1.5. Mediante Resolución del 9 de noviembre de 2016, se declaró cerrada la investigaciónó. 1.6. Por Resolución del 28 de diciembre de 2018, la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia calificó la instrucción con resolución de acusación contra ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO por los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía. La resolución alcanzó ejecutoria el 12 de enero de 20177. C. 1 fiscalía original, folios 214-221 4 C. 2 fiscalía original, folios 245-273 5 C. 3 fiscalía original, folios 1-59 5 C, 4 fiscalía original, folio 1 7 Ibídem, folios 90-146, 173 Página 4 de 130

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ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO 1.7. El 22 de febrero de 2017 comenzó a correr el traslado de que trata el art. 400 de la Ley 600 de 2000 a nombre de los sujetos procesales. 1.8. El 7 de noviembre de 2017 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, decidió las solicitudes probatorias formuladas por la Fiscalía y la defensa en audiencia preparatoria”. 1.9. El 23 de julio de 2018 se produjo la remisión de la actuación a esta Sala Especial!0, 1.10. El 9 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la audiencia

pública de juzgamiento donde fue interrogado el sindicado ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO, se produjeron las alegaciones conclusivas de la Fiscalía reclamando sentencia condenatoria!!. Luego, el 9 de diciembre del mismo año se escucharon las alegaciones finales del representante del Ministerio Público quien demandó sentencia condenatoria con excepción del delito de falsedad ideológica en documento público, mientras que el defensor del procesado solicitó la expedición de sentencia absolutoria!?.

2. La acusación Mediante Resolución del 28 de diciembre de 2016 la Fiscalía Octava ante la Corte Suprema de Justicia calificó la instrucción acusando a ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO como autor 8 C. 1 conocimiento original, folio 8 9 Ibídem, folios 32-40 10 Ibídem, folio 289 11 C. 3 conocimiento original, folios 197-201 12 Ibídem, folios 124-127

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ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO responsable de los delitos de falsedad ideológica en documento público (art. 286 C.P.) en concurso heterogéneo con prevaricato por acción (art. 413 C.P.) y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía (art. 397 inc. 2 C.P.), señalando que cuando fungía como Gobernador encargado del Chocó, suscribió el certificado del 28 de julio de 2006 por el que se reconoce la sanción moratoria por el no pago oportuno de

cesantías, según la Ley 244 de 1995, a 42 docentes del departamento, documento que fue utilizado como título ejecutivo para promover proceso laboral en contra del departamento. La certificación del 28 de julio de 2006 fue dictada sin atender los presupuestos fijados en la Ley 244 de 1995, pues conforme a la norma, debe expedirse una resolución que atienda la solicitud de liquidación correspondiente, acto administrativo inexistente en este asunto, sin embargo, la certificación permitió el reconocimiento y pago de acreencias labores aún con 1nexistencia del derecho para algunos de los casos y con poderes otorgados luego de su expedición e incluso con pago a personas a quienes ya se les habría reconocido con antelación. En efecto, se encontró que sólo 23 de las 42 personas que señala la certificación fueron desvinculadas el 30 de julio de 2004, que otros 5 incluso se vincularon luego de dicha fecha y que para el caso de María de los Ángeles Flores ya se le habría ordenado el pago y reconocimiento de sanción moratoria, a más que 12 de las personas señaladas no fungieron como docentes adscritas al departamento del Chocó. Con todo, por cuenta de la certificación en boga, se pagó a los beneficiarios de la misma un total de $1.046.343.946 de las arcas del departamento. Página 6 de 130

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ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO

3. Alegatos de conclusión en la audiencia publica Agotado el debate probatorio del juicio, las partes elevaron

las siguientes solicitudes: 3.1. La Fiscalía Solicita la emisión de sentencia condenatoria en contra de

MOSQUERA LOZANO por los delitos por los que fue acusado indicando que existen elementos que acreditan la certeza de su ocurrencia y la responsabilidad del acusado. Luego de abordar la identidad del procesado y acreditar su condición de servidor público, para referirse al delito de falsedad ideológica en documento público señala que bajo la condición de gobernador encargado del Departamento del Choco, éste suscribió la certificación del 28 de julio de 2006, como lo admitió desde su versión libre, documento del que existe demostración en tanto constituyó el titulo ejecutivo dentro del proceso laboral 270013105001-2007-00692 -en adelante 2007-00692tramitado en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdó, donde se admitió la demanda el 4 de diciembre de 2007 y en la misma fecha se libró mandamiento de pago a favor de las 42 personas allí relacionadas, ello aunado a un embargo por $1.800.000.000 y donde aprobada la liquidación del crédito, el 14 de enero de 2008 se dio una transacción por $1.046.343.946 suscrita entre la abogada demandante y el asesor jurídico de la Gobernación del Chocó, a esa suma se adicionan las agencias en derecho por $83.707.515,86. Página 7 de 130

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ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO Es presupuesto del delito que en el documento se halle consighada una falsedad o se calle total o parcialmente la verdad y en la certificación del 28 de julio de 2006 se incorporó

información contraria a la verdad: se hace mención al reconocimiento de una sanción moratoria a personas que se consigna “laboraron en el cargo de docentes, al servicio de la gobernación del Departamento del Chocó”, aunque se demostró que no todas las 42 personas fungieron como tal, pues con certificación allegada por el Coordinador del fFondo de Prestaciones para el sector educativo del Chocó se informó sobre 12 personas que no estuvieron vinculadas a la entidad, idéntico informe que ofreció el director de talento humano de la Administración Temporal para el sector educativo departamental del Chocó; asimismo, se estableció que sólo 23 de las 42 personas señaladas en la certificación en realidad se desvincularon en julio de 2004, se encontró además que 5 personas beneficiarias de la certificación fueron nombradas entre julio de 2004 y septiembre de 2007 y en algunos casos vinculados con posterioridad a la fecha de la certificación, aunado ello a que allí se relaciona a María de Los Ángeles Florez como beneficiaria, no obstante que dentro del proceso ejecutivo laboral 2007-00599 se estableció que con Resolución No. 2003 del 4 de diciembre de 2003 ya se le había ordenado el pago de la sanción; también se hallaron alteraciones en cuanto a nombres y documentos de identidad. Adicionalmente, es relevante que no apareció la certificación original o copia de la misma en las dependencias de la administración departamental y que todos los mencionados allí no eran docentes, así como que habiendo algunos laborado al servicio del FER, les fueron cancelados sus salarios y prestaciones.

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ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO Señala que de acuerdo al testimonio del asesor jurídico de la época, confrontado con la versión libre del acusado, se advierte que fue MOSQUERA LOZANO quien expidió y respaldó con su rúbrica el contenido de la certificación del 28 de julio de 2006 y el único responsable de la veracidad o no de lo allií consignado y, según lo señalado por el asesor jurídico que luego participó en la transacción, se concluye que no corresponde a éste revisar, ni verificar o aprobar las certificaciones. Con relación al delito de prevaricato por acción, señala que se acreditó que MOSQUERA LOZANO en su condición de gobernador del Chocó dictó una certificación manifiestamente contraria a la ley, documento que se encuentra inmerso dentro del concepto de resoluciones planteado en la descripción penal. Se opone el certificado a la Ley 244 de 1995 por reconocer a 42 personas el derecho a sanción moratoria por el no pago oportuno de sus cesantías definitivas, pero reconociendo lo no debido y habiéndose excedido en los limites temporales; no se logró establecer la existencia de antecedentes administrativos que hubieren precedido la expedición de la certificación del 28 de julio de 2006 ni tampoco trámite, solicitud o reclamación que hubiera dado lugar a su emisión, al punto que tampoco fue hallado el original de la mentada certificación. Aquella fue expedida por el Gobernador encargado como un medio para alcanzar un fin defraudatorio para las finanzas del departamento y sin que

tampoco estuviere precedida de un estudio o concepto técnico que determinara la viabilidad y legitimidad del reconocimiento de la sanción moratoria. Página 9 de 130

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ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO Advierte la Fiscalía que si al gobernador encargado le hubiere asistido interés por actuar dentro del marco de la legalidad y no al margen de aquella como se acredita, no es razonable que aquél a nombre de la administración que no ha pagado en forma oportuna cesantías definitivas, proceda a su reconocimiento pero no así a su pago, habilitando que se acuda a la vía judicial para tales reclamaciones con las consecuencias que ello implica, esto es que se sanciona a sí misma para que los beneficiarios de la certificación con evidente y más gravoso detrimento para las arcas públicas acudan al cobro judicial. Señala que de acuerdo al artículo 93 del Decreto 1222 de 1986 -Cádigo de Régimen Departamentallos ¡gobernadores encargados sólo pueden tramitar actos urgentes, por lo que MOSQUERA LOZANO carecia de facultades para efectuar el multicitado reconocimiento, que implicaba una elevada obligación económica a cargo del departamento, no se acreditó que existiera una situación de apremio que lo compeliera a emitir la certificación y por el contrario denota el aprovechamiento de su corto encargo de 3 días para desplegar su ilegal proceder, más cuando suscribió el documento el último día de éste , habiendo podido esperar el retorno del gobernador titular frente a un asunto de tal trascendencia. Agrega que con la certificación del 28 de julio de 2006 se

dispuso del patrimonio público sin determinar el rubro y la partida presupuestal que se comprometía, con lo que también se desconoció el artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación — Decreto 111 de 1996que refiere que “todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones Página 10 de 130

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ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO presupuestales deberán contar con los certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos ([...)”, siendo que sin contar con el certificado de disponibilidad presupuestal ni el registro presupuestal correspondiente se desconocieron principios de la función administrativa. Reconoció en la certificación derecho a sanción moratoria para obligaciones que ya se hallaban prescritas como ocurre frente a las personas desvinculadas en los años 1993, 1996 y 1998 y quienes habrían otorgado poderes para su reclamación entre mayo de 2006 y septiembre de 2007, cuando conforme al artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, las acciones prescriben en un lapso de 3 años desde que se hace exigible la obligación. Finalmente, frente al delito de peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía, comienza por indicar que conforme a la jurisprudencia, la relación entre el servidor público y los bienes oficiales objeto material de la conducta puede devenir jurídica mas no material, esto es que basta que esté vinculada al ejercicio de un deber funcional y que el concepto de apropiación debe entenderse en el marco que el servidor público

es el garante de los recursos y quien debe velar por su correcta utilización y destinación. ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO como gobernador encargado del Chocó y por ende ordenador del gasto, con la expedición de la certificación del 28 de julio de 2006 constituyó un acto de disposición jurídica sobre recursos públicos del departamento, para que los beneficiarios alli señalados obtuvieran el pago de prestaciones sociales a través del proceso laboral 2007-00692 que totalizaron $1.179.097.000 y se decretó un embargo y retención de dineros por $1.800.000.000; Página 11 de 130 1 _ | PRIMERA INSTANCIA 49793 ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO la suma inicialmente transada de $1.046.343.946 supera los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época en que se produjo la transacción el 14 de enero de 2008. Señala que frente a las exculpaciones ofrecidas por el acusado en su interrogatorio se tiene que los documentos que aportó son extemporáneos, que las personas que rindieron testimonios permitieron corroborar que algunos no eran docentes y algunos desconocian la existencia de la certificación y que la excusa en torno a que actuó “mecánicamente” no excusa el dolo atendiendo su formación académica y experiencia, las que le imponian una minima revisión de la naturaleza de la certificación y sus consecuencias económicas; la responsabilidad que cargó en su asesor jurídico fue desmentida por este último quien negó conocimiento sobre la certificación. 3

3.2.- El Ministerio Público | Postuló la emisión de sentencia condenatoria frente a los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros agravado, en tanto solicitó fallo absolutorio por el delito de falsedad ideológica en documento público. Frente a este último delito, explicó que en efecto aquel fue cometido por el acusado, pues a través de la mentada certificación del 28 de julio de 2006 reconoció una acreencia inexistente a favor de varias personas las cuales no se habrian desvinculado en la fecha señalada en ese documento mientras otras no fungieron como docentes o no tuvieron relación laboral con el departamento. 3 C. 4 conocimiento original, folios 88-121 Página 12 de 130

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ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO Sin embargo, entiende que este delito se presentaria en un concurso aparente con el de prevaricato por acción que también le fue endilgado al acusado y sobre el que sostiene existen también suficientes elementos probatorios que lo acreditan, pues los elementos descriptivos de la conducta de falsedad se hallan contenidos también en el delito de prevaricato por acción que en su criterio posee una mayor riqueza descriptiva y cuyo juicio de desvalor consume al primero. Con relación al delito de prevaricato por acción, luego de reiterar que el acusado cumple la calidad de servidor público y que también contaba con competencia funcional para dictar la resolución o dictamen sobre el que recae este proceso y que si bien, estrictamente el documento varias veces indicado no constituye puntualmente una resolución si comportó sus efectos,

pues irrumpió en el mundo jurídico y con consecuencias jurídicas, como lo fue que los beneficiarios de la misma la usaron como titulo ejecutivo y obtuvieron pagos de dinero con base en la misma a través de un proceso laboral. Ninguna de sus exculpaciones tales como la presunta malquerencia del denunciante y de su actuar de buena fe son idóneas para explicar el comportamiento contrario a la ley; las pruebas allegadas dejan ver que no fue posible hallar soporte o antecedente de la expedición de la certificación del 28 de julio de 2006 ni de los pagos a los docentes alli señalados y tampoco consta petición o reclamación alguna por parte de los supuestos docentes. Sobre el delito de peculado por apropiación refiere que no existe asomo de duda sobre su ocurrencia y probable responsabilidad del acusado, por el ilegal reconocimiento y pago Página 13 de 130

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ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO de acreencias labores a favor de presuntos docentes y también por una supuesta sanción moratoria sobre cesantías, acto de disposición que se basó en acto administrativo sin soporte legal y que fue utilizado como título ejecutivo para entablar la reclamación que culminó con un pago por $1.046.343.946 más las agencias en derecho por transacción a la que llegaron las partes en el Juzgado 1 Laboral del Circuito de Quibdó, concretándose el valor anotado en el monto del peculado por apropiación a favor de terceros. 3.3.- El acusado Señala que la Fiscalía descontextualiza sus palabras pues no quiso atribuir su presunta responsabilidad a otra persona sino

expresar que la firma de la resolución estuvo amparada en la buena fe y que aquella provenía revisada de la oficina jurídica, pues contrario a lo indicado por el asesor, se anexó prueba que el documento fue radicado y revisado en esa oficina antes de firmarlo, como se demostró con el oficio del 26 de julio de 2016 y existen los soportes de las personas a las que se les reconocen prestaciones sociales; la fiscalía archivó las investigaciones contra las abogadas Diana Figueroa y Ana del Carmen, así como el adelantado contra el asesor jurídico Vargas Caicedo, este último quien en su declaración aduce que actuó de buena fe y que todo estaba en orden y por ello se le archivó, encontrando que en realidad se trata de una persecución en su contra. Agrega que si no fue hallado ningún soporte de su certificación, la administración de Sánchez Montes de Oca y en cabeza del mismo destruyeron todos los soportes importantes para su defensa, no sólo para este proceso sino las demás que se siguen en su contra. Página 14 de 130

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ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO Da cuenta de varias declaraciones de personas beneficiarias de la certificación que indicaron ser docentes o miembros del sector educativo y que señalaron no conocerle ni tener relación alguna con éste, al tiempo que reconocen haber dado poder a la oficina jurídica de Patrocinio Sánchez donde laboraba Diana Figueroa y que no hicieron presentación personal en el juzgado y en algunos casos no es su firma, esto es que los poderes fueron cambiados, sin que exista investigación de la Fiscalia por estos hechos. Reclama la nulidad de todo lo actuado a partir del momento

de su vinculación a este proceso, por acreditarse la causal señalada en el artículo 306 numeral 2 de la Ley 600 de 2000 como es “la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso” pues citando el artículo 533 de la Ley 906 de 2004, los delitos que ocurran con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma se regirán por tal procedimiento y que los delitos que se cometieron con anterioridad a su vigencia pero que sólo se dieron a conocer luego de entrada en vigencia tal norma, con base en la “tesis de la razón objetiva” han de someterse también al régimen de la Ley 906 de 2004. Indica que a efectos de la nulidad invocada se acredita el principio de instrumentalidad pues el debido proceso y la defensa técnica no estuvo garantizado durante la mayoría del desarrollo de la investigación, es trascendente en tanto la irregularidad es palpable pues no se tuvo la oportunidad de acudir a un juez de control de garantías ni de tener su propio cuerpo investigativo y tampoco se le definió su situación jurídica en el momento de la Página 15 de 130

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ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO recepción de su versión libre; la defensa no ha coadyuvado con su conducta alguna ejecución irregular y no tuvo la oportunidad de realizar una defensa técnica que habría sido muy distinta bajo la égida de la Ley 906 de 2004, no existe otro medio procesal que permita subsanar la circunstancia anómala reseñada. Retoma su defensa señalando que actuó bajo el marco de la buena fe y en su condición de economista y obligado por el cargo

de Secretario de Hacienda del Chocó debiía velar porque los programas del gobierno regional se pusieran en ejecución; las actividades desarrolladas por los reclamantes en las demandas efectivamente se adelantaron, sin que la fiscalía desvirtuara tal hecho jurídico y en su lugar, archivó los procesos de los beneficiarios y de sus apoderadas así como del asesor jurídico, por lo que la realidad jurídica consiste en que se halla en una causal de ausencia de responsabilidad como lo es obrar con error invencible de la licitud de su conducta (artículo 32 numeral 11 de la Ley 599 de 2000) pues le fue exigido cumplir con el manual de funciones y acatar disposiciones legales, por lo que nos encontrariamos en el escenario del cumplimiento de un deber legal como lo indica el numeral 3 del artículo 32 ibidem, por lo que la conducta no sería punible, además advierte que el peculado cometido sería culposo y al haberse llamado a juicio por uno doloso se impone la absolución. Da cuenta de sus condiciones personales y familiares e insiste en que su actuar estuvo amparado por la oficina jurídica y el convencimiento de actuar de manera legal y moral, cuenta que desde el año 2010 es paciente que sufre de patologías que pueden ser consideradas como un estado grave por enfermedad ello en Página 16 de 130

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ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO consonancia con el principio de la dignidad humana, padece de hipertensión arterial crónica, con antecedentes familiares de muerte súbita, con sindrome metabólico, dislipidemia mixta,

uroliatiasis y apnea del sueño, padecimientos que pueden llevar a un ataque cardiaco; el decreto 546 de 2000 (sic) siguiendo las recomendaciones de la OMS consagró las enfermedades crónicas como vulnerables frente a la reclusión intramural, más por el estado de cosas inconstitucional que caracteriza el hacinamiento carcelario. Finaliza su intervención reclamando la declaratoria de inocencia a su nombre.1!4 3.4. La defensa: Reclama absolución porque de acuerdo a la prueba recaudada no se logró llevar al convencimiento sobre la certeza de la tipicidad y de la autoria y responsabilidad de su prohijado, en tanto recuerda las reglas legales frente a la apreciación probatoria bajo la égida de la Ley 600 de 2000. Pone de presente apartes de la declaración de Diana del Carmen Figueroa Lemos y la versión libre de su prohijado para señalar que de aquellas ni de otras pruebas arrimadas al proceso se puede concluir la comisión del ilícito de falsedad ideológica en documento público y explica que para la época de la certificación —cuya expedición fue reconocida por su defendidola administración departamental ubicaba nominalmente a todos los trabajadores del FER y FED como “docentes” independientemente del oficio que desempeñaren, tal como lo corroboran varias declaraciones allegadas al expediente. 14 C. 4 conocimiento original, folios 159-173 Página 17 de 130

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ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO Estima que no es posible colegir que con la expedición de la certificación del 28 de julio de 2006 de manera directa se hubiere

librado orden de pago, pues transcurrió un año y cuatro meses desde aquella y la presentación de la demanda laboral y que el juez laboral en su injurada advirtió que la inspección judicial realizada a los archivos de la Gobernación del Chocó para el 31 de julio de 2007, sirvió de soporte para los procesos ejecutivos; refiere que Ana de Jesús Córdoba Perea, apoderada sustituta de la parte demandante en el proceso laboral 2007-00692 indicó que se practicó inspección judicial previa a demandar, para verificar si a las personas que confirieron poder se les adeudaba cesantías definitivas y se certificó que así era. Señala que las abogadas demandantes en el asunto laboral eran parte de la oficina de abogados de Patrocinio Sánchez Montes de Oca, exgobernador que precedió a la gobernación donde estuvo ROGER PASTOR MOSQUERA y que cuando fungió como gobernador en el año 2009 señaló que todo lo ocurrido en la gestión anterior se salió del protocolo pero ellos mismos enviaron a unas bodegas y en costales, archivos de la gobernación de Julio Ibarguen. Señala que el acto de firmar una certificación con algunas inconsistencias en cédulas y fechas de retiro exactas sólo obedece a la división funcional de las atribuciones de cada uno de los servidores que fungieron en la elaboración de la certificación, pues su prohijado sólo verificó algunos soportes y firmó un documento que ya venía hecho con el visto bueno del equipo jurídico de la gobernación. Podría argumentarse que el gobernador encargado no fue diligente en la supervisión, pero ello sólo constituiría un

accionar culposo que no está previsto como típico. Página 18 de 130

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ROGER PASTOR MOSQUERA LOZANO Tampoco se materializa el delito de prevaricato ya que para la época de los acontecimientos el departamento del Chocó se encontraba sometido a la Ley 550 de 1999 en virtud de la reestructuración de pasivos, y a pesar de ello, algunos jueces ordenaron embargo y secuestro de dineros del departamento, por lo que debió acudirse a procedimientos legales para evitar que ello ocurriera y se paralizara la función del departamento, por lo que todo era urgente y necesario. La amenaza de pagos de sanciones, según la Ley 244 de 1995, obligaba al reconocimiento de los valores de cesantías, es así entonces que existió una justificación juridica para acceder a la firma de la certificación; frente a este reato, el dolo implica el conocimiento del servidor público de la manifiesta ilegalidad de la decisión proferida, sin que sea menester demostrar el móvil que guio la acción de funcionario, lo que no se acreditó en este asunto. Finalmente, con relación al delito de peculado a favor de terceros, reitera que existe el soporte documental, los testimonios, los soportes de vinculación a la FER y que la certificación solo fue usada a más de un año y medio de su creación como título ejecutivo, por lo que no se advierte que aquella per se dispuso de r