CSJ - Sentencia SEP084-2022(48785)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Especial de Primera instancia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

JORGE EMILIO CALDAS VERA

Magistrado Ponente SEP 084-2022 Radicación 48785 Aprobado mediante acta No. 71 Bogotá, D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintidós (2022). ASUNTO Culminada la audiencia de juzgamiento procede la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a dictar el fallo que en derecho corresponda, dentro de la causa seguida contra el exgobernador del departamento del Vaupés, WILSSON LADINO VIGOYA, quien fue acusado por la Fiscalía General de la Nación, como autor de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros (art. 397 C.P.), en concurso heterogéneo con contrato sin cumplimiento de requisitos legales (art. 410 C.P.). Página 1 de 118

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WILSSON LADINO VIGOYA EL PROCESADO WILSSON LADINO VIGOYA, identificado con la cédula de ciudadanía número 86.040.125, expedida en Villavicencio (Meta), nació el 15 de diciembre de 1972 en esa misma ciudad, hijo de FilomenaVigoya Martínez y Bernardo Ladino Celis, de 49 años de edad, estatura 1.74 metros, con grado de instrucción universitario como abogado, residente en la calle 15A número 14-33 de Mitú (Vaupés).

LOS HECHOS Se conocieron por compulsa de copias del 4 dejulio de 2006 de la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, en atención a la queja formulada por el Representante a la Cámara Javier Miguel Vargas Castro, según la cual se presentaron posibles irregularidades con la suscripción del Contrato interadministrativo No. 001 el 26 de abril de 2005 celebrado entre la Gobernación del Vaupés representada por WILSSON LADINO VIGOYA y la Cooperativa Nacional de Desarrollo de Entidades Territoriales -CONALDE-, cuyo objeto fue el “suministro de mercado (perecedero y no perecedero) con destino a las instituciones y centros educativos administradospor la Secretaría de Educación Departamental, tanto en la zona rural como urbana” por un valor de $1.601.891.387 y que se dio por terminado mediante liquidación bilateral, a pesar de advertirse por parte de la Contraloría Departamental del Vaupés sobrecostos en materia de transportes e insumos así como incumplimientos en las entregas de los mercados al ente departamental; el propósito del Página 2 de 118

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WILSSON LADINO VIGOYA contrato fue favorecer al arquitecto HERIBERTO MARTÍNEZ RAMÍREZ quien habría realizado gestiones que favorecían los intereses políticos del acusado.

ANTECEDENTES

1. Actuación procesal 1.1.- La investigación tiene su origen en la queja de carácter disciplinario presentada por el Representante a la Cámara Javier Miguel Vargas Castro, con base en la cual la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública el 14 dejulio de 2006, ordenó

compulsar copias para investigar una serie de irregularidades en varios contratos, en consecuencia el Despacho del Fiscal General de la Nación con Resolución del 27 de agosto de 2007 dispuso la apertura de la investigación previa1 en contra de WILSSON LADINO VIGOYA. 1.2.- Por Resolución del 27 de agosto de 2008, el Despacho del Fiscal General de la Nación, ordenó la apertura de instrucción y vinculó mediante indagatoria a LADINO VIGOYA2. La indagatoria fue recibida el 18 de noviembre de 2009 en la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Villavicencio3. Luego, con providencia del 7 de febrero de 2012 remitió la actuación a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia4. 1 C. 1 fiscalía original, folios 32-39 2 C. 1 fiscalía, folios 217-222 3 C. 2 fiscalía original, folios 11-37 4 Ibidem, folios 69-71 Página 3 de 118

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WILSSON LADINO VIGOYA 1.3.- Con resolución del 15 de febrero de 2013 la Fiscalía Doce Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ordenó la ampliación de la indagatoria y la ruptura de la unidad procesal5. La misma fue recibida el 27 de mayo de 20156. 1.4.- Por resolución del 6 de julio de 2015 la Fiscalía Doce Delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica de LADINO VIGOYA absteniéndose de imponerle medida

de aseguramiento7. 1.5.- Mediante Resolución del 20 de agosto de 2015, se declaró cerrada la investigación8. 1.6.- Por Resolución del 27 de noviembre de 2015, laFiscalía Doce Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, calificó la instrucción con resolución de acusación en contra WILSSON LADINO VIGOYA por delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, en concurso heterogéneo con contrato sin cumplimiento de requisitos legales9. 1.7.- Mediante memorial radicado el 23 de diciembre de 2015, el defensor del procesado doctor Juan Pablo Galvis Parra, interpuso recurso de reposición en contra de la resolución de acusación de la misma manera solicitó la preclusion de la investigación y por ende el archivo de las diligencias10. 5 C. 2 fiscalía, folios 75-78 6 C. 2 fiscalía, folios 120-126 7 C. 2 fiscalía, folios 231-270 8 C. 3 fiscalía, folio 7 9 C. 3 fiscalía, folios 65-115 10C. 3 fiscalía, folios 131-144 Página 4 de 118

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WILSSON LADINO VIGOYA 1.8. Con resolución del 15 de enero de 2016 la Fiscalía Doce Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, confirmó el recurso de reposición interpuesto por el defensor a la resolución de acusación de fecha 27 de noviembre de 2015 y ordenó el envío inmediato del expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a fin de que se inicie la etapa deljuicio11.

1.9.- El 31 de agosto de 2016 comenzó a correr el traslado de que trata el artículo 400 de la Ley 600 de 2000 anombre de los sujetos procesales12. 1.10.- Mediante Memorial del 20 de septiembre de 2015, el doctorJuan Pablo Galvis Parra, defensor del procesado, solicitó la nulidad de la resolución de acusación de fecha 27 de noviembre de 201513. 1.11.- El 13 de junio de 2017 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, negó la nulidad interpuesta por el defensor y decidió las solicitudes probatorias formuladas por la defensa en audiencia preparatoria14. 1.12.- El 19 de julio de 2018 se produjo la remisión de la actuación a esta Sala Especial15. 1.13.- El 13 de octubre de 2020 se llevó a cabo la audiencia pública de juzgamiento donde fue interrogado el sindicado 11 C. 3 fiscalía, folios 159-169 12 C. 1 Corte, folio 8 13 C. 3 fiscalía, folios 10-21 14 C. 1 conocimiento, folios 31-66 Ibidem, folio 111 Página 5 de 118

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WILSSON LADINO VIGOYA WILSSON LADINO VIGOYA, se produjeron las alegaciones conclusivas de la Fiscalía reclamando sentencia condenatoria16. Luego, se escucharon las alegaciones finales del representante del Ministerio Público quien reclamó sentencia condenatoria17, mientras que el defensor y el procesado solicitaron la expedición de sentencia absolutoria18.

2. La acusación Mediante Resolución del 27 de noviembre de 2015, la Fiscalía Doce Delegada ante la Corte Suprema de Justicia calificó la instrucción acusando a WILSSON LADINO VIGOYA como autor responsable de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros (art. 397 C.P.), en concurso heterogéneo con contrato sin cumplimiento de requisitos legales (art. 410 C.P.).

Luego de aclarar que valoraría la prueba conforme al principio de “selección probatoria” hizo un breve recuento de aquellas sobre las que fundaría la acusación. Con relación al delito de peculado por apropiación a favor de terceros, expuso que las pruebas son indicativas que el “contrato o convenio” No. 001 del 26 de abril de 2005 suscrito entre el Gobernador WILSSON LADINO VIGOYA y la Cooperativa Nacional de Desarrollo de Entidades TerritorialesCONALDEpor valor de $1.601.891.387, que tenía por objeto el suministro de mercados perecederosy no perecederos con destino 16 C. 2 conocimiento original, folios 246-268 17 Ibidem, folios 277-293 i» Ibidem, folios 269276 294-298 Página 6 de 118

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WILSSON LADINO VIGOYA a las instituciones y centros educativos a cargo de la Secretaría de Educación Departamental, conllevó detrimento patrimonial conforme lo expresó la Contraloría Departamental del Vaupés y que equivalió a $439.989.990. Dicho detrimento, benefició a

terceras personas, entre estas la Cooperativa CONALDE y a HERIBERTO MARTÍNEZ quienes fueron las personas natural y jurídica que ejecutaron el contrato. Explica su conformidad con los alegatos del representante del Ministerio Público en tanto el contrato fue celebrado con CONALDE para beneficiar a HERIBERTO MARTÍNEZ y que de acuerdo con las cifras reportadas por la Red de Veedurías, el contrato en tomo a mercaderías y fletes no sumaría más de $780.000.000. Entiende que el comportamiento del acusado violafunciones y principios constitucionales, así como principios contenidos en la Ley 80 de 1993 y que se agotan en este caso los presupuestos que jurisprudencialmente se han definido para la configuración del delito. Frente al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, comienza por citarjurispmdencia de la Corte Suprema de Justicia que alude a los requisitos esenciales de las fases de trámite, celebración y liquidación del contrato y expone que está probado que se tramitó el contrato sin consultar el principio de transparencia y con desviación de poder, pues del testimonio de CAMPO ELÍAS VEGA GOYENECHE se extrae que adjudicó el contrato a CONALDE para compensar deudas con HERIBERTO MARTÍNEZ, persona que le entregó la documentación de esa compañía para que le adjudicara, siendo contundente el hecho Página 7 de 118

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WILSSON LADINO VIGOYA que esa empresa hubiera sido la única en responder la invitación y ofertar. Esa declaración concuerda con la del secretariojurídico de laGobernación quien afirmó que ladocumentación fue recibida

desde la oficina del gobernador y que éste mismo emitió los estudios de conveniencia y oportunidad; además el gobernador aceptó que teníaunadeudacon HERIBERTO MARTÍNEZ en tanto este último reconoció que se habría reunido con aquel. Por otra parte, la liquidación del contrato se realizó sin sujetarse a exigencias, pues no obstante los reiterados incumplimientos en la entrega de mercados por parte de CONALDE, dado que realizó tres de las cuatro entregas acordadas y que causó una parálisis en la actividad de varios colegios y pese a los requerimientos del mismo Secretario de Educación para la caducidad del contrato, optó por un acuerdo de liquidación bilateral. El procesado conocía de los incumplimientos, ya que fue la persona que impuso una de las multas y resolvió el recurso de reposición frente a otra y esa novedad le fue reportada por su Secretario de Educación. Se produjo también la violación del acta modificatoria del contrato firmada el 4 de mayo de 2005 donde se acordó un pago como anticipo, otro con la acreditación de la tercera entrega y un tercer desembolso con la constancia de recibo final, expedida por el almacenista de la Secretaría de Educación, pero dado que la mercancía no se entregó en su totalidad se afectaron los deberes de las entidades estatales reseñados en el artículo 4o de la Ley 80 de 1993. Página 8 de 118

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WILSSON LADINO VIGOYA También se afectó el principio de responsabilidad con base en el indicio grave que el arquitecto MARTÍNEZ RAMÍREZ sin ser

socio de la cooperativa CONALDE fue quien resultó ejecutando el convenio 001 de 2005 a través de cuestionados contratos de asesoría lo que confirma las acusaciones hechas por VEGA

GOYENECHE y JAVIER MIGUEL VARGAS CASTRO.

Se desvirtúa la posición defensiva en tomo al recibimiento de $50.000.000 de su acusado porparte de MARTÍNEZ RAMÍREZ, pero en calidad de préstamo y resultacuestionable lacoincidencia que seaprecisamente ese prestamista quien resultó ejecutando el convenio con claros sobrecostos e incumplimiento con ganancias que compensaban las deudas o el dinero que habría invertido en el gobernador. Expone como otro cargo, que hubo manejo ilegal del anticipo por cuanto la misma oficina de control intemo de la Gobernación del Vaupés, reportó que no existían los documentos relacionados con lacuentapara elmanejo conjunto de dineros entre CONALDE y el supervisor del contrato, hallándose de nuevo la violación al principio de selección objetiva y actuándose con desviación de poder, pues si bien era permitido contratar con una cooperativa ello se hizo para favorecer a HERIBERTO MARTÍNEZ. Concluye que se presentó una selección amañada del contratista para favorecer al arquitecto mencionado y saldar deudas pendientes del gobernador hacia éste violándose los principios de selección objetivay transparencia lo que propició un detrimento para las arcas del departamento, advirtiendo la Página 9 de 118

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WILSSON LADINO VIGOYA

comisión de las dos conductas punibles endilgadas a nombre de

WILSSON LADINO VIGOYA.

3. Alegatos de conclusión en la audiencia publica Agotado el debate probatorio del juicio, las partes elevaron

las siguientes solicitudes: 3.1.- La Fiscalía Solicita la emisión de sentencia condenatoria en contra de LADINO VIGOYA en calidad de autor, por los delitos que fue acusado, indicando que existen elementos recopilados en la etapa instructiva que acreditan la certeza de su ocurrencia y responsabilidad del acusado, aclarando que las pruebas que se recopilaron en la etapa dejuicio poco o nada aportan. Luego de establecida la condición de servidor público de WILSSON LADINO VIGOYA, se refiere al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales indicando que bajo la condición de gobernador del departamento del Vaupés, suscribió el contrato interadministrativo N° 001 de 2005 con la Cooperativa Nacional de Desarrollo de Entidades Territoriales CONALDE, por un valor de $1.601.891.387.oo y cuyo objeto era el suministro de mercados perecederos y no perecederos con destino a las instituciones y centros educativos administrados por la secretaría de educación departamental, tanto en la zonarural como urbana, desconociendo de manera consciente y voluntaria, los principios Página 10 de 118

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WILSSON LADINO VIGOYA rectores del proceso contractual, en concreto el de transparencia, responsabilidad y el deber de selección objetiva. Señala que la regla general de la contratación es acudir a la

licitación públicay que si bien hay excepciones que dan lugar a la contratación directa, entre ellas el “convenio interadministrativo”, este debe responder a los mismos principios indicados y que en el presente caso se celebró de manera directa el “contrato” con CONALDE bajo un simulacro de transparencia por cursar unas invitaciones a cooperativas estatales para que finalmente fuera la cooperativa conectada con HERIBERTO MARTÍNEZ la que recibieraelbeneplácito en laadjudicación enun proceso que pudo ser más abierto. Explica que de los estudios de conveniencia y oportunidad firmados por el acusado no se extrae la razón de la modalidad de contratación escogida así como tampoco se advierte análisis técnico. Subraya que al tratarse de un “contrato interadministrativo” debía sujetarse CONALDE en igualdad de condiciones que los particulares a acreditar idoneidad y capacidad para cumplir lo convenido y en el desarrollo del contrato se advierte la equivocada selección y en su trasfondo el propósito por contratar con HERIBERTO MARTÍNEZ como lo expUcó VEGA GOYENECHE, de donde se deduce que LADINO VIGOYA, en tiempos de campaña, adquirió compromisos con aquel, dado el apoyo que le brindó, traducidos en adjudicarle contratos para recuperar lo “invertido”. Refiere que lo indicado por el testigo, en tanto el acusado habría recibido dos abonos en efectivo por parte del mismo Página 11 de 118

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WILSSON LADINO VIGOYA HERIBERTO MARTÍNEZ para abonarlos en honorarios a los

abogados que lo representaban ante el Consejo de Estado, encuentra sustento con uno de los abogados del acusado quien señaló haber recibido suma similar a la anunciada y en el hecho que luego de lareunión que dijo se celebró entre LADINO VIGOYA y MARTÍNEZ, fue CONALDE la ganadora de la adjudicación y el contratista destinatario de órdenes de asistencia. Se refiere a las advertencias que hizo el Secretario de Educación sobre el incumplimiento del contrato que con todo fue terminado de manera bilateral, de donde se advierte que el acusado “se interesó desde la fase previa del contrato” lo que denota otra de las exigencias del tipo penal en estudio, esto es el desconocimiento del principio de selección objetiva, al tiempo que se acusa la afectación del principio de transparencia por el que se busca garantizar la moralidad en la contratación sobre la base de la imparcialidad en la escogencia del contratista. Considera que se acredita el aspecto subjetivo de la tipicidad por cuanto el acusado decidió con conocimiento obrar contra la legalidad del proceso contractual, lo que se deduce del encuentro con el contratista y la terminación bilateral del contrato, advirtiéndose también acreditada la lesión al bien jurídico tutelado y la culpabilidad. Con relación al delito de peculado por apropiación, explica que se acreditó que LADINO VIGOYA en su condición de gobernador del Vaupés, tuvo un encuentro con HERIBERTO MARTÍNEZ en presencia de VEGA GOYENECHE en un café de la Página 12 de 118

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WILSSON LADINO VIGOYA ciudad de Bogotá, escenario donde no solo se puso en conocimiento que se adjudicaría ilícitamente un contrato aCONALDE-, sino el querer, su consentimiento ante la “necesidad” del beneficiario final del contrato, de que en esas condiciones y por la cuantía estimada se adjudicaría, desviando recursos destinados al sector educativo, en favor de un tercero. Al tramitar y suscribir en esas circunstancias el contrato interadministrativo 1 de 2005, dispuso jurídicamente de los recursos, dado que “las cuentas entre ellos estaban muy largas” en términos del testigo Vega Goyeneche, de quien no se puede descalificar su versión, pues más allá de las diferencias políticas con el gobernador se encontró que el valor estimado como peculado se aproxima al anunciado en esa reunión. Señala que el monto del peculado se extrae de lo advertido por la Contraloría Departamental, que al analizar el costo de las rutas a distribuir, que eralo que se imponía ejecutar a MARTÍNEZ RAMÍREZ, se halló la suma de $440.965.587,40 que corresponde al detrimento, resultado de la diferencia entre lo pactado en el contrato por $763.225.267.40 y lo verificado por la auditoría $322.259.392.00. Si bien la Contraloría archivó el proceso fiscal acogiendojurisprudencia según la cual no se predica detrimento cuando son dos las entidades públicas involucradas en el manejo de recursos, en este caso se probó que fue un tercero quien recibió el dinero sobre el que se enuncia el detrimento. Por último, indica que la afectación al bien jurídico es

evidente, como resulta serlo a nivel de culpabilidad el reproche, Página 13 de 118

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WILSSON LADINO VIGOYA tal como se analizó con relación al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales19. 3.2.- El Ministerio Público Postuló la emisión de sentencia condenatoria en contra de LADINO VIGOYA, en calidad de autor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros. Con relación al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, luego de reiterar que el acusado cumple la calidad foral, afirma, suscribió el contrato interadministrativo No. 001 del 26 de abril de 2005, el cual no solo presentaba sobrecostos asociados al transporte y cantidad de mercados, sino que fue incumplido, y con éste al parecer se buscó favorecer al arquitecto HERIBERTO MARTÍNEZ, persona a quien el entonces Gobernador le debía favores que buscaron saldarse con uso de recursos públicos, sin importar que dicho sujeto no era socio de la Cooperativa, ni laboraba para ninguno de los asociados, sino que fue contratado por la Representante legal de CONALDE para ejecutar las actividades del mismo. En el cuerpo del contrato suscrito entre la Gobernación del Vaupés y la Cooperativa Nacional de Desarrollo de Entidades Territoriales CONALDE, se establece como normas que orientan lacelebración de dicho actojurídico, laLey 80 de 1993 yel Decreto Reglamentario 2170 de 2002, éste último derogado, pero vigente

19 C. 2 conocimiento original, folios 246268 Página 14 de 118

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WILSSON LADINO VIGOYA para la época de los hechos. Esta norma no fue acatada por la Gobernación de Vaupés, en tanto si bien se trata de una norma de carácter especial, ello no implica que su interpretación se aparte de los postulados y principios de la contratación pública, dentro de los cuales se destacan los de selección objetiva y transparencia, pues si bien se adelantó una invitación pública y se remitieron vía fax 25 invitaciones a entidades del mismo tipo, solo se confirmaron 7 y 2 de aquellas mostraron interés, para que finalmente presentara oferta CONALDE a la que se le adjudicó; premura y mínimo esfuerzo por contactar y asegurar que otras entidades pudieran ser candidatas, que permiten inferir la ausencia de selección objetiva. Los testimonios que revelan que la adjudicación fue pactada en una reunión previa a la realización de los estudios de conveniencia y oportunidad, la ausencia de ejecución directa por parte de CONALDE del referido contrato sino la subcontratación de HERIBERTO MARTÍNEZ a través de órdenes internas; son aspectos que alteran la naturaleza y objetojurídico del contrato y que no consulta el interés general. Explica las diferencias entre contrato y convenio interadministrativo y subraya que aunque el primero esté sujeto a normas especiales no le son ajenos los principios de la contratación y se afecta el principio de transparencia pues aunque se aparentó el cumplimiento de todos los requisitos de la etapa precontractual, ya previamente estaba

seleccionada la persona jurídica a la que se adjudicaría el contrato. Página 15 de 118

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WILSSON LADINO VIGOYA Finaliza señalando que en la etapa de liquidación hubo irregularidades que se evidencian en el incumplimiento del contrato reportado por la Secretaría de Educación a CONALDE y al gobernador, en la que se refiere demora en la entrega de mercados y se solicita la aplicación de la cláusula sancionatoria del contrato declarando la caducidad del mismo, incumplimientos estos que también fueron reportados por el personero municipal de Taraira y la rectora de una institución educativa, no obstante las cuales se decidió suscribir un acta de terminación bilateral del contrato declarando el cumplimiento de las obligaciones pactadas, de donde se deduce que aún en la etapa postcontractual se realizaron gestiones para favorecer a CONALDE desconociéndose el deber establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. Con relación al delito de peculado por apropiación señala que elprocesado suscribió el Contrato interadministrativo No. 001 del 26 de abril de 2005, contando con potestad materialyjurídica, en tanto como ordenador del gasto no sólo representaba legalmente al ente territorial, sino que se encargaba de direccionar los recursos públicos. De igual manera, se evidencia que la falta de cumplimiento de requisitos legales en el contrato de la referencia, constituyó un medio efectivo para que terceros obtuvieran dineros públicos y se halló por la Contraloría un detrimento patrimonial por $439.989.990, correspondiente a sobrecostos en el transporte de mercados y en los procesos de los

productos perecederos. Estos sobrecostos coinciden con el precio final de la orden de transporte a favor de HERIBERTO MARTÍNEZ que pasó de un valor inicial de $507.056.258 a $440.000.000, lo Página 16 de 118

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WILSSON LADINO VIGOYA que permite establecer que los sobrecostos fueron el soporte del pago que hizo CONALDE a MARTÍNEZ RAMÍREZ quien previamente se habría reunido con el gobernador para asegurar la adjudicación20. 3.3.- La defensa: Reclama absolución porque de acuerdo a la prueba recaudadareferida al testimonio de Campo EliasVegaGoyeneche, al cual se le da plena credibilidad siendo solo un testigo de oídas, el Contrato interadministrativo No. 001 de 2005 se habría celebrado para pagar una suma de dinero que el Ex gobernador debía a HERIBERTO MARTÍNEZ, argumento que está basado en una mera especulación del Procurador Delegado para la Investigación y el Juzgamiento, copiada por el señor Fiscal y en una prueba contenida en un disco destruido por la ilegalidad de su confección. Los encuentros de la Contraloría no son ciertos, asegura, en cuanto el auditor fue recusado por su falta de idoneidad y perdió la competencia para que en su lugar la Contraloría General de la República concluyera que no hubo detrimento patrimonial alguno. Los hallazgos de la auditoría son previos al proceso auditor que es preliminar al proceso de responsabilidad fiscal, pero el ente acusador y la procuraduría les han otorgado el alcance de un fallo de responsabilidad y plena prueba en sus

causas penales y disciplinarias. 20 C. 2 conocimiento original, folios 277293 Página 17 de 118

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WILSSON LADINO VIGOYA En su indagatoria, WILSSON LADINO VIGOYA explicó que CAMPO ELÍASVEGAGOYENECHE eraun político de Carurú, con quien realizó un acuerdo político que se cumplió siendo que éste quería más por lo que le exigió al acusado que le diera un porcentaje del contrato con CONALDE a lo que aquel no accedió y que conllevó a la denuncia en su contra. Se pregunta por qué si su defendido, en palabras del fiscal, se apropió de dineros estatales, los mercados llegaron a todos los colegios del departamento conforme al “convenio” interadministrativo 001 de 2005; además, afirma, cuando CONALDE incumplió se le impusieron multas. El cuadro obrante en el acta de liquidación muestra que CONALDE no cumplió a cabalidad con las obligaciones del “convenio” por cuanto solo hizo tres entregas de cuatro, fue multada por ello y se le hizo un descuento por los productos no recibidos; resalta que quien firma laliquidación fue el gobernador encargado aquien no se investigó. Estima, en cuanto a la suscripción del contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, el artículo 14 del Decreto 2170 de 2002, admitíaparala época de los hechos la contratación directa en el caso de “convenios interadministrativos” con cooperativas que eran consideradas entidades del Estado, tal era el caso de la Cooperativa CONALDE. Señala que la Procuraduría y la Fiscalía fungen de

Contraloría y determinan que HERIBERTO MARTÍNEZ fue el beneficiario de los recursos y no la cooperativa, que no fue una entidad estatal como lo insinúa el procesado sino una persona Página 18 de 118

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WILSSON LADINO VIGOYA natural quien fue beneficiaria de los recursos, en contra de los hechos del proceso; el mismo investigador de campo nunca pudo determinar por qué había afirmado que él era el beneficiario y no la Cooperativa CONALDE21. 3.4.- El acusado Refiere que la fiscalía no verificó los supuestos sobrecostos en el hallazgo fiscal de la Contraloría, máxime cuando la misma oficina de control interno de la Gobernación sobre dicho hallazgo conformó un comité de auditoría, cuyos resultados reportó a esa entidad de control fiscal. En dicho informe, el comité encontró que la Contraloría no valoró varios aspectos para concluir el sobrecosto, como las tablas aplicativas entre costos directos e indirectos, documento que no tuvo en cuenta la acusación; tampoco se tuvo en cuenta que el transporte de carga aérea en esa zona y para una entidad estatal tiene costos distintos a los que se le harían aunparticular; en efecto parael caso del contrato 001 de 2005 el oferente en sus costos incluye impuestos, contribuciones nacionales, departamentales y municipales, estampillas que se descuentan al realizar los pagos, póliza de cumplimiento, manejo de anticipo, etcétera. No se tuvo en cuenta que en el expediente se advierte la manera como se obtuvieron los precios de los elementos, esto es que la Secretaría de Educación señaló el precio de los artículos

adquiridos en el año anteriory les aplicó el aumento del IPC y con la que se estableció el plan de compras, lo que determinan lajefe 21 C. 2 conocimiento original, folios 269276 Página 19 de 118

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WILSSON LADINO VIGOYA de la Oficina de Planeación Educativa y el señor Marcos García, almacenista de la secretaría de educación para la época. La misma procuraduría aceptó que lo importante del estudio de mercado es lograr determinar el valor de los elementos a adquirir siendo aceptable el análisis de consumos y precios históricos, por lo que no está demostrado el detrimento patrimonial. Señala que la Fiscalía afirma situaciones como hechas, sin haberlas probado, manifiesta que el acusado no obligó a ningún empleado para que elevara los costos de los artículos por ellos proyectados, de igual manera indica que no han probado que LADINO VIGOYA presionó al jurídico ni a los integrantes del comité evaluador con el fin que adjudicaran a CONALDE la convocatoria de mercados, para pagarle la deuda al señor MARTÍNEZy sin embargo así lo afirmó laresolución de acusación. Indica que debido a la ausencia de elementos probatorios que acrediten los señalamientos hechos por el ente acusador y que resultan necesarios para estructurar la existencia del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, se puede concluir que la imputación del ilícito más allá de ajustarse a la realidad obedece a la simple especulación del funcionario investigador y a su inobservancia respecto del principio de

cumplir con la carga de la prueba. Por lo anterior solicita sentenciaabsolutoria con ocasión aladudarazonabley al imperio del principio de presunción de inocencia. Explica que la Fiscalía fue irrespetuosa de las garantías de un debido proceso, pues luego de la Resolución del 27 de agosto Página 20 d