CSJ - Sentencia SEP090-2022(00203)

A ■A" iaM: i República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Especial de Primera Instancia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS Magistrado Ponente SEP 090 - 2022 Radicación N° 00203 Aprobado Mediante Acta Extraordinaria No. 78 Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022) VISTOS La Sala procede a dictar sentencia dentro del proceso adelantado contra el Exgobernador de Chocó, JULIO IBARGUEN MOSQUERA, acusado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio. HECHOS Según fue descrito en la acusación por la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte, el Exgobernador del Departamento de Chocó, JULIO IBARGUEN MOSQUERA, durante el ejercicio de habría interesado indebidamente en la prórroga del su cargo se contrato n.° 2865 de septiembre 11 de 1998, suscrito entre la Página 1 de 132

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Empresa de Licores y el Consorcio Chocó Pacífico, y en la contratación del Departamento Administrativo de Salud Pública de Chocó [DASALUD] para favorecer a Olmes Durán Ibarguen, conocido como “el zar del narcotráfico del Pacífico”, a cambio de una contraprestación económica, consistente en un

porcentaje de los negociosjurídicos. En el primero, cuyo objeto fue la distribucióri y comercialización del portafolio de licores destilados, se consagró un término de ejecución de 9 años prorrogable por un lapso igual si las partes no tomaban otra determinación con mínimo tres meses de antelación a su vencimiento, lo cual ocurrió en junio de 2007 por el silencio de la administración departamental, a pesar de habérsele informado al procesado lo desventajoso que resultaba el mismo, por los Gerentes de la Empresa de Licores. La segunda, consistente en contratos que integraron una lista encontrada en una propiedad de Durán Ibarguen, allanada por orden de la Fiscalía 22 de la Unidad Nacional de Fiscalías Antinarcóticos y de Interdicción Marítima [UNAIM], celebrados entre los meses de noviembre y diciembre de 2006 con diferentes contratistas, en los cuales el Exgobernador, no obstante haber delegado en el Director de la entidad las funciones de nominador, ordenador del gasto y la contratación, ejerció control burocrático sobre éste y distintos servidores que ingresaron con su aval, para favorecer al supuesto narcotraficante con la consecución de los negociosjurídicos en los que tenía interés. Página 2 de 132

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IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO JULIO IBARGUEN MOSQUERA se identifica con la cédula de ciudadanía n.° 11.785.340, es natural de Istmina (Chocó) donde nació el 12 de julio de 1945, cuenta con 76 años de

edad, es hijo de Nicolás y Rosaura, de profesión docente de primaria, casado con Luisa Rosaura Ibargüen Murillo con quien tiene tres hijos. Se desempeñó como Gobernador del Departamento de Chocó para el período comprendido entre el Io de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007L ANTECEDENTES 1.- Actuación procesal. I.I.- Indagación preliminar. Con fundamento en la solicitud elevada por JULIO IBARGUEN MOSQUERA para que se investigara la veracidad del contenido de notas periodísticas que lo relacionaban con Olmes Duran Ibargüen, el Fiscal General de la Nación dispuso la apertura de la investigación previa el 23 de agosto de 20072. En desarrollo de lo dispuesto entre otras diligencias escuchó en versión libre al Exgobemador de Chocó3. 1.2.- Instrucción. 1 Folios 4 y ss. Cuaderno Original 1 Fiscalía. 2 Folios 22 y ss. Cuaderno Original 1 Fiscalía. 3 Folios 46 y ss. Ibidem. Página 3 de 132

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Con resolución de noviembre 12 de 2014, la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema ordenó la conexidad de los radicados 11278 y 13726, para que fueran adelantados bajo el primero y dispuso abrir investigación contra el Exgobernador IBARGUEN MOSQUERA4, quien fueravinculado formalmente mediante indagatoria5. El 30 de noviembre de 2017, el Ente Acusador precluyó la investigación por el delito de concierto para delinquir a favor

del sindicado por haber operado la prescripción de la acéión penal, y definió su situaciónjurídica absteniéndose de imponer medidas de aseguramiento privativas de la libertad, por no encontrar satisfechas las exigencias legales para ello6. 1.3.- Resolución de acusación Previa clausura del ciclo instructivo y con decisión de diciembre 18 de 20187, la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia calificó el mérito probatorio del sumario con resolución de acusación en contra de JULIO IBARGUEN MOSQUERA, por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio definidos por los artículos 409 y 405 del Código Penal, respectivamente. Al mismo tiempo precluyó la investigación por el punible de prevaricato por acción previsto en el artículo 413 del mismo código. 4 Folios 1 y ss. Cuaderno Original 6 Fiscalía. 5 Folios 225 y ss. Ibidem. 6 Folios 165 y ss. Cuaderno Original 5 Fiscalía. 7 Folios 225 y ss. Ibidem. Página 4 de 132

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Contra la determinación el apoderado del acusado interpuso el recurso de reposición, y mediante providencia de 18 de junio de 2019 la misma fue confirmada8. Los argumentos que soportan la acusación son los siguientes: 1.3.1. Del interés indebido en la celebración de contratos. 1.3.1.1. En cuanto al aspecto objetivo destacó que al

cumplimiento del plazo para la prórroga automática del contrato n.° 2865 de septiembre 11 de 1998, y al momento de la celebración de los contratos suscritos por el Departamento Administrativo de Salud Pública del Chocó -DASALUD, IBARGUEN MOSQUERA ostentaba el cargo de Gobernador del Departamento de Chocó, y los mismos tuvieron relación directa con el ejercicio del cargo. En el contrato n.° 2865, IBARGUEN MOSQUERA tenía la obligación de decidir su suerte, además, por cuanto la Asamblea Departamental con la ordenanza n.° 021 de diciembre 15 de 2005, como consecuencia de la liquidación de la Empresa de Licores, en el artículo 7o, le ordenó concertar un otrosí con la firma contratante que le permitiera al Departamento obtener mayores utilidades. En los negocios de DASALUD, no obstante que con los Decretos 0089 de febrero 25 de 2002 y 0103 de febrero 23 de 2005, las funciones de nominador, ordenador del gasto y representación legal fueron delegadas en el Director de esa Folios 1 y ss. Cuaderno Original 7 Fiscalía. Página 5 de 132

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JULIO IBARGUEN MOSQUERA LEY 600 DE 2000 entidad, el vínculo funcional del Gobernador no desapareció en virtud de la limitación de la autonomía que tiene tal delegación. El interés del procesado en el contrato de septiembre 11 de 1998, lo dedujo la Fiscalía de su cercanía con Gimes Durán

Ibargüen y de la necesidad que éste tenía de que se produjera su prórroga, lo cual consideró evidenciado con la interceptación de las comunicaciones entre el supuesto narcotraficante y el entonces Gerente del Consorcio Chocó Pacífico, Andrés Murillo, efectuadas el 29 de mayo y el 8 de junio de 2007; con la declaración de Fredy Rendón Herrera alias «EZ Alemán» rendida el 28 de agosto de 2009, en la actuación que esta Corporación adelantó bajo el radicado 44356 contra el aquí procesado, y en general con lo probado en el proceso número 28141 seguido contra el Exrepresentante a la Cámara Edgar Eulises Torres Murillo por estos mismos hechos, dentro del cual se logró establecer la existencia de una promesa remuneratoria de un 10% del contrato, para ser repartido en partes iguales entre los prenombrados Torres Murillo e Ibargüen Mosquera. También lo encontró acreditado en los contratos del Departamento Administrativo de Salud Pública, pues el hallazgo de una relación de doce de ellos en una de las propiedades de Gimes Durán Ibargüen, constituyó indicio de la relación de éste con la suscripción y/o ejecución de los mismos, lo cual, consideró, guarda correspondencia con las conversaciones interceptadas a Anurio Murillo, Ailton Vidal Caicedo Mendoza y “Puntico”, el 15 de enero de 2007, el 27 de diciembre de 2006 y el 7 de agosto de 2006, con las cuales estableció que Durán Ibargüen recibía información de algunos Página 6 de 132

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JULIO IBARGUEN MOSQUERA LEY 600 DE 2000 negociosjurídicos por parte de funcionarios de la entidad, y su vínculo con los Exdirectores de DASALUD, “Paciano” y Víctor Oscar Klinger Braham, que incluyó obligaciones y/o transacciones dinerarias. Agregó que con el testimonio del Klinger Braham y las conversaciones interceptadas a Henry Perea Mosquera y Lucio Asprilla, este último Jefe de Recursos Humanos de DASALUD, dedujo un control burocrático y contractual del procesado sobre la entidad, además del compromiso con Durán Ibargüen para favorecerlo. Klinger Braham manifestó que por haber sido nombrado por el Gobernador le informaba toda situación que se presentara con el personal que iba a vincular; y las comunicaciones versaron sobre la existencia del acuerdo entre ellos, lo cual se reforzó con las conversaciones interceptadas a “Julio” y “Amigo” - al parecer director de DASALUDel 7 de agosto de 2006, en las que se habló de un «descuentico» que debía hacerse llegar al «profe» para repartir con Edgar. Con base en lo anterior, calificó de indebido el interés de IBARGUEN MOSQUERA por la promesa remuneratoria que le hizo Olmes Durán Ibargüen, y que conllevó el desvío dé la función pública en detrimento de los principios de transparencia, imparcialidad y moralidad pública. Interés que exteriorizó en el contrato n.° 2865, en razón a que IBARGUEN MOSQUERA no solo permitió dejar pasar el tiempo para que se produjera la renovación automática, sino

que dio instrucciones para que ello ocurriera. La conversación del 8 dejunio de 2007 evidenció que en razón de la suspensión impuesta por la Procuraduría General de la Nación al acusado, Página 7 de 132

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JULIO IBARGUEN MOSQUERA LEY 600 DE 2000 el resultado lo garantizó con la directriz impartida a su Secretario de Agricultura y Medio Ambiente Ovidio Cortés García de dejar las cosas como estaban, quien fue encargado de la Gobernación con el aval dado por el Ex congresistaTorres Murillo. A similar conclusión llegó la Fiscalía respecto de los negocios de DASALUD, en los que el procesado a través de sus subalternos, cuyos nombramientos dependían de su aval, conoció de manera detallada el curso de los negocios de Durán Ibargüen y facilitó el cobro de dinero a la entidad, como lo reconoció “Adilton” Caicedo Mendoza. 1.3.1.2. En cuanto a la responsabilidad penal del procesado, sostuvo el Ente Fiscal que su comportamiento fue S doloso y se acreditó con el conocimiento de los hechos, porque según se destacó en la sentencia condenatoria proferida por esta Corporación contra Edgar Eulises Torres Murillo, con anticipación fue advertido de los efectos perjudiciales del contrato 2865 de 1998 por los exgerentes de la Empresa de Licores, Delcyn Bejaraño Pinilla y Bismark Calimeño Mena, en varios Consejos de Gobierno, y a pesar de ello permitió su prórroga.

Y, frente a los contratos de DASALUD, aseveró, facilitó una estructura burocrática delegando en otros servidores de la administración la contratación de diferentes personas jurídicas y naturales allegadas a Gimes Durán Ibargüen, para concretar la celebración de los negocios jurídicos sobre los cuales tenía interés económico. Página 8 de 132

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JULIO IBARGUEN MOSQUERA LEY 600 DE 2000 1.3.2. Del cohecho propio: 1.3.2.1. En cuanto al aspecto objetivo, refirió que IBARGÜEN MOSQUERA con la intercesión del Exrepresentante a la Cámara Edgar Eulises Torres, aceptó la promesa remuneratoria de Olmes Durán Ibargüen como contraprestación por la prórroga del contrato n.° 2865 de 1998, y la adjudicación de los contratos de DASALUD, que según se extrajo de la interceptación a la comunicación sostenida por Andrés Murillo y Olmes Durán Ibargüen el 8 de junio de 2007, en el primero correspondió a un 10%, y de la realizada a “Julio” y a Víctor Oscar Klinger Braham, el 31 de junio de 2006, del 30%, en los otros. 1.3.2.2. Respecto a la responsabilidad del procesado al igual que con el anterior delito, indicó que de acuerdo con la teoría del correcto conocimiento situacional en la creación del riesgo, el conocimiento de la ilicitud de la conducta por parte del procesado se evidenció con el mismo acto de corrupción de

aceptar la oferta de la participación como comisión por los contratos; desde esa perspectiva, consideró claro que la voluntad del Exgobernador se exteriorizó con las órdenes dadas a sus funcionarios en DASALU y el silencio asumido respecto al contrato 2865 de la Empresa de Licores de Chocó. Además, de contar con la capacidad para comprender la ilicitud de sus actos, resultándole exigible -ex anteactuar conforme a derecho, sin embargo, optó por lo contrario. 1.3.3. Finalmente, sobre el delito de prevaricato por j acción, dispuso su preclusion por atipicidad de la conducta por no hallar prueba demostrativa de la existencia de una Página 9 de 132

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JULIO IB ARQUEN MOSQUERA LEY 600 DE 2000 resolución, dictamen o concepto proferido por el Exgobernador de Chocó en el ejercicio de sus funciones, del cual pudiera predicar una manifiesta contrariedad a la Ley, la Constitución y el ordenjurídico. 2.- Actuación ante la Corte. 2.1.- Audiencia preparatoria. El 20 de mayo de 2020, ante la Sala Especial de Primera Instancia se llevó a cabo la audiencia preparatoria9, en la cual se dio a conocer la decisión adoptada el 12 de marzo de la misma anualidad10, por cuyo medio se pronunció sobre las pretensiones probatorias de la Fiscalíay del Ministerio Público, y de oficio se dispuso el decreto de algunas pruebas. 2.2.- Audiencia de juzgamiento. 2.2.1.- Pruebas practicadas

Fue incorporada la comunicación procedente de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, sobre antecedentes penales y/o anotaciones de JULIO IBARGUEN MOSQUERA11; y el dictamen pericial rendido respecto al monto del detrimento que pudo ocasionarse al Departamento de Chocó en razón de los delitos12. 9 Folios 53 y ss. Cuaderno Original 1 Corte. 10 Folios 31 y ss. Ibidem. 11 Folios 70 y ss. Ibidem. 12 Folios 72 y ss. Ibidem. Página 10 de 132

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Además, se recibieron los testimonios de Robeiro Mosquera Mosquera13, Arneth Bejarano Murillo14, Jaqueline Torres Acosta15, Edson Yair Muñoz Figueroa16, Javier Arcila Rivas17, Myriam del Carmen Murillo Córdoba18, Ornar Valoyes j Ríos19, Francisco Hernán Moreno Murillo20, Tomás Enrique Díaz Valencia21, Julio César Moreno22, Freddy Rendón Herrera23, Ovidio Cortés García24 y Juan Carlos Peláez Trujillo25. En la vista pública se llevó a cabo el interrogatorio del acusado y se escuchó en testimonio a María Elena Bechara Simancas y a Mario Arévalo Sánchez26. 2.3.- Alegatos de conclusión Culminada la práctica de pruebas se dio curso a la intervención de las partes, las que se llevaron a cabo en los términos que a continuación se mencionan: 2.3.1.- Intervención de la Fiscal

Pidió a la Sala condenar al procesado como autor responsable de los delitos por los cuales fue acusado, fundada en los siguientes argumentos: 13 Folios 156 y ss. Ibidem. 14 Folios 192 y ss. Ibidem. ♦i 15 Folios 192 y ss. Ibidem. 16 Folios 192 y ss. Ibidem. 17 Folios 192 y ss. Ibidem. 18 Folios 192 y ss. Ibidem. 19 Folios 192 y ss. Ibidem. 20 Folios 198 y ss. Ibidem. 21 Folios 222 y ss. Cuaderno Original 2 Corte. 22 Folios 222 y ss. Ibidem. 23 Folios 245 y ss. Ibidem. 24 Folios 267 y ss. Ibidem. 25 Folios 300 y ss. Ibidem. 26 Folios 330 y ss. Ibidem. Página 11 de 132

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Respecto al delito de interés indebido en la celebración de contratos, argumentó que probó que IBARGUEN MOSQUERA dolosamente se interesó en beneficio de terceros en la prórroga del contrato celebrado entre la Empresa de Licores de Chocó y el Consorcio Chocó Pacífico, y en el trámite y adjudicación de doce contratos suscritos por el Departamento Administrativo de Salud Pública de Chocó [DASALUD - CHOCÓ] con diferentes personas jurídicas, en los meses de noviembre y diciembre de 2006. Sostuvo que existen pruebas construidas a partir de los indicios de capacidad, oportunidad y móvil para delinquir que

lo ubican como autor responsable de la conducta punible, en concurso material, homogéneo y sucesivo. Los dos primeros, deducidos de la proximidad y conexión que el cargo de Gobernador le otorgaba con los servidores a cargo de la contratación y, el tercero, por la presencia de un acuerdo con Gimes Duran Ibargüen, del cual obtendría beneficios económicos por el interés que el último tenía en los negocios jurídicos cuestionados, pues se estableció que allegados suyos eran los que “gerenciabarf el Departamento Administrativo de Salud del Chocó y dirigían el consorcio contratista de la Fábrica de Licores del Chocó, y en un inmueble de su propiedad allanado se hallaron copias de los contratos de

DASALUD.

Argumentó que si bien las entidades contratantes son descentralizadas y gozan de autonomía administrativa, presupuesta! y financiera, y en sus procesos contractuales funcionalmente no tendría por qué intervenir el procesado, sí Página 12 de 132

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JULIO IBARGUEN MOSQUERA LEY 600 DE 2000 ejercía un control de tutela yjerarquía sobre las mismas por la vinculación del director y del gerente -libre nombramiento y remoción-, y en el caso de la empresa de Licores del Chocó además presidió la junta directiva, lo que le permitió pedir y recibir informes y hacer seguimiento a los trámites contractuales. Concretamente, sobre el contrato n.° 2865 de septiembre 11 de 1998 afirmó que el gobernador como representante legal,

ordenador del gasto y primera autoridad en materia contractual del departamento, estaba obligado a decidir la suerte del negocio jurídico; además, porque así lo dispuso la Asamblea Departamental cuando en la ordenanza n.° 021 de diciembre 15 de 2005, concedió al Despacho de la Secretaría de Hacienda las funciones de Gerente de la Empresa de Licores del Chocó como consecuencia de su liquidación, y en su artículo 7o ordenó al procesado concertar un otrosí que le permitiera al ente territorial obtener mayores utilidades. No obstante, como el mismo incluyó un plazo de nueve años prorrogadles por otro tanto si las partes no tomaban determinación diferente con mínimo 3 meses de antelación, lo dejó vencer en silencio el 10 de junio de 2007. El interés indebido en este negocio lo dedujo de conversaciones interceptadas allegadas por la Fiscalía Octava de la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima, y de lo probado en el proceso seguido contra el Exrepresentante a la Cámara Edgar Eulises Torres, en las que existen afirmaciones que revelan un interés común del Exparlamentario, el Exgobernador de Chocó Odín Sánchez de Oca, el Exjefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, e IBARGUEN Página 13 de 132

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MOSQUERA, en la contratación de la Empresa de Licores del Chocó, concretamente se escucha que Duran Ibargüen prometió un 10% para repartir entre el Ex congresista Edgar Elises Torres Murillo y el procesado a cambio de la prórroga

del contrato suscrito con el Consorcio Chocó Pacífico. Destacó la comunicación entre Durán Ibargüen y Andrés Murillo -entonces Gerente del Consorcio Chocó Pacífico-, dos días antes del vencimiento del término para pronunciarse sobre la prórroga, en la que se trataron los acuerdos con el “profe?’ IBARGÜEN que incluyeron instrucciones de dejar todo como estaba a Ovidio Cortés García, Secretario de Agricultura y Medio Ambiente del Departamento, quien fue encargado de la Gobernación ante la suspensión impuesta por la Procuraduría General de la Nación al acusado, y que según el mencionado trámite penal se produjo con el aval de Edgar Eulises. Finalmente, mencionó que la sanción impuesta al Exgobernador no excusa la ausencia de pronunciamiento dirigida a evitar la prórroga, pues desde el inicio de su periodo el Io de enero de 2004, el cual ejerció de manera continua hasta el 29 de mayo de 2007, cuando entró en vigencia la decisión de la Procuraduría éste pudo adoptar una determinación sobre el particular y no lo hizo a pesar de haber sido advertido de los efectos perjudiciales del contrato, como lo destacó la Corte Suprema en la sentencia proferida contra Edgar Torres, en el sentido que en varios consejos de gobierno los Exgerentes de la Empresa de Licores, Delcyn Bejarano Pinilla y Bismark Calimeño Mena lo pusieron de manifiesto, ya que las ganancias por la venta de licores quedaban en manos Página 14 de 132

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JULIO IBARGUEN MOSQUERA LEY 600 DEROGO de la distribuidora sin que el departamento recibiera un beneficio diferente al pago de impuestos. Sobre los contratos de DASALUD sostuvo que la lista encontraba en poder de Olmes Durán, advierte la existencia de una relación de éste con la suscripción y/o ejecución de los contratos allí consagrados, lo cual tiene correspondencia con algunas de las conversaciones interceptadas en la que se detalló cómo personas allegadas a dicho individuo le prestaban colaboración en el manejo de los negocios en la entidad. » Destacó las conversaciones del 15 de enero de 2007 y el 27 de diciembre de 2006 entre “Adilton” Vidal Caicedo y Anurio (o Anuario), que involucran a dos de los directores de DASALUD, “Paciano” y Víctor Oscar Klinger Brahan, con dineros adeudados a Olmes Durán Ibargüen; además de la sostenida entre “Julio” y un interlocutor “Pascual” sobre unos nombramientos en DASALUD, frente a la cual Klinger Brahan en declaración posterior señaló que como a él lo nombró el gobernador toda situación que se presentara con el personal a nominar tenía que consultársela, lo que demuestra el control burocrático que tenía IBARGUEN MOSQUERA. También acotó que la conversación entre Henry Perea Mosquera -otro de los cercanos colaboradores de Olmes Durány Lucio Asprilla, Jefe de Recursos Humanos de DASALUD para la época, confirma el interés económico de Olmes Durán en los contratos de DASALUD. Para la Fiscalía ello demuestra el compromiso del procesado para con éste, que

se refuerza con la conversación de “Julio” con quien al parecer era el director de DASALUD, del 7 de agosto de 2006, en la que Página 15 de 132

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JULIO IBARGUEN MOSQUERA LEY 600 DE 2000 comentan sobre un “descuentico” que debía hacerse llegar al “profe” para repartir con “Edgar”. Todo lo anterior, sostuvo, prueba el interés del procesado en favorecer a un particular con propósitos ilícitos, como era la repartición de dividendos de los contratos del 10% y el 30%, dejando de lado el interés general que debe guiar la función pública, contrariando el objeto de protección de la norma y los principios de transparencia, imparcialidad y moralidad pública. Encontró acreditado el dolo porque el procesado fue advertido de los efectos perjudiciales del contrato 2865 de 1998 y no hizo nada para evitar su prórroga; y en relación con los actos posteriores y concomitantes a la celebración de los contratos de DASALUD, nombrando y contratando servidores públicos respecto de los cuales ejerció un control burocrático manejo a través de colaboradores que le permitió facilitar su cercanos a Olmes Duran, a cambio de porcentajes de los dividendos. Adicionalmente, argumentó la Fiscalía, cada uno de los contratos cuestionados tienen “existencia en el proceso penal , dado que con soporte en los informes 397782 y 10-124584 de 6 de 2008 y diciembre 6 de 2017, se probó que afectaron mayo los principios rectores de la contratación pública. Se evidenció

en los negociosjurídicos de DASALUD la ausencia de cartas de la evaluación de ofertas invitación, cierre y apertura para estudios previos, actas de recibo, de inicio, de terminación, liquidación de los contratos y “falencia” de supervisores e Página 16 de 132

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JULIO IBARGUEN MOSQUERA LEY 600 DE 2000 inconsistencias en las entradas al almacén; y, en uno, la contratista desconoció su existencia y celebración. Sostuvo que conforme se pudo apreciar durante eljuicio los contratistas, funcionarios públicos y particulares ‘que rindieron testimonios entraron en contradicciones y omisiones en favor del acusado. Algunos no se acordaron de los contratos, otros manifestaron no saber quién era el Gobernador con quien se contrató, y varios de los representantes legales de las empresas contratistas de alguna manera tuvieron vínculo, relación laboral o personal con la gobernación o con personas cercanas a Gimes Durém. De allí que el apoyo técnico derivado de las interceptaciones telefónicas adquiere relevancia, pues le resta mérito a las omisiones y desvirtúan la existencia de duda. De otro lado, en lo referente al delito de cohecho propio aseveró que la prueba obrante estructura indicios de oportunidad y móvil para delinquir que conllevan al grado de certeza exigido. Respecto del contrato 2865 de 1998, adujo que la existencia del acuerdo entre Edgar Eulises Torres, Gimes Duran Ibargüen y el acusado, tratado en la sentencia de condena del 25 de septiembre de 2013 de la Sala de Casación

Penal dentro del radicado 28141 adelantado contra el, ex Congresista Edgar Eulises, por los mismos hechos, para permitir su prórroga automática, trae consigo la aceptación de una promesa remuneratoria de IBARGUEN MOSQUERA. Página 17 de 132

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Aseveró que los vínculos con Olmes Durán se establecen con el testimonio del investigador de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, Edinson Sandoval Cartagena, las piezas procesales obtenidas del radicado 71516 adelantado en su contra por la Fiscalía 22 de la Unidad Nacional de Fiscalías Antinarcóticos y de Interdicción Marítima [UNAIM] por el delito de tráfico de estupefacientes, los informes de interceptaciones y la copia del concepto favorable para su extradición por la Sala de Casación Penal de esta Corporación. En punto a la relación del procesado con Olmes Durán, destacó, tiene respaldo en el testimonio trasladado del exjefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, quien señaló haber advertido al acusado de la persona a quien se estaba entregando el contrato de la Fábrica de Licores. Es así que con la llamada del 8 dejunio de 2007, además del interés del Durán Ibarguen en obtener información sobre un contrato de la Gobernación que estaba próximo a renovarse automáticamente, se aprecia la aceptación por parte del profe de un “descuentico” y con la declaración de Ailton Vidal Caicedo Mendoza que correspondía a un 10% para repartirlo

entre el acusado y Édgar Eulises Torres. El apelativo de profe en cabeza de IBARGUEN MOSQUERA, afirmó, se deriva de la actividad de docente que ejerció durante su vida y que le mereció en la región identificarlo de esta manera, lo cual se probó en la actuación con los testimonios de Arneth Bejarano Murillo, Javier Arcila Rivas y Robeiro Mosquera Mosquera. Página 18 de 132

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Respecto del ingrediente objetivo consistente en que debe tratarse de actos contrarios a los deberes constitucionales y legales, concluyó que con la prórroga automática del contrato 2865 de 1998 se afectaron los intereses del Departamento, si se atienden las advertencias de los exgerentes de la Empresa de Licores. Ahora, en cuanto a los contratos de DASALUD, la aceptación de la promesa remuneratoria, aseveró, se comprueba con las interceptaciones de las comunicaciones^del 31 de junio y el 7 de agosto de 2006, entre “Julio” y Víctor Oscar Klinger Braham y “Julio” y “Amigo” (Olmes Durán), en las que se habló del reparto de un “descuentico” del 30% para el profe y Edgar y el 70% restante para Olmes Durán. Así las cosas, concluyó, no hay duda de la existencia del delito por cuanto el ofrecimiento se encuentra probado y la conducta no exige la ocurrencia de pago. Finalmente, solicitó se profiera sentencia condenatoria

por encontrar cumplidos los requisitos previstos en el artículo 232 de la Ley 600 de 2000. 2.3.2.-Intervención del Ministerio Público. Sus alegatos se encaminaron a solicitar sentencia condenatoria por las conductas imputadas en relación con la prórroga del contrato 2865 de septiembre 11 de 1998, y absolución en lo atinente a la contratación de DASALUD. Página 19 de 132

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Destacó que en la parte resolutiva de la acusación no se especificó el grado de autoría o participación en que pudo actuar IBARGUEN MOSQUERA, ni hizo referencia a si se trata de un concurso de conductas punibles [homogéneo, heterogéneo o las dos], lo cual eventualmente puede afectar la validez del juicio, sin embargo, sostiene que para llegar a esa conclusión extrema es necesario analizar la parte motiva para determinar si en ella quedó claro. Luego de relacionar los elementos de los delitos atribuidos evocó en cuanto al contrato 2865 de 1998, que la cláusula segunda estableció un plazo de nueve áños prorrogadles en un término igual si las partes no tomaban otra determinación, lo cual se debía manifestar mínimo con tres meses de antelación, siendo el mes de junio de 2007 el plazo máximo, sin que ello fuera óbice para que se pudiera dar antes de ese mes. Resaltó que el Gobernador del Chocó era quien tenía la facultad de adoptar esa decisión por ser el representante legal del Ente Territorial. Además, que si bien la Ordenanza 021 de

15 de diciembre de 2005 defirió en el despacho de la Secretaria de Hacienda las funciones