CSJ - Sentencia SEP096-2022(00383)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Especia! de Primera Instancia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

JORGE EMILIO CALDAS VERA

ARIEL AUGUSTO TORRES ROJAS

Magistrados Ponentes SEP 096-2022 Radicación N” 00383 Aprobado mediante Acta No. 81 Bogotá, D. C., tres (03) de agosto de dos mil veintidós ASUNTO Cumplidas las previsiones de la ley 906 de 2004, y una vez ha cobrado firmeza el auto de aprobación del preacuerdo, mediante el cual se produjo la aceptación de cargos, procede la Sala a dictar sentencia en contra de RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR, ex magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, como coautor del delito de prevaricato por acción y autor del delito de prevaricato por omisión, con las circunstancias de agravación punitiva referidas en los numerales 9 y 10 del articulo 58 del Código Penal. Página 1 de 87

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RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR

IDENTIDAD DEL PROCESADO RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR, identificado con la cédula de ciudadanía número 8.317.541, expedida en Medellín (Antioquia), nació el 3 de junio de 1951 en San Marcos (Sucre), hijo de Elvira Dumar y Ramón Jaller, de 71 años de edad, estatura 1.70 metros, estado civil casado, con grado de instrucción universitario de abogado, residente en la Carrera 1%

N 70-40 apto 1002 Edificio Rio Ventó del Barrio El Recreo de Monteriía (Córdoba). LOS HECHOS La imputación fáctica respecto de la cual el procesado aceptó cargos es la siguiente: RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR, como magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, en compañía del también magistrado Miguel Alfonso Mercado Vergara — quien es investigado por separado -, dispuso sin fundamento legal y probatorio el archivo de la investigación disciplinaria que se seguia en contra de la Juez Civil del Circuito de Lorica, Isabel Loreley Montes Oyola mediante auto del 31 de agosto de 2011. En un escrito presentado al Ministerio de Educación por la entonces gobernadora de Córdoba, Martha Sáenz Correa, se puso en conocimiento que, a través de decisiones judiciales, el Juzgado Civil del Circuito de Lorica estaba concediendo derechos pensionales a personas que no cumplian los requisitos exigidos por la ley para ello. Por esta razón, los recursos del departamento Página 2 de 87

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RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR — administrados por la Fiduciaria La Previsora S.A. — habían sido embargados, causando un daño patrimonial al ente territorial. Este escrito fue remitido al Consejo Seccional de la Judicatura para lo de su competencia. Mediante auto del 1% de abril de 2011, el aquí imputado asumió el asunto, dispuso abrir indagación y decretó, como única prueba, requerir a la investigada para que enviara un informe

sobre los hechos por los cuales se iniciaba dicho proceso. Con base exclusivamente en este elemento, se emitió el auto de archivo el 31 de agosto posterior. En la actuación — desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto de 2011 -, RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR omitió declararse impedido para conocer el asunto, pues no sólo su esposa, Caterine Carine Cogollo Reina, había participado como apoderada en uno de los procesos cuestionados, sino que entre la Juez Isabel Loreley Montes Oyola y él existia una estrecha amistad, lo cual le impedia actuar con la imparcialidad debida.

ANTECEDENTES

1. Actuación procesal El 19 de noviembre de 2020 el Fiscal 11 Delegado ante esta corporación formuló imputación en contra del ex magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura, RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR, como presunto coautor del delito de prevaricato por acción y como autor del delito de prevaricato por omisión, junto Página 3 de 87

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RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR con las causales de mayor punibilidad consagradas en los numerales 9 y 10 del artículo 58 del Código Penal. A través de escrito radicado en esta Corporación el día 22 de febrero de 2021, la Fiscalía puso en consideración el preacuerdo celebrado con el acusado y la defensa técnica, en virtud del cual JALLER DUMAR acepta los términos de la imputación fáctica por los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión, con

las circunstancias de mayor punibilidad consagradas en los numeral 9 y 10 del artículo 58 le fueron endilgadas — la doble agravante únicamente respecto del primer punible —. En virtud de ello, recibe como único beneficio la concesión de la prisión domiciliaria como sustituto de la pena de prisión. Es preciso advertir que este preacuerdo también lo suscribió la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que ha sido reconocida como presunta víctima.

2. Términos del preacuerdo En desarrollo de la audiencia celebrada el 26 de agosto de 2021, la Fiscalía y la defensa ratificaron los términos expresados en el acta de preacuerdo suscrita.

Indicaron que, en la audiencia en la que se imparta legalidad al preacuerdo, el procesado deberá pedir perdón a la sociedad colombiana, al departamento de Córdoba y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Además de expresarlo en la audiencia, hará llegar un escrito que contenga esas Página 4 de 87

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RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR manifestaciones de arrepentimiento al despacho del Gobernador y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. El ente acusador puso de presente que de la investigación no se estableció incremento patrimonial como consecuencia de la comisión de las conductas punibles objeto de preacuerdo, acorde con las exigencias del artículo 349 de la Codificación Procesal de 2004. En cuanto al monto de la pena a imponer, se advirtió que el mismo mno hizo parte de la mnegociación, quedando a discrecionalidad de la Sala, únicamente se acordó el de la

sustitución de la pena de prisión intramural en establecimiento carcelario por la modalidad de prisión domiciliaria, como beneficio por la aceptación de cargos.

3. Audiencia de verificación y aprobación de la aceptación de cargos En sesión de 29 de marzo de 2022, luego de verificar que el acusado RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR aceptó los términos del PREACUERDO en forma libre, consciente y voluntaria, debidamente informado y asesorado por su defensor, dentro del marco de observancia pleno de sus garantías fundamentales, le impartió aprobación al mismo, decisión que cobró firmeza, habida cuenta de la conformidad que frente a ella expresaron las partes.

En dicha decisión, la Sala consideró cumplidos los presupuestos consagrados en el titulo segundo del libro tercero Página 5 de 87

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RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR de la Ley 906 de 2004, exigidos para la aprobación del preacuerdo, correspondientes a la identificación de los hechos juridicamente relevantes que enmarcan los delitos de prevaricato por acción y por omisión y los soportes probatorios que permiten inferir la autoría o participación en las conductas punibles aceptadas, así como su tipicidad, acreditan el grado de conocimiento requerido para condenar!. Finalmente, todas las partes manifestaron estar de acuerdo y consideraron que efectivamente se dio cumplimiento a lo pactado en el preacuerdo.

4. Traslado del artículo 447 Ley 906 de 2004

En sesión del 29 de marzo de 2022, se surtió el traslado

del artículo 447 a los intervinientes, quienes expusieron los siguientes planteamientos: 4.1.- La Fiscalia Manifiesta que el procesado padece de una serie de afecciones cardiacas, las cuales le generan un sindrome coronario agudo secundario, según lo referido por el médico tratante. Señala que JALLER DUMAR es padre cabeza de familia de dos menores hijos de aproximadamente 8 años de edad, quienes dependen económica y afectivamente de él, mientras que su ! Ley 906 de 2004 Artículo 327 La aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados y la Fiscalía, no podrán comprometer la presunción de inocencia y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad. Página 6 de 87

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RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR cónyuge indica que se encuentra en prisión domiciliaria y presenta cuadro psiquiátrico delicado conforme lo concluyen sus galenos. Agrega que el acusado no podrá colocar en riesgo a la sociedad, ni obstruir el ejercicio de la justicia, ni tampoco reiterar los comportamientos por los que está siendo procesado, en tanto que hace más de 6 años dejó el cargo que ostentaba como magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Montería y el mismo no cuenta con antecedentes penales ni de carácter disciplinario. Por último, estima que las relaciones individuales, sociales y familiares del procesado, soportan el único beneficio producto del preacuerdo que es la prisión domiciliaria, concesión que es razonable y legal, dejando al justo criterio de legalidad la tasación

de la pena a la Sala. 4.2.- Apoderado de la presunta víctima Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Ratifica estar de acuerdo con lo expuesto por el ente acusador y que no es su deseo agregar algo más. 4.3.- La Defensa Indica que su prohijado es una persona de la tercera edad, con múltiples y graves afectaciones a su salud, ya que padece de una enfermedad coronaria de tronco principal y adicionalmente sufre de un tumor maligno en la pared lateral de la vejiga, Página 7 de 87

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RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR patologias que han impactado de forma negativa en su salud mental impidiéndole desarrollar sus actividades de forma funcional. Manifiesta que, en cuanto a las circunstancias familiares, su prohijado tiene dos hijos de 8 años, los cuales se encuentran a su cuidado y dependen económicamente de él, en tanto que su esposa padece de depresión, como consecuencia de la pena privativa de la libertad impuesta en su domicilio. Menciona que la Fiscalia le imputó a su prohijado dos circunstancias de mayor punibilidad consagradas en el artículo 8 del Código Penal; la primera, consignada en el numeral 9 que hace referencia a “la posición distinguida que el sentenciado, ocupa en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración poder, oficio o ministerio”, frente a la cual indica que resulta improcedente su configuración, toda vez que la condición de su cargo se encuentra contenida en el tipo penal del prevaricato, razón por la cual su aplicación podría vulnerar el principio de non bis in ídem.

La segunda, la del numeral 10 consistente en “obrar en coparticipación criminal”, expresa que el ente acusador le imputó a su prohijado el delito de prevaricato por acción a titulo de coautoría, lo que constituye a su criterio una indebida imputación al admitir su comisión, toda vez que se trata de un delito de los que se denominan infracción al deber o de propia mano. La Corte Suprema de Justicia ha indicado que un tipo penal recoge una conducta de propia mano, cuando solo el sujeto agente está en condiciones de ejecutarla personal y materialmente sin que otra persona pueda realizarla en su lugar. Página 6 de 87

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RAMON DE JESUS JALLER DUMAR Señala que en el actuar del procesado se predican dos circunstancias de menor punibilidad previstas en el numeral 1 y 10 del artículo 55 del Código Penal, toda vez, que su procesado no cuenta con antecedentes penales, fiscales, ni disciplinarios; por ello, sugiere que al momento de tasar la pena se establezca en el primer cuarto punitivo y se fije en 51 meses, teniendo en cuenta dichas circunstancias, la aceptación de cargos y que la conducta que se está sancionando sucedió aproximadamente hace 10 años, que la misma no configuró un incuantificable deterioro a la confianza de la ciudadanía hacia la judicatura. Agrega que su proceder no generó un impacto a nivel regional o nacional, ni se configuró un daño inconmensurable a la comunidad o a los parámetros normativos que la orientan, sin que exista riesgo de reiteración de la conducta, habida cuenta que

estando pensionado no ostenta el cargo en desarrollo del cual se le endilgan las conductas punibles y que no volverá a ejercer cargos públicos de ningún tipo. Solicita se le aplique la rebaja del 50% de acuerdo a la etapa en la que iniciaron las conversaciones para la aceptación y su materialización antes de la presentación del escrito de acusación, aclara que no sería un doble beneficio, en tanto que la rebaja que prevé el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal es por ley y no acordada por la Fiscalia. Por lo anterior, sugiere que la pena privativa de la libertad a imponer sea de 25 meses y 15 días y que para el cumplimiento de ella sea concedida la prisión domiciliaria en la ciudad de Monteria, Página 9 de 87

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RAMON DE JESUS JALLER DUMAR dadas las condiciones de salud del acusado y lo pactado en el preacuerdo. 4.4.- El Procesado Alude que coadyuva en su totalidad la petición realizada por su abogado defensor. 4.5.- El Ministerio Público Manifiesta que se encuentra de acuerdo integramente con la solicitud presentada por el ente acusador.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. De la competencia La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, es competente para proferir sentencia dentro de este proceso seguido contra RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR, de conformidad con el artículo 235-5 de la Carta Política, modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2018, que radica en ella la competencia para juzgar

previa acusación del Fiscal General de la Nación, entre otros funcionarios, a los magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura, cargo que desempeñaba el procesado al momento de ocurrencia de los hechos materia de pronunciamiento. Página 10 de 87

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RAMON DE JESUS JALLER DUMAR

2. De los delitos objeto de acusación Se imputó a RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR “como coautor del delito de prevaricato por acción y autor del delito de prevaricato por omisión, con las circunstancias de agravación punitiva referidas en los numerales 9 y 10 del Artículo 58 del

Código Penal.”

3. Del prevaricato por acción El artículo 413 del Código Penal, consagra el delito bajo el siguiente tenor literal: “Articulo 413. Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) Salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”.

Teniendo en cuenta las tres categorías mencionadas, respecto al delito de prevaricato por acción, se exigen los siguientes elementos del tipo: (i) un sujeto activo calificado (servidor público), (ii) que obre en ejercicio de sus funciones, (111) que expida resolución, dictamen o concepto, y, (1v) que lo

último resulte manifiestamente contrario a la ley. Con este entendimiento, respecto de tales elementos, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha enseñado (sentencia 39.751 del 21 de agosto de 2013): “1) El sujeto activo del delito de prevaricato por acción es calificado, para cuya comisión se requiere la calidad servidor público Página 11 de 87

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RAMÓON DE JESUS JALLER DUMAR en el autor, aspecto que no ofrece ningún tipo de controversia en el sub judice. 1) Que aquel servidor público en ejercicio de sus funciones emita la resolución, dictamen o concepto; entiéndase por resolución aquella que no es solamente la providencia emitida por autoridad Judicial sino también por funcionario administrativo, en ejercicio uno u otro de sus respectivas atribuciones; y no necesariamente ha de presentar los caracteres formales de auto interlocutorio o de sentencia, lo que importa es que en ella el empleado oficial decida algo en ejercicio de su función. it) Que la decisión adoptada bien sea resolución, dictamen o concepto sea “manifiestamente contraria a la ley” es decir que aquella tenga una notoria discrepancia entre lo decidido por un funcionario público y lo que debió decidir, o como tantas veces se ha dicho, que exista una contradicción evidente e inequívoca entre lo resuelto por el funcionario y lo mandado por la norma”. El entendimiento del concepto “manifiestamente contrario a la ley”, apunta a que lo decidido carezca de raciocinio, o que, existiendo éste, se muestren conclusiones opuestas a lo que evidencian las pruebas o la ley aplicable al caso, de manera tal

que el reconocimiento hecho derive en arbitrario y caprichoso, pues proviene “de una deliberada y malintencionada voluntad del servidor público por contravenir el ordenamiento jurídico”; asi, la “palmaria ilegalidad de la decisión surge cuando de manera sencilla y puntual es posible verificar que lo decidido es opuesto a la solución que el ordenamiento jurídico prevé para el asunto analizado” (Corte Constitucional, sentencia C335 de 2008, en donde cita fallo del 11 de abril de 2007 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal). Sobre ese aspecto, la Sala de Casación Penal ha resaltado que lo manifiestamente ilegal comporta que la determinación del servidor no admita ninguna justificación razonable, esto es, que sea patente, evidente a simple vista, pues no estructura Página 12 de 87

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RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR prevaricato lo que pueda tenerse como una decisión desacertada, si esta responde a un análisis razonado de la prueba y de la ley, pues lo delictivo es lo que responda al simple capricho, a la arbitrariedad, en tanto obedece al “desconocimiento burdo y mal intencionado del marco normativo” (sentencia 19.303, 13 de agosto de 2003). La Corte igual se ha referido a que el agente debe actuar con una “finalidad corrupta”, concepto que debe entenderse así (sentencia 52.454, 16 de mayo de 2018): “La fmalidad corrupta se verifica cuando la decisión ilegal es proferida con el propósito consciente de favorecer ilícitamente a un

tercero, o como consecuencia de un pago, dádiva o promesa, o en conexión con un ilícito subyacente que determina al funcionario a apartarse del orden jurídico, pero también cuando éste último, de manera arbitraria, caprichosa o injusta resuelve autónomamente adjudicar en contra del derecho aplicable o las pruebas a cuya valoración está compelido, así en esa conducta no concurra el ánimo protervo de beneficiar ilícitamente a otra persona... En esas condiciones, cuando el funcionario judicial en ejercicio de sus funciones resuelve apartarse tozudamente del orden jurídico, desconocerlo por un acto deliberado de poder o quebrantarlo por la única razón de ser esa su voluntad, obra también con una finalidad corrupta, pues por esa vía está alterando, trastocando o depravando la función jurisdiccional misma, que no debe estar orientada por propósitos personales o egoístas, sino por la realización de la justicia matenal.” Para el caso que nos ocupa, debe advertirse que se le imputó al ex magistrado RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR la coautoría del delito de prevaricato por acción, pues junto a su compañero de Sala Miguel Alfonso Mercado Vergara — quien no está siendo investigado dentro de esta actuación procesal —, sin fundamento legal dispusieron el archivo de la investigación disciplinaria que se llevaba en contra de la Juez Civil del Circuito de Lorica, Isabel Loreley Montes Oyola. Página 13 de 87

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RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR De los elementos materiales probatorios arrimados a la

actuación, se advierte que el acusado al emitir la providencia de archivo del 31 de agosto de 2011 en favor de Isabel Loreley Montes Oyola, no cumplió con los principios de legalidad e imparcialidad, ni tampoco con el deber de motivación adecuada de las decisiones Judiciales, por lo que violó el debido proceso y el ordenamiento jurídico. En este sentido, dentro del plenario se tiene que RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR no desplegó ninguna de las facultades probatorias con las que contaba para intentar esclarecer los hechos materia de investigación. Es asi, pues aun cuando era su deber ordenar la recolección de diversos elementos de juicio que le permitieran establecer y comprender la situación fáctica por la cual se cuestionaban las actuaciones de Isabel Loreley Montes Oyola, se limitó únicamente a requerir a la investigada para que contara su versión de lo sucedido. En el auto del 1 de abril de 2011 — por medio del cual se abrió la indagación preliminar — se observa que la única prueba ordenada por el acá procesado fue la de solicitar a la Juez de Lorica que rindiera un informe en el que explicara lo ocurrido y las circunstancias por las cuales era indagada disciplinariamente. A pesar que era necesario desplegar un sinnúmero de actividades investigativas en el proceso disciplinario a su cargo, RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR consideró que, para el establecimiento de la verdad real, era apenas suficiente con que Isabel Loreley Montes Oyola expusiera por escrito su versión de lo acaecido. Página 14 de 87

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RAMON DE JESUS JALLER DUMAR

El radicado No. 2011-000105? — con el cual se origina la indagación disciplinaria — no contenía suficientes fundamentos valorativos que permitieran dilucidar el asunto denunciado, por lo que era deber del funcionario encargado de la instrucción llevar a cabo una averiguación completa, tal y como lo ordenan los artículos 128 y 129 de la Ley 734 de 2002. Según esta normativa, es clara la obligación de que todo fallo disciplinario sea fundado en pruebas legal, regular y oportunamente aportadas, bien a petición de parte o de manera oficiosa. Más aún, el articulo 128 precitado establece expresamente que la carga de la prueba le corresponde al Estado que, para este caso, estaba representado por el procesado, en su condición de magistrado ponente. A su vez, el siguiente precepto del mismo cuerpo normativo estipula la obligación que recae sobre el funcionario de buscar la verdad real de los hechos. Para eso, indica también que este tiene que investigar con rigor todo aquello que demuestre la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del encartado, así como las circunstancias que evidencien su inocencia o la inexistencia del acontecimiento. Igualmente, este artículo resalta la facultad del decreto oficioso de pruebas, atribución que se constituye en un valioso instrumento para cumplir los trascendentales cometidos de la labor judicial. De lo acreditado en la actuación, resulta patente la intención del ex magistrado de conducir las diligencias hacia un desenlace 2 Folio 42 Cuaderno Anexo Fiscalía 1. “Auto mediante el cual se ordena la indagación preliminar conforme al Artículo 150 de la Ley 734 de 2002”

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RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR propuesto desde el comienzo de las mismas, el cual no era otro que el de emitir una decisión que descartara la responsabilidad disciplinaria de la investigada. Prueba de lo anterior es que, dentro del fallo proyectado por él y finalmente emitido por la Sala del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba que presidía, resalta la conclusión a la que se llegó, en la cual se expresa que “jon observancia de las pruebas aportadas” Se decide que la Juez del Circuito de Lorica no incurrió en falta disciplinaria alguna. Todo esto, a pesar de que del contenido de la decisión deviene evidente que no hubo actividad probatoria de oficio ni a petición de parte que permitiera esclarecer la situación fáctica que gobernaba el caso y colegir con tal firmeza que la encartada no incumplió los deberes funcionales que le impone la ley. De acuerdo con la denuncia que dio pie a que se iniciaran aquellas pesquisas, la Juez Isabel Loreley Montes Oyola estaba reconociendo, a través de sus pronunciamientos judiciales, derechos y acreencias económicas a personas que no cumplian los requisitos establecidos en la ley, de los cuales la Gobernación de Córdoba era el sujeto pasivo. Asi, en la denuncia se cuenta que la entidad territorial estaba pagando importantes sumas de dinero, y que recursos de la Fiduprevisora que le pertenecian habían sido embargados por órdenes de ese despacho. Dichos acontecimientos tenían incidencia penal y disciplinaria. Había tantos indicios de la irregularidad que la alli

investigada — Isabel Montes — aceptó la imputación que le fuera hecha por la Fiscalía por la resolución ilegal de tales demandas, razón por la que fue condenada. Página 16 de 87

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RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR En esencia, lo que la situación exigía era que se indagara acerca de los procesos judiciales cuestionados por la Gobernación, averiguar si existían o no fundamentos jurídicos para conceder los derechos que, según la queja, estaban siendo reconocidos y constatar si las personas involucradas — los demandantes, sus apoderados y sobre todo la juez investigada — estaban actuando de acuerdo con el ordenamiento legal. Estos hechos eran los que RAMÓN DE JESUS JALLER DUMAR estaba en la obligación de esclarecer. El ex magistrado, contrario a su deber, decidió que una averiguación de tal naturaleza y alcances no era necesaria, y que solo bastaba con que la Juez implicada explicara la perspectiva de su actuación. Es decir, el ponente consideró que, para entender y dilucidar el asunto, era suficiente con enfrentar las dos versiones de los hechos: la queja presentada por la Gobernación y las explicaciones rendidas por Montes Oyola. En su parecer, la situación fáctica no requería un escrutinio más profundo, criterio en el que coincidió el magistrado Miguel Alfonso Mercado Vergara compañero de Sala, quien no solo no reclamó el adelantamiento de una práctica probatoria suficiente, sino que junto con JALLER DUMAR emitió la decisión de archivo que se considera prevaricadora.

En el auto que emite el archivo de la actuación se observa que la argumentación del mismo se basa en una larga y descontextualizada transliteración de extractos de las sentencias SU-014 de 2002 y T-146 de 2008 que versan sobre los límites de la potestad disciplinaria frente a la autonomíia e independencia de los funcionarios judiciales, sin que dicho análisis se realizara de Página 17 de 87

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RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR cara a los hechos que dieron lugar a la queja y a la investigación que era imprescindible realizar. Es decir, nunca se adelantó un estudio cuidadoso del caso en concreto. De lo anterior, es posible concluir que RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR obvió los ordenamientos que propugnan por la prevalencia de la justicia y la búsqueda de la verdad material, desconociendo los principios de legalidad, imparcialidad y el de motivación suficiente de la providencia judicial en la que dispuso el archivo de las diligencias. Asimismo, queda claro que vulneró el ordenamiento jurídico, en especial el artículo 73 de la Ley 734 de 2002 que dispone expresamente que una investigación se puede archivar cuando resulte “plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como Jalta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse...” (negrilla fuera del texto). Nuestro ordenamiento jurídico tiene prevista la conducta punible de prevaricato por acción, bajo la modalidad exclusivamente dolosa, por lo que el servidor público que incurra

en ella deberá contar con conocimiento y voluntad para llevarla a cabo. Bajo ese supuesto, resulta claro para la Sala que RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR actuó conscientemente, sabedor de que con su comportamiento estaba realizando la conducta punible por la que fue imputado, a pesar de lo cual quiso el resultado de disponer el archivo de la investigación disciplinaria que cursaba contra la Juez Civil del Circuito de Lorica, sin haber Página 18 de 87 R

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RAMÓN DE JESÚS JALLER DUMAR adelantado labor investigativa alguna, con evidente abuso de sus funciones. Los principios de derecho y mandatos legales citados, los cuales fueron trasgredidos abiertamente por el magistrado, llustran con absoluta claridad los deberes que estaba obligado a observar en el adecuado cumplimiento de su función de administrar justicia, al decidir respecto de la acción disciplinaria a su cargo. Vale destacar que el 31 de agosto de 2011, momento de realización de la conducta calificada como prevaricadora, el procesado ostentaba la condición de magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba — posesionado desde 1993 — por lo que contaba con la experiencia y el conocimiento necesarios para saber que su deber era adelantar una investigación rigurosa y recaudar los medios de prueba que le permitieran dilucidar con claridad la verdad sobre la situación fáctica del asunto que le correspondiía definir, conforme la queja disciplinaria en contra de la juez Montes Oyola, y que la carga de la prueba la soportaba él en

su calidad de director del proceso judicial. Con todo, la Sala entiende que la conducta desplegada por el imputado fue realizada con dolo y pleno conocimiento de la ilicitud, toda vez que las circunstancias que rodearon al caso permiten entrever que la intención de archivar el proceso disciplinario nació desde que fue iniciado su trámite. No se pretendió nunca desarrollar una actuación imparcial, objetiva y 3 Ley 734 de 2002, articulos 73, 128 y 129. Página 19 de 87

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RAMÓN DE JESUS JALLER DUMAR adecuada, sino que, por el contrario, la actividad del procesado se direccionó de forma consciente y voluntaria a lograr el fin prevaricador, el cual era el de cerrar el proceso lo más pronto posible y evitar las pesquisas que pudieran llegar a presentarse, contrariando flagrantemente las disposiciones normativas que gobernaban el trámite, emitiendo una decisión arbitraria y caprichosa. Con esta decisión, resultó evidente que se vulneró efectivame