CSJ - Sentencia SEP153-2022(52456)

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala Especial de Primera Instancia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA

JORGE EMILIO CALDAS VERA

Magistrado Ponente SEP 153-2022 Radicación N° 52456 Aprobado mediante Acta No. 122 Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintidós (2022). VISTOS Una vez celebrado el juicio oral y cumplida la audiencia para los fines contemplados en el artículo 447 de la Ley 906 de 2004, corresponde a esta Sala dictar sentencia dentro del proceso adelantado en contra de los abogados JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA y LUIS GREGORIO CEPEDA DIAZ, en su condición de conjueces de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, acusados como coautores del delito de prevaricato por acción, conforme a lo indicado en el artículo 413 del Código Penal.

IDENTIDAD DE LOS ACUSADOS JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA, identificado con la

cédula de ciudadanía No. 6.884.977 expedida en Montería Página 1 de 91

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JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA - LUIS GREGORIO CEPEDA DIAZ

(Córdoba), nació el 19 de septiembre de 1961 en esa misma ciudad, hijo de Graciniano Olascoaga Romero y Elvira Rada, profesión abogado. LUIS GREGORIO CEPEDA DIAZ, identificado con cédula

de ciudadanía No. 6.892.959 expedida en Montería (Córdoba), nació el 22 de octubre de 1964 en ese mismo municipio, hijo de Edelberto Cepeda Castillo y Antonia Díaz, profesión abogado. ANTECEDENTES FÁCTICOS Los abogados JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA y LUIS GREGORIO CEPEDA DÍAZ fueron acusados por la Fiscalía General de la Nación como presuntos coautores responsables del punible de prevaricato por acción previsto en el artículo 413 de la Ley 599 de 2000. Los hechos jurídicamente relevantes sobre los cuales la Fiscalía edificó la acusación tienen origen el 26 de agosto de 2010, fecha en la que Ana Cecilia Arias Moreno en su condición de Juez Primero Civil del Circuito de Montería dentro de proceso ejecutivo promovido por José Luis Pérez Rivera y otros contra la Fiduciaria La Previsora, el departamento de Córdoba y el Ministerio de Educación, libró mandamiento de pago por valor superior a $5.000.000.000 que fueron objeto de transacción aceptada por aquella, a pesar que el apoderado de los demandantes no tenía facultades para ello, los títulos no fueron aprobados por Fiduprevisora y por ende carecían de validez y mérito ejecutivo así como por la falta de competencia Página 2 de 91

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JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA - LUIS GREGORIO CEPEDA DIAZ de la juez, por lo que se inició investigación disciplinaria No. 23-001-11-02-002-2011-00108 Grupo 1, en contra de esta

última por parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba. La actuación disciplinaria, adelantada por los Magistrados Miguel Alfonso Mercado Vergara y Ramón de Jesús Jailer Dumar culminó en primera instancia con sentencia del 24 de junio de 2015, donde se le impuso a lajuez Ana Cecilia Arias Moreno, sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por 10 años, determinación que fue notificada mediante edicto del 6 al 8 de julio de 2015. El 26 de junio de 2015, a través de apoderado judicial, la juez Ana Cecilia Arias Moreno interpuso acción de tutela en contra de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, alegando lavulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso disciplinario, defensa, contradicción, doble instancia e igualdad, por cuenta de varias decisiones -nugatoria de recursos y falta de trámite a recusaciónadoptadas dentro del proceso disciplinario. Posteriormente, el 9 de julio de 2015, sustentó el recurso de apelación en contra de la sentencia del 24 de junio, el que le fue concedido a través de auto del 14 de julio de 2015 y desatado mediante providencia del 13 de agosto de 2015 por parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, donde se confirmó en su totalidad la sentencia de primera instancia. Página 3 de 91

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JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA - LUIS GREGORIO CEPEDA DIAZ Luego, el 26 de agosto de 2015, el conjuez ponente LUIS GREGORIO CEPEDA DIAZ admitió la acción de Tutela promovida por Ana Cecilia Arias Moreno y dispuso como medida provisional la suspensión del proceso disciplinario adelantado contra la accionante; más adelante, con auto del 28 de agosto, el conjuez dictó auto aclaratorio de la medida de suspensión provisional ampliando sus efectos a la sentencia de segunda instancia del 13 de agosto de 2015 dictada por el Consejo Superior de la Judicatura. Finalmente, el 8 de septiembre de 2015, LUIS GREGORIO CEPEDA DÍAZ y JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA, emitieron fallo de la acción constitucional donde resolvieron tutelar los derechos fundamentales al “debido proceso administrativo disciplinario”, defensa, contradicción, doble instancia e igualdad a favor de Ana Cecilia Arias Moreno y en consecuencia, decretaron la nulidad parcial del proceso disciplinario a partir del auto del 19 de mayo de 2015, por el cual se negó una prueba reclamada por la defensa consistente en la práctica de pericia sobre asuntos de derecho. Con fundamento en esos hechos, la Fiscalía General de la Nación le atribuyó a los conjueces el ilícito de prevaricato por acción, pues -concluyó- admitieron y tramitaron la acción de tutela sin agotarse el principio de subsidiariedad; utilizaron jurisprudencia inaplicable para soportar la viabilidad de analizar por esa vía la constitucionalidad de actos de trámite;

y dejando sin efectos incluso el fallo disciplinario de segunda instancia dictado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, autoridad a la que no Página 4 de 91

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JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA - LUIS GREGORIO CEPEDA DIAZ vincularon a la acción constitucional, omitiendo en la sentencia de tutela incluso las consideraciones efectuadas por la accionada y citando jurisprudencia inaplicable. En sentir del delegado del ente acusador, los acusados desconocieron de manera evidente y con pleno conocimiento el numeral Io del artículo 6o del Decreto 2591 de 1991 por inaplicación del principio de subsidiariedad de la acción de Tutela, el artículo 55 de la Ley 270 de 1996 ya que no resolvieron todos los asuntos planteados por los intervinientes en la acción constitucional, artículo 236 del Código de Procedimiento Civil que revela improcedente el dictamen pericial sobre puntos de derecho y los artículos 21,115, 198 y 205 de la Ley 734 de 2002, estas últimas normas vigentes para la época de los acontecimientos.

TRÁMITE PROCESAL

1. La Fiscalía Segunda Delegada ante esta corporación, para el 26 de enero de 2018, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, formuló imputación de cargos contra JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA y LUIS GREGORIO CEPEDA DÍAZ, como coautores del delito de prevaricato por acción previsto en el artículo 413 de Ley 599 de 2000 con las circunstancias de menor y mayor punibilidad previstas en los

artículos 55-1 y 58-9, 10 de la misma obra1.

2. La misma delegada, radicó escrito de acusación el 23 de marzo de 2018 ante la Secretaría de la Sala de Casación 1 C. 1 conocimiento original, folio 27

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JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA - LUIS GREGORIO CEPEDA DIAZ Penal de la Corte Suprema de Justicia, siendo asignado el asunto al Despacho del H.M. Fernando Alberto Castro Caballero, el cual remitió la actuación a esta Sala por competencia, el 26 de julio de 20182.

3. El 27 de mayo de 2019, se llevó a cabo audiencia de formulación de acusación contra JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA y LUIS GREGORIO CEPEDA DÍAZ, donde se les señaló como coautores del delito de prevaricato por acción con circunstancias de menor y mayor punibilidad, indicadas en los artículos 55-1 y 58-9 y 10 de la Ley 599 de

2000.

4. En sesión del 5 de febrero de 20203, esta corporación adelantó la audiencia preparatoria que culminó con la emisión y lectura de auto el 28 de mayo de 2020, en el cual se decretaron pruebas solicitadas por las partes, sin que contra tal determinación se interpusieren recursos4.

5. Luego, en sesión del Io de marzo de 2022, se llevó a cabo la audiencia de juicio oral, donde se produjo la introducción probatoria y los alegatos de conclusión de las partes. 6.- Finalmente, el 8 de noviembre de 2022, se produjo la

audiencia de lectura de sentido de fallo y adicionalmente se agotó el trámite a que alude el artículo 447 de la Ley 906 de 2004. 2 C. 1 conocimiento original, folios 1-26, 35, 40 3 Ibidem, folios 108-110 4 Ibidem, folios 131-169, 171-173 Página 6 de 91

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JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA - LUIS GREGORIO CEPEDA DIAZ ALEGACIONES FINALES En virtud de lo dispuesto en el artículo 443 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía, el Ministerio Púbico, el representante de víctimas y la defensa expusieron sus argumentos de conclusión, así:

1. La Fiscalía La delegada del ente acusador comienza por señalar que ha sido acredita más allá de toda duda tanto la materialidad de la conducta de prevaricato por acción como la responsabilidad de los acusados OLASCOAGA RADA y CEPEDA DÍAZ, por la instrumentalización de la acción de tutela como favorjudicial.

Se ha probado desde la formulación de imputación la condición de los acusados, quienes fueron designados como conjueces de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura desde el año 2015 y bajo cuya condición dictaron fallo de tutela a favor de Ana Cecilia Arias Moreno el 8 de septiembre de 2015, quien ostentaba la condición de disciplinada dentro del radicado 20100108 de esa misma corporación. Ese fallo, es manifiestamente contrario a lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral Io del

artículo 6o del Decreto 2591 de 1991, que definen a la acción de tutela como un mecanismo subsidiario de protección de derechos y -conforme a la jurisprudenciacuando no exista otro medio de defensajudicial. También desconoce el mandato del Página 7 de 91

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JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA - LUIS GREGORIO CEPEDA DIAZ artículo 55 de la Ley 270 de 1996, según el cual las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados por los sujetos procesales, que ha sido desarrollado por lajurisprudencia constitucional. Así mismo, el fallo de tutela desconoce la Ley 734 de 2002, en particular los artículos 21 de integración normativa, 87 sobre el procedimiento en caso de impedimento o recusación, 115 sobre el recurso de apelación, 198 sobre decisión de impedimentos y recusaciones y 207 sobre recursos, además del artículo 236 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos y en lo concerniente a la prueba pericial. Refiere que la prueba demuestra la existencia objetiva de la conducta punible y que se desarrolla en el contexto de tres actuaciones judiciales: En primer lugar el proceso ejecutivo 201000233, sobre cuya existencia obran las documentales de la Fiscalía enumeradas 1 a 4 así como las estipulaciones probatorias, con las que se demostró que el 25 de agosto de 2010 José Luis Pérez Rivera y otros, mediante apoderado judicial presentaron demanda ejecutiva contra el departamento de Córdoba, la Fiduprevisora y el Ministerio de Educación - Fondo de

Prestaciones del Magisterio, y cuyo propósito era condenar a los demandados al pago de sumas derivadas de derechos de jubilación. Se probó además que el asunto correspondió a la Juez Primero Civil del Circuito de Montería, quien libró mandamiento de pago, decretó el embargo y retención de dineros y aprobó un acuerdo presentado por las partes por Página 8 de 91

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JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA - LUIS GREGORIO CEPEDA DIAZ valor de $5.560.934.511 y dio por terminado el proceso, ello sin que tuviere competencia para esto y sin que el abogado de una de las partes estuviere facultado para conciliar, por lo que era válido el proceso disciplinario que se adelantaba contra lajuez. En segundo lugar, el proceso disciplinario radicado 201100108, que se hallaba en curso cuando la disciplinada Arias Moreno decidió interponer acción de tutela. Conforme a las pruebas documentales 5 a 23 y las estipulaciones 4.1 a 4.13, 5, 3, 13.6 y 22, se obtiene que el 24 de abril de 2012 el Consejo Seccional de la Judicatura abrió investigación contra la juez y el 8 de octubre de 2014 le formuló cargos que fueron respondidos por la disciplinada el 30 de octubre de ese mismo año, donde además elevó solicitud de pruebas, para luego, el 15 de mayo de 2015 rendir versión, misma oportunidad donde reclamó la práctica de prueba pericial con expertos en derecho penal que emitieran concepto sobre la conducta de prevaricato,

exigencia que fue negada en auto del 19 de mayo de esa misma anualidad por extemporánea, ya que sólo fue solicitada en diligencia de versión libre y por cuanto contrariaba el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil al que se acude por remisión del artículo 21 de la Ley 734 de 2002, determinación frente a que el apoderado de la disciplinada interpuso recursos ordinarios que fueron negados por improcedentes en auto del 26 de mayo, por cuanto la impugnación era viable ante la negativa de la solicitud probatoria efectuada en los descargos, etapa ya superada en ese asunto, decisión esta última frente a la cual se presentó recurso de queja, el que también fue negado con providencia del 29 de mayo de 2015. Página 9 de 91

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JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA - LUIS GREGORIO CEPEDA DIAZ En ese mismo asunto, el 4 de junio de 2015, la disciplinada Arias Moreno presentó ante el magistrado Mercado Vergara, documento a través del cual interpuso una recusación contra Aura María Osorio, quien había sido designada como conjuez para debatir un punto del fallo disciplinario, solicitud que fue negada por el magistrado ponente en auto del 9 de junio de 2015, expresando que la recusación era dilatoria y que reservaría los argumentos frente a su improcedencia al fallo; luego, el 12 de junio de 2015, la disciplinada presentó los alegatos de conclusión en torno al proceso disciplinario. Para el 24 de junio de 2015, el Consejo Seccional integrado por los Magistrados Miguel Alfonso Mercado Vergara

y Ramón de Jesús Jailer profirió sentencia por la cual Ana Cecilia Arias Moreno fue destituida del cargo de Juez Primero Civil del Circuito de Montería e inhabilitada para ejercer cargos públicos por 10 años, providencia que fue notificada mediante edicto del 6 al 8 de julio de 2015 frente a la que la disciplinada interpuso recurso de apelación el 9 de julio, siendo confirmada la decisión por el Consejo Superior de la Judicatura el 13 de agosto de 20155. Se demostró con la lectura de los apartes pertinentes de los documentos aportados como prueba, sobre las circunstancias en que se surtió el trámite del proceso disciplinario y que la juez Arias Moreno rindió descargos, solicitó pruebas, fue escuchada en versión libre, se le 5 En el record de la audiencia de juicio oral (minuto 03:41:10) la Fiscalía indicó que se trató del 13 de julio, mas de acuerdo a la gráfica que estaba proyectando se obtiene que se trataba en realidad del 13 de agosto de 2015. Página 10 de 91

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JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA - LUIS GREGORIO CEPEDA DIAZ notificaron las decisiones y tuvo la oportunidad de interponer recursos, así como que el fallo de primera instancia no agotaba el proceso disciplinario. En tercer lugar, la acción de tutela radicada 20150032 es el asunto en el cual se ejecuta la conducta punible por los acusados. Las pruebas documentales número 24 a 30

aportadas por la Fiscalía así como las estipulaciones probatorias identificadas con los números 2.1, 2.2, 6, 7.1, 8.1 a 8.5, 9 y 10, permiten establecer que el 26 de junio de 2015 Ana Cecilia Arias Moreno interpuso acción de tutela cuando estaba aún en trámite el proceso disciplinario y cuando sólo se había dictado la sentencia de primera instancia, y que con autos del 26 y 28 de agosto proferidos por el Conjuez Luis Gregorio Cepeda Diaz, se admitió la acción de tutela al tiempo que se impuso medida provisional de suspensión del proceso disciplinario, y aunque fueron advertidos los conjueces por parte del Consejo Seccional como Superior de la Judicatura acerca de la improcedencia de la acción constitucional en tanto había un trámite en curso y que para entonces ya se había dictado sentencia de segunda instancia, estos emitieron la sentencia de tutela del 8 de septiembre de 2015, que fue revocada el 3 de febrero de 2016 por parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Refiere la Fiscalía que es evidente que en el trámite de tutela y disciplinario se abordaron los mismos alegatos y no se cumplió con el principio de subsidiariedad, por cuanto la acción disciplinaria estaba en curso cuando se interpuso la Página 11 de 91

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JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA - LUIS GREGORIO CEPEDA DIAZ acción de tutela; no se cumplió con el deber de motivación de la sentencia constitucional por cuanto no se tuvieron en cuenta

las razones esbozadas en el fallo disciplinario de segunda instancia sobre nulidad y las atinentes a la recusación, no se valoró tampoco la normativa en cuanto a la solicitud de perito en el Código de Procedimiento Civil ni tampoco se refirió a la razón por la que se negó el recurso de queja; los acusados fueron conscientes sobre la improcedencia de la acción de tutela y de la garantía de derechos de la accionante y a pesar de ello decidieron amparar derechos presuntamente vulnerados para dilatar el proceso disciplinario hasta que operara el fenómeno de la prescripción. Se ha demostrado el dolo en la comisión de la conducta, en tanto se tramitó una tutela haciendo las veces de instancia adicional al proceso disciplinario y sin motivación, siendo menester una sentencia de condena que contenga las circunstancias de menor y mayor punibilidad endilgadas. Más tarde, en ejercicio del derecho de réplica, indicó que desde la admisión de la tutela, el decreto de la medida provisional y el fallo sí transcurrieron 14 días pero lo relevante no es el tiempo acontecido sino lo que aconteció en el procedimiento, esto es, que en ese periodo los magistrados tanto del Consejo Seccional de la Judicatura como del Consejo Superior de la Judicatura, advirtieron a los conjueces sobre la improcedencia de la acción de tutela, no solo por afectar el principio de subsidiariedad sino porque el fallo disciplinario ya contaba con decisión de segunda instancia. Los conjueces fallaron la tutela sin indicar nada sobre las razones del Consejo Superior para resolver que la nulidad del proceso no era

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JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA - LUIS GREGORIO CEPEDA DIAZ procedente, pues cada una de las peticiones de la disciplinada fueron atendidas con el consecuente sustento jurídico. Indicó que no es de recibo el argumento según el cual los conjueces procuraron evitar un perjuicio irremediable de la accionante, pues el mecanismo no sólo era improcedente sino que el proceso disciplinario ya había concluido; los acusados eran conscientes de la ilicitud de su comportamiento no solamente porque fueron advertidos de ello sino que la contrariedad era tan manifiestay burda que sus conocimientos en derecho les permitían comprender tal ilicitud y que la única beneficiada de su comportamiento era la accionante, que no buscaba una oportunidad para preservar sus derechos sino que se produjera la prescripción sobre el proceso disciplinario. Si en gracia de discusión se admitiera un error, ello sería sobre la admisión de la tutela y la medida provisional, pero las comunicaciones del 28 y 31 de agosto presentadas como pruebas 27 y 28 de la Fiscalía habrían sustraído del error a los acusados, que para la fecha del fallo de tutela ya estaban advertidos sobre la ilicitud de su actuar, por lo que advierte que la Fiscalía no intuye la responsabilidad sino que la fundamenta en las actuaciones surtidas en eljuicio, que permiten inferir un comportamiento doloso de los acusados pues conocían los hechos, las normas, las pruebas y con todo procuraron la realización de una conducta manifiestamente contraria a la ley.

2. Representante de víctimas -Rama Judicial

El apoderado de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial subrayó que la Fiscalía cumplió con la demostración Página 13 de 91

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JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA - LUIS GREGORIO CEPEDA DIAZ de su teoría del caso y la responsabilidad de los acusados en torno al desconocimiento de sus deberes como funcionarios, por lo que debe emitirse sentencia condenatoria en su contra por el delito de prevaricato por acción. Enuncia como hecho demostrado que Ana Cecilia Arias en su condición de juez civil del circuito de Montería conoció un proceso ejecutivo que era de competencia de lajurisdicción laboral, lo que generó un proceso disciplinario en su contra, siendo que las pruebas refieren tanto la existencia del proceso ejecutivo como las actuaciones agotadas por la togada dentro de la misma. Sobre el proceso disciplinario también hubo demostración enjuicio y se acreditó que dentro del mismo lajuez Ana Cecilia Arias solicitó que se decretara como prueba un peritaje en derecho y también reclamó una recusación, ambos pedimentos que le fueron negados, así como también que se le impuso una sanción mediante sentencia del 24 de junio de 2015 que le fuere notificada el 8 de julio del mismo año, donde el órgano sancionador reveló que efectivamente la disciplinada carecía de competencia para conocer la demanda pues era un asunto de naturaleza laboral, aunado a que la transacción mediante la cual se dio por terminado el proceso ejecutivo no tenía validez. La decisión sancionatoria fue objeto de apelación por parte de

la disciplinada el 9 de julio de 2015 donde señaló que actuó conforme a derecho y reclamó la nulidad de la actuación disciplinaria, exigencia que fue desatada mediante sentencia del 13 de julio de 2015 donde se negó la nulidad impetrada y se confirmó la decisión del 24 de junio. Página 14 de 91

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JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA - LUIS GREGORIO CEPEDA DIAZ Se acreditó también que el 26 de junio de 2015, Ana Cecilia Arias Moreno presentó acción de tutela en contra de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura con las mismas censuras que señaló en el recurso de apelación que radicó posteriormente y, que el 26 de agosto de 2015 se admitió la tutela y dispuso medida provisional por parte del conjuez LUIS GREGORIO CEPEDA DIAZ, determinación que fue aclarada con pronunciamiento del 28 de agosto del mismo año. Se indicó como motivación del fallo de tutela que se debía determinar si el fallo de primera instancia adolecía de defectos que vulneraran su legalidad y que lo planteado por la accionante ofrecía duda sobre la afectación de sus derechos fundamentales y que el fallo del 13 de agosto de 2015 del Consejo Superior de la Judicatura no había quedado en firme, lo que va en contravía del artículo 205 de la Ley 134 de 2012; siendo acreditado también que en el curso de la acción de tutela los magistrados Miguel Mercado y Julia Emma Garzón advirtieron a los conjueces de la improcedencia de la misma

por cuanto se estaba adelantando la actuación disciplinaria y no obstante aquellos en decisión del 8 de septiembre de 2015 accedieron a las pretensiones de la actora y decretaron la nulidad parcial del trámite disciplinario desde el auto del 19 de mayo de 2015, donde se negó el decreto de una prueba pericial. Resalta que de la providencia de tutela no se extrae siquiera una sola consideración acerca que el proceso disciplinario ya había culminado con fallo de segunda instancia y, con todo, su alcance se extendió hasta aquella, sin siquiera tener en cuenta sus fundamentos; proponejurisprudencia que Página 15 de 91

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JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA - LUIS GREGORIO CEPEDA DIAZ no desarrolla reglas jurisprudenciales aplicables al caso, desconoce el artículo 21 de la Ley 134 de 2002 con relación a la prueba pericial y que además fue estudiado en el fallo dictado por el Consejo Superior de la Judicatura. La decisión de tutela fue revocada el 13 de marzo de 2016 donde se informó acerca de sus irregularidades, dentro de las que destaca que no se hubiere examinado la sentencia de segunda instancia del proceso disciplinario a pesar de su existencia y que para el momento de la presentación de la acción de tutela existía otro medio de defensajudicial idóneo y eficaz. Considera que las conductas desarrolladas por los acusados se adecúan al tipo penal de prevaricato, por cuanto reclama sujeto activo calificado, consiste en proferir resolución,

dictamen o concepto y ello se acredita con las pruebas allegadas al expediente que emitieron tres determinaciones manifiestamente contrarias a la ley dado que desconocieron la normatividad aplicable, En efecto, dictaron decisiones en contravía del principio de subsidiariedad de la acción y se accedió a las pretensiones de la actora con base en afirmaciones como la no ejecutoria del fallo disciplinario, lo que no es cierto conforme al artículo 205 de la Ley 734 de 2004. Agrega que la Sala de Casación Penal se ha pronunciado acerca de la obligatoriedad del precedente y que su desconocimiento puede estructurar el tipo penal de prevaricato y da cuenta que casos análogos se deben resolver de manera similar y que en el caso concreto los falladores de tutela tuvieron conocimiento que la acción constitucional promovida por Ana Cecilia Arias no cumplía con el requisito de Página 16 de 91

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JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA - LUIS GREGORIO CEPEDA DIAZ procedibilidad ya indicado, por cuanto así se lo advirtieron sus homólogos en la Sala e incluso se les dio cuenta acerca del fallo de segunda instancia en el proceso disciplinario, por lo que es evidente la transgresión al ordenamientojurídico. Se afectó con la decisión contraria a la ley el bien jurídico de la administración pública pues los acusados desatendieron sus roles apartándose del derecho aplicable sin que mediara justificación alguna, además que de acuerdo a su experiencia y formación eran conscientes de la antijuridicidad de su comportamiento y no obra causal de exculpación alguna, por

lo que debe emitirse contra estos, sentencia de carácter condenatorio.

3. Representante del Ministerio Público Señala que el problema jurídico tiene que ver con la atribución a los acusados del delito de prevaricato por acción y luego de escuchar las intervenciones de la Fiscalía y la víctima, considera que la discusión se centra en establecer si efectivamente la Fiscalía General de la Nación logró demostrar el elemento manifiestamente contrario a la ley y la responsabilidad de los acusados pues este delito es eminentemente doloso siendo ese el problema jurídico que se debe analizar y resolver.

Estima necesario valorar la premisa fácticay la cronología de las actuaciones relevantes en los ámbitos ordinarios y constitucional y que tienen incidencia temporal y jurídica en las decisiones judiciales que se tomaron y que fueron atribuidas como delito a los conjueces, para subrayar que Página 17 de 91

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JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA - LUIS GREGORIO CEPEDA DIAZ desde la emisión del fallo disciplinario de primera instancia y la presentación de la acción de tutela transcurrieron dos días, desde el reparto de la acción constitucional al Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba al fallo del 8 de septiembre de 2015 transcurrieron dos meses y desde aquel, al fallo de segunda instancia de tutela otros 4 meses 18 días aproximadamente, lo que nada consulta el procedimiento breve y expedito de la acción de tutela, factor contemporáneo que significa que no había claridad en el desarrollo de la actuación desde la medida provisional y su aclaración hasta el fallo de

tutela reprochado. Con las pruebas allegadas y estipulaciones probatorias se puede demostrar la faz objetiva del tipo penal, pero de acuerdo a esos medios de convicción, se pregunta si ¿quedan claros los problemas que se endilgan desde el decreto y atracción de la medida provisional para efectos que la Fiscalía funde ahí el dolo que exige el delito? Entiende que no refulge un desfase interpretativo de la normatividad ya que las medidas provisionales podían adoptarse a petición de parte u oficio sin que ello pueda interpretarse como una actuación con fin protervo, de ahí que el conjuez CEPEDA DIAZ advirtió el apremio basado en una “dudaprobable en laposible violación de las garantías al debido proceso” y porque al momento de ejecutarse la sanción de destitución se generaría la vacancia definitiva del cargo, por lo que extendió los efectos de la medida a todo el proceso disciplinario, justificación que se refuerza además en que a pesar que la tutela se presentó el 26 dejunio de 2015 sólo hasta el 10 y 25 de agosto se llevó a cabo la posesión de los conjueces designados. Además, la admisión de la acción por la Sala Página 18 de 91

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JUSTO GENARO OLASCOAGA RADA - LUIS GREGORIO CEPEDA DIAZ conformada refleja que para el 26 de ese mes y año ya figuraba la nueva circunstanciajurídica, como es el acaecimiento de la confirmación de responsabilidad sin que con ello se comporte ninguna contrariedad con las disposiciones pertinentes, pues desde el inicio la accionante procuró la protección temporal de

sus garantías y los acusados tomaron una decisión frente a la ejecución de una sanción ante un eventual perjuicio irremediable, mientras adoptaban su decisión definitiva. Estima llamativo que se atribuya un flagrante desconocimiento del artículo 6o del Decreto 2591 de 1991 y el precedentejurisprudencial o que los conjueces actuaron en un ámbito vedado o que era innecesaria la definición de la recusación propuesta, pues para ello es preciso e