CSJ - SL014-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL014-2023 Radicación n.° 90924 Acta 01 Bogotá D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ÁLVARO CABRALES PÁEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 14 de agosto de 2020, dentro del proceso que instauró en contra de la EMPRESA COLOMBIANA DE

PETRÓLEOS ECOPETROL S.A.

I. ANTECEDENTES Álvaro Cabrales Páez demandó a la Empresa Colombiana de Petróleos S.A. (en adelante Ecopetrol S.A.), con el fin de que se declarara la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo efectuada el 21 de abril de 2015, toda vez que se encontraba en situación de estabilidad laboral reforzada.

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Radicación n.° 90924 Como consecuencia de ello, solicitó el «[…] reintegro definitivo y sin solución de continuidad» al mismo cargo que venía desempeñando, así como el correspondiente pago de los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social dejados de percibir hasta la fecha en que se materialice su reinstalación. Por último, requirió que se condenara al pago de la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, además del «[…] subsidio de comisariato, de transporte, alimentación, habitación y casino establecidos en la convención colectiva de trabajo», y lo que resultara probado

ultra y extra petita dentro del proceso. Como fundamento de sus pretensiones, mencionó que ingresó a laborar al servicio de la demandada el 10 de agosto de 1981 y que, para ese momento, no tenía ningún problema de salud. Así mismo, informó que desempeñó los cargos de «Obrero, pailero, mantenimiento de cargo y metalmecánico». Relató que, el 17 de enero de 2013 celebró un contrato a término fijo con Ecopetrol S.A., fijando como fecha de terminación el 16 de abril de 2013, pero a través de un otrosí firmado el 11 de abril, acordaron prorrogar la relación laboral hasta el 16 de julio del mismo año. Finalmente, dijo que la entidad le comunicó el 28 de mayo la intención de no renovar el contrato de trabajo.

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Radicación n.° 90924 Expuso que, durante la relación laboral fue atendido por varios especialistas los cuales le diagnosticaron distintas patologías relacionadas con la columna, los hombros y VIH, entre otras. De igual forma, manifestó que le fue calificado su porcentaje de invalidez en diferentes oportunidades, así:

1. El 6 de mayo de 2015, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander estableció un porcentaje del 45% de origen laboral y con fecha de estructuración del 27 de septiembre de 2013

2. El 18 de noviembre de 2014, Ecopetrol S.A. fija un equivalente al 34% origen laboral y que se configuró el 27 de septiembre de 2013

3. El 3 de febrero de 2016, la Junta Regional de Calificación de

Invalidez de Santander determinó un 5% de origen laboral y estructurada el 27 de septiembre de 2013

4. El 18 de noviembre de 2014, Ecopetrol S.A. define un 11% de origen común y estructurado el 27 de septiembre de 2013

5. El 17 de marzo de 2017, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander dispuso un 20% de origen profesional y que se configuró el 15 de mayo de 2015

6. El 8 de agosto de 2017, Ecopetrol S.A. señaló un porcentaje del 39% de origen común y con fecha del 23 de abril de 2015.

Por tal motivo, presentó el 19 de diciembre de 2014, una acción de tutela buscando la protección del fuero de salud por estabilidad laboral reforzada; que el 16 de febrero siguiente, el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja ordenó el reintegro, pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, al igual que la indemnización contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Señaló que Ecopetrol S.A. lo vinculó nuevamente el 23 de febrero de 2015; sin embargo, indicó que, por medio del fallo emitido el 8 de abril de 2015 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santander, se ordenó revocar la

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Radicación n.° 90924 decisión del juzgado y, en su lugar, determinar que él no era beneficiario de la estabilidad laboral reforzada. En consecuencia, la entidad demandada confirmó el despido el

21 de abril de 2015. Argumentó que, para ese momento, la entidad conocía de su complicado estado de salud y, aun así, decidió finalizar unilateralmente el contrato de trabajo, sin contar con previa autorización del Ministerio del Trabajo. Dijo que presentó un derecho de petición el 16 de noviembre de 2017 buscando el reintegro, entendiéndose así agotada en debida forma la reclamación administrativa. Al contestar la demanda, Ecopetrol S.A. se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con la fecha de ingreso; los cargos desempeñados; el momento en que se terminó la relación laboral y las sentencias de tutela que ordenaron su reintegro y posterior revocatoria. Frente a los demás, sostuvo que no le constaban. En todo caso, insistió en que para el momento en que finalizó la relación (16 de julio de 2013), la entidad no tenía conocimiento del porcentaje de pérdida de capacidad laboral del señor Cabrales Páez, así como de alguna incapacidad o recomendación que imposibilitara el normal ejercicio de sus funciones. Recordó que, todos los dictámenes a los que se hizo alusión dentro de la demanda, fueron emitidos con

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Radicación n.° 90924 posterioridad a la terminación del contrato de trabajo, así como la fecha en la que se fijó la estructuración de la pérdida de capacidad laboral, por lo que no era posible que conociera de sucesos futuros los cuales desvirtúan la existencia de fuero. En su defensa, propuso las excepciones de cosa

juzgada, inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, prescripción, cobro de lo no debido y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja mediante fallo del 7 de noviembre de 2019, absolvió a la demandada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Tras la apelación del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga a través de sentencia del 14 de agosto de 2020, confirmó la decisión del juzgado.

Para fundamentar su decisión, empezó aclarando que, con base en los artículos 164 del Código General del Proceso y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juez estaba facultado para formar libremente su convencimiento a partir de las pruebas que fueron regular y oportunamente allegadas al proceso.

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Radicación n.° 90924 Posteriormente, tuvo como hechos fuera de discusión, (i) que el demandante inició a trabajar al servicio de Ecopetrol S.A. desde el 10 de agosto de 1981; (ii) que dicha empresa decidió dar por terminado el vínculo laboral el 16 de julio de 2013; (iii) que, por medio del fallo proferido en sede de tutela el 16 de febrero de 2015, el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja ordenó su reintegro aduciendo la protección especial por estabilidad laboral reforzada; (iv) que el 23 de febrero de 2015, Ecopetrol dio cumplimiento a

dicha providencia y vinculó nuevamente al señor Cabrales Páez; (v) que, por medio de la sentencia del 8 de abril de 2015, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santander revocó la decisión del juzgado y, (vi) que Ecopetrol S.A. resolvió terminar el contrato de trabajo el 21 de abril de 2015. Explicó que para ser beneficiario de la estabilidad laboral reforzada a través de la protección por fuero de salud, el trabajador debía acreditar que, (i) […] padecía una disminución en su salud notoriamente sustancial o relevante para el desarrollo de sus funciones (ii) El empleador conociera o pueda deducir el estado de salud de su subordinado ya sea por certificación médica o por las constantes incapacidades médicas prescritas (iii) En caso de existir restricciones laborales, las mismas impidan desarrollar cualquier actividad laboral al trabajador, significando que de ser terminado su contrato de trabajo no podrá ejecutar función alguna que le permita obtener su sustento. Además, puntualizó que estos supuestos tenían que ser considerados para el momento en que se produjera la terminación del contrato de trabajo por parte del empleador, en el presente caso el 16 de julio de 2013.

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Radicación n.° 90924 Adujo que no podía tomarse como fecha el 21 de abril de 2015 como se pretendía, toda vez que en ese momento se materializó el despido como consecuencia de la revocatoria del fallo de tutela que ordenó el reintegro, legitimando así la terminación del vínculo laboral efectuado el 16 de julio de

2013. Sobre este punto, hizo un análisis cronológico de lo sucedido y planteó su argumento así: Conforme a la documental visible a folio 369 a 371 del expediente, se observa que las partes celebraron un contrato de trabajo a término fijo el 17 de enero de 2013, con fecha de finalización del 16 de abril de 2013. A folio 372 del encuadernamiento, obra el Otrosí No. 0001 de fecha 11 de abril de 2013, en donde las partes acuerdan prorrogar el contrato hasta el día 16 de julio de 2013. De otra parte, a folio 373, se pudo establecer que el día 28 de mayo de 2013 la empresa notificó al demandante la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo, a partir del 16 de julio de 2013, es decir, manifestó su voluntad de no prorrogar el contrato. […] Para la Colegiatura, tal y como resaltó la instancia, surge evidente que el accionante no procuró en lo más mínimo por demostrar la supuesta afectación de su salud, siendo importante resaltar que la carga probatoria contrario a como lo alega el apelante no recaía en el demandado sino en la parte actora, quien debió acreditar cuál era su situación de salud a la finalización del vínculo […] En efecto, en el proceso no se encuentra soporte alguno para con fundamento en él poder predicar que la desvinculación del actor obedeció exclusivamente a su enfermedad, ya que no aparece prueba idónea que nos permita llegar a esa conclusión.

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Radicación n.° 90924 Con ocasión a esta terminación del contrato de trabajo, la parte

actora procedió a instaurar acción de tutela en procura de lograr el reintegro al cargo que venía desempeñando, la cual correspondió al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, despacho que en sentencia del 16 de febrero de 2015 ordenó a la entidad accionada Ecopetrol a renovar el vínculo laboral con el accionante en iguales o superiores condiciones a las que se encontraba a la terminación de su contrato de trabajo al 16 de julio de 2013, tal y como se observa a folios 56 a 77 del expediente. Conforme a la decisión anterior, la entidad demandada procedió a reintegrar al señor Álvaro Cabrales Páez el día 23 de febrero de 2015, tal y como se observa del acta de reintegro visible a folio 78 del expediente. Sin embargo, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior Judicial de esta ciudad, en proveído del 8 de abril de 2015, resolvió revocar la sentencia proferida el 16 de febrero de 2015 por el Juzgado tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, al considerar la acción constitucional improcedente. Por la anterior decisión la entidad ECOPETROL S.A., procedió a dar por terminado el contrato de trabajo a partir del día 21 de abril de 2015, tal y como se advierte de la carta de terminación del contrato de trabajo visible a folio 90 del expediente. En ese orden de ideas, se concluye que la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo el día 21 de abril de 2015, se derivó porque el fundamento basilar del reintegro dejó de tener

efectos, como lo fue la sentencia de primera instancia proferida por el juez constitucional, providencia que en su momento debió acatar la entidad demandada dado su carácter de obligatorio cumplimiento tal y como lo establece el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, al margen del trámite del recurso de impugnación. Planteó que en el escenario en que se tuviera como fecha de terminación del contrato de trabajo el 21 de abril de 2015, lo cierto es que tampoco podría considerarse que el demandante estuviera protegido por el fuero de estabilidad laboral reforzada, en primer lugar, porque el empleador no tenía conocimiento de su estado de salud y, finalmente, porque él no estaba incapacitado ni presentaba limitaciones que le impidieran ejercer sus funciones, desvirtuando el despido en razón de su estado de salud.

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Radicación n.° 90924 Concretamente, frente al primer aspecto manifestó que, si bien Ecopetrol S.A. presta los servicios de salud a sus trabajadores, lo hace a través de las IPS con las que tiene convenio y con la E.S.E Hospital Regional de Salud del Magdalena Medio. Lo anterior, a su juicio, suponía que eran dichas entidades las que tenían acceso a la historia clínica y no directamente el empleador, sumado a que para poder revisar dicho documento se necesitaba la autorización expresa del trabajador según el numeral 3º del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, lo que no se acreditaba. En cuanto al segundo supuesto relacionado con las incapacidades para desempeñar sus funciones, aceptó que

existen dictámenes de pérdida de capacidad laboral en los que se acreditaron porcentajes de invalidez del 20%, 34% y 45%, con fechas de estructuración del 15 de mayo de 2015 y el 27 de septiembre de 2013, respectivamente. Sin embargo, aseguró que el primero de ellos es posterior a la fecha de terminación del contrato de trabajo (21 de abril de 2015), y los otros dos no contienen recomendaciones o restricciones concretas que impidiesen al señor Cabrales Páez seguir trabajando en las condiciones normales que lo venía haciendo, por lo que consideró que el empleador no dio por terminado el contrato de trabajo en razón de su estado de salud, sin que fuera posible declarar la protección. Al respecto, concluyó:

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Radicación n.° 90924 En efecto, la entidad demandada presta el servicio de salud directamente y de forma integral conforme al sistema de seguridad social en salud establecido en la Convención Colectiva de Trabajo suscrito con la Unión Sindical Obrera USO, como se advierte de la Convención visible a folios 142 a 260 y en atención a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993; sin embargo, conforme a la prueba documental la entidad presta el servicio a través de las distintas IPS con las que tiene convenio y que como bien es sabido la historia clínica hace parte de los documentos con reserva legal, como lo establece el numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, en consecuencia, no podía la empresa en su calidad de empleador conocer la historia clínica

del demandante, pues para ello necesitaba autorización con facultad expresa del titular para acceder a esa información, como lo consagra en el parágrafo del artículo en mención. Respecto del dictamen No. PSM-BGA-091-2015 del 21 de julio de 2015, emitido por la Gestión de Salud Integral Dirección HSE de Ecopetrol que calificó el Episodio Depresivo Grave sin Síntomas psicóticos con una PCL del 20% con fecha de estructuración del 15 de mayo de 2015, patología que fue calificado como enfermedad laboral por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander el 17 de marzo de 2017 dictamen No. 13893748 -Fls. 42 a 45-, debe señalarse que se trata de conceptos proferidos con posterioridad al finiquito laboral, así como la fecha de estructuración de la misma, luego es evidente que el empleador no tenía pleno conocimiento de esa condición del actor. De otra parte, señala la parte actora que la A-quo no tuvo en cuenta el dictamen No. PSM-BCA-134-2014, a través del cual la entidad demandada por medio del Departamento de Salud del Magdalena Medio el día 18 de noviembre de 2014, calificó con una pérdida de capacidad laboral al demandante con un porcentaje del 34% por las patologías de Otros Trastornos especificados de los Discos Intervertebrales Lumbar L5-S1, Síndrome de Manguito Rotatorio Bilateral, Síndrome del Túnel Carpiano y Epicondilitis Lateral, con fecha de estructuración del 27 de septiembre de 2013, visible a folios 25 a 27, porcentaje que

fue modificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander en un 45%. Y si bien se trata de una pérdida de capacidad laboral considerable, también es cierto que no se observa que el actor tuviera recomendaciones y/o restricciones laborales, tampoco se evidencia que al demandante se le hubiese dado incapacidad laboral en razón de sus padecimientos de salud, lo que permite inferir que presentaba una relativa normalidad laboral en sus funciones y siendo ello así, se desdibuja que la razón de la terminación de la relación laboral estuviera originada en las enfermedades del actor, es decir, no hay conexidad entre la

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Radicación n.° 90924 terminación del contrato y las condiciones de salud del demandante, máxime como ya se señaló la terminación se derivó porque el fallo de tutela que ordenó el reintegro, al ser revocado, perdió sus efectos jurídicos.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con los términos en que es presentado y dentro de las limitaciones que otorga este recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado y acceda al reconocimiento de todas las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados y estudiados conjuntamente, toda vez que persiguen el mismo fin y se

fundan en similares disposiciones normativas.

VI. PRIMER CARGO Acusa la sentencia de violar, […] por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 1, 5 y 26 de la Ley 361 de 1997; 1º de la Ley 762 de 2002; 48 y 53 de la Constitución Política y 7º del Decreto 2463 de 2001, lo que condujo a aplicar indebidamente los artículos 19, 22, 23, 37, 39, 45, 47, 56, 62, 64, 186, 249, 306 y 307 del Código Sustantivo de Trabajo, 1 de la Ley 52 de 1975 y 99 de la Ley 50 de 1990.

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Radicación n.° 90924 En la demostración del cargo, manifiesta que Ecopetrol S.A., en su calidad de empleador, conocía de todos los padecimientos que sufría y aun así decidió dar por terminado el vínculo laboral el 21 de abril de 2015, sin solicitar previamente la autorización del Ministerio del Trabajo y contrariando los postulados del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Aunado a ello, establece que debe tomarse como fecha de terminación de la relación laboral el 21 de abril de 2015 y no el 16 de julio de 2013 como lo hizo el Tribunal, comoquiera que hubo un fallo de tutela que ordenó previamente su reintegro, sin que existiera solución de continuidad. Argumenta que para el 21 de abril de 2015 el empleador contaba con toda la información necesaria acerca de sus

patologías, las cuales superaban el 34% de pérdida de capacidad laboral y le concedían una estabilidad reforzada que no podía ser desconocida mediante el despido arbitrario y sin autorización. En ese orden de ideas, resume sus argumentos de la siguiente manera: Ahora estamos alegando que la terminación del contrato de trabajo, es por razón a que jurídicamente mi poderdante laboró para la empresa ECOPETROL S.A. hasta el día 21 de abril de 2015, existiendo una confianza legítima frente al fallo de tutela, que ordenó el reintegro laboral sin solución de continuidad, lo cual el problema jurídico a resolver si Ecopetrol para la fecha de la última terminación de la relación laboral, el día 21 de abril de 2015, tenía conocimiento de todas estas patologías y diagnósticos, por lo que ellos le brindaban el servicio de salud a

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Radicación n.° 90924 mi poderdante, todo el tratamiento médico brindado por los galenos es con autorización de la misma empresa en la policlínica de Ecopetrol en la ciudad de Barrancabermeja. Es claro honorables magistrados, que el Tribunal Superior de Bucaramanga Sala Labora y el Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja, se apartaron de manera directa y radical de lo establecido en la ley 361 de 1997 artículo 26, como lo desarrollado por la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, que ha desarrolado (sic) unas reglas de interpretación claras y precisas frente al fuero de estabilidad ocupacional laboral. Ahora el Tribunal Superior de Bucaramanga Sala Laboral, como

la Juez Única Laboral del Circuito de Barrancabermeja, manifiestan en la parte considerativa del fallo que el extremo laboral objeto de discusión de mi poderdante con Ecopetrol, es el día 16 de julio de 2013, fecha que no compartimos, por cuanto se dio por una orden judicial que mi poderdante continuara laborando para la empresa, hasta el día que finalizó la relación laboral el día 21 de abril de 2015, situación esta que enmarca que dentro de la demanda el problema jurídico a resolver era en establecer si para la última fecha de la relación laboral mi poderdante tenía o no fuero de estabilidad laboral reforzada, y la respuesta a este problema jurídico es positiva ya que mi poderdante contaba con suscitada pérdida de capacidad laboral al momento de la terminación de la última relación laboral el día 21 de abril de 2015, y Ecopetrol tenía pleno conocimiento de ello y no solicitó permiso ante la oficina especial de trabajo. Para el caso de estudio existe una clara interpretación errónea de la ley 361 de 1997 artículo 26, los hechos, pruebas que rodean el proceso de marras, por lo que mi poderdante cumple con todas las reglas de interpretación y hermenéutica sentada por nuestro máximo tribunal de cierre, lo que nos permite inferir que la premisa mayor de interpretación fue equivocada ya que mi poderdante es una persona en condición de discapacidad y así lo demuestran las pruebas.

VII. SEGUNDO CARGO

Lo plantea así: VIOLACIÓN INDIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL, en la modalidad de ERROR DE HECHO por falso juicio de las pruebas

que obran en el expediente, al distorsionar el fallador el contenido de las pruebas tenidas en cuenta para tomar su decisión al momento de manifestar que las empresas accionadas no tenían conocimiento del dictamen de pérdida de capacidad laboral de mi

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Radicación n.° 90924 poderdante, resolviendo absolver a la demandada de todas las pretensiones de la demanda: Por esta vía planteo a la honorable sala que en la sentencia de primera y segunda instancia, en este caso la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, y la Juez Única Laboral del Circuito de Barrancabermeja incurrió en ERRORES DE HECHO, en virtud de estos errores, se tergiversaron las pruebas que obran dentro del proceso, que demuestran que mi poderdante es una persona de especial condición por razón de salud para la fecha de la terminación del contrato de mi poderdante. Así mismo, relaciona las siguientes pruebas que, a su juicio, fueron mal apreciadas:

1. Dictamen No. PSM-BCA-134-2014, de fecha 18 de noviembre de 2014, realizado por ECOPETROL, donde calificó el origen de las enfermedades califica (sic) a mi poderdante una pérdida de capacidad laboral del 34% de origen profesional, con una fecha de estructuración del 27 de septiembre de 2013, de los siguientes diagnósticos: SÍNDROME DEL TÚNEL

CARPIANO, SÍNDROME DEL MANGUITO ROTATORIO,

EPICONDILITIS LATERAL.

2. Dictamen No. 8352015 de fecha 6 de mayo de 2015, realizado

por la junta regional de calificación de invalidez de Santander, califica a mi poderdante una pérdida de capacidad laboral del 45% de origen profesional, con una fecha de estructuración del 27 de septiembre de 2013, de los siguientes diagnósticos:

SÍNDROME DEL TÚNEL DEL CARPIANO, SÍNDROME DEL

MANGUITO ROTATORIO, EPICONDILITIS LATERAL.

3. Dictamen No. PSM-BCA 135-2014, de fecha 18 de noviembre de 2014, realizado por ECOPETROL S.A. califica a mi poderdante una pérdida de capacidad laboral del 11% de origen común, con una fecha de estructuración del 27 de septiembre de 2013, del diagnóstico: HIPOACUSIA

NEUROSENSORIAL-BILATERAL, SINOVITIS Y

TENOSIVITIS, CÁLCULO EN RIÑON, DISPLIDEMIA,

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA.

4. Dictamen No. 332016, de fecha 3 de febrero de 2016, realizado por la Junta regional de calificación de invalidez de Santander, califica a mi poderdante una pérdida de capacidad laboral del 5% PCL de origen profesional, con una fecha de estructuración del 27 de septiembre del 2013, del diagnóstico:

HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL-BILATERAL.

5. Dictamen No. PSM-BCA-091-2015, de fecha 21 de julio de 2015, realizado por ECOPETROL S.A. le califica a mi poderdante una pérdida de capacidad laboral del 20% de origen común, con una fecha de estructuración del 15 de

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Radicación n.° 90924 mayo de 2015, por: TRASTORNO DEPRESIVO GRAVE SIN

SÍNTOMAS PSICÓTICOS.

6. Dictamen No. 13893748-559 de fecha 17 de marzo de 2017, realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, le califica a mi poderdante una pérdida de capacidad laboral del 20% de origen laboral, con una fecha de estructuración del 5 de diciembre de 2015, del diagnóstico:

TRASTORNO DEPRESIVO GRAVE SIN SÍNTOMAS

PSICÓTICOS.

7. Dictamen No. PSM-BCA 052-2016, de fecha 3 de mayo de 2016, emitido por ECOPETROL S.A., le califica a mi poderdante una pérdida de capacidad laboral del 10% de origen común, con una fecha de estructuración del 5 de diciembre de 2015, del diagnóstico: OTRAS

DEGENERACIONES DE DISCO CERVICAL.

8. Dictamen No. 13893748-1499, de fecha 22 julio de 2016, emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, le califica a mi poderdante una pérdida de capacidad laboral del 10% de origen común, del diagnóstico:

OTRAS DEGENERACIONES DE DISCO CERVICAL.

9. Dictamen No. PSM-BCA-041-2017, de fecha 8 de agosto de 2017, emitido por Ecopetrol S.A., donde califica la pérdida de la capacidad laboral de un 39% de origen común del

diagnóstico de ENFERMEDAD POR VIRUS DE

INMUNODEFICIENCIA HUMANA VIH.

10. Fallo de tutela proferido por el JUEZ TERCERO PROMISCUO DE FAMILOA DE BARRANCABERMEJA, de fecha 16 de febrero de 2015, con radicado 2014-098, donde le tuteló los derechos fundamentales a mi poderdante, y ordenó el reintegro sin solución de continuidad a mi poderdante.

11. Acta de reintegro laboral por parte de ECOPETROL S.A., de fecha 23 de febrero de 2015, con ocasión al fallo de tutela, donde ordena reintegrar a mi poderdante a su sitio de trabajo.

12. Carta de preaviso para terminación de contrato de fecha 23 de febrero de 2016, donde Ecopetrol le notifica a mi poderdante la terminación del contrato el día 16 de enero de

2016.

13. OTROSÍ No. 2 al contrato suscrito el día 17 de enero de 2013 entre mi poderdante y Ecopetrol, y dos testigos.

14. OTROSÍ No. 3 al contrato suscrito el día 17 de enero de 2013 entre mi poderdante y Ecopetrol, y dos testigos.

15. OTROSÍ No. 4 al contrato suscrito el día 17 de enero de 2013 entre mi poderdante y Ecopetrol, y dos testigos.

16. OTROSÍ No. 5 al contrato suscrito el día 17 de enero de 2013 entre mi poderdante y Ecopetrol, y dos testigos.

17. Fallo de tutela de segunda instancia proferida por el honorable tribunal de Santander sala civil familia de fecha

8 de abril de 2015, bajo el radicado 2014-0098, donde ordenó revocar el fallo proferido por el juez constitucional de primera instancia.

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18. Cumplimiento de decisión por parte del Honorable tribunal de Santander, y ordena terminarle el contrato a mi poderdante en fecha 21 de abril de 2015.

19. Reclamación administrativa laboral contra Ecopetrol de fecha 16 noviembre de 2017, solicitando el reintegro laboral.

20. Historia clínica del Doctor NEFTALÍ COSSIO LOZANO, de fecha 29 de octubre de 2013, 12 de mayo de 2015.

21. Historia clínica de ortopedia por parte de Ecopetrol de fecha 7 de septiembre de 2013, 12 de septiembre de 2013, 27 de septiembre de 2013.

22. Resonancia magnética de hombro izquierdo de fecha 2 de octubre de 2013, realizada en SIMAG.

23. Resonancia magnética de hombro derecho de fecha 2 de octubre de 2013, realizada en SIMAG.

24. Ecografía de hombro comparativo, de fecha 16 de septiembre de 2013, realizada en RADIÓLOGOS

ESPECIALIZADOS.

25. RX DE HOMBRO COMPARATIVO, RX DE CODO DERECHO, RX CALCÁNEO, de fecha 10 de septiembre de 2013, realizada en radiólogos especializados.

26. RX de columna lumbar de fecha 15 de diciembre de 2004, realizada en radiólogos especializados.

27. TAC DE COLUMNA LUMBOSACRA, de fecha 16 de agosto

de 2013, realizada en radiólogos especializados.

28. RX DINÁMICAS DE COLUMNA LUMBAR – RX DE COLUMNA CERVICAL, de fecha 23 de diciembre de 2013.

29. Resonancia magnética nuclear de columna cervical de fecha 24 de enero de 2014, realizado en la FOSCAL.

30. Historia clínica del doctor EDWIN ALIRIO BAEZ, de fecha 12 de mayo de 2017.

31. Historia clínica de CONSTRUCTORES DE VIDA Y SALUD EU de fecha 8 de agosto de 2013, 23 de abril de 2015, junio 16 de 2015.

32. Exámenes ordenados por ECOPETROL S.A. a mi poderdante de fechas: 3 de marzo de 2011, 25 de octubre de 2012, febrero 22 de 2013, julio 12 de 2013, 18 de diciembre de 2013, 17 de marzo de 2015, en el centro de atención y diagnósticos de enfermedades.

VIII. RÉPLICA Ecopetrol S.A. afirma que el recurso extraordinario no tiene vocación de prosperar, en primer lugar, porque tiene varios errores técnicos que imposibilitan su estudio de fondo y, finalmente, porque el Tribunal no incurrió en ninguna

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 90924 violación de la ley sustancial y resolvió el caso con base en la normativa y jurisprudencia vigente para este tipo de asuntos. Sobre la técnica, menciona que los requisitos para la presentación de los cargos no son un mero formalismo, sino que obedecen a la protección del debido proceso y al hecho de garantizar que el recurso extraordinario no se convierta

en una tercera instancia. Así pues, luego de explicar en qué consisten las vías y modalidades en que se pued