CSJ - SL024-2024

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL024-2024 Radicación n.° 95525 Acta 01 Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala los recursos de casación contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 23 de septiembre de 2020 y corregida mediante auto del 13 de octubre siguiente, interpuestos por NELSON TORRES

SUÁREZ y CONSTRUCCIONES RAMPINT S.A.S.,

FERNANDO CÉSAR URIBE BLANCO Y CÍA S.A.S. EN

REORGANIZACIÓN, TECS SA.S. EN REORGANIZACIÓN,

STORK TECHNICAL SERVICES HOLDING BV SUCURSAL

COLOMBIA y MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S., como integrantes del CONSORCIO TURNARAOUNDS ALLIANCE, en el proceso que instauró el primero contra las últimas.

I. ANTECEDENTES

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 95525 Nelson Torres Suárez demandó a Construcciones Rampint S.A.S., Fernando César Uribe Blanco y Compañía S.A.S., Stork Technical Services Holding BV Sucursal Colombia, Tecs S.A.S. en reorganización y Mecánicos Asociados S.A.S., integrantes del consorcio Turnarounds Alliance, con el propósito de que se declarara que la obra o labor pactada se ajustó a la vigencia del contrato comercial n.º MA-0031203, extendida hasta el 31 de diciembre de 2018, de manera que su relación laboral finalizó de forma unilateral y sin justa causa y que la prima extralegal de

campo que recibió en vigencia del vínculo laboral tenía naturaleza salarial. En consecuencia, solicitó que se las condenara a la reliquidación de las prestaciones sociales y vacaciones y al pago de las indemnizaciones por despido sin justa causa y moratoria del artículo 65 de Código Sustantivo del Trabajo. Fundamentó sus peticiones en que ingresó al servicio del consorcio, mediante contrato de trabajo, suscrito el 8 de julio de 2014, en la modalidad de obra o labor contratada, para desempeñar el cargo de «COORDINADOR ADMINISTRATIVO, en virtud del contrato comercial n.º MA0031203 suscrito con Ecopetrol y teniendo a su cargo la «Ejecución de las labores descritas en el manual de funciones establecidas por empleador para el cargo coordinador administrativo, funciones a desempeñar en la Refinería de Barrancabermeja, Santander (GRB)».

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Radicación n.° 95525 Adujo que la obra implicaba completar «[…] la ejecución de la fase o etapa del contrato No. MA0031203» y que el consorcio le impuso 31 modificaciones al porcentaje de avance de la labor, mediante igual número de otrosíes, tomando como base la duración del convenio con Ecopetrol. Indicó que convinieron que esta se entendería agotada por la terminación del contrato comercial o por la decisión de esta última de suspender o interrumpir las actividades del coordinador administrativo, premisas que no se habían cumplido para la fecha de su desvinculación. Añadió que también fue acordado que se incluían las prórrogas del

primero, que su objeto podría ampliarse por mutuo acuerdo y ajustarse el porcentaje de ejecución. Manifestó que el 8 de mayo de 2017 le fue notificada la decisión del consorcio de terminar unilateralmente su contrato el 17 del mismo mes y año, aludiendo a lo previsto en el otrosí del 15 de febrero de esa anualidad, lo que repercutió en movimientos organizacionales para poder reemplazarlo. Señaló que el 15 de mayo de 2017, el «Gerente del Contrato» le manifestó que «[…] no era posible dejar el contrato sin la respectiva entrega del cargo a la persona asignada», lo que derivó en la ampliación de su vínculo laboral por medio de un otrosí hasta el 24 de mayo de 2017. Dijo que lo requirieron para esperar la llegada de William Fandiño Prieto, el 30 del mismo mes y año, quien presuntamente definiría dónde sería reasignado.

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Radicación n.° 95525 Informó que en esta última fecha le fue comunicada la terminación de su contrato de trabajo por la presunta finalización de la obra o labor, teniendo como último porcentaje definido, «[…] el 19.73% de ejecución del Contrato Adicional No. 02 al Contrato No. MA-003203 correspondiente por fecha al 24 de mayo de 2017». Sostuvo que no existió justificación para la ruptura contractual ni para la suscripción de los otrosíes, toda vez que las actividades del cargo de «Coordinador Administrativo Nivel IX» debía seguirse ejecutando, como mínimo, hasta el 31 de diciembre de 2018, fecha de terminación del contrato

comercial más tres meses correspondientes a su liquidación. Alegó que el consorcio le generó una expectativa legítima de estabilidad en su empleo, en particular por la existencia de un programa de fidelización, lo que lo motivó a suscribir el otrosí de 15 de mayo de 2017. Acotó que para el 25 de ese mes y año, el porcentaje de avance del contrato con Ecopetrol era del 68.48%. Contó que, en la cláusula cuarta de su contrato de trabajo, modificada mediante otrosí de 6 de marzo de 2017, acordó el reconocimiento de una prima extralegal de campo no constitutiva de salario, beneficio que se reconocería únicamente mientras ejecutara las funciones de coordinador administrativo del contrato con Ecopetrol, le

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Radicación n.° 95525 fue cancelada todos los meses y tuvo, en realidad, índole salarial. De forma separada, y con base en un mismo memorial, las empresas contestaron la demanda y se opusieron a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptaron los extremos laborales, la modalidad contractual, el cargo, las funciones descritas en la demanda, los acuerdos que permitían modificar la obra o labor contratada, el reconocimiento de la prima extralegal de campo y su carácter no salarial. Negaron que hubieran contratado al demandante para el desarrollo de la totalidad del contrato comercial MA031203 celebrado con Ecopetrol, sino únicamente para un porcentaje de su ejecución, cifra que posteriormente y por mutuo acuerdo, fue modificada de forma libre mediante la suscripción de otrosíes.

Agregaron que los porcentajes de avance eran determinados según su plazo de ejecución, que a su vez se definía con las órdenes de servicio emitidas por el cliente, siendo este un factor objetivo para la delimitación del progreso de la relación comercial. Reconocieron que el contrato de trabajo previó la finalización de la obra por la terminación del convenio con Ecopetrol o por la suspensión o interrupción de las actividades del cargo, pero acotaron que esas previsiones no constituían la actividad pactada ni mucho menos suponían

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Radicación n.° 95525 que al trabajador se le hubiera vinculado por toda la duración del contrato MA-031203. Rechazaron, que la labor incluyera prórrogas o ampliaciones del acuerdo comercial con el cliente, por el contrario, dijeron que la cláusula sexta del contrato de trabajo las excluyó expresamente. Adujeron que la relación laboral no finalizó el 15 de mayo de 2017 por los motivos alegados en la demanda, sino de la suscripción de un otrosí en el que modificaron el porcentaje definido como obra. Negaron que hubieran comunicado al trabajador una supuesta reasignación laboral o generado expectativas de estabilidad. Enfatizaron que el contrato de trabajo finalizó el 24 de mayo de 2017 por el agotamiento de la actividad consignada en el otrosí del 15 de mayo del mismo año, al haberse alcanzado un avance del 19.73% de la adición 2 del contrato MA-0031203. Precisaron que la labor no se sujetó a la subsistencia del cargo del demandante, sino a la

comprobación del avance del convenio comercial según lo pactado. Por último, reafirmaron que el trabajador acordó expresamente la naturaleza no salarial de la prima extralegal de campo como lo confesó en la demanda y señalaron que tal consenso observó lo dispuesto en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. En su defensa propusieron las excepciones de cobro de lo no debido por inexistencia de la causa y de la obligación,

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Radicación n.° 95525 improcedencia de la indemnización reclamada, prescripción, compensación, buena fe y pago.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Transitorio Laboral del Circuito de Barrancabermeja, mediante fallo del 11 de diciembre de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR La existencia de una relación laboral entre NELSON TORRES SUAREZ (sic) y las demandadas TECS

S.A.S, CONSTRUCCIONES RAMPINT S.A.S, FERNANDO CESAR

(sic) URIBE BLANCO, STORK TECHNICAL SERVICES HOLDING BV SUCURSAL COLOMBIA Y MECANICOS (sic) ASOCIADOS, quienes conformaron el CONSORCIO TURNAROUNDS ALLIANCE, mediante contrato de trabajo por “DURACIÓN DE UNA OBRA Y LABOR DETERMINADA” desde el 8 de julio de 2014 hasta el 24 de mayo de 2017. De conformidad a lo expuesto a la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR PROSPERA Y PROBADA LA

EXEPCIÓN (sic) DE IMPROCEDENCIA DE LA

INDEMNIZACIÓN RECLAMADA en consecuencia ABSOLVER A

TECS S.A.S, CONSTRUCCIONES RAMPINT S.A.S, FERNANDO

CESAR (sic) URIBE BLANCO, STORK TECHNICAL SERVICES HOLDING BV SUCURSAL COLOMBIA Y MECANICOS (sic) ASOCIADOS de todas las pretensiones formuladas en su contra.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Interpuesto recurso de apelación por el demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante fallo del 23 de septiembre de 2020, decidió: PRIMERO: REVOCAR los ordinales 2º y 3º de la sentencia de apelada de fecha, origen y antecedentes reseñados, para en su

lugar disponer:

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Radicación n.° 95525 “(…) SEGUNDO: DECLARAR que la prima extralegal de campo cancelada a NELSON TORRES SUÁREZ por parte de TECS

S.A.S., CONSTRUCCIONES RAMPINT S.A.S., FERNANDO

CESAR (sic)URIBE BLANCO Y COMPAÑÍA S.A.S., STORK

TECHNICAL SERVICES HOLDING BV SUCURSAL COLOMBIA, MECANICOS (sic) ASOCIADOS S.A.S. INTEGRANTES DEL CONSORCIO TURNAROUNDS ALLIANCE, durante los años 2014 a 2017, tiene incidencia salarial, en la liquidación de prestaciones sociales y acreencias laborales, por lo motivado.

TERCERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción formulada por las demandadas, respecto de las obligaciones causadas con antelación al 5 de septiembre de 2015, exceptuando el auxilio de cesantías, conforme se expuso.

CUARTO: CONDENAR a TECS S.A.S., CONSTRUCCIONES

RAMPINT S.A.S., FERNANDO CESAR (sic) URIBE BLANCO Y

COMPAÑÍA S.A.S., STORK TECHNICAL SERVICES HOLDING

BV SUCURSAL COLOMBIA, MECANICOS (sic) ASOCIADOS S.A.S. INTEGRANTES DEL CONSORCIO TURNAROUNDS ALLIANCE a reconocer y pagar a favor de NELSON TORRES SUÁREZ, por concepto de reliquidación de prestaciones sociales y acreencias laborales la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($10.505.880), por lo expuesto en la motiva.

QUINTO: CONDENAR a TECS S.A.S., CONSTRUCCIONES

RAMPINT S.A.S., FERNANDO CESAR (sic) URIBE BLANCO Y

COMPAÑÍA S.A.S., STORK TECHNICAL SERVICES HOLDING

BV SUCURSAL COLOMBIA, MECANICOS (sic) ASOCIADOS S.A.S. INTEGRANTES DEL CONSORCIO TURNAROUNDS ALLIANCE a reconocer y pagar a favor de NELSON TORRES SUÁREZ, a título de sanción moratoria prevista en el art. 65 del CST, a partir del 25 de mayo de 2017, a razón de $ 345.018 diarios y hasta por 24 meses, que vencieron el mismo día y mes del año 2019, la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($ 284.412.960); y, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25), esto es, 26 de mayo de 2019, corren

intereses moratorios, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superfinanciera, hasta que se verifique el pago de las prestaciones sociales adeudas, como se explicitó en la motiva.

SEXTO: CONFIRMAR la providencia en lo restante, conforme lo motivado (…)”.

Por medio de auto del 13 de octubre de 2020, ordenó:

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Radicación n.° 95525 CORREGIR el error aritmético en que se incurrió en el acápite resolutivo de la sentencia del 23 de septiembre de 2020, en que se dispuso modificar los ordinales 2° y 3° de la decisión apelada, 5º, el cual quedará así: “(…) QUINTO: CONDENAR a

TECS S.A.S., CONSTRUCCIONES RAMPINT S.A.S.,

FERNANDO CESAR (sic) URIBE BLANCO Y COMPAÑÍA S.A.S.,

STORK TECHNICAL SERVICES HOLDING BV SUCURSAL

COLOMBIA, MECANICOS (sic) ASOCIADOS S.A.S.

INTEGRANTES DEL CONSORCIO TURNAROUNDS ALLIANCE a reconocer y pagar a favor de NELSON TORRES SUÁREZ, a título de sanción moratoria prevista en el art. 65 del CST, a partir del 25 de mayo de 2017, a razón de $ 345.018 diarios y hasta por 24 meses, que vencieron el mismo día y mes del año 2019, la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($ 248.412.960); y, a partir de la iniciación del mes

veinticinco (25), esto es, 26 de mayo de 2019, corren intereses moratorios, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superfinanciera, hasta que se verifique el pago de las prestaciones sociales adeudas, como se explicitó en la motiva (…)”. Consideró como problemas jurídicos de la apelación, determinar si el juez acertó al absolver a las demandadas del pago de la indemnización por despido sin justa causa, así como al restarle incidencia salarial a la prima extralegal de campo. Dio por probados los siguientes hechos: i) la existencia de un contrato de trabajo, entre los sujetos procesales, modalidad por obra o labor determinada, con extremos del 8 de julio de 2014 al 24 de mayo de 2017, en la cual el demandante se desempeñó como Coordinador Administrativo, devengando como última remuneración mensual básica la suma de $ 7.850.550 -fl. 122 a 123, 130, 134, 156, 158 y 160-; ii) el negocio jurídico inicial, se pactó como descripción de la obra “(…) Prestar los servicios hasta completarse el 22,15% de ejecución de la fase o etapa del Contrato No. MA-0031203 suscrito entre el Empleador y el cliente, cuyo objeto es el servicio de mantenimiento con parada de planta y en operación de unidades de proceso de la Gerencia Refiniería (sic) Barrancabermeja de Ecopetrol S.A. (…)”, ligamen al que se le realizaron 31 otro sí (sic), en punto de referencia, en cuanto a la duración de la obra, determinado por el avance

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Radicación n.° 95525 porcentual de obra, según lo develan los folios 124 a 155; iii) el Contrato MA-0031203 suscrito por las sociedades consorciadas y Ecopetrol S.A., tenía un plazo de ejecución de tres (3) años, el cual inició el 2 de diciembre de 2013 y finiquitaba el mismo día y mes del año 2016, empero se prorrogó a través del Otro sí (sic) No. 2 por 29 días más que fenecían el 31 de diciembre de 2016, no obstante, a través de Contrato Adicional No. 2 se extendió el plazo de finalizción (sic) de la obra, hasta el 31 de diciembre de 2018 –fl. 65 a 66-; iv) en la claúsula (sic) cuarta del contrato inicial y en el otro sí (sic) del 30 de octubre de 2010 (sic) -fl. 134-, se estableció en favor del accionante, el pago de una “(…) prima Extralegal de campo (…)”, por valor de “(…) $ 2.000.000.oo (…)”, en la que se estipendió que “(…) Las partes acuerdan que este último valor no constituyen -sicsalario de conformidad a lo establecido en el Art. 128 del C.S. del T (…)”, rubro que ascendió a partir del mes de marzo de 2017 a la suma de $ 2.500.000., conforme lo aceptan las partes en los escritos de demanda y contestación a la misma; v) el 24 de mayo de 2017, la parte demandada, le hizo entrega de misiva de terminación del contrato al demandante, conforme lo devela el

folio 156 del plenario. Anticipó que confirmaría la decisión de primera instancia en cuanto a la improcedencia de la indemnización por despido sin justa causa, habida cuenta de la verificación de la causal de desvinculación contenida en el literal d) del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo y que la revocaría en lo atinente a la naturaleza de la prima de campo pues, siendo pagada habitualmente, el consorcio no demostró que su destinación era distinta a la remuneración del servicio. En cuanto al primer asunto, explicó que los artículos 45 a 47 del estatuto laboral disponían tres aspectos esenciales de los contratos de trabajo: i) su forma; ii) su modalidad, esto es, a plazo fijo, indefinido, por obra o labor contratada, ocasional o transitorio y iii) su duración, íntimamente ligada a la modalidad.

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Radicación n.° 95525 Precisó que la extensión de los contratos por obra o labor se sujetaba a la culminación de la tarea concretamente contratada según lo acordado por las partes.

Luego anotó: Y es que, lo anterior cobra relevancia suma en el sub examine, visto que el primer cargo formulado por el accionante, se cimenta bajo la tesis que su contrato en cuanto a su duración, debía extenderse hasta el finiquito del contrato suscrito entre las sociedades demandadas quienes conforman el Consorcio Turnarounds Alliance y Ecopetrol S.A. -fl. -, esto es, hasta el 1 de noviembre de 2019, exégesis que en puridad de verdad, contrastada contra la prueba documental, carece de respaldo,

como quiera que su duración estaba supeditada al avance porcentual de la obra matriz, y no a la totalidad de ella, como pretende hacerlo ver. Transcribió la cláusula sexta del contrato de trabajo y constató que la labor del señor Torres Suárez fue determinada «[…] por el avance porcentual de ejecución que del total de la obra establecieron las partes» y no hasta la finalización del contrato comercial con Ecopetrol. A continuación, manifestó: Ahora, el hecho que el contrato preliminar y único, haya presentado modificaciones en cuanto a su duración, a través del autodenominado por las partes, “otro sí” (sic), no desnaturaliza la duración desde siempre conocida por las partes, amén que tal comportamiento contractual obedece a dos variantes, i) a lo previsto en la claúsula (sic) sexta del contrato en la que se estableció que “(…) Las partes podrán por mutuo acuerdo y previo a la finalización de la obra o labor aquí contratada, ampliar el objeto de la misma para modificar la labor contratada o incluir un mayor porcentaje de ejecución de la obra e incluso prorrogas posteriores del contrato comercial de referencia (…)”, siendo de ese tenor, las 31 prórrogas efectuadas por las partes, son el reflejo puro y simple de la autonomía de la voluntad contractual, en cuanto refiere, a la ampliación de la duración de la obra; ii) la forma como (sic) supeditaron la ejecución del contrato comercial No. MA-0031203 el Consorcio

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Radicación n.° 95525 Turnarounds Alliance y Ecopetrol S.A., según lo devela la

documental obrante a folio 65 a 66, contentiva de oficio rad. 22018-107-136, en la que la entidad ajena al proceso contesta al aquí demandante, lo siguiente “(…) Al tratarse en (sic) contrato MA-0031203 de un contrato de cuantía indeterminada y que la ejecución del mismo se hace por medio de órdenes de servicio las cuales tienen un tratamiento como si fuera un contrato, es decir, tiene las etapas de suscripción, inicio, ejecución, finalización y liquidación. Ya la para vista integral del contrato, el avance del mismo se hace en función del tiempo (…)”, lo cual concuerda, con lo expresado por las accionadas al referir en la misiva obrante a folio 67 a 68, identificado con el código CON-EXT0254-2017 que “(…) el contrato MA-0031203 es contrato marco cuya ejecución obedece a la suscripción de órdenes de servicio que el cliente genere, por lo cual, el contrato no tiene un programa detallado de trabajo particular (sic), de manera que su avance corresponde a la medición y control del plazo de ejecución del mismo (…)”. Concluyó que la relación laboral del señor Torres Suárez no se supeditó a la vigencia del acuerdo comercial con Ecopetrol, sino a los requerimientos de este contratante mediante órdenes de servicio derivadas de uno marco, lo que exigía el ajuste en el tiempo de la duración de la obra contratada. Pasó a analizar lo atinente a la naturaleza de la prima extralegal de campo y sostuvo que no se acreditó, ni siquiera sumariamente, que tal beneficio mensual no estuviera destinado a remunerar la prestación del servicio,

con lo cual el juez pasó por alto el criterio funcional de la prerrogativa, «[…] en cuanto, a establecer si la naturaleza del servicio prestado ameritaba un pago de dicha naturaleza» y desconoció el sistema de cargas probatorias propio de este asunto.

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Radicación n.° 95525 Reprodujo extractos de la sentencia CSJ SL 14 de noviembre de 2018, radicación 68303 y determinó: Siendo las cosas, de ese tenor, atendiendo al principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades -art. 53 CP-, los pagos efectuados mensualmente durante la vigencia de la relación laboral a Torres Suárez, por concepto de prima extralegal de campo por valor de $ 2.000.000, durante julio de 2014 a febrero de 2017 y de $ 2.500.000. sufragados desde marzo a mayo de 2017, constituyen factor salarial, con los efectos y connotaciones del caso, como quiera que en autos, salvo la formalidad expuesta en la cláusula cuarta del contrato de trabajo obrante a folio 122 a 123, en lo que respecta al pacto de desalarización, ninguna prueba existe de cara a sostener la tesis de las sociedades consorciadas, máxime, cuando contrario sensu, a lo manifestado por el juez a-quo, lo expuesto por el representante legal de las pasivas con integrantes del consorcio pluricitado, no tiene incidencia alguna, salvo que lo manifestado genere consecuencias jurídicas adversas a sus intereses, en los términos del art. 191 del C.G.P. aplicable por remisión del art. 145 del CPTSS, por tanto, sus alocuciones solo

tenían la calidad de manifestación de parte, sujeta a debate procesal, y no de confesión propiamente. A la luz del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, recordó que las partes no podían despojar de incidencia salarial a un pago claramente remunerativo y cuya causa inmediata era el servicio prestado, aspecto que le correspondía desvirtuar al empleador. Por último, en cuanto a la indemnización moratoria, precisó que su imposición no era automática, sino que cada juzgador debía analizar la conducta del moroso a fin de determinar si estuvo o no amparada en la buena fe. Apuntó que, desde el inicio de la relación laboral, el empleador le ofreció al demandante el pago de la prima de campo,

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Radicación n.° 95525 […] que como se viene de ver, tiene incidencia salarial marcada, al no devirtuar (sic) las accionadas que tales rubros no estaban destinados a remunerar la efectiva prestación del servicio, con el agravante que las pasivas, siquiera acreditarón (sic) la destinación específica del rubro, es más, tampoco que el aludido valor fuera otorgado para facilitar su traslado y permanencia en “campo”, como del nombre del emolumento pudiere pensarse, habida cuenta que del interrogatorio de parte de la representante legal de las sociedades consorciadas se extrae que “(…) la prima extralegal de campo se da por si la persona necesita ir a campo, pero no como contraprestación de servicios, el mismo nombre lo dice (…)”, empero que Torres Suárez trabajaba como Coordinador Administrativo ejecutando entre otras “(…) el tema de personal, estaba pendiente de los

ingresos, de los egresos, de las suscripciones de los contratos laborales, autorizaba por ejemplo ingresos de proveedores, alimentos, recreación de las personas que se encontraban ejecutando la obra (…)”, las cuales realizaba en “(…) la oficina o sea en su base (…)”, empero que a veces debía “(…) pero algunas veces debía ir a campo para poder vigilar lo que se hacía (…)”; no obstante, si fuera del tenor últimamente referido, no se explica el pago se realizaba mensualmente, si solo debía desplazarse ocasionalmente, y si fue así, tampoco se probó que ese desplazamiento a campo fuera concomitante con la habitualidad del reconocimiento de la prima. De lo anterior concluyó que el comportamiento contractual y procesal del consorcio no fue otro que «[…] desconocer rampantemente» la incidencia salarial de la prima y aseguró que no existían «[…] visos de la buena fe exoneratoria que exige el legislador» para liberar a las demandadas de la sanción moratoria, «[…] máxime cuando las formas contractuales en las que se pactó su desalarización decaen en juicio ante la realidad avistada».

IV. RECURSOS DE CASACIÓN Concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se procede a resolverlos de acuerdo con los estrictos términos

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Radicación n.° 95525 en que son presentados y los alcances propios del recurso extraordinario, empezando por el del demandante.

RECURSO DE NELSON TORRES SUÁREZ

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case parcialmente la sentencia

recurrida, […] en cuanto confirmó la decisión absolutoria de primer grado relacionada con la indemnización por despido sin justa causa, para que una vez constituida en sede de instancia, revoque el fallo de primera instancia en cuanto absolvió de tal pretensión de condena, y en su reemplazo, se condene a las demandadas integrantes del consorcio Turnarounds Alliance a pagar al demandante la indemnización por despido conforme a lo preceptuado en los términos del inciso tercero del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, en los términos del artículo 6º de la ley 789 de 2002, imponiendo costas como corresponda. Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que es objeto de réplica y se resuelve a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Por la vía directa y en la modalidad de interpretación errónea, acusa la sentencia de violar los artículos 45, 46 y 47 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que produjo la infracción directa del 64 del mismo estatuto laboral y del 25 y 53 de la Constitución Política.

Aduce el recurrente:

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Radicación n.° 95525 El Tribunal al confirmar íntegramente el fallo de primera instancia cometió el error jurídico al mal interpretar las normas sustantivas del trabajo enlistadas en la proposición jurídica del cargo, al considerar que el contrato de trabajo por obra o labor determinada suscrito por las partes, válidamente podía limitarse tanto en el tiempo, como en su objeto, como efecto de establecer un porcentajes de cumplimiento, no de la obra o

labor determinada, sino del contrato suscrito con un tercero, independientemente de la real duración de la obra contratada, bajo el criterio de que la sola voluntad de las partes al fijar unos porcentajes de avances en la ejecución del contrato de mantenimiento, podían determinar las actividades desarrolladas por el trabajador, que por su naturaleza no están delimitadas estrictamente por el cumplimiento del objeto del contrato No. MA-002203, lo que conlleva, entre otros efectos, a que se cree una especie de contrato mixto con elementos propios del contrato a término fijo, pues el contrato de trabajo por obra o labor determinada suscrito por las partes procesales, ya no depende de la naturaleza del trabajo realizado por el trabajador, sino de unos avances fijados arbitrariamente respecto del contrato matriz. Rememora las consideraciones del Tribunal respecto a los artículos 45 a 47 del Código Sustantivo del Trabajo y al régimen del contrato por obra o labor. Alega que este, «[...] en estricto sentido», no expresa que dependa de lo que pacten las partes, sino de factores objetivos y materiales «[…] referidos […] a la clase o tipo del objeto contractual generador de la obra o labor determinada», pues el primer entendimiento degeneraría, como en este caso, en que se impusieran porcentajes de avance de un contrato de mantenimiento a personal con funciones administrativas, lo que se traduce en una duración específica del contrato que es típica del término fijo y no del que se discute. Expone que si bien la cláusula sexta del contrato de trabajo definió la obra en términos del porcentaje de avance del convenio con Ecopetrol, el Tribunal debió haber

considerado que sus funciones no se relacionaban con la

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Radicación n.° 95525 prestación de servicios de mantenimiento, sino que eran exclusivamente administrativas y por tanto no dependían del progreso de la obra, […] esto es, referidas, por ejemplo, a la elaboración de los contratos del personal operativo requerido para la ejecución del objeto del contrato suscrito con Ecopetrol, a su liquidación de prestaciones sociales y salario, el pago de su seguridad social, y demás actividades de nómina. Sobre esa base, afirma que «[…] podía calificarse de factible y razonado colegir, que la duración del contrato de obra o labor del accionante, estaba determinado principalmente por la duración total del contrato comercial y no por el avance porcentual de ejecución» y que mientras las demandadas requirieran trabajadores en campo, «[…] es axiomático» que necesitaran que alguien se ocupara de los respectivos trámites administrativos. Afirma que aceptar la tesis de que la obra se sujetaba a unos porcentajes de cumplimiento, conlleva a que la actividad laboral esté sometida al capricho del empleador.

Remata diciendo: En conclusión, la obra o labor determinada que realmente pactó el demandante, no podía estar válidamente determinada por el cumplimiento de un específico porcentaje de avance, dado que al haberse determinado la obra o labor determinada, la misma se extendía hasta la fecha de liquidación del objeto contractual acordado con Ecopetrol, por cuanto hubiese o no solicitud de órdenes de trabajo, que implicara que no se requería personal operativo o de mantenimiento, el demandante debía realizar las liquidaciones de los contratos de trabajo del personal que

eventualmente quedara censante (sic), e inclusive reportar dicha novedad a las entidades de seguridad social, elaborando los oficios y documentos requeridos.

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Radicación n.° 95525

VII. RÉPLICA Las integrantes del consorcio se oponen al cargo y lo acusan de cimentarse en alegatos fácticos que son incompatibles con la vía directa. Agregan que no se logra demostrar una equivocación del Tribunal y se basa en razonamientos erróneos sobre los artículos 45 a 47 del

Código Sustantivo del Trabajo. Indican que, para que un contrato se entienda debidamente pactado por obra o labor, las partes deben precisarla con claridad o que tal determinación se desprenda de su naturaleza, lo que se cump