CSJ - SL042-2024

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL042-2024 Radicación n.° 97240 Acta 01 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 30 de septiembre de 2022, en el proceso ordinario laboral que instauraron SAMIR ANDRÉS NULE SABA y SAMI y LAYLA NULE NARANJO contra la sociedad recurrente.

I. ANTECEDENTES Samir Andrés Nule Saba y Sami y Layla Nule Naranjo en su calidad de cónyuge e hijos de Beatriz Elena Naranjo Duque, respectivamente, demandaron a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S. A., con el

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Radicación n.° 97240 fin de que se modifique la fecha de estructuración de la invalidez derivada de la enfermedad común que aquella padecía y que inicialmente se dijo lo era el 10 de mayo de «2016» (sic), para en su lugar, señalar que en realidad correspondía al 5 de marzo de 2006, calenda en la que se presentaron los primeros síntomas. Los demandantes solicitaron que, de conformidad con lo anterior, se declare que a la causante le asistía el derecho a la pensión de invalidez con anterioridad a su deceso, de

manera que para cuando ello ocurrió, contaba con la calidad de pensionada por invalidez; y, por tanto, se admita que dejó causada la prestación de sobrevivientes a favor de su cónyuge (Samir Andrés Nule Saba) y de sus hijos Layla y Sami Nule Naranjo. Así mismo deprecaron el reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas del proceso. Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que la señora Beatriz Elena Naranjo nació el 5 de febrero de «1993» (sic), contrajo matrimonio con Samir Andrés Nule Saba el 26 de diciembre de 1987 con quien convivió hasta su deceso ocurrido el 13 de enero de 2007 y procreó a Layla y a Sami Nule Naranjo. Señalaron que en la valoración que se le hizo a la afiliada el 10 de mayo de «2005» (sic), derivada de un TAC de tórax, le confirmaron como diagnóstico, el tener «múltiples nódulos bilaterales pulmonares; adenopatías

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Radicación n.° 97240 necrosadas mediastinales múltiples; lesiones hepáticas de tipo infiltrativo que comprometen los dos lóbulos; imagen sugestiva de implante peritoneal; lesión nodular de lobulada de mama izquierda y; melanoma maligno». Y que el 16 de mayo de «2016» (sic) le descubrieron «3 zonas de metástasis en la región occipital y región frontal». Pusieron de presente que Protección S. A. mediante

comunicación de fecha 6 de julio de 2006, le notificó a la afiliada, la calificación de su pérdida de capacidad laboral, indicando que correspondía al 66,10%, que su origen era común y que la fecha de estructuración era el 10 de mayo de ese mismo año, data en la que se confirmó el diagnóstico, sin tener en consideración que las patologías surgieron con anterioridad. Adujeron que, para el 10 de mayo de 2006, fecha en que se practicó la experticia, el melanoma que sufría la entonces afiliada, se encontraba en fase metastásica y en etapa IV de evolución, de ahí que «no había nada medicamente posible» para salvarle la vida, pues el cáncer «se ha extendido a otros órganos, como los pulmones, el cerebro, los huesos o el hígado», lo que condujo a que solo se le practicaran tratamientos paliativos. Enfatizaron en que a pesar de que el diagnóstico solo se dio hasta el 10 de mayo de 2006, la sintomatología, evolución y desarrollo de la enfermedad fue anterior, tal como se registró en la correspondiente historia clínica, conforme a la cual aquella dolencia comenzó a manifestarse

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Radicación n.° 97240 «con tres meses de anterioridad, esto es, el 10 de febrero de 2006». Señalaron que la causante se vinculó al Sistema General de Pensiones a través de Protección S. A., el 17 de octubre de 2001, AFP a la que aportó a pensión de manera ininterrumpida desde el 17 de diciembre de esa anualidad

hasta el 12 de julio de 2004. Acotaron que el 31 de agosto de 2006 la convocada al proceso negó la prestación argumentando que la causante contaba con 49 semanas de aportes sufragados en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, esto es, entre el 10 de mayo de 2003 y el 10 de mayo de 2006. Precisaron que Naranjo Duque falleció el 13 de enero de 2007, tan solo ocho meses después de que había sido confirmado su diagnóstico de salud; así mismo que Sami Nule Naranjo, para la fecha de presentación de la demanda inicial, se encontraba estudiando derecho en la Universidad Javeriana de Cali. Adicionaron que el 20 de diciembre de 2017 solicitaron a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del «Valle del Cauca» la revisión de la fecha de estructuración que se había fijado inicialmente, entidad que en escrito de la misma calenda adujo abstenerse «de realizar la valoración». Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió

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Radicación n.° 97240 las fechas de nacimiento de la afiliada, con la precisión de que así se desprendía del registro civil correspondiente, y aquella en la que la pareja Nule Naranjo contrajo matrimonio; de igual forma asintió sobre la existencia de los hijos de dicha unión. Así mismo reconoció que según la valoración efectuada el 10 de mayo de «2005» (sic), la examinada presentaba un

porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 66,10%, con fecha de estructuración de ese mismo día, de origen común. Aceptó la calenda que en la demanda se afirmaba la entonces trabajadora se afilió a la AFP, la negativa de la prestación pensional deprecada, y la data en que ocurrió el óbito de aquella. De los restantes sostuvo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa puso de presente que Beatriz Elena Naranjo Duque cotizó a Protección S. A., hasta junio de 2004, un total de 440,56 semanas, de las cuales 49 se aportaron entre el 10 de mayo de 2003 y el mismo día y mes de 2006, de ahí que, dijo, no se hubieran satisfecho los requisitos para hacerse acreedora a la pensión de invalidez reclamada en los términos del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 860 de 2003. Aludió a los presupuestos de causación de la pensión de sobrevivientes, y destacó que tampoco aquellos se reunieron, como quiera que en los tres años previos al fallecimiento la afiliada tan solo aportó 19,71 semanas de las 50 requeridas al tenor del artículo 46 de la Ley 100 de

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Radicación n.° 97240 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Finalmente adujo que el 11 de septiembre de 2006 y ante la solicitud de la asegurada, dado el incumplimiento de los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de invalidez peticionada, le efectuó la correspondiente

devolución de saldos en un monto total de $29.845.679. Propuso como excepciones de mérito las que denominó validez del dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido por la comisión médico laboral de la IPS Sura; inexistencia de los requisitos de cobertura con arreglo a la fecha de estructuración de invalidez; inexistencia de la obligación; exequibilidad del requisito de 50 semanas de cotización en los últimos tres años por no ser contrario al principio de progresividad. También adujo que el principio de la condición más beneficiosa no es absoluto ni atemporal; que se afectaba el equilibrio financiero del Sistema de Seguridad Social; y, además, agregó las siguientes excepciones: compensación, buena fe de la entidad demandada, inexistencia de intereses moratorios, la innominada o genérica y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 1 de marzo de 2022 dispuso: PRIMERO.- DECLARAR demostrada parcialmente la excepción de prescripción, por las mesadas causadas con antelación al 17

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Radicación n.° 97240 de abril de 2015 y la de compensación, en los términos ya citados en precedencia. SEGUNDO.- DECLARAR que la señora BEATRIZ ELENA NARANJO DUQUE, dejó causado el derecho a la pensión de invalidez, con una pérdida de capacidad laboral de 66,10% y fecha de estructuración 9 de mayo de 2006, a cargo de la AFP

PROTECCIÓN S.A.

TERCERO.- DECLARAR que los señores SAMIR ANDRÉS NULE SABA, en calidad de cónyuge sobreviviente y sus hijos SAMI y LAYLA NULE NARANJO, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, estos últimos hasta la fecha en que alcanzaron la mayoría de edad, conforme lo expuesto en la parte motiva. CUARTO.- CONDENAR a la AFP PROTECCIÓN S.A. a pagar al señor SAMI NULE NARANJO, la suma única de $47.662.081,26 que corresponde al retroactivo pensional causado entre el 13 de enero de 2007 al 25 de septiembre de 2016, en virtud de lo expuesto en la parte motiva. QUINTO.- CONDENAR a la AFP PROTECCIÓN S.A., a pagar al señor SAMIR ANDRÉS NULE SABA, la suma de $10.886.573,45 por el retroactivo comprendido entre el 17 de abril de 2015 al 25 de septiembre de 2016, fecha en que su hijo SAMI alcanzó la mayoría de edad, con un porcentaje del 50%. SEXTO.- CONDENAR a la AFP PROTECCIÓN S.A., a pagar al señor SAMIR ANDRÉS NULE SABA, la suma de $82.864.425,45, a partir del 26 de septiembre de 2016 y hasta el 28 de febrero de 2022, con acrecimiento del 100% de la mesada pensional y adelante por las mesadas que se reconozcan, la que para el año 2022 corresponde a $1.326.826,51. Pensión que será de carácter vitalicia.

SÉPTIMO.- AUTORIZAR a la AFP PROTECCIÓN S.A., a

descontar del retroactivo reconocido la suma de $29.485.679 debidamente indexada, por concepto de devolución de saldos. OCTAVO.- AUTORIZAR a la AFP PROTECCIÓN S.A., a descontar de los retroactivos reconocidos con los numerales 4, 5 y 6 de esta sentencia, excepto de las mesadas adicionales los aportes a salud. NOVENO.- COSTAS, a cargo de la parte demandada, se fijan las agencias en derecho en la suma de $1.500.000.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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Radicación n.° 97240 La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante fallo del 30 de septiembre de 2022, al desatar los recursos de apelación interpuestos por las partes, decidió confirmar la providencia de primer grado sin imponer costas en la alzada. En lo que interesa al recurso extraordinario el juez plural fijó como problemas jurídicos a resolver, primero, si Beatriz Elena Naranjo Duque dejó causado el requisito de 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, para tener derecho a la pensión por esa contingencia, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003 «por aproximación decimal y por la modificación de la fecha de estructuración de la enfermedad». En caso afirmativo, si los demandantes, en calidad de cónyuge e hijos, respectivamente, de la causante habían cumplido los presupuestos para acceder a la sustitución de

la prestación, a partir del 13 de enero de 2007, fecha del deceso. Luego, determinar si prosperaban las excepciones de prescripción y de compensación respecto de los $29.485.679 que recibió la afiliada por concepto de devolución de saldos; y finalmente, si procedía la revocatoria de la condena en costas impuesta a la demandada. Con el marco expuesto señaló que no era materia de

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Radicación n.° 97240 discusión que: i) la afiliada cotizó entre el 1 de mayo de 1994 y el 15 de junio de 2004, un total de 397,86 semanas, de conformidad con la historia laboral vista a folio 35; ii) al momento de dar contestación a la demanda, Protección S.

A. indicó que Naranjo Duque no tenía derecho a la pensión de invalidez en tanto aportó 49 semanas entre el 10 de mayo de 2003 y el 10 de mayo de 2006; iii) según el dictamen 31899708 del 20 de junio de 2006 emitido por Suramericana Vida Seguros S. A. a solicitud de la demandada, la pérdida de capacidad laboral correspondió al 66,10%, era de origen común y tuvo fecha de estructuración 10 de mayo de 2006; y que ésta última calenda se modificó por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, quien definió que era el 9 de mayo de 2006.

Agregó que tampoco se discutía que Protección S. A. reconoció la suma de $29.485.679 por concepto de devolución de saldos, ni que la asegurada falleció el 13 de

enero de 2007 cuando se encontraba vigente el vínculo matrimonial que con Samir Andrés Nule Saba había contraído el 26 de diciembre de 1987, y en desarrollo del cual procrearon a Layla y a Sami Nule Naranjo quienes nacieron el 3 de julio de 1992 y el 25 de septiembre de 1998, respectivamente. El sentenciador precisó que la afiliada había dejado causado el derecho a la pensión de invalidez, ello en aplicación de la jurisprudencia constitucional sobre la posibilidad de flexibilizar el cumplimiento del requisito de

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Radicación n.° 97240 semanas, en aplicación de los principios de equidad, solidaridad y proporcionalidad; unido a que la historia clínica de aquella daba cuenta de que la enfermedad crónica que la aquejó, se evidenciaba desde antes de que hubiera sido calificada el 9 de mayo de 2006, concretamente desde cuando iniciaron los síntomas, es decir, el 9 de febrero de ese mismo año, fecha en la que, según la historia clínica, se habían presentado los primeros síntomas «alcanzando el cumplimiento del requisito de semanas, sin que se vea afectado el sostenimiento del sistema al contar con 397,86 semanas cotizadas entre el 1° de mayo de 1994 hasta el 15 de junio de 2004». Adujo que aun cuando la demandada alegaba que de acuerdo al documento de folio 287, se desprendía que entre el 10 de mayo de 2003 y el 10 de mayo de 2006 la causante tan solo había aportado 49 semanas de cotización, por lo

que, en principio, no cumplía el requisito de 50 semanas a que se refería la Ley 860 de 2003; no podía desconocer que en realidad estas correspondían a 49,14, lo que significaba que solo le faltaban 0,86 «suma irrisoria» que no impedía reconocer la pensión de invalidez, pues no se afectaba la sostenibilidad financiera del sistema, «no solo porque le falta una suma mínima, sino porque la afiliada registra 397.86 semanas cotizadas en total». Reprodujo fragmentos de las sentencias CC T-1382012 y CC T-629-2015 en las que dijo se «concedió la pensión de invalidez a una persona que le faltaba una semana de cotización bajo el argumento de la justicia

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Radicación n.° 97240 material», y sostuvo que, con fundamento en lo dicho en tales providencias, era procedente reconocer la pensión de invalidez, al acreditar «por aproximación» el requisito de las 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez. Pero por otra parte, el colegiado insistió en que, además de la anterior razón, advertía que atendiendo al principio de favorabilidad y a la naturaleza progresiva del cáncer que le fue detectado a la causante en su fase terminal, era dable considerar que Naranjo Duque no estructuró «la enfermedad incapacitante» el 10 de mayo de 2006, como lo había indicado Suramericana Vida Seguros

S. A. a solicitud de Protección S. A.; ni tampoco el 9 de mayo de la misma anualidad como lo había fijado la Junta

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, en tanto la última calenda «fue el día en que se le diagnosticó el melanoma gravo IV fase metastásico – cáncer», de ahí que se pudiera tener en cuenta que de manera previa se habían presentado síntomas y signos «como la tos que presentó durante tres meses que se relacionan con “las masas pulmonares compatibles con la metástasis”» como lo reportaba la historia clínica obrante de folio 96 a 70. Acotó que no compartía la consideración que había expuesto el médico Cesar Morales, de la «Junta Médica de Risaralda», cuando al rendir declaración sobre el dictamen que expidió, sostuvo que decir cuánto tiempo hacía que la causante había empezado a sufrir de cáncer «era especulación».

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Radicación n.° 97240 Afirmó que se separaba de dicha postura porque al analizar la historia clínica en su conjunto, se establecía el registro de que el 9 de mayo de 2006, cuando se expidió la calificación de PCL «desde hacía 3 meses la afiliada presentaba tos y dolores generalizados que fue diagnosticada como sinusitis y fibromialgia, pero al persistir la tos, tres días antes del diagnóstico del 10 de mayo de 2006 acudió a cita con neumología y allí se le ordenó la radiografía de tórax y de abdomen» en las que se vieron los múltiples nódulos «en mediastino a nivel de la pared pulmonar y en pared abdominal». Transcribió apartes de la historia clínica y adujo que,

si bien, a partir de la fecha del diagnóstico se podía establecer el estado de la enfermedad para ese momento, no se podía pasar por alto la naturaleza progresiva de la enfermedad crónica que padecía la afiliada, como lo había señalado la oncóloga tratante; lo que permitía considerar que el padecimiento se había estructurado «por lo menos en los tres meses anteriores al 9 de mayo de 2006», época en la que la paciente consultó a múltiples médicos por una tos permanente y dolor generalizado, hasta que acudió a neumología en donde ordenaron su hospitalización desde esa data. Aseveró que al tener como día de estructuración de la enfermedad el 9 de febrero de 2006 (en consideración a los tres meses de evolución de los síntomas) encontraba que, en los tres años previos a esa calenda, la afiliada había

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Radicación n.° 97240 acumulado un total de 62,28 semanas. Enfatizó en que como en realidad la enfermedad se estructuró el 9 de febrero de 2006, no le daba validez al dictamen pericial realizado por Suramericana ni al realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda en tanto «no son pruebas inamovibles y pueden controvertirse con otras pruebas que obren en el proceso como en este caso con la robusta historia clínica que obra en el expediente». Precisó que no les daba valor a los mencionados dictámenes porque desconocían que la afiliada presentaba «una enfermedad progresiva con evolución prolongada», además por cuanto tales experticias «van en contra de la

naturaleza de las cosas en el caso de una enfermedad que se detectó en su fase final y con metástasis» particularidades que se habían soslayado, en especial el hecho de que los síntomas persistentes habían aparecido tres meses antes del diagnóstico sin tratamiento satisfactorio. Así que debía tomarse el 9 de febrero de 2006 como fecha de estructuración «por haber quedado registrado tal evolución sintomática en la historia clínica que obra en el expediente». En consecuencia, dijo, la causante dejó acreditado el requisito de semanas previsto en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 1 de la Ley 860 de 2003, pues aun teniendo como fecha de estructuración el 9 de mayo de 2006 aquella contabilizó 50 semanas, «en virtud de la aproximación» y en todo caso, «al estructurar la

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Radicación n.° 97240 enfermedad» el 9 de febrero de ese año, dada la naturaleza progresiva de la dolencia, la afiliada había cotizado 62,28 semanas en los tres años previos, esto es, entre el 9 de febrero de 2003 y el 1 de junio de 2004 (sic) calenda de la última cotización. Agregó que la modificación de la fecha de estructuración de la invalidez, tratándose de enfermedades crónicas y progresivas, se generaba para establecer la invalidez en fechas posteriores a las definidas en los dictámenes de calificación, en consideración a la capacidad laboral residual; no obstante, para el caso en concreto, se

refería a que «si una enfermedad crónica y progresiva es diagnosticada mediante un examen, en su fase terminal, pues es natural que la enfermedad, por ser progresiva, tuvo un inicio anterior al día en que se detectó su existencia avanzada, y así lo colige esta Sala de la historia clínica». En cuanto a la excepción de prescripción propuesta por la demandada, señaló que esta había prosperado en primera instancia respecto de las mesadas causadas entre el 9 de febrero de 2006 y el día en que falleció la afiliada, ya que, aunque la prestación se había reclamado el 13 de junio de ese año y negado el 30 de agosto siguiente, cuando se le devolvieron los saldos de su cuenta de ahorro individual; y que como la demanda que había dado origen al presente proceso tan solo se interpuso el 17 de abril de 2018, esto es, pasados más de los tres años de que habla el artículo 488 del CST, debía confirmar la decisión en ese sentido.

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Radicación n.° 97240 Respecto de la pensión de sobrevivientes deprecada por los hijos de la causante, sostuvo que, para el 13 de enero de 2007, fecha en la que se produjo el deceso de la afiliada, aquellos contaban con 14 y 8 años, respectivamente, de ahí que, en principio, los dos se habían hecho acreedores, cada uno, al 25% de la pensión de invalidez de su progenitora a partir del 9 de febrero de 2006. Pero que como Layla había llegó a la mayoría de edad el 3 de julio de 2010, sin que hubiera demostrado haber

continuado estudiando ni reclamado antes de la presentación de la demanda que dio origen al presente proceso, que lo fue el 17 de abril de 2018, las mesadas pensionales causadas a su favor habían prescrito. En cuanto a Sami Nule, sostuvo que aquel arribó a los 18 años el 25 de septiembre de 2016 y aun cuando no demostró encontrarse estudiando, ni haber radicado reclamación, como había interpuesto la demanda el 17 de abril de 2018, resultaba evidente que, en su caso, no se tipificaba el aludido fenómeno extintivo. Sobre la condición de cónyuge de la causante, que predicaba Samir Andrés Nule Saba para poder ser beneficiario de la prestación de sobrevivencia, puso de presente que no había discusión en torno a que la pareja había contraído matrimonio el 26 de diciembre de 1987, procreado dos hijos y tener vínculo vigente hasta el deceso de la afiliada; pues de ello se había dejado registro en la

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Radicación n.° 97240 historia clínica que reportaba el desarrollo del tratamiento oncológico y psiquiátrico en tanto «fue al esposo al que se le explicó sobre el tratamiento, la psiquiatra indica que se maneja psicoterapia con la paciente y el esposo, con quien refiere 19 años de matrimonio» en la Clínica de la Presentación de Manizales, en donde el 5 de marzo de 2006 se dejó constancia de que él era el responsable de la paciente. Así mismo señaló, en cuanto a la fecha del deceso, que «el oncólogo indica que a las 8:45 a.m. “se le explica de

forma amplia y detallada al esposo la situación actual con comprensión total de la situación actual plan manejo paliativo» y que a las «11:35 “la paciente fallece”». Agregó que la convivencia de la pareja también se encontraba demostrada, pues había sido el demandante quien representó a su cónyuge ante Protección S. A., que a este se le notificó el dictamen de pérdida de capacidad laboral el 14 de julio de 2006, de conformidad con el poder que se le había conferido el 12 de junio anterior, y así mismo, en la solicitud de pensión presentada por la causante se le relacionaba como beneficiario. Así las cosas, concluyó que estaba acreditado que Samir Andrés era beneficiario, al tener vínculo matrimonial vigente a la calenda del deceso y estar probado que estuvo en el momento de la enfermedad de la afiliada y la representaba en los diferentes trámites ante Protección S. A., entidad que tampoco había desconocido tal condición, pues a ello solo había hecho referencia en el recurso de apelación presentado en contra de la decisión de primer

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Radicación n.° 97240 grado cuando refirió que no se había «ventilado la condición de cónyuge». Señaló el Tribunal que confirmaría la providencia del juzgado en lo que a las sumas reconocidas en esa instancia se refería, por cuanto no se había presentado inconformidad en torno a las mismas, ni respecto a la configuración parcial de la prescripción sobre las mesadas causadas con anterioridad al 17 de abril de 2015 (sic). Finalmente, y en lo que respecta a la excepción de

compensación, expuso que también confirmaría la autorización de descontar $29.485.679, de forma indexada, suma que Beatriz Elena Naranjo Duque había recibido por concepto de devolución de saldos, en consideración a que con dicho valor «se esta (sic) garantizando también el reconocimiento de la pensión de invalidez que fue sustituida a sus beneficiarios», pues al margen de que se hubiera recibido de buena fe, ello no eximía a los demandantes de que del retroactivo causado se les descontara, pues pensar lo contrario sería pretender un doble pago derivado de la misma cuenta de ahorro individual y respecto del mismo riesgo. En cuanto a las costas, precisó que no había lugar a su revocatoria como quiera que su imposición era objetiva y recaían en la parte vencida en juicio, de manera que le correspondía asumir su pago a Protección S. A.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

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Radicación n.° 97240 Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la sociedad recurrente que esta corporación case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, revoque la providencia de primer grado y en su lugar se le absuelva de las pretensiones formuladas en su contra.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, frente a los que se presenta réplica, los cuales se resolverán de manera conjunta en consideración a que se dirigen por la misma senda, acusan similar elenco normativo y persiguen idéntico fin.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión del Tribunal por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea del artículo 1 numeral 1 de la Ley 860 de 2003 y por la infracción directa de los artículos 8 de la Ley 153 de 1887; 4 de la Ley 169 de 1896; 29 y 230 de la CP y; 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.

Para dar desarrollo al cargo indica que para confutar los planteamientos del fallador de la apelación es preciso acudir a la sentencia CSJ SL104-2019 en la que se trajo a colación la CSJ SL, 26 oct. 2010 rad. 37500 reiterada en la CSJ SL, 30 ag. 2011, rad. 42029 en torno a la procedencia

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Radicación n.° 97240 de la aproximación de las semanas con el propósito de entender satisfechos los requisitos legales para acceder a una prestación pensional. Luego de reproducir varios de los apartes de la primera de las providencias citadas afirma que en la medida que la señora Naranjo Duque dejó cotizadas 49,14 semanas, como lo anotó expresamente el ad quem y, no se discute, la fracción decimal no llega a 0,5 y, por consiguiente, el número se debió aproximar a 49 y no a 50, como erradamente lo hizo el sentenciador de segunda instancia, desconociendo con ello «antigua y profusa» jurisprudencia al respecto; lo que hace evidente que no había lugar al otorgamiento de la pensión deprecada.

VII. RÉPLICA Los demandantes se oponen a la prosperidad del cargo

argumentando que la decisión CSJ SL104-2019, en la que se sustenta la acusación, fue «revocada» por la Corte Constitucional mediante sentencia CC T-491-2020, de manera que la base jurisprudencial de la inconformidad de la censura «no tiene fuerza vinculante, ni efecto dentro del ordenamiento jurídico y no es aplicable a este caso». Sostienen que la jurisprudencia constitucional ha establecido que el estudio de casos límite, esto es, eventos especiales en materia de pensión de invalidez, cuando se trata de enfermedades catastróficas o degenerativas permite

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Radicación n.° 97240 estudiar la inaplicación del requisito establecido en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003. Agregan que aun considerando que no es dable aproximar las semanas aportadas por la causante a 50, por faltarle más de 0,5 de aportes, no es suficiente para derruir la sentencia combatida como quiera que esta, además, se fundó en que la verdadera fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral fue el 9 de febrero de 2006 y, en esa medida, estaba satisfecho el requisito de 50 semanas en los tres años previos a la estructuración de la invalidez.

VIII. CARGO SEGUNDO Impugna la sentencia de segunda instancia por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea del artículo 1 numeral 1 de la Ley 860 de 2003 y por la infracción directa de los artículos 142 del Decreto 19 de 2012, que modificó el 52 de la Ley 962 de 2005; 1, 29 y 230

de la CP y 1 del Acto Legislativo 01 de 2005. A efectos de demostrar su inconformidad, manifiesta que es necesario acudir a la sentencia CSJ SL1021-2019, que transcribe en extenso, para luego señalar que la determinación «del día de comienzo de la condición valetudinaria es potestad de las entidades a las que la ley les asignó esa facultad expresa» en los términos del artículo 142 del Decreto 19 de 2012, que modificó el artículo 52 de la Ley 962 de 2005.

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Radicación n.° 97240 De ahí que «debe ser con base en el concepto de una de ellas en el que el juzgador soporte su sentencia», lo que aplicado en el asunto en concreto «patentiza que no era posible para el juez colegiado desconocer la fecha de estructuración de la invalidez establecida en los dictámenes de Suramericana Vida Seguros S.A. y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda», ni siquiera al amparo de la libertad de apreciación de las pruebas de la que legalmente está investido, pues no le era dable soslayar lo previsto en el citado artículo 142 del Decreto 19 de 2012 en cuanto a la necesidad de basar su fallo en una experticia proveniente de una de las entidades contempladas en ese precepto. Argumenta que en el caso en concreto no es posible acudir a la solución como la que ha predicado esta Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional sobre enfermedades congénitas, crónicas y degenerativas, en