CSJ - SL044-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL044-2023 Radicación n.° 86895 Acta 01 Bogotá D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por YULIETH STELLA CASTELLAR COHEN, MARÍA ELENA AGUILAR JULIO y ANA MILENA CASTELLÓN GARCÍA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 29 de junio de 2019, en el proceso adelantado por ellas contra UNE E.P.M TELECOMUNICACIONES S.A., EFICACIA S.A. y EMTELCO S.A., al cual fue llamado en garantía la COMPAÑÍA

ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. -CONFIANZA.

AUTO Se reconoce personería al abogado Héctor Arriaga Díaz, titular de la cédula de ciudadanía número 17.126.482 y de la tarjeta profesional número 8.647, expedida por el Consejo

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Radicación n.° 86895 Superior de la Judicatura, para que actúe como apoderado sustituto de Eficacia S.A., en los términos del memorial allegado junto con el escrito de oposición.

I. ANTECEDENTES

Yulieth Stella Castellar Cohen, María Elena Aguilar Julio y Ana Milena Castellón García demandaron a UNE E.P.M. Telecomunicaciones S.A. (en adelante UNE S.A.), a Eficacia S.A. y a Emtelco S.A., con el fin de que se declarara

que existió un contrato de trabajo a término indefinido entre ellas y la primera, cuyos extremos temporales fueron los siguientes:

NOMBRE INICIO FINAL

Yulieth Castellar Cohen 11/02/2009 20/06/2015 María Elena Aguilar Julio 2/01/2009 20/06/2015 Ana Milena Castellón García 2/01/2009 20/06/2015 Así mismo, solicitaron que se declarara que son beneficiarias de las convenciones colectivas de trabajo celebradas entre el empleador y el sindicato de trabajadores de Sintraemsdes para 2008-2010, 2011-2013 y el acuerdo convencional n.° 006 del 18 de junio de 2014. En consecuencia, requirieron que se condenara al pago de la diferencia entre los salarios convencionales y los que efectivamente percibieron y su incremento anual; las primas de vacaciones, de junio, de antigüedad y de navidad, 2

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Radicación n.° 86895 previstas en las cláusulas convencionales17 a 21; el auxilio escolar y el de transporte (cláusulas 25 y 45); la bonificación por recreación y el subsidio familiar (cláusulas 18, 19, 23 y 24); las indemnizaciones por despido indirecto y por mora tanto en la consignación de cesantías como en el pago de salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato; la reliquidación de estas últimas y de los aportes a seguridad social, pagados sin la inclusión de los incrementos salariales. Fundamentaron sus peticiones en que estuvieron

vinculadas con la demandada Eficacia S.A., mediante contratos sucesivos e ininterrumpidos de trabajo, por duración de la obra o labor contratada, cuyos extremos temporales fueron el 2 de enero de 2009, salvo en el caso de Yulieth Castellar que lo fue el 11 de febrero del mismo año, y el 20 de mayo de 2013; que se desempeñaron como trabajadoras en misión en las instalaciones de la empresa UNE S.A., cumpliendo funciones «[…] como personal de administración, mercadeo y ventas, soporte nivel II, del CENCO soporte nivel II de la relación». Expusieron que, de manera ininterrumpida y sin solución de continuidad, lo siguieron haciendo desde el 20 de mayo de 2013 y hasta el 15 de junio del 2015, con la empresa Emtelco S.A., mediante el mismo tipo de contratos. Afirmaron, que continuaron desempeñándose en las instalaciones de UNE S.A., y que el salario promedio devengado en Eficacia S.A. era $850.050 y en Emtelco S.A. $901.240. 3

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Radicación n.° 86895 Argumentaron que estas no son empresas de servicios temporales con licencia de funcionamiento para suministrar trabajadores en misión, conforme se encuentra regulado en el artículo 72 de la Ley 50 de 1990, y que UNE S.A. suscribió con el sindicato Sintraemsdes las convenciones colectivas de trabajo 2008-2010, 2011-2013 y 2013-2015, que beneficiaban a todos los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo con la demandada, pues más de la tercera

parte del total de los trabajadores se encontraban sindicalizados. Reiteraron que UNE S.A. no ha hecho los pagos de origen convencional y agregaron que, para efecto del reconocimiento del auxilio escolar convencional, sus hijos han cursado educación preescolar, primaria, secundaria y superior. Además, que Ana Milena Castellón García estuvo matriculada en la Universidad de Cartagena desde el segundo semestre del año 2011 hasta el segundo período de 2015, en el programa de administración financiera. Finalmente, informaron que presentaron la respectiva reclamación administrativa y que UNE S.A. suscribió, el 18 de junio de 2014, el acuerdo convencional n.º 006 en beneficio de todos los trabajadores vinculados mediante el contrato de trabajo. Al dar respuesta a la demanda, UNE S.A. se opuso a la totalidad de las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó solo el referente a que no ha cancelado los 4

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Radicación n.° 86895 «emolumentos prestacionales de origen convencional»; de los demás aseguró que no eran ciertos o no le constaban. Expuso que no existió con ellas una relación laboral ni de otra índole y que en los anexos del proceso no acreditaron la prestación del servicio en cabeza de esta entidad, por lo que no hay prueba alguna que permita hacerla responsable de las obligaciones reclamadas. Aclaró que, con las otras sociedades demandadas, existieron contratos comerciales cuyos objetos fueron «la prestación de servicios de comercialización», que son ajenos al objeto que tiene la entidad, el cual es el «de

telecomunicaciones». En lo referente al pago de los beneficios convencionales, afirmó que era improcedente, pues solo podían ser aplicados a las personas que se encontraban vinculadas a la empresa mediante contrato de trabajo, condición que ninguna de las demandantes cumplía, y recalcó que no tuvo «[…] injerencia alguna en la terminación de su contrato», por lo que no puede ser condenada a la indemnización por finalización del vínculo del cual no fue parte. En su defensa propuso las excepciones que denominó «inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido» y prescripción. Con fundamento en el artículo 64 del Código General del Proceso, llamó en garantía a la compañía de seguros Aseguradora de Fianzas S.A Confianza, con quien Eficacia S.A celebró un contrato de seguro para el 5

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Radicación n.° 86895 cubrimiento de riesgos relacionados con «[…] la condena al pago de salarios, acreencias laborales, indemnizaciones, en el desarrollo del contrato comercial celebrado» con UNE S.A. Confianza S.A., en su respuesta al llamamiento en garantía, mencionó que existe la póliza de cumplimiento n.º 03GU030677 expedida en favor de UNE S.A., en virtud del contrato garantizado n.º 100010431558, agregando que se opone al pago de las acreencias a las demandantes o a reembolsarle las sumas correspondientes a acreencias laborales causadas por fuera de la vigencia del contrato garantizado. En su defensa, propuso las excepciones que denominó «ausencia de cobertura en caso de ser condenado el asegurado

como verdadero empleador» y de «[…] cobertura de prestaciones consagradas en convenciones o pactos colectivos», «justa causa de terminación del contrato derivada de la terminación del contrato No. 10010431558», «ausencia de cobertura de la póliza. El contrato garantizado por Confianza S.A (10010431558) no cubre otros contratos con otras entidades como Emtelco S.A.», prescripción, «no cobertura de aportes a la seguridad social», ni de «[…] vacaciones», «no extensión al asegurado ni a la aseguradora de condenas por indemnizaciones moratorias» y «máximo valor asegurado». Por su parte, Emtelco S.A., al dar respuesta a la demanda, se opuso a la totalidad de las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó que esta entidad no es una 6

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Radicación n.° 86895 empresa de servicios temporales, tal y como se evidencia en el certificado de existencia y representación legal. De los demás dijo que no eran ciertos o no le constaban. Manifestó que durante el tiempo que duró la relación laboral, desde el 20 de mayo del 2013, canceló a las demandantes todas las obligaciones emanadas de los contratos de trabajo. Así mismo, que ellas siempre prestaron sus servicios bajo su constante subordinación. Recalcó que entre ella y UNE S.A., se celebró un acta de ejecución a través de la cual esta entidad se obligó a prestar los servicios de PaP (venta de servicios puerta a puerta) en el marco de un convenio empresarial. Por lo tanto, estos servicios se prestaron de manera autónoma y con

independencia, sin que existiera injerencia alguna de la contratante. Reiteró que, al no ser una empresa de servicios temporales, no podía haber suministrado personal a sus clientes, que su actividad fue de manera subordinante y que la prestación de sus servicios se hizo con apego a lo previsto en el artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo. En lo referente a las renuncias de las demandantes, explicó que no contaba con la información para tener certeza del desajuste salarial al que hicieron referencia, pues en las cartas de terminación, se refirieron a un hecho futuro e incierto, ya que indicaron que renunciaban «[…] por un desajuste salarial que se llevará a cabo el 1 de julio de 2015». 7

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Radicación n.° 86895 En su defensa propuso las excepciones que denominó «falta de agotamiento de reclamación administrativa», inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción y buena fe. A su turno, Eficacia S.A. también se opuso a todas las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó como una confesión de las demandantes haber admitido la existencia de una relación laboral, en virtud de la cual recibieron el pago de los salarios acordados, así como que no es una empresa de servicios temporales. De los demás, dijo que no le constaban o no eran ciertos. Narró que esta sociedad no es una empresa de servicios temporales sino una de servicios, por lo que no está sujeta a la restricción anual de aquellas empresas que se encuentran reguladas por el artículo 71 de la Ley 50 de 1990. Y en lo referente a la terminación de los contratos, sostuvo que

debido a que la relación comercial entre Eficacia S.A. y UNE S.A. culminó, todos los contratos de trabajo corrieron esta suerte. En su defensa propuso las excepciones que denominó inexistencia de obligaciones y prescripción. En audiencia celebrada el 22 de marzo de 2016, el Juzgado de conocimiento, declaró probada la excepción previa de «falta de agotamiento de reclamación administrativa», propuesta por la demandada Emtelco S.A., 8

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Radicación n.° 86895 ordenando consecuencialmente su exclusión del proceso (folio 895).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante sentencia proferida el 5 de junio de 2016, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación y, en consecuencia, absolvió a las demandadas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver la apelación presentada por la parte demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante fallo del 29 de junio de 2019, confirmó la decisión adoptada por el juzgado.

Expuso que era necesario establecer quién fue el verdadero empleador de Yulieth Stella Castellar Cohen, María Elena Aguilar Julio y Ana Milena Castellón García, para efecto de determinar si las empresas Emtelco S.A. y Eficacia S.A. actuaron como simple intermediarias para encubrir la relación laboral de las demandantes con UNE S.A. o si, por el contrario, actuaron como verdaderos contratistas independientes. Dependiendo de la respuesta,

se procedería a analizar el derecho al pago de lo reclamado. Como normatividad aplicable señaló el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, e invocó también las sentencias CSJ SL, 27 octubre 1999, radicación 12187, CSJ 9

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Radicación n.° 86895 SL, 13 noviembre 2013, radicación 56580 y CSJ SL, 29 julio 2015, radicación 44519, proferidas por esta Corporación. Tras leer la norma señalada, explicó que la obligación del contratista no consiste en suministrar el personal, sino en lograr por su cuenta y riesgo, y a cambio de un precio, el objetivo contractualmente definido con el dueño de la obra. Acudió a la jurisprudencia de esta Sala y precisó que cuando, a pesar de la apariencia formal de la existencia de un contratista, quien ejerce la dirección de los trabajadores es el propio contratante, directamente o a través de sus trabajadores dependientes, será este y no el simple «testaferro» quien se repute como verdadero empleador, debiéndose considerar al supuesto contratista independiente como un simple intermediario. Expuso que, conforme a los documentos de folios 231 a 309, se demostró que UNE S.A. suscribió en diferentes épocas contratos mercantiles con Emtelco S.A. y Eficacia S.A, en virtud de los cuales las empresas se obligaron a ejecutar con sus propios medios y trabajadores, asumiendo todos los riesgos, salarios y prestaciones sociales en estricta concordancia con los precios de su propuesta y con total autonomía, los servicios de atención de peticiones, quejas,

reclamos, atención al cliente, suscriptores o contratistas de

UNE S.A.

De igual manera, manifestó que se encontró probado que las demandantes suscribieron varios contratos de trabajo con Emtelco S.A. y Eficacia S.A. durante el período 10

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Radicación n.° 86895 comprendido entre enero del 2009 y el 20 de junio del 2015, y que a raíz de dichos contratos aquellas prestaron sus servicios como asesoras de servicio al cliente de UNE S.A., tal y como fue aceptado desde la contestación de la demanda. A su juicio, y contrariamente a lo manifestado por las apelantes, estas empresas no se encontraban actuando con carácter de servicios temporales, sino como verdaderos contratistas independientes, por lo que el caso debía analizarse conforme lo establecido en los artículos 34 y 35 del Código Sustantivo del Trabajo y no a la luz de lo dispuesto en el 75 y 77 de la Ley 50 de 1990. Advirtió que el hecho de que hubieran enviado a las demandantes a prestar sus servicio a UNE S.A., no implicaba que se tratara de un suministro de personal en misión, toda vez que tienen permitido contratar y remitir personal a efectos de cumplir con el objeto pactado con el beneficiario del servicio. Adujo que no se podía confundir las dos figuras, y para explicarlo dijo que, […] por ejemplo la empresa de servicios temporal se convierte en ilegal cuando se desborda el límite de temporalidad previsto en la ley o cuando la contratación recae sobre casos distintos para los cuales se permite la vinculación de trabajadores en misión,

mientras que para que se desnaturalice la figura del contratista independiente se requiere demostrar que quién ejercita la dirección y control de los trabajadores era el contratante. Sostuvo que para establecer cuál era la norma aplicable para la resolución del caso en concreto, debía analizarse lo 11

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Radicación n.° 86895 que mostrara la realidad, respecto de la forma como sucedieron los hechos y se desarrolló la prestación del servicio, no simplemente admitir la interpretación «caprichosa» de las partes, puesto que no es posible acomodar las circunstancias con el único propósito de que se declaren las pretensiones. Así, del análisis de las pruebas, para determinar si las demandantes desempeñaron sus funciones bajo la subordinación de UNE S.A., definió que Ladis Puello Montero, única testigo que compareció y que tenía un alto grado de credibilidad al ser compañera de trabajo, manifestó que ellas: […] cumplían funciones de asesoras comerciales, que su labor consistía básicamente en atender clientes y ofrecer los servicios de UNE EPM, señaló, también, que las accionantes prestaban los servicios en las instalaciones ubicadas en La castellana, explicó además que las órdenes eran impartidos por los supervisores de Emtelco S.A. y Eficacia S.A. pues, estos eran los encargados de hacer cumplir el horario de trabajo, de verificar que se diera la atención adecuada al cliente, que las órdenes de gestión se ejecutaran tal y como lo venía manejando con UNE EPM, ejercer vigilancia y control, realizar los llamados de atención y conceder

los permisos. En ese sentido, concluyó que en el presente caso las empresas Emtelco S.A y Eficacia S.A. no actuaron como simples intermediarias sino como empleadoras de las demandantes, pues eran ellas quienes realizaban la supervisión y coordinación del trabajo, así como también quienes establecían el horario laboral, por lo que se acreditó que actuaron con total autonomía e independencia respecto

de UNE S.A.

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Radicación n.° 86895 Respecto de la prestación del servicio en las instalaciones de la entidad contratante, explicó que la jurisprudencia de esta Sala ha admitido que puede efectuarse de esa forma, sin que ello implique la subordinación, dado que resultaría ilógico exigir que los clientes de UNE S.A. fueran atendidos en un lugar diferente de dicha empresa. Finalizó afirmando que entre esta última y las demandantes no existió un contrato de trabajo, ya que Emtelco S.A. y Eficacia S.A actuaron realmente como contratistas independientes y por tanto son verdaderos empleadores. Agregó que, por sustracción de materia, se abstenía de emitir pronunciamiento alguno respecto de la solicitud de pago de prestaciones extralegales, pues de acuerdo con lo estipulado en la Convención Colectiva de Trabajo (folio 84 a 110), solo le es aplicable a los trabajadores laboralmente vinculadas a UNE S.A.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por las demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver en los términos planteados y conforme a las limitaciones del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden las recurrentes que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la

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Radicación n.° 86895 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena y, […] condene de manera principal a la demandada UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A ESP y solidariamente a la demandada EFICACIA S.A., de todas las pretensiones de la demanda, como quiera que la demandada EMTELCO SAS fue excluida de la Litis por prosperar en primera instancia la excepción previa de falta de agotamiento de la vía gubernativa. De manera subsidiaria, requieren que se case parcialmente la sentencia y se «[…] revoque la sentencia absolutoria por el Juzgado y en su lugar condene a las demandadas a una indemnización por despido injusto y condene en costas». Con tal propósito formulan dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales son replicados y se resuelven a continuación en el orden propuesto.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia recurrida de violar, por la vía directa, en la modalidad de infracción directa: […] los artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80 (sic), 81, 82, 83, 95 de la ley 50 de 1990, artículos 23, 24, 43, 467, 470, 13, 53 de la constitución política lo que condujo a la infracción directa de los artículos 6 del decreto 4369 de 2006, ,

(sic) articulo (sic) 1° del decreto 2025 de 2011, lo cual condujo a la aplicación indebida del artículo 34 del código sustantivo del trabajo. En la demostración del cargo aduce que erró el Tribunal al aplicar en la solución del caso el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, y no hacerlo bajo la órbita de las 14

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Radicación n.° 86895 normas denunciadas, que regulan la actividad de las empresas de servicios temporales.

Luego exponen: […] la sola modalidad contractual de duración de obra o labor contratada usada para el envío de personal para la prestación de un servicio personal comporta la circulación en la órbita normativa que regula a las empresas de servicios temporales y no por quien ejerza dicha actividad tenga la calidad de contratista independiente lo ubica en el espectro de dicha normatividad comprendida en el artículo 34 del código sustantivo del trabajo pues tales consideraciones vertidas como las que sirvieron de sostén de la sentencia fustigada configuran una dicotomía en el proceso hermenéutico de las normas que da cabida para concebir que el contratista independiente y al beneficiario del servicio o usuario dada su calidad autónoma y en son de ser consecuente con el derecho a la libertad empresarial y los medios de producción puedan acudir a enviar personal a cumplir actividades permanentes e indefinidas por una modalidad contractual esencialmente entendida para la necesidad de un servicio temporal, lo que realmente socava el derecho de los trabajadores temporales a tener una contratación directa y en sincronía con la necesidad de un servicio permanente con quien

demanda el servicio, pues se prestaría para una instrumentalización negativa e inadecuada aquella de otorgarle al contratista independiente libertad de escoger a placer la modalidad contractual que pudiera acomodarse a una forma de ocultar y disfrazar de manera sistémica y sofisticada relaciones jurídicas laborales directa entre el usuario o beneficiario del servicio para con el trabajador, más aun si la labor que despliega el trabajador producto del acto jurídico comercial que une al contratista aparente con el empleador aparente tiene vocación de permanencia. Y finalizan resaltando que de esa forma lo ha considerado esta Sala, en las sentencias CSJ SL3520-2018 y CSJ SL17025-2016, en las que se puntualiza que «[…] no solo comprende una contratación irregular la perpetrada entre la empresa de servicios temporales y la usuaria o beneficiaria del servicio sino la que inmiscuye la de la persona jurídica que 15

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Radicación n.° 86895 no teniendo la calidad de empresas de servicios temporales acude a prestar un servicio» de connotación temporal.

VII. RÉPLICAS UNE S.A. recuerda, en primer término, que la infracción directa supone, como lo ha destacado esta Sala (CSJ SL3702-2020), que el juez se abstiene de acudir a una norma sustantiva por desconocimiento o rebeldía, norma que en todo caso debe ser la que regula la discusión planteada.

Indica, tras copiar apartes de la decisión impugnada, que el Tribunal sí tuvo en cuenta las disposiciones relacionadas con las empresas de servicios temporales, entre ellas los artículos

75 y 77 de la Ley 50 de 1990, pero consideró que el asunto sometido a su consideración se resolvía a través del análisis de la figura del contratista independiente. Expresa que el utilizar la senda del puro derecho, implica una total «conformidad y aceptación» de las conclusiones fácticas y los juicios de valor a los que arribó el Tribunal respecto de las pruebas aportadas. Es decir, que las recurrentes están de acuerdo con la existencia de los contratos mercantiles celebrados con Eficacia S.A. y Emtelco S.A., en virtud de los cuales eran ellas las empleadoras y, por tanto, las responsables del pago de los derechos laborales, obligación que asumieron con total autonomía. Recalca que la declaración de una intermediación ilegal carece de todo sustento fáctico y jurídico, pues en el proceso quedó probado que las mencionadas entidades no actuaron 16

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Radicación n.° 86895 como simples intermediarias, presentándose los elementos para configurar la relación de contratistas independientes desarrollada en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Insiste en que se equivocan las recurrentes al afirmar que la normatividad aplicable era aquella relacionada con las empresas de servicios temporales, por el simple hecho de suscribir un contrato por obra o labor y prestar sus servicios en las instalaciones de la empresa contratante, aserto que apoya en lo explicado por esta Corte en la sentencia CSJ SL, 4 mayo 2001, radicación 15678 . Eficacia S.A., advierte que la decisión de segunda instancia solo podía atacarse por la vía de los hechos,

demostrando que incurrió en un error al interpretar deficientemente el material probatorio del proceso, no por la aplicación de las normas que regulaban la relación jurídica existente entre las partes, por lo que la vía directa no puede prosperar.

VIII. CONSIDERACIONES Tal y como lo advierten las opositoras, lo apropiado en este caso para combatir la decisión del Tribunal era acudir a la vía indirecta, porque las conclusiones a las que este llegó se soportaron en el análisis de las pruebas documentales y, especialmente, los relacionados con los contratos civiles suscritos entre las demandadas y los de trabajo celebrados

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Radicación n.° 86895 entre Eficacia S.A. y Emtelco S.A., con cada una de las recurrentes. En efecto, se expuso que, conforme a los folios 231 a 309, se demostró que UNE S.A. suscribió en diferentes épocas contratos mercantiles con Emtelco S.A. y Eficacia S.A, en virtud de los cuales las referidas empresas se obligaron a ejecutar con sus propios medios y trabajadores, asumiendo todos los riesgos, salarios y prestaciones sociales, en estricta concordancia con los precios de su propuesta y con total autonomía, los servicios de atención de peticiones, quejas, reclamos, atención al cliente, suscriptores o contratistas de la entidad contratante. Igualmente, encontró probado que las demandantes suscribieron varios contratos de trabajo con las empresas Emtelco S.A. y Eficacia S.A. durante el período comprendido entre enero de 2009 y junio de 2015, y que a raíz de estos,

aquellas prestaron sus servicios como asesoras de servicio al cliente de UNE S.A., tal y como fue aceptado desde la contestación de la demanda. Incluso, para establecer si las demandantes desempeñaron sus funciones bajo la subordinación de esta última, lo que seguramente hubiera llevado a concluir que se trataba de una intermediación laboral irregular, analizó la declaración de Doris Puello Montero, y que para el Tribunal tenía un alto grado de credibilidad por ser compañera de trabajo, concluyendo que ellas, 18

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Radicación n.° 86895 […] cumplían funciones de asesoras comerciales, que su labor consistía básicamente en atender clientes y ofrecer los servicios de UNE EPM, señaló, también, que las accionantes prestaban los servicios en las instalaciones ubicadas en La castellana, explicó además que las órdenes eran impartidos por los supervisores de Emtelco S.A. y Eficacia S.A. pues, estos eran los encargados de hacer cumplir el horario de trabajo, de verificar que se diera la atención adecuada al cliente, que las órdenes de gestión se ejecutaran tal y como lo venía manejando con UNE EPM, ejercer vigilancia y control, realizar los llamados de atención y conceder los permisos. En esta valoración probatoria de documentos y testimonios, naturalmente imposible de controvertir a través de la senda seleccionada, está la explicación del por qué se concluyó que en el presente caso las empresas Emtelco S.A y Eficacia S.A. no actuaron como simples intermediarias sino como verdaderas empleadoras de las demandantes, pues

eran aquellas quienes realizaban la supervisión y coordinación del trabajo, establecían el horario laboral, concedían permisos e imponían el régimen sancionatorio propio de cada una de esas empresas, es decir, se acreditó que actuaron con total autonomía e independencia respecto de la codemandada UNE S.A. Además, con apoyo en lo dicho por esta Corporación, precisó que la prestación del servicio en las instalaciones de la entidad contratante no implicaba, de forma automática, que existía subordinación respecto de aquella, pues en eventos como el presente resultaría ilógico exigir que los clientes de UNE S.A. fueran atendidos en un lugar diferente a las instalaciones de la empresa. Y eso es claro, a juicio de la Sala, porque la actividad contratada era básicamente la de 19

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Radicación n.° 86895 atender las peticiones, quejas y reclamos que efectuaran los usuarios del servicio de la entidad contratante. A pesar de lo anterior, si la Sala intentara reducir la controversia a los aspectos puramente jurídicos, el artículo 34 del CST dispone: Artículo 34.- CONTRATISTAS INDEPENDIENTES. 1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos empleadores y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades

normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores. Como se ha dicho en reiteradas oportunidades, contempla dos relaciones jurídicas: una, la del beneficiario de la obra (en este caso UNE S.A.) y el contratista que la ejecuta (Eficacia S.A. o Eficacia S.A.), y otra entre este contratista independiente y los trabajadores que utiliza para tal fin. También establece una responsabilidad solidaria por parte del beneficiario de la obra cuando las labores realizadas por este, no sean extrañas al objeto de su empresa o negocio. Pero el análisis que se debe realizar, es el que permite establecer si el contratista independiente actuó con verdadera autonomía técnica y directiva, asumiendo los riesgos y con sus propios medios, porque la consecuencia de 20

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Radicación n.° 86895 no hacerlo de esta forma implica, para él, la posibilidad de que sea considerado como un simple intermediario, asumiendo las consecuencias propias de esa declaración. De acuerdo con lo dicho, se puede concluir que, tratándose de un contratista independiente, no tiene como objeto sumini