CSJ - SL049-2024

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL049-2024 Radicación n.° 92346 Acta 2 Bogotá D.C., Treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por GLOBAL SECURITIES SA COMISIONISTA DE BOLSA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 4 de septiembre de 2020, adicionada en providencia del día 29 del mismo mes y año, en el proceso que JUAN CARLOS TAVERA ÁLVAREZ, adelantó contra la sociedad recurrente.

I. ANTECEDENTES Juan Carlos Tavera Álvarez, llamó a juicio a Global Securities SA – Comisionista de Bolsa (f.°8 a 36), para que se declarara que los pagos que le efectuó a título de «anticipo de distribución de utilidades» o por «anticipo bonificación por gestión de grupo constituye salario ordinario variable».

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Radicación n.°92346 Consecuencialmente, pidió condenarla a pagarle: auxilio de cesantía, intereses «con su correspondiente sanción» y primas de servicio, de toda la relación laboral; sanción moratoria del artículo 99 de la ley 50 de 1990; reajuste de vacaciones; las comisiones adeudadas por $70.000.000; sanción moratoria del artículo 65 del CST; bono o título pensional y aportes al sistema de seguridad social en pensiones; reliquidación de indemnización por despido injusto; el «mayor valor generado a título de salario

integral que debió haber percibido» desde el 1 de diciembre de 2011, pero solo le fue sufragado el 1 de abril de 2012, la indexación, y las costas. Subsidiariamente, solicitó declarar que los anticipos de distribución de utilidades o anticipo bonificación por gestión de grupo, «constituyen salario integral», y condenarla a: «pagar el factor prestacional de los pagos efectuados a título de anticipo distribución de utilidades o anticipo bonificación por gestión de grupo»; el monto de $70.000.000, por comisiones; sanción moratoria del artículo 65 del CST; reajuste de vacaciones; bono pensional, teniendo como ingreso base de cotización todos los factores constitutivos de salario. También la reliquidación de la indemnización por despido; el «mayor valor generado a título de salario integral», que debió percibir desde el 1 de diciembre de 2011, pero solo le fue sufragado el 1 de abril de 2012; y la indexación.

Sustentó los pedimentos en que: laboró al servicio de la demandada entre el 12 de agosto de 2011 y 12 de agosto

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Radicación n.°92346 de 2015, en la ciudad de Medellín, con contrato de trabajo a término indefinido; se encargó de generar ingresos económicos para la firma comisionista, con la consecución de nuevos clientes, administración de portafolios financieros y realización de negociaciones de compraventa de títulos en el mercado público de valores. Afirmó que como retribución por los servicios, inicialmente se le pagó un salario de $5.000.000,

posteriormente, a través de otro sí, acordaron a partir del 1 de diciembre de 2011, un salario integral de $11.700.000, pero la empleadora incumplió, porque solo a partir de 1 de abril de 2012 lo incrementó de $5.000.000, a $11.700.000. Adujo que desde el 1 de diciembre de 2011, cuando las partes decidieron cambiar la modalidad de salario, además del salario integral, la compañía reconoció, mensualmente, unas sumas que fueron excluidas de la naturaleza salarial y su incidencia prestacional. Agregó que, en los certificados de ingresos y retenciones, se observaba que, por esos conceptos, recibió en total: $242.789.405 (2012); $66.100.788 (2013); $47.504.744 (2014); y $18.149.192 (2015), y que los pagos se causaron como retribución directa del servicio. Para concluir, expuso que la demandada le quedó adeudando $70.000.000., derivados de una comisión que se causó por la venta de «unos bonos BOGOTÁ – GIRARDOT».

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Radicación n.°92346 Global Securities SA – Comisionista de Bolsa (f.°183 a 189), se opuso a las pretensiones. De los hechos, aceptó: los extremos del vínculo; que esa entidad efectuaba a los clientes cobro de comisiones; el cambio de salario ordinario a salario integral, y el monto de los valores estipulados; y en la liquidación de vacaciones no se incluyeron comisiones, «puesto que ellas nunca existieron». En su defensa aseveró que, Tavera Álvarez a partir del

1 de enero de 2012 devengó un salario integral, de acuerdo con el otrosí que firmaron y que, de ese pago no existe controversia. Aseveró que el diferendo gravitaba en torno a la cláusula segunda del otrosí, toda vez, que en ella convinieron que el empleador podría pagar unas bonificaciones asociadas «al desempeño colectivo de la organización», y por eso en aplicación del artículo 15 de la Ley 50 de 1990, les restaron carácter salarial. Expuso que la prestación del servicio fue remunerada mediante el salario integral, pero los otros pagos, no constituían una retribución directa del servicio, toda vez, que solo dependían de la libre voluntad del empleador, sin que existieran parámetros determinados, y su valor estribaba en el estudio que se efectuaba a final de año, sobre los resultados económicos, costos, el desempeño del área comercial y «de cada uno de sus miembros», por eso se trató de un estímulo al rendimiento general de los trabajadores.

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Radicación n.°92346 Propuso las excepciones de pago y prescripción, así como la que denominó inexistencia de la obligación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Concluido el trámite el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, emitió fallo el 21 de febrero de 2020, en el que decidió: PRIMERO: DECLÁRANSE probadas las excepciones de mérito postuladas por GLOBAL SECURITIES SA., COMISIONISTA DE BOLSA, consistentes en inexistencia de la obligación y pago.

SEGUNDO: Consecuencialmente se ABSUELVE a dicha firma

de las pretensiones contra ella formuladas por JUAN CARLOS

TAVERA ÁLVAREZ.

TERCERO: Costas a cargo de la parte demandante (…).

CUARTO: La presente decisión queda notificada en estrados, contra ella procede el recurso de apelación (…) y de forma concomitante se dispone la consulta de la decisión (…).

Disconforme, el demandante impugnó.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para decidir el recurso, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín (f.°237 a 243Vto), profirió fallo el 4 de septiembre de 2020 (f.°246 a 247), en la que dispuso: CONFIRMA PARCIALMENTE, la sentencia de primer grado, de fecha y procedencia indicadas, REVOCÁNDOLA PARCIALMENTE en cuanto a la negativa del reajuste de la

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Radicación n.°92346 indemnización por despido injusto, como por el reajuste de vacaciones. En consecuencia, la demandada le cubrirá al actor $9.773.339,70, por reajuste de indemnización por despido y $4.816.897,15, por reajuste de vacaciones. La parte demandada, cubrirá las costas de primera instancia. En esta no se causaron. Previa solicitud, se dictó sentencia completaría del 29 de septiembre de 2020 en la cual: (…) ADICIONA la parte motiva y resolutiva de la sentencia proferida el 04 de septiembre de 2020, en el proceso ordinario instaurado por JUAN CARLOS TAVERA ÁLVAREZ en contra de GLOBAL (…) en la siguiente forma:

Se ORDENA a GLOBAL SECURITIES SA COMISIONISTA DE BOLSA a reajustar los aportes a la seguridad social, por los valores declarados como factor salarial, y que no fueron tenidos en cuenta para el ingreso base de cotización, así: $28.600.000 en 2011, $163.780.405 en 2012, $10.100.788 en 2013, y $47.502.000 en 2014. En lo que interesa al recurso extraordinario, destacó que las partes estuvieron ligadas por un contrato de trabajo, vigente entre el 12 de agosto de 2011 y el 12 de agosto de 2015, en virtud del cual Tavera Álvarez, ejerció como «gerente de mesa de la demandada». Esbozó que la apelación se concentró en que se declarara «como factor salarial los pagos recibidos por el demandante durante la relación laboral denominados participación de utilidades, bonificación por gestión de grupo o anticipo de distribución», que por voluntad de las partes fueron desafectados salarialmente en cláusula adicional al contrato de trabajo, en la que se leía:

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Radicación n.°92346 Las partes expresamente acuerdan que lo que reciba EL TRABAJADOR o llegue a recibir en el futuro, adicional a su salario ordinario, ya sean beneficios o auxilios ocasionales, tales como la alimentación, habitación o vestuario, bonificaciones extraordinarias, préstamos de vehículos, subsidios o auxilios para el transporte, primas extralegales o cualquier otra que reciba de manera extraordinaria, durante la vigencia del contrato, en dinero o en especie, a cualquier título o bajo cualquier otra denominación no constituye salario conforme a lo

preceptuado en el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo. Expuso que en otrosí firmado por las partes el 1 de diciembre de 2011, visible a folio 42, acordaron una bonificación única, por mera liberalidad, en los siguientes términos: EL EMPLEADOR podrá o no reconocer AL TRABAJADOR una bonificación por mera liberalidad asociada al desempeño colectivo de la organización según los niveles definidos por la compañía para el periodo establecido y no constituye salario, como en efecto se acuerda (…) así mismo la totalidad de la posible bonificación será imputable o compensable con cualquier valor o suma adicional que el EMPLEADOR desee reconocer. El reconocimiento obedecerá al cumplimiento de los niveles colectivos de productividad exigidos por el negocio, los cuales podrán ser fijados a discrecionalidad del EMPLEADOR (…). Advirtió que el promotor del juicio, recibió por este concepto, los siguientes valores: $28.600.000 en 2011; $163.780.405 en 2012; $10.100.788 en 2013; y $47.502.000 en 2014, como se demostraba con los documentos que aportó (f.°60 a 76) y según la respuesta que dio la llamada a juicio a petición del a quo (f.° 219 a 220).

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Radicación n.°92346 Para determinar la naturaleza jurídica de los dineros aludidos, copió el artículo 127 del CST, y aseveró que, en criterio de la parte actora, esas sumas eran comisiones, por pender del mayor esfuerzo del trabajador y por su

habitualidad. A continuación, afirmó que en armonía con el apelante, en principio, se podía aseverar que los pagos objeto de la discusión, por ser habituales y remunerar la prestación del servicio, tenían naturaleza salarial, pero como las partes le dieron la «connotación de bonificación única por mera liberalidad asociada al desempeño colectivo de la organización», debía tenerse presente lo ordenado en el artículo 128 del CST, en cuya primera parte alude a sumas ocasionales y por mera liberalidad, pero estas exigencias no estaban dadas en este evento, toda vez, que «la bonificación a que se alude en dicha cláusula se establece como única», pero en la práctica no ocurrió así, «pues el global de cada año responde a una serie de pagos durante muchos meses de cada anualidad, convirtiéndose en constantes», tampoco fueron por liberalidad del empleador, porque «se obtuvieron por el mayor esfuerzo y trabajo del actor, quien debía cumplir con una meta impuesta por el empleador». Manifestó que, de acuerdo con el criterio jurisprudencial, para la determinación del salario, debía tenerse en cuenta si era consecuencia de una prestación directa del servicio, teniendo su fuente próxima o inmediata en la actividad personal del trabajador. Afirmó que la «llamada bonificación única por mera liberalidad (…) fue consecuencia del desempeño colectivo de la organización», y de acuerdo con la testimonial,

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Radicación n.°92346 especialmente el «testigo Londoño», el actor ponía todo su empeño, ejercía su actividad para lograr las metas

impuestas, y «por ende obedecía esa mayor retribución a su trabajo», unido a la «permanencia» de la retribución, que se denominó «única», pero se pagó durante el desarrollo del contrato, por eso, no podía sostenerse que esas sumas no eran salario, porque correspondían a una retribución directa del servicio, y la cláusula que le restó ese carácter era ineficaz. Una vez disertó sobre la prescripción, procedió a analizar y concedió el reajuste de la indemnización por despido y las vacaciones. En sentencia complementaria, a petición del interesado, analizó la pertinencia del reajuste de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, por el carácter salarial de los dineros pagados por participación de utilidades, y bonificación por gestión de grupo. Concluyó que los valores pagados por estas bonificaciones, debían computarse dentro de la base salarial para sufragar aportes al sistema de seguridad social en pensiones, por ende, dispuso tener en cuenta los siguientes montos para reajustarlos: $28.600.000 (2011), $163.780.405 (2012), $10.100.788 (2013), $47.502.000 (2014).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, por lo que se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita la casación de la sentencia impugnada y en sede de instancia se confirme el fallo de primer grado.

Con el anterior propósito, presenta cuatro cargos, que recibieron réplica y se estudian a continuación.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta, acusa aplicación indebida de los artículos 20 y 23 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 64, 127, 128, 132 y 186 del CST.

Como causa eficiente de la violación, listó los siguientes errores:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante ponía todo su empeño, ejercía su actividad buscando el logro de las metas impuestas, y por ende la bonificación única por mera liberalidad del empleador obedecía a esa mayor retribución a su trabajo.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la bonificación única se pagó durante todo el desarrollo del contrato.

3. No dar por demostrado, estándolo, que para la causación y el reconocimiento de la bonificación por gestión de grupo se tenía en cuenta una métrica, cual es la ‘producción de la mesa de dinero’, lo que quiere decir que su pago no necesariamente obedecía al desempeño personal del trabajador, de manera que no podía ser considerada como resultado de una contraprestación directa del servicio del demandante.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la bonificación por gestión de grupo dependía de la libre voluntad del

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Radicación n.°92346 empleador, que fijaba con completa autonomía si las reconocía o no y su cuantía, sin que esta última tuviera parámetros predeterminados.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el valor de la

bonificación se determinaba con base en el estudio de resultados económicos de la organización y no por el desempeño personal del trabajador. (Resalta el recurrente)

6. No dar por demostrado, estándolo, que los comprobantes de nómina aportados con la demanda dan cuenta de que lo percibido como bonificación por gestión de grupo nunca se consideró como parte del salario, respetando el acuerdo que sobre el particular habían suscrito las partes en el otrosí al contrato.

7. No dar por demostrado, estándolo, que las sumas que correspondían a bonificaciones por gestión de grupo se consideraba como un adelanto y al finalizar el año, una vez fijada la cantidad que podía corresponder al conjunto de los trabajadores beneficiarios, se legalizaba como bonificación no constitutiva de salario.

8. Dar por demostrado, sin estarlo, que el pago de la bonificación por gestión de grupo fue habitual y permanente.

9. No dar por demostrado, estándolo, que hubo varios meses en los que ni siquiera se causó ni se percibió tal bonificación. 10.No dar por demostrado, estándolo, que el demandante era Jefe de Mesa, que es una persona que le da soporte técnico a los otros corredores de la bolsa que lo necesitan y no un comisionista de bolsa. (resalta el recurrente) Asevera que los yerros fueron el resultado de la mala valoración de: otrosí firmado el 1 de diciembre de 2011

(f.°42); «documentación aportada por el propio demandante en los folios 60 a 76»; respuesta que la accionada dio a solicitud del a quo (f.°219 y 220); testimonio de Juan Felipe Londoño Arango. Como no valoradas, listó: comprobantes

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Radicación n.°92346 de nómina allegados con la demanda; testimonios de Linda Susana Villa y Juan Carlos Gómez. En el desarrollo reproduce partes de las consideraciones del fallo acusado y expone que, no obstante dar por demostrado que el pacto suscrito entre las partes excluía la bonificación como factor salarial, y pese a que dijo que «la llamada bonificación única por mera liberalidad del empleador fue consecuencia del desempeño colectivo de la organización», se equivocó garrafalmente al concluir que tenían naturaleza salarial. Copia el otrosí firmado el 1 de diciembre de 2011 (f.°42), y con soporte en él aduce que el fallador no dedujo acertadamente «la métrica que se tendría en cuenta» para el reconocimiento «la cual es la producción de la mesa de dinero, lo que pone de manifiesto que su pago no necesariamente obedecía al desempeño personal del trabajador», por ende, los pagos no eran contraprestación directa del servicio, es decir, no había relación de causalidad entre trabajo personal y remuneración. Sostiene que las bonificaciones dependían de la libre voluntad del empleador, quien fijaba con completa autonomía si las reconocía o no, así como su cuantía, sin que esta última tuviera parámetros predeterminados, porque el propio otrosí valorado con error por el Tribunal, estableció: «los cuales podrán ser fijados a discrecionalidad del EMPLEADOR para el periodo respectivo», de tal suerte que el monto se determinaba una vez efectuado el estudio

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Radicación n.°92346 de resultados económicos de la organización y no por el desempeño personal del asalariado. Explica que los comprobantes de nómina que allegó el actor, no apreciados por el ad quem, dan cuenta que la bonificación por gestión de grupo, nunca se consideró como parte del salario, toda vez, que las sumas correspondían a bonificaciones por gestión de grupo, se consideraban como un adelanto y al finalizar el año, una vez fijada la cantidad que podía corresponder a los trabajadores beneficiarios, se legalizaba como bonificación no constitutiva de salario Esgrime que se valoraron equivocadamente los folios 60 a 76 y 219 a 220, porque de ellos infirió que el pago de la bonificación era habitual y permanente, pero no tuvo en cuenta que hubo meses en los que no la percibió. Para corroborarlo, enuncia que si bien las sumas fueron sufragadas en cada año, no en todos los meses: en 2011 en noviembre y diciembre; en 2012 en enero, febrero, marzo, abril, junio, agosto, septiembre, y octubre. En 2013, el 13 de diciembre se acreditó una suma de $13.100.788, que luego se reversó el 31 de diciembre del mismo año «como si se hubiese tratado de un error», por eso no podía para esta anualidad computarse este monto; y en 2014, se pagó en los meses de febrero, abril y agosto. Reproduce el certificado que emitió la empleadora y critica que se haya promediado un valor anual, cuando se probó un monto mensual.

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Afirma que, demostrados los yerros en las pruebas calificadas, es viable proceder al estudio de los testimonios, y enuncia lo dicho por Juan Felipe Londoño Arango, Linda Susana Villa y Juan Carlos Gómez. De todo lo descrito, afirma que, de no haber incurrido en los dislates, el Tribunal habría inferido: para el reconocimiento de la comisión se tendría en cuenta una métrica, consistente en la «producción de la mesa de dinero», el pago no dependía de un desempeño personal; la bonificación solo dependía de la libre voluntad del empleador, sin parámetros predeterminados, pues su monto se fijaba solo efectuado el estudio de resultados económicos de la organización; y no fue habitual.

VII. RÉPLICA Expone que no existe prueba que el pago de la comisión obedeció a una gestión grupal, por el contrario, la sentencia atacada, consideró que fue derivada de la prestación directa del servicio, como se infería de lo declarado por Juan Felipe Londoño, quien narró que el actor permanentemente visitaba clientes para generar ingresos para la empresa.

VIII. CONSIDERACIONES De acuerdo con los planteamientos del recurso, la Sala debe revisar si desde la arista fáctica, el colegiado incurrió en un yerro manifiesto y protuberante al considerar que los dineros que la demandada pagó a Tavera Álvarez, a título de

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Radicación n.°92346 «bonificación por gestión grupo» o «anticipo de distribución», tenían naturaleza salarial. Sin desconocer la senda de orientación del ataque, es

pertinente recordar, que sobre la naturaleza salarial de los pagos que el empleador efectúa a sus trabajadores, esta Sala entre muchos en fallo CSJ SL5146-2020, que fue reiterado en sentencia CSJ SL1259-2023, trazó los siguientes postulados:

1. Por regla general, en los términos de los artículos 127 del Código Sustantivo del Trabajo y 1.º del Convenio 95 de la OIT, constituye salario todo aquello que recibe el trabajador, en dinero o en especie, como contraprestación directa de sus servicios, sea cualquiera la forma o la denominación que se adopte (CSJ SL, 27 nov. 2012, rad. 42277). (Subraya la Sala)

(…)

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, por excepción, no constituyen salario «las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador», así como «lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones». Al respecto, en la sentencia CSJ SL5159-2018 se explicó: (…) no son salario las sumas que entrega el empleador por causa distinta a la puesta a disposición de la capacidad de trabajo.

(Subraya la Sala) (…)

3. En la tarea de determinar y delimitar los rubros que constituyen salario es plenamente aplicable el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades (…) más allá del rótulo que se le imprima (…).

4. Por otra parte, el artículo 128 del Código Sustantivo del

Trabajo, modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, autoriza clara y expresamente a las partes de la relación laboral para excluir el carácter salarial de ciertos pagos extralegales, habituales u ocasionales, «tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad».

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Radicación n.°92346 (…).

6. La Corte también ha precisado que es el empleador el que tiene la carga de demostrar que ciertos pagos regulares no tienen como finalidad directa la de retribuir los servicios del trabajador ni enriquecer su patrimonio, sino que tienen una destinación diferente, como puede ser la de garantizar el cabal cumplimiento de las labores o cubrir determinadas contingencias (CSJ SL12220-2017, CSJ SL1437-2018, CSJ SL5159-2018). (Subraya la Sala) Bajo estas directrices, la sala analiza las pruebas

acusadas:

1. El otrosí suscrito el 1 de diciembre de 2011

(f.°42). Para mayor claridad se copia su texto: CLÁUSULA SEGUNDA BONIFICACION UNICA POR MERA LIBERALIDAD: EL EMPLEADOR podrá o no reconocer AL TRABAJADOR una bonificación por mera liberalidad asociada al desempeño colectivo de la organización según los niveles definidos por la compañía para el periodo establecido y no constituye salario, como en efecto se acuerda de conformidad con lo establecido por los artículos 128 y 129 (…). (Subraya la sala) El reconocimiento obedecerá a niveles colectivos de

productividad exigidos por el negocio, los cuales podrán ser fijados a discrecionalidad del EMPLEADOR para el periodo respectivo y así mismo EL EMPLEADOR podrá ajustarlos en el numero de veces que desee realizarlo en el periodo, a través de la siguiente métrica, así:

1. Producción de la Mesa de dinero.

De su valoración no emerge un yerro manifiesto y protuberante, pues como lo subrayó el Tribunal, no

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Radicación n.°92346 obstante que allí pactaron la desalarización de la «BONIFICACIÓN ÚNICA» que la compañía pagaría al actor, en el plano de la realidad, como lo menciona la censura, se realizaron varios desembolsos al año, no se trató solo de un pago, como lo consagró el otrosí, tampoco se encuentra que tuviera una destinación diferente o que haya estado desligado de la prestación del servicio del actor. Se recuerda que como lo dijo el sentenciador plural, no lo discute la censura, Tavera Álvarez se desempeñó como Gerente de Mesa, por ende, no puede aseverarse que de acuerdo con la «Métrica», estipulada en el otrosí, no existiera relación causal entre la prestación personal del servicio y la denominada bonificación, toda vez, que allí las partes acordaron que el «reconocimiento obedecerá a niveles colectivos de productividad» y más adelante lo circunscribieron a la «1. Producción de la mesa de dinero», por ende, si el accionante era el director de dicha mesa, la «bonificación», sí correspondía al esfuerzo personal que él desplegara para que se generara el resultado esperado que

conllevara a la «bonificación», sin que fuera una dádiva independiente de la gestión exitosa del trabajador. En consecuencia, la valoración del sentenciador es adecuada, y se recuerda que según el precedente que se citó, es el empleador el que tiene la carga de demostrar que ciertos pagos regulares no tienen como finalidad directa la de retribuir los servicios del trabajador, lo que aquí no se logró.

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2. Documentos aportados el actor (f.°60 a 76); y respuesta que dio la accionada a solicitud del a quo

(f.°219 y 220). A partir de estas documentales, el libelista sostiene que la «bonificación», no fue habitual, ni permanente, porque hubo meses en los que no la recibió. Al analizarlas, se aprecia que la empleadora no le pagó en todos los meses la bonificación, pero ello no le resta su carácter salarial, toda vez, que como se vio, desde el otrosí, su causación sí dependía del esfuerzo personal del trabajador, director de la Mesa, independiente de que no se sufragara todos los meses. Además, como lo enseñó el fallo CSJ SL5159-2018, reiterado en el CSJ SL4313-2022, el criterio principal para definir el carácter salarial de un pago, es si retribuye o corresponde a la prestación del servicio, mientras que la habitualidad es simplemente un parámetro auxiliar, como se aprecia en la doctrina plasmada en dicha providencia:

3. 2. CRITERIOS PARA DELIMITAR EL SALARIO

(…)

Aunque esta Corporación en algunas oportunidades se ha apoyado en criterios auxiliares tales como la habitualidad del pago (CSJ SL1798-2018) o la proporcionalidad respecto al total de los ingresos (CSJ SL, 27 nov. 2012, rad. 42277), debe entenderse que estas referencias son contingentes y, en últimas, han sido utilizadas para descifrar la naturaleza retributiva de un emolumento. Quiere decir lo anterior, que el criterio conclusivo o de cierre de si un pago es o no salario, consiste en determinar si su entrega tiene como causa el trabajo prestado u ofrecido. De otra forma: si esa ventaja

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Radicación n.°92346 patrimonial se ha recibido como contraprestación o retribución del trabajo. De acuerdo con lo anterior, podrían existir créditos ocasionales salariales, si, en efecto, retribuyen el servicio; también dineros que en función del total de los ingresos representen un porcentaje minúsculo y, sin embargo, sean salario. Por ello, en esta oportunidad, vale la pena insistir en que el salario se define por su destino: la retribución de la actividad laboral contratada. Por lo visto, ante la conexión ineludible de la «bonificación» y la prestación personal del servicio, en nada se afecta su naturaleza salarial por no haberse pagado todos los meses de cada año, como lo vio el Tribunal. De otra parte, enuncia que para 2013 el Tribunal, no podía tener en cuenta los $10.100.788 consignados el 13 de diciembre, porque el 31 siguiente fue descontado, como si «se hubiese tratado de un error».

Para resolver esta crítica, basta con decir que en el documento de folio 220 en el que sustenta el reproche, aparece un «Valor Débito» a favor del accionante, de «BONIFICACIÓN POR GESTIÓN GRUPO POR LEGALIZAR» por valor de $10.100.788, y posteriormente, bajo la misma denominación, pero en la columna «Valor Crédito», figura el mismo monto y un «Movimiento» de $10.100.788, pero de ninguna de estas ambiguas anotaciones del empleador, se infiere que el pago de la bonificación haya sido un error, por el contrario, lo que se colige es el pago efectivo. De lo descrito, tampoco se aprecia yerro manifiesto, ni protuberante, por el contrario, la valoración fue adecuada.

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3. Comprobantes de nómina aportados con la demanda Estos documentos no tienen la relevancia que les atribuye la censura, y aunque el Tribunal no se refirió a ellos no son trascendentes, pues si bien, en ellos la compañía no consideró que la «bonificación» fuera salario, esto no cambia su naturaleza retributiva, como se observa cuando se analiza y se otorga primacía a lo ocurrido en la realidad. En consecuencia, estas pruebas tampoco conducen a socavar los pilares de la decisión.

Al no estar probado un yerro manifiesto y protuberante en la apreciación de las pruebas calificadas, la Sala no puede entrar a analizar los testimonios que acusa (CSJ SL19822020). El cargo no prospera.

IX. CARGO SEGUNDO

Por la senda indirecta, acusa violación medio de los artículos 50, 60, 66A y 145 del CPTSS, 320 y 322 del CGP, 29 de la CN, que condujo a la aplicación indebida de los artículos 20 y 23 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 127, 128 y 132 del CST. Como causa eficiente de la trasgresión, afirma que el colegiado incurrió en el error de «no dar por demostrado

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Radicación n.°92346 estándolo que la parte demandante no apeló ni sustentó la apelación en contra la sentencia de primera instancia que absolvió de la reliquidación de aportes a la seguridad social».