CSJ - SL077-2024

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL077-2024 Radicación n.º 95277 Acta 001 Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por AMADO DE JESÚS AGUDELO CUARTAS contra la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2021 por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el proceso que instauró contra la

TERMINAL DE TRANSPORTES DE CAUCASIA SA.

I. ANTECEDENTES Amado de Jesús Agudelo Cuartas llamó a juicio a la Terminal de Transportes de Caucasia SA (en adelante Tetracauca SA), con el fin de que se declarara que entre ellos existió un contrato de trabajo desde el 24 de junio de 2005 hasta el 9 de noviembre de 2018, en el que ocupaba el cargo de gerente y representante legal. En consecuencia,

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Radicación n.º 95277 pidió que se condenara a la demandada a pagarle la remuneración del 1 al 9 de noviembre de 2018; las cesantías; los intereses sobre estas, doblados; las primas de junio y diciembre de los últimos 3 años de servicio; las vacaciones y primas de vacaciones de los últimos 4 años de labor; la indemnización moratoria por no consignación de cesantías, la derivada del despido injusto y la que se origina en la falta de pago de salarios y prestaciones; la pensión sanción; los perjuicios morales por el despido; los aportes a

EPS y parafiscales por todo el tiempo laborado; las condenas ultra y extra petita; y la indexación. Fundó sus peticiones, básicamente, en que desde junio de 2005 fue nombrado, a término indefinido, como gerente de Tetracauca SA; que estuvo inscrito y registrado como su representante legal entre septiembre de 2005 y el 9 de noviembre de 2018; que saneó la situación financiera de la entidad; que la remuneración inicial mensual fue de $2.220.000; que estaba subordinado en los términos de los estatutos de la empresa y que cumplió de manera personal con todas las funciones y atribuciones asignadas. Relató que la Junta Directiva de la demandada le reconoció unas bonificaciones, así: por $20.000.000 en los años 2012, 2013 y 2014; $30.600.000 en el 2015; $30.600.000 para 2016; y $33.330.000 por el 2017. También adujo que, cuando fue necesario, solicitó las autorizaciones respectivas a la Junta Directiva y a la asamblea general de socios para ejecutar las labores que le correspondían; que la empresa no lo afilió a la seguridad

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Radicación n.º 95277 social ni le pagó las prestaciones laborales solicitadas; que no recibió la prima de vacaciones que Tetracauca SA les reconocía a sus trabajadores, equivalente a 15 días de salario por año de servicio; y que no le pagó la remuneración causada entre el 1 y el 9 de noviembre de 2018 ni le consignó las cesantías en un fondo.

Indicó que nació el 25 de abril de 1954; que tenía 64 años cuando fue removido del cargo, el 9 de noviembre de 2018; que el acta 58 de la Junta Directiva, de diciembre de 2017, contiene la autorización de pago retroactivo de la remuneración mensual causada entre febrero de 2008 y diciembre de 2017, por valor de $64.363.816; que, mientras fue gerente y representante legal de Tetracauca SA, estuvo amparado por la póliza de responsabilidad civil de administradores, adquirida por la sociedad; que, como la Junta Directiva y el revisor fiscal se negaron a reconocer la existencia de una relación laboral, solicitó un concepto al director jurídico y gerente encargado de Coonorte, sociedad controlante de la demandada, quien conceptuó que en su caso se configuraban los elementos de una relación laboral, por lo que tenía derecho al pago de prestaciones sociales. Expuso que laboró continuamente, durante 13 años, 4 meses y 21 días, al servicio de la sociedad demandada; que fue removido de su cargo en reunión general universal de la Junta Directiva, llevada a cabo el 6 de noviembre de 2018; que, para despedirlo, no se escuchó previamente su versión; que, el 30 de noviembre de 2018, le solicitó al gerente el reconocimiento de todas las prestaciones sociales no

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Radicación n.º 95277 pagadas en vigencia de la relación laboral, pero su requerimiento fue negado mediante comunicación del 28 de diciembre de 2018, en la que se adujo que su contrato fue de prestación de servicios personales.

En escrito posterior, adicionó los hechos de la demanda para relatar que la llamada a juicio hizo un pago por consignación de prestaciones sociales, por valor de $1.227.608. Aseguró que esa cifra no era suficiente para cubrir los montos pretendidos y, para finalizar, anexó la prueba del título judicial correspondiente. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, negó que Coonorte fuera su controlante. Explicó que las bonificaciones pagadas al actor no eran salariales, pues no existía nexo laboral, sino de prestación de servicios; que no era cierto que el demandante debiera pedir autorizaciones a la Junta Directiva y que las actas que firmaba como gerente eran elementos propios de la legislación comercial y no laboral; que no percibía incrementos en su pago anual acordes con el aumento del salario mínimo, dado que la relación era de orden civil. Aceptó que se celebró una asamblea extraordinaria para discutir su remoción, en el año 2018, y, por último, dijo que no era cierto que le hubiese pagado prestaciones sociales. En su defensa propuso las excepciones de mala fe del demandante, buena fe suya, exoneración de las indemnizaciones moratorias y demás sanciones,

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Radicación n.º 95277 prescripción, pago, compensación, inexistencia del contrato de trabajo con respecto a la empresa Tetracauca SA y de la obligación de pagar las pretensiones solicitadas en la demanda, existencia de un contrato de prestación de servicios de naturaleza comercial, desalarización de las

bonificaciones, carencia del derecho al reconocimiento y pago de la seguridad social —concretamente salud y parafiscales—y del derecho a la pensión sanción, aplicación correcta de la normativa y buena fe en la consignación de honorarios a órdenes del juzgado versus mala fe del actor. Respecto de la reforma a la demanda, recalcó que no era cierto que hubiese consignado prestaciones sociales a favor del actor, sino unos días de honorarios que quedaron pendientes, como se lo aclaró al juzgado que recibió el pago por consignación. Para terminar, recalcó que no reconocía la existencia de un vínculo distinto del de prestación de servicios de orden civil. II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Civil Laboral del Circuito de Caucasia, mediante fallo del 13 de septiembre de 2021, decidió: Primero: Se declara en principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades previsto en el artículo 53 constitucional, la configuración de una relación de carácter laboral indefinida entre el señor AMADO DE JESÚS AGUDELO CUARTAS y la sociedad TETRACAUCA SA, en el periodo comprendido entre el 24/06/2005 y el 9/11/2018.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior, se condena a la sociedad TETRACAUCA SA [a] pagar al señor AMADO DE JESÚS AGUDELO CUARTAS, las siguientes sumas de dinero:

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Radicación n.º 95277 Indemnización por despido injusto: $33.856.380.

Prima de servicios así: Diciembre de 2015 $252.834.

Junio de 2016 $ 1.100.000. Diciembre de 2016 $1.100.000. Junio de 2017 $ 1.100.000. Diciembre de 2017 $ 1.100.000. Junio de 2018 $ 1.880.910. Diciembre de 2018 $ 1.452.480.

Vacaciones: Entre el 9 de noviembre de 2014 y el 9 de noviembre de 2015

$1.100.000. Entre el 9 de noviembre de 2015 y 9 de noviembre de 2016 $1.100.000. Entre el 9 de noviembre de 2016 y el 9 de noviembre de 2017 $1.100.000. Entre el 9 de noviembre de 2017 y 9 de noviembre de 2018 $1.880.910.

Salario dejado de percibir: Entre el día 1 al 9 de noviembre de 2018 $1.128.546.

Cesantías: Entre el 24 de junio de 2005 y 9 de noviembre de 2018

$150.286.364.

Intereses a las cesantías: $18.035.365.

Intereses doblados $18.035.365. Sanción por no consignar anualmente las cesantías: Las del 2015, $53.800.480. Más los intereses moratorios a la tasa máxima autorizada por la superintendencia financiera, a partir del 25 de febrero de 2018, y hasta que se pague la totalidad de la obligación. Las del 2016, $53.800.480. Más los intereses moratorios a la

tasa máxima autorizada por la superintendencia financiera, a partir del 25 de febrero de 2019, y hasta que se pague la totalidad de la obligación. Las del 2017, $53.800.480. Más los intereses moratorios a la tasa máxima autorizada por la superintendencia financiera, a partir del 25 de febrero de 2020, y hasta que se pague la totalidad de la obligación.

Indemnización por falta de pago: La suma de $90.283.680. Más los intereses moratorios a la tasa máxima autorizada por la superintendencia financiera, a partir del 10 de noviembre del 2020, y hasta que se pague la totalidad de la obligación.

Pensión sanción: Se reconoce la suma de $2.897.500, a partir de la fecha en que se emite la sentencia.

Tercero: Se absuelve a la accionada del pago de los restantes emolumentos suplicados en el líbelo genitor. Las razones fueron expuestas.

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Cuarto: Se condena en costas a la parte demandada. Como agencias en derecho se fija el 6% del valor total de las condenas impuestas a favor del demandante, de conformidad con el

Acuerdo PSAA16-10554 del C. S. de la J. El juzgado, en la misma audiencia, adicionó su sentencia en estos términos: Se adiciona el numeral cuarto en el sentido de indicar que las condenas […] deducidas en el presente litigio deberán pagarse de manera indexada desde el momento de su causación y hasta que se realice su pago efectivo de las mismas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, al desatar los recursos de apelación formulados por ambas partes, mediante fallo del 26 de noviembre de 2021, resolvió: SE MODIFICA la sentencia proferida por el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Caucasia el 13 de septiembre de 2021, dentro del proceso instaurado por el señor AMADO DE JESÚS AGUDELO CUARTAS en contra de la sociedad TETRACAUCA S.A en cuanto a las condenas por el auxilio de cesantías, intereses y vacaciones y, en su lugar se impone en contra de la

sociedad los siguientes valores:

-CESANTÍAS: $26.269.824.

-INTERESES: $3.086.065.

-VACACIONES: $7.528.865.

SE REVOCA la sentencia en cuanto al NO reconocimiento de la prima de vacaciones y, en su lugar se condena a la sociedad TETRACAUCA S.A a reconocer y pagar al señor AMADO DE JESÚS AGUDELO CUARTAS la suma de $3.228.896. SE REVOCA las condenas por indemnización por despido injusto y la pensión sanción, para en su lugar, absolver a la sociedad por estas condenas impuestas.

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Radicación n.º 95277 SE REVOCA las condenas por intereses a las cesantías doblados, y las sanciones previstas en el Art. 65 del C. S. del Trabajo, como aquella consagrada en el Art. 99 de la Ley 50 de 1990 y, en su lugar se absuelve a la demandada de estas

condenas. En lo demás SE CONFIRMA la sentencia. En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal basó su decisión en que los documentos y testimonios revisados demostraban la existencia de subordinación en la prestación de servicio del actor a favor de la parte accionada, por lo que concluyó que dicho vínculo —pese a que la defensa sostuvo que se trataba de un contrato comercial— realmente era de orden laboral. Además, señaló que, según la carta de despido y el certificado de existencia y representación, ese nexo finalizó el 9 de noviembre de 2018. Por tales motivos, confirmó la decisión apelada en ambos aspectos. A continuación, determinó que no existía prueba del carácter salarial de la bonificación entregada al actor, al menos para los años 2014, 2015 y 2016, por las razones que se copian a continuación: […] para comprobar que dicho estipendio era por la prestación de sus servicios como gerente, indicó [el demandante] que la del año 2012 se prueba con el acta de la junta directiva 44, la del 2013 con el acta 47, la del 2014 con el acta 50, la del 2015 con el acta 53, la del año 2016 con el acta 56 y la del 2017 con el acta 58.

3. La Sala advierte que una vez revisó el acervo probatorio, si bien hay tres bonificaciones que son las del 2012, 2013 y 2017, por las cuales se determina claramente que son remuneración del trabajo del actor, como se observa en las actas 44, 46 y 58

(folios 46, 177 archivo 3 de los anexos a la demanda y archivo

31 folio 519); sin embargo no se encontraron las actas 50, 53 y

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Radicación n.º 95277 56 que corresponden a los años (2014, 2015 y 2016) y que expresa la parte actora en su demanda como pruebas para demostrar que el estipendio comentado es factor salarial, por lo tanto, colige la Sala que en este asunto se ignora si dichos pagos del 2014 a 2016 eran para retribuir directamente el servicio, pues puede suceder que por estas anualidades la bonificación que se le dio al gerente, como también a los empleados y a los miembros de la junta directiva, como lo expresaron los testigos EDGAR ENRIQUE MEJÍA Y GUSTAVO GÓMEZ y se observa en algunas actas, hayan sido por el resultado de una gratificación colectiva, que se le daba a todos, por el progreso de la empresa o, por el cumplimiento de objetivos del grupo directivo o por una mera liberalidad de la accionada, pero, se insiste no se demostró que sean desembolsos relacionados estrechamente con la labor del demandante. Es decir, no se acreditó que por las citadas anualidades 2014 a 2016, lo que se le cancelaba al demandante al finalizar cada año haya sido una bonificación particular donde se retribuía el servicio. Luego, citó jurisprudencia sobre la directa e íntima relación que debe existir entre la actividad desarrollada por el trabajador y la remuneración que recibe por ella. Indicó que, si bien se probó que por los años 2012, 2013 y 2017 hubo un estipendio anual por la labor gerencial, «no se

acreditó que esta característica haya sido por las demás bonificaciones proporcionadas, luego no se avizora la habitualidad ni su periodicidad, que son elementos constitutivos de lo salarial». Agregó que, a pesar de que los testigos relataron el pago anual de bonificaciones, de ese dicho no se desprendía que todas tuvieran su fuente en la gestión realizada particularmente por el actor. En ese sentido, estimó que a este le correspondía «demostrar el carácter salarial de tales rubros» y que para ello «era fundamental que probara que esos pagos remuneraban directamente el servicio», hecho que no quedó corroborado con los dichos de los testigos.

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Radicación n.º 95277 Añadió que las actas 49, 52 y 55 no indicaban que las bonificaciones pagadas al accionante «eran una consecuencia del trabajo, de forma próxima e inmediata, pues solo aluden a fechas, cuantía y expresan bonificación sencillamente». Tales razones le permitieron confirmar la desestimación de este punto. En cuanto a la base salarial para liquidar prestaciones sociales y vacaciones, con base en la prueba documental, concluyó que el salario promedio del actor fue de $2.200.000 mensuales, desde febrero de 2008 hasta diciembre de 2017. Visto lo anterior, estimó correcta la cifra definida por el juez para esos años, como también los $3.761.820 del año 2018. A partir de esas deducciones, manifestó: En este orden de ideas, si bien el salario base que decidió el A Quo se encuentra correcto, la Sala avizora que la liquidación de

las cesantías e intereses desde el 2005 a 2018, la cual arrojó en primera instancia la suma de $150.286.364, está incorrecta, ya que, primero, se observa que el juez incluyó como factores salariales para el computo de dichos derechos lo liquidado por prima de servicios y vacaciones, pues estos conceptos no ostentan tal carácter ni son base para calcular las cesantías, conforme a la ley, ya que las mismas y sus intereses se deducen con el salario mensual devengado por el trabajador –Art. 253 del CST-. Dos, el juez no tuvo en cuenta que no se probó algún valor por remuneración entre el periodo del 2005 a enero 2007, por lo tanto el A Quo lo que debía de haber tomado para el cómputo de las cesantías e intereses frente a los cuales no aplicó la prescripción, era el SMLMV del 2005 a 2007, y después de este momento tener como salario base los $2.200.000 y $3.761.820, conforme a lo expuesto en precedencia. Con relación a las vacaciones y primas de servicios, que se calcularon desde el 9 de noviembre del 2014 al 9 noviembre del 2018 y del 9 de noviembre del 2015 al 9 noviembre del 2018, respectivamente; periodos que no estaban afectados por la prescripción, según decisión del A quo; la Sala indica que el

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Radicación n.º 95277 salario base fijado por este funcionario se encuentra acertado, pero se revisará la liquidación del juez sobre estos conceptos, resolviendo el recurso de apelación de la parte demandante.

En vista de lo expuesto, a continuación, se liquidará de nuevo las cesantías, intereses, prima de servicios y vacaciones, para resolver los recursos de alzada de ambas partes. Las cifras obtenidas por los rubros mencionados son las que aparecen en la parte resolutiva, según se transcribió. Sobre la prima de vacaciones, el juez plural consideró que, conforme al acta 58, a los trabajadores de Tetracauca se les reconoció dicha prestación desde el 1 de enero de 2018, por lo que estimó que el demandante, al ser uno de ellos, debía percibirla por el tiempo que laboró en ese año, con lo que revocó la absolución de la primera instancia, para fijar la condena en $3.288.896. En cuanto a la indemnización por despido injusto y la pensión sanción, el tribunal, a partir de la carta de terminación del 9 de noviembre de 2018, encontró que se enrostraron al accionante 5 causales para dicha decisión empresarial, a saber:

1. Cambiarse de modalidad contractual, esto es de un contrato de prestación de servicios a un contrato laboral, sin autorización de la junta directiva.

2. Transferir un dinero a una cuenta de PORVENIR a favor del actor por aportes voluntarios a pensión, sin autorización.

3. Se autoliquido (sic) unas vacaciones sin derecho a ello por el contrato de prestación de servicios.

4. Se auto pagó (sic) unas (sic) reajustes de sus honorarios, sin autorización de la junta directiva.

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5. Y el irrespeto al revisor fiscal.

Especificó que la remoción del cargo fue una decisión de la empresa que no estuvo precedida de la solicitud al trabajador de rendir cuentas respecto de unos movimientos financieros. En ese orden, para el a quo, no hubo debido proceso previo a la terminación del vínculo; por el contrario, el tribunal encontró que esa conclusión debía ser revocada, por estas razones:

1. Más allá de que el demandante era de libre nombramiento y remoción cuando se enganchó inicialmente con la sociedad, al declararse el contrato de trabajo en sede judicial, lo que le correspondía a la accionada era demostrar una justa causa para terminar el vínculo contractual.

2. En este asunto, si bien considera la Sala que el reajuste de los honorarios estaba autorizado por la junta, tal como el mismo revisor fiscal lo confirma en la carta donde expone los motivos de censura en el actuar del actor (folios 421 y 422 de la contestación de la demanda) y como se avizora en el acta 58 de 2017 (folio 46 anexos de la demanda), lo que significa que este fundamento no era justo para culminar el contrato, como también se resalta que no se demostró un trato indebido al revisor fiscal como se reprocha en la carta de finalización del vínculo; no obstante con lo argumentado por este revisor en la comunicación del 19/10/2018 que milita a folio 421 de la contestación a la demanda, con la carta que envió el actor justificando su accionar del 06/11/2018 (folio 439 de la contestación a la demanda), el Acta 001 de la misma fecha (folio 401) y con los testimonios de la parte demandada; se demuestra

claramente que el pretensor se pagó con dinero de la sociedad, sin consentimiento de la junta directiva para ello, unos aportes voluntarios a pensión a su favor y unas vacaciones, cuando fungía como gerente y no lo podía hacer, puesto que en dicha época era un actuar ilegítimo y que no tenía autorización, incluso aquel devolvió esos dineros; advirtiendo la Sala que no es justificación de su conducta la petición del actor ante la junta acerca de que su contrato era laboral, o con el concepto que expresó el asesor jurídico y gerente encargado de COONORTE; NO, el demandante no podía desembolsar esos dineros con una simple convicción de que disfrutaba un nexo subordinado, el señor AMADO para hacer esto, tenía que tener el aval de la junta y como se comprueba en el proceso, lo único

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Radicación n.º 95277 que este organismo le concedió fue unos honorarios en el acta 32 del 2008 (folio 393 de la réplica) y unos reajustes en el acta 58 de 2017 (folio 46 anexos de la demanda), pero no la concesión de derechos laborales. Para el tribunal, el juez primario erró al decir que los pagos fueron producto de una indebida interpretación de las órdenes emitidas por la Junta Directiva, pues esta nunca aceptó que el actor tuviera derechos laborales mientras prestó sus servicios, de modo que él no podía percibir vacaciones o aportes voluntarios a pensiones. El ad quem estimó que, como persona de confianza de la empresa, el laborante no podía abusar de esa situación para pagarse haberes que, solo por su propio parecer,

consideraba que le adeudaba la accionada, pese a que no tenía la venia de la junta, la que jamás lo reconoció como trabajador. Dedujo que esas conductas demuestran que él violó sus obligaciones, como gerente, ante el órgano de administración, que le confió el manejo de las finanzas de la sociedad. Por ello, concluyó: […] de conformidad con el numeral 6, literal A) del artículo 62 del CST modificado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, se logra concluir que la demandada probó dos de las justas causas endilgadas al demandante, y, por ello, la terminación del contrato de trabajo no puede generar la indemnización reconocida por el A Quo. En suma, definió que las acciones del gerente general eran contrarias a sus obligaciones en ese cargo, de modo que no podía autodenominarse empleado, ante la existencia de evidentes discrepancias con la empresa por su vinculación. A ello agrega que, aunque la entidad intentó conciliar esas diferencias, nunca aceptó derechos laborales,

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Radicación n.º 95277 por lo que el reconocimiento de estos no operaba por mano propia del ahora demandante. En cuanto a la transgresión del debido proceso que el juez individual le achacó a la demandada, que consistió en que no le pidió una explicación del manejo presupuestal al gerente Agudelo Cuartas, el tribunal explicó que, según la jurisprudencia, la decisión unilateral de terminar el contrato de trabajo con justa causa no constituye una sanción, sino el ejercicio de una facultad legal del empresario, de modo que no obliga a llamar a descargos al

trabajador ni a pedirle explicaciones. Pese a ello, advirtió que este último tuvo la oportunidad de defenderse de la queja del revisor fiscal, conforme a su examen de esta pieza documental: […] si se analiza la carta del demandante con fecha del 06/11/2018 (folio 439 de la contestación a la demanda), se le permitió a éste defenderse sobre lo dicho por el revisor fiscal, evidenciándose así un diálogo o comunicación directa entre las partes frente a los aspectos reprochados, por lo que mal podría decirse que se le desconoció al trabajador el derecho de defensa y mucho menos el debido proceso por cuanto no aparece prueba en el expediente de que en la sociedad existiera procedimiento convencional o reglamentario previsto como mecanismo previo al despido. Con tales elementos, revocó las condenas por indemnización por despido injusto y pensión sanción, pues la terminación del contrato laboral operó con justa causa. En su lugar, absolvió a la parte pasiva de tales cargas. Asimismo, advirtió que, por sustracción de materia, no estudiaría la apelación del demandante en cuanto a la fecha de reconocimiento de la mesada pensional y la indexación.

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Radicación n.º 95277 A continuación, sobre las sanciones moratorias de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, recordó que no son de imposición automática. También señaló que el juez, junto con estas, decretó la indemnización consistente en el pago, doblado, de los intereses a las cesantías. Al resolver este punto, la sala de instancia no halló

una conducta de mala fe de parte de la demandada, pues, dada la labor profesional encargada al actor, Tetracauca optó por un contrato de prestación de servicios, lo que implicaba que tenía la fundada convicción de que la relación era de esa naturaleza. Así, vio que, desde el acta 19 de 2005 (folio 119 de la réplica a la demanda) se le encomendó al actor la gerencia general por el honor del cargo, sin compensación económica, «por las condiciones en las que aquel realizaba su papel de gerente, pues si bien sus acciones y decisiones estaban subordinadas a la junta o asamblea, este no tenía que estar presente en las instalaciones de TETRACAUCA o cumplir un horario» y podía hacer otras actividades, lo que para las directivas de la empresa significaba libertad. En todo caso, el juez revisor acotó que, en realidad, la relación se desarrolló bajo subordinación permanente, según surgió de las declaraciones de los miembros de la junta y del revisor fiscal, aunque no avizoró que «la empresa quisiera desconocerle premeditadamente los derechos al actor o una actitud torticera o que su actuar fuera encaminado a obtener una ventaja o beneficio sin la

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Radicación n.º 95277 suficiente dosis de rectitud». Así, para esa Sala, las razones de la empresa fueron satisfactorias y justificativas de su conducta ante los servicios prestados y su comportamiento estuvo asistido de buena fe. Por esa razón, eximió a la parte accionada de estas sanciones. Reforzó su fallo con lo señalado en la sentencia CSJ,

SL 16 mar. 2005, rad. 23987 en torno a la buena fe, pues observó que el actuar leal de la sociedad quedó establecido, conforme al siguiente análisis: […] al revisar los citados elementos de prueba, como el acta #19 del 24 de junio de 2005 (folio 119 de la réplica a la demanda), se demuestra que TETRACAUCA cuando le solicitó los servicios al señor AMADO, quien era parte de la Junta Directiva en ese entonces, era con el entendimiento que la naturaleza de la labor del demandante era para ayudar a la empresa a salir adelante y sin remuneración alguna, por lo que el demandante, de manera voluntaria y por decisión propia, aceptó así el cargo, todo lo cual fue interpretado por los miembros de la junta directiva, tal como lo sostuvieron los testigos, no como una verdadera relación laboral, sino una genuina prestación de servicios y que en esa medida la sociedad no estaba obligada a pagar acreencias laborales. Para la Sala las condiciones en las que comenzó el actor en la demandada, el cual estuvo de acuerdo como se dio su vinculación, creó un contexto de confusión que legitima a la demandada para albergar la íntima convicción de no deber derechos laborales al promotor del proceso. Así las cosas, no podría afirmarse que en este particular caso la sociedad empleadora quiso sacar ventaja de su trabajador hoy demandante o atropellar sus derechos, pues como se encuentra probado el convocante al proceso hizo parte de la junta directiva y él mismo tuvo injerencia y aprobó la decisión, respecto a que su desempeño como gerente se haría a través de un vínculo ad

honorem; que si bien luego de varios años se pagaron honorarios, siempre se estuvo en la creencia que el actor era parte de los miembros directivos sin contrato laboral, al igual que todos los que hacían parte de este órgano. Por manera que mal podría ahora colegirse un engaño o de (sic) fraude para con el accionante.

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Radicación n.º 95277 Con todo lo anterior la Sala quiere llamar la atención en que si bien en el 2008 Acta #32 (folio 387 replica), el actor iba [a] renunciar a su cargo de gerente porque estaba solicitando salarios y prestaciones sociales, única solicitud que se encontró en el plenario para el pago de derechos laborales por parte del actor; sin embargo, nótese que en esa misma reunión acordaron que al actor lo que le iban a cancelar era honorarios, pactándose con éste el retiro de la petición, por ende, con esta actuación seguía la sociedad accionada con la íntima convicción de no tener un contrato laboral, máxime que no encuentra la Sala más pruebas de que después del 2008 el actor a lo largo de los años siguiera pidiendo sus derechos laborales, salvo en el 2018 cuando se auto denominó empleado. Ese especial escenario, ubica a la sociedad y a sus representantes dentro del campo de la buena fe y se torna improcedente las indemnizaciones moratorias reclamadas. Dada la revocatoria de las condenas por intereses a las cesantías doblados y las sanciones previstas en los arts. 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, por sustracción de materia, no analizó si la liquidación de esta última era

correcta, como lo pidió el apelante por activa. Como último aspecto, estableció que las agencias en derecho no podían discutirse a través de la apelación de la sentencia propuesta por el extremo demandante, pues este punto era parte del trámite de liquidación de costas, conforme al art. 366 del CGP.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Amado de Jesús Agudelo Cuartas, concedido por el tribunal y admitido por la corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

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Radicación n.º 95277 Pretende el recurrente que la corte case la sentencia de segundo grado en cuanto modificó las condenas dispuestas en primera instancia por concepto de auxilio de cesantías, intereses sobre estas, primas