CSJ - SL080-2023
Detalles
- Título
- CSJ - SL080-2023
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Laboral
- Año
- 2023
ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL080-2023 Radicación n.° 74105 Acta 02 Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ISRAEL MORENO CASTAÑEDA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 13 de noviembre de 2015, en el proceso que promovió contra las sociedades MOLINOS ROA
S.A. y MOLINOS FLORHUILA S.A.
I. ANTECEDENTES Israel Moreno Castañeda demandó a Molinos Roa S.A. y a Molinos Florhuila S.A., con el fin de que se declarara que entre ellos existió un contrato de trabajo entre el 10 de mayo de 1999 y el 15 de agosto de 2012, fecha en que se terminó de manera unilateral y sin justa causa por parte de sus empleadoras.
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Radicación n.° 74105 Así mismo, pretendió que se declarara el incumplimiento de las demandadas en el reconocimiento y pago de todas las obligaciones laborales y, concretamente, que se les condenara a pagar el auxilio de cesantías y sus intereses; las primas de servicios; las vacaciones; los dominicales, festivos y horas extras laborados; las indemnizaciones por terminación unilateral del contrato y las moratorias por la no consignación anual de cesantías y por el no pago de salarios y prestaciones; la suma de cuatrocientos mil pesos «POR LA DECLARACIÓN DE
TERMINACIÓN INEFICAZ DEL CONTRATO DE TRABAJO» y el
valor de los aportes al Sistema General de Pensiones, cuya cuantía tasó en $23.760.000, más la indexación. Fundamentó sus peticiones, en que laboró para las demandadas en la ciudad de Cali, entre el 10 de mayo de 1999 y el 15 de agosto de 2012, desempeñando funciones de oficios varios, relacionadas con el cargue y descargue de los bultos de arroz que llegaban transportados en tractomulas o camiones a las bodegas de las demandadas; «[…] arreglar las averías del arroz» y cargar los vehículos que las llevarían de vuelta a los molinos de Ibagué y el Espinal; organizar pedidos y acomodarlos en las estibas y fumigar el arroz si traía gorgojo. Aseguró que tales labores las desempeñaba dentro de las bodegas de las demandadas, todos los años de forma ininterrumpida entre el 2 de enero y el 31 de diciembre, sin salir a disfrutar de vacaciones, bajo las órdenes y el mando
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Radicación n.° 74105 del jefe de bodega y el gerente de la seccional Cali, cumpliendo con los horarios de trabajo por ellas impuesto, de lunes a sábado, entre las 7 am y las 5 pm, jornada que en algunas oportunidades se extendió hasta las 7 pm o domingos y festivos. Adujo que recibió de las demandadas un salario promedio mensual de $800.000, que se disimulaba bajo el concepto de cargue y descargue por valor de $4.700 por tonelada trasladada, al cual se le deducía la suma de $1.700,
que se reflejaba en unas planillas de cobro que eran liquidadas por Harrison, jefe de bodega de las demandadas. Precisó que también cumplió con las funciones de barrer y organizar a diario las bodegas, y que siempre ejecutó su trabajo con los equipos y elementos que le suministraron las empresas, a pesar de lo cual fue obligado por ellas a afiliarse a una cooperativa de trabajo asociado, para «[…] eludir los efectos de la relación laboral». Manifestó que nunca recibió el pago de sus prestaciones sociales, ni fue afiliado por las demandadas al Sistema de Seguridad Social, y que como no cumplieron con la obligación de informarle dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato el estado de estos pagos y parafiscales de los últimos tres meses, el despido se tornó ineficaz. Al dar respuesta a la demanda las sociedades, mediante un solo escrito, se opusieron a todas las pretensiones y, en
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Radicación n.° 74105 cuanto a los hechos, admitieron como ciertos que el demandante desempeñaba funciones de cargue y descargue de los vehículos que transportaban mercancía de las bodegas, pero adujeron que no tenían conocimiento exacto de los términos en que lo hacía, pues nunca tuvieron una vinculación directa con él. También aceptaron que no le pagaron al demandante salarios o prestaciones sociales, ni lo afiliaron a la seguridad social, por cuanto jamás fue su trabajador ni tuvieron relaciones de carácter contractual con él, dado que: Lo único que han realizado las sociedades MOLINOS ROA S.A. Y/O MOLINOS FLORHUILA S.A., es permitir el ingreso de las
personas que prestan a los conductores el servicio de cargue y descargue de la mercancía, al interior de las bodegas de sus empresas, a fin de que dichas personas puedan desarrollar su actividad, exigiendo eso sí, por razones de seguridad, que éstas cuenten con los debidos amparos en salud integral, tal como se ha manifestado anteriormente. Al no presentar el señor ISRAEL MORENO CASTAÑEDA, las constancias de pago de seguridad social integral, las sociedades MOLINOS ROA S.A. Y/O MOLINOS FLORHUILA S.A. le comunicaron a éste, que mientras no acreditara dicho pago se le impedía su ingreso al interior de las instalaciones. En su defensa propusieron las excepciones de inexistencia del contrato de trabajo y prescripción.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo del 30 de octubre de 2013, absolvió a las sociedades demandadas.
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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante sentencia del 13 de noviembre de 2015, confirmó el fallo del juzgado.
Empezó proponiendo como problema jurídico, el de establecer si en el presente asunto existió una relación laboral entre el señor Moreno Castañeda y las sociedades demandadas y, consecuentemente, aquel si tenía derecho a recibir las acreencias laborales que reclamaba. Afirmó que, en los hechos de la demanda, se adujo que el demandante laboró en las empresas Molino Roa S.A. y
Molinos Florhuila S.A., desde el 10 de mayo de 1999 hasta el 15 de agosto de 2012, desarrollando oficios varios entre los que se encontraban organizar a diario las bodegas, revisar el arroz empacado y cargar y descargar los bultos de arroz que llegaban transportados en tractomulas y camiones. Por su parte las accionadas, desde la contestación de la demanda, manifestaron que realizaba labores que eran contratadas y pagadas directamente por los conductores de los vehículos transportistas. Resaltó lo dispuesto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, en el que se consagran los elementos esenciales del contrato de trabajo, siendo estos la actividad personal del trabajador, la continuada subordinación o dependencia de este respecto del empleador y el salario, como retribución del servicio. Mencionó que una vez reunidos los
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Radicación n.° 74105 tres elementos, se entendía que existe un contrato de trabajo independientemente del nombre o razón que se le agregara y citó el artículo 24 del mismo estatuto, en donde se consagra la presunción legal de que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. De igual forma, citó el artículo 53 de la Constitución Política, el cual consagra el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, aduciendo que este se sustenta en la existencia de una relación de trabajo que se convalidaba por la situación real y las condiciones en que se encontrara el trabajador respecto de su empleador, sin que dependiera de «la apariencia contractual que se haya adaptado». Mencionó las sentencias de la Corte Constitucional CC C-386 de 2000 y CC T-202 de 1997 para indicar que,
respecto del elemento de la subordinación, dicha corporación ha establecido que es el característico y más importante para el establecimiento de la existencia del contrato de trabajo, de tal manera que cuando se presenta comienza la relación contractual laboral. En torno al análisis de las pruebas para establecer la existencia de elementos constitutivos del contrato de trabajo, analizó las declaraciones de los testigos Francisco Javier Cardona González, Jaime Rendón Hernández, Luis Ernesto Vasco Echeverri y Ricardo Quiñones Alegría, así como los interrogatorios de parte absueltos por el representante legal de las sociedades demandadas y el demandante.
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Radicación n.° 74105 De aquellas pruebas, resaltó que el primer testigo manifestó que se conocían, desde hacía tres años, […] por haber sido compañeros en Molinos Roa y Florhuila, que entró a laborar allá por el jefe de bodega Jorge Bocanegra quien igualmente le daba órdenes, que Israel Moreno llegaba en la mañana a la empresa y recibía averías, hacía pedidos para despachar los carros, organizaba promociones, de vez en cuando lo mandaban a arreglar arroz con gorgojo, a la calle y también hacía carga y descarga de camiones; que su horario era de 7 de la mañana a 5 la tarde y que sabía que al actor le pagaban en promedio $800.000 mensuales y que esto era pagado a través de los motoristas; que el pago era diario pero que el valor no era constante y variaba por el cargue y descargue; que presume que los camiones y los motoristas eran de las empresas porque llevaban los logotipos de Transhuila; que cuando lo obligaron a
afiliarse a una cooperativa para seguir laborando en la empresa el señor Israel decidió retirarse. Respecto del testigo Jaime Rendón Hernández destacó que afirmó que les pagaban «[…] por el descargue de los carros y cuando no había nada que descargar realizaban las otras labores pero que todos los días no hacían descargues; que podían pasar 15 o 20 días sin hacer nada pero que tenían que estar en la bodega, que el actor dejó de laborar porque no tenía para pagar lo del seguro». Del testimonio de Luis Ernesto Vasco Echeverri destacó que, […] manifestó ser trabajador independiente como brasero en Molinos Roa; que conoció al actor también como un brasero en la misma parte; que cuando el actor trabajaba en las bodegas de Molinos Roa y en Molinos Florhuila era estibador y cargaba y descargaba arroz y la labor era cancelada por los motoristas que descargaban; que lo que tenían que hacer lo coordinaban con el bodeguero; que al abrir la bodega a las 7 de la mañana entraban a esa hora pero el que no quería ir no iba y el que quería irse se iba; que para poder trabajar en las bodegas tenían que tener un seguro; […] y que los valores de carga y descarga le eran entregados por los conductores y luego en la tarde los repartían
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Radicación n.° 74105 entre todos los que trabajaban allí y un tiempo el actor hizo parte de su cuadrilla. Así mismo, del testimonio de Ricardo Quiñones Alegría, que fue tachado por la parte demandada dado que adelantaba en su contra un proceso de contornos similares, resaltó que, […] manifestó haber trabajado en Molinos Roa realizando labores
de barrer, reparar averías de cargue y descargue; que el trabajo de cargue y descargue era cancelado por el transportador; que conoce al actor por haber trabajado en la misma empresa realizando las mismas funciones; que recibían órdenes del jefe de la bodega relacionadas a arreglar el arroz, dejar la bodega limpia, revisar arroz; que por lo pagado se le firmaba un recibo al transportador que era una sola persona designada para recolectar el dinero pagado por el transportador y luego se lo repartían; que sí faltaban lo único que pasaba era que no se le pagaba. Del interrogatorio al representante legal de las sociedades demandadas destacó que, […] manifestó que los vehículos afiliados a transportes Florhuila tenían diferentes propietarios y conductores; que el actor no fue contratado por las demandadas; que el conductor del vehículo era quien contrataba sus servicios porque este debía entregar el producto a satisfacción de la empresa; que a las personas que realizaban cargue y descargue se les tenía una batería de baño independiente porque también se les presta el servicio de baño a los conductores que llegan a descargar; que las personas que realizaban cargue y descargue barrían por orden del conductor el arroz que se rompía el momento del descargue. Y en cuanto al interrogatorio de parte absuelto por el demandante, destacó especialmente su afirmación en el sentido que «[…] los servicios de carga y descarga de mercancía en las bodegas de las demandadas eran cancelados por los transportadores firmando un vale para poderles pagar; que las averías eran separar el arroz bueno
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con el arroz malo; […] que lavaban los baños porque decían que tocaba mantener eso bien aseado». Arguyó que, del análisis probatorio, infería que si bien el demandante desarrolló la actividad de carga y descarga de los vehículos que llegaban a las bodegas de las demandadas, y de manera accesoria, adelantaba actividades de reparación de averías de la mercancía, realizaba oficios de aseo, seleccionaba la mercancía en buen estado y recibía un pago por esta labor, esta fue contratada por los conductores de los vehículos, tal y como lo destacaron los mismos testigos de la parte demandante. También afirmó que la labor se remuneró mediante un pago conforme al volumen de carga trasladada, lo que indica que realmente existió una vinculación enmarcada «[…] bajo la modalidad de labor determinada entre el actor y los conductores de los vehículos de carga que llegaban a las instalaciones de las demandadas», dado que las funciones desarrolladas dependían de los vehículos que llegaran cargados a las empresas. Finalizó indicando que, con base en el principio de la carga de la prueba, no estaban acreditados los requisitos para que se considerara que existió un contrato de trabajo, pues quedó desvirtuada la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo.
IV. RECURSO DE CASACIÓN
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Radicación n.° 74105 Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con los términos en que es presentado y dentro de las limitaciones y alcances que otorga este recurso
extraordinario.
V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia acusada, para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado y en su lugar acceda a las pretensiones de la demanda inicial.
Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, replicados, que se resuelven de manera conjunta, porque a pesar de estar orientados por vías diferentes, contienen similar proposición jurídica, comparten argumentos y persiguen la misma finalidad.
VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia recurrida de violar por vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 53 y 83 la Constitución Nacional, 22, 24, 55 y 57 n.º 4 del Código Sustantivo del Trabajo, numeral 10 literal b) de la Resolución 198 de 2006 de la OIT, 51 a 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, 174, 177 a 180, 187, 197, 251 a 254, 258 y 268 del Código de Procedimiento Civil, «[…] como medio por manifiestos errores de hecho, por falta de
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Radicación n.° 74105 apreciación de algunas pruebas, y defectuosa apreciación de otras». Aduce que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho: 1.- Uno de los yerros más protuberantes y gravísimos en que incurre la sentencia impugnada consiste en no dar por demostrado, estándolo, que existió un contrato realidad de trabajo entre el trabajador ISRAEL MORENO CASTAÑEDA y las
demandadas desde el 10 de mayo de 1999 hasta el 15 de agosto de 2012. 2.- Otro de los yerros más protuberantes y gravísimos en que incurre la sentencia impugnada consiste en no dar por demostrado, estándolo, que el contrato realidad de trabajo dado entre ISRAEL MORENO CASTAÑEDA con las demandadas fue terminado injustamente por las demandadas. 3.- Otro de los yerros protuberantes en que incurre la sentencia impugnada consiste en no dar por demostrado, estándolo, que existió una relación de trabajo entre ISRAEL MORENO CASAÑEDA (sic) con las demandadas, al haberse demostrado varios indicios.
4. Haber ignorado en su aplicabilidad plena la declaración ficta o presunta dada en virtud de la inasistencia del representante legal de la demandada a la diligencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. Y S.S. modificado por la LEY 1149 de 2007 ART 11, lo que implicó que de contera el sentenciador no aceptara dar aplicación a la carga de la prueba que correspondía a la demandada y no aceptara la veracidad que contenían las mencionadas pruebas, demostrativas de la relación laboral.
5. Invertir la carga de la prueba respecto a la presunción legal consagrada en el art 18 de la Ley 712 de 2001, el art. 177 del Código de Procedimiento Civil, al ser la contestación de la demanda una negativa genérica, y el artículo 24 del Código
Sustantivo de Trabajo.
6. No dar por demostrado, estándolo, que a favor de[l] actor se causó el derecho al pago de las prestaciones sociales derivadas
del contrato realidad laboral sostenido con las desmandas (sic) desde el 10 de mayo de 1.999 hasta el 15 de agosto de 2012. 7.- No dar por demostrado, estándolo, que a favor del actor se causó el derecho al pago de las cotizaciones de la seguridad social
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Radicación n.° 74105 integral en pensión, salud derivada del contrato realidad sostenido con las demandadas desde el 10 de mayo de 1.999 hasta el 15 de agosto de 2012. 8.- No dar por demostrado, estándolo, que a favor del actor se causó el derecho a declarar su despido ineficaz, por no haberse demostrado el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social integral en pensión, salud derivada del contrato realidad sostenido con las demandadas desde el 10 de mayo de 1.999 hasta el 15 de agosto de 2012. Asegura que las pruebas no apreciadas por el Tribunal fueron, «a) Los indicios referentes a la relación laboral de trabajo consistente en la prestación efectiva de los servicios del actor a favor de parte pasiva, salarios cancelados, subordinación», así como la demanda y «sus anexos del acápite PRUEBAS DOCUMENTALES», la contestación de la demanda y la declaración ficta o presunta originada en la inasistencia del representante legal de las demandadas, a la audiencia prevista por el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Como pruebas «defectuosamente apreciadas» menciona la demanda y su contestación, así como los testimonios de Francisco Javier Cardona, Jaime Rendón Hernández y Julio Ricardo Quiñones Alegría.
En la sustentación del cargo, explica en primer lugar que fueron desconocidos los indicios de la prestación de servicios en las bodegas de las demandadas, en actividades inherentes a su actividad laboral y determinadas por el jefe de estas.
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Radicación n.° 74105 Además, que los conductores que pagaban la remuneración eran de Transportes del Huila S.A., empresa que funcionaba en las mismas instalaciones de las demandadas, que las planillas de cobro de cargue y descargue tenían membrete de las demandadas, así como la inexistencia de un contrato de transporte con los transportistas. De tales circunstancias fácticas, dice, se llegaba al hecho indicado o inferido que era la existencia de «[…] una relación de trabajo laboral, dada como consecuencia de la unidad de trabajo establecido en las bodegas de las demandas (sic), trabajos realizados entre otros por el actor, con su remuneración». En segundo lugar, aduce que también fueron ignoradas las pruebas documentales como planillas de cargues y descargues, convenio de trabajo asociativo, comunicación enviada a los gerentes regionales sobre afiliaciones a las cooperativas de trabajo asociado y, en tercer lugar, que se desconoció el contenido de la contestación de la demanda, de la cual se desprende que sí realizaba labores en las bodegas de las demandadas y se le exigía estar afiliado a la seguridad social porque de no hacerlo o no acreditar el pago, se terminaría su contrato, como en efecto sucedió. Lo anterior, asegura, encuentra respaldo en los testimonios de Francisco Javier Cardona, Jaime Rendón Hernández y Julio Ricardo Quiñones Alegría, quienes
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Radicación n.° 74105 relataron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se prestó el servicio. Tras lo anterior, expone: El (sic) este orden de ideas, el ad quem se alejó de la realidad probatoria, incurriendo en los denominados errores facti in judicando, por cuanto el manifiesto error de hecho, que salta a la vista de bulto, ostensible en que incurrió el sentenciador, fue el de dado (sic) aplicación de la presunción de tener cierto los hechos de la demandan (sic) en virtud de la declaración ficta o presunta contra los demandados por su inasistencia del representante legal de la demandada a la diligencia de que trata el artículo 77 del CPTSS […] así como también el error en que incurre el a-quen (sic) por no haber visto en los documentos aportados con la demandano tachados ni redargüidos de falsosen los indicios predicados, en los documentos aportados con la contestación y en los testigos mencionados, lo que ellos contienen, vale decir, la prueba de la relación laboral de trabajo reclamada por el actor con las demandadas. Así mismo, no vio en la demanda y la contestación de la demanda, lo que ellos contienen, vale decir, la prueba de la relación laboral de trabajo, bajo el entendido que en la contestación se niega el vínculo laboral, pero no desconoce que el actor realizó las actividades de cargue y descargue de mercancía al interior de las bodegas de las demandadas, siendo beneficiarias de las labores hechas por el actor, tampoco niega que recomendaron la vinculación a la CTA entre ellas a Nuevo
Milenio cooperativa, que el actor al no presentar las constancias de pago de seguridad social, le comunicaron a este, que mientras no acreditara dicho pago se impedía su ingreso. El error de hecho, según lo ha explicado con reiteración esta sala, consiste en ignorar la prueba o no haber hallado en ella lo que expresa y así actuó el sentenciador. En relación con la prueba, se afirma que los documentos aportados con la demandaplanillas de cargue y descargueno reflejaban en ellos la relación laboral, que la actividad de recoger y barrer arroz era actividad conexa al cargue y descargue, que los transportadores eran quien (sic) contrataron al actor. Lo que si (sic) es sorprendente es que el adquem no hubiere visto, en la declaración ficta o presunta dada en virtud de la inasistencia del representante legal de la demandada a la diligencia de que trata el artículo77 del CPTSS […], en los documentos aportados con la demanda, en los indicios mencionados y en los testimonios aludidos, la prueba de la relación laboral, manifiesto error de hecho, que salta a la vista de bulto, frente a lo cual - jurídicamente le forzaba fallar dando por
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Radicación n.° 74105 demostrado (sic) la relación laboral - y en ningún evento negar las pretensiones aludidas. No tuvo en cuenta la conducta y el comportamiento procesal de las demandadas, quienes alegaron que las actividades del actor eran contratadas por los conductores de los vehículos que cargaban y descargaban mercancía, y a caso no brilla por su ausencia el mencionado contrato de transporte de mercancía?
(sic), igualmente brilla por su ausencia el soporte contable de estos pagos los cuales, por el principio de la carga dinámica de la prueba, debió probarlo la parte pasiva. Brilla por su ausencia la prueba de tener contratado las demandadas personal directodiferente al actorpara las labores de arreglo de averías, fumigación de arroz gorgojado, arreglo de promociones, despacho de carros urbanos, aseo. Luego de lo anterior, insiste en señalar los mismos hechos «indicadores o indicantes» y el «indicado o inferido», que fueron expuestos al inicio de la demostración del cargo, reiterando también los mismos argumentos que expuso en precedencia, concluyendo con dos acápites en los que relaciona las normas sustanciales y procesales con las que integró la proposición jurídica y su «afectación» sobre los errores atribuidos al Tribunal.
VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia impugnada por violación directa de la ley sustancial, en la modalidad de infracción directa o falta de aplicación, del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 2º de la Ley 50 de l990, en relación con: […] el art 53 C.N, en cuanto que existido (sic) el contrato realidad laboral; la Resolución 198 de 2006 de la O.I.T., Numeral 10.
Literal b); ART. 21 No 1, 22, 23 del C.S del T. Modificado por la LEY 50 de 1.990 ARTS. 1, 2.; Normas que consagran las pretensiones reclamadas. Además por violación de los artículos
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Radicación n.° 74105 1º articulo 14, el El (sic) art 37 C.S. del T.; el 54 ibídem, art 145 del C. P. del T, el art 252, 285 Y 287 ibídem, articulo (sic) 177 del C.P.C, Ley 100 de l.993 en su art 22, 23; Artículo 65 del C.S del T. parágrafo 1, en concordancia con el 29 de la Ley 789 de
2002. El artículo 77 del CPTSS, modificado por la LEY 1149 de 2007 ART. 11.
Para la demostración del cargo, expone los siguientes argumentos: Incurre el sentenciador en protuberantes yerros, por la falta (sic) aplicación del art.24 del C.S. del T. Modificado por la Ley 50 de 1.990 ART 2, -(se presume que toda relación de trabajo personal está regido (sic) por un contrato de trabajo), Falta de aplicación de La Resolución 198 de 2006 de la O.I.T, Numeral 10. Literal b), (que regula que cuando se dan uno (sic) varios indicios se debe consagrar una presunción legal de la existencia de una relación de trabajo), por que (sic) no hace aplicación de los mismos preceptos, los desconoce, los ignora. El sentenciador a pesar de la vigencia de las normas enunciadas al comienzo de este cargo, no las aplicó al caso concreto, vale decir las ignoró no obstante estar demostrada la relación laboral, el que generaba el reconocimiento de las prestaciones sociales reclamadas, pensión de vejez a cargo de la parte demandada por no haberlo afiliado a la seguridad social integral.
Para confirmar el fallo de primer grado el sentenciador ad quem, en la providencia que es materia de la impugnación, incurrió palmaria e inminentemente en violación de la Ley sustancial laboral en el concepto de infracción directa por falta de aplicación de los preceptos antes señalados. […] Habiéndose demostrado la relación laboral, los extremos de la misma, no podía el tribunal ignorar o dejar de aplicar los preceptos antes señalados, al tiempo que tampoco dejar de reconocerle al actor el derecho al pago de las cotizaciones de la pensión por reunir los requisitos indicados en el art. 2, 23 de Ley 100 de l.993. No es discutible el hecho de que el actor presto (sic) los servicios de cargue y descargue en el interior de las bodegas de las demandas (sic), y eran las demandadas la beneficiarias (sic) de esta actividad -parte de su objeto empresarialpero a esta situación que es cierta, dejó de aplicar o ignoró La Resolución 198 de 2006 de la O.I.T, al no declarar la existencia de la relación
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Radicación n.° 74105 de trabajo reclamada, en virtud de la existencia de varios indicios, al paso que no hace aplicación de los mismos preceptos, los desconoce, los ignora, así como también dejó de aplicar igualmente los art 22, 23 de la Ley 100 de l.993 al no reconocer el derecho al pago de las cotizaciones de la seguridad social en pensiones -. Dice el articulo (sic) 70 del Acuerdo 44 de 1,989 (sic) del ISS aprobado por el Decreto 3063 de l.989 “… El patrono que no
hubiere inscrito a sus trabajadores estando obligado a hacerlo, deberá reconocerle a ellos ya (sic) los derechohabientes, las prestaciones que el iss (sic) les hubiere otorgado en el caso de que la afiliación se hubiere efectuado, sin perjuicio de las pensiones a que hubiere lugar”, el cual se armoniza con los art 15, 17, 22, 23 de la Ley 100 de l.993. Luego de ello, aduce que en la sentencia que identifica 2733 de esta Corte, proferida el del 31 de Julio de 2007, se manifiesta que, «[…] por la omisión del empleador de afiliar el trabajador al ISS no hay subrogación por el ISS de la obligación patronal de pensión, ni se extingue el derecho de pensión». Agrega que el Tribunal no dio aplicación al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual debe aplicarse sin importar si es o no justa la causa de terminación del contrato, invocando como apoyo de su afirmación la sentencia CSJ SL, 30 enero de 2007, radicación 29443. Así como en el cargo anterior, culmina su argumento indicando en qué consistió la afectación de las normas sustanciales con las que integró la proposición jurídica.
VIII. RÉPLICA
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Radicación n.° 74105 Las entidades, conjuntamente, llaman la atención sobre un defecto técnico, consistente en denunciar la demanda y su contestación como pruebas no apreciadas y simultáneamente como apreciadas equivocadamente, lo cual encierra una contradicción insalvable porque si se el análisis
se hace mal, no pueden al tiempo dejar de hacerlo. A continuación, transcribe varias definiciones doctrinales sobre los indicios, para concluir que los expuestos por el recurrente, no están demostrados en el proceso. Así lo explica: No aparece demostrado en el proceso que las órdenes fueran impartidas al demandante por parte del jefe de bodega de las demandadas, ya que dichas órdenes eran impartidas por los transportadores quien (sic) los contrataban para la prestación del servicio de cargue o descargue de la mercancía transportada; la actividad de descargue de las mercancías que realizaba el accionante, beneficiaba directamente al transportador, quien debía hacer entrega de la mercancía transportada al destinatario, para lo cual debía descargar del vehículo transportador la mercancía transportada, para hacerle entrega al destinatario de la misma. La presencia del demandante en las bodegas de las empresas demandadas tiene una clara explicación en el hecho de ser estas las destinatarias de la mercancía transportada y por lo tanto es a ellas a quien se le debe entregar la misma; no aparece prueba en el proceso de las manifestaciones e
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