CSJ - SL083-2023

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL083-2023 Radicación n.° 85858 Acta 02 Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JUAN CARLOS DE LA ESPRIELLA HOYOS contra la sentencia proferida el 14 de mayo de 2019 por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso que le sigue a CBI COLOMBIANA S.A., y a REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. (REFICAR S.A.), al cual fueron llamados en garantía la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS

S.A. (CONFIANZA S.A.) y LIBERTY SEGUROS S.A.

I. ANTECEDENTES Accionó el demandante contra CBI Colombiana S.A. y Reficar S.A., para que se declarase que entre él y la primera existió una relación laboral entre el 9 de febrero de 2012 y el 29 de agosto de 2014, la cual terminó de manera ilegal. En

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Radicación n.° 85858 consecuencia, pidió el reintegro a su cargo, el pago de salarios, prestaciones sociales, bonificaciones, vacaciones, y aportes a la Seguridad Social, desde su retiro y hasta que se verifique su reincorporación, así como el reconocimiento de los perjuicios materiales y morales, incluidos los gastos por concepto de agencias en derecho que le canceló a su apoderado en el trámite de tutela.

También pidió la declaración de que las lesiones orgánicas que padece, son de origen laboral, causadas por el incumplimiento patronal de las normas de seguridad industrial, por lo que, solicitó que las accionadas fueran condenadas solidariamente a la indemnización plena de perjuicios. Fundamentó sus pretensiones en que CBI Colombiana S.A. y Reficar S.A. celebraron un contrato de obra civil con el objeto de que la primera prestara sus servicios a la segunda, en la expansión de la refinería de Cartagena; que el 9 de febrero de 2012 ingresó a CBI Colombiana S.A. a través de un contrato de trabajo por duración de la obra o labor, en el cargo de ayudante de mecánica, para trabajar en el proyecto antes indicado; que desde julio de 2012 empezó a padecer las siguientes patologías de origen laboral: «Escoliosis Dorso lumbar Izquierdo, Disminución L5, S1, artrosis, Inervación Aguda de los Músculos, Dolor Lumbar Crónico referido a Miembros Inferiores, limitación en la flexibilidad del tobillo izquierdo, hombros, la cadera y sus secuelas psicosomáticas». Además, manifestó que durante su relación laboral fue incapacitado varias veces, que su EPS y medicina prepagada

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Radicación n.° 85858 Suramericana S.A. emitieron algunas recomendaciones médicas sin fecha límite de tiempo, y que la empleadora, en virtud de lo anterior, el 22 de agosto de 2014 lo reubicó en la unidad 100, clasificando pernos; que su contrato fue

terminado el 29 de agosto de 2014 sin autorización del Ministerio del Trabajo, por lo que presentó acción de tutela; que la sentencia de primera instancia proferida el 22 de septiembre de 2014 dentro del amparo constitucional, ordenó su reintegro y el pago de todos los emolumentos dejados de percibir, decisión por la cual fue reintegrado el 26 de septiembre siguiente; que, sin embargo, el fallo fue revocado el 16 de febrero de 2015 por el de segunda, de modo que como aquel nunca quedó en firme, «no estaba obligado en acatar la advertencia de este fallo de tutela de formular demanda ordinaria dentro de los cuatro meses siguientes» y, que fue despedido nuevamente el 30 de enero de 2015, sin autorización del Ministerio del Trabajo. Al contestar, CBI Colombiana S.A. no se opuso a que se declarara la existencia del contrato de trabajo con el accionante, así como la del de obra civil con Reficar S.A., pero sí se resistió a las demás súplicas. En cuanto a los hechos, admitió el vínculo laboral con el demandante, pero precisó que el 1° de abril de 2013 pactaron uno a término fijo de 172 días. También aceptó los extremos temporales, el cargo desempeñado por el trabajador, y que este presentó algunas incapacidades cuya causa más frecuente fue el lumbago. No mostró desacuerdo con el sentido de las sentencias de tutela, pero apuntó que la de primera instancia fue proferida de manera transitoria y le ordenó al accionante

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Radicación n.° 85858 recurrir a la justicia ordinaria, sin que lo hubiere hecho. Frente a los demás enunciados fácticos señaló que no eran ciertos. Propuso las excepciones de fondo de inexistencia de la obligación y prescripción. Reficar S.A., al dar respuesta a la demanda, rechazó todas las pretensiones. Aceptó haber celebrado un contrato con CBI Colombiana S.A., pero dijo que no le constaba nada más. Propuso las excepciones de mérito de inexistencia de las obligaciones, y prescripción. Asimismo, llamó en garantía a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. (Confianza S.A.) y a Liberty Seguros S.A. Las llamadas en garantía se opusieron a las pretensiones de la demanda y del llamamiento, y dijeron que no les constaban los hechos. Confianza S.A. formuló las excepciones de falta de agotamiento de reclamación administrativa y de cumplimiento de presupuestos para pretender la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; «no cobertura de hechos y pretensiones de la demanda, tales como indemnizaciones moratorias ni de los intereses moratorios consagrados en el artículo 65 del CST, sanciones numeral 3 artículo 1 de la Ley 52 de 1975, ni seguridad social, ni indemnizaciones por estabilidad reforzada, de vacaciones ni de prestaciones extralegales o convencionales, ni perjuicios morales, ni lucro por expresa exclusión»; «existencia de coaseguro consecuente

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Radicación n.° 85858 inexigibilidad de eventual afectación del seguro en un 100%; y máximo valor asegurado». Liberty Seguros S.A. presentó las excepciones de improcedencia de la indemnización por despido injusto, de la sanción moratoria y de la nivelación salarial; improcedencia « de incluir en la liquidación de recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical, festivo y vacaciones, el valor reconocido por bonificación asistencial ; inexistencia de » solidaridad y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena, mediante sentencia del 28 de junio de 2017, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación, y absolvió a las accionadas de las pretensiones de la demanda.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante fallo del 14 de mayo de 2019, confirmó el del a quo.

En lo que interesa al recurso de casación, el Tribunal precisó que la apelación buscaba que se estudiara si el accionante tenía derecho al reintegro con fundamento en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. A partir de tal premisa, advirtió que no existía discusión frente a la existencia de un contrato de trabajo entre aquel y CBI Colombiana S.A., celebrado primero por la duración de la obra o labor, y

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Radicación n.° 85858 después a término fijo, así como que el fallo de tutela de

primera instancia ordenó el reintegro de aquel, decisión que fue revocada por el juez de segundo nivel. Añadió que la garantía de estabilidad laboral reforzada prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 protege al trabajador de ser despedido por su limitación, y que para que proceda, se debe acreditar que aquel tiene una discapacidad superior al 15% de pérdida de capacidad laboral y, que el empleador conozca dicha situación. Frente al primer requisito, estimó que si bien por regla general debe acreditarse la disminución de la capacidad laboral a través de un dictamen de calificación de pérdida de aquella, también es viable demostrarla con otros medios probatorios. Recordó que la providencia CSJ SL1360-2018 enseñó que existe una presunción a favor del trabajador que demuestre su invalidez, que consiste en que es el empleador quien debe probar la justa causa de la desvinculación, o de lo contrario se declarará su ineficacia. Observó que el actor cuenta con una calificación de su pérdida de capacidad laboral de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar, que la dictaminó en un 20,7%, pero con fecha de estructuración del 18 de enero de 2015, esto es, de manera posterior a la primera terminación de su contrato de trabajo (29 de septiembre de 2014), de donde, concluyó que para el momento de esa desvinculación, el empleador no tenía conocimiento de la condición del trabajador, por lo que no era dable asumir que la minusvalía hubiera sido la causa del retiro.

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Radicación n.° 85858 También tuvo en cuenta que, para rendir su concepto, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar estudió exámenes del 20 de julio, del 19 de agosto, del 4 de noviembre de 2014 y del 18 de enero de 2015, todos ellos posteriores a la fecha en la que la empresa preavisó la terminación del contrato, esto es, el 18 de junio de 2014. De allí extrajo que la finalización del vínculo laboral no estaba relacionada con la salud del trabajador. Finalmente estableció, que si bien desde el año 2012 se observan incapacidades y exámenes médicos, de aquellos no es dable extraer la existencia de una discapacidad del actor, motivo por el cual concluyó que a pesar de encontrarse demostrada la pérdida de la capacidad laboral de aquel en un 20,7%, no es posible otorgarle la protección solicitada, por cuanto no se demostró el conocimiento del empleador de tal condición, como para que se pudiera presumir que el despido aconteció por dicha limitación.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado, y en su lugar conceda todas las pretensiones del libelo inicial.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, a los que se opone CBI Colombiana

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Radicación n.° 85858 S.A.; por su parte, Reficar S.A. presentó un memorial para aducir que, en caso de que la Corte se constituyera en instancia, no sería procedente condena alguna por concepto de solidaridad. Las acusaciones se examinan en conjunto, debido a que persiguen la misma finalidad y se fundan en una argumentación semejante.

VI. CARGO PRIMERO Controvierte la sentencia recurrida por la senda indirecta, por error de hecho de la ley sustancial, del artículo « 26 de la Ley 361 de 1997 y la sentencia CSJ SL 1360-2018 […], norma y precedente judicial que fueron indebidamente aplicadas por el a-quem (sic) .

» Como pruebas dejadas de apreciar, relaciona: a. La prueba documental calificada, representada en la HISTORIA CLINICA (sic) del actor expedida por su EPS SURA e IPS que le prestaron los servicios de atención médica, quirúrgica hospitalaria y exámenes médicos que se realizó. b. Testimonios rendidos por LUIS MIGUEL MENDOZA MARTINEZ (sic), testigo de cargo, TATIANA TORO VELASQUEZ (sic), testigo de descargo. c. Interrogatorio de Parte rendido por la abogada: YANINA GUERRERO ARRIETA, en su condición de Apoderada Especial con facultades de Representación Legal de CBI Colombiana S.A. d. La prueba documental calificada, representada en el ACTA DE REINCORPORACION (sic) del actor de 22 de agosto de 2014, por un término de 30 días, que atiende las recomendaciones médicas

del actor en cumplimiento de las recomendaciones médicas expedida por la EPS del actor e. La prueba documental representada en la DEMANDA DE ACCION (sic) DE TUTELA incoada por el actor contra las empresas demandas (sic). f. La prueba documental representada en las SENTENCIAS DE ACCION (sic) DE TUTELA DE PRIMERA, proferidas entro (sic)

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Radicación n.° 85858 del proceso de acción de tutela incoado por el actor contra las empresas demandas (sic), proferidas respectivamente por el Juzgado Primero Penal de Cartagena con Funciones de Conocimiento de fecha 22 de septiembre de 2014 y el Juzgado Primero Penal de Cartagena con Funciones de Conocimiento de fecha 22 de septiembre de 2014. g. La prueba documental representada en la Resonancia Magnética realizada al actor por Imágenes Radiológicas y Centro de Diagnóstico de 18 de enero de 2015 h. La prueba documental representada en la CARTA DE TERMINACION (sic) DEL CONTRATO DE TRABAJO de fecha 30 de enero de 2015.

1. La prueba documental representada en la CARTA DE TERMINACION (sic) DEL CONTRATO DE TRABAJO de fecha 29 de agosto de 2014.

Seguidamente le enrostra al colegiado, que no dio por demostrado, estándolo, que cumplía con las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y la sentencia CSJ SL1360-2018, para ser considerada una persona en condición de debilidad manifiesta, situación que era conocida por su empleador.

Sostiene que las pruebas singularizadas demuestran que las patologías progresivas que padece, se originaron durante la ejecución del contrato de trabajo, desde julio de 2012, y que esta situación era conocida por CBI Colombiana S.A. Dice que el ad quem no apreció adecuadamente la historia clínica, pues de lo contrario, habría concluido que las patologías en su columna vertebral iniciaron en julio de 2012, esto es, después de vincularse a CBI Colombiana S.A. Añade que lo que generó su estado de invalidez fueron aquellas enfermedades antes reseñadas, tal como lo conceptuó la Junta de Calificación de Invalidez de Bolívar el

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Radicación n.° 85858 29 de diciembre de 2016. En cuanto a las recomendaciones médicas expedidas por la EPS Sura, indica que estas acreditan que las patologías de lumbosacro y síndrome doloroso, ameritaban su reubicación, y que su estado de salud era conocido por la empleadora, tanto que en el acta de reincorporación a su lugar de trabajo, del 22 de agosto de 2014, se registraron dichas recomendaciones. Destaca que con los testimonios de Luis Miguel Mendoza y Tatiana Toro Velásquez, y con el interrogatorio de parte a la representante legal de la empleadora, quedó claro que se encontraba en condición de debilidad manifiesta, y que esta era conocida por CBI Colombiana S.A. Añade que, de la carta de terminación del contrato de trabajo calendada el 30 de enero de 2015, se debe entender que la empresa sabía de su enfermedad, y que, además, para

esa fecha no estaba en firme el fallo de segunda instancia de la acción de tutela que interpuso. Argumenta que a pesar de que su pérdida de capacidad laboral, fijada en un 20,60% se estructuró cinco meses después de su retiro de la empresa, en realidad las enfermedades que dieron origen a aquella iniciaron en vigencia del contrato de trabajo.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia del Tribunal, por «apreciación errónea de determinada prueba, acusada como violatoria de

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Radicación n.° 85858 la vía indirecta por error de hecho de la ley sustancial» del artículo y providencia referidos en el primer cargo. Como prueba erróneamente estimada cita el dictamen n.° 11077 del 29 de diciembre de 2016, proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar. Le endosa al colegiado los siguientes errores de hecho: - Se calificó como prueba solemne y prioritaria el Dictamen No. 11077 y por tanto se privilegió, sin razón ni fundamento alguno a esta prueba documental sobre las demás militantes en el proceso, desconociendo que las pruebas deben ser valoradas de acuerdo a su contenido de manera individual y pasando por el racero del estudio integral de las pruebas. - El carácter de tarifa legal que el ad-quem le asigno (sic) erróneamente al Dictamen Pericial se privilegió y priorizó este medio de prueba frente a las demás pruebas, pues la fecha de estructuración establecida en este dictamen se puso muy por encima de las demás pruebas predeterminando que la fecha de

estructuración es la establecida en este dictamen desconociendo los demás medios de pruebas, siendo que los otros medios de pruebas acreditan fehacientemente que el demandante es una persona den (sic) condición de debilidad manifiesta, discapacitada desde julio de 2012 y que hoy aún padece. - Que la fecha de estructuración de la enfermedad ya hoy no privilegia exclusivamente la activación de la presunción de persona en condición de debilidad manifiesta ni la inversión de la carga de la prueba de esta condición, pues lo que hoy exige la Jurisprudencia de la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para activar la presunción en comento, es que se halla acreditado la condición de debilidad manifiesta. - El Dictamen no fue analizado en toda su extensión y profundidad, pues no se tuvo en cuenta que el dictamen tuvo como Diagnostico (sic) Motivo de Calificación: OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES; que son las deficiencias en salud que padece el actor desde mediado de 2012, que precisamente son estas deficiencias las que se tienen en cuenta para determinar si el trabajador es una persona discapacitada y desde cuando sufre estos padecimiento, pues no es relevante el pico de estas enfermedades que es lo que en seguridad social se llama Fecha de Estructuración de la Enfermedad y esta situación está determinada en un aspecto que fue (sic) apreció errónea como son los EXAMENES (sic) O DIAQNOSTICO (sic) E

INTERCONSULTAS PERTINENTES PARA CALIFICAR:

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Radicación n.° 85858 Radiografía de Columna Lumbosacra de 20/07/2014, relevando la disminución del espacio L5-S1; Ortopedia realizada 19/08/2014 Lumbago de 2 años de evolución; EMG de miembros inferiores 04/11/2014 Radiculopatia L5-S1; RM de Columna Lumbosacra 18/01/2015 artrosis faceta incipiente L4L5. Disminución de amplitud del canal espinal, sin condicionar estenosis secundaria y láminas pedículos cortos. Que así las cosas tenemos que el dictamen objeto de la calificación arroja dos aspectos médicos relevantes: Que el actor padece de una patología LUMBOSACRO que a la fecha de agosto 19 de 2014 tenía dos (2) años de evolución; por otra parte, que las fechas de los exámenes no es la fecha donde se manifiestan las enfermedades que padece el actor y sobre todo cuando se trata de enfermedades lumbosacras que son de muy tardío diagnostico (sic). Argumenta que la fecha de estructuración del dictamen pericial no desvirtúa lo acreditado por las demás pruebas documentales y testimoniales, pues todas apuntan a demostrar que es una persona «discapacitada», cuyos padecimientos de salud iniciaron en julio de 2012.

VIII. CARGO TERCERO Por la vía indirecta, denuncia la aplicación indebida del precepto y la providencia relacionados en los cargos anteriores.

Aduce que la valoración errónea de la presunción de que CBI Colombiana S.A. lo despidió de manera discriminatoria,

llevó al Tribunal a considerar, erradamente, lo siguiente: - Se calificó como prueba solemne y prioritaria el Dictamen No. 11077 y por tanto se privilegió, sin razón ni fundamento alguno a esta prueba documental sobre las demás militantes en el proceso, desconociendo que las pruebas deben ser valoradas de acuerdo a su contenido de manera individual y pasando por el racero del estudio integral de las pruebas. El carácter de tarifa legal que el ad-quem le asigno erróneamente al Dictamen Pericial se privilegió y priorizó este medio de prueba frente a las demás pruebas documentales y testimoniales

(MIGUEL MENDOZA MARTÍNEZ Y TATIANA TORO VELÁSQUEZ),

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Radicación n.° 85858 pues la fecha de estructuración establecida en este dictamen se puso muy por encima de las demás pruebas predeterminando que la fecha de estructuración es la establecida en este dictamen desconociendo los demás medios de pruebas, siendo que los otros medios de pruebas acreditan fehacientemente que el demandante es una persona den (sic) condición de debilidad manifiesta, discapacitada desde julio de 2012 y que hoy aún padece. - No se tuvo en cuenta que la fecha de estructuración de la enfermedad establecida en los dictamen (sic) de las Juntas de Calificación de Invalidez no determinan exclusivamente la activación de la Presunción de Despido Discriminatorio de las personas en condición de debilidad manifiesta o discapacidad, pues este estado no esta (sic) sujeto a entre otras cosas ya hoy no privilegia exclusivamente la activación de la presunción de

despido discriminatorio d (sic) una prueba tarifaria que establezca el grado de perdida (sic) de la capacidad laboral de la persona, pues la doctrina de las altas cortes exigen (sic) para la activación y aplicación de esta presunción de despido discriminatorio y, por ende, la inversión de la carga de la prueba, es que se acredite que la persona presenta una limitación física sensorial o psíquica sustancia (sic), y, en este caso, está demostrado con las pruebas documentales y testimoniales analizadas a lo largo de la sustentación probatoria de los cargos de esta demanda. Como presupuesto de la activación de esta presunción no se exige calificación de las enfermedades y mucho menos la fecha de estructuración, pues técnicamente, este concepto obedece al pico más alto de las patologías, es decir, el momento más crítico de la enfermedad y esta condición no es exigida para demostrar esta presunción de despido discriminatorio, como es el caso que nos ocupa. - Por otra parte el mismo Dictamen calificatorio (sic) de la enfermedad padecida por mi mandante contienen y prueba lo siguiente: a) Tuvo como Diagnostico (sic) Motivo de Calificación: OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES; que son las deficiencias en salud que padece el actor desde mediado (sic) de 2012, que precisamente son estas deficiencias las que se tienen en cuenta para determinar si el trabajador es una persona discapacitada; b) Los

EXAMENES (sic) O DIAQNOSTICO (sic) E INTERCONSULTAS

PERTINENTES PARA CALIFICAR: Radiografía de Columna

Lumbosacra de 20/07/2014, relevando la disminución del espacio L5-S1; Ortopedia realizada 19/08/2014 Lumbago de 2 años de evolución; EMG de miembros inferiores 04/11/2014 Radiculopatia L5-S1; RM de Columna Lumbosacra 18/01/2015 artrosis faceta incipiente L4-L5. Disminución de amplitud del canal espinal, sin condicionar estenosis secundaria y láminas pedículos cortos. Que así las cosas tenemos que el dictamen objeto de la calificación arroja dos aspectos médicos relevantes: Que el actor padece de una patología LUMBOSACRO que a la fecha de agosto 19 de 2014 tenía dos (2) años de evolución;

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Radicación n.° 85858 por otra parte, que las fechas de los exámenes no es la fecha donde se manifiestan las enfermedades que padece el actor y sobre todo cuando se trata de enfermedades lumbosacras que son de muy tardío diagnostico (sic). Además de repetir lo dicho en el embate anterior, agrega que el Tribunal tuvo en cuenta la fecha del preaviso, pero no en la que se terminaron los contratos, esto es, el 29 de agosto de 2014 y el 30 de enero de 2015, primera y segunda vez, respectivamente, momentos en los que el empleador ya conocía de su estado de salud.

IX. RÉPLICA CBI Colombiana S.A. le achaca falencias de técnica al recurso, como incluir hechos que no fueron parte de la fijación del litigio, o enumerar errores sobre pruebas que no

fueron practicadas, limitarse a realizar una relación plena de las pretensiones sin desarrollar los cargos específicos de la demanda de casación, y no señalar de manera clara el alcance del recurso. Frente al primer embate, reseña que el censor no identificó de manera clara el error cometido por el Tribunal, esto es, si interpretó o aplicó mal la norma, o si dejó de hacerlo. Adiciona que la terminación del contrato del accionante no tuvo como causa su estado de salud, y cita la sentencia CC SU049-2017, en la que la Corte Constitucional sostuvo que para que la estabilidad laboral reforzada proceda, es necesario que concurran dos requisitos, el primero, que el trabajador se encuentre en una condición especial de salud y, el segundo, que exista un nexo causal entre esa situación

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Radicación n.° 85858 y la terminación del contrato. Recuerda lo que debe entenderse por un trabajador con debilidad manifiesta y por grado de limitación, moderada, severa o profunda. Acude también a la sentencia CSJ SL14134-2015 de esta Corporación para afirmar que no cualquier discapacidad esta cobijada por la protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Insiste en que el recurrente no demostró que antes de la terminación de su contrato de trabajo se encontraba bajo los supuestos de una discapacidad o invalidez, y remata señalando que el vínculo laboral terminó por una causa legal. En cuanto al segundo cargo, refiere que el recurso no dice de manera concreta cuáles pruebas calificadas se

ignoraron para dar lugar al error de hecho. Expone que lo único que hace el recurrente son apreciaciones subjetivas, y que, de estudiarse de fondo, se concluiría que aquel no acreditó las características y los requisitos necesarios para ser beneficiario de la protección solicitada. Finalmente, esgrime que la casación no es la oportunidad para discutir nuevas pruebas o argumentos, tal como lo pretende hacer el impugnante.

X. CONSIDERACIONES Aunque es cierto que, por momentos, los argumentos vertidos en los cargos se asemejan a alegatos propios de las instancias, lo cierto es que las acusaciones son claras, y en

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Radicación n.° 85858 ellas se logran identificar los presupuestos básicos de un ataque por la vía indirecta, como lo son la enumeración de los yerros fácticos atribuidos al fallo del Tribunal, la singularización de las pruebas dejadas de apreciar o valoradas de forma equívoca, y la explicación de la incidencia de aquellos errores en la decisión definitiva de la instancia. De otro lado, aunque es verdad que el segundo cargo no expresa el submotivo de acusación, también lo es que al enderezarse por la vía indirecta se presupone que lo denunciado es la aplicación indebida de los preceptos normativos que componen la proposición jurídica del ataque, que es la modalidad de violación que por regla general procede por este sendero. Dicho esto, y aunque la vía fáctica fue la elegida por el censor, no se discuten en casación los siguientes hechos: (i) Juan Carlos de la Espriella Hoyos estuvo vinculado

laboralmente a CBI Colombiana S.A. desde el 9 de febrero de 2012 hasta el 29 de agosto de 2014, por un contrato por duración de la obra o labor, que fue modificado a uno a término fijo; (ii) el 18 de junio de 2014, la empleadora le comunicó que su contrato terminaría en la fecha antes reseñada y que no se renovaría; (iii) mediante sentencia de tutela de primera instancia proferida el 22 de septiembre de 2014, se ordenó su reintegro y el pago de sus acreencias laborales, motivo por el cual fue reincorporado el 26 de ese mes y año; (iv) nuevamente fue desvinculado el 30 de enero de 2015; (v) la sentencia de segunda instancia fue emitida el 16 de febrero de 2015, y revocó la de primera, y; (vi) el demandante fue calificado por la Junta Regional de

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Radicación n.° 85858 Calificación de Invalidez de Bolívar el 29 de diciembre de 2016, con una pérdida de la capacidad laboral del 20,7%, con fecha de estructuración el 18 de enero de 2015. En ese contexto, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal se equivocó al no declarar la procedencia de la protección establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, esto es, la estabilidad laboral reforzada del actor y, por consiguiente, su reintegro. A partir de las premisas enunciadas, se advierte que no se abre paso al quiebre de la sentencia impugnada, puesto que concuerda con los postulados jurisprudenciales de esta Corporación, conforme a los cuales, el fuero de estabilidad

reforzada previsto en la Ley 361 de 1997 no se otorga solamente porque el trabajador sufra de afecciones en su salud, sino que debe demostrarse la limitación física, psíquica o sensorial, correspondiente a una pérdida de capacidad laboral con el carácter de moderada, severa o profunda, y que sea conocida por el empleador. En efecto, la garantía de estabilidad laboral e igualdad prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 consiste en el derecho que tienen los trabajadores en situación de discapacidad de no ser despedidos –o su contrato terminado– a causa de las condiciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano o largo plazo que presenten, y que les impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Salvo que medie autorización del Ministerio del Trabajo, todo despido que recaiga sobre un trabajador que se encuentre en tales

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Radicación n.° 85858 circunstancias, se reputa ineficaz y, en consecuencia, acarrea la reinstalación de aquel al cargo que venía desempeñando, con el correlativo pago de las acreencias laborales dejadas de cancelar. En ejercicio de su atribución constitucional de actuar como tribunal de casación, y en cumplimiento de la finalidad legal de unificar la jurisprudencia mediante el recurso extraordinario, la Corte ha precisado los alcances de la protección de marras, consultando el espíritu de coordinación económica y equilibrio social consignado en el

artículo 1° del Código Sustantivo del Trabajo. Es así como se ha entendido que esta garantía cobija a las personas que tienen una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15% (CSJ SL, 28 ago. 2012, rad. 39207, SL14134-2015,

SL10538-2016, SL5163-2017, SL11411-2017 y SL46092020).

Sobre el particular, en la sentencia CSJ SL572-2021, la Corte explicó lo siguiente: En efecto, debe recordarse que la Sala de tiempo atrás ha adoctrinado que los destinatarios de la garantía especial a la estabilidad laboral reforzada son aquellos trabajadores que tienen una condición de discapacidad con una limitación igual o superior al 15% de su pérdida de la capacidad laboral, como lo dedujo el Tribunal, independientemente del origen que tenga y sin más aditamentos especiales como que obteng