CSJ - SL1003-2024

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1003-2024 Radicación n.° 94002 Acta 14 Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024). La Corte decide los recursos de casación presentados por ambas partes contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el 30 de abril de 2021, en el proceso ordinario laboral seguido por INÉS RAMÍREZ DÍAZ contra

la COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y

CAQUETÁ LTDA. (COOMOTOR).

I. ANTECEDENTES Inés Ramírez Díaz demandó a la empresa Coomotor para que se declare que entre ellas existió un vínculo de trabajo a término indefinido del «01 de febrero de 2000 hasta al (sic) 04 de octubre de 2015».

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Radicación n.° 94002 En consecuencia, se condene a la demandada a pagarle los salarios dejados de percibir del 1 al 4 de octubre de 2015; las prestaciones sociales (cesantías e intereses sobre estas, primas de servicios, antigüedad; prima extralegal de junio y diciembre); vacaciones; las indemnizaciones previstas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST; el rembolso de los dineros sufragados por concepto de salud y pensión; lo que resulte probado ultra y extra petita, y las costas procesales. Sustentó sus pretensiones, básicamente, en que prestó

servicios ininterrumpidos a la demandada bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios dentro de los extremos antes referidos y que, a partir del 5 octubre de 2015 fue contratada por la empresa mediante vínculo de trabajo por un lapso de 9 meses y 26 días; que se desempeñó como profesional en las áreas contable, tributaria, control interno, financiero y administrativo; que ejerció sus actividades en la calle 8 # 4-71 y en el edificio de Coomotor de la ciudad de Neiva; que acudía diariamente a laborar en las oficinas de la cooperativa, cumplía horario, recibía órdenes del empleador y utilizaba los uniformes institucionales porque su uso era obligatorio. Indicó que, el último salario devengado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios fue de $5.627.952; que las labores realizadas fueron permanentes y de vital importancia para la sostenibilidad económica de la demandada; y que la base para calcular las pretensiones reclamadas debió ser la cifra antes referida.

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Radicación n.° 94002 Al dar respuesta a la demanda, Coomotor se opuso a las pretensiones. En relación con los hechos, aceptó únicamente la suscripción del contrato de trabajo con la demandante a partir del 5 de octubre de 2015. Frente a los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos. En su defensa alegó que el único vínculo laboral que existió entre las partes fue el celebrado en la fecha ya mencionada; que antes de esta data, suscribió varios contratos de prestación de servicios con la Corporación

Unificada de Servicios Integrales, empresa de la cual la actora era la representante legal, sin estar sometida a directrices o lineamientos en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo y sin que le fuera impuesto un reglamento; agregó que la relación entre las partes fue intermitente, tal como lo demuestran los diferentes convenios que firmaron. Formuló las excepciones de mérito que denominó: inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por activa, cobro de lo no debido, prescripción, buena fe y la genérica.

II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, mediante fallo del 21 de marzo de 2019, resolvió:

1. DECLARAR Fundada la excepción que la parte demandada denominó INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL sin necesidad de pronunciarse sobre las demás.

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2. DENEGAR las pretensiones de la demanda.

3. CONDENAR en costas a la parte demandante en favor de la demandada.

4. CONSULTAR la presente sentencia en caso de no ser apelada por la parte demandante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, al resolver el recurso de apelación presentado por la demandante, mediante decisión del 30 de abril de 2021, resolvió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 21 de marzo de 2019, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, al interior del proceso seguido por Inés Ramírez Díaz en

contra de la cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá Coomotor Ltda., para en su lugar, DECLARAR la existencia de dos relaciones de índole laboral a término indefinido que ató a las partes aquí intervinientes, la primera de ellas, para el lapso comprendido entre el 1 de febrero de 2000 al 1 de febrero de 2002; y la segunda, a partir del 1 de febrero de 2004 al 4 de octubre de 2015. Conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá- Coomotor Ldta., a pagar a favor de la demandante, las siguientes sumas y por los siguientes conceptos: Cesantías $51.510.500, oo.

Intereses a las Cesantías $ 288.749, oo. Sanción por no consignación de Cesantías $68.051.900, oo. Prima de Servicio $5.804.000, oo. Vacaciones $5.640, 762.oo TERCERO: CONDENAR a la demandada a reconocer y pagar a la actora la indemnización moratoria en los términos del artículo 65 del C.S.T., modificado por el artículo 29 de la Ley 789 del 2002, es decir, al pago de un día de salario por cada día de retardo por los primeros 24 meses siguientes a la terminación del contrato de trabajo, o hasta que el pago se verifique, teniéndose como último salario mensual devengado por la trabajadora el de $4.353,000.oo.

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CUARTO: COSTAS al tenor de lo dispuesto en el artículo 365

del Código General del Proceso, se le imponen costas en esta segunda instancia en cabeza de la demandada Coomotor Ltda. En el mismo sentido y conforme lo prevé el numeral 4 de la norma en cita, las de primera instancia correrán a cargo de la encartada y se absuelve a la parte demandante de las allí impuestas.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen.

Frente a la anterior decisión la parte actora solicitó aclaración, complementación, adición, o corrección, súplica que fue negada mediante providencia del 15 de febrero de 2002. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal delimitó el problema jurídico a determinar, en primer término, si entre la demandante y Coomotor existió un vínculo de carácter laboral para el interregno comprendido entre el 1 de febrero de 2000 y el 4 de octubre de 2015. De resultar afirmativa la anterior premisa, debía estudiar la procedencia del reconocimiento y pago de las prestaciones económicas derivadas de la relación subordinada. Frente a la existencia del contrato de trabajo aludió al contenido de los artículos 53 de la CP, 23 y 24 del CST, así como lo dicho en sentencia CSJ SL, 17 abr. 2013, rad. 39259, de la cual citó algunos apartes. Acto seguido, incursionó en el estudio de los medios de convicción allegados al plenario, analizó la certificación

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Radicación n.° 94002 expedida por el gerente de la entidad demandada, obrante a

folio 2, al igual que los contratos de prestación de servicios suscritos entre Coomotor y la accionante (f.os 8-40 y 253266); los correos electrónicos (f.os 45-76); y los testimonios de Yurani Aleiba Silva Cadena y Hernando Arturo Pardo López. Al efecto, dijo: [...] reposa certificación emitida por la Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá -Coomotor Ltda, de la que se desprende que "..entre la empresa COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETÁ LIMITADA “COOMOTOR” [...] e Inés Ramírez Díaz [...] se ha suscrito un contrato de prestación de servicios profesionales en las áreas Contable, Tributaria Financiera y Administrativa desde el 01 de febrero de 2000, el cual ha sido renovado en forma ininterrumpida hasta la fecha” documento que fuese emitido y rubricado el 22 de marzo de 2012. Seguido de ello, a folios 8 a 40 y 253 a 366 del informativo, reposan contratos de prestación de servicios suscritos entre la hoy demandada Coomotor y la señora Inés Ramírez Días, el primero de ellos, (fl. 8 a 13. C. 1), el cual tuvo una duración de un año contado a partir del 1° de febrero de 2002, fue suscrito entre Coomotor y la Corporación Integrada de Servicios Integrales, representada por la aquí demandante, vínculo que tuvo como objeto contractual la prestación de servicios profesionales en las áreas contable, tributaria, financiera y administrativa dentro de todas las operaciones comerciales que

se realicen en la empresa," y servir de herramienta fundamental para la administración de la Cooperativa en el giro de todas sus actividades. En el cuerpo de los restantes documentos contractuales, de forma generalizada, se logran advertir las siguientes clausulas reglamentarias de los vínculos que ataron a las partes: i) personal requerido, se facultó a la demandante para contratar personal necesario a efectos de dar cumplimiento al objeto contractual, de esta manera, la cláusula tercera de los diversos contratos de prestación de servicios contempla que "El personal que utilice la CONTRATISTA prestará sus servicios en las oficinas de COOMOTOR... Parágrafo: El personal a cargo de la contratista prestará su servicio en la jornada laboral semanal, de tiempo y dedicación completos, debiendo ser acreditado ante

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Radicación n.° 94002 COOMOTOR cuando sea requerido por ésta. Por circunstancias de desarrollo e implementación tecnológica, adquisición de equipos, ampliación de servicios o cualquier otra causal que lo amerite, de común acuerdo COOMOTOR y LA CONTRATISTA podrán modificar el número y calidad de funcionarios requeridos, así como el valor del contrato". Del mismo modo, en la cláusula octava de los ya referidos contratos se estipuló que 'Independencia de la Contratista. LA CONTRATISTA y el personal vinculado por ésta no tendrá con respecto a COOMOTOR vínculo laboral alguno, puesto que la intención y voluntad expresa de las partes es celebrar un contrato civil de prestación de servidos profesionales; por lo tanto, LA CONTRATISTA asume la total responsabilidad frente a sus trabajadores en cuanto al pago de salarios, prestaciones

sociales, seguridad social y demás aportes parafiscales a que está obligada por la ley”. Seguido a ello, el clausulado décimo primero previó que “Autonomía. La contratista contará con las (sic) más alta autonomía profesional para la ejecución del contrato y COOMOTOR solo podrá exigir buena calidad y oportunidad del trabajo, así como el estricto cumplimiento de las cláusulas pactadas”. (Subrayado de la Sala). De los correos electrónicos dedujo que demostraban que a través de ellos se impusieron a la demandante directrices encaminadas a determinar el horario de trabajo, la obligatoriedad del uso del uniforme de la empresa y la citación a capacitaciones, entre otras. Luego, con fundamento en los testimonios de Yurani Aleiba Silva Cadena y Hernando Arturo Pardo López, resaltó que con ellos se establecía que la accionante prestó un servicio personal en las áreas de contabilidad y control interno como jefe de área. Así, mismo, con relación a la remuneración, acudió a las certificaciones emitidas por el jefe administrativo de la sociedad demandada, en las que se afirma que «para los años 2009 y 2010, la señora Ramírez Díaz devengó por concepto de honorarios, la suma de

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Radicación n.° 94002 $4'200.000 y 4'353.000, en su respectivo orden, (fis. 4 y 5). En torno a la subordinación, afirmó que los testigos, al unísono, habían manifestado que la actora debía cumplir un horario de trabajo como todos los empleados de la empresa; que las directrices eran impartidas por la

Gerencia, quien daba órdenes conjuntas tanto para aquella como para otros funcionarios; y que: […] así, a modo de ejemplo señaló aspectos como el fijar el tipo de vestuario a utilizar (uniforme), los días y las camisas que se debían lucir, así como la fijación de horarios para la asistencia a capacitaciones, directrices que siempre estuvieron sujetas al arbitrio de Coomotor, lo que desdibuja la existencia de un contrato de prestación de servicios profesionales, y lo pone en el plano de una relación subordinada. Por último, a fin de desentrañar la existencia de una verdadera relación obrero patronal, se establecieron ciertos lineamientos que son propios de la relación de trabajo y no de una relación civil como lo son el suministro de insumos de trabajo, la facilitación de las sedes de la empresa para la ejecución del objeto contractual, el uso de uniformes y vestuarios que identifican con exclusividad a los empleados de la Cooperativa Coomotor, ello sin perder de vista, que al momento de ejercer control por parte de la aquí accionante respecto a personal de planta de Coomotor, aquella, lejos de ser un contratista, ostentó la calidad de delegataria y representante de la empresa llamada a juicio frente a estos empleados, desdibujándose de esta manera la independencia propia de los contratos civiles de prestación de servicios. (Subrayado de la Sala). Por consiguiente, dijo que estaba demostrado el encubrimiento del contrato de trabajo, motivo por el que revocaba la sentencia apelada. Ahora, en lo referente a los extremos temporales, arguyó que declaraba la existencia de dos relaciones de

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Radicación n.° 94002 índole laboral, la primera, entre el 1 de febrero de 2000 al 1 de febrero de 2002; y la segunda, a partir del 1 de febrero de 2004 al 4 de octubre de 2015. Lo anterior, por cuanto desde el inicio del proceso, «se excluyó del debate probatorio [por el a quo] la relación laboral que surgió entre las partes para el interregno comprendido entre el 5 de octubre de 2015 al 1 julio de 2016», pues tal aspecto no fue así solicitado en el escrito inaugural, sin que sobre el particular hubiese existido objeción de las partes.

A renglón seguido precisó: Ahora, en lo que respecta a la asignación mensual recibida y que servirá como base para liquidar las prestaciones sociales a que haya lugar, se tiene que con la demanda y la contestación se incorporaron una serie de contratos de prestación de servicios de los que se desprende que a la contratista se le pagaba una suma líquida quincenal una vez cancelara aquella los aportes a seguridad social integral a todos los trabajadores a su servicio; del mismo modo, se fija un valor global para cada uno de los contratos, lo que en principio llevaría a tasar el salario de la demandante, efectuando la división del valor del global entre los meses de duración del vínculo contractual, pese a ello, al no tenerse certeza de los montos que debió pagar por concepto de seguridad social de sus trabajadores y los salarios de los mismos, imposible resulta fijar el monto de la prestación mensual de la demandante, y sin que medie otro elemento probatorio que atestigüe el valor de los honorarios que percibía

la accionante, así como al quedarle vetado al juez realizar aproximaciones, lo propio sería fijar el salario mínimo legal mensual vigente ante la ausencia de prueba que acredite el ingreso salarial mensual. Con todo, y como quiera que a folio 5 del informativo milita certificación emitida por Coomotor en la que da cuenta que la señora Ramírez Díaz devengó por concepto de honorarios la suma de $4'353.000,oo, será este el salario a tener en cuenta para efectos de liquidar las prestaciones sociales de la promotora del juicio, al ser este el único valor realmente acreditado al interior del proceso, ello pese a que la certificación fue emitida el 2 de junio de 2010. (Resaltado de la Sala).

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Radicación n.° 94002 Con relación a la excepción de prescripción, después de aludir al contenido de los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, expuso que la demandante no desplegó actuación ante el empleador encaminada a reclamar sus derechos laborales, por lo que siguiendo los lineamientos de las mencionadas normas, al haberse terminado el vínculo laboral el 4 de octubre de 2015 y presentado la demanda el 11 de mayo de 2017, estaban prescritas «todas las prestaciones sociales que se hayan causado con antelación al 11 de mayo de 2014, exceptuando de esta regla, los emolumentos que versan en torno a las cesantías y vacaciones, prestaciones que tienen un término de prescripción disímil». Acto seguido entró a pronunciarse sobre la procedencia de las acreencias laborales pretendidas, de la

siguiente manera: Con relación a las cesantías correspondientes al periodo comprendido entre el 1° de febrero de 2004 al 4 de octubre de 2015 (sic), dijo que no se demostró su cancelación, por lo que condenaba en cuantía de $51.510.500. En lo que atañe a los intereses sobre el auxilio de cesantía consideró que debían pagarse en el mes de enero del año siguiente al que se causaron o a la fecha de retiro del trabajador, en cuantía proporcional al lapso transcurrido del año. Por tanto, surgía para la actora el

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Radicación n.° 94002 derecho a su reconocimiento en cuantía de $288.749. Respecto a la indemnización por no consignación del auxilio de cesantía, en los términos del artículo 99 de la ley 50 de 1990, consideró que para su aplicación debían tenerse en cuenta las mismas consideraciones aducidas para la imposición de la indemnización prevista en el artículo 65 del CST (CSJ SL, 30 abr. 2013, rad. 42466 y CSJ SL, 21 jul. 2010, rad. 36737). Al efecto, indico: En el caso de objeto y análisis advierte la Sala que la demandante alega la no consignación oportuna del auxilio a la cesantía por el periodo que duró la relación de trabajo, en ese entendido, al no haberse acreditado por parte del extremo pasivo la consignación de dicho emolumento y al haber desdibujado la naturaleza del vínculo contractual que sostuvo con la accionante, surge patente la imposición de condena por

este concepto en cuantía de $68.051.900.oo. Frente a la prima de servicios consideró que condenaba por ese concepto en los términos del artículo 306 del CST, modificado por el canon 1 de la Ley 1788 de 2016; por tanto, al trabajador «corresponderá 30 días de salario por el año el cual se concederá en dos pagos, la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros 20 días de diciembre. Así las cosas, la demandada deberá cancelar a la demandante la suma de $5.804.000» Con relación a las vacaciones, consideró que la prescripción opera de manera diferente al resto de prestaciones sociales, una vez efectuadas las operaciones de rigor, se tiene que a la demandante le corresponde el pago de $5'640,762.oo.

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Radicación n.° 94002 Ahora, respecto a la «devolución de aportes a la seguridad social» dijo que no existe norma que establezca su reintegro cuando se configura el contrato realidad, por manera que «lo procedente en este tipo de casos es solicitar que la demandada pague a la administradora del régimen pensional al cual se encuentre afiliada la accionante, el cálculo actuarial» que para tal efecto realice dicha AFP a satisfacción de la misma; «sin embargo, y como quiera que esa no fue una de las pretensiones de la demanda, no se accederá a esta aspiración». (Subrayado de la Sala). En relación con la indemnización moratoria regulada en el artículo 65 del CST, acotó que es de naturaleza

eminentemente sancionatoria y su imposición está condicionada al examen, análisis o apreciación de los elementos subjetivos que guiaron el quehacer del empleador. Por tanto, en cada caso el juzgador debe analizar si la conducta tardía del dador del laborío estuvo desprovista de buena fe, es decir, si tuvo la intención de desconocer abiertamente los derechos de su trabajador (CSJ SL, 30 abr. 2013, rad. 42466). Al examinar las pruebas consideró que no hay justificación alguna que permita establecer que la demandada obró con buena fe al omitir el pago de las prestaciones y demás derechos que le asisten a la actora; que la sola creencia de encontrarse inmerso en un contrato de prestación de servicios «no da paso indefectiblemente a considerar la buena fe patronal»; por el contrario, demostraba que «conociendo las labores desplegadas, la

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Radicación n.° 94002 forma en su realización y los lineamientos impartidos, por sendos años, decidió continuar con aquella forma errada de contratación» (CSJ SL, 2012, rad. 44370). Agregó que, tratándose de la indemnización moratoria: […] también impone evaluar el proceder del extrabajador, esto es, si impetró la correspondiente acción con prontitud para acceder a los derechos insatisfechos, o si, por el contrario, dejó pasar el tiempo para acrecentar la misma. Atendiendo lo dicho en precedencia, se tiene que la fecha en la que se da la terminación de la relación laboral data de 4 de octubre de 2015, y que la demandante acude a la jurisdicción laboral el 11 de

mayo de 2017, tan solo habían pasado 19 meses, siendo entonces oportuna su reclamación y dando lugar a la aplicación de la sanción establecida en la norma que regula la materia; por lo que bajo tal estructura, se reconocerá la indemnización moratoria en los términos del artículo en mención, es decir, al pago de un día de salario por cada día de retardo por los primeros 24 meses siguientes a la terminación del contrato de trabajo, o hasta que el pago se verifique, teniéndose como último salario mensual devengado por la trabajadora el de $4'353.000,oo.

IV. RECURSOS DE CASACIÓN Fueron interpuestos por ambas partes, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, por lo que se pasan a resolver.

Por cuestión de método, la Sala estudiará inicialmente la casación formulada por Coomotor; luego, se hará lo propio el recurso extraordinario propuesto por la actora.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN DE COOMOTOR.

La empresa recurrente pretende que la Corte case la sentencia del Tribunal para que, en sede de instancia:

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2. Que, en SEDE DE INSTANCIA, se REVOQUE la sentencia impugnada y, en su lugar, se CONFIRME la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Neiva del 21 de marzo de 2019, que declaró probada la excepción de inexistencia de la relación laboral, y denegó la totalidad de las pretensiones de la demanda.

En subsidio, en sede de instancia, «dicte sentencia

sustitutiva que declare la excepción de prescripción formulada en la contestación de la demanda». Con tal propósito plantea tres cargos por la causal primera de casación, que son replicados y se resolverán conjuntamente, ya que presentan graves falencias de técnica que impiden su análisis de fondo.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión por ser violatoria de la ley sustancial por la senda indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 22, 23 y 24 del CST.

Afirma que el colegiado incurrió en los siguientes errores ostensibles de hecho:

1. Dar por probado, sin estarlo, que el demandante sostuvo dos relaciones de índole laboral, con solución de continuidad con la demandada, cuando la vinculación fue de índole civil, bajo la modalidad de prestación de servicios, a través de contratos celebrados con la Corporación Unificada de Servicios Integrales, respecto de la cual la demandante era representante legal.

2. Dar por probado, sin estarlo, que existieron dos (2) relaciones de índole laboral, de manera ininterrumpida, entre el periodo comprendido entre el 1º de febrero de 2000 al 1° de febrero de 2002, y a partir del 1º de febrero de 2004

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Radicación n.° 94002 al 4 de octubre de 2015, cuando la relación se origina en contratos de prestación de servicios separados por interregnos superiores a treinta (30) días, y celebrados con sujetos diferentes.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante, en su rol de representante legal de la Corporación Unificada de

Servicios Integrales, tenía autonomía administrativa para manejar el personal a su cargo, y designar a las personas que ejecutarían el contrato de prestación de servicios celebrado con la demandada.

4. No tener por demostrado, estándolo, que las solicitudes o lineamientos que la demandada realizó a la demandante fueron los propios que le corresponden a cualquier contratante en un contrato civil, de naturaleza bilateral, como la prestación de servicios celebrada con una Corporación, en donde surgen obligaciones recíprocas.

5. No tener por demostrado, estándolo, que la demandada desvirtuó la presunción de relación de trabajo, pues demostró la autonomía administrativa, técnica y directiva de la demandante, en la ejecución del contrato de prestación de servicios celebrado directamente con la Corporación Unificada de Servicios Integrales, respecto de la cual la misma demandante era representante legal.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que la relación entre la demandante y demandada emanaba de un contrato individual de trabajo, y no de un contrato de prestación de servicios de carácter civil, como el celebrado entre la demandada y la demandante y/o la Corporación Unificada de Servicios Integrales, respecto de la cual la misma demandante era también su representante legal.

Al efecto, imputa la indebida valoración de los siguientes medios de prueba: 1) contrato de prestación de servicios entre Coomotor y la Corporación Unificada de servicios integrales de fecha 1 de febrero de 2000 a 31 de enero de 2002. 2) contrato de prestación de servicios entre Coomotor y la Corporación Unificada de Servicios Integrales desde el 1 de febrero de 2002 a

31 de enero de 2003. 3) contrato de prestación de servicios entre Coomotor e INES RAMIREZ DIAZ, desde 1º de febrero de 2004 hasta de 31 de mayo de 2004. 4) Contrato de prestación de servicios entre Coomotor e Inés Ramírez Díaz con vigencia de 4 meses entre 1 de febrero a 31 de mayo de 2005. 5) contrato de prestación de servicios entre Coomotor e Inés Ramírez Díaz por un periodo de prestación de servicio duración de 4 meses entre

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Radicación n.° 94002 el 1 de febrero de 2006 al 31 de mayo de 2006. 6) contrato de prestación de servicios de 1 de enero de 2010 a 30 de abril de 2010. 7) contrato de prestación de servicios de 1 de enero de 2013 a 31 de mayo de 2013. 8) contrato de prestación de servicios 1 de junio a 31 de diciembre de 2013. 9). contrato de prestación de servicios 1 de octubre de 2014 a 30 de septiembre de 2015. 10)Certificaciones de existencia de representación legal de la Corporación Unificada y Servicios Integrales. 11) Soporte de pago de honorarios por los años 2009 y 2010. Precisó que, contrario a lo dicho por el Tribunal, se puede evidenciar que existieron varios contratos con solución de continuidad, los cuales muestran que no existe unicidad contractual, porque los dos primeros se celebraron entre la demandada con una persona jurídica denominada Corporación Unificada de Servicios Integrales, empresa de la cual la demandante era representante legal; y los

restantes, directamente con la demandante, los que estuvieron vigentes por interregnos superiores a los treinta días así: N Contratista Periodo ° 1 Corporación Unificada 1º de febrero de 2000 a 31 de de Servicios Integrales enero de 2002 2 Corporación Unificada 1º de febrero de 2002 a 31 de de Servicios Integrales enero de 2003. 3 Inés Ramírez Diaz 1º de febrero de 2004 hasta 31 de mayo de 2004 4 Inés Ramírez Diaz 1º de febrero de 2005 a 31 de mayo de 2005 5 Inés Ramírez Diaz 1º de febrero de 2006 al 31 de mayo de 2006 6 Inés Ramírez Diaz 1º de enero de 2010 a 30 de abril de 2010. 7 Inés Ramírez Diaz 1º de enero de 2013 a 31 de mayo de 2013. 8 Inés Ramírez Diaz 1º de junio de 2013 a 31 de diciembre de 2013 9 Inés Ramírez Diaz 1 de octubre de 2014 a 30 de septiembre de 2015.

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Radicación n.° 94002 Lo anterior permite establecer lo siguiente:

1. Entre el contrato 2 y 3 existe un interregno de un (1) año, por tanto, no existe unicidad del vínculo.

2. Entre el contrato 3 y 4 existe un interregno de ocho (8) meses, por tanto, no existe unicidad del vínculo.

3. Entre el contrato 4 y 5 existe un interregno de ocho (8) meses, por tanto, no existe unicidad del vínculo.

4. Entre el contrato 5 y 6 existe un interregno superior a los tres (3) años, por tanto, no existe unicidad del vínculo.

5. Entre el contrato 6 y 7 existe un interregno superior a los dos (2) años, por tanto, no existe unicidad del vínculo.

6. Entre el contrato 8 y 9 existe un interregno de diez (10) meses, por tanto, no existe unicidad del vínculo.

Manifiesta que lo anterior evidencia que los contratos no fueron consecutivos; por el contrario, de periodos cortos y con interrupciones superiores a treinta días; por tanto, el Tribunal incurrió en error al declarar «dos relaciones de índole laboral, de manera ininterrumpida». Al efecto cita un fragmento de la sentencia CSJ SL5595-2019. Afirma que cuando se habla de solución de continuidad en materia laboral se ha de entender que existe una interrupción por un lapso considerable en el que no hubo vinculación jurídica alguna entre las partes, salvo cuando dichas paralizaciones son cortas, evento en el cual la jurisprudencia ha dicho que no se desvirtúa la unidad contractual, no siendo este el caso. En consecuencia, la solución de continuidad por lapsos superiores a un mes tiene «la fuerza de evidenciar la configuración de diferentes nexos» y, por ende, el conteo de la prescripción debe realizarse de manera independiente.

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Itera lo siguiente: […] al sentenciador de segundo grado no le era dado declarar la existencia de dos relaciones laborales entre las partes, porque, por un lado, en los dos primeros contratos de prestación de

servicios se suscribieron entre personas jurídicas y, por consiguiente, no podía deducirse la primacía de la realidad; y los siguientes, dan cuenta de varios contratos a términos inferiores a un año, lo cual, con sus interrupciones, tuvo interregnos superiores a treinta (30) días, por tanto, mal podía predicarse de un solo vinculo a término indefinido como equivocadamente lo consideró el Tribunal