CSJ - SL1006-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL1006-2023 Radicación n.° 91392 Acta 13 Bogotá, D. C., dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARÍA VICTORIA OTERO GARCÍA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C, el trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020), en el proceso que le instauró a la

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES

COLFONDOS S. A., OLD MUTUAL PENSIONES Y

CESANTÍAS S. A. hoy SKANDIA ADMINISTRADORA DE

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S. A., y la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES

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Radicación n.° 91392 María Victoria Otero García llamó a juicio a Old Mutual

S. A. hoy Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S. A., Colpensiones y Colfondos S. A, con el fin de que se declarara la ineficacia del traslado realizado al RAIS y, en consecuencia, se ordenara la afiliación al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (f.° 1 al 3 del cuaderno de Juzgado).

Fundamentó sus peticiones, en que nació el 13 de junio de 1961, comenzando a cotizar en el sistema de seguridad social desde el 1° de febrero de 1982; que en agosto de mil

1998, asesores comerciales del fondo de ahorro individual con solidaridad Colfondos S. A. la visitaron y, mediante «engaños y artimañas» la indujeron al cambio de régimen, siendo este efectuado el mismo mes, cuando contaba con 37 años y 556.86 semanas; y que en septiembre de 2014, un consultor de Old Mutual S. A. la convenció nuevamente de firmar el formulario de afiliación a la entidad, contando para ese momento con 53 años. Narró que una vez cumplidos los requisitos de edad y semanas solicitó a la entidad una proyección estimada respecto a su pensión de vejez, dando como respuesta esta última que no contaba con el capital suficiente para financiarla y por tanto podría optar por la garantía de pensión mínima, siendo que, para el momento de los hechos, contaba con 57 años y 1600 semanas cotizadas; y que solicitó el regreso al RPMPD siéndole negado por las accionadas.

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Radicación n.° 91392 Colpensiones se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, declaró que no le constaban. En su defensa propuso las excepciones de mérito de prescripción y caducidad, inexistencia del derecho y de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe e innominada (f.° 142 al 143 del cuaderno de Juzgado). Old Mutual S. A. hoy Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S. A., por su parte, se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, afirmó que no se produjo un traslado de régimen pensional, sino un

traslado entre administradoras del régimen de ahorro individual, por lo cual las implicaciones del cambio de régimen no le eran imputables. Adicionalmente, aclaró que sus asesores se encontraban capacitados para dar toda la información y características del régimen, siendo que para la fecha la demandante ya se encontraba afiliada a otra administradora del mismo sistema. Propuso las excepciones de mérito de prescripción, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, buena fe y «genérica» (f.° 161 al 162 del cuaderno de Juzgado). Colfondos S. A. también se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, dijo haberse suscrito el formulario de afiliación en el mes de septiembre de 1998, oportunidad donde se le brindó información y asesoría, siendo así negó

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Radicación n.° 91392 haber compartido información incompleta o engañosa, argumentó que a la demandante se le asesoró respecto de las características del RAIS y ésta tomó una decisión libre e informada. Precisó que, para el momento del traslado, debido a la poca edad y densidad de semanas, no era una obligación realizar una proyección respecto al cálculo de mesada pensional. Excepcionó validez de afiliación con Colfondos, inexistencia de la obligación en cabeza de Colfondos S. A., buena fe, prescripción y la «genérica» (f.° 241 del cuaderno de Juzgado).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá

D.C., mediante fallo del 16 de agosto de 2019 (f.° 272 al 273 del cuaderno de Juzgado), dispuso, PRIMERO: Declarar la ineficacia de la afiliación De María Victoria Otero García identificada con la C.C. No […], a Colfondos S.A. suscrita el 7 de septiembre de 1998, por los motivos expuestos. En consecuencia, Declarar que para todos los efectos legales la afiliada nunca se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad y por lo mismo siempre permaneció en el régimen de prima media con prestación definida.

SEGUNDO: Ordenar a la demandada Old Mutual Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías S. A. a devolver a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del demandante María Victoria Otero García, como cotizaciones, rendimientos y cuotas de administración, sin lugar a descuento alguno, para lo cual se le concede el término de 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

TERCERO: Ordenar a la Administradora Colombiana de

Pensiones Colpensiones a recibir de Old Mutual Administradora

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Radicación n.° 91392 de Fondo de Pensiones y Cesantías S.A. todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor (sic), como cotizaciones, rendimientos y gastos de administración que se hubieren causado y actualizar la historia laboral.

CUARTO: Sin Condena en costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C, por apelación de Old Mutual S. A. y en grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, mediante fallo del trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020), revocó la sentencia de primera instancia y absolvió a las entidades accionadas. En lo que interesa al recurso extraordinario, el fallador se fijó como problema jurídico determinar si resultaba procedente declarar la ineficacia de la afiliación al RAIS y, de ser así, acceder a las solicitudes de volver al RPMPD administrado por Colpensiones y demás condenas solicitadas. Argumentó que la afiliación era un acto voluntario, sometido a las leyes preestablecidas, sin posibilidad de negociación, lo que descartaba su carácter contractual; que la escogencia de un régimen se ajustaba a la forma de acumular los recursos para la financiación de la pensión, por tanto, no tenía relación alguna con la determinación del valor de la mesada pensional; y que el futuro pensionado se somete por voluntad propia a un conjunto de reglas diferentes dependiendo de su escogencia.

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Radicación n.° 91392 Puso de presente que la permanencia y traslado de régimen no solo afectaba al afiliado, sino que también lo hacía respecto a las finanzas del sistema, las cuales, se verían afectadas de abrirse la posibilidad de traslado a quienes contaran con 10 años o menos para cumplir la edad de vejez. Agregó que el derecho a la libre elección entre los distintos regímenes pensionales no era absoluto; citó la

sentencia CSJ SL1452-2019, relativa a la evolución del deber de información; que se trataba de momentos distintos, el de la afiliación y aquel en que el afiliado ya contaba con el tiempo y el capital para acceder a la pensión de vejez. Afirmó que no era posible tomar como referente una norma posterior a la ocurrencia de los hechos, al respecto, expuso, En lo que tiene que ver la aplicación del estatuto orgánico del sistema financiero - Decreto 663 de 1993 - como fuente del deber de información, resulta al menos forzada su aplicación, porque para entonces no existían las AFP como lo evidencia la fecha de su expedición y como lo confirma su artículo 1°, por lo que no puede esperarse encontrar un contenido material del deber de información sobre asuntos pensionales, o al menos no en la forma en que se describe en la jurisprudencia para esta primera etapa, al señalar que debe incluir referencias claras, precisas sobre las ventajas de cada régimen, el monto de la pensión, la pérdida de régimen de transición, porque no existían ni las administradoras ni la Ley 100 de 1993”. Luego de citar el Decreto 750 de 1994, indicó: Las normas transcritas establecen la responsabilidad por los perjuicios que se causen a los afiliados, con ocasión de cualquier

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Radicación n.° 91392 infracción, error u omisión de los promotores de las AFP, indicando que es responsabilidad de estas últimas; razón por la que cual esta disposición no permite trasladar los perjuicios de las omisiones en el deber de información a un sujeto de derecho, que como Colpensiones, no intervino en la decisión del afiliado al

momento de optar por el RAIS, ni es responsable del deber de información que impone la doble asesoría que solo se estableció a partir del año 2014 con la expedición de la Ley 1748. Que las sanciones previstas en la Ley 100 de 1993, relativas a la ineficacia del traslado bien proceden únicamente por las causales expresadas en dicho estatuto, respetando el debido proceso y el principio de legalidad sin ser dable una aplicación analógica. Aseveró que mientras no se demostrase que Colpensiones invadió la órbita de su derecho a elegir, no era procedente imponerle una orden adversa, toda vez que se trataba de un tercero que no tuvo relación con el acto de afiliación al RAIS al no estar obligada, para el año en que ocurrieron los hechos, a suministrar información. Por tanto, la administradora del RPMPD era un sujeto «completamente ajeno a la relación jurídica existente». Adicionalmente, Resulta evidente que los perjuicios ocasionados por las AFP por razón de sus acciones u omisiones al momento de la afiliación, los debe asumir la respectiva administradora, de conformidad con las normas vigentes al momento y dispuestas por el estatuto de seguridad social, de las que se advierte no existe ninguna que genere la obligación de recibir a la demandante cuya afiliación resulta ineficaz, por cuenta de hechos absolutamente ajenos a Colpensiones. Afirmó que la actora no realizó oportunamente la solicitud de traslado, por tal motivo, acceder al retorno de la RPM desfiguraría el carácter contributivo, solidario y la regla de sostenibilidad financiera del sistema. Adicionalmente, al

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Radicación n.° 91392 no haberse encontrado probados perjuicios por parte de las AFP, ni participación por parte de Colpensiones, no existían presupuestos procesales para aplicar la sanción de la que habla el artículo 271 de la Ley 100 de 1993. Sobre esto último discurrió, El artículo 271 de la Ley 100 de 1993, establece un régimen sancionatorio para el empleador o cualquiera otra persona que impida o atente contra la libertad de elección del régimen pensional, estableciendo la imposición de multas y que la afiliación quedará sin efecto y podrá hacerse nuevamente. La norma consagra una sanción, que es la imposición de una multa por parte de una autoridad administrativa (Ministerio de SaludMinisterio de Trabajo y Seguridad Social - Superintendencia de Salud) y, una penalidad accesoria, que deja sin efecto la afiliación para que el afectado pueda hacerla nuevamente. Tales efectos jurídicos sancionatorios requieren para su imposición, la declaración de una autoridad administrativa de las allí señaladas, que son las competentes para que se declare la violación, se imponga la multa y surja la consecuencia accesoria de dejar sin efecto la afiliación para dar paso a una nueva, si el afectado así lo desea. Siendo el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 la fuente invocada para dejar sin efecto la afiliación al régimen pensional, bien vale la pena recordar, que los regímenes sancionatorios solo pueden establecerse en leyes, siendo de la esencia de los mismos que solo

el Congreso de la República pueda adoptarlos en virtud del principio denominado reserva de ley, e impone que las correspondientes sanciones solo puedan ser impuestas por las autoridades competentes, acatando el debido proceso, dentro del plazo previsto por la ley y con la dosificación señalada en ella. Se refirió luego al Decreto 720 de 1994 y destaca que las consecuencias por las eventuales infracciones de las AFP o sus agentes, deben sufrirlas estas y no Colpensiones; que también la sentencia CC C-412-2015 memora los imperativos de debido proceso, tipicidad, reserva de ley y de legalidad de las sanciones administrativas; y expresó,

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Radicación n.° 91392 Que la afiliación al sistema general de pensiones es un acto jurídico unilateral y de adhesión a las condiciones previstas en la. ley para el RPM y para el RAIS; que la afiliación no tiene naturaleza contractual; que la elección debe ser libre y voluntaria; que las contingencias y obligaciones originadas en el acto de afiliación están contenidas en la ley y pueden ser modificadas por el legislador cuando las circunstancias lo ameriten; que la elección de un régimen pensional tiene por objeto escoger una forma de financiar la pensión y no un monto pensional; que la determinación de condiciones pensiónales y expectativa de un monto pensional al momento de la afiliación no es posible, que no hay posibilidad de señalar como mejores unas que otras al momento de la afiliación; que los afiliados a la seguridad social no ostentan un derecho subjetivo a una cuantía determinada de las pensiones futuras, esto es, las pensiones

respecto de las cuales no se ha producido el hecho que las causa; que las condiciones de afiliación a un de régimen son un asunto de orden legal y no constitucional.

Señaló así mismo: (…) la competencia para imponer las sanciones previstas en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 está asignada a las instancias administrativas allí señaladas; que la sanción prevista es la multa y dejar sin efecto la afiliación para que el interesado realice una nueva; que las sanciones aquí previstas solo la pudo establecer el legislador en ejercicio de sus competencias; que en aplicación del debido proceso la sanción debe existir de manera previa al hecho que la origina; que en virtud del principio de legalidad no pueden aplicarse sanciones recurriendo a la analogía, ni remitirse a normas sancionatorias que regulen otros casos; que no pueden aplicarse las normas fraccionadamente y construirse una tercera que favorezca el derecho del accionante, que hay norma expresa sobre la responsabilidad que compete a las AFP por los perjuicios cometidos por la acción u omisión de sus agentes y, que las sanciones deben ser aplicadas en la forma prevista en la Ley.

Con relación a la naturaleza del acto de afiliación y de las consecuencias del citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993, subrayó: La estructura de la norma contendida en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, al proteger el derecho a la libre elección de régimen pensional, señalar las autoridades competentes para hacerlo efectivo y disponer sus consecuencias jurídicas, impone su

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aplicación sin fraccionamiento alguno y hace improcedente acudir a estatutos distintos, como el civil y el comercial para determinar sus efectos. Sobre esto último citó el proveído CSJ SC-3201-2018 y expuso: Los referentes jurisprudenciales citados precisan que la figura de la ineficacia de pleno derecho, es propia de los actos regulados en el estatuto comercial y que tal estatuto no tiene establecidos los efectos legales de la misma, pero que el artículo 822 remite a las normas del Código Civil y puntualmente al artículo 1746. Los supuestos de hecho de esta jurisprudencia nada tienen que ver, con el acto de afiliación a un régimen pensional, pues la situación fáctica que plantea vincula comerciantes y actos de comercio, se discute una situación de carácter contractual y, los efectos de la ineficacia previstos en el estatuto civil se aplican en asuntos mercantiles, pero porque así lo dispone una norma que dentro del mismo código de comercio remite a tal ordenamiento. Insistió en el debido proceso y el principio de legalidad de las sanciones, para lo cual reiteró: Los principios constitucionales plasmados en el artículo 29 de nuestra Carta Política y los legales consagrados en el estatuto de seguridad social, refrendados en un millar de sentencias de nuestra Sala de Casación Laboral, sustentan la conclusión anterior, porque han pregonado el principio de inescindibilidad en la aplicación de las normas; la imposibilidad de tomar de una y otra norma lo que convenga a la pretensión del accionante, para dar paso a una tercera construida por el juez con tal propósito; todo lo cual debe cumplirse con mayor rigor cuando se trata de

normas de carácter sancionatorio. Sobre el alcance de las normas del Sistema y la responsabilidad de Colpensiones aseguró: […] las normas de seguridad social son suficientes para juzgar las pretensiones de ineficacia de la afiliación, deben ser aplicadas conforme a los mandatos del debido proceso en especial las de los principios de inescindibilidad, irretroactividad de la ley, integración y remisión, contenidos en las normas y jurisprudencias citadas; que la ineficacia de la afiliación produce

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Radicación n.° 91392 efectos a cargo de quien incurrió con su acción u omisión en la causación de un perjuicio, en este caso a cargo de la respectiva AFP; que no puede atribuirse efecto ni resarcimiento alguno a cargo de un sujeto que no intervino ni en la decisión del afiliado de trasladarse de régimen ni en el acto de afiliación, ni mucho menos en la deficiente información invocada; que resulta trascendente juzgar el acto de afiliación de manera oportuna, ya que el aporte de la cotización en un sistema de reparto simple, cumple su objetivo de contribuir al pago de las pensiones ya causadas, y, hacerlo inoportunamente desfigura el sentido de la contribución, de la solidaridad y de la sostenibilidad financiera del sistema. Para concluir, destacó que, […] el traslado se efectuó en el año 1998, y solo hasta el 2018 (folios 24-62), la demandante se interesó por su situación pensional, lo que da cuenta que la solicitud no se realizó oportunamente y dentro de los plazos previstos, y acceder a las

súplicas de traslado al RPM en la actualidad, desfiguraría el sentido de la contribución, de la solidaridad y de la sostenibilidad financiera del sistema. De las pruebas citadas se establece tanto la fecha de la afiliación del demandante, como la ausencia de demostración de perjuicios a cargo de OLD MUTUAL S.A. -apelantey de Colpensiones S.A., esta última porque ni patrocinó su traslado, ni intervino en el acto de afiliación al RAIS.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por María Victoria Otero García, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se confirme integralmente la de primer grado.

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Radicación n.° 91392 Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se resolverán de forma conjunta dada la similitud de argumentos que los soportan y del elenco normativo invocado en ellos.

VI. CARGO PRIMERO El fallo del Tribunal, […] viola por la vía directa y en la modalidad de aplicación indebida e interpretación errónea del literal b del artículo 13 y el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, el numeral 1° del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, los artículos 1502, 1508, 1509, 1740,

1742, 1743, 1750 y 1604 del Código Civil y por interpretación errónea los artículos 4°, 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, los artículos 1°, 2°, 3°, 11, 12, 13, 36, 50, 76, 90, 97, 141 y 281 de la Ley 100 de 1993. Para la demostración del cargo trae a colación la sentencia CSJ SL1688-2019 para afirmar que, para que exista un consentimiento libre, no basta la sola suscripción de un formulario de vinculación, por el contrario, se requiere una información previa, veraz y suficiente que le permita al sujeto entender las características, ventajas y desventajas del régimen al cual desea afiliarse. Se refiere al fallo CSJ SL19447-2017 para argumentar que: No se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario […].

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Radicación n.° 91392 Asegura que el Tribunal se equivocó al desconocer la jurisprudencia de esta Corte y los deberes exigibles a las AFP respecto al deber de asesorar clara y suficientemente sobre las condiciones del cambio de régimen.

Aduce que el sentenciador le impuso una «carga desproporcionada», al exigirle un conocimiento previo respecto a su mesada pensional; que la «gente del común no cuenta con dichas bases»; y no existe norma que exija a los afiliados un entendimiento previo respecto a los regímenes pensionales. Expone que no existe justificación alguna para el trato diferenciado entre un afiliado que cuenta con un régimen de transición y uno que no, porque la norma pretende proteger por igual a todas las personas que eligen la entidad a la cual desean confiar sus aportes pensionales. Itera que el engaño o vicio en el consentimiento, no puede estar sujeto a que el asegurado se encuentre próximo a pensionarse, ya que el perjuicio surge de la falta de información y asesoría sobre las consecuencias del cambio de régimen pensional; que para la fecha en que se emitió el fallo, ya existía un precedente de esta corporación, en el que se dejó claro que la pertenencia a un régimen de transición es intrascendente a la hora de revisar los casos de ineficacia del traslado.

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Radicación n.° 91392 Sostiene que, desde la creación de las AFP, ya contaban con un deber de brindar información a sus afiliados para que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y libre, que este evolucionara a un deber de doble asesoría no implica que, en el momento de los hechos, no existiese.

VII. RÉPLICA La administradora colombiana de pensiones Colpensiones, en forma conjunta, se opone a los dos cargos

para lo cual enrostra el no esclarecer cómo se configuró el error por parte del fallador en el entendido de los ataques que formula; afirma que el recurrente se limita a dar su apreciación frente a los errores contenidos en el fallo, asemejándose a un alegato de instancia; aduce que en el formulario de afiliación se expresó la voluntad libre y espontánea de surtir el traslado de régimen pensional y que, para ese entonces, la actora contaba con un numero de cotizaciones inferiores al mínimo para obtener una expectativa legítima de pensionarse en el régimen de prima media. Destaca la importancia de acreditar el engaño derivado de la deficiente información en el traslado de régimen, aspecto que no puede ser ignorado debido a la trascendencia que involucra un derecho pensional y, a su vez, reitera que las obligaciones a tener en cuenta son las vigentes al momento en que se realizó la afiliación.

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Radicación n.° 91392 Concluye manifestando que «al no lograr desestimar el supuesto yerro, no hay lugar a que la Sala acceda a las pretensiones del libelista por cuanto la actuación del Tribunal se ajustó a los precedentes de esta Corporación e hizo un detallado estudio de todos los elementos probatorios obrantes en el expediente» y que «todo lo anterior es suficiente para que el cargo sea desestimado en la medida que el censor no logró dilucidar cómo la sentencia recurrida incurrió en el error que le es endilgado». Old Mutual Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S. A. hoy Skandia Administradora de Fondos de

Pensiones y Cesantías S. A., alega que no se demuestra el quebrantamiento de alguna Ley sustancial; que el Tribunal no desconoció las obligaciones de las administradoras; que partió del supuesto de que las mismas debían acreditar la información suministrada a la recurrente; y que tuvo en cuenta tanto las exigencias particulares del afiliado como las derivadas de las accionadas. Señala que los verdaderos argumentos que dan soporte a la decisión del fallador de segunda instancia, se encuentran incólumes y que es equivocado afirmar que el consentimiento informado fue deducido por el fallador de la sola firma del formulario de afiliación.

VIII. CARGO SEGUNDO

Es propuesto al siguiente tenor:

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Radicación n.° 91392 La sentencia acusada viola por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida e interpretación errónea, los artículos 1502, 1508 y 1509 del Código Civil; 1°, 3°, 11, 2, 13, 33, 36, 59, 61, 64, 67, 68, 97 y 271 de la Ley 100 de 1993; 14 y 15 del Decreto 656 de 1994; 48 y 53 de la Constitución Política y 15 del Decreto 692 de 1994 al manifestar que el régimen sancionatorio dispuesto en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 impone la declaratoria de la violación a una autoridad administrativa para ahí si acceder a la consecuencia jurídica de declarar la ineficacia o nulidad en el traslado y que dicha consecuencia, acorde a lo dispuesto en el

Decreto 720 de 1994, exige que se acredite que COLPENSIONES indujo al error a la actora para que opere. Para la demostración del cargo reitera la jurisprudencia de esta corporación en sentencia CSJ SL4360-2019; alega que el colegiado hizo primar el Decreto 720 de 1994 frente a la Ley 100 de 1993; que, así mismo, le restó incidencia en el vicio del consentimiento por parte de Colpensiones, argumenta que al ser esta una entidad vinculada al proceso, sobre ella recaen las consecuencias de la sentencia y eventualmente deberá aceptar los aportes y cargar con las prestaciones económicas derivadas.

IX. RÉPLICA

Old Mutual Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S. A. hoy Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S. A., se opone señalando que el cargo no especifica el submotivo de violación; que en el fallo no se afirmó que el Decreto 720 de 1994 tuviese mayor jerarquía que la Ley 100 de 1993, ya que lo que el juez plural concluyó era en la ausencia de presupuestos para la aplicación del artículo 271 de este último estatuto.

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Radicación n.° 91392 Itera que la falta de consentimiento informado no resulta suficiente para invalidar el acto de traslado si no ha existido un perjuicio asociado; añade que no toda deficiencia en el acto jurídico puede dar lugar a la ineficacia, esta debe analizarse caso por caso, no puede existir una generalización indiscriminada.

X. CONSIDERACIONES

Pese a los defectos de orden técnico advertidos por los replicantes, relacionados con que no esclarece cómo se configuró el yerro del Tribunal; que la censora se limita a dar su apreciación frente a los supuestos errores contenidos en la decisión impugnada y que el cargo segundo no precisa el submotivo de violación, porque expresa que fue por aplicación indebida y a su vez por interpretación errónea del mismo acervo normativo, estos resultan superables en la medida en que, conforme a la disertación de los cargos se logra extraer un conflicto de legalidad bien definido, acerca de la ineficacia del traslado de la actora del RPMPD al RAIS. Así, le corresponde definir a la Sala si el Tribunal se equivocó al revocar la decisión de primer grado y avalar el traslado que la accionante realizó del RPMPD administrado por el entonces ISS al RAIS a través de la AFP Colfondos S.

A. y luego a la AFP Old Mutual S. A hoy Skandia

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S. A. La vía jurídica emprendida, deja libre de censura que la peticionaria nació el 13 de junio de 1961, inició a cotizar el 1

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Radicación n.° 91392 de febrero de 1982; que el traslado al RAIS se solicitó en el mes de agosto de 1998 y se hizo efectivo el 1° de septiembre siguiente; que para ese momento contaba con 37 años y 556.86 semanas; y que en septiembre de 2014 se trasladó a la administradora Old Mutual S.A.

Para resolver las inconformidades, se precisa que el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, establece que los trabajadores tienen la opción de elegir «libre y voluntariamente», el régimen que más les convenga; expresión que, conforme a lo dicho por esta Corporación, supone conocimiento, que se alcanza, cuando se conocen de forma completa, las consecuencias que el acto de traslado acarrea. Así, no puede entenderse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando se desconoce la incidencia de esa acción frente a los derechos prestacionales, siendo obligación de las administradoras, brindar una información clara y suficiente de los efectos que genera el cambio de régimen, so pena de declararlo ineficaz. Además, desde el nacimiento de las administradoras del régimen de ahorro individual, se les impuso la obligación de suministrar información necesaria para lograr la mayor transparencia, como lo dispone el Decreto 663 de 1993, para garantizar una afiliación libre y voluntaria, lo que implica realizar una descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales,

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Radicación n.° 91392 para que el (la) potencial afiliado (a), tenga conocimiento frente a los mismos y pueda compararlos. Sobre el deber de información, en la sentencia de casación CSJ SL1688-2019, se anotó:

1. El deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones: Un deber exigible desde su creación 1.1 Primera etapa: Fundación de las AFP. Deber de suministrar información necesaria y transparente El sistema general de seguridad social en pensiones tiene por objeto

el aseguramiento de la población frente a las contingencias de vejez, invalidez y muerte, a través del otorgamiento de diferentes tipos de prestac