CSJ - SL1013-2024

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL1013-2024 Radicación n.° 99105 Acta 08 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LUIS GILBERTO HORTÚA VALBUENA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022), en el proceso que le instauró a

COLOMBIANA DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOSCOLSE LTDA.

I. ANTECEDENTES Luis Gilberto Hortúa Valbuena llamó a juicio a Colse Ltda., para que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término fijo del «21 de julio de 2015» al 21 de enero de 2016, fecha en que finalizó de manera ilegal y/o ineficaz, pues se encontraba en situación de debilidad manifiesta debido a su condición de salud.

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Radicación n.° 99105 Pidió que, en consecuencia, se ordenara su reintegro al cargo que desempeñaba al momento de extinguirse su relación contractual o a uno de mejor categoría, con el pago de créditos laborales y de seguridad social dejados de percibir, junto con la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la indexación y las costas. Narró que el 21 de julio de 2015, se vinculó a la demandada mediante contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, que fue prorrogado; que se desempeñó

como técnico electricista de domingo a domingo, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., incluidos festivos; que su empleadora le impuso cumplir funciones diferentes a las de su cargo, como pintar paredes, estructuras, cambiar rodachinas de tejados, entre otras; que percibió como salario mensual $1.200.000. Contó que el «18 de agosto de 2015», sufrió un accidente de trabajo mientras pintaba y cambiaba una rodachina de un tejado corredizo, que ocurrió al resbalarse y caer de rodillas sobre un ángulo, lo que ocasionó daño en ese órgano del miembro inferior derecho; que ese día fue atendido por su EPS y se le expidió una incapacidad médica de dos días; que en la data siguiente fue remitido por primera vez a fisioterapia; que el día 26 de ese mes y año, se le diagnosticó una «contusión de la rodilla», por lo que le ordenaron ocho sesiones para manejo del dolor.

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Radicación n.° 99105 Afirmó que el 17 de septiembre, ingresó nuevamente por consulta externa de su IPS, siendo remitido a ortopedia y traumatología; que fue atendido por esa especialidad el 25 de noviembre y el 28 de diciembre le fue practicada una resonancia magnética de rodilla derecha, la cual arrojó como resultado «desgarro complejo del menisco medial, desgarro horizontal del menisco lateral, lesión grado I del complejo estabilizador medial, lesión condral de la pataleta descrita y quiste de Baker». Indicó que el 5 de enero de 2016 sufrió un segundo accidente laboral, en el que se afectaron los dedos de su

mano derecha; que fue atendido por AXA Colpatria; que le fue expedida incapacidad por cinco días; que al regresar a su empleo, recibió la comunicación de no prorroga de su contrato de trabajo; que su vínculo finalizó en estado de debilidad manifiesta; que en su examen de retiro fue calificado con concepto «no satisfactorio». Manifestó que el 16 de agosto se le realizó una cirugía de rodilla; que el manejo posterior de su padecimiento fue a cargo de su EPS, lo que le acarreó algunos costos personales; que solicitó la comparecencia de su empleador ante el Ministerio del Trabajo para que fueran respetados sus derechos, sin llegar a algún acuerdo (f.° 3 a 12 y 70 a 73, cuaderno del juzgado, archivo «2023053936946», expediente digital). La demandada se resistió a las pretensiones. Aceptó la relación contractual laboral con el accionante; la ocurrencia

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Radicación n.° 99105 de un accidente de trabajo el «28 de diciembre de 2015», el cual le generó cinco días de incapacidad médica y su retorno a las labores una vez cumplido ese periodo. Negó que la jornada de trabajo fuera la aducida en la demanda, pues el actor ejecutó sus servicios por turnos y de acuerdo a las necesidades del servicio, con pagos suplementarios, siempre que fueran autorizadas las horas extras; que hubiese ejercido funciones ajenas al cargo, pues se limitaron a las de técnico electricista; que haya reportado y recibido atención inmediata por el presunto primer accidente laboral, pues no lo informó a su empleadora y

acudió a la EPS trascurridos 4 días después de su ocurrencia. Dijo que los demás hechos no le constaban o no eran ciertos, pero sin presentar argumentación que lo justificara. Formuló como excepciones meritorias las de: «falta de principio de buena fe por el [subordinado]» y «el trabajador no se encontraba en situación de discapacidad» (f.° 85 a 91, cuaderno del juzgado, archivo «2023110822548», ib).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, el 1° de febrero de 2022, resolvió: PRIMERO: DECLÁRESE que entre el señor LUIS GILBERTO HORTÚA VALBUENA, en calidad de trabajador y la sociedad

COLOMBIANA DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS - COLSE

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Radicación n.° 99105 LTDA., en calidad de empleador, existió un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, entre el 21 de julio de 2015 y el 21 de enero de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: DECLÁRESE que el suceso ocurrido el […] 5 de abril de 2016 al señor LUIS GILBERTO HORTÚA VALBUENA, en ejecución de su labor para COLOMBIANA DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS - COLSE LTDA., es un ACCIDENTE DE

TRABAJO.

TERCERO: ABSOLVER a la demandada COLOMBIANA DE SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS - COLSE LTDA., de las

demás pretensiones incoadas en su contra por el Señor LUIS GILBERTO HORTÚA VALBUENA, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: DECLÁRESE probada la excepción denominada «el trabajador no se encontraba en situación de discapacidad» propuesta por la parte demandada, atendiendo el resultado de la Litis.

QUINTO: COSTAS a la parte vencida […] (f.° 221 a 224, cuaderno del juzgado, archivo: «2023053919625», min. 3526 a 1.01.11¨ de la audiencia de juzgamiento, link f.° 221, ibidem).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de noviembre de 2022, al desatar el recurso de apelación del demandante, confirmó la de primera.

Dijo que determinaría si la terminación del contrato de trabajo del señor Hortúa Valbuena era ineficaz, por gozar de estabilidad laboral reforzada en razón a su condición de salud. Expuso que dicha garantía estaba vinculada a varios mandatos constitucionales, como la «estabilidad en el

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Radicación n.° 99105 empleo»; la previsión, rehabilitación e integración social a favor de las personas en condición de discapacidad; el deber de proteger a quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta con miras a promover una igualdad real y efectiva y el deber de obrar conforme al principio de solidaridad social. Señaló que en desarrollo de tales mandatos se expidió

la Ley 361 de 1997, mediante la cual se adoptaron medidas de protección contra la discriminación de las «personas que son desvinculadas laboralmente como consecuencia de patologías, enfermedades o afecciones que pudieran presentar»; que en su artículo 26 se prohibió la finalización de ataduras contractuales motivadas por esa condición, salvo cuando mediara autorización del Ministerio de Trabajo; que dicho precepto fue objeto de control de constitucionalidad en el fallo CC C531-2000, que precisó que en tales casos operaba la ineficacia de la extinción del vínculo y procedía la indemnización de 180 días de salario. Acotó que la jurisprudencia laboral ha interpretado que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 contiene un régimen especial de protección que va más allá de las prerrogativas propias del régimen de seguridad social, pues se extiende a los derechos fundamentales de «las personas en situación de discapacidad física, sensorial y psíquica», los cuales se hacen efectivos a través de las sanciones a los empleadores que finalicen la relación de trabajo subordinado en forma discriminatoria; que para su

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Radicación n.° 99105 aplicación, era menester demostrar los siguientes requisitos: […] i) que el trabajador se encuentre con una limitación moderada, severa o profunda; ii) que el empleador conozca de ese estado de salud; y, iii) que termine la relación laboral «por razones de su limitación física», sin previa autorización del Ministerio de la Protección Social. Aseguró que, en relación con el primero, las decisiones CSJ SL, 18 mar. 2009, rad. 31062, CSJ SL14031-2016,

CSJ SL6504-2017, CSJ SL13452-2017, CSJ SL5523-2018 y CSJ SL2586-2020, reiteradas en las CSJ SL572-2021, CSJ SL1039-2021 y CSJ SL711-2021, indicaron que el dictamen de PCL no era una prueba solemne; que, a partir de la CSJ SL1360-2018, la Corte explicó que la norma citada contenía una presunción legal de discriminación una vez demostrada la condición de discapacidad, correspondiendo al dador del empleo demostrar la justa causa objetiva. Indicó que en el caso no existía discusión en torno a los siguientes hechos: que entre las partes existió un contrato de trabajo a término fijo del 21 de julio de 2015 al 21 de enero de 2016 (f.° 11, 12 y 82, ib); que a partir del 18 de agosto de 2015 el trabajador consultó a su IPS por presentar dolores en su rodilla (f.° 16 a 19, ibidem); que el 28 de diciembre siguiente, le fue realizada una «resonancia magnética de rodilla derecha» (f.° 20, ib); que el 5 de enero de 2016 sufrió un accidente de trabajo por «contusión de dedo(s) de la mano, sin daño en la(s) uña(s)» (f.° 21 a 25 y 83, ibidem).

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Radicación n.° 99105 Afirmó que el 16 de agosto de ese año, le fue realizada una cirugía «artroscopia de rodilla derecha», continuando con tratamientos en ortopedia y traumatología (f.° 26 a 49,

ib); que fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca con un 34,20,% de PCL de origen común, con fecha de estructuración 24 de noviembre de 2020 (f.° 177 a 180, ibidem). Puntualizó que al expediente se aportaron las documentales de folios 11 a 49, 80 a 122 y 177 a 180 y se recibió declaración del señor Ernesto López, quien dijo conocer al accionante 50 años atrás; que no fue su compañero de trabajo, pero le constaba que era técnico electricista y laboró para la accionada; que desconocía el tiempo de prestación del servicio; que le contó que fue despedido y «había presentado varios accidentes pequeños en la empresa»; que lo último «que le comentó, […] es que se había resbalado y se había pegado en una rodilla»; que no había presentado discapacidad que le impidiera caminar; que no volvió a laborar para otra entidad «puesto que estuvo en muletas y con problemas de rodillas». Razonó que del análisis integral y conjunto de «las pruebas recaudadas», no se colegía la existencia una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15 % al momento en que terminó el contrato de trabajo - 21 de enero de 2016 -, pues la historia clínica informaba que para ese momento presentaba «patologías tales como: contusión de la rodilla, desgarro complejo del menisco medial, desgarro horizontal del menisco lateral, lesión grado I del complejo

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Radicación n.° 99105 estabilizar medial, lesión condral de la pateal descrita, quiste de Baker, así como una contusión en dedos de la mano (f.° 17 a 28)», sin que pudiera inferirse una gravedad igual o superior al porcentaje mencionado. Sostuvo que a pesar de que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca estableció un 34,20 % de PCL estructurada el 24 de noviembre de 2020, esto es, cuatro años, diez meses y cuatro días después de extinguirse el vínculo contractual laboral, el contenido del dictamen no permitía establecer su ocurrencia en la época de prestación de sus servicios para la sociedad, pues para la fijada «se tuvieron en cuenta estudios del 22 de febrero de 2018, 19 de agosto de 2020, y 03 de diciembre de 2020, que son posteriores», en los que se concluyó que padecía una «artrosis tricompartimentales», que eran «de muy larga data, es decir, requier[ían] de un tiempo de evolución prolongado y al ser bilaterales no devienen de un evento agudo, son por tanto patologías de origen común». Además, aunque «la historia clínica […] y los dictámenes de pérdida de capacidad laboral brinda[ban] elementos que permit[ían] conocer las patologías, tratamientos y terapias a las que se sometió […] al menos desde el año 2015», no lo hacían respecto de «una fecha de estructuración […] distinta a la hallada por las entidades calificadoras y menos aún, (---) un porcentaje de al menos un

15 % […] para la fecha de fenecimiento del vínculo», para lo cual era necesario «un instrumento médico, técnico y científico» que informara la evolución de las dolencias, con

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Radicación n.° 99105 «un método convalidado por la comunidad científica», que analizara en forma minuciosa y objetiva los elementos del expediente clínico. Aseveró que a ello se sumaba que el dictamen emitido no fue objeto de controversia ante la jurisdicción; que «de ninguna prueba se desprend[ía] la notoriedad de un estado de salud delicado [….] para el momento de la terminación del vínculo [contractual]», sin que el testigo aportara elementos diferentes y adicionales por ser de oídas; que, por tanto el trabajador no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, según las sentencias CSJ SL5181-2019, CSJ SL2237-2021, CSJ SL418-2021, consistente en demostrar una «discapacidad en grado significativo», es decir, igual o superior al 15 % de PCL, sin que fuera suficiente su propio dicho. Agregó que no se podía «asimilar la situación de discapacidad con la limitación física», toda vez que la primera se refería a «la relación de dicha deficiencia con el entorno que rodea a quien la presenta»; que «[…] la limitación aducida por el actor no le impedía la normal ejecución de sus funciones laborales»; que se «desvirtuó que aquella estuviera inexorablemente ligada a la finalización del contrato», pues «la sola existencia de una limitación de salud no conlleva a considerar automáticamente que el despido sea un acto

discriminatorio». Concluyó que, conforme al precedente laboral, no podía presumir la discriminación en la terminación del

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Radicación n.° 99105 vínculo de trabajo subordinado; que se apartaba del juez constitucional, sin que su postura constituyera un trato segregacionista o arbitrario o representara vulneración de los derechos fundamentales del actor, pues su decisión era fruto de su autonomía e independencia, según lo expuesto, entre otras, en las providencias CSJ ST12807-2016 y CSJ SL4852-2020 (f.° 13 a 30, cuaderno del Tribunal, archivo « 2023054002268», ib).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case el fallo recurrido y, en sede de instancia, se revoque el inicial, concediendo las pretensiones de la demanda (f.° 7 a 8, cuaderno de la corte, archivo «2023050908122», ib).

Con tal propósito, formula un cargo, por la causal primera de casación, que no fue replicado (archivo: «2023100224538», ibídem).

VI. CARGO ÚNICO Acusa al Tribunal de incurrir en violación de la ley, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 2°, 3°, 5° y 26 de la Ley 361 de 1997; 64, 127,

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Radicación n.° 99105 249, 306 y 186 del CST, 1° de la Ley 52 de 1975 y 11, 13,

25, 29, 48, 53, 58, 83, 90 de la CP. Señala que el colegiado incurrió en esa afrenta, por cuanto el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no estableció un porcentaje de afectación a la capacidad laboral que diera lugar a la titularidad del fuero pretendido, el cual, por el contrario, se concede a trabajadores que presentan una «discapacidad, enfermedad o condición de salud que pueda limitar su capacidad para trabajar», quienes no pueden ser despedidos sin justa causa. Expresa que esa norma alude al término «limitación», el cual fue analizado «in extenso» por colegiado, pero en forma incoherente; que, aunque este se fundamentó en algunas sentencias del juez límite laboral, la Corte cambió su postura a partir de la providencia CSJ SL1152-2023, poniendo en evidencia que casos como el suyo deben ser resueltos en el contexto del modelo social de la discapacidad, el cual resulta a tono con la jurisprudencia constitucional, puntualmente con la sentencia CC CU0872022, así como con la intención original del legislador, relativa a no limitar la protección foral a un porcentaje de PCL. Aduce que no se dio aplicación al precedente constitucional y el actual laboral, pues, como no se discute, el juez de alzada encontró probado que padeció dos accidentes de trabajo que dejaron secuelas, «lo que condujo a que considerara que efectivamente, […] sufría deficiencias

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Radicación n.° 99105 físicas; sólo que las mismas no se [encontraban]

cuantificadas, lo que obstaculiza[ba] - en su sentir – el reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada» (f.° 9 a 23, cuaderno de la corte, archivo «2023050908122», ib).

VII. CONSIDERACIONES La Corte determinará si el juez de la apelación incurrió en interpretación errónea de, entre otros, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, al condicionar la garantía foral allí prevista a la acreditación de una discapacidad laboral relevante consistente en un 15 % de pérdida de capacidad laboral para la fecha de finalización del contrato de trabajo

del señor Luis Gilberto Hortúa Valbuena. Para el efecto, se tendrán por indiscutidos los siguientes hechos que halló probados el Tribunal: i) que entre las partes existió un contrato de trabajo a término fijo del 21 de julio de 2015 al 21 de enero de 2016 (f.° 11, 12 y 82, ib); ii) que a partir del 18 de agosto de 2015, el trabajador consultó a su IPS por presentar dolores en su rodilla (f.° 16 a 19, ibidem); iii) que el 28 de diciembre siguiente, le fue realizada una «resonancia magnética de rodilla derecha» (f.° 20, ib);

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Radicación n.° 99105 iv) que el 5 de enero de 2016 sufrió un accidente de trabajo por «contusión de dedo(s) de la mano, sin daño en la(s) uña(s)» (f.° 21 a 25 y 83, ibidem);

1. que, conforme a la historia laboral aportada, al momento de finalizar el vínculo contractual laboral, que fue el 21 de enero de 2016, el recurrente presentaba «patologías tales como: contusión de la rodilla, desgarro complejo del menisco medial, desgarro horizontal del menisco lateral, lesión grado I del complejo estabilizar medial, lesión condral de la pateal descrita, quiste de Baker, así como una contusión en dedos de la mano (f.° 17 a 28)», sin que pudiera inferirse de ello una gravedad en porcentaje igual o superior al 15 %; vi) que el 16 de agosto de 2016, le fue realizada una cirugía «artroscopia de rodilla derecha», continuando con tratamientos en ortopedia y traumatología (f.° 26 a 49, ib); vii) que fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca con un 34,20 % de PCL de origen común, con fecha de estructuración 24 de noviembre de 2020 (f.° 177 a 180, ibidem); viii) que para la estructuración de ese estado «se tuvieron en cuenta estudios del 22 de febrero de 2018, 19 de agosto […] y 03 de diciembre de 2020, que [eran] posteriores» a la finalización del contrato de trabajo, en los que se concluyó que padecía una «artrosis tricompartimentales»,

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Radicación n.° 99105 que era «de muy larga data, es decir, requier[ían] de un tiempo de evolución prolongado y al ser bilaterales no

devienen de un evento agudo, son por tanto patologías de origen común»; ix) que, aunque «la historia clínica […] y los dictámenes de pérdida de capacidad laboral brinda[ban] elementos que permit[ían] conocer las patologías, tratamientos y terapias a las que se sometió […] al menos desde el año 2015», no lo hacían respecto de «una fecha de estructuración […] distinta a la hallada por las entidades calificadoras»; x) que no se aportó prueba sobre «la notoriedad de un estado de salud delicado [...] para el momento de la terminación del vínculo», ni una limitación relevante que le impidiera la ejecución de sus labores, argumento que, precisa la Corte, el Tribunal ligó a la demostración de la PCL del 15 %. Lo último, por cuanto esa conclusión no estuvo fundamentada en ningún medio de convicción distinto a los que se destacó para no tener por probado el condicionamiento referido, respecto del cual ese juzgador aseguró, era el que permitía examinar si «[…] el despido [se] basaba en una disminución en la condición que configure la protección especial prevista en la Ley 361 de 1997». Además, porque a continuación precisó que:

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Radicación n.° 99105 […] En ese orden de ideas, reitera la Sala la imposibilidad de afirmar, de manera certera, que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que presentaba el accionante fuera igual o superior al 15 % al momento de la terminación del contrato de trabajo, pues se carece de elementos de juicio que permitan concluir tal situación, de modo que en tales condiciones, no

puede hablarse de discriminación en el despido basada en una disminución en la condición que configure la protección especial prevista en la Ley 361 de 1997. Dicho apartado fue recabado por el fallador de segundo grado, tras puntualizar que se apartaba del precedente constitucional sobre el tema, toda vez que el obligatorio para los jueces ordinarios, era el de esta Sala, que limitaba la prerrogativa a la demostración de una limitación moderada. Además, porque en el marco de la autonomía e independencia judicial, consideraba que era el que «más se acompasa[ba] con la naturaleza jurídica del derecho reclamado, considerando que esa especial protección de la Ley 361 de 1997 está dirigida a ciertas personas determinadas, con verdaderos estados de discapacidad (SL3145-2021)». De ahí que la Corporación comprenda que las premisas fácticas de la sentencia, como lo refiere la acusación, estuvieron vinculadas al razonamiento jurídico que se discute en casación, contexto en el que se pronunciará sobre: i) la estabilidad laboral reforzada prevista en la norma aducida en la proposición jurídica, en el marco de la jurisprudencia laboral – análisis histórico; ii) el modelo social y de derechos humanos de la discapacidad, incorporado, entre otros, en la Convención de los Derechos

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Radicación n.° 99105 de las Personas con Discapacidad; iii) el fuero por discapacidad y su lectura armónica con el marco normativo constitucional e internacional – nueva línea interpretativa y,

1. el caso concreto.

1. El fuero por discapacidad en la jurisprudencia laboral: La Corte tiene establecido que la garantía del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, es una acción afirmativa del Estado para «protege[r] a las personas “en condición de discapacidad”» de «comportamientos discriminatorios [por parte del empleador]» (CSJ SL2841-2020), razón por la cual solo opera en aquellos casos en que el contrato de trabajo se extingue por esa condición y no cuando media causal objetiva y justificable, según se ha explicado, entre otras, en

las sentencias CSJ SL1360-2018, CSJ SL3520-2018, CSJ

SL711-2021, CSL SL3144-2021.

En ese escenario, el también llamado fuero por discapacidad, es una prerrogativa que limita de manera especial la facultad del dador del empleo de dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, en aras de hacer efectiva «la igualdad de oportunidades de los trabajadores en estado de discapacidad relevante en la consecución, conservación y ascenso en el empleo», motivo por el cual debe ser leída y aplicada con «criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad», so pena de que se desnaturalice su espíritu, convirtiéndose en «fuente de discriminación o de vulneración de otros derechos

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Radicación n.° 99105 fundamentales como los de libertad» (CSJ SL2841-2020). Dicha garantía, según se explicó, entre varias, en las sentencias CSJ SL1360-2018 y CSJ SL711-2021, tiene

soporte jurídico en los artículos 13, 47, 53, 54, 95 y 336 de la Constitución Política, así como en normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, como «la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948»; «la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (aprobado por la Ley 762 de 2002)»; el «Convenio 159 de la OIT sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas (incorporado mediante la Ley 82 de 1988)», más la «Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobado por la Ley 1346 de 2009)» y en otros preceptos del orden interno, como la «Ley 1287 de 2009. Tales normativas tradicionalmente fueron comprendidas por la Corporación como armónicas con las de naturaleza reglamentaria, sobre las cuales se había determinado la titularidad del fuero por discapacidad, particularmente a partir de los grados de limitación previstos en el artículo 7° del Decreto 2463 de 2001, el cual, a pesar de estar derogado, fue considerado hasta la sentencia CSJ SL1152-2023 (en la que se modificó la postura de la Corporación), como un «parámetro jurisprudencial» en los casos ocurridos con posterioridad a su vigencia.

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Radicación n.° 99105 En ese ámbito, se tenía adoctrinado que «no toda afectación de salud es merecedora de la protección foral»,

sino aquella que «es relevante» (CSJ SL2841-2020, CSJ SL711-2021, CSJ SL5700-2021 y CSJ SL497-2021, entre otras), por lo que no resultaba suficiente la acreditación de patologías, incapacidades médicas o limitaciones temporales en el trabajador, para que se le tuviese como destinatario del fuero del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, sino que debía demostrarse, por regla general, que contaba con una limitación igual o superior al 15 % de su pérdida de la capacidad laboral, independientemente del origen que tuviese. Así se había expuesto, entre otros, en los fallos CSJ

SL10538-2016, CSJ SL11411-2017, CSJ SL2841-2020,

CSJ SL2586-2020, CSJ SL57-2021 y CSJ SL711-2021, CSJ SL1708-2021, CSJ SL2651-2021 y CSJ SL4632-2021, en los que también se había puntualizado que para probar ese supuesto, no se requería de la aportación del carnet o certificación de la EPS, como tampoco, pese a su relevancia, del dictamen de pérdida de capacidad laboral, ya que, al no existir solemnidad legal, se aplicaba la facultad de libre apreciación de los medios de convicción del artículo 61 del CPTSS. Por tanto, como se asentó en la decisión CSJ SL5722021, ante la ausencia de prueba técnica, aquella limitación «[podía] inferirse de su estado de salud», siempre y cuando, «[fuera] notorio, evidente y perceptible, precedido de

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Radicación n.° 99105 elementos que constaten la necesidad de la protección», como en los casos en los que [...] el trabajador viene regularmente incapacitado, se encuentra en tratamiento médico especializado, tiene restricciones o limitaciones para desempeñar su trabajo, cuenta con concepto desfavorable de rehabilitación o cualquier otra circunstancia que demuestre su grave estado de salud o la severidad de la lesión, que limita en la realización de su trabajo. Incluso, en los proveídos CSJ SL1708-2021, CSJ SL4632-2021 y CSJ SL3144-2021, la Corte precisó que «[la] disminución significativa [podía] ser confirmada con posterioridad a la culminación del contrato de trabajo», pues en muchas ocasiones la calificación de la pérdida de capacidad laboral estaba determinada por cuestiones administrativas en las cuales no tenía injerencia el trabajador e, incluso, el empleador, cuyo trámite termina dándose con posterioridad a ese hecho. En armonía con ello, la Corporación también había establecido que eran titulares de la prerrogativa analizada, los trabajadores que contaran con una «discapacidad relevante», esto es, una «situación objetiva» concretada en un impedimento sustancial en el ejercicio de sus funciones (CSJ SL5700-2021) o, lo que es lo mismo, en una condición que le implicara «prestar el servicio en condiciones distintas al resto de la sociedad» (CSJ SL2841-2021), así como aquellos que se encontraran en condición de «debilidad manifiesta» por hallarse inmersos en un «proceso de recuperación de su estado de salud, como consecuencia de

un accidente de trabajo» (CSJ SL1708-2021 y CSJ SL31442021), hipótesis respecto de las cuales se aplicaban las

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Radicación n.° 99105 reglas probatorias a las que se hizo referencia. Dicha postura jurisprudencial fue reevaluada recientemente, a partir de la sentencia CSJ SL1152-2023, reiterada en las CSJ SL1154-2023, CSJ SL1181-2023, CSJ SL1184-2023, CSJ SL1259-2023, CSJ SL1268-2023, CSJ SL1491-2023, CSJ SL1503-2023, CSJSL1504-2023, CSJ SL1508-2023, CSJ SL1817-2023 y CSJSL1818-2023, en la que, partiendo de la naturaleza evolutiva del concepto de discapacidad y su desarrollo en varios instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, incorporados al orden interno, acogió el modelo social de ese colectivo de personas para la determinación y análisis de los titulares de la garantía del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, siempre que el despido se haya producido con posterioridad a la vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (10 de junio de 2010), como más adelante se explicará.

2. El modelo social y de derechos humanos de la discapacidad incorporado, entre otros, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La discapacidad, como lo prevé el literal e) del preámbulo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 13 de diciembre de 2006,

ratificada en la Ley 1346 de 2009, es un concepto que evoluciona y, por tanto, su comprensión como categoría jurídica no puede ser